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el Boletin de la

Nº2 - MAYO DE 2014 La Plata - Buenos Aires

“Emergencia y tolerancia cero” fórmulas que ya fracasaron Ante la demanda de seguridad que crece día a día, el gobierno de Daniel Scioli insiste con medidas que nunca funcionaron. Lo que se dice y lo que se oculta detrás de la “inseguridad” Por Alejandro Presa “La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un problema de todos”. Con este repetido slogan Scioli, Massa, Macri y compañía, desfilan continuamente por los medios masivos de comunicación, omitiendo decir que son sus políticas conservadoras y derechistas las que nos han llevado a un lugar muy difícil de volver. Sus propuestas de seguridad cada vez más represivas, lo único que pueden lograr es profundizar el problema. El pasado 5 de abril, el gobernador Daniel Scioli anunció la emergencia de seguridad con una batería de medidas destinadas a combatir el delito y Intendente de nuestra ciudad, Pablo Bruera, fue uno de los primeros en adherirse a la nueva ley. Este paquete incluye el destino de 600 millones de pesos para la compra de patrulleros, armas y chalecos antibalas y la construcción de 8 alcaidías y 4 unidades penitenciarias. Además propone el endurecimiento de penas por tenencia de armas y restricción en las excarcelaciones, una nueva reglamentación para las motos, la creación de las policías comunales y la reincorporación de 15 mil retirados de la fuerza, sumados a los de seguridad privada. Estos anuncios fueron aplaudidos por toda la derecha aunque reconociendo que las medidas “llegaron tarde”. INSISTEN EN AUMENTAR LAS MEDIDAS REPRESIVAS QUE VIENEN FRACASANDO AÑO TRAS AÑO LUGAR DE USAR NUESTRO DINERO PARA INVERTIR EN EDUCACIÓN, SALUD O DESARROLLO SOCIAL En el año 2004, los legisladores del FPV y la UCR votaron las leyes redactadas por el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, las cuales incrementaron notablemente las penas y redujeron las garantías y sus efectos han sido totalmente ineficaces. Pero buscando generar un impacto político que lleve un poco de tranquilidad a la población, insisten en aumentar las medidas represivas que vienen fracasando año tras año en lugar de usar nuestro dinero para invertir en educación, salud o desarrollo social.

Algo que une a estos actores es su admiración por la teoría norteamericana de “tolerancia cero”, impulsada por el alcalde de Nueva York de la década del 90, Rudolph Giuliani. Esta teoría fortalece el brazo penal del Estado, destinando enormes recursos humanos y económicos en detrimento de las mejoras sociales; focaliza la causa del delito en el mal comportamiento de las personas y niega que las condiciones de desigualdad social sean factores de aumento del delito. Además tiene rasgos racistas y de clase porque siempre señala a un determinado grupo de personas como los únicos responsables del delito. En Nueva York, los estigmatizados y perseguidos fueron los afroamericanos y los latinos. Por estas tierras, los pibes de los barrios y con gorra y los miles de trabajadores que circulan en moto encajarían en el prototipo del enemigo a combatir. Si bien es cierto que cada vez son más numerosos los robos con violencia, esto es producto del estrago que está causando la droga en los pibes más vulnerables, quienes son el eslabón más débil en la larga cadena del delito. Pero nadie habla de aplicar “la tolerancia cero” para quienes los tienen cautivos como mano de obra barata para un millonario negocio, que sin la connivencia de la policía y de punteros políticos no podría llevarse adelante.

Un problema de todas y todos La vinculación con el narcotráfico del ex jefe de la policía de Rosario, Hugo Tognolli (hoy preso), y de toda la cúpula de la policía de Córdoba, (entre ellos el ex Comisario Rafael Sosa y el ex jefe de la división de inteligencia Gustavo Gonzáles), demuestra que la corrupción en esta fuerza no es una cuestión de “casos aislados”. En la Provincia de Buenos Aires, pese al informe de la comisión senatorial investigadora y del CELS, que pidió la destitución de 50 oficiales, el gobernador Scioli prefirió mantenerlos en sus cargos, demostrando su voluntad de no confrontar con la fuerza.

El autogobierno policial, las zonas liberadas, el control de las cocinas y la venta de drogas y el reclutamiento de jóvenes pobres para robar por cuenta de sus extorsionadores, son moneda corriente en nuestra provincia. El Caso Candela Rodríguez, con un trasfondo de narcotráfico con participación de agentes de la fuerza de San Martín, la desaparición de Luciano Arruga por negarse a robar para la policía, y el asesinato del pasado 21 de abril de Javier Gallardo en Wilde, donde los vecinos denunciaron que la zona estaba liberada, son tres claros ejemplos del accionar de la bonaerense. Una descentralización de la policía de Buenos Aires que desarticule su poder mafioso, la creación de un cuerpo civil para investigar los delitos cometidos por la fuerza policial (no como hasta ahora que “se autoinvestiga”), auditorías con control civil del poder político; la depuración del servicio penitenciario y con ello el mejoramiento de las condiciones de detención en las cárceles de las personas privadas de su libertad, expuestas hoy a condiciones infrahumanas, que contribuya a su readaptación a la sociedad y no al agravamiento y a la reproducción del problema, serían algunas de las medidas adecuadas para empezar a encauzar los problemas. Todos estos ejemplos evidencian que la tarea de una seguridad democrática no va a ser cuestión de leyes o acuerdos parlamentarios, sino de una fuerte puja para desarticular los principales poderes que administran el delito, sustentados no solo en la complicidad policial y del servicio penitenciario, sino también en los escandalosos niveles de impunidad con que se maneja el poder judicial y político, garantes del crimen organizado.


¿Los menores entran por una puerta y salen por la otra? La realidad de los pibes y pibas acusados de delitos en la provincia de Buenos Aires

Por Irene Herrera A pesar de lo que digan las autoridades y los medios de comunicación los pibes no “entran por una puerta y salen por la otra”. En la Provincia de Buenos Aires, los menores de 18 años acusados de cometer un delito no son liberados simplemente por la edad que tienen. Las leyes vigentes habilitan a decidir sobre el destino de los pibes y pibas detenidos en primer lugar a la policía, y luego a los Juzgados de Garantías del Joven que pueden dictar medidas de privación de libertad incluso para menores de 16 años implicados en causas graves, a pesar de su inimputabilidad.

¿Qué debería pasar si no se decide la reclusión? Si bien la privación debería ser una medida de último recurso, la ley privilegia la implementación de medidas alternativas como, por ejemplo, apoyo de profesionales al grupo familiar, tareas comunitarias o atención en casos de adicciones. Pero el Estado no garantiza los recursos necesarios para un abordaje serio en estos casos y el camino se empantana. ¿Qué pasa en la realidad? Si bien la ley determina que deberá darse inmediata intervención a los Juzgados del joven, será en base al arbitrario criterio policial que se seleccionará quiénes serán intervenidos judicialmente y quiénes quedaran en libertad y, la mayoría de los juzgados sigue utilizando como primer recurso judicial la privación de la libertad.

Frente a esta “mano dura” con los menores surgen algunas posiciones garantistas que reclaman por el respeto de los derechos humanos de los menores detenidos y del cumplimiento de las leyes constitucionales. Si bien el garantismo cumple una función imprescindible, el problema de los “jóvenes en conflicto con la ley” no se resuelve sólo en el campo legal, sino que se debería exigir una decisión política que erradique, por sobre todas las cosas, los delitos complejos y organizados que en general están sostenidos por actores del Estado, por participación directa o complicidad.

Así, muchos pibes y pibas permanecen encerrados como si hubieran sido condenados. Contrario a lo que plantea la ley, a muchos jóvenes se los considera culpables hasta tanto se demuestre lo contrario. Mientras esto sucede con los

Como siempre, el hilo parece cortarse por el lado más delgado y todo hace pensar que la “inseguridad” no es más que un negocio de unos pocos que, vendiendo “seguridad” le arruinan la vida a los más jóvenes.

¿Qué deja sin resolver? -> No se toca ni se reforma la estructura, organización y funcionamiento de la policía bonaerense porque: -> No hay descentralización, ya que orgánicamente sigue dependiendo de la provincia, aunque cada municipio elija al jefe policial. -> La formación sigue siendo la misma, antidemocrática, represiva y corrupta.

¿La policía puede resolver un problema del que es parte? El municipio platense ya está implementando su sistema de policía local ¿la solución a la inseguridad o el inicio de patotas legales?

Por Claudia

El proyecto de Policía Comunal nació como una propuesta para desmembrar a la Policía Bonaerense, mientras que el proyecto aprobado por mayoría en la cámara de diputados (síntesis de la propuesta Scioli-Granados y Saín de Nuevo Encuentro – kirchnerista-) propicia todo lo contrario, porque las Policías Comunales terminan siendo un complemento de la provincial y queda sin resolver el problema del crimen organizado en y por la fuerza de seguridad. Una vez más se desvanece la propuesta del kirchnerismo en un discurso de buenas intenciones, cuando definen la política acordando programática y efectivamente con sectores de los que decía diferenciarse, tal es el caso de este común acuerdo, referido a un tema tal candente y actual como es el de la (in)seguridad, entre Scioli-Granados y el espectro “progresista“ de Saín, diputado kirchnerista por Nuevo Encuentro. Es llamativo, además, como el Frente Renovador de Sergio Massa amenazó con no votar el presupuesto provincial bajo la consigna

menores pobres, los hijos de las clases sociales mejor acomodadas que cometen delitos si entran y salen como quieren; porque tienen un buen abogado o porque su papá “es amigo de”.

progresista de que en las cuentas no estaba estipulado el aumento salarial de docentes y estatales, pero luego de que se aprobara el plan de policías municipales (uno de sus principales “caballitos de batalla” de la campaña electoral) el massismo olvidó rápidamente el detalle de los aumentos a los trabajadores, y aprobó sin objeciones el presupuesto provincial. Quizá se trata simplemente de electoralismo y a la hora de contar votos no importa con quién se haga pactos. ¿Qué plantea el proyecto aprobado por el oficialismo kirchnerista? -> Crear “Policías de prevención” en municipios de más de 100.000 habitantes (de los 135 municipios de la provincia, sólo 35 cumplen con esta condición). Dicha creación será opcional y mediante ordenanza. -> Depende operacionalmente de los intendentes quienes elegirán al jefe policial, pero orgánicamente depende de la provincia, es decir, los efectivos pertenecen a la policía bonaerense, tanto en su formación como sus salarios.

Facebook: Unión del Pueblo LP Casa Guevarista: calle 5 e/61 y 62

¿Y en nuestra ciudad? Se inauguró el Comando de Prevención Comunitario –CPC- con 450 efectivos y 80 vehículos que patrullarán 77 cuadrículas. Lo que todavía no está en claro dónde y cómo se forman los nuevos “guardianes” de la seguridad de la ciudad, un detalle no menor si se tienen en cuenta varios antecedentes repudiables por parte del gobierno municipal. ¿No se establecerían rápidamente como fuerza de choque del bruerismo o de quién esté de turno? La presunción no parece exagerada si se toma el antecedente y la experiencia recuerda a la guardia municipal patoteril que en época de campañas electorales golpea y amenaza a militantes opositores, y que sirve –desde las inundaciones a esta parte- como grupo de hostigamiento del intendente ante cada manifestación de reclamo de vecinos y asambleístas. Decisiones como esta deberían ser debatidas y tomadas por espacios populares como las asambleas barriales y no por los mismos gobernantes que son garantes de la inseguridad y las patotas.

Somos la Unión del Pueblo: vecinos de La Plata, trabajadores y estudiantes que nos unimos para crear una nueva alternativa política en la ciudad. La Unión del Pueblo nace para edificar una manera distinta de hacer política, participativa, honesta, impulsada por valores éticos y sustentada económicamente por los aportes y el trabajo de sus militantes, no por empresas o aparatos del Estado. Estamos convencidos de que debemos y podemos transformar la política, para que gobierne el pueblo y no los empresarios.

el Boletin de la UP  

Número 2 / Mayo 2014

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