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DROGAS Y NARCOTRÁFICO, UNA NUEVA PERSPECTIVA HEMISFÉRICA Marta Lucía Ramírez1 Muchas fueron las expectativas y especulaciones que respecto a las discusiones que en ámbito de La Sexta Cumbre de las Américas se iban a dar, particularmente se robaban la atención temas puntuales como la entrada de Cuba a los distintos escenarios de diálogo en el continente, la definición de una posición conjunta de apoyo a Argentina sobre la soberanía de las Malvinas o la legalización de la droga, pero como en la mayoría de estos foros internacionales, son bastante alejadas de los resultados tangibles que de ellas resultan. Esto no por que –como en algunos ámbitos se ha dicho– haya sido un fracaso, sino porque estos escenarios por su naturaleza y características de tiempo y modo no lo permiten. Hay que tener en cuenta que este tipo de encuentros son para fijar metas, rumbos u objetivos, y las declaraciones que emanan son de naturaleza política y teleológica. Sin embargo, de los temas de geopolítica y respecto a los cuales se quiso buscar consenso y formular una posición conjunta, si quedó el sinsabor de no haber logrado una manifestación unísona a pesar de los grandes esfuerzos diplomáticos que Colombia como anfitrión y país reconocido por sus posturas conciliadoras y moderadas realizó. Más concretamente, pretender que de una reunión de mandatarios tan amplia y con posiciones tan diversas surja una posición unánime respecto a un tema tan concreto como la legalización de la droga resulta una utopía, por el contrario, bien resulta analizar resultados plausibles como el reconocimiento de responsabilidades diferenciadas entre los distintos países y haber podido 1

Con la colaboración de Felipe Ramírez

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abrir el espacio para la evaluación y discusión de los distintos elementos, tanto de forma individual como conjunta, de la política antidrogas en el hemisferio, así como del estado de las cosas en materias conexas y directamente relacionadas como lo es la seguridad ciudadana y el crimen transnacional. En este sentido, la declaración en materia de drogas ratifica lo consignado en instrumentos internacionales como la Declaración Política y el Plan de Acción para la Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integrada y Balanceada para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas, aprobados en el 52° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en marzo de 2009, y La Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011 – 2015 de la Comisión Interamericana para el control y el abuso de drogas (CICAD) de la OEA, los cuales fijan una hoja de ruta para el trabajo conjunto para la enervación del problema de las drogas. En desarrollo de los compromisos dados en estos instrumentos y ratificados en la cumbre de Cartagena, se da pleno apoyo a la realización de la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y de Jefes de Organismos Nacional Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú , los días 25 y 26 de junio del presente año, así tras una discusión sobre la política actual, su perspectiva y resultados y se da el mandato a la OEA para que de la forma más técnica se analicen nuevos enfoques para el fortalecimiento de la lucha antidrogas y se logren resultados más efectivos. El diseño de la política antidroga debe fundamentarse en la evidencia empírica y no ideologías políticas, enfocando el debate de manera más científica y creando los foros adecuados y el marco institucional que permita

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la efectiva coordinación de los diversos actores de la arquitectura y ejecución de la política contra las drogas. Así mismo, se deben tener en cuenta los altos costos políticos, económicos y sociales que han tenido que asumir los países de América y los bajos resultados que ha tenido la forma en que se ha desarrollado política contra las drogas hasta el momento, reflejados en mayores volúmenes de producción, tráfico y consumo tanto en los países productores como en los consumidores. Además, el costo en vidas que ha implicado la lucha frontal en contra del narcotráfico y los delitos conexos a éste como el lavado de activos, la corrupción causada por la captura de las instituciones gubernamentales y traducida en perdida de gobernabilidad, además de todos los hechos violentos que implican la confrontación directa del Estado contra los narcotraficantes, de los cuales mas reciente y crudamente han sido víctimas los países centroamericanos. Adicionalmente,

el

desgaste

del

aparato

estatal

evidenciado

en

la

administración de justicia, el costo de oportunidad de invertir los recursos en políticas sociales que tengan un mayor impacto positivo en la sociedad como lo son la educación, la salud, el desarrollo de infraestructura, atención de población vulnerable entre otros, son elementos que no se pueden obviar a la hora de discutir un nuevo paradigma en esta materia. Visiones alternativas y moderadas como lo es la visión del consumo como problema de salud pública, en lugar de un asunto de política criminal o política de prevención y educación en vez de estrategias meramente militaristas, permiten abordar el tema de forma integral y responder más eficazmente a la problemática social que implica tanto el consumo como el fenómeno criminal implícito en el negocio.

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De igual forma, soluciones de mercado que apunten a la reducción de la demanda y el desestimulo de la oferta, adoptadas por los distintos Estados que con responsabilidades diferenciadas, según como se manifieste el fenómeno en su territorio pueden resultar más eficaces.

En ese sentido, corresponde a los países consumidores reducir la demanda implementando medidas preventivas, educativas y de resocialización de los consumidores y adictos y a los países productores incentivar entre los fabricantes y cultivadores actividades lícitas más rentables que sean más atractivas para los eslabones de la cadena de producción. En este orden de ideas, la legalización ha surgido recientemente como una alternativa por medio de la cual el Estado tenga mayor dominio del mercado y pueda regular las condiciones en que se acceda al producto y de esta forma controlar el consumo. Lo que esta propuesta obvia es que las características de la demanda de este mercado incluye tanto a los consumidores adictos como a los no adictos, los primeros, dada su condición, aunque haya una modificación en el precio su demanda no varía (demanda inelástica), por otro lado los consumidores no adictos tienen mayor susceptibilidad a un incremento en los precios (demanda elástica) y se ha demostrado que por esta vía de consumo se podría llegar a alcanzar niveles no deseables para la sociedad, asociados principalmente a la cadena de consumo, por lo cual la solución

debería

involucrar

un

cambio

en

las

preferencias

de

los

consumidores, de lo contrario ninguna acción en este sentido sería efectiva. Teniendo en cuenta que el tráfico de estupefacientes no es un fenómeno que venga solo e implica una serie de flagelos derivados de la actividad misma, relacionados en su gran mayoría con actividades delincuenciales, que por el volumen y el poder económico que tienen los narcotraficantes logra organizar

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a gran escala estructuras criminales destinadas a la realización de actos dados para el control exclusivo de mercados específicos, rutas, o para amedrentar al poder público y a la población civil, de tal forma que no obstaculicen el desarrollo de su actividad. En este sentido, si bien el narcotráfico propiamente dicho puede ser susceptible de análisis para la implementación de medidas alternativas que lo combatan de forma no militarista, el crimen organizado, los actos de terrorismo, los asesinatos, los secuestros y en general el uso de la fuerza y medios criminales son completamente reprochables y condenables. Para este tipo de amenaza, no resultan más mecanismos que el desmonte de la actividad y el combate frontal a las acciones inhumanas y delincuenciales con una aplicación enérgica de toda la legislación penal a través del aparato estatal encargado. Finalmente podemos decir que la implementación de cualquier política debe buscar el respeto hacia los derechos humanos como eje fundamental tanto jurídico como político.

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DROGAS Y NARCOTRÁFICO, UNA NUEVA PERSPECTIVA HEMISFÉRICA