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Todo el sistema descripto tiene especial interés en las políticas públicas dado que un mercado de valores eficiente facilita y abarata el financiamiento, del propio sector público (en todos sus niveles) y de las empresas, y para que funcione con volúmenes adecuados debe ser confiable para los inversores. De ahí que universalmente, desde el Estado y por diversos mecanismos, se pretenda proteger al oferente de recursos, no para asegurarle resultados, pero sí para que tenga suficiente información y, principalmente, para que no sea defraudado. El ideal es aquel en el cual un importante número de pequeños inversores aportan sus ahorros para medianos y grandes proyectos en la economía real. El funcionamiento del mercado permite definir el precio, cotización, de cada valor negociado.

Antecedentes inmediatos en Argentina Desde 1968 el régimen legal de este

mercado estaba estructurado bajo la Ley 17.811, siendo su instrumento institucional de regulación la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el centro del sistema operaba el mercado “bursátil”, denominación de fuerte raigambre histórica, porque la negociación de títulos valores comenzó y se realizó durante muchos años en los ámbitos de las “bolsas de comercio”. La negociación de valores se hacía en los “mercados de valores”, sociedades anónimas que debían estar adheridos a una “bolsa de comercio”. El mecanismo de negociación por “voceo” en un recinto se fue reemplazando por la comunicación electrónica. Los principales operadores de los mercados, los agentes y sociedades de bolsa, para poder hacerlo debían ser accionistas del respectivo mercado. Cada mercado tenía poder de registro, reglamentario y disciplinario sobre sus agentes. Por su parte la CNV conservaba la fiscalización directa sobre los mercados y las emisoras. Cada emisión debía contar con autorización para hacer oferta pública otorgada por la CNV y para cotizar otorgada por cada “bolsa de comercio”. En los años ´90 tomó impulso el “mercado extrabursátil”, a través del Mercado Abierto Electrónico, operado principalmente por bancos y sobre títulos públicos. Como regla cada emisión debía contar con una “calificación de riesgo” de una sociedad calificadora, autorizada como tal por la CNV. Los valores tradicionales comparten la oferta de títulos junto con instrumentos más novedosos como los emitidos a partir de productos de inversión colectiva como los “fideicomisos financieros” y los “fondos comunes de inversión”, en un mercado reducido, si se lo compara con la población y el producto bruto argentino. A mediados del 2.001, se dicta el Decreto 677 del P.E.N. “Régimen de Transparencia de la Oferta Pú-

X-Más - Revista 32 - Junio 2016  

Revista de producción y economía de la provincia de Entre Ríos, Argentina.

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