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VIOLENCIA, CICLO ECONÓMICO Y ARMAS DE FUEGO EN REPÚBLICA DOMINICANA* Dr. Edylberto Cabral1 Dra. Mayra Brea de Cabral2 Universidad Autónoma de Santo Domingo República Dominicana mayrab@hotmail.com

INTRODUCCION En el presente trabajo se analiza la relación entre la creciente criminalidad, el comportamiento cíclico de la economía dominicana y el acelerado aumento del armamentismo en los últimos años en República Dominicana. Este análisis, sin embargo no agota la concepción de los autores sobre la multidimensionalidad y multicausalidad de la violencia. En otros trabajos hemos analizado el fenómeno tomando en consideración un mayor número de variables. En el actual estudio se busca demostrar como hipótesis: 1) que el crecimiento acelerado de la criminalidad dominicana en los últimos seis años guarda una estrecha relación con la entrada de la economía dominicana en una fase recesiva; y 2) con la proliferación excesiva de armas de fuego. Este último hecho se relaciona, además, 3) con la percepción generalizada de inseguridad y desconfianza de la población en las instituciones públicas de seguridad ciudadana y con una política pública que facilitó con fines fiscales la entrega indiscriminada de armas de fuego a un segmento numeroso de la población dominicana. Se parte del análisis de las estadísticas oficiales de homicidios y de su forma de comisión; del número de portadores legales de armas de fuego; se consideran al mismo tiempo tres variables importantes del ciclo económico (incremento porcentual del PIB per cápita real, la tasa de desempleo y la tasa de inflación) para ser relacionadas con el crecimiento de los homicidios. Se toman como referencias los estudios de Newlink, Bobea y Polanco (2005) y de Brea & Cabral (2006) relativos a la percepción creciente de inseguridad y desconfianza poblacional

*

1

Ponencia presentada en el VII Curso Internacional de Criminología celebrado en la UASD del 25 al 27 de octubre del 2006, Rep. Dom.

Economista, especialista en planificación y Ph.D. en economía mundial. Ex-rector y profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Graduado en la Universidad de Ciencias Económicas de Budapest, Hungría 2 Psicóloga, Ph.D. en psicología del desarrollo. Investigadora y profesora titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Consultora del PNUD y de la UNESCO/IESALC. Graduada en la Universidad de Ciencias Eötvös Lórand de Budapest, Hungría.


en los mecanismos públicos de protección ciudadana, para mostrar la posible relación con el fenómeno del armamentismo creciente. EL MARCO CONCEPTUAL Y LA EXPERIENCIA REGIONAL Antes de abordar el análisis de los datos de violencia en el país, veamos algunas ideas y reflexiones a la luz de la experiencia regional. Conceptualización de violencia criminal y seguridad ciudadana El tema de la violencia suscita la atención de investigadores por sus elevados costos y por sus funestos efectos para la sociedad. De acuerdo al PNUD, hoy día este fenómeno se convierte en un serio obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los países a nivel mundial (Informe del Desarrollo Humano del PNUD, 2005). Por su parte, la OPS/OMS en su informe Mundial del 2003 declara a la violencia como un problema de salud pública, ya que más de 1.6 millones de personas mueren anualmente por causa de ésta, y muchas otras más padecen lesiones fatales no mortales. La violencia, pero principalmente la violencia criminal, constituye uno de los problemas de mayor preocupación para los países latinoamericanos, principalmente en Centroamérica y el Caribe. Igualmente, en República Dominicana, moradores de sectores marginados encuestados reportan a la delincuencia como el mayor impedimento para el desarrollo de los barrios, sobre todo por el robo con violencia y la presencia de armas de fuego en posesión de delincuentes (Datos reportados por Newlink Political, Lilian Bobea y Vielka Polanco, 2005). Se define comúnmente a la violencia como la utilización de la fuerza o amenaza intencional dirigida a provocar daño a si mismo, a otros o a grupos, pudiendo manifestarse de diferentes maneras y con propósitos diversos. Para los fines del presente trabajo se hará referencia a la violencia extrema, expresada y observada cuantitativamente a través de la tasa de homicidio (número de homicidios cometidos por cada cien mil habitantes), siendo este el indicador internacional más aceptado para cuantificar la violencia criminal en un país. La criminalidad es un fenómeno social bastante complejo y multidimensional que requiere ser tratado con enfoques integrales (ecológicos), epidemiológicos e interdisciplinarios. Podría afirmarse, que es el producto de múltiples factores, cuyos componentes individuales, familiares y socioculturales están estrechamente ligados a condiciones socioeconómicas y medioambientales típicas de un entorno, donde predomina la falta de oportunidades de supervivencia, la inequidad y pobreza. Por otro lado, el concepto de seguridad ciudadana es muy congruente con el de criminalidad. Sin embargo, desde una visión estrecha se la considera como un conjunto de políticas, acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y policial. (González y &, 1994, citado por Arriagada y Godoy,


CEPAL, 1998). En una visión más amplia se la define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. Vemos entonces, cómo factores propios determinantes de la violencia como la desigualdad en la distribución del ingreso, el incremento de la pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la corrupción e impunidad, la falta de políticas sociales adecuadas, y la drogadicción también pueden constituirse en serias amenazas para la seguridad ciudadana (Brea, Mayra, 2001). Para los fines del presente estudio se utilizará el término inseguridad o percepción de riesgo en su amplio contenido como un sentimiento de desprotección ante una condición social determinada. Debate internacional en torno a la violencia y las armas de fuego En la literatura internacional encontramos dos enfoques principales en cuanto a la relación existente entre la violencia y las armas de fuego. La primera sostiene, que contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos, el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, que se explica por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda enfrentarlos (la teoría de los costosbeneficios y el fenómeno de la disuasión aplicada al crimen). Los partidarios de esas concepciones pregonan por la liberalización de las armas de fuego (Lott y Mustard, 1997, entre otros), posición bien aceptada por los involucrados en el negocio de las armas. Otros, en cambio, demuestran que es todo lo contrario, ya que el elevado índice de violencia y de criminalidad está directamente asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego. En el caso dominicano, como se verá más adelante, los datos parecen justificar ampliamente estos últimos argumentos. Es indudable, que el fácil acceso a armas pequeñas facilita la violencia política y criminal. Según Informes del PNUD, en el 2005 las armas pequeñas originaron a nivel mundial la muerte de 500,000 personas, es decir, la muerte de una persona por cada minuto. Por otro lado, la mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego. El análisis estadístico de los crímenes del 1995 al 2000, muestra que el 80% de éstos, fueron de “criminalidad armada”, presentándose un aumento en los últimos tres años que alcanza el 82,5% en el año 2000 (Informe del Ministerio de Defensa Nacional Colombiano, 2001). Investigaciones avaladas por el PNUD y efectuadas en El Salvador en el 2003, país con la Tasa de Homicidio más alta de América Latina y donde existen 450 mil armas en manos de civiles, siendo el 60 % ilegal, señalan que la mayor parte de los crímenes son cometidos con armas de fuego, hecho que se ha ido agravando cada vez más. En ese mismo informe, Carlos Umaña Cerna refiere que “la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no


intentaron defenderse. Por su parte las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto”. (Informe “Armas de Fuego y Violencia”, PNUD, San Salvador, 2003).

EVOLUCION RECIENTE DE LA VIOLENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA Las estadísticas siguientes muestran claramente la evolución de la criminalidad en el país, donde los homicidios del 1999 al 2005 llegan a duplicarse. En los últimos 6 años se registran 11,253 homicidios, cuyas víctimas son principalmente del sexo masculino (90%) y el restante 10% femenino. (Tabla No. 1 y Gráfico No. 1). La tasa de homicidio por igual se duplicó (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) desde el año 1999 al 2005, incrementándose de 13 a 26. (Tabla y Gráfico No.2)

Tabla No. 1 y Gráfico No. 1. Frecuencia de homicidios de los años 1999-2005 por sexo de las víctimas 2500

Total Víctimas Víctimas Homicidios Varones Hembras

1999

1066

971

95

2000

1210

1096

114

2001

1095

934

153

2002

1279

1111

168

2003 2004

1902 2307

1719 2129

183 178

2005

2394

2191

203

Total

11,253

10,151

1,094

2000 Frecuencias

Año

1500 1000 500 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años Varones víctimas de homicidio

Hembras víctimas de homicidio

Fuente: Tabla propia elaborada en base a los datos revisados del Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional.


Tabla No. 2 y Gráfico No. 2. Evolución de la Tasa de Homicidio del 1999-2005 en República Dominicana 30

30

26

25

26

22

22

Valores de la Tasa de Homicidio

25 20 Tasas de 15 homicidio

25 25

13

15

13

15

10 5

20 15

15

15

10

13

13

5

0 1999

2000

2001

2002 Años

2003

2004

2005 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Años

RELACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS CON LA VIOLENCIA Son muchos, sin lugar a dudas, los factores que impulsan esta escalada de violencia. Sin embargo, una de nuestras hipótesis plantea que el rápido deterioro de las condiciones de vida (factor socioeconómico) ha sido, en el caso que nos ocupa, un factor estructural clave para entender el nuevo auge de la violencia. Estudios comparativos, realizados por Cabral & Brea a finales de la década de los noventa, en relación a las tasas de homicidio de diez países latinoamericanos, tal como se muestra en la tabla No. 3, mostraban una fuerte relación entre el lugar que éstos ocupaban en términos de tasa de homicidio y la posición de acuerdo a la distribución del ingreso, los niveles de pobreza, el ingreso per cápita, el gasto social per cápita, la tasa de analfabetismo y el grado de desempleo. (Cabral & Brea, 1999). Los más favorecidos, sobre todo, en materia de distribución del ingreso y pobreza, poseían las menores tasas de homicidio, tal es el caso de Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile y Panamá. Los que presentaban en ambas variables las peores condiciones también aparecían con las tasas de homicidio más altas, como son los casos de República Dominicana, Venezuela, México, Brasil y Colombia. Otros estudios realizados en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras revelan índices bastante altos de delincuencia. Precisamente, estos últimos con niveles de pobreza y desigualdad social por encima del promedio latinoamericano. Estos, además, se caracterizan por tener un gran arsenal de armas en manos de la población civil luego de atravesar por conflictos armados, hecho que evidencia la estrecha relación entre una realidad socioeconómica determinada, la disponibilidad de armas de fuego y el crecimiento de la violencia armada. (Cabral & Brea, 2001; Cabral & Brea, 2003, Brea & Domínguez, L, 2005).

2005


TABLA 3. RELACION ENTRE ALGUNAS VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS Y LA TASA DE HOMICIDIO EN 10 PAÍSES DE AMERICA LATINA, 1995 Y 1997. PAÍS

1997

1997

1997

1995

1997

1997

1997

1991

Ingreso/Cápita $US

GINI URBANO

LÍNEA POBREZA URBANA

TASA ADULTA ANALFABETISMO

TASA DESEMPLEO URBANO

GASTO SOCIAL PER CAPITA

GASTO SOCIAL/PIB

TASA DE HOMICIDIO

(2) 3.8

(8) 14.9

(1) 1570

(5) 17.9

(4) 4.8

(8) 10.4

(1) 3.7

(8) 352

(8) 7.8

(8) 17.8

BRASIL

(1) 5808 (4) 3315 (5) 3203

CHILE

3488

VENEZUELA

2427 (9) 1474 (2) 3858 (6) 2805 (8) 2140 ( 10) 1338

ARGENTINA MEXICO

(3) (7)

COLOMBIA URUGUAY PANAMA COSTA RICA REP. DOM.

(6)

(2)

0.439

13.1

(3)

(8)

0.392

37.5

( 10 )

(6)

0.538

24.9

(9) 16.7

(2) 5.7

(3) 951

(4) 19.8

(9) 19.7

(8) 0.473

(4) 19.8

(3) 4.8

(4) 7.1

(4) 725

(7) 14.1

(1) 3.0

( 4) 0.425

( 10 ) 42.3

(6) 8.9

(6) 11.9

(9) 317

(9) 8.4

(7) 15.2

(9) 0.477

(9) 39.5

(5) 8.7

(7) 12.4

(7) 391

(6) 15.3

( 10 ) 89.5

(1) 0.3

(1) 5.7

(1) 2.7

(5) 11.5

(2) 1371

(1) 22.5

(2) 4.4

(7) 0.462

(5) 24.6

(7) 9.2

(9) 15.3

(5) 683

( 2) 21.9

(5) 10.9

(2) 0.357 (5) 0.432

(3) 17 (7) 31.6

(4) 5.2 ( 10 ) 17.9

(3) 5.9 ( 10 ) 15.9

(6) 550 ( 10 ) 107

(3) 20.8 ( 10 ) 6.0

(3) 4.7 (6) 11.6

FUENTE: 1- PANORAMA SOCIAL 1998,CEPAL. 2- INFORME MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION 1998, UNESCO

En el año 2001 también mostramos cierta relación inversa entre el crecimiento del PIB real per cápita y el incremento del número de homicidios. Inclusive, pusimos de manifiesto como al igual que en el resto de América Latina, que en el ejemplo dominicano se expresaba la llamada inercia criminal. Es decir, cómo la violencia aunque a un ritmo más lento, seguía creciendo, inclusive en los llamados períodos de expansión económica. Se producía en estos intervalos una desaceleración de la violencia, mientras que en los periodos de crisis económica y en función de la magnitud de la crisis, la violencia crecía muy aceleradamente. En los últimos seis años esta situación se ha tornado aún más desfavorable. Tabla No. 4. Crecimiento Económico y Evolución de la Violencia en República Dominicana (Variación % promedio anual) Conceptos Períodos

PIB/CÁPITA REAL

Número de Homicidio

1981-1984

0.2

5.9

1984-1991

-0.5

6.6

1991-1995

2.9

2.6

1995-2000

5.9

3.7

2000-2005

1.6

14.6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central y la Policía Nacional


El siguiente cuadro resume año por año el comportamiento de algunas variables socioeconómicas analizadas en relación a la tasa de violencia. Vemos, que para los años 2001-2004, cuando decrece el Producto Interno Bruto per Cápita Real y las tasas de desempleo y de inflación aumentan significativamente, se recrudece la violencia de manera abrupta.

Tabla No. 5. Variables socioeconómicas relacionadas a la violencia del período 1991 al 2005.

Años

^PIB per cápita real (porcentual)

Tasa de Desempleo

Tasa de Inflación

Número de Homicidios

Tasa Homicidio

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-1.3 5.5 0.6 2.5 2.8 5.3 6.2 5.5 6.2 6.2 1.8 2.6 -3.6 0.2 7.4

19.6 20.3 19.9 16 15.8 16.7 16 14.4 13.8 13.9 15.6 16.1 17 18.4 17.9

7.9 5.2 2.8 14.3 9.2 3.9 8.4 7.8 5.1 9 4.4 10.5 42.7 28.7 7.4

908 807 930 1005 1007 1032 1038 1121 1066 1210 1095 1279 1902 2239 2394

13 11.3 12.7 13.5 13.3 13.4 13.4 14.1 13 14.6 12.8 14.9 21.8 25.2 26.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Dominicana y datos de la Policía Nacional.

CRECIMIENTO DE LOS HOMICIDIOS CON ARMAS DE FUEGO Un hecho a destacar lo constituye el rápido crecimiento que experimentan los homicidios con armas de fuego, que ascienden de un 30% en el 1993 a un 49% en 1999 (reportado por Cabral y Brea, 1999 y 2001), y en los últimos 6 años, del 1999 al 2005 se elevan de un 49% a un 69%. (Brea y Cabral, 2006). Estas cifras muestran claramente la prevalencia de mortalidad con armas de fuego en los últimos tiempos, y cómo ha descendido la comisión de éstos con otras formas de ejecución, ya sea con armas blancas, con golpes contundentes y los cometidos “de otras maneras”. Si calculamos el promedio de homicidios ocurridos en los últimos 6 años del estudio, se observa que en promedio se producen 4.4 homicidios diarios. Y durante el 2004 y 2005 ocurrieron más de 6 homicidios por día, de los cuales más del 67% fue ejecutado con


armas de fuego, lo que equivale a decir que diariamente de los 6 se cometían 4 homicidios con armas de fuego.

Tabla No. 6. Frecuencia de homicidios según la forma de ejecución del 1999 al 2005 en República Dominicana.

Año

Número de Homicidios

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

1066 1210 1095 1279 1902 2307 2394 11,253

Homicidios con Armas de Fuego 526 622 595 643 1202 1490 1658 6736

Homicidios con Armas Blancas 429 469 382 486 528 612 509 3415

Homicidios Homicidio con Golpes con Otras Contundentes Formas 94 23 97 25 90 21 118 43 156 21 157 45 161 72 873 250

Fuente: Elaboración propia en base a datos recientes y revisados de la Policía Nacional.

Gráfico No. 3. Evolución de la frecuencia de homicidios del 1999 al 2005 según su forma de ejecución Homicidios con Armas de Fuego

Homicidios con Armas Blancas

Homicidios con Otras Maneras 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos recientes y revisados de la Policía Nacional.


Tabla No. 7 y Gráfico No. 4. Homicidios cometidos con armas de fuego y con otras maneras de ejecución (Valores porcentuales)

Años

Homicidios ejecutados con otras maneras (%)

1999 2000

49

51

51

49

2001

55

45

2002

50

50

2003

63

37

2004

65

35

2005

69

31

80 Valores porcentuales

Homicidios ejecutados con armas de fuego (%)

70 60 50 40 30 20 10 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años Homicidios con armas de fuego

Homicidios ejecutados de otra manera

Fuente: Elaboración propia en base a datos revisados de la Policía Nacional.

PORTE Y TENENCIA LEGAL DE ARMAS DE FUEGO EN REPÚBLICA DOMINICANA El organismo que controla la circulación, comercialización, porte y tenencia de armas de fuego en el país es la Secretaría de Estado de Interior y Policía a través de la Ley No. 36. Esta ley prohíbe la fabricación, comercialización y la posesión de armas de fuego sin la debida autorización correspondiente. No obstante, la supervisión efectiva de las normativas ha sido bastante tímida en sentido general. Actualmente se concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a los funcionarios oficiales, también a empleados públicos administrativos, judiciales o municipales autorizados, y a toda aquella persona que “justifique la necesidad de tenerla para su defensa personal”, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos legales necesarios. Los requisitos para poder poseer armas son: ser mayor de edad (18 años), no padecer “enfermedad mental”, ni consumir drogas ilícitas, y tampoco haber sido condenado por algún delito o estar sometido a la acción de la justicia. En marzo del 2003, el Dr. Franco Badía, entonces Secretario de Estado de Interior y Policía en una declaración ante los medios de comunicación, señaló que la institución tenía registrada en aquel momento 260,000 armas autorizadas en el ámbito nacional; dos años después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, sostuvo que en el país los civiles poseían más armas de fuego que los policías y militares, situación que


calificó de preocupante, vinculándola con la alta incidencia de personas heridas por balas perdidas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. (Pesqueira, D, 2005). Según algunos cálculos basados en los registros oficiales, la Secretaría de Estado de Interior y Policía otorgó entre el año 2003 al 2005 alrededor de 295,739 autorizaciones de porte y/o tenencia de armas de fuego, pudiendo poseer una misma persona más de un arma de fuego y renovar anualmente su permiso mediante el pago de los impuestos correspondientes. Se estima que más del 94 % de esas autorizaciones son licencias privadas y las restantes oficiales. En la siguiente tabla y gráfico se presenta la cantidad de autorizaciones para armas de fuego otorgadas en los últimos años.

Tabla No. 8 y Gráfico No. 5. Autorizaciones de porte y/o tenencia otorgadas por la Secretaría de Estado de Interior y Policía del 1999 al 2005. Años

Autorizaciones de armas concedidas legalmente

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

10,410 30,516 74,397 78,979 99,683 96,847 99,209

Fuente: Tabla elaborada en base a los datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.

Autorizaciones para porte o tenencia armas de fuego por años

120,000

99,209

99,683

100,000

96,847

74,397

Cantidad

80,000

78,979

60,000 40,000 20,000

30,516 10,410

0 1999

2000

2001

2002 Años

2003

2004

2005

Fuente: Tabla elaborada en base a los datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.


Tal como muestra la tabla No. 8 y el gráfico No. 5, en el año 1999 se concedieron 10,410 autorizaciones para porte de armas de fuego, y al año siguiente prácticamente se triplicaron (30,516 autorizaciones). A partir del 2001 se produce un gran crecimiento con las 78,979 autorizaciones que fueron otorgadas. En los tres últimos años las autorizaciones sobrepasan las 96,000 por año. Podemos observar, que desde finales de la década de los 90 se ha multiplicado por 10 el número de autorizaciones de porte/tenencia de armas. Durante el interregno del 2003 al 2005 se concedió en promedio unas 270 autorizaciones diarias. Es importante señalar, que se desconocen las cifras exactas de armas ilegales que actualmente circulan en el país, aunque cálculos tímidos la ubican entre 100,000 a 200,000. Son múltiples las razones por la que se demandan armas de fuego. En el caso dominicano, se podría mencionar, en primer lugar, la disponibilidad de armas existentes para su adquisición tanto proveniente del mercado legal como ilegal, hecho sumado al ineficiente control estatal en ese mismo sentido. A esto se le añade las facilidades que impulsivamente ha brindado el Estado para el proceso de legalización, ya que anteriormente sólo se exigía unos tímidos requisitos y no se requería de una certificación de la procedencia del arma, legalizándose de esa manera innumerables armas provenientes del mercado ilegal, lo que por fortuna ha variado considerablemente. Otros factores también motivan el porte o tenencia de armas de fuego.

ASOCIACIÓN ENTRE LA INSEGURIDAD PERCIBIDA Y DESCONFIANZA EN LOS MECANISMOS OFICIALES DE PROTECCIÓN CON LA BÚSQUEDA DE ARMAS DE FUEGO Un fenómeno común en países de nuestro continente es la gran desconfianza existente en los organismos públicos de seguridad y de protección ciudadana (Policía, Justicia, Sistema Penal, etc.), por mostrar éstos estar involucrados de alguna manera en actos delictivos y de corrupción e impunidad, lo que indudablemente ocasiona una percepción generalizada de desprotección, y que aunado al aumento estrepitoso del nivel de delincuencia y criminalidad imperante, se podría convertir en un estímulo de búsqueda de autoprotección y/o de protección privada, sobre todo, a través de la adquisición de un arma de fuego como un mecanismo para la defensa (Brea y Domínguez, 2005). A esto se le agrega la errada percepción de poder que implica la posesión de un arma de fuego en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo arraigado, y con valores culturales basados en el temor. En un estudio realizado por Brea y Cabral en el 2006, en una muestra aleatoria y multietápica de 784 sujetos, representativa de un total de 103,577 estudiantes universitarios de ambos sexos del sector público, se encontró que el 29.4 % de la población encuestada habían sido víctima de un acto de violencia en los últimos 12 meses del año, El robo constituyó más de la tres cuarta parte de los hechos de violencia acaecidos con agresión o sin ella. Sin embargo, el miedo percibido en los estudiantes de ser víctima de un acto de violencia en su vida diaria, fue relativamente alto, ya que sólo el 11.5% dijo no tener miedo (nunca o rara vez), versus el 25.3% que siempre lo tenía. El restante 62.7% dijo sentir miedo con “frecuencia” y “algunas veces”.


En el mencionado estudio (ver tabla No. 9), al cuestionarles respecto a la confianza que tenían en las instituciones de protección ciudadana, un elevado porcentaje de la muestra dijo desconfiar en los organismos estatales supuestos para proteger a los ciudadanos, principalmente en la Policía Nacional, en la que sólo 18 personas (2.3 %) de los encuestados dijeron tener mucha confianza; así como también en el sistema judicial apenas un 5.5% y en el sistema penitenciario 5.7%, encontrándose mayor confianza en la Dirección de la Secretaría de Estado de Interior y Policía (7.2%) y en las Fuerzas Armadas (18%). Estos resultados van acorde a los datos presentados en el diagnóstico realizado por Newlink, Bobea y Polanco en el 2005 en los barrios populares del Distrito Nacional y Santiago, donde el trabajo de la policía se catalogó como muy malo en más de un 50% y la corrupción policial fue considerada “muy elevada”. Al parecer, este es un fenómeno bastante generalizado en la mayoría de los pobladores de países del contorno latinoamericano.

Tabla No. 9. Nivel de confianza en instituciones de protección según datos de Brea & Cabral (2006). En la Policía Nacional Nada Válidos Solo un poco (Algo) Mucha Total En el Sistema Judicial o los Tribunales de Justicia (jueces) Nada Válidos Solo un poco (Algo) Mucha Total

Frecuencia 297 459 18 774

Porcentaje válido 38.4 59.3 2.3 100.0

Frecuencia 271 462 43 776

Porcentaje válido 34.9 59.5 5.5 100.0

Sistema Penitenciario (cárceles) Nada Válidos Solo un poco (Algo) Mucha Total

Frecuencia 370 355 44 769

Porcentaje válido 48.1 46.2 5.7 100.0

Secretaría de Estado de Interior y Policía Nada Válidos Solo un poco (Algo) Mucha Total

Frecuencia 273 439 55 767

Porcentaje válido 35.6 57.2 7.2 100.0

Secretaría de Estado de Fuerzas Armadas Nada Válidos Solo un poco (Algo) Mucha Total

Frecuencia 170 459 138 767

Porcentaje válido 22.2 59.8 18.0 100.0

Fuente: Datos extraídos de la investigación realizada por Brea & Cabral (2006) en muestra de 784 estudiantes universitarios de la UASD.


En el mencionado estudio se encontró una estrecha y significativa asociación entre la desconfianza en los organismos de protección del Estado y la proclividad para el uso de armas de fuego (X2=9.38, gl=2, p< 0.01), principalmente los que poseen desconfianza en el sistema penitenciario o las cárceles (el 50% estaría dispuesto a invertir en armas) en relación al 29% que dijo tener mucha confianza en este; los que desconfían en los jueces o tribunales de justicia dispararían mayormente con armas (X2=10.29, gl=2, p< 0.01); los que desconfían totalmente en la Procuraduría o Fiscalías Barriales (14%) versus el 3% de los que tienen mucha confianza comprarían un arma; y dispararían armas el 35% que desconfía en esa misma institución, versus el 25% que expresó tener mucha confianza (X2=8.64, gl=2, p< 0.05). Los que desconfían en la Secretaría de Estado de Interior y Policía (32%) estarían dispuestos a invertir en un arma de fuego versus el 22% que tiene confianza (X2=11.2, gl=2, p< 0.01). Aunque en sentido general la desconfianza de los estudiantes hacia las Fuerzas Armadas fue menor, sin embargo, se encontró una asociación significativa con el hecho de que “comprarían un arma” (X2=10.34, gl=2, p< 0.01).

REFLEXIONES FINALES En apenas seis años, en el periodo 1999-2005, el crecimiento de los homicidios en República Dominicana alcanzó un 125%. La tasa de homicidios pasó en ese interregno de 13 a 26 (homicidios por 100 mil habitantes), superando todos los vaticinios y colocando al país entre los países de alta violencia en la región latinoamericana. La ola de robos, secuestros, violaciones y asesinatos por encargo ha desbordado los llamados “barrios peligrosos” y se ha constituido en una verdadera preocupación para la población dominicana en todas las clases sociales y a todo lo largo de la geografía nacional. Inclusive, se han extendido también, los actos violentos no considerados dentro de las acciones delincuenciales (violencia intrafamiliar, riñas en sitios públicos, etc.). Son muchos, sin lugar a dudas, los factores que impulsan esta escalada de violencia. Sin embargo, una de las hipótesis propuestas plantea que el rápido deterioro de las condiciones de vida (factor socioeconómico) ha sido, en el caso que nos ocupa, un factor estructural clave para entender el nuevo auge de la violencia. En anteriores investigaciones habíamos demostrado el vínculo estrecho que existía entre el comportamiento de ciertas variables socioeconómicas con el auge de la delincuencia y la violencia en nuestro país (Cabral y Brea, 1999, 2001 y 2003). En la región latinoamericana son también muchos los autores que han logrado asociar el incremento de la desigualdad del ingreso y de la pobreza urbana, así como otros desequilibrios socioeconómicos con el aumento de la violencia delictiva y criminal. La Teoría de la Frustración-Agresión (Dollard, Miller y asociados, 1939) es capaz de explicar el comportamiento agresivo individual, al señalar a la frustración como generadora de violencia, sin embargo, autores como Skinner (1969); Bandura (1973) y Berkowitz (1996) entre otros, estudian la agresión desde una óptica diferente, como una forma de aprendizaje en el medio social, donde la apropiación y la tolerancia a los métodos violentos o determinados patrones conductuales son capaces de mantener altos niveles de violencia,


al encontrar los incentivos que la refuercen, por lo que el fenómeno de la delincuencia se puede convertir en un mecanismo de supervivencia. En el caso dominicano, junto al estancamiento del PIB per cápita real se registran altos niveles de desempleo y de inflación que agravaron las condiciones de desigualdad y pobreza de la población. Al final del 2003, de una pobreza estimada en una cuarta parte de la población, la pobreza llegó a cubrir a la mitad de la población. Se estima que para ese año, un millón y medio más de dominicanos pasaron a la pobreza. Lo lamentable es que frente a estos fenómenos críticos, el gasto social lejos de mantenerse en términos relativos ha disminuido, como apunta el hecho de que el gasto en educación descendiera desde un 2.3% del PIB a solo un 1.9%. Ante una crisis económica, como es ya la costumbre en nuestros países, se le busca salidas agravando aún más las condiciones de vida de los más humildes. La hipótesis sobre el papel decisivo de la proliferación de las armas de fuego en la elevación de los índices de criminalidad queda demostrada al comprobar el rápido crecimiento del número de homicidios con armas de fuego en los últimos años. Los homicidios con armas de fuego que para el año 1999 ocurrían en una proporción de un 49%, para el 2005 se elevan a 69%, y aquellos ejecutados de otra manera (armas blancas, golpes, etc.) que hace seis años constituían el 51% se reducen a sólo un 31%. Esto no es más que la puesta en marcha de un profundo proceso armamentista en nuestro país, que se inicia en la década de los noventa pero que alcanza un acelerado crecimiento en estos últimos seis años. En un estudio realizado en el 2006 por Brea y Cabral en la población estudiantil de la universidad pública, se encontró resultados que reflejan el grado de inseguridad y desprotección en que vive la mayoría de los ciudadanos dominicanos. En primer lugar, el hecho de que una quinta parte de los universitarios vive en barrios considerados inseguros, un 50% tiene un conocido o familiar que ha sido victima de violencia y más de un 70% tiene el temor frecuentemente o siempre de ser víctima de un acto delincuencial. La tercera hipótesis planteada buscaba indagar la posible relación entre la percepción de inseguridad ciudadana de la población, la desconfianza en los organismos encargados de velar por la protección, con el fenómeno de la proliferación de armas que se viene acrecentando en el país. El sentido de desprotección e inseguridad ciudadana, de impotencia frente a la impunidad y la corrupción existente en los años recientes podrían explicar el consecuente armamentismo en la población, fenómeno que ha sido posible en gran medida por las facilidades oficiales, muchas veces de manera indiscriminada, que se brinda a los ciudadanos para adquirir y legalizar armas de fuego de diferentes calibres. De un instrumento supuesto a ser utilizado para defender a la población de la violencia, el armamentismo se ha convertido en un nuevo detonante de la criminalidad. Además, de la cantidad de delincuentes que por vía legal e ilegal ha recurrido a armarse para cometer sus innumerables fechorías.


Es posible percibir parte de las dimensiones del armamentismo a través de las cifras presentadas de las autorizaciones legales otorgadas por el Estado entre los años 1999-2005, lo cual se incrementó en más de un 853%. De un total de 10,410 licencias concedidas en 1999, se elevó a 99,209 hacia finales del 2005. Las mismas autoridades nacionales han reconocido la existencia de 159,648 personas que cuentan legalmente con un arma de fuego para mediado del año 2006. A esto se le agrega la inmensa cantidad de armas ilegales circulando, y que entendidos en el área la sitúan entre las 100,000 a 200,000; si consideramos una media de 150,000, estaríamos hablando de alrededor de 310,000 personas armadas, en un país donde la población apenas alcanza los nueve millones de habitantes y dispone de una superficie terrestre de alrededor de 49 mil kilómetros cuadrados (estimación de más de 6 armas por kilómetro). De nuevo la crítica a las políticas públicas diseñadas y ejecutadas para enfrentar en las condiciones dominicanas el flagelo de la delincuencia. El otorgamiento indiscriminado de autorizaciones para el porte legal de armas de fuego ha elevado la peligrosidad del uso de las mismas. Basta citar lo frecuente que resultan las denuncias de muertes, heridos y lesionados permanentes por efecto de las llamadas “balas perdidas” o por cualquier tipo de discusión o riña en un lugar público. Como hemos podido observar, la violencia es un fenómeno social multidimensional y multicausal. El error más grave de la estrategia pública en su enfrentamiento con la violencia y la delincuencia es tratarlas de manera coyuntural, como si fueran unicausales y al margen de diagnósticos completos y realistas. Lo más doloroso es que, inclusive en presencia de gobiernos conscientes de la multicausalidad, como es el caso del actual gobierno dominicano, este justifica su incapacidad para enfrentar la delincuencia por las limitaciones económicas que sufre, limitaciones de ingresos que a su juicio impiden que se lleven a cabo programas llamados a tener éxito por cuanto atacan los problemas no solo en la coyuntura (vía mecanismos como la mano dura contra la delincuencia o la entrega irresponsable de armas de fuego a la población) sino también en sus raíces estructurales, como los llamados programas de barrios seguros, programas que están destinados a combatir la delincuencia con políticas efectivas de empleo, educación, salud, creación de infraestructura, deportes y otros servicios sociales a la juventud y a la comunidad en su conjunto. Estas actitudes dejan un sabor muy amargo en quienes creemos que estos fenómenos no solamente son prevenibles, sino que pueden revertirse si se actúa con la estrategia correcta, con los recursos suficientes y en los momentos adecuados. Habíamos dicho que “El enfrentamiento de la violencia tiene además un contenido ético. La misma sociedad sufre una derrota moral, cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil” (Cabral y Brea, 1999). En el fondo se plantea si el sistema capitalista está en capacidad, sobre todo, si sus clases dirigentes están en capacidad, de sacrificar parte de sus elevados niveles de vida, para modelar una sociedad con un rostro más humano que el actual.


Los autores del presente trabajo consideran a las armas de fuego como uno de los factores catalizadores más relevantes del exceso de violencia que existe en República Dominicana, aun sin menospreciar el carácter multifactorial y la complejidad que como hemos señalado, reviste el fenómeno en si. Se sugiere que no se debe justificar en el futuro aquellos mecanismos que faciliten la adquisición de un arma de fuego. Es menester desincentivar la demanda de armas por parte del sector civil y lograr cambiar los motivos y actitudes que inducen a la población para armarse. Sin embargo, es necesario reducir a toda costa el cuadro de inseguridad existente en el país, y cuya función principal es una atribución del Estado Dominicano. Primordialmente, se necesita considerar el sentimiento de desprotección generalizado ante el incremento de la delincuencia, y en ese sentido se requiere de grandes transformaciones a nivel de las instituciones del Estado, el tener mayor claridad en la Política Pública respecto a la criminalidad. Hay que necesariamente reestablecer la confianza perdida en los organismos de protección ciudadana. En términos estratégicos, se sugiere como asunto prioritario, entre otras medidas de índole social y comunitaria, poner mayor énfasis en el control de armas de fuego. Afortunadamente, el Estado dominicano comienza a prestar mayor atención a los asuntos que conciernen a la seguridad ciudadana al crear los programas denominados “Barrios Seguros” y de “Seguridad Democrática” en el año 2005. Más recientemente, ante la creciente ola de criminalidad que inquietó sobre manera a la población dominicana, en julio del 2006 se implementaron algunas medidas emergentes como fueron el prohibir momentáneamente la importación de armas de fuego livianas, el patrullaje mixto policialmilitar en horas nocturnas y la regulación de la ley de prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, la denominada “Ley seca” para los días laborables a partir de las doce de la noche. Sin embargo, de nuevo el tinglado de intereses promotoras de la “libertades nocturnas” parece estar debilitando algunas de esas medidas. Empero, junto a las medidas coyunturales o de corto plazo se debe poner más énfasis en los factores estructurales y a combatir el armamentismo y la criminalidad con políticas sociales mejor dirigidas, que enfrenten el mal en su raíz, y no en la superficie. Es evidente que la delincuencia no podrá ser reducida si no se formulan planes de prevención e intervención directa en los factores que la provocan y sobre todo, sobre la base de una permanente investigación del fenómeno en toda su complejidad y que sea capaz de evaluar los cambios que se van produciendo en dicho orden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Banco Central (2005). Informe de la Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2004. Publicación de marzo. (Fuente de datos poblacionales del país).


Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Berkowitz, L. (1996). Agresión: Causas, Consecuencias y Control. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. Bordenave, S; Davis, D. (2004) Demanda de Armas Ligeras y Violencia en el Caribe: Enfoque en Haití. Ponencia presentada en el seminario Regionalismo, Seguridad Regional y Sociedad Civil del Gran Caribe en el Nuevo Entorno Global celebrado en La Habana, Cuba 25-27 de febrero. Brea, Mayra; Cabral, Edylberto (2006/b). Violencia y Proliferación de Armas de Fuego. Estudio de Conocimientos, Creencias, Actitudes y Vivencias en Estudiantes Universitarios del Sector Público en República Dominicana, 2006. Ponencia presentada en el Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología en La Habana, Cuba el 4 de octubre del 2006. Brea, Mayra; Cabral, Edylberto (2006/c). Aumenta la Violencia en la República Dominicana (Versión revisada). Publicado en Perspectivas Psicológicas No. 1, año 2000 y en la Web en el 2006 en: http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-brea01.htm Brea, Mayra; Cabral, Edylberto (2006/a). Homicidios y Armas de Fuego en República Dominicana. Trabajo presentado en la Jornada de Investigación Científica, 2005 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y publicado en la Web en: http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-breaar01.htm Brea, Mayra; Domínguez, Luís (2005). Creación de la Escala Factores de Personalidad Asociados a Conductas Delictivas (FPACD) para Ser Utilizada en la Selección de Candidatos a Portar Armas de Fuego en República Dominicana. Perspectivas Psicológicas, Año VI. Vol. 5, p. 61-90. Y en la Web en: http://psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-breadoming01.htm Brea, Mayra (2001). La Violencia y los Programas de Seguridad Ciudadana. Listín Diario, 26 de abril, P. 6 C/sección La Vida. Brent DA, Perper JA, Allman CJ, et al. (1991). The presence and accessibility of firearms in the homes of adolescent suicides. A case-control study. Journal of the American Medical Association, 266(21): 2989-95. Cabral, Edylberto; Brea, Mayra (1999). Violencia y Factores Socioeconómicos de Riesgo: República Dominicana en el Contexto de América Latina y el Caribe. (I y II), Revista CañaBrava, ediciones No. 23 y 24 del mes de agosto y septiembre.


Cabral R, Edylberto; Brea, Mayra (2001). La Violencia y los Factores Socioeconómicos de Riesgo en la República Dominicana. Versión digital en: http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-mbrea01.htm Cabral, Edylberto; Brea de Cabral, Mayra (2003). Violencia en la República Dominicana: Tendencias Recientes. Perspectivas Psicológicas, Año IV, Vol. 3-4, p. 145-154, y en: http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-cabralbrea01.htm Centro de Estudios de Guatemala (2005). Inseguridad pública, el negocio de la violencia, CEG. Informe especial, septiembre. CEPAL y Pontificia Universidad Madre y Maestra (2001). Desarrollo Económico y Social en la Rep. Dom. Los Últimos Veinte Años y Perspectivas para el Siglo XXI. Tomo I y II (Compendio Estadístico): Editora Mediabyte. CEPAL (1998). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas. CEPAL (1998). El Pacto Fiscal. Fortalezas, Debilidades, Desafíos. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas. Cristiano para la Reconciliación de Suecia (1999). Diagnóstico sobre la situación actual de las armas ligeras y la violencia en Guatemala. Estocolmo Suecia, 18-19 de mayo. Cuadra, Elvira. (2000). Proliferación y control de armas en Nicaragua. Managua: Centro de Estudios Internacionales. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Díaz, Santo Amaro (2002). Manual sobre Comercio, Porte y Tenencia de “Armas de Fuego” en la República Dominicana. Orientación y Guía para el Ciudadano. Edición preparada para la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Editora Amalba, CxA. Dollard, J.; Doob, L; Miller, N; Mowrer, O.H. and Sears, R.R. (1939) Frustration and Aggression. Yale University Press. Fajnzylber, Pablo. (1997). What Causes Crime and Violence? Washington D.C.: The World Bank, Office of the Chief Economist Latin America and the Caribbean. Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel; Loayza, Norman (2001). Crimen y Violencia en América Latina. Banco Mundial y Alfaomega, México, DF. Godnick, W; Muggah, R; Waszink, C. (2003). Balas perdidas: el impacto del mal uso de armas pequeñas en Centroamérica. Publicación de Small Arms Survey y IANSA En: www.smallarmssurvey.org/copublications/OPCentralAmerica_Spanish.pdf Kleck, Gary. 1991. Point Blank: Guns and Violence in America. Hawthorne, N.Y.:Aldine de Gruyter. Winner of the Michael J. Hindelang Award of the American Society of Criminology.


Loría Ramírez, Max Alberto (2000). Diagnóstico de las Armas de Fuego en Costa Rica. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Resumen de la conferencia presentada en julio en el Primer Foro Centroamericano sobre la Proliferación de Armas Livianas, realizado en La Antigua, Guatemala. En:http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/armasliv/crdiagresumen.htm Lott, Jr. and Mustard, David B. (1997) Crime, Deterrence, and Right-to-Carry Concealed Handguns". Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1. Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2001). Homicidios y Control de Armas en Colombia. Informe del Ministerio de Defensa Nacional No.2. Molina Morillo, Rafael (2005). Armas super fáciles. Hoy Digital, Mis Buenos Días, Opiniones, 16 de agosto. Newlink Political, Bobea, Lilian; Polanco, Vielka (2005). Percepciones y expectativas sobre la seguridad en barrios del Distrito Nacional y Santiago. Resultado del estudio cualitativo y cuantitativo. Versión CD. Oficina Nacional de Estadística (2005). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. ENHOGAR-2005. Informe General. Santo Domingo, RD. OPS/OMS (2003). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Publicación Científica y Técnica No 588. En: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Contenido.pdf; Pesqueira, Diego (2005). Ve hay muchas armas en manos civiles. Hoy Digital, sección El País, 26 de Agosto. PNUD (2005). Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual. Cap. 5. Conflicto Violento: Identificar la Verdadera Amenaza. En: http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDR05_sp_chapter_5.pdf Policía Nacional (2006). Estadísticas del Departamento de Estadística de la PN. CD. Quiroz, Fernando (2005). Fernández estima exceso de armas incentiva delincuencia Hoy Digital, 5 de septiembre. Secretaría de Estado de Interior y Policía. (2005). Plan de Seguridad Democrática. República Dominicana, Resumen ejecutivo. Mimeo. Secretaría de Estado de Interior y Policía (2005). Resumen de estadísticas de porte y tenencia de armas de fuego. Mimeo. Skinner, BF. (1969). Ciencia y conducta humana. Ed. Fontanella, España.


Umaña Cerna, Carlos (2002). Sociedades sin Violencia. Proyecto para el fortalecimiento de los mecanismos de control de armas ligeras. Publicación Indicadores de la Violencia en El Salvador, Programa Hacia la Construcción de una Sociedad sin Violencia, PNUD. UNESCO (1998). Anuario Estadístico. EEUU: Unesco Publishing& Bernan Press. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (2001). Encuesta nacional de actitudes, normas y valores en torno a la violencia y uso de armas de fuego. Dirección Lic. José Miguel Cruz. Serie de Informes EP, San Salvador, El Salvador.


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