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○ ○18○N°○ 132* ○ ○ Bogotá, ○ ○ ○ mayo ○ ○ ○de○2009 ○ ○* Lic. ○ ○de○ Mingobierno ○ ○ ○ ○ ○N°○ 1081 ○ ○ ISSN ○ ○ 01222759 ○ ○ ○ ○* ○Tarifa ○ ○Postal ○ ○ Reducida ○ ○ ○ ○ Nº○ ○2008-386 ○ ○ ○Servicios ○ ○ ○ ○Postales ○ ○ ○ Nacionales ○ ○ ○ ○ ○S.A.○ vence ○ ○ ○31○de○ Dic. ○ ○2009. ○○ Año

LA MUJER EN LA CRISIS

CONFLICTO ARMADO SI HAY

PUBLICACIÓN DE LA

CORPORACIÓN VIVA

LA

CIUDADANÍA

AL

Un encuentro Un deslucido democrático y Primero de Mayo participativo

La acostumbrada celebración del Día Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo todos los años el día Primero de Mayo, se vio empañada esta vez por la intolerancia de algunos vándalos que se dedicaron a destruirlo todo. Encapuchados ocultando los rostros de la violencia que tanto daño le hace a la sociedad, se enfrentaron con la Policía y causaron pérdidas millonarias. Pese al urgente llamado de los dirigentes sindicales que llamaron a la cordura y la sana protesta, las manifestaciones de cientos de trabajadores debieron ser disueltas más temprano de lo acostumbrado.

Los titulares de prensa de los principales medios, que deberían ocupar sus espacios con las demandas de los trabajadores, con sus peticiones al Gobierno Nacional para que se les brinden condiciones dignas y mejoras en sus salarios, esta vez tuvieron que esperar… esta vez los titulares se ocuparon de los vándalos. El llamado urgente es para que los trabajadores recuperen esos espacios democráticos. La protesta en la plaza pública debe retornar a la paz, para que los próximos Primero de Mayo sean lo que fueron: una fiesta democrática de los trabajadores...

CIERRE

Dignidad y autonomía en defensa de la vida Finalizó con éxito el XIII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, que se llevó a cabo los días 26 y 30 de Abril de 2009 en el territorio de diálogo, convivencia y negociación de La María, Piendamó. En el magno evento de las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca, participaron delegados de organizaciones sociales, estudiantiles, ONG´s de Derechos Humanos, organizaciones regionales indígenas y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, entre otros. Según voceros del CRIC, en el resguardo indígena La María, municipio de Piendamó, lugar histórico, donde se gestó el gran proceso de resistencia pacífica de los pueblos indígenas del Cauca y Colombia, se reunieron más de 8 mil personas. La multitudinaria asistencia aprovechó el encuentro de la hermandad para intercambiar productos propios, semillas tradicionales, música autóctona al tiempo que compartió rituales como el Trueque. Durante los 5 días de desarrollo del XIII Congreso Regional Indígena del Cauca, sesionaron siete comisiones referidas a educación, salud, medio ambiente y economía propia, goberna-bilidad, administración propia, Minga de resistencia social y comunitaria y, defensa de la vida y propuestas de paz. En cada una de las mencionadas comisiones se evaluaron los avances y dificultades de los 38 años de vida organizada al tiempo que se buscó establecer mecanismos operativos para hacer realidad la garantía de los derechos históricos de los pueblos indígenas. “Con dignidad y autonomía en defensa de la vida… la minga continúa…

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EDITORIAL

La necesidad de restaurar la ética en la política: HACIA UNA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA Hoy casi nadie duda de la profunda penetración de la mafia y de los actores armados ilegales en la vida política del país desde mediados de los años ochenta del siglo XX. El procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez (1982 1986), denunció lo que a la postre se convirtió en parte de los problemas centrales de la vida social pública en Colombia actualmente. Un amplio sector de la élite colombiana favoreció y empujó a las fuerzas armadas y de policía así como a importantes sectores de la institucionalidad a practicar políticas violatorias de los derechos humanos como las torturas, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los seguimientos ilegales a la oposición o a los defensores de los derechos humanos. Más tarde ante el crecimiento de la subversión armada protagonizada por las guerrillas, se dieron a la tarea de organizar grupos armados ilegales, ligados estrechamente con las fuerzas armadas que por lo tanto fueron bautizados popularmente como grupos paramilitares. A finales de los años ochenta del siglo XX el entonces ministro de Gobierno, César Gaviria Trujillo, denunció que existían en Colombia 128 grupos paramilitares. Muchos de ellos fueron organizados directamente en coordinación con sectores del Estado como aquellos del Magdalena Medio que ayudó a formar el mercenario israelita Yair Klein –quien debería ser solicitado con mayor firmeza a las autoridades Rusas, para que venga a explicar qué sectores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fueron los que le invitaron y le facilitaron su criminal labor al lado de la asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAN y de otros gremios de la producción. Posteriormente esta práctica se hizo regular, como lo señalan Diego Fernando Murillo, alias “don Berna” y Salvatore Mancuso en sus últimas versiones ante la justicia desde los Estados Unidos. Alias Berna ha señalado que la operación Orión que se realizó en la Comuna 13 de Medellín durante el año 2003 se realizó en coordinación con la cuarta ○

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Corporación Viva la Ciudadanía ISSN 0122-2759

Presidente Pedro Santana Rodríguez

Antonio José Madariaga Jaime Humberto Díaz Norberto Ríos Pedro Santana Rodríguez Eduardo Vidal

Director Ejecutivo Antonio José Madariaga

Editor Álvaro Ortiz Ramos

Comité Editorial CAJA de Herramientas María Eugenia Sánchez

Colaboran en este número Cecilia López Montaño Jorge Espitia

Libardo Sarmiento Anzola Álvaro F. Córdoba Caviedes Martha Yaneth Sandoval Observatorio CCEEU Esperanza Cerón Villaquirán Rafael Colmenares Faccini Oficina Comunicaciones - IMP Comité de Interlocución Campesina y Comunal – CICC

Archivo Caja de Herramientas Colaboración desde Internet

Ilustraciones Chócolo

Preprensa e Impresión Editorial El Globo

Fotografías Caja de Herramientas Archivo personal

CAJA DE HERRAMIENTAS - Calle 54 N° 10 - 81 Piso 7 Teléfonos 2496303 - 2495857 - 3480782 - Fax 2120467. Bogotá

Caja de Herramientas es una publicación mensual de la Corporación Viva la Ciudadanía. La integran: Casa de la Mujer, Conciudadanía, Corfas, Corporación Región, Escuela Nacional Sindical - Antioquia, Foro Nacional por Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP y Corporación Podión.

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Cada autor es responsable de sus ideas y para nada compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.

Bogotá, mayo de 2009

no conducen a investigaciones con resultados. Hoy se sabe que 81 parlamentarios en ejercicio que representan el 30.3% del Congreso de la República accedieron a sus curules mediante la coacción armada, el fraude electoral y los dineros provenientes del narcotráfico prolijamente ofrecido por los grupos paramilitares. 60 de los parlamentarios actualmente investigados que suman un poco más de 2.3 millones de votos, son de la coalición uribista y por supuesto representaron los puntales más significativos de la reelección de Uribe que sobre éstas mismas fuerzas pretende perpetuarse en el poder por otros cuatro años. El balance de la política en estas manos es francamente desalentador. Hoy más de la mitad de la población colombiana vive en situaciones de pobreza. Han sido expulsados por guer r i l l a s , paramilitares y fuerzas armadas gubernamentales más de 4 millones de colombianos, es decir, uno de cada diez colombianos es desplazado. A estos millones las fuerzas armadas ilegales les han arrebatado en los últimos once años 5.5 millones de hectáreas de tierras de las cuales un poco más de 1.2 millones estaban en plena producción agropecuaria al momento de ser arrebatadas por los criminales. El Congreso nada hace para restituir las propiedades usurpadas. Por el contrario han tratado con la oposición hasta ahora certera de la Corte Constitucional de legalizar el despojo reduciendo la tradición de los títulos de propiedad a cinco años. Al mismo tiempo en vez de disminuir los atentados contra

brigada del Ejército que comandaba el general Mario Montoya y de la Policía de Medellín que era comandada por el general Leonardo Gallego. Ha dicho que por tanto la política de armar grupos de civiles comúnmente denominados como paramilitares fue una política de Estado. Más recientemente y ante la invisibilización de los grandes medios de comunicación en Colombia, Salvatore Mancuso ha revelado dos asuntos importantes: el primero que los grupos paramilitares surgieron en Córdoba bajo la orientación de las fuerzas armadas gubernamentales y ha señalado al general Iván Ramírez como al militar que alentó la organización de estos grupos contando con la cobertura de las llamadas Cooperativas de Seguridad “Convivir” que fueron creación gubernamental desde los años sesenta del siglo XX y que fueron puestas en marcha con inusitado entusiasmo en los años noventa. La segunda revelación es que no busquen muchos de los cadáveres puesto que por orientaciones del Ejército se había decidido construir hornos crematorios para incinerar los cuerpos de tal manera que se disminuyera el índice de homicidios en Colombia. Los recientes escándalos sobre espionaje y persecución en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no deben hacernos olvidar que por espionaje a la oposición y a la propia Corte salieron 12 generales de la Policía Nacional, sin que las investigaciones judiciales hayan arrojado luces sobre quiénes y para qué ordenaron dichas interceptaciones. Reuniones en la Casa de Nari para conspirar contra los jueces de la Corte Suprema, que

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los derechos humanos estos proliferan por doquier. En la Fiscalía General de la Nación avanza una investigación que calcula que los desaparecidos en los últimos treinta años están entre 15 mil y 50 mil y los falsos positivos solo bajo este gobierno ya superan la cifra de los 1300. El modelo económico que busca a toda costa el predominio del sector externo que favorece la globalización neoliberal quiere perpetuar los bajos salarios, la informalidad, la precarización de las condiciones laborales y busca ante todo favorecer el agronegocio, en detrimento de los vientos de miles de familias campesinas, que son las que proveen la mayor parte los alimentos a la mesa de los colombianos, los indígenas son perseguidos, los afrodes-cendientes acosados por las industrias mineras y las industrias extractivas de madera así como por los palmicultores que aliados con los paramilitares se han apropiado de decenas de miles de hectáreas de sus tierras. El importante crecimiento económico de los últimos cincuenta años ha ido a engrosar principalmente las chequeras de los cinco grandes conglomerados económicos y financieros existentes en el país y por supuesto a las multinacionales y sus megaproyectos en Colombia. Bueno el listado sería interminable. Por ello ante un modelo económico que solo favorece a los grandes conglomerados económicos y financieros, ante la falta de un Congreso que legisle para que se realicen las reformas económicas y sociales que se requieren para que disminuya la concentración de la renta y del ingreso, para que se produzca una reforma agraria que enfrente el problema de los cultivos de uso ilícito y se cree un campesinado medio que sea la talanquera para el narcotráfico, para que se castiguen los nexos entre el crimen y los partidos, para que se respete el medio ambiente, etc. etc. cientos de organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales se encuentra la Corporación Viva la Ciudadanía, hemos decidido convocar para la primera quincena de Agosto una Cumbre Social y Política que proponga al país las transformaciones que se requieren para hacer de Colombia una sociedad viable y en paz. Los colombianos y las colombianas que quieran sumarse a este esfuerzo democrático se pueden poner en comunicación con nosotros. La Política en Colombia requiere que se transforme para que se ocupe de los principales problemas de nuestras gentes y del país.


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MUJER en la crisis

Es un hecho que la mujer está totalmente expuesta a las consecuencias más profundas de la crisis económica. Por su inserción precaria en el mercado de trabajo está expuesta a la pérdida del empleo, a una mayor pobreza y a la expulsión del sistema de seguridad social. Las cifras son contundentes y ya se ha prendido la alarma sobre la situación de las latinoamericanas. La misma OIT afirma que en América Latina es donde posiblemente se sentirá más el impacto en el desempleo de las mujeres como consecuencia de un menor ritmo de crecimiento y de una amplia desventaja de la mujer en el mercado laboral de la región. Según este organismo de Naciones Unidas, en el 2008, el desempleo mundial femenino fue de 6,3% mientras en América Latina fue de 9,3% (superado solamente por Oriente Medio, 13,4%, y el Norte de África, 16,1%) Pronostican además un desempleo mundial entre un 6,5% (optimista) y un 7,4% (pesimista). Para América Latina esta proyección se encuentra entre un 9,8% y un 11%. Colombia está peor que el promedio latinoamericano dado que el desempleo de las mujeres se situó en el 15,4% en el trimestre noviembre de 2008 a enero de 2009, cuando apenas empezaba la crisis. Pero estas dificultades son de vieja data. En el caso colombiano, el 52,1% de los desocupados son mujeres, sus ingresos, aun en igualdad de condiciones, son inferiores a los de los hombres. Pero lo más complicado de la difícil situación actual en el país, en donde es evidente que el problema es el empleo, es que debido al impacto de la crisis, en 2009 es posible que el número de desempleados llegue a más de 3 millones, lo que correspondería para el caso de las mujeres a una tasa superior al 19%. Pero la situación será aún más compleja. En el campo, el desempleo fue del 8,7% en el trimestre noviembre 2008 a enero de 2009 y el de las mujeres llegó a niveles del 17,1%. Ahora bien, las exportaciones a Estados Unidos están cayendo dramáticamente y se prevé que serán las flores y las confecciones las actividades más afectadas. Precisamente en estos sectores es donde predomina la mano de obra femenina. En un gobierno para el cual las mujeres no han sido una prioridad, poco o nada se menciona esta crítica realidad. Se ignora además que el 30% de los hogares colombianos tienen jefatura femenina y por consiguiente su falta de ingresos afectará a un número muy significativo de niños en un país lleno de padres ausentes. Las propuestas del Gobierno para hacerle frente a esta crisis, consisten en insistir en lo que no toca: confianza inversionista o sea más subsidios para atraer una inversión que será escasa en estas épocas y subsidios a los pobres, cuando lo que se requiere es crearles empleo a través de programas de emergencia financiados por el Estado. Las mujeres sin empleo y sin ingresos serán una dura realidad que se sumará a las otras tragedias que ya las afecta. Un tema muy relacionado con la vida del campo tiene que ver con el drama del desplazamiento. De un total de 2,93 millones de desplazados el 48,8% son mujeres. Lo problemático del tema es que en casi la mitad de estas familias de desplazados el jefe del hogar es la mujer. Según cifras de Acción Social, de los 662.580 hogares desplazados, el 47% tiene jefatura femenina. Como es bien sabido, una crisis económica internacional afecta directamente las economías de los centros urbanos. Hay una reducción de la inversión, una disminución de las remesas y muchas empresas tanto nacionales

Las mujeres sin empleo y sin ingresos serán una dura realidad de la crisis económica que se sumará a las otras tragedias que ya las afectan. como multinacionales cierran operaciones por bajas ventas ya sea en el mercado local o en los mercados internacionales. Esto trae consigo unos efectos negativos para la economía de las ciudades y, como consecuencia, para las miles de familias de desplazados que se van a los grandes centros urbanos buscando una nueva oportunidad de vida.

La hora de las mujeres Ante este preocupante panorama, es necesario realizar cambios radicales en las políticas de género. Debemos tener un reconocimiento explícito de la mujer en la economía de mercado y en la economía del cuidado. Sin embargo, para eso debemos cambiar radicalmente nuestra actitud con respecto a nuestro papel en la sociedad. No más lamentaciones ni seguir justificando nuestro escaso acceso al poder por condiciones externas. La mujer debe tener la iniciativa de acceder a los máximos niveles del poder público, del poder político. Llegó la hora de las mujeres. Es el momento de dar un salto cuantitativo en este debate.

Las particularidades de la mujer deben aprovecharse para el bien de la política. Somos más educadas en promedio que los hombres; hemos liderado la transición demográfica en el país y, a pesar de las profundas desigualdades en el campo laboral en comparación con los hombres, participamos activamente en este mercado. Podemos hacer una diferencia en los más altos niveles del poder político. En estos, la mujer puede encontrar soluciones a los problemas de género. Asimismo, en los otros temas, las condiciones históricas de exclusión de la mujer nos permiten entender mejor los temas no resueltos por los hombres: los conflictos, las discriminaciones y las injusticias sociales. Es por eso que el discurso de la mujer debe ser el de la equidad y de los derechos. Y las crisis son las grandes oportunidades para estos cambios I

* La autora es senadora de la República y precandidata presidencial. E-mail cecilia@ceiclialopez.com www.cecilialopezcree.com www.cecilialopez.com Bogotá, mayo de 2009

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La

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO * Bogotá, D. C.


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Crisis económica

Los indicadores de la

ECONOMÍA COLOMBIANA

y el Plan de Choque

JORGE ESPITIA * Bogotá, D. C. En días pasados el DANE publicó un grupo de indicadores económicos de coyuntura, los cuales permiten tener una información adicional acerca de la evolución y tendencia que viene tomando la economía colombiana. Entre estos indicadores se encuentran la información de la industria manufacturera; del comercio al por menor; las importaciones; el PIB trimestral; entre otros, los cuales complementan otro conjunto de datos como la tasa de desempleo o el crecimiento económico trimestral. De igual manera, esta información contribuye a evaluar el plan de choque propuesto por la Administración para hacer frente a la crisis.

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Evolución de la Industria Manufacturera El Índice de la producción real de la industria manufacturera, cayó un 12,8% al pasar de 138,85 en febrero de 2008 a 121,08 en igual mes de 2009. Este comportamiento lo explica básicamente la menor producción de las industrias de vehículos automotores, siderúrgicas, refinerías de petróleo, confecciones, molinos y fabricantes de alimentos balanceados. Es de anotar que la producción real viene cayendo continuamente desde agosto de 2008. De igual manera, la segunda derivada del índice de la producción, es decir, la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento, tiene signo negativo desde julio de 2007. Esto lo que nos dice es que la desaceleración del crecimiento de la producción industrial viene desde hace varios meses julio 2007 a febrero de 2009 (Ver Gráfico 1). Cabe anotar que la Industria Manufacturera representa cerca del 15 del total del Producto Interno Bruto colombiano. La caída de la producción industrial afecta necesariamente el nivel de empleo. El empleo en la industria manufacturera, sin trilla de café, disminuyó 6,7% frente al mes de febrero de 2008. De acuerdo al tipo de contrato, el personal vinculado en forma indefinida por el sector fabril disminuyó 1,5%, mientras que Bogotá, mayo de 2009

El Gobierno Nacional no ha realizado un esfuerzo económico adicional para hacer frente a la crisis y la evolución histórica

Gráfico 1. Comportamiento de la Producción real de la Industria Manufacturera

de la inversión presupuestal subnacional y nacional no han contribuido a aliviar la crisis, de ahí que resulte necesario entrar a discutir posibles medidas efectivas de choque como un plan agresivo de vivienda de interés social. el personal contratado a término fijo se contrajo en un 12,6%. El personal permanente (contrato a término indefinido) representó el 56,2% del total de la ocupación laboral en el mes. El nivel de empleo en la industria viene cayendo desde mayo de 2008, y la mayor tasa se presenta en el personal vinculado directamente con los procesos productivos donde la caída estuvo cercana al 8,3% en el mes de febrero de 2008; y no con el personal vinculado a actividades de administración y ventas. La tasa de crecimiento del índice de empleo de la industria manufacturera presenta signo negativo desde julio de 2007, al igual que el índice de total de obreros (Gráfico 2, Cuadro 1) Las ventas en la industria manufacturera en febrero, presentaron una caída de 10,4%, explicado principalmente por la disminución de las ventas de vehículos automotores; productos de hierro y acero, y confecciones. El Índice de Ventas presenta tasas anuales de crecimiento negativas desde mayo de 2008.

Comercio al por menor Durante el mes de febrero de 2009, las ventas del comercio minorista cayeron en un 4,1% respecto al mismo mes de 2008. Los grupos de mercancías que

Gráfico 2. Evolución del Empleo en la Industria Manufacturera

Gráfico 3. Evolución de las ventas en la Industria Manufacturera


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Crisis económica

Gráfico 4. Ventas reales en el comercio minorista

Gráfico 5. El empleo en el comercio minorista

Consumo de Energía Eléctrica El comportamiento de los anteriores indicadores y otros que aquí no se incluyen, contrastan con la evolución que ha tenido el consumo de energía eléctrica promedio diario en día laboral. En febrero el consumo diario promedio de energía eléctrica por día laboral creció tan sólo un 0,6% al pasar de 153,3 GWH/ día en febrero de 2008 a 154,2 GWH/día en febrero de 2009.

Inflación La rápida disipación que ha tenido la inflación coincide con la caída del precio de los “commodities” como el petróleo, el carbón, entre otros; el fuerte enfriamiento de la economía colombiana y la subida de la tasa de desempleo y no propiamente al manejo que le ha dado la autoridad monetaria. Estos indicadores base, indican que la crisis económica internacional, contrario a lo que pensaba el Gobierno Nacional, perneó el blindaje de la economía colombiana, y las diversas medidas de política que se han venido tomado (reducción de las tasas de interés; acuerdos con el sector privado y los gobiernos subnacionales para no despedir trabajadores y acelerar los planes de inversión, etc.) no han sido del todo eficaces a la hora de frenar la caída de la producción y detener las repercusiones nocivas entre el debilitamiento de la generación de empleo, desaceleración del consumo de los hogares, entre otros. La reactivación de la economía va a depender de que se redoblen los esfuerzos para restablecer la demanda interna con políticas monetarias y fiscales más expansivas.

El Plan de choque del Gobierno Nacional para generar empleo El pasado 6 de febrero el Ministro de la Protección Social presentó el programa por 55 billones de pesos para la reactivación de la economía y generación de empleo en el país, con el cual se busca generar más de 800 mil puestos de trabajo1. “Complementario a la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional que busca incrementar y acelerar las inversiones en el país, para que este tenga el verdadero efecto a nivel laboral, necesitamos mejorar los programas adicionales como capacitación, intermediación, focalización. También hay que preservar la estabilidad de los programas sociales y la estabilidad jurídica que den confianza a los inversionistas”, indicó el Minprotección Diego Palacio Betancourt. El Sena y las Cajas de Compensación Familiar estarán a cargo de la capacitación de los trabajadores desvinculados de sus labores, para reactivarlos. De igual manera el Ministro instó al sector privado, a los entes subnacionales para que cada uno empiece a estudiar medidas contracíclicas que puedan tener impacto laboral, con el único propósito de tratar de perder la menor cantidad de empleos producto de la situación económica mundial. La estrategia planteada para hacer frente a la crisis mundial tiene cuatro componentes: i) Postura fiscal razonablemente anticíclica en condiciones de sostenibilidad de la deuda, con una priorización del gasto público; ii) Asegurar el acceso a financiación externa; iii) Garantizar el financiamiento de la actividad productiva; y, iv) Proteger el empleo y promover la competitividad. En el marco de la primera estrategia esta la disminución de la carga impositiva que viene operando desde el 2006 y la priorización del gasto público (Esquema 1). En el marco de la segunda estrategia se señala: i) Continuar con una política activa de negociación con la banca multilateral para incrementar los desembolsos de recursos en caso de dificultades de acceso a los mercados financieros externos; ii) Asegurar con la banca multilateral el financiamiento de la Nación PASA A LA PÁGINA 6

Gráfico 7. Evolución de la Inflación total y de los alimentos

Esquema 1

Caja de Citas * El autor es profesor universitario. 1 “Como respuesta a la crisis internacional y sus efectos sobre la economía colombiana, el Gobierno Nacional presentó al país un ambicioso plan de inversiones a ser ejecutado en 2009 por $ 55 billones. La ejecución exitosa y oportuna de estos recursos no sólo es responsabilidad del Gobierno Nacional, sino del sector privado y las entidades territoriales”. Presentación del DNP el pasado 22 de abril de 2009 con los Departamentos. www.dnp.gov.co) Bogotá, mayo de 2009

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registraron las variaciones negativas más notables fueron: lubricantes para vehículos; vehículos automotores y motocicletas; y utensilios de uso doméstico. La variación porcentual de las ventas reales del comercio minorista viene presentando tasa negativas de crecimiento desde septiembre de 2008. El empleo del comercio minorista disminuyó 1,19%, respecto al mismo mes del año anterior. Se destaca el comportamiento del personal permanente, con una variación de -2,5% y cuya contribución fue de -1,6 puntos porcentuales a la variación total.

Gráfico 6. Evolución del Consumo de Energía Eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional en un día laboral.


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Crisis económica

VIENE DE LA PÁGINA 5 hasta por US$2.400 millones en 2009; iii) Mostrar la exitosa colocación de un Bono Global por US$1.000 millones para asegurar las necesidades de financiación externa en 2009; y iv) Asegurar una cuenta de capitales pública superavitaria. Para garantizar el financiamiento de la actividad productiva se desarrolla: i) Línea BID-Bancoldex por US$650 millones (US$100 millones para 2008, US$200 millones para 2009, 200 para 2010 y 150 para 2011); ii) Línea CAF-Bancoldex por US$300 millones; iii) Capitalización del Fondo Nacional de Garantías por Findeter y Bancoldex por $80mm, lo que permitirá apalancar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas por monto cercano a $500mm; y, iv) Flexibilización de la política monetaria: reducción de los niveles de encaje y reducción de las tasas de interés de intervención. Finalmente, dentro de la estrategia de Proteger el empleo y promover la competitividad se propone: i) Intensificar las alianzas con el sector privado para ampliar el acceso a mercados y promover mejoras en productividad; ii) Activar una estrategia que aproveche los mecanismos institucionales existentes para proteger al empleo y a los trabajadores; iii) Involucra

al Gobierno Nacional, a Gobiernos Locales, las Cajas de Compensación, los gremios y los sindicatos; iv) Acciones orientadas a fortalecer y ampliar las alternativas y oportunidades que ofrecen los programas de capacitación y reentrenamiento; información e intermediación laboral; y Fortalecimiento del vínculo entre educación media y programas del Sena. Como se puede concluir del discurso gubernamental, el Gobierno Nacional desde hace ya varios meses tenía prevista toda una gama de estrategias para hacer frente a la actual crisis (reducción de los impuestos de acuerdo con la Reforma Tributaria de 2006), lo cual les permitió hablar de un posible blindaje. Lo único cierto es que a la luz de los indicadores expuestos en la primera parte de este escrito, el impacto de las medidas de reactivación ha sido mínimo, pues muchas de ellas no corresponden verdaderamente a un plan de choque. Dentro del Plan de inversiones públicas se piensa acelerar las obras públicas que en el primer año de gobierno (efecto ciclo político) de las entidades subnacionales tuvieron una baja ejecución mediante una alianza con el gobierno nacional: “Es importante que los departamentos, municipios y gobierno central realicen un esfuerzo conjunto con el propósito de impulsar la inversión y así darle un impulso a la economía. Para

este tema de la política anticíclica se está haciendo una alianza muy importante para lograr la ejecución de los recursos” (Planteamiento del DNP en reunión con gobernadores y funcionarios departamentales). Entre tanto, en el Gobierno Nacional el plan de obras se corresponde con el propuesto al Congreso de la República en el mes de agosto de 2008 cuando se presentó el Proyecto de Presupuesto de 2009 y se preveía: “El conjunto de la información actual permite prever que el crecimiento del 2008 será cercano al 5%, como ya lo había estimado el Gobierno Nacional hace un año, lo que supone que la economía converge hacia crecimientos más sostenibles y acordes con los niveles de largo plazo. Aún así, es importante constatar que se mantienen las bases para asegurar en el futuro un crecimiento de la economía por encima del 5%”. En suma, se puede decir que el Gobierno Nacional no ha realizado un esfuerzo económico adicional para hacer frente a la crisis y la evolución histórica de la inversión presupuestal subnacional y nacional no han contribuido a aliviar la crisis, de ahí que resulte necesario entrar a discutir posibles medidas efectivas de choque como un plan agresivo de vivienda de interés social; obras de infraestructura que incrementen la competitividad nacional mediante financiamiento directo del Banco de la República, por ejemplo I

Fisuras en el BLINDAJE Los reiterados anuncios del gobierno sobre el supuesto blindaje de la economía ante la crisis mundial ya nadie lo cree, son demasiado evidentes las fisuras. Nadie puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo.

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LIBARDO SARMIENTO ANZOLA Bogotá, D. C. Primero cae un mentiroso que un cojo. El gobierno colombiano afirma que el país esta blindado contra la peor crisis económica mundial desde la segunda guerra mundial. El sistema mundo capitalista creció en promedio, durante los años 1994-2003 en 3,7%, del 2004 al 2007 alcanzó un ritmo del 5%; a partir del año 2008 las cifras registran la recesión al caer a 3,5% y en 2009 se estima que no habrá crecimiento económico o, incluso puede ser negativo. La luna de miel de la globalización favoreció principalmente a los países periféricos, gracias a los altos precios que alcanzaron las materias primas, alcanzando aumentos anuales en el Producto Interno Bruto – PIB- cercanos al 8% durante 2004-2007. Los problemas estructurales de estas economías –mercados estrechos debido a la alta concentración de los ingresos y a la pobreza de las mayorías- las hacen depender de las exportaciones. Al finalizar esta luna de miel la dura realidad tocó las puertas de los países dependientes; al entrar en recesión los países de la comunidad imperial y caer sus importaciones el efecto devastador en las sociedades más débiles no se hizo esperar. Bogotá, mayo de 2009

Colombia no es la excepción Según los datos del Departamento Nacional de Estadística –DANE- en febrero de 2009, la producción real de la industria manufacturera decreció 12,8% por ciento; y en el último año se contrajo 6,3%. En febrero de este año, las ventas y el empleo del comercio minorista disminuyeron 4,1% y 1,2%, respectivamente frente a igual mes de 2008. En febrero de 2009 se aprobaron 912.829 m² de licencias para construcción; esto representa una reducción de 32,7% en el área licenciada frente a igual periodo de 2008. En enero de 2009 las exportaciones totales disminuyeron 13,2%, las tradicionales 13,6% y las no tradicionales 12,6%; las exportaciones destinadas a Estados Unidos –principal socio comercial- registraron una caída de 34,2%. En contrapartida, en el primer bimestre de 2009, las importaciones disminuyeron 11,7%. Consecuencia de esta compleja situación, la tasa de desempleo se elevó entre los meses de febrero de 2008 a 2009 de 12,0% a 12,5% y las proyecciones estiman que al finalizar el año el indicador estará en 14% por concepto del desplome de la producción y

la crisis mundial, afectando a más de tres millones de personas de la fuerza laboral colombiana. La economía colombiana, después de alcanzar crecimientos hasta del 7% en 2007, cayó a 3% en 2008 y en 2009 las cifras más optimistas consideran que apenas alcanzará un 0,6% del aumento en el PIB (ver gráfico). Por esta situación, el gobierno ha acudido al FMI a solicitar un crédito flexible por US $10.400 millones, mecanismo recientemente implementado para enfrentar la crisis mundial al que sólo habían acudido México y Polonia y ahora Colombia. La dependencia del crédito externo se explica por los problemas estructurales del déficit fiscal y comercial de la economía colombiana. Para el año 2008 el déficit del Gobierno Nacional Central ascendió a $11,1 billones equivalente al 2,3% del PIB, producto de la diferencia entre ingresos por $75,1 billones y gastos por $86,2 billones. Para el año 2009, el déficit fiscal alcanzará el 3,2% del PIB por lo que debe ser financiado por cerca de $3 billones con crédito externo. Si bien el gobierno controla directamente más del 40% de la riqueza anualmente producida por los trabajadores colombianos, el gasto se orienta a finan-


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Impacto social de la crisis Colombia exhibe el triste record de ser uno de los países de más alta concentración del ingreso y los niveles de pobreza y violencia más agudos en América Latina. Situación que se agrava en tiempos de crisis, dado que el gobierno y los empresarios tienden a descargar su peso sobre los trabajadores. En efecto, la persecución en contra del movimiento sindical ha sido un instrumento eficaz para aumentar la concentración de la riqueza a costa de los ingresos de los asalariados. En los inicios de la década de 1980 el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era de 44%, actualmente viene cayendo de manera acelerada, en el año 2000 esta participación fue de 36,5% y en 2008 alcanzó su nivel más bajo, esto es, 32%. Por el aumento en el desempleo y la caída en los salarios reales en el año 2009 la participación de ingreso de los trabajadores en la riqueza producida por ellos no superará el 30%. Actualmente, cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. En términos comparativos con el valor de la canasta familiar para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal es de tan solo un 47%, esto significa que con dos salarios mínimos el trabajador no puede satisfacer los requerimientos básicos familiares. Con el aumento del precio de los alimentos en niveles de un 50% por encima de los promedios de la última década y el aumento en un millón de desempleados nuevos entre 2008 y 2009, el número de personas pobres que viven bajo condiciones de pobreza aumentará en 4 millones. Si bien el gobierno argumenta que el promedio de

crecimiento económico ha tenido efectos significativos en la reducción de la pobreza en casi 10 puntos porcentuales en lo corrido del siglo XXI (de 58% a 49%, con lo cual más de dos millones de personas habrían salido de la pobreza), la verdadera causa de este descenso debe buscarse en los impactos de la guerra, esto es, en la eliminación y la desaparición física de más de un millón, en su mayoría pobres, y en la diáspora de cerca de 5 millones de colombianos dispersos por los diversos confines del planeta. Estos trabajadores envían a sus familias remesas por más de cuatro mil quinientos millones de dólares, por año, el segundo renglón en ingreso de divisas al país. Este dinero, una vez descontados los costos financieros, es utilizado para aliviar las necesidades básicas insatisfechas de sus familias. Sin embargo, los giros de los colombianos que viven en el extranjero se estima que retrocederán en más del 15 % durante 2009, y muchos de ellos, debido a la pérdida de puestos de trabajo en los países desarrollados, tendrán que regresar al país agudizando el de por sí alto nivel de desempleo. Con todo, el 48,3% de familias en el año 2008 sentía estar en la pobreza, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane. Esta cifra supera en 15 puntos porcentuales el promedio de pobreza de los países de América Latina. La crisis, por tanto, representará una involución en los índices de pobreza retornando al cuadro trágico del siglo XX en el cual dos de cada tres colombianos se encuentran estructuralmente en condición de exclusión. Por último, la violencia tiende a reflejar la situación de crisis. El conflicto social –organizado y no organizado- se alimenta del desempleo, la pobreza, la injusticia social y la polarización política. La marcada tendencia a la baja de las muertes violentas en el país, que se sostenía desde hace cinco años, se frenó en el 2007. Eso es lo que indican las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en el año 2007 reportó 16.269; 38 más que los del 2006, cuando se hicieron 16.231 necropsias por igual número de asesinatos. A partir del año 2008 la cifra de homicidios aceleró su ritmo y para el año 2009 se estima que puede alcanzar cifras históricas de 20.000. Freud, en sus investigaciones psicoanalíticas, puso de presente el predominio de los mecanismos de defensa mediante los cuales las personas se engañan a sí mismas sobre su autonomía, su sabiduría y su integridad. Pero los reiterados anuncios del gobierno sobre el supuesto blindaje de la economía ante la crisis mundial ya nadie lo cree, son demasiado evidentes las fisuras. Nadie puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo I

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ciar prioritariamente el servicio de la deuda externa (30% del Presupuesto Nacional) y la guerra, principal programa de las administraciones Uribe (El Estado gasta US $4.171.205.397 al año para mantener el conflicto armado). Esta situación explica que el gobierno colombiano no haya aprovechado la bonanza de la economía mundial que le tocó administrar durante los años 2002-2007 para crear un fondo anticíclico o haber fortalecido la estructura del aparato productivo nacional. Al contrario, estos recursos fueron dilapidados en gastos improductivos y corrupción (La corrupción en Colombia se encuentra vinculada estructuralmente al clientelismo, la criminalidad organizada, la captura del estado por las elites y a la economía ilegal, lo que dificulta aun más la participación ciudadana en la lucha contra esta patología social e institucional; por esta causa se pierde una tercera parte de los gastos públicos de inversión).

Crisis económica

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Conflicto armado

Reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en

COLOMBIA ÁLVARO F. CÓRDOBA CAVIEDES * 1 Bogotá, D. C. Muchos de los conflictos armados posteriores a la II Guerra Mundial han sido de carácter no internacional y la única disposición con la se contaba para regular estas confrontaciones era precisamente el artículo 3 común. Esta disposición, aunque posee un amplio alcance de aplicación, era insuficiente para resolver los problemas que plantean los conflictos internos en el plano humanitario. En este sentido, el Protocolo II refuerza el núcleo de humanitarismo que el artículo 3 común ya había introducido en las guerras civiles, sin restringir el derecho que tienen los Estados de mantener o restablecer el orden público en el territorio nacional ni los medios que disponen para ello. De conformidad con al artículo 1 del Protocolo II, su ámbito de aplicación son aquellos conflictos armados internos de cierta intensidad, y que se desarrollen al interior del territorio de un mismo país “entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.”2 Si bien se han expresado varias críticas respecto de los alcances y cobertura de aplicación de esta normatividad en razón a las restricciones introducidas por el citado artículo primero3, lo cierto es que el Protocolo II enuncia las garantías fundamentales que protegen a todas las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades; establece los derechos de las personas privadas de libertad y las garantías judiciales de un juicio equitativo; reconoce la protección de la población civil y los bienes de carácter civil y prohíbe hacer padecer hambre y los desplazamientos forzados. Así mismo, bajo los preceptos de este Protocolo, los heridos deben ser protegidos y asistidos; el personal sanitario y los transportes sanitarios deben ser protegidos y respetados.

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Naturaleza declarativa En este aspecto, bien vale citar a Rodrigo Uprimny, quien asegura que las discusiones sobre la aplicabilidad del DIH en Colombia son innecesarias a la luz de la doctrina y la jurisprudencia internacional, según la cual los tratados de DIH en lo esencial se limitan a reconocer las normas consuetudinarias imperativas o de ius cogens: “... en repetidas ocasiones se ha dicho que en este campo, las normas positivas son en gran medida una simple codificación del derecho consuetudinario. Esto significa que en general los convenios de DIH no tienen un efecto constitutivo, pues no establecen nuevas obligaciones a los Estados sino que presentan una naturaleza puramente declarativa, esto es, se limitan a reconocer y precisar los alcances de obligaciones Bogotá, mayo de 2009

Según algunos analistas nacionales e internacionales de la compleja realidad colombiana, la gravedad de la situación en materia de violación de los derechos humanos, obedece fundamentalmente al hecho de que por mucho tiempo el Estado y los gobiernos han negado la existencia de un conflicto armado interno de las características exigidas por los pactos del Derecho Internacional Humanitario. preexistentes. De otro lado, en general los contenidos del derecho de los conflictos armados han sido calificados como normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens), esto es, como disposiciones aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional como normas que no admiten acuerdo contrario por parte de los Estados, al punto tal que un tratado que contradiga esos principios sería considerado nulo frente al derecho internacional. De lo anterior se desprende una consecuencia trascendental: en general, las normas humanitarias son obligatorias a nivel internacional para los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino de su carácter consuetudinario: el derecho de la guerra es entonces obligatorio por cuanto hace parte del derecho consuetudinario de los pueblos”4. De otra parte, para este autor, también la Constitución Política de Colombia de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, armonizan con esta doctrina internacional de la fuerza jurídica del DIH, lo que permite concluir que en Colombia opera en todo momento una incorporación automática del DIH al ordenamiento interno, que incluso si no se dan los presupuestos fácticos

para aplicar el Protocolo II, sus contenidos normativos son relevantes para la realidad colombiana, puesto que ellos son en gran parte una simple formulación positiva de las obligaciones consuetudinarias preexistentes. Sostiene al respecto el autor: “En efecto, la Constitución de 1991 ha conferido una singular fuerza jurídica al derecho de los conflictos armados, en particular por medio de tres artículos profundamente innovadores: el artículo 93 que establece la prevalencia en el orden interno de los tratados de derechos humanos aprobados por Colombia; el 94 que consagra la posibilidad de aplicar derechos no enumerados por la Constitución o los tratados pero inherentes a la persona humana; y, finalmente, el 2142 que precisa que en todo caso se respetarán las reglas del DIH. La Corte Constitucional, en la sentencia por medio de la cual efectuó la revisión constitucional del Protocolo I, interpretó de manera muy avanzada estos tres artículos. Según este tribunal, en Colombia, gracias a la Constitución de 1991, opera una incorporación automática de todo el DIH al régimen jurídico colombiano”.5 Para reafirmar esta posición jurídica, y con miras a darle un mayor carácter vinculante dentro de las discusiones que se sostienen en Colombia sobre la existencia del conflicto armado interno y la obligación de sujetarse a la normatividad humanitaria vigente, bien vale la pena citar algunos apartes de la importante Sentencia C-574 del 28 de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional de Colombia a la cual hace alusión el profesor Uprimny. Sostuvo la Corte Constitucional en esa oportunidad: “La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. (...) Por otra parte, en el artículo 214, numeral 2º de la Carta se consagró el valor supraconstitucional del DIH cuando, al regular los parámetros a que se sujetan las atribuciones presidenciales durante los estados de excepción, dispuso: “En todo caso, se respetarán las reglas del DIH”. No se exige, en tales condiciones, ratificación o adhesión al convenio o al tratado. En otros términos, con la incorporación de este principio los constituyentes quisieron ante todo proteger los valores humanitarios reconocidos universalmente por la comunidad internacional, abstracción hecha del derecho que los consagra. En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del DIH al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. (...) Lo cual significa, ni más ni menos, que las reglas del DIH son hoy –por voluntad expresa del Constituyente- normas obligatorias per se sin ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y lo son “en todo caso” como lo señala significativamente la propia Carta.


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En esta condiciones, no hay duda de que el DIH constituye uno de los más eficaces instrumentos de protección del núcleo común que comparte con los derechos humanos, tal como lo ha señalado la más autorizada doctrina”.6

Violaciones al DIH Esta interpretación de la Corte Constitucional fue reafirmada con ocasión de la Sentencia de revisión de constitucionalidad del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (Sentencia C225, mayo 18 de 1995), ratificado por Colombia en virtud de la Ley 171 de 1994, en donde de alguna manera sentenció no sólo la aplicación irrestricta de todo el derecho humanitario en nuestra realidad, sino que también dejo en claro que la aplicabilidad de este derecho es en relación directa con la existencia de un conflicto armado interno. Es más, si bien podría continuarse aceptando algún tipo de debate en torno al cumplimiento o no de las condiciones fijadas por el Artículo 1 del Protocolo II, es claro que bajo los presupuestos del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, no podrían seguirse argumentando dudas, toda vez que en los términos de este artículo, y tal como lo sostiene el conocido experto Christophe Swinarski, para reconocer la existencia de un conflicto armado dentro de un país “basta que un conflicto no internacional ocurra dentro del territorio de un Estado entre grupos identificables, sin la exigencia de que el bando opositor ejerza un dominio sobre una parte del territorio estatal y tenga capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.7 Por tal motivo en dicha sentencia la Corte Constitucional, afirmó: “En el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas [del Derecho Internacional Humanitario] por las partes en conflicto se revela particularmente imperiosa e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país ha afectado de manera grave a la población civil, (…) la principal causa del desplazamiento tiene que ver con las violaciones al derecho internacional humanitario asociadas al conflicto armado interno. (…) El hecho de que el Protocolo II, como instrumento convencional, sólo entre en vigor y adquiera obligatoriedad internacional para Colombia seis meses después de la ratificación de este instrumento internacional por el Presidente de la República, según lo señala el artículo 23 del propio Protocolo, no implica, en manera alguna, que las partes en el conflicto armado colombiano puedan jurídicamente ignorar sus obligaciones humanitarias”.8 (Negrillas fuera del texto). Además de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, el Auto 251 de 2008 relativo a la problemática de la niñez desplazada, la Corte Constitucional confirma lo ya expuesto anteriormente al realizar todo su análisis partiendo del supuesto de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, entendiendo a su vez dicho conflicto como el causante de las diferentes afectaciones de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes desplazados, a quienes igualmente reconoce, tal como se ha visto, como las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país9. Afectaciones que son originadas fundamentalmente por los siguientes factores que indica la Corte y que encuentran sustento en el conflicto actual: i) La dinámica misma del conflicto armado y los patrones prevalecientes del desplazamiento forzado en el país (…) ii) La exposición de menores de edad a los actos criminales de impacto general cometidos en el marco del conflicto armado (…) iii) Los riesgos especiales a los que están expuestos los menores de edad en el marco del conflicto armado10. Así mismo, en su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, correspondiente al año 2008 y que fuera presentado el 19 de Febrero de 2009, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce que Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas, cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanente para el Estado y su población. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y la fuerza pública, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso efectivo a la justicia siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos11. Por otra parte, sería igualmente conveniente mencionar que según algunos analistas nacionales e internacionales de la compleja realidad colombiana, la gravedad de la situación en materia

de violación de los derechos humanos, obedece fundamentalmente al hecho de que por mucho tiempo el Estado y los gobiernos han negado la existencia de un conflicto armado interno de las características exigidas por los pactos del Derecho Internacional Humanitario. Esta especie de ceguera política condujo a que paulatinamente el conflicto empezara a extenderse a todo el territorio nacional, en una pluralidad de esquemas y de formas que se hacía imposible pensar en respuestas unívocas que condujeran a soluciones generales. Al negarse la existencia de un conflicto armado interno, los actores armados, que para nuestra realidad responden a características muy diversas y multiformes, aplican con auténtica libertad y de forma indiscriminada los métodos y los medios utilizados en la guerra, traspasando en gran medida su objetivo militar a la población civil o a grupos civiles que, independientemente del conflicto armado, se mostraban desde el punto de vista eminentemente ideológico o político, en consonancia con alguno de los bandos en conflicto.

La Defensoría Sobre este particular, es importante citar el informe anual correspondiente al año 2004, presentado por el Defensor del Pueblo ante el Congreso de la República en marzo de 2005, en donde de manera enfática reconoce que “En Colombia sigue existiendo una sistemática amenaza a los derechos humanos y una constante violación de ellos y de las normas del derecho internacional humanitario. Las medidas adoptadas no han resultado suficientes frente al compromiso de protección y garantía previsto en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”.12 La Defensoría del Pueblo, ratifica que en Colombia existe un conflicto armado interno, donde se debe aplicar “la normativa del Artículo 3° –común- de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de su Protocolo adicional II de 1977”. Para la Defensoría la conceptualización del conflicto ha venido suscitando polémica en diversos sectores de la sociedad, ya que desde algunos sectores del Gobierno la situación del país se reduce a una amenaza terrorista, lo que lleva a un problema de aplicabilidad e incumplimiento de las normas del DIH, opinión compartida por organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Defensor llama la atención del Gobierno sobre las consecuencias de permanecer en esa posición, ya que nuestro país se ha comprometido a respetar y a hacer respetar los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales en todas las circunstancias, y tales circunstancias incluyen los conflictos armados en los cuales haya terrorismo o actos de terrorismo, así el DIH no contemple como excepción a su aplicación que el terrorismo se presente en un conflicto armado, ya sea internacional o interno. Como consecuencia “El Estado colombiano está obligado, con base en los tratados internacionales que ha ratificado o a los cuales ha adherido, a respetar y hacer respetar los estándares mínimos internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos y de aplicación del DIH.”13

Conflicto armado

En el informe no se niega el uso repetitivo de actos terroristas por parte de los actores armados y afirma que los Estados, de acuerdo con las normas del derecho internacional vigentes y en los convenios para la lucha contra el terrorismo, han condenado tales prácticas. El DIH prohíbe los actos de terrorismo y de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. El nuevo derecho penal internacional facilita el juzgamiento de los ataques deliberados contra la población civil como crímenes de guerra. No obstante la lucha válida contra el terrorismo no permite poner a un lado los instrumentos jurídicos aplicables a los conflictos armados ni las normas sobre protección de los derechos humanos, pues esto afectaría seriamente su legitimidad. Esta posición de la Defensoría del Pueblo concuerda con la que sostuvo en su momento el Defensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño en el concepto emitido ante la Corte Constitucional con ocasión del control de constitucionalidad de la Ley 171 de 1994 mediante la cual se ratificaba el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. La posición del entonces Defensor del Pueblo fue expuesta por la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-225 de 1995 en los siguientes términos: “Estas normas del Protocolo II, que según el Defensor prevalecen en el orden interno (CP Art. 93), no sólo concuerdan con los principios y valores esenciales de la Constitución sino que, además, son de enorme importancia para la vida nacional, pues protegen a la población civil y facilitan una solución negociada del conflicto armado colombiano. En efecto, según el ciudadano Córdoba Triviño: “La Defensoría del Pueblo ha venido señalando que mientras llega el momento de acordar la paz, las partes en conflicto deben concertar la humanización de la guerra y el respeto a quienes no participan en las hostilidades pues, en el difícil camino de la búsqueda de la convivencia, nada acercará tanto a los combatientes como el hecho de ponerse de acuerdo en no hacer daño alguno a las

Caja de Citas * El autor es Abogado (Universidad Externado de Colombia), Especialista en Ética y Derechos Humanos (Universidad del Valle), Candidato a Doctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Fundación Intervención en Justicia y Coordinador del Programa de Atención a las Víctimas de Violencias y Delitos para la Garantía de sus Derechos, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 1 El presente texto fue extraído del documento Marco Jurídico para la Caracterización de las Afectaciones de Niños y Niñas en Primera Infancia Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, elaborado por el autor con ocasión de la consultoría realizada para el Instituto de la Primera Infancia de la Organización de Estados Iberoamericanos. 2 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de Instrumentos..., Op.citp., p.432. 3 Para Ana C. Heyck el Protocolo II de Ginebra tiene como fin desarrollar y complementar el Art. 3 Común y no modificarlo, pero en razón a las características que se exigen a los actores armados en el Art. 1 del Protocolo II prácticamente su aplicación constituyó una restricción en torno a su campo de aplicación. En este sentido muchos tratadistas han manifestado que este Protocolo “significó un paso atrás en el desarrollo del derecho internacional.” Ana Caterina Heyck Puyana, Sí al acuerdo humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas para realizarlo, La silueta ediciones, Bogotá, 2004, p. 39. 4 UPRIMNY, Rodrigo, “Sentido y aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en Colombia”, en: Álvaro Villarraga Sarmiento (comp.), Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Problemática y Aplicación, Tomo II, T. M. Editores, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 1998, pp.86-87. 5 Ibídem, p.98. 6 Ibídem, pp.98-99. 7 SWINARSKI, Christophe, Principales nociones e institutos del derecho internacional humanitario como sistema de protección de la persona humana, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1991, p.37. 8 Corte Constitucional. Sentencia C - 225 de 1995. 9 Corte Constitucional. Auto 251 de 6 de octubre de 2008. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 10 Ibídem. 11 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 19 de Febrero de 2009. Párrafo 6. 12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Duodécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Enero – diciembre de 2004, Bogotá, 2005. p.41. 13 Ibídem, p.45.

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VIENE DE LA PÁGINA 9 personas protegidas por el derecho humanitario. Tanto la regulación de los medios y métodos empleados para hacer la guerra, con el fin de limitar el uso de la fuerza por quienes se enfrentan en la contienda, como la protección de las víctimas de la guerra (heridos, miembros de la población civil), exigiendo en todo tiempo y lugar se distinga entre los combatientes y no combatientes, son prescripciones del protocolo II que tienen por finalidad hacer menos inhumanos y dolorosos los conflictos armados interiores”.14 Pero es más, el mismo Gobierno Nacional, a través del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en su intervención ante la Corte Constitucional en 1995, y en concepto jurídico concertado con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no sólo defiende la constitucionalidad del Protocolo II de Ginebra, sino que además reconocen de manera explícita la realidad de un conflicto armado dentro del territorio colombiano. En la misma Sentencia C-225, se hace referencia a la intervención del representante gubernamental de la siguiente manera: “Finalmente, el ciudadano considera que estas normas tienen una importancia vital en el contexto colombiano, puesto que ellas no sólo permiten proteger a la población no combatiente sino que además favorecen la solución negociada del conflicto armado. Esto explica entonces que el Gobierno haya “proclamado su compromiso unilateral de respetar y hacer respetar dichas normas y de honrar ese compromiso mediante la adopción de una política humanitaria claramente definida para favorecer a la población civil afectada por los enfrentamientos armados, en particular a los desplazados, para garantizar a las personas que queden fuera de combate el respeto de sus derechos fundamentales y para sancionar a quienes sean responsables de infracciones contra DIH”. Concluye entonces el ciudadano: “Es así como el Protocolo II de 1977 se convierte en un vigoroso instrumento social y jurídico para la aplicación práctica de la política humanitaria anunciada por el gobierno, pues al amparo de sus preceptos y en el escenario del agudo conflicto que afecta a nuestro país, se podrá materializar el primordial objetivo de aliviar los sufrimientos propios de la confrontación y sus secuelas, humanizándola y aportando la urgida viabilidad a la eventual adopción de acuerdo ad-hoc que observen principios humanitarios en el proceso por alcanzar la paz”.15 Los analistas del conflicto colombiano, centrados en la búsqueda de su solución, se percataron, por muchas razones, de que el derecho internacional de los derechos humanos vigente proporciona muy poca dirección y, en última instancia, ofrece soluciones parciales al problema. El defecto esencial en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a situaciones de conflicto armado radica en que, no obstante su vigencia teórica, en la práctica su ámbito fundamental de aplicabilidad tiene lugar en tiempos de paz y, por consiguiente, no contiene normas que regulen los métodos y los medios de combate. De acuerdo con la regla de que solamente los Estados pueden ratificar los tratados relacionados con derechos humanos, únicamente los gobiernos de tales Estados poseen la personería necesaria para perpetrar violaciones a los derechos humanos reconocidos en esos instrumentos y, consecuentemente, sólo ellos pueden tener responsabilidad en el ámbito internacional por dichas violaciones. Por el contrario, los abusos que en materia de derechos humanos se cometen por actores no-gubernamentales, tales como los grupos subversivos, no pueden ser considerados violaciones de esos derechos, sino infracciones a las leyes domésticas. A la luz de estas insuficiencias en las normas de derechos humanos, se ha concluido desde varios sectores de opinión especializada, que el derecho humanitario de la guerra constituye el fundamento metodológico para resolver el problemático tema de las bajas civiles y juzgar en forma objetiva la conducta de las operaciones militares realizadas por las partes involucradas en el conflicto armado. En la sentencia bajo la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Protocolo II, la Procuraduría General de la Nación, en su concepto favorable de respaldo a dicho instrumento, resalta una de las particularidades del DIH, aquella según la Bogotá, mayo de 2009

cual con la aplicación de este derecho se “restringe el concepto de enemigo exclusivamente a los actores armados”. Instrumentos como el Protocolo II incorporan la llamada cláusula Martens, según la cual para los casos no previstos en el derecho vigente, la persona humana permanece bajo la salvaguardia de los principios del Derecho de Gentes, producto del uso que hacen las naciones civilizadas del principio de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Como se ha insistido, la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional han sostenido que las normas de derecho internacional humanitario son parte integrante del ius cogens, que es entendido como el conjunto de normas que no admiten acuerdos en contrario y que sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Esto explica que las normas humanitarias sean obligatorias para los Estados y las partes en conflicto, aún si éstos no han aprobado los tratados respectivos. Con respecto al caso colombiano, lo anterior permite concluir que la obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participan en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas por ser parte de un Estado que ratificó los respectivos tratados. No es legítimo para el derecho internacional humanitario que un actor armado irregular o una fuerza armada estatal consideren que no tienen que respetar en el conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios respectivos. En este aspecto, tiene mucha razón Rafael Nieto Loaiza cuando anota que “Si las normas del DIH sólo obligaran a uno de los contendores no alcanzarían su fin último: la humanización del conflicto a través de la limitación para todos los contendientes en el conflicto armado de los medios y métodos del combate y la protección de la pobla-

ción civil y de los no combatientes”.16 En consecuencia, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, en especial los miembros de la fuerza pública, quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario. La no observancia no representa ventaja militar sino pérdida inmensa de legitimidad, el principio de trato humano debe prevalecer sobre la necesidad militar y la aplicación de las normas, por todas las partes contendientes, es la única forma de hacer posible la regulación del conflicto. No existe justificación válida que niegue dicha obligatoriedad, ya que además las cobija el principio fundamental de no reciprocidad, esto es, que existen de manera incondicionada y absoluta para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte. Sobre este asunto del principio de no reciprocidad, conviene nuevamente referirse a la Sentencia C-225 de 1995, ya que de manera expresa la Corte Constitucional no sólo lo reafirma como principio sustancial del derecho humanitario aplicable tanto a conflictos internacionales como internos, sino que igualmente declara su pertinencia en el marco del conflicto colombiano, e incluso, hace mención a su reconocimiento por parte del Libertador Simón Bolívar en el marco de la guerra de independencia: “Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores armados, en beneficio no

propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la reciprocidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que “en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva. Colombia cuenta con el honor de ser una de las primeras naciones independientes en haber defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. En efecto, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios de Ginebra o de la Haya, el Libertador Simón Bolívar firmó con el General Morillo un “tratado de regulación de la guerra” con el fin de “economizar la sangre cuanto sea posible”. Este convenio, según el jurista francés Jules Basdevant, es uno de los más importantes antecedentes del derecho de los conflictos armados a nivel mundial, puesto que no sólo contiene cláusulas pioneras sobre trato humanitario de heridos, enfermos y prisioneros sino, además, porque constituye la primera aplicación conocida de las costumbres de la guerra a lo que hoy llamaríamos una guerra de liberación nacional17. Pocos meses después, el 25 de abril de 1821, Bolívar envió una proclama a sus soldados, por medio de la cual les ordenaba respetar los artículos de la regularización de la guerra. Según el Libertador, “aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre” (subrayas no originales)”.18 Los tratados de derecho internacional humanitario ratificados por Colombia y que por expreso mandato del Artículo 93 de la Constitución Política prevalecen en el orden interno, como ya quedó perfectamente argumentado, no pueden bajo ninguna circunstancia estar supeditados a la voluntad política y los criterios doctrinales o ideológicos de quienes estén al frente de un gobierno o un Estado y más, si éste se reconoce como un Estado social y democrático de derecho. Son de obligatorio cumplimiento, incluso si el mismo gobierno no considera que los grupos armados organizados a los cuales confronta militarmente, no cumplen con las exigencias y requisitos estipulados por el artículo 1 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. En consecuencia con lo anterior, es claro que el Estado colombiano, como sujeto de derecho internacional público y como Alta Parte Contratante de los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales; no puede unilateralmente proceder a la no aplicación de los términos contractuales de dichos tratados, argumentado que ahora los grupos armados irregulares son simples organizaciones terroristas. Conforme a la Constitución Política de Colombia, a la cual están supeditados todos los órganos del poder público, incluso el Gobierno Nacional. El único órgano competente para determinar la vigencia interna de un tratado internacional ya ratificado por el mismo Estado, es la Corte Constitucional. En su momento, este alto Tribunal no sólo se pronunció sobre la constitucionalidad de estos tratados –manifestando que por su condición de normas consuetudinarias que hacen parte del derecho de gentes se imponen aún sin necesidad de la ratificación de los tratados respectivos-, sino que además, en su examen de constitucionalidad hizo claridad de que en efecto, con fundamento en el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, en Colombia existe un auténtico conflicto armado interno que es y debe ser regulado por las normas humanitarias vigentes I Caja de Citas 14

Corte Constitucional. Sentencia C – 225 de 1995. M. P. Alejandro Martínez Caballero. 15 Ibídem. 16 VILLARRAGA SARMIENTO, Álvaro, La regulación de la guerra..., Op. cit. 17 VALENCIA VILLA, Alejandro. Derecho humanitario para Colombia, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1994, pp. 48 y ss. 18 Corte Constitucional. Sentencia C – 225 de 1995. M. P. Alejandro Martínez Caballero.


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Cumbre social y política: una agenda conjunta de la sociedad civil La Colombia de hoy evidencia la urgente necesidad de propugnar por un acuerdo programático de los sectores sociales y políticos, que instale propuestas en respuesta a la desalentadora situación económica, política y social del país y sobre todo que permita otra economía, otra política, otra democracia sobre la base de la justicia y la equidad.

La Colombia que justifica una Cumbre social y política PEDRO SANTANA RODR’IGUEZ * MARTHA YANETH SANDOVAL ** Tres temas centrales hacen urgente que la sociedad civil piense e instale una agenda que le permita al país afrontar la crisis y trascender el actual modelo económico desigual y concentrador. El primero de ellos, referido a las implicaciones institucionales de un tercer período consecutivo del actual presidente, en segundo lugar, la política de seguridad democrática, y por último la crisis económica que recién comienza, que es una manifestación, entre otros factores, de la crisis global que se desarrolla actualmente. Frente a la posibilidad de un tercer mandato del actual presidente, al país le significa la continuidad del proyecto que ha encarnado Uribe al frente de un proyecto marcadamente autoritario que busca la reforma de la constitución de 1991 en asuntos esenciales como la división de poderes, la pérdida de independencia de los órganos judiciales, la pérdida de independencia del Congreso de la República dada la amplia mayoría de la coalición uribista en el Congreso de la República, la pérdida de autonomía de los organismos de control y en concreto de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo así como la pérdida de autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República.

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En buena medida estos organismos así como el Consejo Superior de la Judicatura han sido tomados por el ejecutivo para ponerlos bajo su órbita. Esta toma ha sido consumada durante el segundo período del presidente de la República toda vez que la actual Constitución le da amplias prerrogativas para postular candidatos, y por esta vía, para influir de manera determinante en su composición interna. Tal situación ya se ha presentado en la conformación de la Corte Constitucional que cuenta hoy con tres magistrados de un total de nueve que fueron nominados directamente por el presidente Uribe, lo propio ya ocurrió en el Consejo Superior de la Judicatura que cumple un papel fundamental al ser el órgano nominador para la conformación de las listas de elegibles para conformar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el presidente ha nominado a la mayor parte de los actuales miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y lo propio ha sucedido ya en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo. * El autor es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía ** La autora es economista de la Universidad Nacional, especialista en desarrollo regional y actualmente se desempeña como Coordinadora del Área Económica y social de la Corporación Viva la Ciudadanía.

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Componentes del proyecto

AUTORITARIO La política de seguridad democrática aunque ha logrado un repliegue militar de las guerrillas que no representan ni han representado un serio riesgo de toma del poder de las instituciones del Estado, ha afectado de manera muy negativa las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Detenciones masivas arbitrarias, ejecuciones y desaparición de ciudadanos, mantenimiento de los masivos desplazamientos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Todo ello ha sido un componente esencial del proyecto autoritario que se ha incubado en Colombia y que ha sido aceptado mayoritariamente por la población colombiana con la promesa de que la seguridad traerá empleo, inversión social y mayor inversión productiva. Lejos estamos de una política de seguridad ciudadana en la que además de la represión del delito se garanticen como base de dicha seguridad condiciones dignas de vida para las personas. Dentro de este contexto, frente a las víctimas del desplazamiento forzado, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una política que favorece a los victimarios y que degrada a las victimas. Mientras que los militantes de los grupos paramilitares reci-

bieron atención inmediata y unos ingresos superiores a los 400 dólares mensuales, las victimas del desplazamiento forzado deambulan por todo el país sin una política pública adecuada. Ello llevo a la Corte Constitucional en enero de 2004 a declarar un estado de cosas inconstitucional por el fracaso y la falta de voluntad política para atender a 2.7 millones de desplazados según las propias cifras oficiales. La Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales, como CODHES, calculan en cerca de 4 millones los desplazados, es decir, uno de cada diez colombianos se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Recientemente, en enero de 2009, la Corte Constitucional mediante providencias judiciales echo abajo la política de tierras, la política de vivienda y la política de ingresos y estabilización socioeconómica y ratifico que no existe una política efectiva de atención de emergencia para estos millones de compatriotas. En consecuencia ordenó que se discuta y acuerde una política pública que resuelva la situación de precariedad e inhumanidad en la que se encuentran estos millones de personas. El gobierno no ha atendido las órdenes del máximo tribunal de justicia de manera adecuada.

MODELO ECONÓMICO

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y distribución de la riqueza Uno de los principales problemas de Colombia tiene que ver con su modelo económico y la distribución de la riqueza. Durante los últimos 50 años las tasas de crecimiento de la economía han sido superiores al 4% del Producto Interno Bruto, PIB, pero al mismo tiempo este importante nivel de crecimiento económico se ha concentrado en muy pocas manos. En los últimos 8 años (2001 a 2009) la tasa de crecimiento de la economía en promedio fue del 4.59%. El modelo es concentrador y no es redistributivo. La tasa de concentración medida por el coeficiente de GINI que era de 0,576 para 1999 fue para el año 2005 de 0.584% y de las grandes economías de la región Colombia junto con México y con Brasil son de las economías de mayor concentración de la renta y de la riqueza. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado durante los siete años de la administración del presidente, Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el gubernamental Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2.428 propietarios, poseen 44 millones de hectáreas equivalentes 53.5% de la tierra. Y al mismo tiempo, 1.3 millones de propietarios que corresponden al 35.8% poseen 345 mil hectáreas, o sea, el 0.42% del total de la tierra productiva, tales propietarios tienen menos de una hectárea.

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Un segundo gran problema asociado a la concentración del ingreso tiene que ver con la precarización del empleo y la disminución de los ingresos reales de los trabajadores colombianos. Actualmente la situación es peor por la crisis económica que se presenta. La desaceleración del crecimiento económico primero y la recesión después a consecuencia del coletazo de la crisis global ha agravado el tema del desempleo. Actualmente se mantiene una tasa de desempleo del 12.5% lo que significa que más de tres millones de colombianos y colombianas se encuentran desempleados. Pero además aumenta la informalidad que paso del 56.3% en enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre de ese mismo año. Frente a esta situación la política ha consistido en precarizar las condiciones laborales. En los últimos 20 años se han realizado dos reformas laborales que afectaron los ingresos de los trabajadores tal como ha ocurrido en la mayor parte de los países del mundo y que era parte del credo neoliberal con el espejismo de que bajando los salarios y las prestaciones sociales se crearía empleo. El resultado aquí como allá ha sido la disminución de la participación de los ingresos para los trabajadores que han ido a parar a los grandes conglomerados económicos y financieros.

Organizaciones sociales, plataformas, sindi

académicos, organizaciones indígenas, orga

de mujeres, campesinas etc., hemos decidido la primera quincena del mes de agosto. Esta

pretende iniciar el cami

La propuesta desde

LA CUMBRE SOC El rol de los movimientos y organizaciones sociales en la generación de propuestas alternativas, adquiere ahora, de cara a las transformaciones que el país necesita, una importancia aún mayor, toda vez que la Colombia de hoy, evidencia la urgente necesidad de propugnar por un Acuerdo programático de los sectores sociales y políticos, que instale propuestas en respuesta a la desalentadora situación económica, política y social del país y sobre todo que permita otra economía, otra política, otra democracia sobre la base de la justicia y la equidad. Por lo anterior, organizaciones sociales, plataformas, sindicatos, cooperativas, ONGs, iglesias, centros académicos, organizaciones indígenas, organizaciones


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anizaciones afrocolombianas, organizaciones

o convocar una Cumbre Social y Política para Cumbre concebida como un proceso político

ino hacia otra Colombia.

e la sociedad civil:

afrocolombianas, organizaciones de mujeres, campesinas etc., hemos decidido convocar una Cumbre Social y Política para la primera quincena del mes de agosto. Esta Cumbre concebida como un proceso político pretende iniciar el camino hacia otra Colombia sobre la base de cuatro importantes objetivos:  Construir e instalar en el país una agenda social, económica y política  Generar deliberación pública alrededor de los temas de la Agenda País  Promover la articulación social alrededor a la Agenda País  Movilizar social y políticamente la Agenda País

Las propuestas Como primer eslabón de este proceso, una agenda alternativa para el país debe como mínimo hacer propuestas en torno a: Pensar en un cambio para el país en este tema, significa proponer los elementos constitutivos de un nuevo modelo económico, en sus componentes macro y microeconómicos, que den salida a la crisis y permitan la sostenibilidad del país en el largo plazo, sobre la cuestión de como hacer viable una nueva economía que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Significa deliberar alrededor de los impactos de la crisis actual sobre los sectores, pero también reflexionarse sobre qué elementos del modelo económico actual deben ser redefinidos, sobre cómo reconfigurar la relación del sector real con el sector financiero para que éste último se constituya en motor de desarrollo del primero. Esta agenda también debería preguntarse por el manejo de las reservas internacionales, la deuda interna y externa, proponer estrategias para el fortalecimiento del mercado interno. Estrategias para la superación de la pobreza y la generación de ingresos dignos desde una perspectiva de la garantía de los derechos. Debería establecer como mínimos cuáles son los lineamientos de una política pública que trascienda la noción de carencia y asistencia hacia el goce efectivo de los derechos y a la construcción de ciudadanía, esto por su puesto, además obliga a pensar en propuestas de reforma al sistema de protección de social y a las políticas de Acción Social. La generación de ingresos dignos, parte ade más por la generación de empleos dignos que garanticen, el pago de un salario mínimo, la afiliación a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; las vacaciones pagas, el pago de la prima de servicios, de las cesantías y de los intereses a las cesantías, la protección de los derechos derivados de la maternidad; la protección de la salud en los lugares de trabajo; la protección especial de la estabilidad laboral de ciertas categorías de trabajadores en condición de minusvalía; la prohibición del trabajo infantil, de la discriminación en el trabajo y del trabajo forzoso, entre otros aspectos. Recuperación del Estado democrático y equi librio de Poderes, una agenda alternativa para el país debe aportar elementos que permitan el resta-

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blecimiento del equilibrio de poderes, es decir, debe orientase a resolver cuestiones relacionadas con la reforma política, Referendo constitucional y Asamblea Nacional Constituyente. De igual forma resolver aspectos como ¿quién nombra y quién nomina a los candidatos a la Procuraduría General, a la Contraloría General y a la Defensoría del Pueblo?; ¿quién nombra y quién nomina a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República?, ¿cual es el papel y responsabilidad de los órganos de control frente a la defensa de los derechos civiles y las garantías democráticas? Por último debe también proponer aspectos relacionados con una agenda democrática para la recuperación del derecho a la oposición, a la información, a la asociación y recuperar el carácter democrático de los medios de comunicación. La Cumbre debe debatir los contenidos de una verdadera reforma política que castigue a los aliados de los criminales y a los partidos políticos que fueron puestos a su servicio. La cumbre debe proponer aspectos mínimos sobre la reforma agraria que el país necesita, al igual que los elementos mínimos para un proyecto de devolución de tierras, la construcción de un modelo económico incluyente y con oportunidades para el campesinado. Debe construir también alternativas frente al narcotráfico que es indudablemente el combustible de la guerra en Colombia, al tiempo que debe construir una salida negociada del conflicto armado realista y sin ceder ante la condena de la lucha armada obsoleta para buscar los cambios y las transformaciones que Colombia requiere. Por último, una agenda alternativa para el país debe proponer aspectos relacionados con los acuerdos comerciales: TLCs, Comunidad Suramericana de Naciones etc. Todas estas propuestas serán analizadas, deliberadas y complementadas en los escenarios del orden sectorial y local, esto significa que previo a la Cumbre Nacional se realizarán 32 cumbres departamentales y cumbres sectoriales. Todo este proceso se adelantará bajo la máxima que entiende a la Cumbre Social y Política como un proceso democrático e incluyente que debe recoger los consensos alrededor de las propuestas pero también debe evidenciar las diferencias e incorporar nuevos temas y propuestas que surjan de las deliberaciones regionales y sectoriales.

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Principios democráticos En este sentido, la construcción colectiva, será cobijada por los siguientes principios democráticos: No es objetivo central del proceso generar adhesiones a documentos y/o propuestas, sino más bien establecer derroteros alrededor de las propuestas que permitan transitar al país al cambio. Durante el proceso, la información y propuestas serán visibilizadas por todos los canales de comunicación que en aras de la cumbre se instauren. El proceso debe hacer visible los acuerdos que en torno a las propuestas se logren, pero también debe ser de conocimiento las diferencias o disensos.

LA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA: un proceso dinámico que se construye desde las regiones Si bien el análisis de la coyuntura del país tiene un referente inmediato en el nivel nacional, son los departamentos y municipios los escenarios en los cuales se hacen tangibles los desequilibrios económicos, políticos y sociales, pero también son la fuente de propuestas alternativas, por lo que para este proceso, es de gran importancia el intercambio y deliberación de y con los movimientos y organizaciones sociales del orden municipal y departamental, con el fin de avanzar en la construcción de propuestas.

La Cumbre Social y Política es un proceso democrático e incluyente que debe recoger los consensos alrededor de las propuestas pero también debe evidenciar las diferencias e incorporar nuevos temas y propuestas que surjan de las deliberaciones

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regionales y sectoriales.

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Por lo anterior se ha propuesto la realización de 32 cumbres departamentales en las cuales se discutirán los asuntos importantes del país en torno a las propuestas derivadas de las mesas de trabajo. En estas cumbres se deliberará, ajustará y o adicionarán aspectos relativos a la Agenda País y que sean el resultado del trabajo de cada Cumbre departamental. Estas cumbres regionales serán lideradas por las respectivas expresiones de la sociedad civil en el nivel departamental y municipal. Invitamos desde aho-

ra a los movimientos sociales, de jóvenes, desplazados, campesinos, indígenas, comunales, afrodescendientes, sindicales, de mujeres, ambientalistas y de defensa de derechos humanos, así como a las redes y otras organizaciones a participar de las respectivas cumbres departamentales. El resultado del trabajo colectivo y deliberatorio de las cumbres departamentales confluirá en la Cumbre Social y política Nacional, como gran escenario en el que se iniciará el trámite y movilización de la Agenda País construida por todos y todas. Sus aportes a esta Cumbre social y política son de vital importancia, por eso nuestras puertas están abiertas a las sugerencias y propuestas para continuar construyendo este proceso. La sociedad, la economía y el Estado serán en sus instituciones, lo que los colombianos y colombianas anhelemos… el cambio que el país necesita es un compromiso de todos y todas.


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m y y o r T r e J

picardías desde el poder

La tira cómica, común para los mayores de cuarenta años, tenía simpáticos protagonistas; ratones que escapaban de la siempre torpe persecución del gato. Lo hacían de manera graciosa y pícara y en su acción siempre dejaban en ridículo al gato. Nuestros personajes también son pícaros. Pero no producen ninguna gracia. En efecto los hijos del presidente quienes han seguido la máxima de “hijos hagan plata; si pueden honradamente; si no hagan plata”, ya en el pasado habían dado muestras de su falta de escrúpulos en la búsqueda de oportunidades de negocios. En efecto, saben que el nombre del “príncipe”, abre puertas, suministra información, genera venias, en fin, otorga ventajas. En este caso, el de la Zona Franca de Occidente, las ventajas son múltiples. El cambio de destinación de los terrenos, de “zona de expansión industrial” a “zona industrial”, la puesta en marcha del viejo proyecto de la doble calzada a Facatativá, etc. Este comportamiento es una extensión cínica de un inveterado comportamiento patrimonialista de

buena parte de la dirigencia empresarial que utiliza sus conexiones con el poder para obtener ventajas que a la larga significan la transferencia de recursos públicos a manos privadas y alterar las condiciones de competencia, la mayor parte de las veces caminando en el borde de la ilegalidad. En esta ocasión, Tom y Jerry parecen haber traspasado esta frontera y lograron que fueran otorgadas concesiones a una empresa suya no constituida. La impudicia en el abuso del poder es múltiple: la utilización del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS para ilegalmente hacer seguimientos y escuchas a quienes el poder considera sus enemigos, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de ONG, partidos políticos y muchos más; cambiar la Constitución en provecho propio para la primera y la segunda reelección; designar ex militares cuestionados por violación de derechos humanos, como el coronel Santoyo o el general Montoya, en cargos diplomáticos. Este comportamiento del presidente y su círculo íntimo, explica en buena parte las picardías de Tom

y Jerry. Esta sociedad debe avanzar en la separación de lo público y lo privado por lo menos en dos direcciones. En primer lugar a que los funcionarios públicos y los protagonistas de la vida pública en general tengan su vida íntima por fuera de la discusión pública, que sus amores y desamores, sus gustos y preferencias, no sean considerados indicadores de su desempeño público. Pero en segundo lugar y de igual importancia que los intereses privados y la cercanía íntima al poder no sean el camino para tener ventajas inaceptables. Hay que defender el derecho y los deseos de Tom Jerry de ser empresarios exitosos, en su propia y personal forma de entender el éxito. Pero por favor, sin privilegios, sin torcerle el pescuezo a la ética y sin hacerle esguinces a la ley. Finalmente, es un asunto de decencia. Cosa rara en estos tiempos de segunda reelección y “falsos positivos”, o más propiamente de crímenes de Estado I Antonio Madariaga Reales Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de Herramientas Los resultados electorales en Ecuador ¿Qué oculta la Reforma Política? ¿Qué representa la elección del magistrado Augusto Ibáñez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Luis Carlos Sarmiento Angulo propone que se acabe con el impuesto al patrimonio con destino a la seguridad y que en cambio seamos todos los colombianos quienes lo paguemos. ¿Qué significaría esto para la economía de los ciudadanos? Bajo el Gobierno del presidente Uribe, los buenos parece que somos pocos.

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Derechos humanos

OBSERVATORIO CCEEU * Bogotá, D. C. La situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia continúa siendo grave. En el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.492 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica1. De ellas, 182 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (923 víctimas), el 82,01% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,06% (296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 49,94% (461 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 17,98% de los casos (166 víctimas)2. La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos reportó 535 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública entre enero 1 de 2007 y junio 30 de 2008, es decir, un caso por día. Sin embargo, frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cuales permanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia. El Presidente Uribe recientemente declaró, contra toda evidencia, que “solo existen 22 casos comprobados” de falsos positivos, y que “la Fuerza Pública no se dejará acomplejar por centenares de falsas acusaciones”. Para el presidente Uribe las denuncias sobre estas graves violaciones a los derechos humanos se producen porque “mucha gente, amparada en el tema de ‘falsos positivos’, lo que ha hecho es crecer falsas acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la Fuerza Pública contra los terroristas”3. Sin embargo, la propia Fiscalía General de la Nación reporta que la Unidad Nacional de Derechos Humanos tiene en sus manos 1.009 casos, en los que se comprenden 1.666 víctimas, de las cuales 1.507 son hombres; 108 mujeres y 51 menores de edad4. Por otra parte, los hechos conocidos de desaparición y posterior ejecución de cerca de 22 jóvenes ejecutados en el municipio de Ocaña y provenientes en su mayoría de barrios marginados de Soacha y el Sur de Bogotá, llevaron a la separación del cargo a 27 oficiales del Ejército Nacional y la renuncia del Comandante General del Ejército y la promulgación de algunas medidas que han llevado al Gobierno colombiano a decir que el problema de las Ejecuciones Extrajudiciales es un asunto superado. El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ha dicho que lo que hay es “un interés perverso de inflar las cifras” y que “a esa práctica acuden los enemigos del presidente Uribe, de la política de seguridad democrática y de la Fuerza Pública”5. Según el Ministro Santos, “desde octubre del año pasado no se ha presentado ni un solo caso”6. Esta afirmación tampoco es cierta, pues a pesar de un cambio en las modalidades de las ejecuciones extrajudiciales que buscan invisibilizar su comisión, han continuado apareciendo nuevas denuncias, que involucran directamente a miembros de la Fuerza Pública. Para mencionar solo un caso en el cual los propios organismos judiciales han desmentido esta afirmación, el 16 de diciembre pasado fue asesinado Edwin Legarda, activista del Consejo Regional Indígena del Cauca, esposo de Aída Quilcué, líder de la Minga indígena. Edwin Legarda fue asesinado en una emboscada del Ejército al vehículo en que se movilizaba, por miembros del Batallón José Hilario López, de la III Brigada del Ejército, caso en el cual un juez dictó medida de aseguramiento contra los siete uniformados, luego de que el fiscal del caso expresara que se trató de “un falso positivo planeado, en el que se violaron todos los protocolos establecidos para que la Fuerza Pública proteja la integridad de la ciudadanía”7. Algunos otros casos se muestran en el Anexo 1.

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Medidas contradictorias Sin embargo, uno de los fenómenos que las organizaciones que hacen parte de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos han denunciado es que el escándalo que se generó en el mes de octubre de 2008 por la magnitud que adquirieron las ejecuciones extrajudiciales en todo el país (denunciadas a partir de los hechos de Ocaña - Soacha, pero que permitieron conocer de múltiples denuncias de casos similares en una gran cantidad de regiones del país), ha sido seguido de medidas contradictorias sobre el tratamiento de estas acciones criminales, así como la aparición de nuevas modalidades de comisión de las ejecuciones extrajudiciales que buscan adaptarse a los nuevos criterios y directivas emanadas del Ministerio de Defensa, y que buscan dar la sensación de que se estaría acatando la orden de poner fin a las ejecuciones, pero continuando la práctica de las mismas, solamente que ahora poniendo especial cuidado en que las nuevas ejecuciones no sean reportadas (públicamente) y los cadáveres sean diligentemente ocultados, para no dejar rastros de la responsabilidad de los autores de estos hechos ilegales. Como ejemplo de ello, el día 2 de abril Monseñor Francisco Antonio Nieto, Obispo Auxiliar de Ciudad Bolívar, denunció a Caracol Noticias TV que cadáveres de 11 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar habían sido ocultados por personas que llegaron en camionetas para retirarlos del sector. Entre las medidas contradictorias hay que mencionar la promulgación de directivas que de manera pública mandan a la Fuerza Pública evitar los homicidios en persona protegida, pero que conviven con directivas que, de manera secreta, ofrecen remuneración económica por la presentación de personas reportadas como muertas en Bogotá, mayo de 2009

Ejecuciones extrajudiciales continúan Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, continúan en la impunidad y se siguen perpetrando bajo nuevas modalidades en las que pareciera que se busca que estas se mantengan ocultas.

PERO CON ESTRATEGIAS PARA MANTENERLAS OCULTAS combate. Quiere decir que frente a las ejecuciones extrajudiciales existe una estructura dual y ambigua de sanciones y beneficios que mientras anuncia públicamente sanciones si se producen, ofrece secretamente premios por producirlas. Consecuente con ello, lo que se ha venido observando en muchas regiones es que las acciones de privación del derecho a la vida de líderes sociales, opositores políticos y miembros de organizaciones sociales y sectores vulnerables han venido siendo adelantadas de manera prioritaria a través de acciones de desaparición forzada, -como modalidad de ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales- y, mediante la reanudación de los casos de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad indirecta de la Fuerza Pública a través de la comisión de las mismas por parte de paramilitares que actúan con complicidad o aquiescencia de los uniformados. En la mayor parte de los casos, las desapariciones forzadas tienen siempre como finalidad una posterior ejecución extrajudicial, sólo que en los últimos meses las previsiones han estado orientadas a que cuando estas ejecuciones extrajudiciales suceden ya no se reporten (de manera pública) como “positivos” de guerra y que no se dejen rastros de los cadáveres. Esta modalidad ya había sido demostrada a partir de la detención, desaparición y ejecución del dirigente sindical Guillermo Rivera, del Sindicato de la Contraloría, detenido por la Fuerza Pública en Bogotá el 22 de abril de 2008 y enterrado, luego de su desaparición, en la ciudad de Ibagué, de manera anónima, sin reportar su detención ni mucho menos su ejecución como un “positivo” de la seguridad democrática, permaneciendo como un caso de desaparición forzada hasta que su cuerpo fue descubierto con señales de tortura el pasado 16 de julio de 2008. Es decir, aunque la estrategia de hacer aparecer las Ejecuciones Extrajudiciales como desapariciones forzadas parece haberse vuelto más conminatoria a partir del anuncio de las medidas de “Tolerancia Cero” con las Ejecuciones Extrajudiciales, es una modalidad que ya venía siendo implementada desde antes (Ver anexo 2). Así pues, las medidas de tolerancia cero con los falsos positivos han venido acompañadas de un incremento preocupante de las cifras de desapariciones forzadas. Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sólo entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se habría dado un total de 1.686 desapariciones forzadas, la mayor parte de ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales8. La participación de miembros de la Fuerza Pública en diversos casos de desaparición forzada ha sido debidamente documentada en un preocupante número de casos recientes (Ver anexo 2). Dos de los casos más preocupantes de incremento reciente de los casos de desaparición forzada coinciden con dos de las localidades con mayor presencia militar en el país, como el Municipio de La Macarena, Meta (Centro de operaciones estratégicas del Plan Colombia, y donde funciona el Centro de Fusión Integral del Ejército), en el que recientemente se ha informado del hallazgo de fosas comunes


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en las que podrían estar los cadáveres de 1.150 desaparecidos en los últimos años, y el Municipio de Buenaventura, (uno de los más militarizados de la zona Pacífica, y puerto principal de salida de las exportaciones colombianas previstas en los diferentes acuerdos comerciales) en donde la Personera Municipal ha recibido denuncias de 373 desapariciones forzadas en los últimos 3 años, según lo denunció en el Consejo Comunal celebrado el pasado 21 de febrero.

Cadena de amenazas Preocupa también la proliferación de diversos casos de asesinatos con fines políticos o de violencia contra líderes y marginados sociales que se han venido presentando como “casos confusos”, en donde se busca apartar la responsabilidad de sus autores, de los móviles y de las circunstancias en que se ejecutan, detrás de los cuales podrían estarse ocultando nuevos hechos constitutivos de ejecuciones extrajudiciales. Ejemplo de estos fue el asesinato de 5 miembros de la comunidad de los kankuamos el 31 de diciembre pasado, y el asesinato cada vez más frecuente de sindicalistas mediante la utilización de armas blancas, como los casos de Adolfo Tique (muerto a puñaladas, el 1° de enero de 2009) y otros cuatro sindicalistas en similares circunstancias durante el año 2008. El incremento del accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país, y la proliferación de amenazas en contra de jóvenes, líderes sociales y marginados sociales ha llevado al asesinato de decenas de jóvenes en más de 20 ciudades, y pareciera estar configurando una nueva escalada del accionar paramilitar, que buscaría relegitimar su presencia asumiendo funciones de control social que corresponderían a la Fuerza Pública, ejecutando a cientos de jóvenes marginados y víctimas de la agudización de la crisis económica mediante acciones de “limpieza social”. Este traslado de funciones de control social en amplias zonas del territorio nacional podría explicar en parte el cambio en las responsabilidades por ejecuciones extrajudiciales observable en el último Informe Especial sobre Falsos Positivos, elaborado por el CINEP, en el que se destaca que mientras las víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército Nacional disminuyeron de 298 a 165 entre 2007 y 2008, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por paramilitares aumentaron de 267 a 3729 (ver Anexo 3). La impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales. A pesar del significativo número de investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación por presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, es preocupante que la mayoría de casos se encuentran en la impunidad. Un reciente reporte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación señala que hasta abril de 2009 había recibido 1.009 casos de homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que comprenden un total de 1.666 víctimas. De estos casos, hasta abril de este año, 83 miembros de la Fuerza Pública ya habían sido condenados10. Pero hay que resaltar que estas condenas se presentaron en el marco de la ley 600 del 2000, antiguo sistema procesal penal. 232 casos están siendo adelantados bajo el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Las investigaciones que están siendo adelantadas por la Fiscalía en el marco de este sistema (Ley 906 de 2004), señalan que al mes de diciembre pasado, de 231 casos tramitados con la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, 229 se encuentran en la etapa de indagación y sólo dos en desarrollo del juicio oral11. Queda claro que

el Nuevo Sistema Penal Acusatorio está presentando grandes fallas para permitir el avance de los casos de ejecuciones extrajudiciales, asunto que debe ser motivo de un exhaustivo análisis y revisión. Bajo este nuevo sistema no hay avances frente a la impunidad de los casos de ejecuciones extrajudiciales, entre otras causas debido a que en él no hay plazos perentorios para que los casos no permanezcan largo tiempo en la etapa preliminar y además por el hecho de que las víctimas no pueden ejercer adecuadamente el derecho a la defensa cuando no se permite el acceso a los expedientes y no se pueden controvertir las pruebas dado el limitado acceso a las mismas, a los informes sobre las diligencias realizadas y a los cuadernos principales que contienen las pruebas, como ha venido sucediendo en los procesos sobre el caso de los jóvenes de Soacha. Idéntico factor de impunidad se presenta en los casos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación, cuando a partir de la ruptura de la unidad procesal por estos casos, se asignan radicados independientes para cada uno, impidiendo el acceso de los representantes de las víctimas al acervo principal de gran parte de las pruebas. El Gobierno, además, se ha negado a derogar la Directiva 029 de 2005 que ofrece incentivos económicos por la presentación de personas reportadas como muertas en combate. Estas recompensas son un factor prevaleciente para la permanencia de casos de ejecución remunerada de civiles que posteriormente son presentados como muertos en combate. El Gobierno sostiene que dicha política de recompensas constituye el corazón de la política de seguridad democrática. La negativa gubernamental desacata así una de las recomendaciones que le fue formulada al Estado Colombiano en el marco del Examen Periódico Universal el pasado 10 de diciembre en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con relación al caso paradigmático de los jóvenes de Soacha, que es el caso que ha ganado más visibilidad y en el cual las distintas autoridades del Estado prometieron hacer justicia pronta y llegar a las máximas condenas12, recientemente se informó que 2 coroneles retirados, 2 suboficiales y 5 soldados profesionales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos13, pero muchos de los oficiales destituidos por estos crímenes no han sido llamados a juicio ni se les ha formulado cargos. En la Audiencia sobre este asunto realizada en Soacha el 21 de abril pasado, la Directora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Sandra Castro, afirmó que en este caso se han presentado grandes dificultades de la Fiscalía para acceder a las pruebas y obstaculizaciones de la Fuerza Pública a la labor investigativa de los fiscales, que han llegado incluso hasta la destrucción de documentación relevante. Esto parece confirmar que la preocupación expresada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando expresaba que “Resulta particularmente grave y preocupante que estos asesinatos se pudiesen estar cometiendo a través de verdaderas redes criminales”14, todavía persisten intactas al interior de la Fuerza Pública y constituyen un enorme factor de impunidad. Mientras el arquitecto de esta política, General Mario Montoya, quien habría permanentemente ordenado a la tropa que quería “estadios llenos de muertos”15, fue nombrado Embajador en República Dominicana, los demás implicados se encuentran en libertad. El General José Joaquín Cortés, ex comandante de la II División del Ejército y uno de los 3 generales retirados del servicio denunció que incluso “no todos los 27 oficiales y suboficiales removidos por el Presidente salieron del Ejército de verdad. Hay unos que están trabajando, un

Anexo 1: algunos casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales ocurridos después de las medidas de “tolerancia cero” a los falsos positivos  El 8 de diciembre de 2008 fue baleado, decapitado e incinerado, en un paraje rural entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico (Caquetá), Joel Pérez Cárdenas, uno de los fundadores y primeros directivos de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive y quien ocupó luego varios cargos en juntas comunales y ambientales. Los rasgos del crimen apuntan, en opinión de su comunidad, a un crimen de Estado17.  El 16 de diciembre de 2008 fue asesinado en la carretera que conduce a Totoró (Cauca) por tropas del Ejército, José Edwuin Legarda Vásquez, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcué Vivas. El vehículo en que viajaba, que es el que ordinariamente usa la Consejera, fue blanco de 19 impactos de fusil, algunos en su parte delantera.

Una enfermera, de una misión médica, que lo acompañaba, quedó herida. La primera versión de los militares afirmaba que desde el vehículo les habían disparado, pero luego dijeron que el vehículo burló una orden de paro en un retén. Sin embargo, ninguno de los demás vehículos que transitaron por el sitio fue llamado a detenerse. A la tropa se le encontraron dos fusiles sin asignación, los que se sospecha tenían preparados para colocárselos a las víctimas. Todo indica que la tropa esperaba el paso de Aída Quilcué, quien debía desplazarse a esas horas por esa vía para asistir a una reunión en la Mesa de Togoima, pero debido a otras ocupaciones se había retrasado18.  El 26 de diciembre de 2008 tropas del Batallón de infantería Rifles de la Brigada 11 presentaron el cadáver de

Derechos humanos

mayor, capitanes, sargentos” (Entrevista al General Cortés, 2 de marzo de 2009, El Espectador16). Es decir, las medidas eficaces contra la impunidad que han anunciado permanentemente las autoridades no parecen haberles hecho mucha justicia a las víctimas de estos crímenes. Si este es el caso paradigmático en el cual el Gobierno anunció medidas ejemplares y severas, es de esperar que la situación no es mejor en los demás cientos de casos y anónimos, por lo que no parece que la verdad, la reparación y la justicia vayan finalmente a imponerse frente a estos delitos de lesa humanidad, siendo ésta la condición necesaria para erradicar de manera definitiva estas deplorables atrocidades. Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia por lo tanto, continúan en la impunidad y se siguen perpetrando bajo nuevas modalidades en que pareciera que se busca que estas se mantengan ocultas. * Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.

Caja de Citas 1

“En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate”. Datos de la Comisión Colombiana de Juristas. 3 “Uribe dice que solo existen comprobados 22 casos de ‘falsos positivos’”. Caracol Radio. Marzo 23 de 2009. http://www.caracol.com.co/ nota.aspx?id=782914 4 “Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran a militares”. El Espectador, 30 de abril de 2009. http:// www.elespectador.com/falsos-positivos/articulo138578-fiscalia-investiga-mas-de-mil-casos-de-homicidios-involucran-militar 5 “Cifras sobre ‘falsos positivos’ han sido infladas, según Mindefensa”. En: El Espectador. 21 de Abril de 2009. http://www.caracoltv.com/ noticias/politica/articulo136288-cifras-sobre-falsos-positivos-han-sidoinfladas-segun-mindefensa 6 “La esencia de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas es el apego a la ley y el respeto absoluto a los DDHH, Ejército.mil.co, 22 de abril de 2009. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=222162 7 “Muerte de indígena en Cauca fue un ‘falso positivo’, asegura la Fiscalía”. El Tiempo. 2 de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/ colombia/justicia/muerte-de-indigena-en-cauca-fue-un-falso-positivoasegura-la-fiscalia_5114327-1 8 “7.763 desapariciones fueron reportadas en los dos últimos años”. En: Revista Cambio. Octubre 22 de 2008. http://www.cambio.com.co/ p a i s c a m b i o / 7 9 9 / A R T I C U L O - P R I N T E R _ F R I E N D L YPRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-4618959.html 9 CINEP. “Falsos Positivos. Balance del Segundo Semestre de 2008”. Informe Especial Abril de 2009. Pág. 15 10 “Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran a militares”. El Espectador. 30 de Abril de 2009. http:// www.elespectador.com/falsos-positivos/articulo138578-fiscalia-investiga-mas-de-mil-casos-de-homicidios-involucran-militar 11 “Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a un Derecho de Petición de la Corporación Jurídica Libertad”. Diciembre de 2008. 12 “Uribe llama la atención de las FFMM por desaparecidos de Soacha”. En Caracol Radio, Bogotá, 25 de octubre de 2008. http:// www.caracol.com.co/nota.aspx?id=697545 13 “Dos coroneles retirados y otros siete militares capturados por los ‘falsos positivos’ de Soacha”, Caracol Radio.com, Bogotá, 1° de mayo de 2009. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=804639 14 OACNUDH. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2008/comunicados2008.php3?cod=21&cat=73 15 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/ la-cultura-de-la-muerte_4639712-1 16 http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso 123316-fuimos-carne-de-buitre\ 17 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 18 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 19 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 20 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 21 “Habitante de la calle murió a manos de 2 policías el 9 de enero; le dieron un tiro en la cabeza”, El Tiempo.com. Bogotá, 9 de enero de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/habitante-de-la-callemurio-a-manos-de-2-policias-el-9-de-enero-le-dieron-un-tiro-en-la-cabeza_4809833-1 22 http://www.elespectador.com/articulo125738-dos-policias-habrianmatado-un-joven-de-15-anos 23 Denuncia pública realizada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Tapir, la Asociación Campesina Ambiental de los ríos Lozada Guayabero y la Asociación Campesina Ambiental de los Parques Naturales Tinigua y Macarena, La Macarena (Meta), 24 de marzo de 2009. 24 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 25 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 26 Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensuagro) y Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), Denuncia Pública, Bogotá, 23 de febrero de 2009. 27 Casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. 2

PASA A LA PÁGINA 18 Bogotá, mayo de 2009

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Por una

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ESPERANZA CERÓN VILLAQUIRÁN * Bogotá, D. C.

Un poco de historia

Arnobis Negrete Villadiego (18 años de edad), como el de un miembro de la banda criminal de Don Mario, abatido por el Ejército en el corregimiento de Villa Fátima del municipio de Buenavista (Córdoba), pero se trataba de un estudiante de séptimo de bachillerato del Colegio Cristóbal Colón de Montería, quien había desaparecido el día anterior cuando le hizo caso a otro joven que lo invitó a irse mientras estaba regando con agua el frente de su casa en el barrio Edmundo López de Montería (Córdoba)19.  El día 7 de enero de 2009, en La Macarena (Meta), fue asesinada por tropas del Ejército Nacional la señora María Concepción Rico, mientras se encontraba en su casa en compañía de su hija Yéssika Rico y un vecino llamado Sebastián Gutiérrez, a quienes todo el tiempo trataron de guerrilleros, diciéndoles que agradecieran que no los habían matado a todos20.  El 9 de enero de 2009, dos Agentes de la Policía de Bogotá ejecutaron extrajudicialmente a Robinson Gil, un habitante de la calle a quien mataron de un disparo, luego de haberlo golpeado brutalmente con un bate de béisbol, cuando la víctima se negó a dejarse arrebatar la cobija que portaba. Los uniformados intentaron desaparecer el cadáver ocultándolo en un paraje del kilómetro 9 de la vía a Choachí, en la salida de Bogotá, el cual fue descubierto y denunciado por habitantes del sector21.  El 28 de febrero de 2009, dos policías uniformados en motos de la institución, detuvieron al joven de 15 años Rodolfo Blandón, en Ciudad Bolívar (Bogotá) mientras se

encontraba acompañado de otro amigo menor de edad. Desaparecido durante una semana, fue encontrado muerto con un tiro de gracia en la cabeza en un potrero del Barrio Lucero Alto al Sur de Bogotá22.  El 10 de marzo de 2009, en el Barrio Montes, de Barranquilla (Atlántico), fue ejecutado por dos miembros de la Policía Nacional el menor Miguel Andrés Martínez González, de 16 años de edad, quien fue asesinado de un tiro en la cabeza, mientras se desplazaba en compañía de un amigo, quien también fue agredido. Los policías, que alegaron que los jóvenes habían cometido un robo, huyeron del lugar, pero luego otros policías motorizados llegaron al lugar para hacerse cargo de los hechos. Las autoridades confirmaron posteriormente que los jóvenes no tenían armas, no tenían antecedentes y no tenían en su poder el botín por el que, supuestamente, eran perseguidos.  El 14 de marzo de 2009, en el municipio de La Macarena (Meta), fue ejecutado extrajudicialmente Luís Arbey Díaz Rubiano, por miembros de la Brigada Móvil Nº 1 adscrita al Ejército Nacional. La víctima se desempeñaba como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tapir ubicada en el municipio de La Macarena (Meta). Al momento de los hechos, la víctima se encontraba saliendo de su residencia en compañía de su hijo Rolando Martínez Plaza, quien después de ser testigo del asesinato de su padre fue detenido arbitrariamente por miembros del Ejército Nacional, por el término de dos días23.

Anexo 2: algunos casos recientes de desapariciones forzadas donde se denunció la participación de miembros de la fuerza en su ejecución  El 10 de enero de 2008, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en la vereda San Marcos, en Tuluá (Valle del Cauca), tropas del Batallón de Artillería Batalla Palacé, perteneciente a la Brigada Nº 3 del Ejército nacional, detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a Rigoberto Hoyos Ruiz, presidente y representante legal de la Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia (ACOC) y a sus cinco hijos: Jaime Luís, Néstor, Carlos, Jorge Luís y Oscar William Hoyos Galeano, varios de ellos menores de edad. Según la denuncia, los militares llegaron a la finca de la familia Hoyos Galeano y a la fuerza trasladaron a los campesinos a lugar de campamento de los militares. Luego de unos momentos los uniformados realizan varios disparos. La comunidad, al percatarse de lo ocurrido, se dirigieron al lugar de los hechos, donde fueron recibidos por un grupo de militares que les manifestaron no conocer el paradero y las condiciones de Rigoberto Hoyos Ruiz y sus cinco hijos. A la fecha y hora el paradero y las condiciones de Rigoberto Hoyos Ruiz y sus cinco hijos son inciertos24.  El 30 de Agosto de 2008 fue desaparecido Jonathan

Meza Badillo, joven de 16 años de edad que padecía discapacidad mental, en el Municipio de Gamarra (Cesar). El 10 de septiembre su madre fue informada de que el cuerpo de Jonathan se encontraba en Ocaña (Norte de Santander), a donde había sido llevado luego de haber sido reportado como un guerrillero muerto en combate por tropas de la Brigada 30 del Ejército Nacional en el Municipio de Abrego, localizado a 20 minutos de Ocaña. Según la fuente la mamá de la víctima manifestó que “A mi muchacho me lo desaparecieron el sábado 30 de agosto. Él era un niño especial, todo el mundo lo quería, con todos hablaba, caminaba por las calles y bailaba, pero no le hacía daño a nadie”25.  El 15 de febrero de 2009, en el Castillo (Meta), al pasar el puente sobre el Río Llamanes, fue desaparecida Alba Nelly Murillo (34 años de edad), Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Esmeralda. De acuerdo a la denuncia, por este hecho se responsabiliza a miembros del Batallón 21 Vargas del Ejército nacional que se encontraban acantonados en el lugar y de quienes Alba Nelly había denunciado amenazas26.

CAJA de Herramientas

Anexo 3: algunos casos de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad indirecta de la Fuerza Pública por complicidad o aquiescencia con grupos paramilitares27  El 11 de noviembre de 2.008 los paramilitares ejecutaron en Tarazá (Antioquia) a Jairo Alberto Londoño Úsuga y a Fredy Manuel Estratad Guerra (de 25 y 26 años) quienes habían participado activamente en el proceso de negociación con el Gobierno en representación de los campesinos desplazados de Tarazá (Antioquia) a causa de las fumigaciones, siendo señalados por las autoridades como “auxiliadores de la guerrilla”. Sus victimarios se hicieron pasar por “guerrilleros del Frente 18 de las FARC”.  El 22 de noviembre de 2008 los paramilitares ejecutaron en Chigorodó (Antioquia) a Benigno Antonio Gil ValenBogotá, mayo de 2009

cia, gestor de la Mesa De Trabajo Campesino para la Recuperación de Tierras, lucha que lideraba como desplazado en unión de familias desplazadas de Urabá que pretendían recuperar las tierras usurpadas.  El 28 de noviembre de 2008, en Arauquita (Arauca) fue asesinado Carlos Rodolfo Cabrera Huertas ex secretario ejecutivo de la Asociación Campesina de Arauca y líder actual de Comité de Desplazados. Según la denuncia, el crimen fue cometido por paramilitares. Carlos Rodolfo se encontraba cobijado por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a causa de las amenazas recibidas.

La Confintea, Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, es un espacio para el dialogo político que compromete a todos los Estados partes, a asumir la educación para las personas jóvenes y mayores. Impulsado por la UNESCO y con carácter intergubernamental, ha logrado vincular los esfuerzos y experiencias de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y sectores privados interesados en el tema. Sus orígenes se remontan a la necesidad de reconstruir la Europa de la posguerra, devastada en todas sus instituciones y demandante de respuestas que le permitieran dinamizar a la población joven y adulta que vio frustradas sus oportunidades. Es así como se lleva a cabo la primera Conferencia en Dinamarca en 1949, la cual remarca la importancia de la cooperación entre países para superar la crisis; posteriormente se suceden la Confintea de Canadá Japón, Francia, Hamburgo y Tailandia. Se considera que la Conferencia realizada en Hamburgo en el año 97, marcó un quiebre en tanto que planteó una visión global del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas a quienes reconoció como instrumentos clave para afrontar los retos sociales y de desarrollo en todo el mundo, lo que no obstante, no se tradujo en priorización ni asignación de recursos por ningún Estado parte ni a nivel internacional. Casi en paralelo con la Confintea de Tokio, en el año de 1973 se constituyó el ICAE, Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (ICAE), organización de la sociedad civil conformada por educadores/as de África, la Región Árabe, Asia, Pacífico Sur, el Caribe, Europa, América Latina y Norte América, quienes promueven el aprendizaje de personas adultas como “herramienta para el desarrollo sustentable y la participación informada de la gente”, y como instrumento indispensable para la consolidación de sociedades democráticas, con justicia social, económica, política y ambiental, equidad de género; respeto por los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural y la paz. Es precisamente el ICAE, quien en la Conferencia de Tailandia realizada en el 2003, o mas conocida como Confintea V+6, participa con una fuerte presencia como organización de la sociedad civil, presentando el Informe Sombra o ICAE Report, que incluyó el monitoreo en algunos países del grado de cumplimiento de varios de los compromisos adquiridos en Hamburgo. En dicha Conferencia, se adoptaron entre otros, los siguientes aspectos vigentes y que deberán ser revisados en la Conferencia a realizarse en este mes de mayo en Belén do Pará, Brasil:  La necesidad de realizar un trabajo de abogacía por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas a lo largo de toda la vida, tanto a nivel local como global, en diferentes espacios.  Cambiar la idea de que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es sólo para el norte y para el sur alcanza con la alfabetización.  Reconocimiento de que la participación activa y la educación de personas jóvenes y adultas son elementos clave para la construcción de otro mundo mejor. La Confintea VI, bajo la coordinación de la UIL, Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, se propone lograr el que todos los


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EDUCACIÓN para toda la vida

Semana de Acción Global por el Derecho a la Educación, un evento de la sociedad civil hacia la Confintea VI.

Estados parte pasen de la retórica a la acción, comprometiéndose verdaderamente con la educación para personas jóvenes y adultas en el marco de los compromisos internacionales, tales como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, los “objetivos de Educación para todos y todas”; el “Decenio de Naciones Unidas de Alfabetización”, la Iniciativa de Alfabetización “Saber para poder” (LIFE) y el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), este último recién sucedido en Alemania del 31 de marzo al 2 de abril.

De parte de los Gobiernos, estos deben preparar un informe de situación con base en indicadores y cuestionarios seleccionados, que idealmente se hayan presentado en reuniones regionales preparatorias, para lo cual América Latina realizó la suya en México en septiembre del año pasado. Se espera que los países presenten resultados de consultas temáticas, estudios específicos, testimonios y prácticas exitosas. Colombia presentó su informe el cual está disponible en Web de la UNESCO: www.unesco.org/es/ confintea; y de cuyo análisis esperamos ocuparnos en otro momento. Por parte de la sociedad civil colombiana, entre los días 22 y 23 de abril, acabamos de celebrar, como evento preparatorio y en el marco de la semana de acción global por la educación, el Encuentro “Estado Actual y Retos de la educación a lo largo de toda la vida”. El evento fue convocado por la Red de Educación Popular Entre Mujeres, REPEM; la Federación Nacional de Educadores, FECODE; la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación; Educación Compromiso de Todos; el Programa de Licenciatura de Educación Comunitaria y el Instituto Superior de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional; el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, Flape; la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD; la Universidad Distrital; la Fundación de Apoyo Comunitario FUNDAC; la Fundación para el Desarrollo Comunitario, FUNDECOM; y la Corporación Viva la Ciudadanía. Además de la presencia de las organizaciones convocantes, el evento contó con la presencia del Dr. Miguel Calderón, delegado del Ministerio de Educación Nacional, quien presentó la perspectiva oficial de la educación de adultos en Colombia, y manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y el gobierno a efectos de dar cumplimiento a los acuerdos a los que se llegue en la Confintea VI. El conjunto de intervenciones hicieron referencia a ubicar la educación de adultos en el marco del derecho a la educación, y en cada uno de los 3 paneles simultáneos: Alfabetización, Formación de Formadores y Formación Ciudadana; se llegaron a importantes consensos, entre los que resaltamos los siguientes:  La educación de adultos es asumida como una perspectiva innovadora, consiste en pensar la educación como un dispositivo de inclu-

sión social y construcción participativa. Por tanto, se aparta de los enfoques mercantilistas e instrumentalistas.  En el caso de la alfabetización, esta no se restringe al hecho de leer y escribir; el analfabetismo es un problema social que tiene que ver con la marginación, exclusión social y pobreza. Se cuestionó la respuesta alfabetizadora que reduce todo a un enfoque técnico y/o metodológico de atención individual, sin vínculo con la educación formal de niños y jóvenes, y “solucionado” en campañas cortoplacistas. El panel de formación de ciudadanía hizo énfasis en una perspectiva socio-cultural de la educación de adultos, que promueve la interactividad para leer contextos, sujetos, discursos y prácticas en las experiencias y procesos que agencian. De igual forma, es transversal a las experiencias la comprensión de la educación de adultos más allá de la enseñanza de códigos a los sujetos (decodificación de las letras) y del aprendizaje de conocimientos durante toda la vida, pues se asume una perspectiva compleja (cultural, política, social e histórica). El sujeto educando se comprende desde la diversidad de su contexto sociocultural en condición de vulnerabilidad condicionado pero no determinado, en el cual se apuesta por una educación desde la inclusión y que además reflexiona y transforma la realidad. La discusión acerca de las políticas públicas concluyó que la política pública de educación de adultos va en retroceso, puesto que se replican modelos ajenos o externos al contexto colombiano, mientras que la práctica pedagógica docente se ha reducido a

la simple instrucción mediante el uso de cartillas que desconocen o se apartan de la realidad social y las características propias de determinadas poblaciones y culturas. Algunas experiencias reconocieron la necesidad de participar de manera colectiva en la construcción participativa de política pública educativa. A través de las políticas educativas se pretende legitimar el derecho a la educación como un derecho para todos y todas. Además de las reflexiones construidas por las experiencias de las organizaciones convocantes, cabe destacar el trabajo del IMPEC que busca dar cumplimiento a la Ley 115 y el Decreto 1130; o la de Cactus, que viene desarrollando con un enfoque de género una interesante experiencia pedagógica con mujeres. Lo que no tiene parangón y se constituyó como el momento sobresaliente, fueron los mas de 10 testimonios presentados, la mayoría de ellos por mujeres, quienes relataron lo que para ellas ha significado de transformador y dignificador, el haber aprendido a leer y escribir, y que sin duda dieron cuenta del valor innegable que da sentido a “educación para toda la vida”. Nota: Como parte de la estrategia de socialización de todo este proceso que se viene gestando, les invitamos a que consulte el blog creado por el comité organizador del evento, que entre otras cosas, recoge los testimonios y está ha abierto para la discusión el tema. http://seminariodeeducacionpermanente.blogspot.com/ * La autora es Coordinadora de la Estrategia de Educación de la Corporación Viva la Ciudadanía. Bogotá, mayo de 2009

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¿Cómo vamos a la Confitea VI?


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EL REFERENDO POR EL AGUA EN EL CONGRESO:

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Bogotá, mayo de 2009

Agua

RAFAEL COLMENARES FACCINI * Bogotá, D. C. El referendo por el agua completa tres meses a consideración del Congreso, descontados otros tres de receso de la legislatura, entre diciembre y el pasado 16 de marzo. El entusiasmo que nos embargaba por la obtención de más de dos millones de firmas en apoyo a la iniciativa hacia presagiar un trámite rápido del texto y nuestro desconocimiento de la compleja dinámica parlamentaria nos ocultaba las enormes dificultades que tendríamos que afrontar. En consulta con algunos amigos de la propuesta en el Congreso se escogió iniciar el trámite por la Cámara de Representantes, pues a la sazón no se conocían plenamente las irregularidades que rodearon la recolección de firmas del referendo para la reelección presidencial, que estaba a consideración de la Comisión Primera de dicha Cámara y precedía al del agua. Habiendo obtenido rápidamente una ponencia favorable a la convocatoria de nuestro referendo, con base en el texto original firmado por los ciudadanos(as), ponencia respaldada por cinco de los ponentes designados en la Comisión Primera de la Cámara, al tiempo que solo dos de ellos planteaban otra ponencia modificatoria de dicho texto, el optimismo reinaba en gran parte del Comité Promotor y las organizaciones impulsoras del referendo.

Del optimismo a la preocupación

¿una oportunidad perdida?

No tardaron sin embargo en aparecer los primeros síntomas de lo que luego se ha convertido en una fuerte ofensiva del Gobierno y las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado. El Centro de Estudios Echavarría Olózaga, prendió la alarma entregando a los parlamentarios un documento descalificatorio de la iniciativa con argumentos que luego serían repetidos y ampliados por la Superintendencia de Servicios Públicos, punta de lanza de la oposición gubernamental. Ya en noviembre el Presidente Uribe calificó de inconvenientes las propuestas del referendo del agua, respondiendo a una pregunta hecha en la reunión que sostuvo con la Minga Indígena en tierras del Cauca. La IV Asamblea del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida – CNDAV, realizada promediando aquel mes, vivía aún la euforia del impresionante resultado de la recolección de firmas y dedicó buena parte de la reunión a constatar el éxito, aunque se presentó también el documento “Dogmas del agua y el referendo del agua”, primera respuesta que hicimos a los documentos mencionados. Ya a fines de noviembre y principios de diciembre, sendos foros convocados, en los salones del Congreso, por el senador Indígena Ramiro Estacio y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Germán Reyes, ahondaban en responder las críticas y ampliar la sustentación del referendo. Por aquellos días el periódico Portafolio y otras publicaciones hacían eco del “argumento” de la Superservicios diciendo que nuestra propuesta de Mínimo Vital Gratuito – MVG, favorecía a los ricos y era por consiguiente inequitativa. Se presentó entonces el trabajo elaborado por los economistas Aurelio Suárez e Iván Cardona, a instancias del CPA. Con este documento que al igual que los “Dogmas” ha sido entregado a los congresistas, se demostró con toda claridad que el mínimo vital gratuito es viable financieramente y favorece al 85% de la población es decir a los estratos 1, 2, 3 y 4, agrupando los tres primeros al 64% de los colombianos y colombianas pobres y el 4 a la maltrecha clase media. Además el documento desnudó la realidad económica y financiera del actual esquema de mercantilización –privatización del agua-, que genera altísimos niveles de rentabilidad para las empresas al tiempo que propicia un verdadero desastre social. Baste decir que en los últimos cinco años 400.000 familias fueron desconectadas del servicio


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anualmente, en promedio, mientras la rentabilidad de las empresas, que los usuarios sustentamos pagando altas tarifas, alcanzó un impresionante 8% sobre activos1 y una liquidez del 3.3. El 2008 terminó en medio de los escándalos que rodearon el referendo de la reelección presidencial y en la discusión de la iniciativa por el agua poco se avanzó en la Comisión Primera de la Cámara. La pausa de fin de año sirvió para decantar el panorama. El 20 de enero el Comité Promotor Ampliado constataba serias dificultades para el avance del referendo. El intenso lobby del Gobierno parecía dominar el panorama y los parlamentarios solo prestaban su atención al torbellino político desatado por la reelección y alimentado por sucesivos escándalos como las pirámides y los persistentes de la parapolítica. En estas condiciones el grupo que ha afrontado el trabajo en el Congreso2 abordaba a los parlamentarios y sobre todo a sus asesores obteniendo la atención de algunos mientras la mayoría permanecía distante, en un contexto de escaso conocimiento sobre los temas que aborda el referendo. De otra parte la polarización de las fuerzas políticas que se expresan en el Congreso y la Comisión, en nada contribuía a un examen detenido y profundo de aquellos y se imponían los alineamientos políticos generales para los cuales una iniciativa ciudadana resulta extraña e inédita en las costumbres políticas y parlamentarias colombianas. Con esa perspectiva, la estrategia del Comité Promotor Ampliado se resumió en la idea de “radicalizar el discurso”, mostrando que nuestra iniciativa no es una ingenua petición por el agua sino una posición crítica y a la vez alternativa de un sistema de mercantilización de la vida que destruye la naturaleza y profundiza la crisis social. Se decidió igualmente acudir a la movilización social y se convino confluir en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 18 de marzo, durante la primera semana de sesiones del Congreso y la Comisión. Igualmente se convocó la solidaridad nacional e internacional mediante sendas cartas que, dirigidas a las autoridades del Congreso, pidieran la convocatoria al referendo y el respeto por el texto original firmado por los ciudadanos(as). La manifestación precedida de una marcha del Planetario a la Plaza de Bolívar congregó cinco mil personas y tuvo una amplia presencia de delegaciones de toda Colombia. Las cartas fueron firmadas por cerca de mil líderes nacionales encabezados por los Ex ministros de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, Cecilia López y Juan Mayr y por Maude Barlow, Eduar-

Caja de Citas 1

Lo lucrativo del negocio se aprecia mejor al comparar dicha rentabilidad con el 2% del sistema financiero y el 5,6% de telecomunicaciones, rentabilidades calculadas también sobre activos. 2 Rafael Espinel, Martha Cañón, Hernán Darío Correa, Rodrigo Acosta, Juan Camilo Mira, Luisa Fernanda Vargas y el suscrito como vocero, con el acompañamiento de Danilo Urrea, Aurelio Suárez y Bibiana Salazar, hemos estado al frente de esta labor. 3 Las cartas y sus respectivas firmas se publican aparte. 4 Figura jurídica por la cual los Tratados Internacionales suscritos por Colombia se incorporan como norma constitucional. 5 Los subsidios cruzados son un descuento que se hace al total facturado a los estratos 1, 2 y 3 y que supuestamente aportan los estratos 5 y 6. Este mecanismo acumulaba en el 2006 un déficit de 300.000 millones de pesos, que ha venido siendo cubierto por el Estado. El MVG es una cantidad de agua que la persona o la familia reciben sin tener que pagar por ella y a partir de la cual comienza el cobro de lo consumido mas allá de dicho mínimo 6 El pliego de modificaciones incluye reconocer el acceso al agua potable como condición esencial para la vida en el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales; reducir el mínimo vital gratuito a sectores de menores ingresos y eliminar la propuesta de gestión estatal y comunitaria del agua de manera exclusiva, con lo cual se mantiene el actual esquema de privatización. 7 El Tiempo informó en su edición del 4 de Abril que el Presidente de la Cámara, Germán Varón, se puso de acuerdo con el Presidente Uribe para hundir el referendo del agua, según declaraciones de este al mencionado periódico.

De no concretarse la aprobación del referendo en el primer debate y quedando como último recurso la apelación a la plenaria de la Cámara, se habría perdido una oportunidad inmejorable para el fortalecimiento de la democracia participativa y se vería frustrado un proceso en el cual participaron innumerables redes, organizaciones y personas. Ello no significa sin embargo que el movimiento este derrotado. do Galeano, Boaventura de Souza Santos y cien personalidades más del ámbito internacional3.

Gobierno al ataque La discusión en la Comisión Primera se inició el 17 de marzo en un escenario de citación a altos funcionarios, dirigentes gremiales y representantes de organizaciones sociales. La “santa alianza” de la Superservicios, el Ministerio de Ambiente y Andesco, en contra del referendo, se hizo inmediatamente evidente, al tiempo que los representantes de las organizaciones sociales y el suscrito como Vocero del Comité Promotor asumíamos su defensa. Los parlamentarios de la Comisión, que pocas veces conforman un quórum superior a veinte de los treinta y cinco que la conforman, asistieron en número que nunca superó los diez a escuchar los planteamientos. El grupo de lobby reforzó su labor entregando un resumen denominado “Los argumentos del referendo del agua” y con la convocatoria a la Comisión para discutir y votar el referendo el primer día de abril, el debate entró en calor esta vez con un quórum de veinte representantes. La Viceministra Leyla Rojas tomó el relevo de la Superintendente Eva María Uribe y enfiló baterías contra el referendo calificándolo de bien intencionado pero regresivo con cuatro argumentos: los actuales subsidios cruzados dan una cobertura gratuita mayor que el mínimo vital gratuito; el debilitamiento de la rentabilidad de las empresas afecta la sustentabilidad ambiental; la gestión estatal municipal es corrupta e ineficiente y el derecho humano fundamental al agua potable fue rechazado en el V Foro Mundial del Agua realizado del 15 al 20 de marzo en Estambul y además tal derecho ya se encuentra reconocido en Colombia a nivel constitucional por la vía del denominado bloque de constitucionalidad4. Frente a lo anterior me correspondió, con el apoyo del grupo de lobby, demostrar la incoherencia y falta de verdad de tales argumentos y las contradicciones que encierran. Haciendo alusión a los resultados del Foro de Estambul puse de presente el avance en el número de países que apoyan el reconocimiento del derecho humano al agua, que ahora suman 26, destacando el gran número de latinoamericanos, entre ellos Chile que habiendo implementado el modelo mas extremo de privatización que se conozca, esta iniciando la revisión de un “Código de Aguas” impuesto en la dictadura del General Pinochet. Sobre el derecho al agua se expusieron los argumentos del texto antes aludido demostrando la necesidad de consagrarlo de manera explícita en nuestra Carta y sobre la sostenibilidad ambiental se resalto el valor de la propuesta que hace el referendo en términos de establecer el status de uso público de todas las aguas y de los cauces, lechos, playas y rondas, al tiempo

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que se destinan prioritariamente al ciclo hidrológico todos los ecosistemas esenciales para dicha función natural. Enfáticamente se rechazó la pretensión de equiparar los denominados subsidios cruzados5 al mínimo vital gratuito y la contradicción que encierra la crítica de que este es inferior en metros cúbicos a lo que subsidian aquellos, si al tiempo se sostiene que el segundo es mas costoso que los primeros.

Un futuro incierto La fortaleza de los argumentos que sustentan el referendo pasó la prueba de la controversia tanto con la Viceministro Leyla Rojas como con el Representante Roy Barreras6, que propone modificaciones sustanciales para hacerlo inofensivo. No obstante su imbatibilidad en el terreno conceptual la presión del Gobierno a golpe de declaraciones del Presidente Uribe por interpuesta persona7 o del Ministro del Interior, han conducido a un alineamiento cambiante en el que a favor de la opción de aprobar el texto original se inscriben decididamente el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y se aproxima un sector de Cambio Radical. El Partido Conservador aun no se decide claramente por una u otra opción pero su vocero es firmante de la ponencia mayoritaria que mantiene el texto original. Difícil será sin embargo alcanzar la mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros de la Comisión, dieciocho representantes, que se exige en estos casos. De no concretarse la aprobación del referendo en el primer debate y quedando como último recurso la apelación a la plenaria de la Cámara, se habría perdido una oportunidad inmejorable para el fortalecimiento de la democracia participativa y se vería frustrado un proceso en el cual participaron innumerables redes, organizaciones y personas. Ello no significa sin embargo que el movimiento por el agua este derrotado. Por el contrario, el impulso logrado con el referendo y la evidencia de los grandes intereses que han pretendido cerrarle el paso motivará sin duda al movimiento social a darle continuidad a través de novedosas formas de protesta, denuncia de los abusos de las empresas y referendos locales para revertir el avanzado proceso de mercantilización del agua impuesto al país I * El autor es Director de Ecofondo y Vocero del Referendo por el Agua.

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Informe público N° 4 Cifras reveladoras en el desarrollo de justicia y Paz: El Gobierno incumple con garantías reales a las víctimas en Justicia y Paz. Solo 60 postulados cumplirían con el proceso de Justicia y Paz. OFICINA COMUNICACIONES - IMP * Bogotá, D. C. La ley de justicia y paz ha representado un avance en cuanto a la disminución de las masacres y la violencia en algunos sectores del país, en cuanto al descubrimiento de fosas comunes y la confesión de 6889 hechos y más de 20 mil enunciados en versión libre, pero es una ley llena de problemas porque el gobierno se resiste a aplicarla. Esta es una de las principales conclusiones que presenta el Informe Público No.4 “Justicia y Seguridad para las Víctimas del Conflicto Armado, análisis con perspectiva de género”, presentado por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP. El documento revela que en la realidad, el desarrollo de la Ley 975 de 2005 tiene dificultades: en el acceso de las víctimas a la justicia, la extradición de los jefes para militares, la casi nula reparación y devolución de los bienes y el maltrato sistemático y de desconocimiento al papel y a los derechos de las víctimas y el incumplimiento por parte del Gobierno de crear un verdadero Plan de Protección a Víctimas y Testigos a la luz de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, el informe señala problemas graves en seguridad y protección a las víctimas que hacen parte del proceso y una incapacidad total del Estado para abordar el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el Documento Público No. 4, se denuncia el engaño por parte del Gobierno en relación con las cifras de postulados, porque nos presentó 3711 y vamos a llegar solo a 120, que cumplen a cabalidad con el proceso de justicia y paz, pero además de este grupo la mitad (60) estarán extraditados. Este es un tema grave porque desde el principio solo ha habido 651 desmovilizados en la cárcel. ¿No será que quienes hoy día están delinquiendo en las llamadas bandas emergentes son los mismos que hacen parte de esta cifra de la cual ha hecho alarde el gobierno y si es así, porque siguen apareciendo en la lista de postulados?, señaló la directora de la Alianza IMP, Ángela Yasmith Cerón Lasprilla.

En

Violencia Sexual En el tema de la violencia sexual se presentan dos caras, la de los perpetradores y la de las víctimas. En el caso de los victimarios se hace evidente que durante el proceso de justicia y paz, estos prefirieron denunciar miles de homicidios y no las agresiones sexuales en contra de las mujeres, pese a los testimonios que se han recogido y la jurisprudencia de la Corte respecto al tema. Actualmente solo se han presentado 9 confesiones y 20 hechos confesados. De parte de las víctimas, las mujeres en su situación de vulnerabilidad no se atreven a denunciar, pese al trabajo que realizan las organizaciones de mujeres como el caso de la Alianza IMP. Sin embargo, hay algunos avances; en agosto de 2008 habían 116 denuncias de las mujeres, en septiembre 125, en octubre 140 denuncias. Ahora bien el documento señala que la Fiscalía ha informado sobre cifras no consolidadas que este año van en 204 denuncias. Es importante destacar que este número de denuncias sigue siendo pequeño frente a la realidad, pero es significativo porque ha crecido en 8%.

Propuestas Ante esta crítica situación del desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, la Alianza IMP propone:  Que se aplique la ley en el marco de la justicia transicional, eso quiere decir que de una vez por todas se defina el número de postulados, lo cual significaría en la practica que los tengan en el mismo lugar de reclusión para saber con quiénes realmente se está interactuando y quiénes están cumpliendo con la ley.  Que se acaben las extradiciones y se privilegie la justicia colombiana y los derechos de las victimas, por encima de los intereses de otros países.  Que se garantice continuidad de procesos en relación con los extraditados.  Que se avance en los procesos de reparación y se defina cuándo, cómo y dónde se van a entregar los bienes por parte de los paramilitares.  Que se defina el tema de las tierras para devolverle la vida digna a los campesinos despojados de ellas.  Que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR asuma la creación de las Comisiones Regionales de Reparación

Hechos

porque a cuatro años, como lo ordenó la ley 975, ni siquiera se han constituido.  Que se cree conjuntamente con las victimas un sistema especial de tratamiento a las víctimas de violencia sexual, a nivel interinstitucional.  Que se modifique, amplíe y garantice el acceso de las victimas a los procesos judiciales.  En materia de protección y seguridad que se le brinden todas las garantías a las víctimas y testigos en desarrollo de los procesos judiciales, dado que estamos en un proceso en medio del conflicto armado y que persisten los grupos paramilitares o bandas emergentes.  En el tema de protección y seguridad, que el Gobierno asuma y cumpla a cabalidad con el fallo de la Corte Constitución a través de la Sentencia T-496 de 2008 en el tratamiento del enfoque diferencial de género, pues a la fecha el gobierno aun no ha adoptado las medidas en torno a un programa de protección y seguridad para las víctimas en justicia y paz I * Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP. http://www.mujeresporlapaz.org/

DEL CALLEJÓN…

Reintegración comunitaria: transforma y reconcilia: En este modelo de reintegración las comunidades receptoras tienen un papel fundamental.

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La diferencia cuenta: La reintegración comunitaria con enfoque diferencial implica pensar en las especificidades de las comunidades que reciben a los desmovilizados. Las bandas emergentes siguen creciendo y preocupando: Paralelo a la acción militar contra las bandas emergentes, el Estado debe intensificar su trabajo en otras áreas. Bandas emergentes: historias que se repiten: En 246 municipios de 27 departamentos del país hay presencia de bandas emergentes.

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PANDORA

La encopetada Plaza de Bolívar, la de las palomas y fotógrafos de antaño, la de los ocasionales turistas, la de las concentraciones de trabajadores o la de los manifestantes por la paz y contra la guerra… cambia de visitantes. Se trata de la concentración de más de 400 productores/as campesinos/as que instalarán los acostumbrados Mercados Campesinos. Una Plaza de Bolívar atiborrada de carpas, lugares de venta directa de alimentos frescos a precios justos hecha por los productores del campo al consumidor final. Más de dos mil campesinos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta hacen parte del programa de Mercados campesinos, proceso que inició desde el 2004 y que se ha fortalecido año tras año. Actualmente, los comités municipales del programa de Mercados Campesinos reciben el apoyo de más de 30 alcaldías, entre ellas: Cachipay, El Colegio, Tena, Topaipí, Cáqueza, Ubaque, Chipaque, Guasca, Silvania, Pandi, Chocontá, Viotá, La Vega, Sasaima, Villeta, Útica, El Rosal, Supatá, Cogua, Nuevo Colón, Gachantivá, Coper, Pauna, Otanche, Tunungua, Guateque, Paipa y Ráquira. Este interesante proceso de iniciativa de las organizaciones campesinas es apoyado en Bogotá por la Unión Europea, Oxfam, ILSA y la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Serán más de 150 toneladas de alimentos frescos y de calidad, traídos directamente del campo, llegarán a Bogotá, como manera de visibilizar la importancia que tiene la pequeña y me-

DÍA DEL CAMPESINADO 5 de junio de 2009: campesinos y campesinas celebramos con Usted(es) nuestro día

16 de mayo de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

30 de mayo de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

5 de junio de 2009.

Plaza de Bolívar.

4 de julio de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

1 de agosto de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

29 de agosto de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

5 de septiembre de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

19 de septiembre de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

3 de octubre de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

17 de octubre de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

21 de noviembre de 2009.

Parques de Alcalá, Policarpa, Olaya y Villa Luz

diana producción campesina dentro del abastecimiento de la capital de la República y su seguridad alimentaria. Conjuntamente con los productos frescos que se ofrecerán, la concentración de los Mercados Campesinos contará además con una variada programación de eventos culturales. K Carnaval cultural: carrozas, comparsas y grupos musicales campesinos, que partirá desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar. Se realizaran presentaciones artísticas durante todo el día. K Mercado campesino: participarán más de 400 productores/ as de la región central del país (Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta). En este importante espacio estarán como invitados productores/as de Córdoba, Valle del Cauca, Eje cafetero y comunidades indígenas. K Festival gastronómico: platos típicos de las diversas regiones harán las delicias de los visitantes, así como las golosinas autóctonas de cada región. K Muestra artesanal: productos en lana de oveja, de madera, tejidos, etc. K Carpa institucional: en ella participarán las instituciones que se adhieran al evento con un stand, donde podrán ofertar sus servicios y proyectos. Aparte del evento del próximo 5 de junio, el proyecto Mercados Campesinos realiza periódicamente mercados presenciales en algunos parques de la ciudad de Bogotá en las siguientes fechas previstas para este resto de año 2009:

Parque Alcalá (Avenida carrera 19 con calle 138) Parque Villa Luz (Carrera 77A con calle 64C)

¡AQUÍ

Parque Olaya (Calle 27 sur con carrera 22) Parque Policarpa (Carrera 10 entre calles 3 y 4 sur)

Informes: Coordinador General 3203422856; Secretaría General 3104812733; Comunicaciones 3132920506: Oficina 2692278. Organiza: Comité de Interlocución Campesina y comunal – CICC Con el apoyo: ILSA, OXFAM, Alcaldía de Bogotá – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

NOS

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Estos son los lugares en donde usted, amigo lector, podrá obtener los ejemplares o subscripciones de Caja de Herramientas:

CEPROD Calle 25 Nº 17 - 34 Oficina 202 Sincelejo - Sucre Telefax: (952) 824420 PASTORAL SOCIAL Calle 59 Nº 21 - 45 Barrio Galán Barrancabermeja - Santander FORO COSTA ATLÁNTICA Calle 76 Nº 47 - 36 Piso 2 Barranquilla - Atlántico Tel. (953) 3603301 CORPORACIÓN TIEMPOS DE VIDA Calle 16 Nº 7 - 24 Magangué - Bolívar Tel. (075) 6876278 Fax 6877496 NOROCCIDENTE ESCUELA NACIONAL SINDICAL Calle 51 Nº 55 - 78 Medellín - Antioquia Tel. (074) 5133100 / 5133887 / 5110099 Fax (074) 5122330

CONCIUDADANÍA Carrera 49 Nº 60 - 50 Medellín - Antioquia Tel. (074) 2542238 / 2849546 Fax 2548800

CORPORACIÓN DIÁLOGO DEMOCRÁTICO Calle 20a Nº 14 - 14 Oficina 205 Armenia - Quindío Tel. (0967) 7411558 7447126

CORPORACIÓN REGIÓN Calle 55 N º 41 - 10 Medellín - Antioquia Tel. (074) 2166822 Fax (94) 2395544

CORFAS Calle 54 Nº 10 - 81 pisos 2 y 3 Bogotá, D. C. Tel. (91) 2121514 - 2121088 Fax 2124672

CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA ANTIOQUIA Calle 52 Nº 40 - 64 Interior 302 Medellín - Antioquia Telfax. (074) 2280028

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ROSALBA GONZÁLEZ Carrera 6 Nº 7 - 67 Barrio La Estrella Tel. (078) 4342092 Fax 353333 Florencia (Caquetá)

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