44 P R O G R A M A S A N T I - CO R R U P C I Ó N E N A M É R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E La prevención ha sido alentada a través de la promoción del establecimiento, perfeccionamiento y aplicación de marcos normativos nacionales, como son los estatutos funcionarios, los códigos de conducta destinados a prevenir conflictos de intereses, las normas para el uso adecuado de los recursos públicos y la prohibición de beneficios tributarios a privados por actos de corrupción; de mecanismos de control interno y de detección, como son la denuncia de actos de corrupción, la protección a denunciantes, las declaraciones de patrimonio e intereses, los sistemas de ingreso de funcionarios y de contratación pública; y, de mecanismos de control externo, como son los mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, y el fortalecimiento de los órganos de control. No ha habido examen y recomendaciones especialmente dirigidas al sector privado (en tanto potencial corruptor) ni a la corrupción privada (aquella entre privados), seguramente porque la CICC no establece provisiones específicas para ese sector, aunque tal vez habría sido posible promover una línea de acción en ese sentido (basándose en las medidas del artículo III numerales 10 49 y 11,50 y en las medidas represivas de los artículos VI, VIII y XI).51 La represión de la corrupción ha sido estimulada fortaleciendo el marco normativo, mediante la tipificación penal de delitos especialmente asociados a la corrupción, como son el soborno nacional o transnacional, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el lavado de activos, así como a través del examen de las condiciones nacionales para la extradición y la asistencia recíproca. Aquí también el foco se dirige con algún mayor grado de fuerza sobre los funcionarios y autoridades corruptos, aunque haciéndolo extensivo en general a todo el sector publico. Como ya se mencionó el sector privado y la corrupción privada no están en el foco de la represión penal, como tampoco la recuperación de activos. Indudablemente, estas grandes áreas de acción anticorrupción se han impulsado con mayor fuerza en los países de la región debido al apoyo jurídico que provee la CICC, y el apoyo político de la OEA como su organismo promotor.52 La tendencia de los últimos diez años muestra una disposición de los gobiernos a implementar las medidas anticorrupción de la CICC, aunque a la vez resulta evidente que tal disposición no se ha traducido en una mayoría de procesos y resultados exitosos, como se verá más adelante. Para ello es necesario que la voluntad formal de los gobiernos se asiente en la voluntad política de los actores anticorrupción domésticos, comenzando por las más altas autoridades, y permeando el proceso de gestión de las políticas públicas 53 de una manera sostenida. Los informes de seguimiento de la OEA muestran que en algunas materias las recomendaciones del MESICIC se enfocaron sobre diversas etapas del proceso de gestión de medidas anticorrupción. En algunas materias, las recomendaciones instaron a la dictación de normas, la ampliación de la cobertura 49
Aplicación de medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 51 Sobre actos de corrupción, soborno transnacional, uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias. 52 La focalización de la actividad intergubernamental sobre estas materias ha llevado al desarrollo de otros aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, ya que se ha generado un consenso regional en la cooperación anticorrupción, en la valoración del intercambio de información sobre los problemas de corrupción nacionales y sobre la participación de la sociedad civil en la tarea, y la aceptación de los gobiernos – al menos formal – de la posibilidad de recibir recomendaciones y apoyo de los otros Estados. 53 Que incluye la asignación de recursos y la capacidad burocrática para sostener el desarrollo técnico y operativo de cada iniciativa. 50