consecuencias tanto políticas como económicas precisadas a continuación. Por un lado, es necesario exigir al Estado colombiano que asuma la total responsabilidad de la financiación de la educación superior estatal; por otro lado, el esquema de financiación debe favorecer ampliamente el subsidio a la oferta y no el subsidio a la demanda para fortalecer así la educación superior estatal, propendiendo porque en el mediano plazo la educación superior pública sea gratuita en su totalidad y de acceso universal. Del mismo modo, es fundamental que toda propuesta de financiación para la educación Superior tenga en cuenta el carácter creciente de sus costos totales con el fin de que ésta sea financiada de la forma más adecuada y plena, con recursos del Estado en las IES públicas. Esta consideración está sustentada en la naturaleza del conocimiento, su valor formativo y su dinámica de producción, creación, desarrollo, apropiación y transmisión: El conocimiento tiene una naturaleza dinámica muy particular, que actúa de forma diferente a la producción de mercancías con fines lucrativos, pues su creación y transmisión tienen la posibilidad de generar campos de conocimiento e investigación cuyos resultados pueden ser cuestionados y transformados dando paso a diversos y nuevos campos de dicha creación, y es allí donde reside, precisamente, su valor formativo. Con esta dinámica, el conocimiento supera el paradigma de la utilidad y la ganancia, pues lo que de ella surge no necesariamente debe producir un usufructo económico o lucrativo. Y es también por esta dinámica de creación inacabada e inagotable que el buen curso de la Educación Superior, en el desarrollo de sus funciones misionales y académicas, demanda cada vez más recursos, puesto que, a mayores y más altos grados cualitativos y cuantitativos de creación y transmisión de conocimiento e investigación, se requieren mayores recursos para su realización y no debe tenerse en cuenta las posibles ganancias que la misma pueda generar o los gastos que ésta pueda ocasionar. Esta dinámica no debe confundirse con la dilapidación o el mal uso de los recursos, entendiendo que la Educación Superior –y la educación en general– tiene una función social, la total financiación de la misma, junto a una veeduría realizada por las IES, el Estado y la sociedad, deben propender porque los recursos destinados a tal fin contribuyan al cumplimiento de la responsabilidad que la Educación Superior tiene con la sociedad en la que se desenvuelve.
6.1.
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN
La premisa sobre la que debe basarse el modelo de financiación es el fortalecimiento de la educación superior estatal y un primer paso para lograr este fortalecimiento es que las políticas de financiación de la Educación Superior estén exentas de la aplicación del régimen de sostenibilidad fiscal. Aquí es preciso resaltar que la viabilidad de la propuesta financiera para la Educación Superior será posible siempre y cuando exista voluntad política del Estado para priorizarla dentro del gasto nacional, pues en términos económicos, el país tiene recursos suficientes para destinar al buen funcionamiento del Sistema de Educación Superior, financiando la oferta si reevalúa sus prioridades fiscales. Sobre esta base es preciso abrir un escenario nacional de debate público de carácter político y académico que haga explícitas las prioridades fiscales del Estado y que muestre cuáles son los destinos finales de la recaudación tributaria, quiénes son los principales contribuyentes y quiénes gozan de mayores privilegios en materia de obligaciones fiscales, dejando claro cuál es el papel que tiene la educación, y en particular la educación superior en la distribución del presupuesto nacional.
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