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Muchos son los comentarios que se escuchan sobre que las personas inmigrantes copan las ayudas sociales en cuestiones como vivienda, prestaciones, salario mínimo… Sin embargo, son también muchos los estudios que evidencian lo contrario. De hecho, las personas inmigrantes reciben del estado menos de lo que aportan a través de las rentas del trabajo o su consumo, por hablar sólo del aspecto económico y sin tener en cuenta las contribuciones en aspecto sociales y culturales. Es importante tener en cuenta que el acceso a los Servicios Sociales es un derecho adquirido por todas las personas. Y el único requisito para llegar a él es, en general, el empadronamiento. La Constitución española establece que el empadronamiento es un derecho y un deber de cualquier persona que habita en el país, con independencia de que su situación administrativa de residencia sea irregular. Así, es el empadronamiento el que da acceso a los servicios sociales, sanidad y educación, que desde mediados de los noventa se reconocen en las leyes estatales y autonómicas como un derecho universal de todo ser humano y, por tanto, nada tiene que ver a la hora de concesión de las ayudas sociales la nacionalidad de la persona o familia receptora de las mismas. Las personas destinatarias de los servicios sociales son familias en riesgo de exclusión social, situación en la que se encuentran muchas personas inmigrantes. Por ello, se entiende como lógico que este colectivo tenga un peso significativo en los servicios sociales. Sin embargo, diferentes datos y estudios desmontan la idea de que "reciben más ayudas que los demás por ser extranjeros". De hecho, los datos de la Diputación Provincial de Málaga reflejan que las personas extranjeras solo suponen el 6 por ciento del total de personas atendidas en el primer semestre por los Servicios Sociales comunitarios de esta administración.

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Manual para Agentes Antirumor de la Provincia de Málaga  
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