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NOVIEMBRE 2010 Número 86

$40.00

SI SE HUNDE JUÁREZ, SE HUNDE MÉXICO: César Duarte

APRUEBAN LEY CONTRA SECUESTRO

EL IFE DEBE CONTAR CON MAYOR PARTICIPACIÓN FEMENINA: Macarita Elizondo

RECIBE ÁLVARO URIBE RECONOCIMIENTO DE LA ANDD


No. 86 noviembre 2010

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2009

S

K 4 EDITORIAL POLICÍA UNIFICADA

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FORO JURÍDICO

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U M

A

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I O

ENTREVISTA

M. MACARITA ELIZONDO GASPERÍN Janet E. Huerta Estefan

DEBE SER AUTORIDAD PARA JUICIO DE AMPARO Dr. Genaro David Góngora Pimentel

QUIEN SIEMBRA VIENTOS, RECOGE TEMPESTADES Dr. Jaime E. Granados Peña

SI SE HUNDE JUÁREZ, SE HUNDE MÉXICO:

César Duarte

JUICIOS EN LÍNEA EN EL TRIBUNAL FISCAL Y ADMINISTRATIVO: FRANCISCO CUEVAS GODÍNEZ Victor Hugo Martínez Barrera ES IMPORTANTE SABER QUE...

EXISTEN FORMAS DE EVITAR SER VÍCTIMAS DE UN DELITO OTORGA LA ANDD LA MEDALLA “POR LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO” AL EX-PRESIDENTE DE COLOMBIA ÁLVARO URIBE VÉLEZ MÉXICO ANTE LA FALTA DE GENERACIÓN DE RIQUEZA Y UNA MALA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Dra. Claudia Terzi


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REFORMA CONSTITUCIONAL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA Reynaldo Manuel Reyes Rosas

REALIZAN DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL CIVIL

¿CUÁNDO MURIERON LOS HÉROES? Lic. Elías Kuri Terrazas

APRUEBAN LEY FEDERAL CONTRA EL SECUESTRO Víctor Hugo Martínez Barrera

DR. PEDRO JOSÉ PEÑALOZA PRESENTÓ SU LIBRO:

“LA JUVENTUD MEXICANA; UNA RADIOGRAFÍA DE SU INCERTIDUMBRE” REFLEXIONES JURÍDICAS

LA ABOGACÍA ES UNA LUCHA DE PASIONES Dr. Carlos Arellano García

TIEMPO DE SABER…

CALIFORNIA Y EL DEBATE SOBRE LAS DROGAS Mtro. Jorge Antonio Alfaro

CADALSO Robespierre

LIBR OS EN

NI MÁS NI MENOS

LIBERTAD DE EXPRESIÓN; CHIHUAHUA A LA VANGUARDIA Y EL SENADO BIEN GRACIAS...

Mtro. Jesús Armando Liogon Beltrán

K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dr. Carlos Arellano García Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL Janet Huerta Estefan janet@forojuridico.org.mx Victor Hugo Martínez Barrera editorial@forojuridico.org.mx DISEÑO EDITORIAL Arturo Jiménez García artjimgar@hotmail.com Gilda Alcivia Tatiana Ramírez Chanona Vanessa Ballesteros COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Platón 429 Col. Palmitas CP 11560 México D.F. Tels. 5281-0822. Diseño Editorial: Look & Feel Design. Mérida 170 – 126 Col. Roma. arturo@lookandfeeldesign.com Tél: 5574-8543. Impresa en Grupo CAZ, S.A. de C.V. Marcos Carrillo 157 Col. Asturias. Tel.: 5741-2629 Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 3330-1625. CITEM Foro Jurídico No. 86, noviembre 2010.

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K EDITORIAL

POLICÍA UNIFICADA el Distrito Federal, los estados y los Municipios; así como el que desarrollen las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como se esperaba, la iniciativa presidencial para unificar en 32 mandos estales a las policías del país y desaparecer policías municipales, ha causado gran alboroto. Constitucionalistas, legisladores de varios partidos y, desde luego Alcaldes de las municipios más grandes del país han expresado su inconformidad con la propuesta argumentando que esta medida no resuelve los problemas de inseguridad. Los argumentos centrales de esta propuesta son: transformar de fondo a los cuerpos policiacos estatales con criterios modernos; reducir la vulnerabilidad que hoy presentan las policías municipales; propiciar una efectiva coordinación en seguradidad pública entre federación y estados y; generar confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública y asegurar las condiciones mínimas que salvaguarden los derechos, y el pleno ejercicio de las libertades. Uno de los puntos más importantes que plantea la reforma, consiste en prever cuales serán los supuestos en que la policía federal asumirá el mando y conducción de las policías estatales, así como los procedimientos para hacerlo y los procedimientos en los cuales las policías estatales asumirán la conducción de las municipales o las metropolitanas acreditadas, cuando incumplan con las condiciones objetivas de desarrollo institucional o los fines propios de la seguridad pública; así como aquéllos en los que la policía federal dirija operativamente a dichas instituciones policiales en l a reacción inmediata en contra de delitos. Se plantea también que el Congreso de la Unión tome parte activa en la lucha contra la delincuencia, otorgándole la facultad para expedir leyes que establezcan la distribución de competencias, los ámbitos de concurrencia entre la Federación,

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La iniciativa se justifica con argumentos como que existe una grave insuficiencia numérica para dar atención a el espacio territorial que le compete a cada municipio, y como el propio presidente lo ha mencionado, aún a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años con el objeto de fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, los resultados no han sido los mejores, tan sólo para el año 2010, los recursos para las policías municipales llegó a los 13, 918 millones de pesos, y ciertamente, aún nos encontramos muy lejos de poder hablar de que las policías municipales han arrojado los resultados que la población desearía. Además hoy sólo 12 de los 31 Estados tienen policías en todos sus municipios y más de 400 en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad propio, mientras que el 90 % de los que si tienen cuentan con menos de 100 elementos. También en el hecho de que uno de los mayores problemas de los que adolecen los cuerpos municipales es de falta de capacitación e infiltración de la delincuencia organizada. El Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública detectó que de los 31, 445 elementos en apoyo a los municipios, sólo el 40% presentó resultados favorables. Sin dejar de reconocer que el planteamiento es polémico, es momento de actuar de manera conjunta y sin colores de partidos en la seguridad, área que compete a los tres niveles de gobierno, y por lo mismo, es posible que bajo un mando unificado se actúe a favor de la protección de los ciudadanos, como ya lo están empezando a hacer los gobernadores de diferentes estados de la República con la firma del Acuerdo de Chihuahua del que también formó parte el Presidente de la República. No hay que soslayar que hoy por hoy, los enemigos de México son los criminales que envenenan a nuestra juventud con drogas, que nos secuestran, que nos han quitado soberanía, libertad, tranquilidad y paz pública. Son también los enemigos de la ilegalidad y de la libertad. Por eso es pertinente apoyar medidas como estas –producto de una situación excepcional-, para combatir al crimen organizado con eficacia K


E N T R E V I S T A

MARÍA MACARITA ELIZONDO GASPERÍN K

Janet E. Huerta Estefan

En el marco de la ceremonia de celebración del 20º Aniversario del Instituto Federal Electoral, la Consejera María Macarita Elizondo Gasperín –única mujer en el Consejo General del IFE-, concedió una entrevista exclusiva a Foro Jurídico en la que aborda varios temas relativos a la actuación de ese instituto, de sus retos frente a la elección del 2012 y, de manera señalada, de cuestiones que tienen que ver con la Democracia y la equidad de género así como de la marcada tendencia en asuntos políticos de preferir la colaboración de los varones sobre las mujeres. 6

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Asegura Macarita Elizondo, Doctora en Derecho y catedrática universitaria de la UNAM, que con frecuencia las políticas públicas en materia de género omiten que sea una la realidad la equidad que las leyes disponen en esta materia, provocando injusticias y desigualdades para cumplir cabalmente con la observancia plena de los derechos de las mujeres. Afirma que debe legislarse para contar con una mayor presencia femenina en el Consejo General del IFE y que. En cuanto a la posibilidad de que una mujer acceda a la Presidencia de la República, la Dra. Elizondo señala que lo que las mujeres debemos hacer es preocuparnos y ocuparnos para abrirnos mayores espacios en la vida pública e influir en todos los temas que forman parte de la agenda nacional. En la medida en que las mujeres hagamos valer nuestros derechos –sostiene-, en el ámbito de lo privado, se erradicará violencia, maltrato, abusos y discriminación y con una sólida preparación y capacitación, las mujeres “abriremos mayores espacios públicos de participación”. Presentamos a nuestros lectores la parte esencial de la entrevista:

¿Cree qué en la vida democrática se excluye la participación de la mujer y se prefiere la colaboración de los varones? Si, y se trata de una cuestión histórica de la humanidad, y en particular vinculada a los usos y costumbres de nuestra sociedad mexicana. Las legítimas aspiraciones de nosotras las mujeres para hacer efectivas las cuotas de género, no sólo en la vida democrática y política, sino en todos los ámbitos de la vida nacional, a través de la lucha firme y cotidiana, se ven ya materializadas al tener mayor representatividad en las actividades que antaño se consideraban exclusivas para el varón. Es un compromiso ineludible de la sociedad comenzar a ver el papel y función de las mujeres en los asuntos públicos como algo natural y dejar atrás conductas enraizadas de sometimiento, subordinación o desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Cómo ve a nivel mundial la participación de la mujer en política? Se tiene el registro de que la democracia representativa en sede legislativa ha aumentado, porque en 1995 las mujeres ocupaban un 11,3% de los escaños y en 2008 en promedio, las mujeres ocuparon el 18,3% de los escaños parlamentarios a escala mundial; sin embargo Europa es la región que despunta con una mayor participación con el 40% de estas cámaras parlamentarias, y por el contrario, en otros continentes un cuarto de todas las cámaras parlamentarias cuentan con menos de 10% de mujeres. El progreso realizado en el 2008 se ve reflejado especialmente en Cuba (43,2%) y las cámaras altas en Belice (38,5%) y Granada (30,8%). En los Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso que realizaron elecciones, retornaron sus porcentajes más altos de mujeres parlamentarias: 17% en cada cámara. Para el año de 2010, las cifras han cambiado, mientras el porcentaje global de escaños parlamentarios ocupados por mujeres alcanzaron un alza histórica de un 19.2% en las cámaras de diputados y un 17.8% en el senado, de acuerdo a la Unión Interparlamentaria, hasta abril del 2010, la representación política de las mujeres tanto

en los niveles altos como en los niveles bajos del gobierno, siguen siendo significativamente menores que la de hombres en la mayoría de las naciones y regiones del mundo. Y para el caso de las mujeres en el ejecutivo a nivel local, es decir las alcaldesas, a nivel de América Latina se cuenta con un promedio de un 8%.

¿En México qué ha hecho el IFE para fomentar la participación de las mujeres en lo electoral y en lo político? El IFE, además de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos en materia de cuotas de género y en la fiscalización de los recursos que los partidos políticos deben destinar anualmente a la capacitación, promoción y promoción de liderazgo político de las mujeres, también ha llevado a cabo actividades de promoción de una cultura de la equidad de género a través de: 1) El Programa de Educación Cívica 20052010, que tiene dentro de sus principios rectores favorecer la perspectiva de género y el respeto a la pluriculturalidad, con el propósito de construir una sociedad con igualdad de oportunidades; y que tiene dentro de sus actividades la organización del Concurso Nacional de Campañas Ciudadanas de Promoción del Voto en Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; 2) La creación del micrositio “Género y Democracia” dentro de su página institucional, donde se difunde valiosa información en la materia. 3) A nivel interno el IFE ha impulsado la equidad de género a través del Programa Integral en contra de la Discriminación y a favor de la Equidad Laboral y de una Cultura Democrática al interior, elaborado a partir de un diagnóstico sobre la equidad laboral y cultura democrática en el instituto. Fue aprobado en 2009 y su ejecución permitirá paulatinamente contribuir a crear un ambiente de mayor equidad de género y de respeto e igualdad de oportunidades en beneficio de las mujeres que laboran en la institución.

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La Consejera María Macarita Elizondo Gasperín –única mujer en el Consejo General del IFE

¿Cómo se han dado a conocer esas actividades al público? El pasado 17 de junio del año en curso, el IFE recibió el “Reconocimiento por la igualdad en los medios Esperanza Brito 2010”, de parte del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), en coordinación con las instituciones integrantes del Consejo Asesor del Observatorio de los Medios de Comunicación, por el spot intitulado “El Lugar de la Mujer”, acto que representa, sin duda alguna, un logro en esta ardua tarea de equidad de género que ha venido desarrollando a lo largo de varios años el IFE. La versión de este spot institucional premiado tuvo como objetivo promover la importancia de la presencia femenina en todas las actividades productivas del país más allá del tradicional trabajo en el hogar. Este reconocimiento es una motivación para que el IFE continúe con su tarea de fomento y respaldo a la equidad de género, en la sociedad mexicana y hacia las propias filas de los trabajadores del IFE, para fortalecer en los ciudadanos la responsabilidad de ejercer en la realidad la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Cómo ha vigilado el IFE que los partidos políticos cumplan con la llamada “cuota de género”? Con relación al registro de candidaturas, el IFE corroboró que todos los partidos y coaliciones cumplieran con la proporción establecida en el COFIPE de 60% como máximo y de 40% como

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mínimo de candidatos propietarios de un mismo género. Derivado de las elecciones federales de 2009 resultaron electas 140 diputadas propietarias por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, sin embargo la conformación de nuestras cámaras actualmente aún no corresponde al porcentaje que el legislador pretendió proteger con el 6040% desde su registro.

¿Cómo vigilan que los partidos canalicen el 2% de su financiamiento público para capacitar y promover el liderazgo político de las mujeres? Respecto a la obligación de los partidos políticos de destinar el 2% de su financiamiento público de actividades ordinarias a la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres le comento que el mes pasado (concretamente el 28 de septiembre del año en curso) el Consejo General del IFE aprobó el Dictamen consolidado respecto de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2009, en donde por segunda ocasión la Unidad de Fiscalización, que es el área encargada del Instituto de vigilar y supervisar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, revisó los informes anuales de gastos presentados por los institutos políticos y en

especial el destino de los recursos destinados a ese rubro del 2%. Durante el desarrollo del trabajo de fiscalización, el auditor debió haber tenido a la vista las evidencias necesarias que acreditaran el empleo de los recursos destinados al desarrollo político de las mujeres; sin embargo, estas pruebas o evidencias no quedaron en ningún momento plasmadas en el Dictamen Consolidado situación que no transparenta la forma en que los partidos comprobaron haber erogado dichas cantidades. Sobre el particular valdría la pena analizar la pertinencia de que una vez concluido el trabajo de auditoría y al realizar su dictamen la unidad de Fiscalización, se extraiga de los papeles de trabajo del auditor la información muestral para plasmarla en un rubro especifico a efecto de dejar claramente establecida la forma en que los partidos han apoyado y dado cumplimento a la obligación establecida. De esa manera, se va evidenciando las formas positivas y negativas de la actuación de los partidos. En general de los 7 partidos políticos nacionales que cuentan con su registro sólo uno de ellos ha incumplido con dicha obligación y por ello ante la falta sustantiva encontrada (tanto en 2008 como en 2009) en esta ocasión al mismo partido político se le sancionó con la finalidad de que la multa impuesta genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas similares.


MARÍA MACARITA ELIZONDO GASPERÍN ¿Qué debe hacer el IFE para que los partidos cumplan con esta ley? En primer lugar invitar a los actores políticos a la reflexión de que resulta benéfico para todos ajustarse a la norma; en segundo lugar, algunas de las propuestas que pudieren considerarse para perfeccionar lo atinente a la fiscalización de los recursos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, así como a la participación de la mujer en la vida política son: A.- Establecer en el Dictamen Consolidado un rubro específico que contenga la información muestral comprobatoria de las actividades de educación y capacitación política de las mujeres. B.- Que el destino de las multas aprobadas por el Consejo General a los Partidos Políticos que no acreditan haber cumplido con la obligación proporcionar ese 2% de su financiamiento para la capacitación promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres se perfile a centros de investigación o al CONACYT pero de manera diferenciada, esto es, que dichos ingresos se envíen de manera específica para la investigación capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. C.- Capacitación específica hacia un verdadero liderazgo político de las mujeres. La idea es proporcionar a las mujeres líderes herramientas teórico-conceptuales y prácticas, que permita contribuir a generar un liderazgo femenino. D.- Una democratización real dentro de los partidos, esto es que en los estatutos de cada partido nacional que cuente con su registro ante el IFE se integren normas que prevean la participación obligatoria de la mujer no sólo en sus órganos de dirección sino que también sea de manera taxativa para cualquier conformación de órganos internos. E.- Fortalecer las oficinas de mujeres y para mujeres al interior de los Partidos. Estas oficinas no sólo como un mero centro de atención a mujeres sino como organismos encargados de impulsar acciones para la igualdad de género dentro de los partidos políticos, es importante que en todo proceso de renovación, de consolidación y de integración se incluya el enfoque de género en el dialogo político, lo cual implica una mayor

capacitación en temas como: toma de decisiones, el empoderamiento económico de las mujeres; aspiraciones y necesidades de las mujeres en los procesos de desarrollo social, familiar, económico, cultural, ambiental y político. f.- Fortalecer lazos y redes con órganos especializados como INMUJERES o UNIFEM. Al hablar de una cuestión de paridad de género en donde se busque una capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de las mujeres no es tarea aislada de un instituto político, de un órgano autónomo como el IFE, sino que debemos de pensar de manera colectiva en la que diversos sistemas se enlacen pero manteniendo cada uno sus operaciones propias para llegar a un mismo fin.

IV. Consentir la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja con enfoque de género; V. Una defensoría pública asistida o de representación legal obligada; VI. Dar seguimiento y especificar la actuación de la CNDH (acciones de inconstitucionalidad contra leyes discriminatorias o no incluyentes); VII. raducción a idiomas, dialectos o lenguas, de las actuaciones judiciales (dado el mosaico pluricultural de México), dados los usos y costumbres locales que pueden violentar los derechos fundamentales de las mujeres; VIII. Capacitación para personal judicial y no judicial que tiene en sus manos la representación legal de las mujeres en estado de necesidad o violencia.

¿Qué hacer para que los derechos de participación de la mujer en la política se hagan realidad? Las políticas públicas en materia de género obviamente omiten los instrumentos procesales que posibilitan la justicia y exigibilidad de los derechos y el conjunto de acciones y servicios necesarios para garantizar dichos derechos. Se desconoce la interdependencia de dos factores: uno es contar con el reconocimiento legal del derecho y otro muy diferente y más importante es contar con los mecanismos para hacerlo valer, lo cual permite el reconocimiento social y yo diría real del derecho. Siempre he sostenido que es más importante el ejercicio del derecho que el derecho en sí mismo. No ejercer el derecho es como no tenerlo, porque en México no se han ejercido en beneficio de las mujeres acciones colectivas con enfoque de género y para eso, a mi juicio, se requiere de las siguientes medidas: I. El rediseño del órgano público especializado para la defensa de los derechos políticos de las mujeres (puede ser INMUJERES, por ejemplo); II. Instrumentar acciones colectivas con enfoque de género; III. Otorgar a dicho órgano público la legitimación activa para poder ejercer acciones tuitivas en tutela del interés colectivo de las mujeres, para hacer valer por ejemplo, las cuotas de género ante las autoridades judiciales en materia electoral;

¿No debería haber más consejeras electorales en el IFE? Debemos aceptar que el Instituto ha tenido un avance insuficiente en la composición de sus órganos colegiados con perspectiva de género. A manera de ejemplo, la conformación del Consejo General del IFE ha contado a lo largo de su historia con una participación poco equitativa de las mujeres, siempre con un tercio o menos de consejeras. De 1990 a 1991 de los 7 Consejeros Magistrados 2 fueron mujeres; de 1991 a 1994 hubo una sola mujer; de 1994 a 1996, los 7 Consejeros Ciudadanos fueron hombres; de 1997 a 2003 de los 9 Consejeros Electorales solo hubo una consejera; de 2004 a 2007, de los 9 Consejeros Electorales 3 fueron mujeres y la más reciente integración de 2008 de la que formo parte como única mujer con voto. Espero que en esta nueva etapa el IFE cuente con una mayor participación femenina.

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¿Como vería una reforma que asegure una cuota de género de 2 ó más mujeres en el IFE y en los institutos electorales locales, similar a la que ya existe para legisladores y ayuntamientos? Es necesario establecer la distinción entre cuota de género y alternancia de género: la primera consiste en que se incluyan en cada lista de candidatos propietarios por el principio de representación proporcional en cada segmentos de cinco candidaturas, dos candidaturas de género distinto, de manera alternada; y la segunda se refiere a la distribución que la ley exige para ocupar un cargo entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la conformación de los consejos municipales electorales se distribuyen nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego de otros, sucediéndose uno al otro. En este sentido, toda acción afirmativa que conlleve una mayor participación de la mujer siempre será bienvenida en los hechos, sin embargo creo que esa propuesta, aun quedaría en deuda con la participación de equidad que realmente buscan las mujeres en la vida política del país.

¿Está preparada la sociedad mexicana para tener una mujer en la Presidencia de la República? Me parece que la pregunta podría formularse de la siguiente manera: ¿De qué forma podrían abrirse más espacios para que las mujeres tengan una mayor participación en la vida política del país? Y es que si seguimos considerando que la sociedad mexicana no está preparada para pensar que la Presidencia de la República debe ser ocupada por la persona –sin importar si es hombre o mujer- que reúna las mejores cualidades para ocupar ese cargo, no podremos transitar nunca de las palabras a los hechos en

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materia de equidad de género. Lo importante es preocuparnos y ocuparnos por la forma en que puedan abrirse mayores espacios para que las mujeres se involucren en la vida pública en mayor medida y que a través de sus acciones, puedan influir de manera determinante en los temas que forman parte de la agenda nacional.

¿No le parece excesivo el costo del IFE, particularmente en medio de la crisis económica que estamos viviendo?

¿Cuáles son los retos inmediatos del IFE A 20 años de su creación y con una sociedad más participativa? El IFE a través del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 se trazo como objetivo focalizar las políticas de educación cívica a quienes enfrentan mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos, tomando en cuenta la importancia que tienen los derechos civiles en el sistema democrático; el principal reto es que la gente esté plenamente consciente de sus derechos político-electorales y el respeto y aprecio a las instituciones que deben velar por el ejercicio efectivo de estos derechos. El siglo XXI debe ser el siglo de un IFE de los ciudadanos; el siglo en que la participación política de la mujer en condiciones de igualdad sea una realidad; el siglo en que las nuevas tecnologías sean una herramienta para fortalecer los procesos electorales; pero principalmente, el siglo en que el IFE siga caminando de la mano con la sociedad y encuentre en los partidos políticos el apoyo necesario para seguir construyendo una democracia de ciudadanía.

¿Quisiera agregar algo? El IFE ha transitado por un proceso de racionalización presupuestal, disminuyendo los costos en los años electorales. Ha logrado reducir su gasto programático a una tasa del 1.0% promedio anual en el periodo comprendido del año 2000 al 2009, como resultado de los proyectos de modernización tecnológica, formación de capital humano y las políticas de austeridad adoptadas. En otras palabras, creo que hay que ver al IFE dentro del contexto del sector público de donde proviene. Mientras que en el año 2000 el IFE representaba el 0.67% del Presupuesto de Egresos de la Federación y en 2009 representó el 0.45%. Con estas cifras me atrevo a señalar que el IFE es uno de los organismos constitucionales con menor crecimiento a lo largo de esta última década con una Tasa Media de Crecimiento Anual negativa de (-1.0%).

Me gustaría dejar como reflexión individual a cada una de las mujeres que comparten su interés con estos temas en el sentido de que en la medida en que podamos como mujeres hacer valer nuestros derechos en el ámbito de lo privado, erradicando la violencia, el maltrato, el abuso, la discriminación, en esa misma medida estaremos lo suficientemente preparadas y capacitadas para la defensa y tutela de los derechos de las mujeres en los espacios públicos que son de interés de la colectividad. El siglo XXI está determinado a ser el siglo de la participación igualitaria y sin distingos discriminatorios de ninguna especie. La mayor inclusión de todos los sectores de la sociedad, en el quehacer que atañe a todos, como lo es lo público, permitirá el avance y el auténtico desarrollo democrático de un país. México lo necesita.


MARÍA MACARITA ELIZONDO GASPERÍN SEMBLANZA

DRA. MARÍA MACARITA ELIZONDO GASPERÍN Licenciada en Derecho y Doctora en Derecho con Mención Honorifica por la Facultad de Derecho de la UNAM Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones por su desempeño académico como: Cátedra Especial “ Alfonso Noriega Cantú” y la Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga” que le asignó el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como las medallas (en el año 2000 y 2006) a sus más de veinte años ininterrumpidos en la docencia universitaria. Las materias impartidas son: Juicio de Amparo, Jurisprudencia y Derecho Procesal Electoral. Miembro de número de diversos colegios e institutos entre los que se citan la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Autora de los libros: “Temas Selectos del Derecho Electoral. Formación y Transformación de las Instituciones” y “Las causales nulidad electoral. Doctrina Jurisprudencial. Estudio de las pruebas” Desde 1987 se ha dedicado ininterrumpidamente al ejercicio del derecho electoral; fue miembro fundador del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal; posteriormente desempeñó diversos cargos en el Tribunal Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el último de los cuales fue el de Magistrada designada por el Senado de la República en la Quinta Circunscripción Plurinominal, cargo que ocupó de 2000 a 2008. Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral designada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cargo que ocupa desde el 15 de agosto de 2008 a la fecha K

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RESUMEN: La Comisión Federal de Electricidad sí es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los criterios que abandona la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Las razones que, según la mayoría de Ministros, apoyan el nuevo criterio. La verdadera naturaleza jurídica de la relación de la Comisión Federal de Electricidad con quien solicita el servicio de suministro de energía eléctrica. Un acto de autoridad no necesariamente requiere de procedimientos de ejecución dirigidos a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos. La invocación por analogía de la tesis “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, es equivocada porque no hay analogía en lo absoluto. 12

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DEBE SER AUTORIDAD PARA JUICIO DE AMPARO K

Dr. Genaro David Góngora Pimentel* El nuevo criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en que se abandonan los criterios emitidos con anterioridad, en los que se consideró que la CFE, sí tenía el carácter de autoridad para efectos del amparo. Dichos criterios son de los siguientes rubros: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACION MEDIANTE LA CUAL SE APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO”. “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUANDO APERCIBE DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA”. “COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO DE LUZ CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VALIDAMENTE PUEDE CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, MAS NO SUSTITUYE AL AVISO PREVIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 26 FRACCION I Y ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA”.

Cuando este criterio se aprobó, el siete de octubre de dos mil nueve, formaba parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte y voté en contra, anunciando que haría voto particular. No pude elaborar el voto porque no es sino hasta ahora en que el asunto se engrosó y publicó, por lo que procedo a explicar las razones de mi disenso.

La nueva reflexión de la Sala se hace consistir en que: “tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del


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derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular”.

En el caso a estudio, en contra de lo que sostiene la mayoría, hay el predominio exclusivo de una sola voluntad, obrando como voluntad unilateral, que dicta su ley, no ya a un individuo, sino a una colectividad indeterminada y que se obliga de antemano, unilateralmente, salvo los particulares que desean aceptar la disposición legal.

Se dice también por la Segunda Sala que “la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobierno (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio”.

Pero, todavía más, sostiene la Segunda Sala que ”tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas, actualice el derecho de la otra, a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, concluye, el corte de suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo, se transforme en acto de autoridad”.

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Thomas Alva Edison

Y, por último, se sostiene que “el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido no todo acto emitido por un órgano de la Administración Pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular.

En estos pretendidos contratos que de contratos no tienen sino el nombre, no hay lo que en el caso sostiene la Sala de que “los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad”. En un principio el suministro de energía eléctrica, se prestaba a través de un contrato privado, y se regía por los pactos privados; en la actualidad, la vida se paralizaría si llegara a faltar por la sola voluntad del que suministra el servicio, el fluido. Cuando Edison construyó su primera planta generadora de electricidad, podían los que deseaban, discutir con él las condiciones del suministro y la manera de prestarlo; hoy, no es posible que ello se deje a la voluntad de las partes y tampoco puede aplicarse en el caso lo que en derecho civil se sitúa en el contexto de los contratos bilaterales. Los que fueron actos contractuales, hoy no pueden quedar sujetos a la voluntad de las partes, y si bien conservan en su apariencia algunos de los elementos de los contratos, la verdad es que tienen otros elementos esenciales más, que no permiten asimilarlos a esa figura, luego el argumento base del criterio mayoritario de la Sala es equivocado. Su naturaleza jurídica es propia, y no es la de un contrato como sostiene la Sala. Se trata de un acto que requiere como elementos de existencia, no sólo el consentimiento y el objeto, sino lleva un elemento más: la voluntad del Estado, pero no en la forma de una sanción general que otorgan las leyes generales, permanentes y abstractas, y que se ponen en movimiento por actos de los particulares; no, la voluntad del Estado interviene como elemento esencial y definitivo, pues autoriza conforme ley a los entes, en este caso un organismo descentralizado, para que proporcione el servicio público que entraña este acto jurídico administrativo.

Es elemento esencial de este acto y concomitante a su nacimiento, la autorización previa de un órgano del Estado. Este elemento solo le da una naturaleza jurídica y una esencia diversa a la del contrato. Su naturaleza jurídica es la de un acto jurídico administrativo plurilateral, pues en el se encuentran siempre como mínimo tres sujetos: el Estado, la empresa descentralizada y el particular usuario. En este acto, tal como hoy se presenta, no puede faltar ninguno de estos tres elementos personales; se requiere la aprobación del Estado a la empresa descentralizada; la intervención del Estado no se agota con el hecho de dar esa autorización, sino que, una vez completa la relación entre empresa y usuario, permanece la autoridad vigilando, cuidando que se observen los términos del acto, evitando se causen daños al interés social, e interviniendo para exigir su cumplimiento, motu proprio, sin necesidad de solicitud de parte interesada. Este acto es dictado en todos sus aspectos por el Estado; el Estado dá normas y disposiciones imposibles de eludir y sobre las cuales necesariamente se debe trabajar. El Estado dá esas normas para alcanzar un fin concreto, que no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades públicas, así en forma detallada, minuciosa y clara, en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establecen una serie de normas para lograr esa meta. No puede llamarse contratos a estos actos, porque se llega a la conclusión que tiene el criterio mayoritario, de pensar en un acto libremente acordado y se lleva obscuridad a la verdadera naturaleza jurídica de la institución. En los Tratados de Derecho Administrativo, como el más moderno que ha llegado a mis manos, ya se estudia esta clase de actos, llamados equivocadamente como “Contratos Administrativos” y, después, con detenimiento, se explican las razones por las cuales existen evidentes diferencias con el régimen jurídico del contrato. Podemos ver esas diferencias entre estos actos y los elementos básicos de los contratos en el “Tratado de Derecho Administrativo” de Agustín Gordillo, Tomo I, 5ª Edición, páginas XI-29 y siguientes. Argentina. En nuestro medio en “Derecho de las Obligaciones” de Ernesto Gutiérrez y González, páginas 345 y siguientes. México.


Por otro lado, es de advertir el sostener que “el corte de suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia”.

tener ese “imperio”, autoridad para los efectos del amparo. Un acto de autoridad puede ser también una resolución que afecte a los interesados, resolución que puede hacerse exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, según que la autoridad disponga ella misma de esa fuerza, o que haya posibilidad de un camino legal para acudir a otras autoridades que dispongan de ella. No es necesario que el ente disponga, por sí mismo, de esa fuerza, pues basta que haya alguna posibilidad legal para acudir a otras autoridades que dispongan de ella, con la finalidad de que su resolución se haga efectiva, para que debamos considerarlo autoridad. Y para

Estas afirmaciones de la mayoría no son exactas, pues un acto de autoridad no necesariamente requiere de procedimientos de ejecución dirigidos a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, como el embargo de bienes. En efecto, basta con suspender el suministro del fluido de energía eléctrica para que tengamos un acto de autoridad que causa un evidente y obvio perjuicio al particular. Tenemos ejemplos en los precedentes ya

publicados en donde se advierte que es suficiente con que la autoridad no inscriba al particular en una lista para acudir a una escuela para que le cause un perjuicio que afecta su interés jurídico; el que un ente de la administración pública descentralizada tenga o no imperio (El “imperio” es la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia), para hacer cumplir sus determinaciones, es ahora una característica que carece de importancia para determinar por sí sola, si ese ente es, en caso de

él podrían causar agravio a los gobernados, por lo cual aún cuando no tenía imperio ejecutivo, sí era autoridad y tal vez una de las que con mayor frecuencia se señalaban como responsables en los juicios de garantías en los Tribunales de Circuito en Materia Administrativa, de lo que cabe concluir que el uso de la fuerza pública, o como se dice por la mayoría “medios coercitivos”, ya no puede considerarse como nota distintiva del concepto de autoridad, debiendo ampliarse a quienes causen perjuicios jurídicos al dictar sus resoluciones, independientemente de si se usan o no “medios coercitivos”. dar un solo ejemplo en apoyo de esta afirmación, bastaría citar los fallos que pronunciaba el Tribunal Fiscal de la Federación. El entonces Tribunal Fiscal de la Federación no tenía facultades para emitir resoluciones encaminadas a la ejecución de sus fallos, esto se logró, en los casos de incumplimiento por la vía del juicio de amparo. Sin embargo, no por ello podemos afirmar que este Tribunal no haya sido autoridad para los efectos del amparo, de hecho y de derecho casi todos los actos de

La sociedad contemporánea asume un carácter grupal cada vez más complejo, en el cual el concepto imperio, que distinguía a la autoridad, se ha venido opacando. En los tiempos actuales, los grupos de interés y de presión poseen un poderío si no superior al menos similar al de los funcionarios estatales, por lo que pueden afectar, a veces con mayor fuerza que los propias autoridades, la esfera jurídica de los particulares, inclusive aquella parte relativa a los derechos fundamentales individuales y sociales de la persona humana.

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De esta manera, los particulares se encuentran ante una doble amenaza, la de los funcionarios públicos, y la de los organismos profesionales, económicos y políticos, y en general, los llamados grupos de interés y de presión incluyendo a las asociaciones profesionales y económicas, los partidos políticos y los organismos descentralizados y en algunos casos, las empresas de participación estatal. El examen hecho nos demuestra que el concepto tradicional de autoridad, estimada como aquella que se confiere al funcionario estatal para imponer coactivamente sus resoluciones a los particulares, se encuentra completamente superado, porque el órgano del Estado puede ser de la administración centralizada o bien de la administración pública paraestatal; y, además, porque el ente paraestatal puede hacer exigible su resolución al particular mediante el uso indirecto de la fuerza pública, pidiéndola a otras autoridades que disponen de esa fuerza. De todo esto se ve la preocupación que tengo de pensar que el criterio de la mayoría vaya a afectar la promoción de los amparos contra los actos de organismos descentralizados. En otra conclusión, el corte de suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad que no es una relación contractual entre el usuario y dicho organismo, causa un evidente perjuicio jurídico al usuario, porque no se otorga garantía de audiencia previa, porque no admitiéndose el juicio de amparo tendría que acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor o a los jueces de primera instancia civiles sin contar con el instituto de la suspensión del acto reclamado. Hay otro punto del criterio mayoritario al que debemos prestar atención, me refiero a la invocación por analogía del criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, página 274, de la Quinta Época, Tribunal Pleno, que dice: “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.Los actos de las autoridades, negándose a cumplir los contratos administrativos que hayan celebrado, no constituyen propiamente actos

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de autoridad, sino de una persona moral que se niega a cumplir con una obligación; y contra tales actos, no procede dar entrada al amparo, que sólo cabe contra actos de autoridad”. Una tesis se dicta y publica en razón del asunto que examinó la Suprema Corte de Justicia. Dicho en otras palabras, no puede existir una tesis de manera aislada sin estar ligada necesariamente al asunto que se resolvió. En el caso a estudio según el “extracto” que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, el Licenciado Eduardo Pallares pidió amparo, contra el Presidente Municipal de la ciudad de México, por actos que consisten en que esta autoridad, se negó a cubrir los sueldos que el quejoso reclamaba por sus servicios profesionales, como abogado ayudante en el Departamento Consultivo del Ayuntamiento quedándosele a deber la segunda decena de diciembre de mil novecientos veinticuatro, por lo que estimó violados los artículos quinto y dieciséis constitucionales; el Juez Segundo Supernumerario de Distrito del Distrito Federal, desechó por improcedente la demanda. Según se desprende de las versiones taquigráficas, el Licenciado Pallares prestaba sus servicios en virtud de un convenio y no como empleado público.

La sentencia tiene el siguiente CONSIDERANDO: “Que los actos reclamados por el quejoso en contra del Presidente Municipal de la Ciudad de México, no constituyen propiamente actos de autoridad, sino que, representando a la Corporación Municipal, obra como persona moral, como parte que se niega a cumplir con una obligación. Ahora bien, el juicio de amparo, de acuerdo con la fracción primera del artículo ciento tres constitucional, procede únicamente contra actos de autoridad, no siendo, por lo tanto, de esta naturaleza, el reclamado por el promovente, la demanda de amparo es improcedente, en los términos de los artículos cuarenta y tres, fracción octava, y setenta y uno de la Ley de Amparo”. Y esta es toda la sentencia. Para aplicar por analogía una tesis ya publicada a una sentencia, debe verse previamente cuales son las similitudes entre el problema que se presenta al juzgador y la tesis que desea aplicarse. Una vez estudiadas y localizadas las semejanzas, deben examinarse las diferencias entre el asunto a estudio y la sentencia que dio lugar a la tesis que se pretende aplicar. Si las semejanzas son mayores que las diferencias, entonces si es de admitirse la aplicación por analogía. Pues bien, en el caso a estudio, en mi opinión no existe ninguna semejanza. En efecto, ya dije que no estamos frente a un contrato. El asunto que dio lugar a la tesis que se pretende aplicar por analogía es, precisamente, un supuesto en que el Municipio actúa como persona moral oficial, celebrando un contrato de prestación de servicios profesionales con un particular, luego esta en el campo del derecho privado y no del derecho público, porque según nos enteramos, el Licenciado Pallares prestaba sus servicios en virtud de un convenio y no como empleado público. No veo claro como pudiera haber analogía alguna entre la prestación del servicio de energía eléctrica con el caso que estudió la Suprema Corte en Pleno en el año de mil novecientos veinticuatro. Lamento diferir del criterio mayoritario, tal como lo había anunciado en su oportunidad K *Doctor en Derecho. Catedrático de la UNAM. Ministro en retiro de la SCJN


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QUIEN SIEMBRA VIENTOS, RECOGE TEMPESTADES

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Dr. Jaime E. Granados Peña* EN DÍAS PASADOS SE CONOCIÓ QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ DECLARÓ DELITO DE LESA HUMANIDAD, LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL GRUPO SUBVERSIVO M-19. ELLO IMPLICA, ENTRE OTRAS, QUE LOS DELITOS COMETIDOS POR EL M-19, SON IMPRESCRIPTIBLES Y NO SUJETOS A AMNISTÍAS, INDULTOS, PERDONES O SIMILARES.

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Y estoy hablando de la ya célebre teoría de la Autoría Mediata por el dominio de aparatos organizados de poder, enunciada por el tratadista Claus Roxin. Cosa curiosa, la aplicación de esta teoría para condenar al Coronel Plazas Vega, no era jurídicamente valedera, mientras que la misma es idónea para hacer un juicio de responsabilidades a los ex dirigentes del grupo subversivo. De una parte, el mismo Roxin en su obra señaló que la teoría no podía ser aplicable en Estados de Derecho, como creemos que era Colombia, a pesar de sus dificultades, en el año de 1985. En efecto, los aparatos organizados de poder como mecanismo para la comisión de toda suerte de delitos, solo es predicable de estados totalitarios, donde siempre se puso como ejemplo la Alemania nazi o la República Democrática Alemana (RDA). La aplicación, dudosa, de la tesis de Roxin para condenar a Alberto Fujimori en el Perú, implicó que las Cortes tuvieran que utilizar una pequeña

Claus Roxin

Inmediatamente, con evidente afán de desligarse del acto, salieron algunos de sus antiguos integrantes a proclamar que los autores del asalto habían muerto en el mismo, o con posterioridad. Sin embargo, para estos antiguos dirigentes del M-19 desligarse de responsabilidades en el asalto no va a resultar tan fácil como pudiera pensarse, paradójicamente bajo los mismos argumentos que se utilizaron para condenar, injustamente, al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega en estos hechos.


El tratadista sí que admite que “movimientos clandestinos, organizaciones secretas, bandas criminales o grupos ilegales” puedan adoptar la forma de aparatos organizados de poder, para cometer toda suerte de delitos, bajo las distintas características que el autor enuncia para esta figura, como la “fungibilidad” del ejecutor material (si alguien de la organización se rehúsa a hacer su parte, basta con cambiarlo y colocar a otro) o el “hombre de atrás” como persona que oprime un botón y pone en marcha toda la maquinaria, entre otras particularidades. Bajo esta óptica, el M-19 se acopla perfectamente a la definición de un aparato organizado de poder, en la medida en que tuvo permanencia en el tiempo, tuvo una dirigencia (los hombres de atrás) que disponían de todo un personal de

Alberto Fujimori

argucia consistente en deslegitimar el Estado bajo la égida de Fujimori, declarando nulas dos leyes constitucionales que se habían emitido en el año de 1993, para así crear el sofisma de un Perú en ilegalidad durante una parte del mandato de Fujimori. En un Estado de Derecho, dice Roxin, simplemente no tiene cabida a la teoría de los aparatos organizados de poder, y cuando alguno de sus agentes comete delitos, lo hace es en rebeldía a los principios que ha jurado proteger, de forma que el grado de participación del responsable del delito que se debe formular es con fundamento en las instituciones clásicas existentes para tal fin (autoría, coautoría, complicidad, determinación, etc.).

“ejecutores materiales”, todos ellos perfectamente intercambiables o fungibles, que bajo el pretexto de tomarse el poder, cometieron toda suerte de delitos, muchos de ellos calificables como de lesa humanidad. En particular, el asalto del Palacio de Justicia, pudo ser cometido por cualquier integrante de la banda, siendo Almarales, Otero, Jacquin y los otros, miembros del grupo perfectamente reemplazables por otros en caso de así haber sido necesario. A la sombra, ocultos, estaban los máximos dirigentes del grupo (los hombres de atrás) diseñando los planes, las estrategias, velando por la ejecución de su plan global, entre los que podríamos citar a Petro, Navarro Wolf, Grave, entre otros. Es así como los crímenes cometidos por el M-19, no sólo en el Palacio de Justicia (homicidio, lesiones personales, secuestro, toma de rehenes, todos en contra de civiles, es decir, personas protegidas por el DIH, por citar unos cuantos) sino en todo el tiempo que el grupo estuvo operativo, pueden ser imputables a quienes fueron sus dirigentes visibles y en la sombra, en desarrollo de la tesis del aclamado Claus Roxin. Esperemos que las autoridades judiciales en Colombia sean tan efectivas para adelantar y finalizar las investigaciones del caso en contra de los “hombres y mujeres de atrás” (Hintermänner), del M-19, como lo han sido en años recientes para hacerlo en contra de los integrantes del Ejército de Colombia que participaron en la recuperación para la legalidad del Palacio de Justicia K *Miembro de la Comisión Constitucional de Seguimiento de la Reforma Penal. Presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal de Colombia.

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Durante su toma de protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua para el periodo 2010 – 2016, César Duarte Jáquez demandó del Presidente de la República enérgicas acciones conjuntas para combatir a la delincuencia organizada y acabar con la violencia y la impunidad que se vive en la entidad. Si se hunde Ciudad Juárez, se hunde México, advirtió enviándole un mensaje al Ejecutivo Federal a través de su representante el Secretario de la Reforma Agraria, Ing. Abelardo Escobar Prieto.

SI SE HUNDE JUÁREZ, SE HUNDE MÉXICO:

César Duarte

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Quiero que me recuerden como el gobernador que le devolviテウ la tranquilidad y la paz a su pueblo

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on el testimonio de los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, de la mayoría de gobernadores priistas, de más de 20 Senadores de todos los partidos políticos, de 200 diputados federales de la LXI, y ex diputados de la LX Legislatura (de la que fue Presidente Duarte Jáquez) y de la lidereza del PRI, Beatriz Paredes Rangel, el gobernador entrante de Chihuahua se comprometió ante sus paisanos a devolverles la tranquilidad y la paz que gozaban hace apenas una década. “Quiero que me recuerden, enfatizó César Duarte, como el gobernador que le devolvió la tranquilidad y la paz a su pueblo”. Es preciso, señaló César Duarte, reforzar a las instituciones para no dispersar fuerzas frente a bandas de criminales organizadas y con elementos tecnológicos y armamento sofisticado, anunciando la permanencia del Ejército en Chihuahua como apoyo a las policías locales. "Para recuperar el orden y la paz pública. Es indispensable que trabajemos de manera coordinada con el Ejército mexicano sobre dos premisas: confianza mutua y objetivos comunes". Aprovechó el momento, dijo, para reconocer la valentía y lealtad con la que se han manejado las fuerzas armadas en esta lucha contra la criminalidad. En su intervención, Duarte Jáquez hizo un llamado al Gobierno Federal para trabajar de manera conjunta en esta lucha contra la impunidad, para no permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos, es un síntoma de desesperación y de fallas evidentes del sistema de justicia. Durante su mensaje de toma de protesta el Gobernador de Chihuahua lanzó lo que será el programa central de su gobierno: “Vive Chihuahua”, que tendrá como objetivo devolver la paz social y reactivar la economía y el turismo en el Estado, por que “Sin seguridad no puede haber desarrollo social ni actividad económica”. Señaló que la población se siente indefensa y vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla. Para lograr los objetivos del programa, consideró necesaria una mayor coordinación entre el gobierno estatal y federal ya que la falta de ésta, favorece a los delincuentes que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos. “Tenemos una tarea compartida,

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Tenemos una tarea compartida, en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos


en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos”, aseguró. En su propuesta, el nuevo gobernador anunció también una serie de medidas para rescatar los espacios públicos y para acabar con la inseguridad que prevalece en todo el territorio de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, anunciando la creación de una Fiscalía General, con un mando único de las policías de todo el estado, como una estrategia para luchar contra la delincuencia común y organizada. Prometió que dicha Fiscalía estará funcionando en un año y ésta tendrá la responsabilidad de la procuración de justicia y la aplicación de penas y que estarán a su cargo el mando unificado de la policía. Estableció un periodo de cien días para que el gobierno federal y estatal evalúen los primeros resultados del programa “Chihuahua Vive”, el cual deberá enderezar los ejes de seguridad y prosperidad ya que está fundamentado en valores de justicia, confianza y equidad. En el combate al narcotráfico debe haber orden institucional y voluntad política para la coordinación entre los poderes públicos, afirmó Duarte. Otra parte importante del programa mencionado es el apoyo que se proporcionará a los hijos de las víctimas del narcotráfico. Para este propósito, anunció la creación de un Fideicomiso con 100 millones de pesos. instruyendo al nuevo Secretario de Hacienda de la entidad para que de inmediato constituyera dicho fondo. En su primer discurso como Gobernador de Chihuahua, César Duarte anunció que uno de los pilares de su gobierno será la seguridad pública y la lucha contra la criminalidad organizada, asegurando que además del programa “Vive Chihuahua”, presentará de inmediato al congreso estatal una iniciativa de cadena perpetua para el homicidio múltiple, el secuestro y la extorsión K

Para recuperar el orden y la paz pública. Es indispensable que trabajemos de manera coordinada con el Ejército mexicano sobre dos premisas: confianza mutua y objetivos comunes FORO JURÍDICO

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PARA DICIEMBRE

JUICIOS EN LÍNEA EN EL TRIBUNAL FISCAL Y ADMINISTRATIVO: FRANCISCO CUEVAS GODÍNEZ

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Victor Hugo Martínez Barrera Durante la XIX Reunión Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa celebrada en Ixtapan de la Sal, Edo. de México, el Presidente de ese tribunal federal Magistrado Francisco Cuevas Godínez, señaló que el Juicio en Línea, por disposición de la ley, comenzará a funcionar en diciembre de este año y colocará a la institución en la vanguardia en el uso de la tecnología informática para la impartición de justicia, asegurando que este proyecto está diseñado para que pueda ser desarrollado en otros órganos jurisdiccionales. 24

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a reunión fue inaugurada por el Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, quien resaltó la importancia de seguir remodelando y rediseñando las instituciones que habrán de servir al país en el nuevo milenio, y de emprender novedosos modelos, así como de romper con paradigmas mediante proyectos como el Juicio en Línea, con el que el TFJFA será el primer tribunal en el mundo que pueda resolver todo un asunto de esa manera. Es así, puntualizó, como con instrumentos y mecanismos legales se abonará y contribuirá al propósito de consolidar un Estado de Derecho, donde haya respeto a la ley y ésta se aplique por igual a todos, con el propósito de tener un México moderno, de vanguardia y competitivo, que atraiga mayores inversiones. Mencionó también Peña Nieto que en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, 2010 es un año que invita a repensar a México y repensar el funcionamiento de sus instituciones, como ésta que se ocupa de velar por la legalidad y por el respeto al Estado de Derecho. En su intervención el Magistrado Presidente Francisco Cuevas abundó sobre varios aspectos del Tribunal y del nuevo Juicio en Línea. Mencionó que el mandato constitucional de justicia pronta y eficaz debe interpretarse a la luz de esta nueva realidad social, y es por eso que los órganos superiores del Tribunal decidieron desarrollar ese proyecto para utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la impartición de justicia, destacando que la reforma procesal y orgánica fue aprobada en el Senado de la República por unanimidad y que significa un cambio de fondo que el TFJFA impulsa para agilizar su funcionamiento y fortalecer sus resoluciones, y que una vez que culmine el proceso legislativo el tribunal estará obligado a resolver, invariablemente, el fondo de los asuntos, en beneficio de los justiciables. En este mismo tenor, y con relación a la obligación de los órganos jurisdiccionales para garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, garantía constitucional de todo gobernado en nuestro país y que se encuentra consagrada en el artículo 17 constitucional, el Magistrado presidente, dijo que también deberán resolver en 24 horas sobre la admisión de las demandas y la suspensión del acto reclamado, y a desahogar en la vía sumaria y de manera unitaria los juicios

Frente a la demanda social de una justicia efectiva, se deben revisar a profundidad su organización y funcionamiento y, en este sentido, el Tribunal es reconocido como una institución confiable por su desempeño y por la calidad de sus resoluciones de menor cuantía y complejidad, evitando litigios largos y costosos, refrendando así, su afán de que los beneficiarios de este novedoso proyecto sean tanto la sociedad como el Tribunal o tribunales, en caso de que otros órganos jurisdiccionales adopten este nuevo sistema de impartición de justicia. Añadió que el proyecto del Juicio en Línea fue aprobado por los tres Poderes de la Unión, y que se obtuvo el apoyo presupuestal necesario para su desarrollo. Francisco Cuevas Godínez advirtió que los Magistrados del tribunal de todo el país, también darán seguimiento a la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica, aprobada por la Cámara de Diputados, por la que el TFJFA conocerá de esta materia por medio de una nueva Sala Especializada. Reconoció que uno de los problemas más graves que hoy vivimos es el incumplimiento de la ley. Muchas voces, recordó, señalan que vivimos una crisis de legalidad debido, por ejemplo, a que cuando la autoridad emite actos que se apartan de la ley, o el particular no obedece las normas, se daña al conjunto de la sociedad. “El daño es más grave si esas conductas no se sancionan, porque entonces se genera la forma más grave de incumplimiento de la ley, que es la impunidad, y si bien en México hemos avanzado en el tema de legalidad, se debe reconocer, además, que hay mucho México fuera, por encima y al margen del Derecho, mucho México necesitado de justicia”. Por ello, en el México del siglo XXI, los órganos jurisdiccionales deben ser un instrumento esencial de la gobernabilidad democrática. “Frente a la demanda social de una justicia efectiva, se deben revisar a profundidad su organización y funcionamiento y, en este sentido, el Tribunal es reconocido como una institución confiable por su desempeño y por la calidad de

sus resoluciones. Estoy convencido de que la legalidad es el mayor reto de nuestro tiempo, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. El apego permanente a la ley será, sin duda, el mejor detonador de inversión, competitividad y desarrollo”. Culminó el Magistrado Cuevas comentando que entre los principales beneficios de este sistema de justicia vía Internet, se podrán realizar procesos judiciales desde el hogar o desde cualquier lugar donde exista conexión a internet, y cada vez se van desarrollando mejores sistemas de conexión inalámbrica para la utilización de la red de redes. Además, los expedientes podrán ser consultados también por Internet a cualquier hora del día, los documentos, videos, audio, e imágenes que las partes ofrezcan como pruebas, incluido el expediente administrativo, podrán exhibirse vía Internet. Sólo en casos excepcionales sobre pruebas diferentes a las anteriores, deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas ante la sala que esté conociendo del asunto. Otro de los objetivos de este proyecto es el de bajar el tiempo que se tarda actualmente el tribunal para resolver un asunto, en promedio es de dos años y se espera llegar a un promedio de entre seis y ocho meses. Se contempla además que el promedio de administrar el expediente (coser el expediente, sacarle copias, subirlo al secretario, sellar, etc.,) ocupa el 80% de tiempo, como ahora todo será virtual y estará en la base de de datos del tribunal, los tiempos se reducirán considerablemente. Este sistema de Juicio en Línea será optativo para los justiciables o sus abogados, es decir, podrán elegir si desean litigar bajo el procedimiento tradicional o el moderno con computadora K

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ES IMPORTANTE SABER QUE...

EXISTEN FORMAS DE EVITAR SER VÍCTIMAS DE UN DELITO En México sólo el 3% de los delitos denunciados reciben castigo conforme a la ley. Esto hace que la delincuencia sea uno de los más rentables y atractivos “negocios”, ya que tiene más del 97% de posibilidades de éxito y bajo riesgo. En nuestro país, la lucha contra la delincuencia es un largo proceso, que si es bien desarrollado, logrará regresar la paz a los hogares mexicanos. Sin embargo, no podemos esperar a que se solucionen las cosas, debemos cuidar nuestro patrimonio, pero primordialmente nuestra vida, y es por eso que dejamos a nuestros lectores una serie de consejos sobre qué hacer cuando seamos víctimas de un delito, o nos encontremos en situaciones riesgosas como un tiroteo.

a usted no le pasará es el más grande riesgo. Tome en cuenta que el delincuente no tiene un aspecto o prototipo determinado, en el mayor de los casos está nervioso y tiene miedo, y por lo tanto si usted no coopera con lo que le dice es muy probable que sufra una agresión. Si ve un sospechoso, observe su comportamiento, sus manos (los delincuentes las esconden), sus ojos.

Precauciones al conducir

Si identifica una situación sospechosa en la calle por donde usted camina, aléjese cambiando de dirección, cuando un sospechoso esté acercándose a usted proceda a:

Selección de la víctima

Cruzar la calle y observar su comportamiento. Si el sospechoso cruza también no permita que se acerque; busque un lugar seguro y concurrido (un negocio, un supermercado, etc.); si no hay donde refugiarse, corra antes de que él se acerque a usted, nunca corra después de que fue abordado; si el sospechoso lo persigue, grite (fuego o el nombre de alguien “Juan”), el delincuente no lo seguirá por mucho tiempo, él no quiere llamar la atención.

Mantenga las puertas con el seguro puesto, esto también aplica en taxis, los abordajes a un vehículo sólo son posibles si el vehículo está detenido, un delincuente nunca trata de abordar un auto en movimiento. Si se le poncha una llanta de noche, o en lugares solitarios, conduzca hasta un lugar concurrido. No se detenga a ayudar a alguien de noche o en lugares solitarios, llame al 066 y dé los datos del lugar donde se necesita ayuda.

En el estacionamiento

La víctima es la más débil, más distraída o en posesión de lo que el delincuente quiere. El ataque pede llevar meses, o algunos segundos, un delincuente siempre evalúa la situación antes de tomar el riesgo de atacar a su víctima, así mismo el planea como será el ataque: día, hora, lugar, forma de acercarse, arma, etc. Si usted quiere evitar ser una víctima, primeramente debe de saber que pensar que

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Prefiera estacionamientos de paga, dejar el auto en la calle es más peligroso. Planee sus horarios y nunca deje las llaves de su casa dentro del vehículo, ni objetos de valor visibles. Antes de estacionarse o al regresar mire a su alrededor para detectar personas o situaciones sospechosas, si eso ocurre, aléjese y pida ayuda. Si ve a alguien abriendo su auto, robando algún accesorio o dentro del auto, nunca se acerque, busque ayuda y vaya a un lugar seguro. Si al volver a su auto observa un desperfecto, llame de inmediato para pedir ayuda, no acepte ayuda de desconocidos.

Al entrar al vehículo enciéndalo, ponga los seguros y parta inmediatamente, después póngase el cinturón de seguridad. Evite las rutinas, procure diversificar sus caminos y si es posible sus horarios de salida y de llegada. No descuide el mantenimiento de su vehículo. Manténgalo en condiciones óptimas. Esto evitará fallas que le obliguen a detenerse. No se detenga si su auto es golpeado por piedras o cualquier otro objeto en calles desconocidas o poco iluminadas.

En los semáforos Observe su entorno, generalmente los ladrones atacan por el lado izquierdo. Evite comprar en los semáforos, usted se distrae, abre el vidrio y se expone. No ponga portafolios, sacos o bolsas a la


vista, mantenga su celular abajo de su pierna. El carril central es el más seguro, recuerde tener siempre el vehículo en primera velocidad o “D”. Pordioseros y vendedores pueden ser cómplices e identificar posibles víctimas. Si es asaltado en su auto mantenga la calma y pida al delincuente que la tenga, hágale sentir que él “controla la situación”, repita y ejecute lo que le ordenan, mantenga las manos donde el asaltante pueda verlas (en el volante). Si fuera a tocar objetos, soltar el cinturón o abrir la puerta, avíselo al asaltante y hágalo con movimientos suaves. Si tiene que bajar del auto hágalo a manera de evitar ser empujado al interior.

En el cajero automático y en las compras No utilice cajeros automáticos por la noche, prefiera los cajeros de bancos, supermercados, centros comerciales u otros locales donde hay personal de seguridad y/o gran número de personas y jamás acepte ayuda de extraños en un cajero automático. No lleve muchas tarjetas de crédito, mucho dinero o talonarios de cheque, mejor programe su compra, escoja como pagarla y salga de su casa solamente con lo indispensable. Cuando abra su cartera evite que desconocidos vean sus tarjetas, o cuánto dinero trae.

“Extorción telefónica” Los delincuentes acostumbran decir que: son un familiar proveniente de Estados Unidos detenido por las Autoridades, que tienen a su familiar secuestrado, que son los “Zetas o grupos delictivos cobrando derecho de piso o vendiendo protección, o que usted ha ganado un Premio. Como en todos los demás casos, lo primero que debe de hacer es mantener la calma, si tiene identificador de llamadas y no reconoce el número, anótelo, así como la hora y fecha, al contestar nunca use su nombre o el de alguno de sus familiares, llame a su familiar para verificar que se encuentra bien, no negocie ni comprometa nada, mantenga descolgado el teléfono por un par horas. Para prevenir este delito usted puede instalar un identificador de llamadas, tener a la mano un directorio de sus familiares

y de los principales vecinos, evitar proporcionar información personal y financiera, platicar con su familia sobre el tema de la extorsión telefónica y no tomar en serio llamadas que digan que ha ganado un premio por lo general son falsas.

El secuestro express Frecuentemente, suceden cerca de un cajero automático, se le exige a la víctima revelar el número confidencial de sus tarjetas para realizar retiros. Debe mantener la calma y no oponer resistencia, avise si va a realizar algún movimiento y hágalo lentamente, evite mirar el rostro del delincuente y no trate de huir. Repita y ejecute las instrucciones que le indique el delincuente.

¿Qué hacer en retenes del gobierno o de delincuentes? Si le marca el alto una Unidad del Ejército, AFI, PFP o Comando: Baja la velocidad de tu vehículo, enciende las luces intermitentes para ‘avisar’ que atenderás el llamado, posteriormente enciende la luz interior y coloca tus dos manos sobre el volante de manera visible. Procura traer en tu vehículo sólo las cosas necesarias, para hacer más rápida la revisión. Colabora en todo momento con las fuerzas Federales y mantén la calma. Si hay fuerzas de seguridad o convoys del ejército circulando, evita rebasarlos a alta velocidad, trae siempre una identificación, la del trabajo es muy importante. Si te marca el alto cualquier vehículo con un grupo armado: Detente de inmediato, no huyas ni trates de evadirte, te pueden confundir y disparar. Estas personas al no estar seguros de si es o no su víctima, prefieren hacerte el alto para cerciorarse de que sea y si lo es ‘levantarlo’. Prende la luz interior y pon las manos arriba del volante, ten calma, no te pongas a la defensiva ya que ellos ‘van a lo que van´ y el menor malestar los puede irritar y hacer que pierdan la paciencia. Comúnmente te piden que te identifiques, hazlo sin titubear, muéstrales tu identificación o pasaporte, llévalos contigo siempre a donde quiera que vayas, te sirve como plena identificación. No preguntes ni hables de más,

solo contesta lo que te preguntan (Comúnmente: ¿En dónde vives?, ¿a qué te dedicas?, ¿de quién es el vehículo?, etc). Aunque parezca increíble los sicarios no se confunden si están seguros de que su victimario va a bordo del vehículo, en caso de que duden, prefieren pararte para verificar, si no es lo que buscan lo dejan ir. Evita exponerte y en lo posible no salir tarde por la noche, de ser así, transita por lugares con tráfico y alumbrados. Evita atajos.

Enfrentamientos y Tiroteos Si estás cerca de donde se esté librando un enfrentamiento tírate al suelo y cubre tu cabeza con ambas manos, no corras, si estás en un vehículo, arrójate al piso del mismo y busca proteger a los menores, no bajes corriendo de la unidad ya que puedes ser confundido con un criminal escapando de la escena del crimen.

Delitos sexuales La primera cosa que observan en una víctima potencial es el peinado. Es más probable que ataquen a una mujer con cabello largo y/o peinado tipo cola de caballo, trenzado o que sea posible jalar. Las de cabellos cortos no son blancos comunes, la segunda cosa que observan es la ropa, seleccionan mujeres con ropa fácil de arrancar, también prefieren mujeres hablando por celular o haciendo otras cosas mientras caminan; esto les indica que están distraídas y pueden ser fácilmente atacadas. Las horas del día en que más atacan y violan mujeres es al comienzo de la mañana, entre las 05:00 y las 8:30 hrs. y después de las 22:30 hrs. Procuran atacar en lugares en que puedan cargar a la mujer y llevarla a otro lugar. Si la víctima reacciona luchando, normalmente desisten en pocos minutos. No atacan mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser usados como arma a distancia. Si alguien la sigue en una calle o si se encuentra con algún sospechoso en elevadores o escaleras, mírelo directamente a la cara y pregúntele alguna cosa, tipo: “¿Qué hora tiene?“, si se trata de un violador, tendrá miedo de ser identificado y perderá el interés en tenerla como víctima. Si alguien se presenta imprevistamente y la agarra, grite, la mayoría de los violadores suelta a una mujer que grita. En cualquier situación de peligro, grite siempre “fuego, fuego”, con ello acudirán curiosos, si su grito es “socorro” la mayoría de las personas se retiran, por miedo K

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OTORGA LA AND “POR LA DEFENSA DEL AL EX-PRESIDENT ÁLVARO UR

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De pié: Arturo Ancona García ópez, Samuel González Ruíz, Francisco Bravo Ramírez, Román Lascano Fernández, Juan Saldaña Pérez, Moisés Moreno Hernández y Sergio Casanova Reguart. FORO JURÍDICO


DD LA MEDALLA ESTADO DE DERECHO” TE DE COLOMBIA RIBE VÉLEZ

Sentados: Carlos E. Rueda Dávila, Ana María Zarza Delgado, Claudia Terzi, Elias Huerta Psihas, Álvaro Uribe Vélez, José G. Carrera Domínguez, Celia Casillas Montes, Luis Camilo Osorio Izasa y María Elena Leguízamo Ferrer. FORO JURÍDICO

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Janet Huerta Estefan

E

n una emotiva ceremonia el pasado sábado 23 de noviembre en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense en la Ciudad de Toluca, Estado de México, se realizó la entrega del Premio “POR LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO” que anualmente la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C. otorga a un jurista que se haya distinguido precisamente por esa razón, por haber desplegado acciones en pro del fortalecimiento y defensa del Estado de Derecho. En la sesión correspondiente del mes de diciembre del 2009, el Consejo Directivo de la ANDD por unanimidad de votos decidió otorgar el citado premio -consistente en una presea y un pergamino-, al entonces Presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en atención a su internacionalmente conocida Política de Seguridad Democrática que ha contribuido a recuperar sensiblemente la seguridad y la justicia en su país, y que también ha propiciado la cooperación en estas materias entre los países de la región, particularmente con México, compartiendo experiencias y métodos en la lucha contra la criminalidad organizada. En virtud de que el ex Presidente Álvaro Uribe no había tenido la oportunidad de asistir a México para recibir el citado premio, ni otros dos que le habían sido previamente otorgados por la Universidad Autónoma de Guadalajara (Doctorado Honoris Causa) y otro diverso reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, en una ceremonia conjunta estas tres instituciones llevaron a cabo la solemne ceremonia en la que el Doctor Álvaro Uribe dictó una conferencia magistral refiriéndose a los puntos centrales de su Política de Seguridad Democrática que aplicó durante los 8 años que duró su gestión como Presidente de la República de Colombia y que puso en práctica para rescatar seguridad y democracia en beneficio del pueblo colombiano. Explicó que los tres ejes en los que edificó sus acciones de gobierno fueron: promover la inversión productiva, rescatar la seguridad pública y la certidumbre jurídica y promover una participación ciudadana activa y responsable.

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Elias Huerta Psihas entrega el diploma al Dr. Álvaro Uribe y la Dra. Luz María Zarza Delgado le coloca la medalla.

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Refirió el Dr. Uribe que en Colombia se vivió una situación similar a la que se hoy se vive en México y la actuación de la Policía Nacional de Colombia, con mando único, fue parte de un combate eficaz y efectivo contra la delincuencia organizada, deseando que esta reciente propuesta de mando policial único en México logre concretarse, reconociendo los esfuerzos que el gobierno federal ha venido realizando en contra del narcotráfico, y al reconocer que se trata de un fenómeno transnacional, pidió apoyo internacional para México en esta lucha. Al concluir su intervención, el Dr. Elias Huerta Psihas, Presidente de la ANDD impuso al Dr. Álvaro Uribe Vélez la presea “Por la Defensa del Estado de Derecho” y le agradeció en el acto la disposición que siempre mostró el gobierno que encabezó, para compartir con delegaciones mexicanas de todo tipo: oficiales, de la academia y de la sociedad civil, sus exitosas experiencias en materia de seguridad y justicia, en las prácticas de investigación y de medidas contra el secuestro de la Policía Nacional de Colombia y de la Fiscalía General de la Nación, y particularmente en la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio

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de juicios orales, que significa un paso hacia la modernización del sistema de justicia penal. Señalo el Dr. Huerta que Álvaro Uribe es un ejemplo en su vida y en su obra, tanto pública, como privada, no solo para sus paisanos colombianos, sino para todos los pueblos de la región, deseándole éxito en la nueva encomienda que le encargo el Secretario General de la ONU como Comisionado Especial para el conflicto Israel-Pakistán. Presidieron este sui géneris acto académico conjunto, el Dr. Antonio Leaño, Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México Dr. Eduardo Gázca y el Dr. Elias Huerta Psihas, asistiendo como testigos de honor, entre otros, el ex embajador de Colombia en México Dr. Luis Camilo Osorio, el Secretario de Educación del Estado de México en representación del gobernador de la entidad, el Lic. Miguel Alemán Velazco, coordinador de la Octava Cumbre Mundial de Negocios y miembros del Claustro de la UdeG y del Consejo Directivo de la ANDD, como Moisés Moreno Hernández, José G. Carrera Dominguez, Odette Rivas Romero, Carlos Rueda Dávila, María Elena Leguízamo Ferrer, Román Lazacano Fernández, Ana María Zarza Delgado y Arturo Ancona García López K


El Dr. Álvaro Uribe agradeció al Consejo Directivo de la ANDD la entrega del reconocimiento.

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¿

Crean los empresarios las reglas del juego y establecen los parámetros del entorno económico? Ojalá en México se propiciara la participación cada vez más generalizada e intensa del sector privado para incidir en el rumbo del país, coadyuvando con el gobierno como un contrapeso sano y analítico de las políticas públicas. Sin embargo, es condición indispensable para controlar las grandes concentraciones y los poderes de facto que se derivan de ellas, la existencia de leyes que regulen el mercado a partir de sanciones efectivas que desalienten las prácticas monopólicas.

MÉXICO ANTE LA FALTA DE GENERACIÓN DE RIQUEZA Y UNA MALA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO K

Dra. Claudia Terzi Se afirma con frecuencia que la economía mexicana se ha construido con base en monopolios privados y estatales. Al día de hoy subsisten las barreras de entrada, que impiden la participación de un mayor número de competidores y en muchos casos se impacta al consumidor con precios poco competitivos, encareciendo de manera absurda los bienes de consumo y de servicios. La presencia de monopolios y de oligopolios es el resultado de la interacción de factores económicos, legales y políticos y los negocios operan en el contexto de las reglas existentes. 34

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En este sentido, son importantes las iniciativas que buscan dar mayor autoridad a la Comisión Federal de Competencia, en la aplicación de sanciones más severas a las empresas que incurran en violaciones a la ley y que representen un obstáculo a la libre competencia. El tema de la eficacia de las sanciones económicas y la tipificación de conductas como delitos, con la finalidad de contar con mecanismos coercitivos adecuados, se presenta al día de hoy como una preocupación recurrente. Así mismo se trata de dotar a la Comisión Federal de Competencia de poder suficiente para que pueda ejercer su función de supervisión y paralelamente subsiste la inquietud de que la mencionada Comisión se convierta en una entidad inquisitorial. También existe la idea de que se constituya un tribunal especializado que pueda resolver las controversias en la materia. Con el objeto de elevar la competitividad es importante alentar la inversión nacional y extranjera para incrementar el número de competidores de calidad en la industria. Para ello hay que crear el marco legal que genere certeza jurídica para la inversión en sectores estratégicos. “Países como China e India modificaron el marco legal local para permitir y elevar la inversión extranjera en diversos sectores que en su momento consideraron estratégicos. Además de esto crearon la infraestructura y las condiciones para que las nuevas empresas se pudieran instalar y operar de manera eficiente. Los resultados más notables de estas políticas han sido el crecimiento sostenido y acelerado de sus economías y la disminución de la pobreza, sobre todo en zonas rurales”. 1 Se requiere valor y gran voluntad política para transformar al país en 180 grados; esa es la clase de Revolución que deberíamos festejar. “Y finalmente, la razón principal detrás de la inacción enraizada en nuestra cultura política y en nuestra


Claramente las reformas estructurales del Estado son insuficientes, superficiales e inconclusas. Existen camisas de fuerza que detienen la integración y la sinergia participativa de la gran mayoría de la población, frenando el crecimiento sostenible y sustentable de la economía y los efectos positivos en el ámbito político y social. ¿Por qué no pasar de las discusiones abstractas y teóricas en el campo de las políticas públicas a un escenario de consensos, que deriven en acciones inmediatas, concretas, enfocadas, prácticas y bien dirigidas? Con atinada razón, se dice que las soluciones sencillas son las mejores. ¿Por qué entonces insistir en recetas barrocas con el matiz de un constante romanticismo histórico? Ya basta del letargo ante la falta de acciones contundentes. Si el país quiere modernizarse, requiere dejar atrás las estructuras clientelares, piramidales y poco democráticas, que imperan en muchas instituciones y organizaciones públicas y privadas a lo largo del territorio nacional. La promoción y proliferación de las pequeñas empresas, podría ampliar el espectro de participación en el motor económico del país. En este sentido el Estado, supuestamente interesado en el desarrollo, sofoca cualquier iniciativa emprendedora con trámites inagotables. También la informalidad es el resultado de una innecesaria y costosa normatividad; la tan controvertida y combatida informalidad aparece en realidad como el amparo ante la necesidad

de subsistencia, como el refugio al talento y a la creatividad mal aprovechada. “El despilfarro de capital en lo que produce menos se refleja en las cuentas nacionales. El coeficiente capital / producto ha empeorado sexenio tras sexenio.” 4 De nuevo cito a Gabriel Zaid: “Lo criticable no es la libertad, sino que ejerciéndola, las grandes empresas hayan tardado tanto en ver la oportunidad de hacer negocios favoreciendo la productividad en la base de la pirámide social…Lo criticable es que el negocio de los microcréditos no haya sido visto por la gran banca.” 5 En varios aspectos y en muchos casos, la banca tradicional ha perdido su razón de ser y por ende su compromiso con el desarrollo del país. Por fortuna existen hoy empresarios mexicanos que encabezan negocios, cuya estructura propicia que el capital se canalice en micro-proyectos, donde es más productivo. Sin embargo, no se puede concluir que las empresas pequeñas sean mejores que las grandes. Lo cierto es que en una economía deben de coexistir y complementarse todo tipo de empresas; desempeñan misiones diferentes en el desarrollo del país. “Así, es natural que las empresas exitosas quieran y tiendan a crecer. No hay nada malo en ello. Eso no las hace mejores ni peores…Así pues, el gigantismo también es natural y, en algunos casos, incluso deseable. Sólo de esa forma puede explotarse lo que se conoce como economías de escala y, ahora cada vez más, economías de red.” 6 En última instancia, son las empresas grandes y competitivas, las que pueden participar en el escenario del comercio internacional, incrementando las exportaciones y el empleo. Ante la necesidad de una economía de subsistencia y ante el reto de la globalización, hay que aprender a armonizar binomios antagónicos, que constituyen el mosaico de la realidad nacional. No hay crecimiento económico en el país, porque se ha impedido la sinergia colectiva; la gran mayoría de la población se integra

por desposeídos. ¿Qué clase de capitalismo queremos? ¿Un capitalismo de estado, un capitalismo oligárquico o un capitalismo democrático, participativo y de libre competencia? México necesita de una ciudadanía empoderada, que pueda exigir transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, como los define de manera adecuada la ley. En resumen, el país requiere de la tan anhelada autosuficiencia alimentaria, de crédito competitivo, de certeza jurídica en la propiedad rural y en la propiedad urbana, de certeza jurídica en los derechos de propiedad, mismos que están involucrados en cualquier actividad productiva y una política antimonopolios efectiva que permita la expansión de oportunidades para los mexicanos. Solo así, tendremos la fortaleza para combatir los grandes males que nos aquejan, para crecer y madurar como sociedad y como país, en garantía del bienestar general. ¡Viva México! K

Shanghai World Trade Center

estructura económica: la pleitesía permanente de tantos mexicanos a las ideas muertas”. 2 El país tiene que modernizar y transformar su plataforma industrial y un ejemplo impostergable es PEMEX. En referencia a la industria energética y con justa razón se dice que: “En este sector la joya de la corona es PEMEX, un monopolio que le cuesta mucho a la industria nacional. La paraestatal requiere enormes inversiones para seguir generando riqueza para los mexicanos, pero nuestras leyes no lo permiten. ¿Por qué no?…El resultado natural de esta situación son los sindicatos corruptos, las mega burocracias, la improductividad, la ineficiencia y la pérdida de competitividad.” 3 Paradójicamente se supone que la paraestatal “es de todos los mexicanos”, pero nadie sabe a ciencia cierta en donde ha quedado la renta petrolera de décadas, en pocas palabras no se ve. Muy a pesar de los mexicanos, la reforma energética siempre tiene opositores, con demagógicos, irreflexivos y trasnochados discursos, que ya no convencen a nadie.

1 De Garay, Álvaro, Sobre monopolios en México, Las empresas no tienen la culpa, Periódico El Universal, 30 de abril de 2010. 2 Dresser, Denise, Ideas Muertas, Proceso, 4 de enero de 2009. 3 De Garay, Álvaro, Sobre Monopolios en México, Las empresas no tienen la culpa, El Universal, 30 de abril de 2010. 4 Zaid, Gabriel, Reiteraciones, Letras libres, enero de 2010. 5 Idem 6 Esquivel, Gerardo, Relecturas de Gabriel Zaid. V. Vindicación de la Microempresa, Letras libres, diciembre de 2009.

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REFORMA CONSTITUCIONAL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA El juzgador ante la terminación anticipada del proceso y la negociación penal

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Reynaldo Manuel Reyes Rosas* En el Estado se concretizan todas las aspiraciones, individual y colectiva, de una Nación; por esto y porque en él se delegan las atribuciones para el alcance de sus fines, en ello encuentra su propia justificación. Justificación que en circunstancias ordinarias y extraordinarias podría adjetivarse desde múltiples puntos de vista, en la medida en que para el logro de sus fines recurra a medios que, materializados, reflejen su poder y, así, su razón de ser. 36

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or ello Max Weber, afirmaba que: “La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico”. Violencia que se alude sólo para caracterizar que en el alcance de sus fines el Estado tiene y obtiene para sí, múltiples y sui géneris medios justificables.

judicial; sin embargo, esa justificación no se halla en el campo de la administración de justicia. Esto, porque si la reforma propala un sistema acusatorio regido por los principios, entre otros, de oralidad y de inmediación, es claro que todos los actos procesales deberán efectuarse ante la presencia del juez; tanto es así, que la reforma le prohíbe tratar asuntos con alguna de las partes, sin que esté presente la otra.

De esta manera cuando una sociedad se halla en un desafortunado proceso de descomposición se justifica que el Estado deba enfrentarlo y para su restauración recurrir a todo tipo de medios, sobre todo cuando es resultado de hechos cuya naturaleza corresponde al delito de delincuencia organizada.

Por ello, ese otorgamiento de beneficios puede conllevar a una reprobable negociación penal, en la medida en que por la inmediación se expone al juez al medio corruptivo de la delincuencia organizada y, por tanto, a la violación de su independencia, imparcialidad y objetividad que, entre otros, constitucionalmente también rigen la función judicial.

Sin embargo, la óptica de esa ética varía según el desenvolvimiento que presente el Estado en ese enfrentamiento, porque no debe soslayarse que su unidad, en la realidad jurídica, se desmiembra, puesto que el artículo 49, párrafo primero, de la Constitución, dispone: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” Poderes con específicos fines y medios, no sólo diversos, sino distintos e independientes, aunque funcionalmente tengan contacto, pues claro es que, en su conjunto, confluyen para el alcance de los objetivos estaduales, entre otros, la seguridad pública. Así, en cada uno de esos poderes, el Estado adopta un cariz ético igualmente diverso; de tal manera que en la investigación y persecución de delitos, el Estado, a través del Ministerio Público, puede recurrir a variados mecanismos que, en ese exclusivo ámbito, sería justificable, pero no en otro, como es en el que se desenvuelve el Poder Judicial. En efecto, la fracción VII, apartado A, del artículo 20, que plantea la reforma constitucional, dispone: “(…) VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad”.

Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública. De esta transcripción se entiende que la reforma constitucional permitirá la terminación anticipada del proceso a solicitud del Ministerio Público o del defensor, en la medida en que establece que “no exista oposición del inculpado” y, ello, en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley secundaria. Pero en su segunda parte, también prevé una específica terminación anticipada, condicionada a que el imputado, ante el juez, reconozca voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, además exige que existan medios de convicción suficientes para corroborar, no ese reconocimiento, sino la imputación. Reconocimiento que dará a lugar a la terminación anticipada del proceso pero precedido de un acto procesal, consistente en que debe hacérsele saber al encausado de los beneficios que podrán otorgársele si acepta su responsabilidad. Aquí surge lo que podría denominarse la negociación penal, que en la fase de investigación y persecución de delitos podría justificarse como un medio para solucionar conflictos en forma anticipada y así evitar que éstos lleguen a la competencia y conocimiento de la autoridad

Por ello, es necesario que se excluya al juzgador de esa negociación penal, porque al ofrecer esos beneficios, se le vincula en una transacción que es ajena a la naturaleza de la función jurisdiccional, pero que además pudiera estar precedida de un “acuerdo” regido, no por la genuina aceptación del hecho, sino por la conveniente obtención de ventajas que, matizadas con un viso de legalidad, sea en realidad resultante de la corrupción. Lo que contradice la búsqueda de la verdad histórica con la que, hasta ahora, culmina todo proceso penal, tanto que la sentencia, cuando es de condena, aun con la reforma, debe ser resultante de la convicción de culpabilidad del procesado. Pero más aún, porque el apartado B, fracción III, párrafo segundo, del artículo 20 constitucional, establece que el disfrute de beneficios también está condicionado a que el inculpado “preste ayuda eficaz”, como puede ser la imputación a terceros, para la obvia localización y detención de otros miembros de la delincuencia organizada. Así, en el novísimo sistema acusatorio se coloca al juzgador en la atmósfera de una negociación penal motivada por el ofrecimiento de beneficios, no sólo por el “reconocimiento” que de los hechos imputados haga el inculpado, sino porque “preste ayuda eficaz…para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”; lo que indudablemente es ajeno a la función del juzgador; de ahí la necesidad de una contrarreforma que constitucionalmente desvincule al juez de esa negociación penal K * Magistrado Presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

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REALIZAN DIPLOMADO

El Tribunal Superior de Justicia del DF, la Universidad Ius Semper, y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, impartieron con gran éxito, el “Diplomado en Derecho Procesal Civil 2010”, destinado a jueces, secretarios de acuerdo, proyectistas, litigantes y estudiantes de Derecho. 38

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EN DERECHO PROCESAL CIVIL

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El Dr. Luis Camilo Osorio Izasa, Embajador de Colombia en México, flanqueado por asistentes al Diplomado durante la ceremonia de clausura

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on la finalidad de

Federales en materia Civil Víctor Manuel Islas

analizar las reformas procesales civiles de 2009 y

Domínguez, Daniel Horacio Escudero Contreras,

de fortalecer la formación de servidores públicos

Víctor Francisco Mota Cienfuegos y Gonzalo

del sector justicia y de estudiosos del derecho,

Hernández Cervantes. El Magistrado Ángel

las tres instituciones mencionadas organizaron

Humberto Montiel Trujano de la Décima Sala

el referido diplomado, el cuál rebasó todas las expectativas iniciales en cuanto a número de asistentes, ya que se inscribieron más de 200 personas, entre jueces civiles, secretarios de acuerdo y de Sala, proyectistas, litigantes, etc. Participaron como ponentes funcionarios

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Civil y la Juez Civil María de los Ángeles Rojano Zavalza: los profesores de la UNAM Dr. Fabián Mondragón Pedrero, Dr. Carlos Arellano García, Dr. Bruno Ubiarco Maldonado y el Maestro Efraín Cardozo Miranda, así como el Director General del Centro de Justicia Alternativa del TSJDF, Lic. Pascual Hernández Mergold.

judiciales del Poder Judicial de la Federación, del

La experiencia de los ponentes, así como sus

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

amplios conocimientos del tema y su postura

y especialistas y docentes de la Facultad de

crítico-constructiva, generarón que los asistentes

Derecho de la UNAM, entre otros, El Mgdo. José

manifestaran sus inquietudes sobre las diferentes

Leonel Castillo González, Presidente del Cuarto

temáticas planteadas enriqueciendo todas y

Tribunal Colegiado Civil, los también Magistrados

cada una de las sesiones.


EL DIPLOMADO CONSTÓ DE DOCE MÓDULOS EN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Las formalidades en los procedimientos civiles. Excepciones procesales. Tercero llamado a juicio y tercerista. Diversas clases de tercerías. Las notificaciones en el procedimiento civil. Ofrecimiento de pruebas y documentos. Período probatorio. Audiencia previa y de conciliación. Audiencia de desahogo de prueba, alegatos y sentencias. Recurso de apelación. Clases. Términos. Formalidades. Jurisprudencia. Embargos y Remates. Ejecución de sentencias. Medios alternativos de solución de conflictos. Teoría de la imprevisión. El Juicio Oral Civil.

Abundo el Dr. Osorio que el Juicio Oral es llamado así porque el sistema se caracteriza por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz, ante un juez o tribunal que entiende del litigio y que se trata de un fenómeno de modernización de la justicia porque permiten que todas las partes en el proceso estén presentes durante el desarrollo de las audiencias, con especial énfasis en la presencia indelegable del juez, y que todos tengan conocimiento directo de las pruebas recabadas y la misma oportunidad de defenderlas o contradecirlas durante la audiencia, de manera pública y sin interrupciones. El Juicio Oral es, dijo, un procedimiento ágil y transparente que facilita el balance entre el acusado y el ofendido, y asegura el respeto a sus derechos humanos. Al respecto, no podemos dejar de destacar la participación del Dr. Carlos Arellano García, quien es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica, desde 1954, y Doctor en Derecho por la misma universidad. Haciendo uso de su característico humor, impartió su sesión correspondiente a la Ejecución de sentencias, dejando ampliamente complacidos a los asistentes K

Una de las sesiones que más polémica causó fue la relativa al Juicio Oral Civil, que habrá de implementarse en el 2011. Tanto ponentes, como asistentes, manifestaron sus inquietudes sobre esta materia la implementación de los juicios orales en nuestro país, con opiniones divididas, En la sesión respectiva se abundo sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio –conocido coloquialmente como de juicios orales-, vigente en nuestro país a partir del 19 de junio del 2008, fecha en que entro en vigor la reforma constitucional respectiva. Al efecto los organizadores invitaron al Excmo. Embajador de Colombia en México Dr. Luis Camilo Osorio Izasa para que ampliara sus conceptos sobre la exitosa implementación de los juicios orales en Colombia, donde fue Fiscal General de la Nación y uno de los artífices de la misma en ese país, ilustrando sobre la considera la gran aportación de ese sistema: la transparencia.

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¿CUÁNDO MURIERON LOS HÉROES? K

Elías Kuri

Recuerdo la noche que terminando de contarle un cuento a mi hija, me preguntó: “Papá ¿cuándo se murieron los héroes?” Se refería a Superman, a Batman, al Hombre Araña y a los 4 Fantásticos. ¿Por qué no vienen a ayudarnos? Si han ayudado a tanta gente y han limpiado ciudades completas del azote de la delincuencia. ¿Por qué no resuelven nuestros problemas de una vez por todas? Esta pregunta me hizo reflexionar y me doy cuenta de que no estamos tan lejos de creer en la verdadera existencia de estos seres. Porque si no fuera así ¡¿por qué los seguimos esperando?! Si no me creen analicen lo siguiente.

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LOS SUPERHÉROES Las historias de súper héroes tienen un común denominador, y es que de repente aparece alguien, con súper poderes y resuelve nuestros problemas, justo en el momento en el que parecía que irremediablemente el fin era inminente. ¿No estaremos los mexicanos reaccionando como los habitantes de ciudad Gótica? Lo afirmo por las siguientes actitudes: Estamos esperando a que alguien venga a resolver nuestros problemas. Si no tenemos súper poderes por lo menos, creo yo, tenemos el poder y la capacidad de resolver nuestros problemas. Si no lo hacemos no es por un problema de capacidad sino de actitud. Queremos que ese alguien los resuelva de un golpe y al instante. Si alguien nos habla de que hay que apostarle a la educación lo vemos como si no entendiera la problemática que estamos viviendo porque queremos resultados rápidos y no dentro de 15 años. Pero países como Corea y Singapur hace 30 años le apostaron a la educación y hoy tienen un ingreso per cápita arriba de cualquier país Latinoamericano.

Entonces si ya no tenemos la esperanza de que estos seres súper dotados vengan a ayudarnos, ¿existirá la posibilidad de que un héroe lo haga? ¿Por qué no ha nacido un nuevo héroe como los que tuvimos hace 200 años?

LOS HÉROES ¿No podrá salir un nuevo cura Hidalgo o un Morelos? ¿Por qué no un Zapata? ¿Se acabó la estirpe? ¿O los mexicanos de hoy no somos tan valientes como los de ayer? ¿O quizá no seamos tan idealistas? ¿O será que no estamos tan mal como hace 100 ó 200 años, por lo que no amerita tener un nuevo héroe? ¿Por qué una sociedad mucho más educada (hablando de la clase media), con un verdadero equipamiento tecnológico, con comunicación en tiempo real y con recursos inimaginables para nuestros héroes de la Independencia, no ha podido generar un héroe por más de 100 años? ¿Podrá haber nuevamente un héroe? Creo que tendremos que seguir viendo a los héroes en los libros de historia como a los superhéroes en las historietas.

¿CUÁNDO MURIERON LOS HÉROES?

Tenemos la esperanza de que eso suceda justo antes de que sea demasiado tarde.

Hagamos un ejercicio mental y cambiemos las circunstancias de nuestros héroes y preguntémonos si podrían haber seguido siendo héroes con circunstancias parecidas a las actuales.

Muchas personas me han dicho que el problema es que no hemos tocado fondo y que seguimos viendo la situación como espectadores, creemos que a nosotros no nos pasará. ¿Necesitaremos otros 30,000 muertos? ¿Despertaremos cuando toquemos fondo?

Imaginemos que el cura Hidalgo y Morelos hubieran sido panistas, o que Zapata hubiera sido perredista. Y quizá un Ignacio Allende como priísta, que bajo el sistema de las alianzas pudo haber combatido junto a Hidalgo. ¿Qué hubiera sucedido?


Que hubieran estado metidos en una tormenta de descalificaciones donde unos se hubieran encargado de mostrar todo lo malo del otro y mucho más. El detalle y no el fondo se hubiera vuelto lo más importante. El paliacate de Morelos hubiera levantado el “sospechosismo” y los hijos del cura Hidalgo hubieran sido un lastre en el que ninguna explicación hubiera sido suficiente. Los héroes murieron cuando nació el nuevo sistema político, el sistema partidista. Cuando el triunfo de un partido se baso en la descalificación del otro y no en la propuesta del primero. Cuando el triunfo partidista se convirtió en lo más importante, incluso sobre el mismo progreso del país. Cuando las lealtades se le juraron al partido y olvidaron a la patria. Cuando se nos olvido el significado de patriotismo y nació el de partidocracia.

¿QUÉ ESPERAMOS? Si no hay héroes ni superhéroes y si nuestra clase política está dividida, ¿de dónde provendrá la unión que necesita México? Tendrá que venir forzosamente de la ciudadanía. La única manera de sacar adelante este país será por medio de una ciudadanía madura y participativa que logre unirse y obligue a nuestra clase política a hacerlo. El problema es que tendremos que sacudirnos el miedo, el protagonismo y la apatía que nos han acompañado durante estos últimos 100 años K

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APRUEBAN LEY FEDERAL CONTRA EL SECUESTRO K

Víctor Hugo Martínez Barrera.

El Diputado Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que publique esta ley con rapidez en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor a la brevedad posible.

Como un instrumento más para combatir con eficacia a la criminalidad organizada, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, misma que en el pasado mes de abril fuera aprobada por el Senado de la República. La minuta correspondiente fue aprobada por 353 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones. Al término de la sesión el Dip. Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que publique esta ley con rapidez en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor a la brevedad posible, ya que, se trata de un instrumento más que el Poder Legislativo pone en manos del Ejecutivo para acabar con ese flagelo que azota a la sociedad en todo el país, como es el secuestro en todas sus modalidades. 44

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P

ara lograr los fines que busca esta ley se reformaron también los códigos penales federal y de diversas legislaciones, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este nuevo instrumento normativo busca combatir al secuestro con eficacia y es el resultado de un amplio debate previo en el Senado de la República donde se discutieron 15 propuestas de ley de diversos partidos, del propio Ejecutivo Federal, e incluso también de organizaciones civiles como “Alto al Secuestro” que preside la activista social Isabel Miranda de Wallace. En la sesión del 29 de abril del presente año, la propuesta de ley fue aprobada

por el pleno de la Cámara alta, enviándose la minuta correspondiente a lo coolegislado, que sin cambios la aprobó en el pleno el pasado 7 de octubre. Lamentablemente el delito de secuestro, en todas sus modalidades, ha tenido en nuestro país grandes repercusiones negativas en la sociedad, principalmente en las familias que lo han sufrido directamente, así en general en toda la población que vive en constante incertidumbre y miedo por la creciente amenaza de ser vulnerada en su tranquilidad y en su patrimonio. Este fenómeno es cada vez más combatido gracias a la participación de organizaciones civiles, como la de la Sra. Miranda de Wallace, que informan a la gente sobre medidas de prevención y de cómo actuar en caso de ser víctima de un secuestro, convocando a diferentes foros de discusión en la materia, y así como una constante presencia

de ciudadanos en contra del secuestro en los medios de comunicación y en eventos políticos, y sin duda que la aprobación de esta ley es un significativo avance en el combate a este grave mal social. En esta ley se endurecen las penas para las personas que cometen el delito de secuestro en cualquiera de sus diversas modalidades, por ejemplo; el secuestro express o el autosecuestro, que hasta hace poco no tenían regulación. Otras partes dignas de destacar de la nueva ley es que los legisladores se ocuparon de hacer más rígida la penalidad de este tipo de delito, de atender a las exigencias económicas que son inherentes a la lucha contra el secuestro, de exigir la cooperación de entidades privadas y de sancionar con mayor fuerza a los funcionarios o ex funcionarios del sector de la seguridad que cometan o colaboren con la comisión de un ilícito en materia de secuestro.

Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí García celebran la aprobación de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

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PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY: Se establecen sanciones de 40 a 70 años de cárcel a quienes priven de la vida a sus víctimas. Las penas se incrementarán de 24 a 50 años de prisión, si en la privación de la libertad ocurren las siguientes circunstancias: 1.- Que los autores del secuestro hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de las fuerzas armadas o se ostenten como tal sin serlo. 2.- Que el o los autores tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima. 3.- Que durante el cautiverio se lesione a la víctima. 4.- Que durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada. 5- Que durante el cautiverio la victima muera por alteración de su salud debido al secuestro.

INTERVENCIÓN EN LAS COMUNICACIONES

Respecto al “autosecuestro” la legislación establece que se sancionará de 100 a 350 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que simule la privación de su libertad. En este punto los legisladores se limitaron en la sanción, ya que no resultaría excesivo imponer a estas personas una considerable multa por tratar de engañar a su familia, sociedad y autoridades con el objetivo de ver si pueden obtener una buena suma de dinero, haciendo gastar tiempo y recursos al Estado. Sobre el secuestro expréss la legislación señala que se aplicarán de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2000 días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio, con el de detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de su vida, así como también cuando se le causa daño o perjuicio a la persona privada de la libertad, y por cometer secuestro expréss. Las penas antes mencionadas, se agravarán de veinticinco a cuarenta cinco años de prisión si las personas que cometen el secuestro lo realizan en grupo de dos o más personas, si se realiza con violencia; cuando los secuestradores allanen el inmueble de la víctima; o en los casos en que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho y cuando la víctima sea una mujer en estado de gravidez.

Respecto a la intervención en las comunicaciones y las exigencias a concesionarios de las telecomunicaciones, se establece que el procurador general de la República o los servidores públicos, así como las autoridades facultadas en la ley podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas, desde luego respetando los lineamientos legales establecidos para ejecutar tales acciones. Así mismo, todos los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que sujetarse a tres consideraciones:

Florence Cassez ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro delincuencia organizada y delitos contra la Ley Federal de Armas, condena que ha provocado un conflicto internacional entre Francia y México.

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1.- Proporcionar información a las autoridades que le fueron delegadas estas atribuciones. 2.Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas para estos casos. 3.- Suspender el servicio de telefonía cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.


FONDO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL SECUESTRO Asimismo, se crea el Fondo de Apoyo para la Atención de Víctimas del Secuestro, el cual se orientará a la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, ha dicho que la Comisión de Presupuesto autorizó un monto inicial para el fondo de 98 millones 700 mil pesos, además de que se prevé un impacto presupuestal total de 160 millones de pesos.

No se puede dejar de señalar que a quienes cumplan una sentencia por el delito de secuestro, se les cancelarán los derechos a obtener libertad preparatoria, sustitución, conmutación de pena o cualquier otro que permita reducir la condena.

Como atenuante del delito de secuestro, se prevé que cuando de manera espontánea se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, se impondrá una pena de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa, así como al secuestrador que se arrepienta y dé parte a las autoridades para rescatar con vida a la víctima.

A la aprobación de esta ley, deben sumársele otros factores para poder avanzar en la lucha contra el delito de secuestro y en general contra la criminalidad organizada. Entre ellos la futura implementación del sistema penal acusatorio de juicios orales, que permitirán mayor efectividad y agilización en los procesos penales, y permitirán una evaluación directa del juez sobre los indiciados, a quiénes escuchará y observará directamente en audiencias públicas, teniendo así mejores condiciones para percibir qué tan veraz es el testimonio de la persona sujeta a proceso. Tampoco hay que soslayar que deben atenderse a las aéreas sociales estratégicas para combatir la delincuencia, como son la educación, la generación de empleos y el respeto de los derechos laborales, ya que como lo sabemos, la mayoría de los delincuentes, que no son de cuello blanco, no tienen concluida ni siquiera la educación secundaria, o no tienen trabajo, y si bien comienzan su carrera delictiva vendiendo piratería, robando carteras, o dando “cristalazos”, muchos terminan abasteciendo las filas de narcotraficantes y secuestradores K

El Sen. Alejandro González Alcocer presentó la minuta de ley contra el secuestro en el Senado.

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DR. PEDRO JOSÉ PEÑALOZA PRESENTÓ SU LIBRO:

“LA JUVENTUD MEXICANA; UNA RADIOGRAFÍA DE SU INCERTIDUMBRE”

El pasado 29 de septiembre, en el aula magna Jacinto Pallares de la facultad de derecho, se presentó la obra “La juventud mexicana; una radiografía de su incertidumbre”, del Dr. Pedro José Peñaloza, de Editorial PORRÚA. Los presentadores de la obra fueron: el Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles; el director de la Facultad de Derecho, Dr. Ruperto Patiño; el Lic. Rafael Cordera Campos, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y el Mtro. José Antonio Pérez Islas, Coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. 48

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nte un auditorio plagado de estudiantes y maestros, el Dr. Peñaloza planteó que el abordaje del tema de la juventud debe darse a la luz de la crisis estructural y de larga duración que vive la economía y el cuerpo social nacional; subrayó que el panorama para este grupo etario no es nada gratificante, sobre todo si observamos las variables que acompañan los procesos laborales, educativos y culturales de las diversas juventudes. Destacó que las cifras disponibles dibujan la gravedad de la situación, y enumeró algunas de ellas: 70% de los jóvenes no cuentan con contrato laboral y sólo el 16% que concurren al mercado laboral tienen seguridad social, y apenas el 13% del 98% que ingresó a la primaria accede a la universidad. De igual manera, continúo, este segmento poblacional representa nuestra principal pérdida de capital humano al emigrar a Estados Unidos, ya que de los 500 mil estudiantes que deciden esa opción, 72% está constituido por menores de 29 años. Las circunstancias de los jóvenes en los estados fronterizos es un elemento que puede explicar el disparo en las cifras de la criminalidad, ya que en estas franjas, alrededor de 250 mil jóvenes viven sin un trabajo remunerado Peñaloza, ofreció un conjunto de estadísticas demoledoras, que en efecto transmiten la radiografía que viven los jóvenes mexicanos. El marco nacional que contextualiza la situación juvenil presenta los siguientes rangos: sólo 11% de los jóvenes destinan parte de sus ingresos para comprar libros durante la etapa decembrina, sólo 3.4% concurre a las bibliotecas y únicamente 2.2% acude a las librerías.

El Rector Dr. José Narro Robles fue uno de los presentadores

El horizonte que nos ofrece el libro del Dr. Peñaloza es altamente preocupante, sostiene que de acuerdo a las estimaciones de CONAPO, para el 2012, se localiza el año en que la población juvenil en México alcanzará su máximo histórico y se ubicará en 35 millones 911 mil 530 jóvenes, de entre 12 a 29 años; a partir de ese corte, la población entrará en un proceso de decrecimiento, y se podrá prefigurar un país que tenga una amplia franja de viejos, pobres e ignorantes. Así, el llamado bono demográfico podrá transformar en un pagaré traumático. Por su parte, el Dr. Patiño justipreció la presentación de las obras escritas por los maestros universitarios, puesto que es una actividad que le da lustre y sentido al papel académico; a su vez, el Lic. Cordera Campos, enfatizó que no hay pretexto que justifique la inacción que ha distinguido a las élites económicas y políticas del país. Recordó, que de acuerdo a la OIT, hay 81 millones de jóvenes desempleados en la región y se corre el riesgo de que la crisis financiera deje como legado una generación perdida y excluida del mercado laboral.

Dr. Ruperto Patiño

El Mtro. José Antonio Pérez Islas, puso de relieve que la obra del Dr. Peñaloza, tiene como una de sus vertientes principales la recopilación análisis y sistematización de temas juveniles, como educación, empleo, adicciones, sexualidad, salud, y su relación con los medios de comunicación. Finalmente, al hacer uso de la palabra, el Dr. José Narro Robles (autor del prologo de la obra), felicitó al Dr. Peñaloza por insistir en un debate necesario e imprescindible para la vida nacional. De igual manera, el Rector de la máxima casa de estudios, cuestionó enfáticamente el modelo económico y cultural que excluye a las mujeres jóvenes y sólo les ofrece la marginación y la carencia de oportunidades. Se pronunció por replantear las prioridades del desarrollo y sostuvo que la educación y la salud son medidas igualitarias que diluyen las brechas que imponen una sociedad desigual e inequitativa.

Lic. Rafael Cordera Campos

La obra ha tenido un gran impacto entre los jóvenes y estudiosos de la materia, tan es así que en un lapso breve se agotó su primera edición, y cuando esté circulando este número de la revista “Foro Jurídico”, ya contaremos con la segunda edición de este interesante libro K

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REFLEXIONES JURÍDICAS

LA ABOGACÍA ES UNA LUCHA DE PASIONES En los magistrales principios orientadores de la abogacía, denominados: Mandamientos del Abogado, fruto del pensamiento del ilustre procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, se expresa como noveno mandamiento: “Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como la derrota.” Acerca de ese mandamiento, hemos constatado que, en la vida real, el pantanoso medio de los enfrentamientos entre las partes inmersas en controversias jurídicas, da lugar a que haya intereses irreconciliables que engendran situaciones que pueden ser delicadas y graves para los abogados. Ojalá que en la mente de los abogados, las victorias solamente se consideren como satisfacciones del deber cumplido, y las derrotas sean motivo de olvido pero, no por ello dejan de integrar un rico acervo de experiencia que puede volver más sólido y fortalecido el espíritu del abogado, por supuesto sin dejar huellas de amargura. El olvido permite que las experiencias positivas y negativas queden como pertenecientes al pasado. El abogado debe poner su vista en el presente y en el futuro, al atender los nuevos casos.

una entelequia, es una realidad. En efecto, sabemos de un abogado, con experiencia amplia en el ejercicio profesional, en la materia penal, que ha tenido la oportunidad de defender en procedimientos penales a veintiún abogados. Estos abogados, por supuesto, que no eran delincuentes, simplemente, cometieron errores que fueron aprovechados para imputarles conducta delictiva. No se pudieron defender solos, y tuvieron que acudir al abogado al que nos referimos. Lo recomendable es extremar, por el abogado, las máximas precauciones, sobre todo si se manejan considerables cantidades de dinero de sus patrocinados. Para mayor claridad respecto de lo expuesto, podemos acudir a los casos reales. Un buen abogado, conocedor del procedimiento laboral, representó en un litigio instaurado en contra de una importante empresa, como patrón, a treinta trabajadores, en una época en la que la credencial de elector no tenía fotografía y, los trabajadores laboraban fuera de la ciudad en la que se tramitó el litigio laboral. El abogado ganó el asunto y la indemnización pagada a los treinta trabajadores representó una cantidad considerable. El abogado, muy cuidadoso con dinero ajeno, abrió una cuenta bancaria de cheques en un banco de la ciudad más cercana al centro de trabajo de los trabajadores y, a cada uno de ellos, les fue pagando la cantidad que les correspondía. Para mayor seguridad, dado que los trabajadores no tenían documentación comprobatoria de su identidad, en forma fehaciente, a cada trabajador le pagó con recibo nominativo, el recibo correspondiente lo firmó el trabajador y, además, el recibo lo firmaron dos personas bien conocidas e identificadas por el abogado. De esa manera, se identificaba al trabajador al que se le pagaba, y el mismo trabajador tenía que identificarse ante el banco para cobrar el cheque nominativo. Se trataba, sin duda, de un abogado precavido y cuidadoso con el dinero ajeno.

Sin embargo, en la lucha de pasiones, están involucradas las partes en el pleito jurídico correspondiente, y suelen guardar rencores y resentimientos que pueden conducir a fines aviesos. En esa situación, una de las partes, por haber perdido y aún habiendo ganado, no queda contenta sino hasta que logra meter a la cárcel a la contraria. No obstante, esa parte que metió a la contraparte a la cárcel intenta, y, a veces, logra meter a la cárcel al abogado. Éste es un peligro del que debe tomar conciencia el abogado, y cuidar su intervención hasta en el más mínimo detalle. El camino azaroso y de gran peligro que entraña la responsabilidad penal del abogado no es Mandamientos del abogado 50 FORO JURÍDICO

Los trabajadores se presentaban y cobraban,

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Dr. Carlos Arellano García sin problemas, pero, en un momento dado, se presentó un trabajador y manifestó su deseo de recibir la cantidad que le correspondía. El abogado, cortésmente, le ofreció asiento, revisó la lista de los trabajadores, en la que estaba incluido el nombre del trabajador solicitante del pago, y el abogado le dijo: “Usted ya cobró la cantidad que le correspondía.” El trabajador respondió: “Yo no he cobrado.” El abogado, en el expediente respectivo, buscó el recibo de la cantidad pretendida y se lo mostró al trabajador. El trabajador vio el recibo y dijo: “Ese es mi nombre, pero la firma no es mía.” El abogado le preguntó: “¿Conoce usted a los dos testigos de identificación que también firman el recibo?” A ello contestó el trabajador: “Sí. Los conozco.” Entonces el abogado le solicitó: “Le ruego que hable usted con los dos firmantes del recibo que lo identificaron, que los conozco bien, para que se sirvan informarle qué fue lo que ocurrió.” El trabajador no fue obsecuente con la petición del abogado y, en lugar de ir a hablar con los testigos firmantes del recibo, se fue a la Agencia del Ministerio Público y denunció, por delito pecuniario, al abogado. El abogado acudió ante el Agente del Ministerio Público con elementos acrediticios de su total inocencia, consistentes en: 1.- Copia certificada notarialmente del recibo de pago, firmado por dos testigos de identidad y presuntamente por el denunciante. No presentó original por el temor de que ese documento pudiera ser sustraído en la Agencia del Ministerio Público, lo que es sabido que ha llegado a ocurrir; 2.- Copia certificada notarialmente, obtenida en el banco, del cheque pagado al trabajador, quien presuntamente se identificó en el banco y con alusión al documento con el que se identificó; 3.- Ofreció la declaración y reconocimiento de sus firmas de los dos testigos de identidad que firmaron el recibo. Al acudir al Ministerio Público, el abogado vio en la carátula del expediente de la averiguación previa, su impoluto nombre, por solidaridad profesional le pidió al agente del Ministerio Público que sustituyera su nombre en dicho lugar, por la frase: “Quien resulte responsable”, a lo que accedió el agente del Ministerio Público. Así terminó, lo que hubiera sido grave si no hubiera tenido precauciones, que son recomendables siempre en la actuación profesional de los abogados K


TIEMPO DE SABER…

CALIFORNIA Y EL DEBATE SOBRE LAS DROGAS El 2 de noviembre de 2010, fecha posterior a la redacción de ésta columna, será sometida a consulta popular en el Estado de California la denominada “Proposición 19”. Dicha propuesta, en torno de la marihuana, plantea hacer legal la posesión de hasta 28 gramos de la droga para las personas mayores de 21 años, permitir su cultivo particular para fines de uso personal, regular su consumo en domicilios particulares y establecimientos autorizados, además de conceder facultades al gobierno local para regular el comercio, transporte, venta y recaudación de impuestos. Como dato curioso, para que la iniciativa se convirtiera en referéndum, sus promotores (el grupo “Yes on 19” ) tenían que recabar al menos 433,971 firmas; recabaron 694,428. Ya sea que la población de California vote por el sí o vote por el no, la propuesta refleja la inquietud, legítima y cada vez más amplia entre sectores de población en ambos lados de la frontera, en torno a una política que en los hechos, resulta ineficaz para impedir el consumo de drogas y que al mismo tiempo está cobrando daños terribles para la población y el gobierno. Un aspecto clave en torno al debate es si los daños generados en México, producto de esta guerra contra las drogas, no son más graves que los daños que presuntamente se generarían si las drogas se despenalizaran en su totalidad y no solo en su consumo. En medio de la reflexión, vale la pena hacer un recuento de los principales argumentos a favor y en contra de la despenalización de la producción y venta de drogas. La finalidad es aportar elementos para evaluar.

ARGUMENTO En contra: La eliminación de los impedimentos legales para la producción y venta de drogas disminuiría los costos y por tanto las drogas estarían al alcance de más población. La venta legal de drogas aumentaría su demanda. Más drogas en el mercado y a menor precio aumentarían la cantidad de población adicta. La drogadicción es un problema de salud pública porque es factor de disolución social, baja productividad y tiene costos económicos para el Estado. Las organizaciones delictivas desplazadas del tráfico de drogas se volcarían a otros delitos como el robo y el secuestro.

ARGUMENTO A favor: Las barreras legales no impiden que las drogas se vendan, pero sí las encarecen y la lucha por el dominio de los mercados genera violencia. Los réditos de la venta de drogas generan un poder de corrupción inigualable, o hasta el momento, no contrarrestable con otro tipo de medidas. Lo cual vulnera la capacidad del gobierno para mantener el Estado de Derecho. Los costos al erario público destinados al combate contra las drogas son más altos que los costos que generarían estrategias efectivas de prevención de adicciones y fomento de la salud. Alcohol y tabaco son legales, la prevalencia de su consumo entre la población se mantiene más o menos constante, y en el caso del tabaco, se presume de una reducción a partir de las leyes que impiden su publicidad y restringen los espacios para su consumo. En el caso de las drogas se podrían aplicar políticas semejantes. Regular la producción, venta y consumo de drogas generaría una fuente de ingresos al Estado que podrían ser destinados a la prevención y al combate de otros delitos, en tanto que disminuirían los costos del combate al narco. Habría una fuente menos de corrupción de las instituciones de gobierno. El Estado difícilmente puede eliminar la incidencia de un delito en el cual el victimario (vendedor de drogas) y la víctima (consumidor) están de acuerdo en su transacción y buscan mantener al Estado al margen.

La revista Nexos en su número de octubre incluye un informe especial con datos y posturas relativas a este debate y que en este artículo se han sintetizado. En ella se incluyen cifras de la ONU y especialistas en la materia, pero de inmediato nos encontramos con un mar de incertidumbres en cuanto a su origen y confiabilidad. El sitio web “drogasmexico.org”, la página de Antonio Escohotado son algunas otras fuentes donde podemos encontrar análisis amplios y profundos en torno a esta situación. Los argumentos podrían continuar, hacerse más profundos y amplios, en el fondo será nuestra cercanía o lejanía con el problema lo que nos lleve a construir una percepción y pronunciarnos por un cambio que se hace necesario y urgente. Tan solo con debatirlo, el estado de California está dando un ejemplo de un discusión que necesita abrirse a sectores más amplios de la sociedad y contar con análisis más profundos, basados en cifras más precisas para calcular los daños y beneficios tanto de mantener las actuales restricciones, como de eliminarlas. Para cerrar, otro dato curioso, otra iniciativa similar, con el mismo nombre se sometió a votación en California en 1972 K

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K

Robespierre

CADALSO Cuando se pensaba que estaba más cerca que nunca, el Ministro José Ramón Cossío Díaz abandonó la carrera para presidir a nuestro máximo tribunal de la República, dejando prácticamente la vía libre a Juan Silva Meza -salvo lo que digan sus compañeros el próximo 3 de enero de 2011-. Frente a reiterados señalamientos en diversos medios de comunicación en el sentido de que Cossío Díaz tenía claras intenciones de postularse para ocupar el cargo de Presidente de la SCJN, el ex titular de Derecho del ITAM dirigió una carta a cada uno sus compañeros ministros advirtiendo que no tenia intención de ocupar ese sitial, argumentando que, como lo dijo desde que asumió el cargo de ministro, su mayor aspiración es la de contribuir a la construcción constitucional necesaria para sustentar una sociedad auténticamente democrática. Explicó en la misiva -que fue difundida vía Internet-, que el cargo de Presidente de la Corte, puede alejarlo de las discusiones que desarrolla el máximo tribunal del país, ya que de ocuparlo, tendría que desarrollar la tarea de coordinar y dar orden a las labores administrativas, de esos órganos, así como también de realizar funciones protocolarias a nombre de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora parece que no habrá una “batalla” tan cerrada por la presidencia de la Corte y que seguirá siendo su titular un funcionario de carrera judicial, sea un hombre o una mujer.

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Reapareció públicamente Gabriel Regino García –quién fuera segundo de a bordo con Marcelo Ebrard en la SSP del D.F.-, denunciando radiofónicamente la aparición de la VIDEONARCOCRACIA, advirtiendo sobre lo riesgoso que resulta que sean los propios cárteles de la droga quienes detengan a personas claves en las organizaciones delictivas rivales y les hagan confesar ilegalmente supuesta información delictiva privilegiada, utilizando toda clase de torturas y vejaciones. Este tipo de declaraciones son difundidas mediante video en las redes sociales, denunciando supuestos hechos graves de corrupción y complicidad. De acuerdo con Gabriel Regino, están siendo los grupos antagónicos de narcotraficantes quienes proporcionan información estratégica a las autoridades sobre hechos delictivos relevantes. Por ejemplo, señala el ex jefe-Cóndor, que los graves hechos acontecidos en la prisión de Gómez Palacio, Durango, consistentes en permitir a los internos, con la autorización de la Directora del penal, salir de noche a ejecutar personas, utilizando las armas de “cargo”, fueron detectados gracias a un narco video. Tocó al jurista difundir ahora el Video de Mario Ángel González Martínez, hermano de la recién salida Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, declarando que su hermana recibía apoyos económicos de cierto grupo de narcos y que mandaba matar a los opositores de sus “amigos”. Sin duda que “testimonios” de esta naturaleza resultan poco creíbles, por la forma en que son arrancados: previo levantón, torturas infames y amenazas de muerte. Sin embargo, esta narco declaración, aunada a lo comentado a la revista PROCESO por José Reyes Ferríz, Presidente Municipal saliente de Ciudad Juárez, sobre supuestos arreglos con delincuentes, dejan muy mal parado al ex-Gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza. Esperamos ansiosos lo que seguramente dirán al respecto los funcionarios de la DEA.


Arturo Iturve Rivas

Elvia Díaz de león

Carlos E. Rueda Dávila

Ricardo Ojeda

Jorge M. Pardo

Jorge Ojeda

La vacante en la SCJN que sorpresivamente se abrió con el fallecimiento del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, ha levantado gran revuelo entre los magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes suponen que les corresponde a uno de ellos ese sitial en el tribunal supremo del país. Según ha trascendido en los pasillos de la Corte, el titular del Ejecutivo Federal solicitó al Presidente de la SCJN una lista de posibles candidatos de la judicatura para el puesto, proporcionando 4 nombres de magistrados y 4 de magistradas, entre los que, según dicen, se menciona a Jorge Mario Pardo Rebolledo, Elvia Díaz de León, Alberto Pérez Dayán y Lilia Mónica López Benítez, y se asegura que la nominación quedara en cualquiera de los dos primeros, quiénes ya han sido incluidos en el pasado en una terna. En este tenor, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C., envió al Presidente Felipe Calderón una carta en la que menciona que la Constitución dispone que “los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia…”, y que con la ausencia de Don Jesús Gudiño se redujo a 4 el número de ministros de carrera judicial (Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos), contra 6 de otros orígenes, por lo que es procedente equilibrar el Pleno, pidiéndole integrar la terna que enviará al Senado sólo con funcionarios de carrera judicial, poniendo a su consideración los nombres de 7 magistrados, miembros de esa organización profesional, que se han destacado en la carrera judicial por su experiencia, prestigio y probidad: José G. Carrera Domínguez, Arturo Iturbe Rivas, Alberto Pérez Dayán, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Ojeda Velázquez, Humberto Román Franco y Carlos Enrique Rueda Dávila.

Avanza México en el raiting mundial ¡de Corrupción!, así como de improductividad y menos índices de democracia. Siguiendo con la tendencia descendiente que se ha venido presentando en los últimos 10 años, el pasado mes de octubre, Trasparencia Internacional reprobó una vez más a México en niveles de corrupción, bajando 9 puestos respecto de la última calificación. Ahora nos dieron 3.1 puntos en una escala de 0 a 10. Para esta encuesta la organización internacional considera 198 países, ubicando a nuestro país en el lugar 98, debajo de Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, quines ocupan el primer lugar con 9.3 de calificación; de países europeos como Alemania que ocupa el lugar 15 y España el 30 y de naciones de la región como Chile que ocupa el lugar 21 con 7.1; Uruguay el sitio 24 con 6.9, e inclusive de Colombia y Perú que están en la posición 78 y Jamaica y Guatemala en el lugar 91. Esta es la ocasión que más baja puntuación ha tenido México desde 1998, año en el que Trasparencia Internacional comenzó a medir la percepción de la corrupción en el sector público. Es lamentable que sea en estas materias en la que México está avanzando a nivel mundial, incidiendo en ello la pésima imagen de la policía, de las instituciones de procuración de justicia y del sistema judicial. Este tipo de información, argumenta Trasparencia Internacional, se basa en encuestas que realizan expertos y empresas de los países evaluados, reflejando la percepción de prácticas corruptas, no solo en el servicio público, sino también en la iniciativa privada. Resulta paradójico que México haya venido empeorando en el tema de la corrupción en los últimos 10 años, luego de haber llegado al poder el PAN, que basó su discurso político fundamentalmente en el combate a la corrupción del régimen priista.

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LIBR OS EN

más podría enfrentarse ante una pesadilla como la vivida por Colombia hace 20 años. Si en el país en su conjunto el Estado no ha colapsado, hay algunos puntos de la geografía nacional, donde el crimen organizado es un poder paralelo al legítimo o que incluso lo supera en fuerza. El riesgo es que Juárez se multiplique por 10 o más. Continúa el autor, para impedir la materialización de esa perspectiva ominosa, lo primero es reconocer su naturaleza y sus causas. En tal sentido, si suponemos que todo el problema se reduce a que las drogas son ilegales -pues la ilegalidad engendra la violencia (además de la corrupción)- y por tanto bastaría con despenalizar el narcotráfico para detener la hecatombe, no vamos a llegar lejos, no vamos solucionar gran cosa.

José Antonio Ortega Sánchez. Ed. Planeta. 2010

La prohibición de las drogas está por completar un siglo de existencia y sin embargo no es sino en la última década cuando la violencia asociada al narcotráfico se tornó en un grave problema de seguridad ¿Qué ha ocurrido en tiempos recientes que antes no ocurría? Se pregunta el autor. Lo singular en la situación de los últimos años, afirma Ortega Sánchez, es el que ante la violencia -siempre presente- entre traficantes de drogas, los gobernantes hayan adoptado la equivocada política de dejar que los narcos se mataran entre sí, lo que cuantitativamente significó pasar de decenas o un par de centenas de ejecuciones al año, a miles. La noción implícita de tal política -y que a veces se torna explícita- es que dejar correr esa matanza no daña a sociedad, a las personas inocentes, pues quienes caen no son sino delincuentes.

¿Qué tienen en común la masacre de 72 migrantes indocumentados latinoamericanos, el secuestro de más de 20 mil de esas personas cada año, la extorsión permanente a que se ven sometidos cotidianamente cientos de miles de mexicanos y la matanza sin precedentes que asola diversos puntos del país, particularmente en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Michoacán?, ¿qué concepto puede englobar y explicar a estos diferentes tipos de hechos?

Dejados al arbitrio de su propia capacidad de violencia, con el paso del tiempo los capos fueron cobrando fuerza propia, autonomía frente a los agentes del Estado de cuya protección tradicionalmente dependían y consciencia de su poder propio. Además, los capos fueron descubriendo que su verdadero negocio no es el contrabando de drogas, sino la violencia y que mediante está podía esquilmar a una sociedad entera y no solo a la legión de adictos.

Ese concepto es el de “Estado fallido”. Una nación vive bajo la condición de Estado fallido cuando se rompe impunemente el monopolio del poder público al uso de la fuerza y a cobrar impuestos. Cuando ello sucede la nación en cuestión vive en vorágine de violencia, destrucción y sufrimiento para sus habitantes. Pero adicionalmente esta situación favorece la injerencia extranjera, pues una nación bajo esa situación irregular tiende a crear amenazas a la seguridad regional y global.

Afirma el autor en la obra que si en este momento las drogas fueran legalizadas no se produciría la mágica extinción de la matanza que algunos creen. Los capos y sus matones harían contra los dueños de las miles de narco-tienditas o narco-tiendotas legales lo mismo que vienen haciendo contra los propietarios de decenas de miles de establecimientos de actividades lícitas: someterlos a extorsión mediante la violencia más feroz. Por tanto, afirma enfáticamente, la única salida verdadera es la de recuperar para el Estado los monopolios legítimos que le corresponden sobre la fuerza y las exacciones, lo cual a su vez solamente es posible mediante el abatimiento de la impunidad y la aniquilación de las milicias privadas del crimen organizado.

MÉXICO, ¿RUMBO AL ESTADO FALLIDO?

Esto afirma el autor en la obra México, ¿Rumbo al Estado fallido?, donde se analiza la situación en que México se encuentra, y si los caminos por los que el país avanza podrían considerarse que lo conducen a un nivel crítico. Ortega Sánchez sostiene en la obra que México no vive aún bajo la condición de Estado fallido, por supuesto, pero de no actuarse oportuna y eficazmente contra la amenaza que representa el crimen organizado, nuestro país en unos pocos años

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En suma, sostiene José Antonio Ortega, debe ponerse fin a la política suicida de dejar que los narcos se matan entre sí. El Estado crecientemente entrometido en todo lo que no le corresponde, al fin debe dedicarse a lo único que sí le corresponde: a garantizar la seguridad de las personas.


lo conveniente de incorporar al sistema gubernamental el modelo que podría llamarse mejora de la gestión para la administración pública. De este modelo, se exponen sus diferentes técnicas de planeación estratégica, políticas y modos de operación, tomados de la experiencia en la administración de las mejores empresas privadas, con ideas originales de autores como Philip Crosby, William Edward Deming y otros, que usa el benchmarking, el balanced scorecard y sistemas de calidad total y productividad. También se aborda el tema de la importancia de las certificaciones ISO-9000:2000 que han logrado diferentes dependencias del gobierno federal. Así mismo, la obra pretende hacer algunas aportaciones tanto para enriquecer lo que los coautores denominan la nueva gestión pública mexicana como para perfeccionar el movimiento que, si bien ha iniciado, no tiene final, debido a que la creatividad y la innovación deberán generar continuamente cambios en el gobierno mexicano que permitan mantener vigente el modelo de administración pública.

¿LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA? DAVID VILLANUEVA LOMELÍ Y ARTURO VILLANUEVA VARELA. EDITADO POR LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 2010 Dado el declive del Estado de Bienestar clásico y su sustitución por un Estado capitalista más competitivo, en diferentes países se adoptan paulatinamente estrategias propias de las empresas privadas para buscar mejor calidad y productividad en el esquema de gobierno. Así, en busca de un Estado reducido a su mínima expresión, aparece el movimiento de reinvención del Estado que, poco a poco y con las aportaciones y experiencias de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos de América, Canadá, Suecia y Alemania, llega a Latinoamérica y en especial a México. La Nueva Gestión Pública, resultado de esa reinvención del Estado, es precisamente el tema de esta obra, en la que se sostiene e intenta demostrar,

En la obra también se plantea la idea de que existe un problema nacional de políticas públicas que muchas veces son incorporadas en la agenda, pero que en la práctica no cristalizan por la carencia de estrategias para el desarrollo sustentable, con la pérdida de competitividad de México cuando se enfrenta a otros países en la arena del comercio mundial, y que se empieza a notar en la disminución de nuestras exportaciones, sobre todo con Estados Unidos, y del cual China nos ha desplazado como principal abastecedor. Según se plantea, lo anterior ha ocasionado un desempleo creciente que nos ha convertido en un país de emigrantes, sobre todo al país norteño, y cuyas remesas han adquirido una importancia tal que constituyen la segunda fuente de ingresos nacionales después del petróleo. Lo anterior, descansa en las bases de que la evolución del sistema de gobierno mexicano, no ha tenido la velocidad requerida para salir adelante en un mundo donde la calidad y la productividad son imprescindibles, tanto en las empresas privadas como en el sector público. El tema general que aborda el autor es el de cómo trasladar los exitosos programas de calidad total de las empresas privadas al gobierno mexicano en lo que se ha dado en llamar la nueva gestión gubernamental. En concreto y con base a lo anterior, los coautores plantean que la hipótesis que tratan de demostrar se sintetiza en lo siguiente: “es posible trasladar estrategias de mejoramiento de la calidad del sector privado al sector público cambiando la orientación hacia el lucro por la del servicio al ciudadano” K

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NI MÁS, NI MENOS, SÓLO LO JUSTO

LIBERTAD DE EXPRESIÓN;

CHIHUAHUA A LA VANGUARDIA Y EL SENADO BIEN GRACIAS... jliogonbeltr an@hotmail.com

K Mtro. Jesús Armando Liogon Beltrán La libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano, por lo que una sociedad donde se censura, se limita la expresión de las ideas y la crítica social, representa el retroceso y el autoritarismo que predomina en su sistema de convivencia. La libertad de expresión es el derecho de emitir opiniones, suministrar información y formular ideas sin ser impedido o limitado por cualquier autoridad, grupo o persona. Esta libertad emana de la naturaleza racional del hombre por lo que no constituye ninguna concesión de los gobiernos, ya que ésta es anterior y superior al Estado. La propia Carta Magna de lo Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo Sexto “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público(..) el derecho a la información será garantizado por el estado” A lo largo de 2010 han sido asesinados 7 periodistas en México según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, ya sea a manos de la delincuencia organizada o grupos de poder, lo que refleja de manera concreta la violación a la libertad de expresión y sobre todo a los derechos humanos que hemos referido. Ante esta realidad, la respuesta de la sociedad organizada como la del gobierno ha tenido que emerger, por lo que desde 2006 se creó la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas, misma que no ha tenido muchos resultados; asimismo en ese mismo año se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para el seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de Comunicación; en el 2008 dicha Comisión presentó la Iniciativa para federalizar los delitos contra periodistas, la cual fue aprobada el 6 de abril de 2009 por unanimidad y fue enviada al senado para su ratificación, no obstante los resultados no han sido los esperados. El 21 de octubre del

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hasta la fecha no se ha puesto en agenda para su análisis, y así actuar en consecuencia; se seguirá coartando el derecho a informar y sobre todo a mantener informada a una sociedad que está ávida de instituciones confiables y efectivas. La libertad de expresión no es un privilegio para los periodistas, en realidad es un atributo de la sociedad ya que sin ella no puede haber una sociedad informada, puesto que es un elemento fundamental para la democracia; un pueblo no se concibe sin la acción de medios informativos que nutran a la ciudadanía acerca de los alcances políticos, sociales, económicos, culturales y cívicos. presente año en el Estado de Chihuahua su Congreso Local aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal, propuesta por el Gobernador César Duarte Jáquez dirigida a imponer como pena, cadena perpetua a los sentenciados por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio en determinadas modalidades, incluidos los asesinatos a periodistas. Si bien las acciones no han sido las más certeras, y quizá no resuelvan el problema de fondo si son un primer paso para responder ante una situación que es insostenible para una sociedad que día con día ve mermada su calidad de vida y observa que las reglas de convivencia se ven quebrantas por todos los actores. Con 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde el año 2000, México se clasifica en el rango de país más peligroso del continente para la libertad de prensa. Las autoridades también se han convertido en cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos, entre otros el de informar. Si a esto le agregamos que hay instituciones que siguen sin otorgarle la importancia debida a esta realidad, pues tan sólo hay que recordar que el senado ha dejado de lado el análisis de una iniciativa que tiene más de un año que se pasó para su revisión y aprobación y

En consecuencia la libertad de expresión es irremplazable para ejercer el deber y el derecho de los ciudadanos y estar en posibilidad de vigilar cómo son ejercidas las políticas de Estado en sus tres órdenes de gobierno; por ello, hay que frenar la impunidad y detener la violación a los derechos humanos, ya que callarlo o dejar de hacerlo, sería como encubrir a la propia impunidad que tanto criticamos. Es necesario que el Gobierno implemente una verdadera política para garantizar la Libertad de Expresión, dado que el periodismo se encuentra en una grave crisis, por lo que si no se actúa con apremio pronto nos veremos superados aún más por la delincuencia organizada que pone en riesgo a la Sociedad Mexicana. Si bien las acciones que se han visto no resuelven de fondo el problema, si reflejan la preocupación de ciertos sectores que ven la importancia que reviste la violación flagrante de uno de los derechos fundamentales que debe prevalecer en toda sociedad: la libertad de expresión. Por ello resulta urgente que la Cámara de Senadores dictamine y someta al pleno para su aprobación, la federalización de los delitos cometidos en contra periodistas K


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Noviembre 2010  

EL IFE DEBE CONTAR CON MAYOR PARTICIPACIÓN FEMENINA: Macarita Elizondo

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