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ANTECEDES Y PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO Introducción: Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de enero de 1980 que entró en vigor el 1 de mayo de dicho año, se modificaron los Títulos Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Quince (Procedimiento de Ejecución) y Dieciséis (Responsabilidades y Sanciones) de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se adicionó el artículo 47 (aviso de despido) y se derogaron los artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 463, 464, 465, 467, 468, 470 y 471 (Procedimiento de Huelga). El objeto de la reforma fue simplificar el trámite de los juicios, para lograr que se impartiera justicia de manera pronta y expedita. Distintas causas han impedido que se logre tal objetivo: la gran cantidad de asuntos que se dirimen ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; escasez de recursos por parte del estado y falta de capacitación del personal tanto jurídico como administrativo de las Juntas; inasistencia y falta de participación casi absoluta de los representantes de los trabajadores y de los patrones; abuso de los litigantes, etc., al grado de que una de las reformas en puerta mas importantes, es la laboral. Paolo D’Onofrio, en su obra Lecciones de Derecho Procesal Civil (Editorial Jus, México, 1945, p. 19), define el Derecho Procesal como el sistema de normas que tienen por objeto y fin la realización del derecho objetivo a través de la tutela del derecho subjetivo mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Se refiere a la norma procesal diciendo que por si misma no tiene finalidad, sino que es un medio de realización del derecho objetivo, o sea que es una norma instrumental para aplicar al derecho sustantivo. Podríamos decir que el Derecho Procesal consagra los ritos que deben cumplirse por los particulares ante los tribunales, y a los que a su vez deben sujetar su actuación éstos. Tratándose del procedimiento laboral, al regular y proteger los derechos del trabajador, tenemos que apartarnos de algunos principios que son clásicos en el proceso civil. Principios Procesales: artículos del 685 al 688 Aquí se establecen los principios rectores del procedimiento laboral: publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad, inquisitorio y de participación activa, economía, concentración, sencillez, celeridad, tutelar o de equilibrio procesal. De Publicidad: El procedimiento laboral es público, salvo casos excepcionales en que la moral, las buenas costumbres o el mejor despacho de los negocios, exigen que alguna diligencia sea a puerta cerrada. De Gratuidad: Las actuaciones laborales son gratuitas y no causan impuesto alguno. Tratándose del trabajador, la Junta le nombra perito cuando lo


solicite; la inscripción de embargo y la adjudicación en favor del trabajador ante el Registro Público de la Propiedad, también son gratuitas. De Inmediatez: Se refiere a la comparecencia personal de las partes a la etapa conciliatoria y tratándose de persona moral, de representante con facultades suficientes para conciliar. De oralidad: El procedimiento es predominantemente oral, sin perjuicio de que lo actuado se haga constar en actas y de que las partes promuevan por escrito. Inquisitorio y de Participación Activa: Se requiere de instancia de parte, lo que implica que la actividad jurisdiccional se ejercita a petición de los particulares. Este principio procesal tiene íntima relación con los artículos 871 (El procedimiento se iniciará con la presentación de la demanda.....), 893 (El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ....), 903 (Los conflictos de naturaleza económica podrán ser planteados ..... mediante demanda por escrito), 920 (El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes: I.- se dirigirá por escrito al patrón ....) y 983 (En los procedimientos a que se refiere este capítulo, el trabajador, sindicato o patrón interesado podrá concurrir ante la Junta competente, solicitando oralmente o por escrito ....). De Economía: Eliminación de audiencias incidentales (salvo en los casos de nulidad, competencia, acumulación y excusa), simplificación del número de audiencias, facultad de la Junta para regularizar el procedimiento, preclusión sin necesidad de acusar rebeldía y posibilidad de aclaración del laudo. De Concentración: Acumulación de juicios, tramitación de incidentes dentro del expediente principal como regla general, obligación de designar representante común (salvo que se tengan intereses opuestos). De sencillez: Ausencia de formulismos. De Celeridad: No hay recusación ni incidente de tachas a testigos, pues en todo caso éstas deben formularse oralmente al término del desahogo de la prueba; solo se permite diferir la audiencia inicial en su etapa de conciliación, por una sola vez. También se permite suspender la etapa de demanda y excepciones a petición del actor en el supuesto de que al contestar la demanda el patrón haya reconvenido, y la etapa de ofrecimiento de pruebas también a petición del trabajador en caso de que requiera rendir pruebas respecto de hechos desconocidos que se desprendan de la contestación. Tutelar o de Equilibrio Procesal: La Junta debe subsanar la demanda incompleta y ordenar su aclaración si es obscura o irregular (en los casos en


que el actor es el trabajador), tiende a igualar a las partes, no de manera formal, sino real. El artĂ­culo 688 seĂąala que las autoridades administrativas y judiciales, estĂĄn obligadas a auxiliar a las Juntas.


ANTECEDES Y PRINCIPIOS PROCESALES DEL DERECHO.