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Periódico – Nº 195 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2015 | 11

Colombia y Nicaragua, negociación postergada Especial San Andrés

Socorro Ramírez, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) Universidad Nacional de Colombia

Solo la apertura de conversaciones bilaterales podrá construir una sólida cooperación en las zonas fronterizas que fortalezca los nexos del pueblo Raizal y sus derechos de pesca, así como permitir a los dos países asumir sus responsabilidades ambientales y de seguridad en el mar.

tres años después de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (cij), Nicaragua llevó de nuevo a Colombia a La Haya con otras dos demandas, una por lo que considera un desacato del fallo del 2012 con el que concluyó su demanda del 2001, y la otra, en procura de ampliar a 350 millas su plataforma continental. Cada país ha explicitado sus argumentos y aunque han reiterado estar dispuestos a conversar, la necesaria negociación bilateral sigue postergada. En las rondas preliminares en La Haya, el pasado mes de octubre, el equipo de Colombia argumentó que el retiro del Pacto de Bogotá sacó al país de la competencia de la cij para estudiar esas demandas, que Nicaragua apeló a la Corte sin antes agotar la vía diplomática bilateral, y que se refieren a casos fallados sobre los que no hay incumplimiento. También hizo visibles los problemas generados por la fragmentación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que interfiere el acceso a fuentes claves de seguridad alimentaria para la comunidad Raizal y sus nexos con un mar protegido por la reserva Seaflower, de la que depende la barrera arrecifal que protege las islas. Por su parte, en 2013 el presidente Juan Manuel Santos acompañó estas declaraciones con tres medidas que de alguna forma responden a la presión interna, a Nicaragua y a la cij; en primer lugar, recurrió a la Corte Constitucional con el fin de que reiterara que para modificar los límites del territorio nacional, la Constitución exige haber negociado un tratado una vez sea aprobado por el Congreso. La canciller aclaró que no era un desconocimiento a la cij ni al fallo sino un camino para buscar un tratado con Nicaragua; y el abogado de la defensa colombiana agregó: “los colombianos nos tenemos que preparar para que los límites de Colombia se establezcan mediante ese tratado”. Esta medida recogió el apoyo de todos los poderes públicos, de los partidos y de sectores nacionales e insulares. La segunda medida fue la expedición del Decreto 1946 del 2013, que establece una “zona contigua integral” de 12 millas alrededor del archipiélago, que conecta a Serrana y Quitasueño con Providencia y con el resto del mismo. Aunque Nicaragua ha presentado ese decreto como prueba de desacato, en el archipiélago es visto como la priorización del problema de la fragmentación en una negociación bilateral. La gobernadora del departamento, Aury Guerrero Bowie, ha reiterado que “el único tratado que aceptan los isleños es el respeto a sus derechos y la defensa integral del archipiélago”. En tercer lugar, el Presidente anunció que el Gobierno acudiría a todos los medios jurídicos y diplomáticos para la protección de la Seaflower. Expertos en San Andrés señalan que esa reserva de biósfera marina –la segunda más importante en el Caribe– quedó dividida por el fallo, lo que ha debilitado el control sobre cuánto, cuándo y cómo

se pesca, y a la vez ha generado la amenaza de un colapso de recursos y daños ambientales en el corto plazo. Luego de la presentación de argumentos en La Haya, el Presidente prometió que haría del archipiélago “el primer territorio de toda Colombia que antes de que termine mi Gobierno no tendrá pobreza extrema”, que bajó de 16,5 % en 2012 al 9,5 % en 2014, y el desempleo a 7 %; además, agregó: “San Andrés tiene menos pobreza, menos desempleo y más inversión que nunca... hoy es el cuarto departamento con mayor inversión por persona, se duplicó,

territorio y de la autonomía para defender su cultura.

Los planes de Nicaragua Después de terminadas las sesiones preliminares, y al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador colombiano, el presidente Daniel Ortega dijo: “Entendemos que hay que tener paciencia para que finalmente se den las condiciones para que ese fallo de la Corte sea ratificado por el parlamento colombiano”. Esa paciencia no lo lleva, sin embargo, al retiro de las dos demandas y a

100 años a Wang Jing, magnate de las telecomunicaciones chinas, y a su grupo Hong Kong Nicaragua Desarrollo (hknd). Pidieron medición previa de impactos de un canal anunciado como el más grande del mundo, que realizaría un descomunal movimiento de tierras con graves efectos sobre el Lago de Nicaragua, la destrucción de áreas protegidas y la expropiación de terrenos. Pero ya en 2015, hknd anunció el inicio de acciones en puertos y vías de acceso, luego presentó el estudio de impacto social y ambiental. Científicos convocados por la Academia de Nicaragua demos-

foto: archivo Unimedios

el fallo ha debilitado el control sobre cuánto, cuándo y cómo se pesca.

pasó de 2 millones a 4 millones… Entre 2010 y 2014 el crecimiento de la economía en la isla fue del 6 %... ‘Más Familias en Acción’ y ‘De Cero a Siempre’, multiplicó por 8 el número de niños cobijados por el plan de atención integral… viviendas gratis tanto en el sector urbano como en el sector rural”. Por otra parte, en esta nueva defensa de Colombia hubo avances en la visibilización de los efectos negativos del fallo, en la información suministrada en las islas y con presencia de la gobernadora en La Haya junto a la canciller. Sin embargo, sectores significativos de la comunidad Raizal exigen formar parte directa de cualquier estrategia de defensa, piensan que el aumento de inversiones y turismo ha agravado los problemas de sobrepoblación y sobrecarga de servicios deficientes, exigen pleno reconocimiento de la relación que tienen con su

la apertura de conversaciones bilaterales. Además, el mandatario ha dicho que acepta los derechos de pesca de los raizales, pero los isleños denuncian que se la quitan al salir de los cayos del norte, en áreas en donde La Haya le permitió a Nicaragua aprovechar los recursos. Ortega también ha dicho estar interesado en hablar sobre la protección ambiental, pero el proyecto de construcción del canal interoceánico genera mucha preocupación porque la circulación de barcos de gran tamaño produciría contaminación sonora, descargas de aguas aceitosas y residuales cerca de la reserva de biósfera y de la zona más rica en pesca del archipiélago. Por eso, organizaciones ambientales, de derechos humanos, campesinas e indígenas que pueden ser afectadas por el canal, han exigido derogar la concesión de

traron que ese estudio no aclara las medidas protectoras y piden detener el proyecto. El presidente Ortega acogió el estudio y hknd anunció que posponía el proyecto un año para ajustar trazados. Por consiguiente, las demandas de Nicaragua y la polarización colombiana han impedido avanzar en las conversaciones para poner fin al pleito y a las pretensiones marítimas adicionales. Solo así se podrá construir una sólida cooperación en las zonas fronterizas que fortalezca los nexos del pueblo Raizal y sus derechos de pesca, como también que permita a los dos países asumir sus responsabilidades ambientales y de seguridad en el mar.

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