Dicho esto, la persecución estatal del individuo por crímenes internacionales o violaciones de normas que protegen a las personas civiles se remonta a la Segunda Posguerra, porque fue a partir de ese episodio cuando la comunidad pone mayor empeño en hacer posible la persecución del individuo por las conductas atroces cometidas durante la guerra.
Asimismo, para afianzar la represión de los crímenes señalados, la comunidad internacional puso a disposición de los Estados los Convenios de Ginebra de 1949 para su firma y ratificación. En cualquier caso, respecto a la protección debida de las personas civiles en los conflictos armados internos, los artículos 146 y 147 del cuarto Convenio comprometen a las Altas Partes Contratantes a adoptar todas las medidas legislativas para imponer sanciones penales a quienes cometan o den orden de cometer cualquier infracción grave del Convenio. A pesar de que éste Convenio aplica a los conflictos armados internacionales, por extensión, esta norma alcanza a los conflictos armados internos de acuerdo al artículo 3 común.
Es por ello que, en los conflictos armados internos, los Estados están llamados a enjuiciar a quienes cometan cualquier violación contenida en el cuarto Convenio, y en virtud del principio de jurisdicción universal, enjuiciar o extraditar a los presuntos culpables de cometer violaciones graves del mismo. No obstante la norma prevista después de la Segunda Posguerra y el enjuiciamiento de crímenes internacionales cometidos contra personas civiles en los juicios de los tribunales de Nüremberg y Tokio, la represión de crímenes internacionales en conflictos armados internos cometidos contra personas civiles entró en una etapa de estancamiento doctrinal y jurisprudencial. Ello fue debido a motivos extrajurídicos, como apunta Jaume Ferrer, suscitados por la Guerra Fría que paralizaba el desarrollo del derecho internacional penal por las tensiones políticas entre las dos Superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética)522.
522
Ferrer Lloret, Jaume, “La Aplicación de las Normas Internacionales sobre la Responsabilidad Penal del Individuo: Valoración de la Práctica Más Reciente”, en Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 27, 1998, pp. 11-79 (14).
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