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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para La Educación Universitaria Universidad “Yacambú” Estado Lara.

Término: 1ro. Materia: Teoría Del Delito Abogado: Pérez Luis Enrique C.I. 9.579.296

Barquisimeto; Febrero de 2.014 INTRODUCCIÓN:


El Derecho Penal suele entenderse en dos sentidos diferenciados: objetivo y subjetivo. El Derecho objetivo equivale al conjunto de normas penales. Por su parte el Derecho subjetivo (también llamado ius puniendi o Derecho a castigar) es el derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar el Derecho Penal objetivo. El derecho Penal subjetivo se refiere básicamente al objetivo. Históricamente el Estado ha monopolizado el poder de castigar. Sólo el “ius puniendi” estatal puede operar como poderosa instancia pública capaz de resolver el conflicto criminal de forma pacífica e institucional, racional y previsible, formalizada, eficaz e igualitaria con escrupuloso respeto de las garantías individuales. Sólo el ius puniendi estatal se halla en condiciones de asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando la violencia privada y la autodefensa. Políticamente el debate sobre el ius puniendi nos lleva a los planteamientos ideológicos y los sucesivos modelos de Estado: absoluto, liberal e intervencionista. Del Estado Absoluto se preguntaban qué título podía tener este para privar de sus derechos al ciudadano, como se justificaba la intervención penal, el castigo. El Estado liberal, el depositario, administrador y custodio de las libertades públicas, se pasaba al Estado social, el que interviene activamente como gestor de los procesos sociales. Así es como el ius puniendi pasa a convertirse en un poderoso instrumento de Política criminal en aras de la prevención del delito. Así las medidas de seguridad, junto con la pena, son fieles exponentes del cambio. Los postulados del Estado social con la dirección de la Política Criminal. Según esta teoría el Estado Intervencionista pretendería reaccionar frente a la ineficacia del Derecho penal clásico y liberal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se pudo comprobar como un Estado intervencionista puede representar peligros importantes para las garantías individuales. Ha quedado claro que es necesario someter a límites al ius puniendi. El Estado Social y Democrático debe ser un complemento al Estado Clásico y Liberal y no una alternativa. El ius puniendi deberá respetar siempre los límites propios de una concepción garantista del Estado. Jurídicamente se suelen distinguir dos manifestaciones de ius puniendi: el derecho del Estado a establecer normas penales y el derecho del Estado a exigir el cumplimiento de ellas. El primer momento del ius puniendi enlaza con el poder legislativo en la que se integran la potestad de dictar normas penales: el poder político penal. En cuanto al segundo momento, el derecho del estado a exigir el cumplimiento de la norma penal viene impuesto por la ley: de la violación de esta surge el derecho del Estado a aplicar y ejecutar la pena. 1) EL IUS PUNIENDI:


Ius puniendi: Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión “puniendi” equivale a “castigar” y por tanto se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. El Derecho Penal subjetivo se identifica con el ius Puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar. El ius puniendi sólo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena.

Límites del ius puniendi: límites "formales" y límite "materiales" Los límites al ius puniendi preocupan porque el Estado social de nuestro tiempo tiene declarada una vocación intervencionista, y sobre todo porque la intervención penal es siempre una intervención “traumática, dolorosa y restrictiva” con grandes costes sociales y por eso durante mucho tiempo preocupó legitimar la intervención penal y además someterla a límites efectivos. Pero si tenemos en cuenta que el único titular del ius puniendi es el Estado, hay que someterlo al Ordenamiento Jurídico, (“nullum crimen, sine lege”), y a los Jueces y Tribunales que aplican las leyes y las penas (“nulla poena, sine legale iuditio”). Pero no sólo a estos, incluso a límites tanto formales como materiales o límites político-criminales.

Límites Formales: Principio de legalidad penal: El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos. De esta forma, el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide por tanto con el denominado “principio de legalidad de los delitos y las penas” que se expresa mediante el aforismo “nullum crimen, nulla poena, sine lege”. (Art. 49, Nral. 6 C.R.B.V.) Este principio se puede decir que nace con el Estado liberal. Nos encontramos así con un principio asumido por la comunidad internacional; así este principio se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre 1950 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966.


Sin embargo, la mera existencia de una ley no garantiza el cumplimiento del principio, esto se desprende de la idea de su convivencia con estados totalitaristas junto con la sucesiva violación de los derechos individuales. Por tanto, para evitar esto la Ley debe reunir una serie de requisitos que son básicamente: -Escrita: el Derecho penal es exclusivamente positivo, es decir excluye tanto la costumbre como los principios generales para establecer las penas y delitos, pretendiendo reservar esa potestad al poder legislativo, además, la Constitución impone que las leyes que desarrollen derechos constitucionales revistan la forma de Ley Orgánica (Art. 203 C.R.B.V.). La Doctrina además entiende que todas las leyes penales, por el hecho de serlo, deben revestir la forma de ley orgánica. -Previa: la Ley debe ser previa a los hechos que se pretenden sancionar, debe haber sido promulgada con anterioridad a la comisión de los hechos, por ello la ley penal es irretroactible y no se puede aplicar con anterioridad a su entrada en vigor. (Art. 24 C.R.B.V.) -Estricta: (el Tribunal Constitucional la denomina “garantía formal”, pero más bien se relaciona con el contenido material del principio de legalidad). Para que la Ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta. La exigencia de clara determinación de las conductas punibles se expresa en el denominado principio de taxatividad o mandato de certeza. Existen distintos grados de taxatividad: por un lado, el legislador puede acudir en ocasiones a conceptos que necesiten de la concreción jurisdiccional pero cuyo significado genérico se desprende de la propia ley. Pero por otro lado están los llamados tipos abiertos que establece el legislador en los que las fronteras de la conducta punible son difusas con el consiguiente perjuicio de la seguridad jurídica. El principio de legalidad contiene 3 tipos de garantías. Encontramos en primer lugar la denominada garantía criminal y garantía penal. Estas garantías actúan en el momento de la definición legal de los delitos y las penas y en el de la decisión sobre la responsabilidad penal y la pena aplicable. Aun así, a estas garantías se han añadido dos más, la garantía procesal y jurisdiccional, en la que el principio de legalidad exige que la decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena aplicable se lleve a cabo mediante un proceso legalmente establecido; y por último la garantía de ejecución o principio de legalidad de la ejecución que exige que la pena impuesta se ejecute con arreglo a las disposiciones vigentes. ¿Qué implica todo esto?, pues el pleno sometimiento a la ley, con sus límites, y por otro lado que los ciudadanos conozcan las consecuencias de sus actos con absoluta seguridad de que si la ley no las establece nunca podrán afectarles.

Límites Materiales. Principio de intervención mínima:


El poder punitivo del Estado está limitado por la intervención mínima. Esto quiere decir que el Derecho Penal solo debe intervenir en los ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, por ello, se habla del carácter subsidiario del Derecho Penal lo que ha originado grandes polémicas. A juicio de Muñoz Conde, la subsidiariedad del derecho penal es solo una consecuencia del principio de intervención mínima. Al Derecho penal, le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no será necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha protección se pueda conseguir por otros medios menos lesivos para los derechos individuales. Se trata de una exigencia del “principio de máxima utilidad posible” para las víctimas que debe combinarse con el “mínimo sufrimiento necesario” para los delincuentes. Aquí es donde entra en juego el principio de subsidiariedad que establece que, el Derecho Penal ha de ser la última ratio, e integrarse dentro del principio de intervención mínima. Para protegerse los intereses sociales del Estado se han de agotar los medios menos lesivos antes de acudir al Derecho Penal. Un segundo principio que limita la intervención penal es el “carácter fragmentario del Derecho Penal”, que significa que el Derecho Penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de bienes jurídicos a los que protege, solamente ante los ataques más graves. El Derecho Penal en un Estado social como es el nuestro ha de proteger los intereses sociales, los denominados bienes jurídicos. Por ello, al Derecho penal le corresponde la labor de castigar con las sanciones más graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos más importantes. Pero que el Derecho Penal deba proteger los bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. El Derecho Penal no es el único instrumento sancionatorio, sino que todas las ramas del Derecho poseen sus propias sanciones, que se aplicaran en caso de incumplimiento de sus normas. Algunas de sanciones penales pueden coexistir con las penales, siempre y cuando las sanciones no penales tengan una función y un fin distinto al de las penales. La cuestión se complica cuando la sanción penal y la extrapenal no solo coinciden en un mismo hecho, sino que cumplen funciones muy parecidas, pues de toda la gama de sanciones la única específica del Derecho Penal es la privación de libertad. Hay delitos cuya creación es única por parte del derecho penal como son los delitos contra la vida o la libertad sexual por ejemplos. Pero existen otros delitos en los que su relación con otras ramas del derecho es tan estrecha que mal se pueden precisar sus presupuesto sin acudir a dichas ramas, como es el caso de los delitos contra el patrimonio.

Esta tendencia a la expansión del Derecho Penal ha dado lugar a una polémica entre los que consideran que con ello se infringe el principio de intervención mínima, frente a aquellos que consideran que el Derecho Penal debe resolver los problemas de la sociedad moderna.


Como consecuencia del principio de intervención mínima surgen dos nuevos principios: humanidad y proporcionalidad.

Principio de lesividad: El Profesor Mir Puig establece que el Derecho penal ha debe proteger los denominados “bienes jurídicos”, evitar lesiones a los estos bienes jurídicos más importantes como por ejemplo la vida, la propiedad, el orden público, etc. La expresión bien jurídico se utiliza en el contexto político-criminal de reclamar la protección jurídico- penal, en contraposición al sentido dogmático, que alude a los objetos que de hecho protege el Derecho penal vigente. El principio de lesividad o de dañosidad lo vincula, por tanto, al de exclusiva protección de bienes jurídicos y que además, ha de ser el punto de partida de la antijuridicidad penal. El postulado de exclusiva protección de bienes jurídicos implica que no pueden ser amparados por el Derecho penal intereses meramente morales, no es que los bienes protegidos no sean morales, sino que su protección no sólo sea por ese motivo, sino por algo aún con mayor trasfondo. Un Estado social y democrático sólo deberá amparar como bienes jurídicos aquellas condiciones que afecten a las posibilidades de participación de individuos en el sistema social, y además para ser protegidos tienen que tener una importancia fundamental. Este postulado puede verse como una exigencia del Estado democrático. Además, también se pueden fundamentar en que sean los propios ciudadanos quienes “decidan” qué objetos reúne las condiciones requeridas para constituir bienes jurídicos-penales.

Principio de culpabilidad: En Derecho Penal se asigna al concepto de culpabilidad una triple significación. a) Por un lado, se ve la culpabilidad como fundamento de la pena referido a si procede imponer pena al autor de un hecho típico y antijurídico, es decir, a un hecho prohibido por la ley penal con la amenaza de una pena. Para ello se exige la existencia de una serie de elementos como son la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta distinta, y solo con la falta de alguno de estos elementos de la culpabilidad no podrá imponerse una pena.

b) Por otro lado, la culpabilidad se ve como un elemento de determinación de la pena. En este caso ya no se trata de determinar si existe o no pena, sino como ha de determinarse la pena, su gravedad y su duración. En este caso la función de la culpabilidad es sobre todo


limitadora, pues impide que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos límites establecidos por la idea de culpabilidad. c) Finalmente, el concepto de culpabilidad se utiliza como exclusión de la responsabilidad por el resultado. En este sentido el principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo los modos de imputación de un resultado al dolo y a la imprudencia. Únicamente es unánimemente aceptado el principio de culpabilidad en este último sentido, pues los otros dos son objeto de grandes disputas entre la doctrina. En todo caso, actualmente está fuera de toda discusión que tanto el fundamento como los límites de la pena van a depender del grado de participación o la responsabilidad subjetiva del sujeto en la realización del delito, y si esta falta, bien sea por la falta de dolo o imprudencia en relación con el resultado delictivo; o bien porque el sujeto no posee el desarrollo mental suficiente, desconoce que el hecho realizado estaba prohibido, o no le era exigible otro comportamiento, carece de sentido imponer pena, pues la norma penal no puede cumplir su función motivadora. En definitiva, el principio de culpabilidad establece la exigencia de responsabilidad en el sujeto para que este pueda ser sancionado con una pena. Así, LIBRO PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES, SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS, TÍTULO I, De la Aplicación de la Ley Penal del Código penal se recoge entre las garantías penales del principio de culpabilidad Artículo 1. “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.” En la doctrina existen grandes disputas acerca del concepto de culpabilidad y de su contenido, pero la garantía referida a que únicamente se podrá imponer pena si existe dolo o culpa es indiscutible.

Principio de humanidad: El principio de humanidad fue un punto central de la ilustración, y desde su origen ha sufrido un gran número de reformas penales. En gran parte del mundo se ha pasado de un sistema penal que giraba en torno a la pena de muerte y otras penas corporales, a otro cuyo fundamento han sido las penas privativas de libertad. (Artículo 43 C.R.B.V.) Las penas corporales, como la tortura como medio de averiguación de la verdad, o cualquier otro medio que privase al acusado de la libre determinación de su voluntad (lavado de cerebro, suero de la verdad, etc.) han sido abolidas (Art. 49, Nral. 5 C.R.B.V.). En lo que respecta a la pena de muerte, en los últimos años está siendo abolida en muchos países civilizados. Todos estos cambios en el sistema garantizan el derecho a la presunción de inocencia como derecho básico del imputado (Art.49, Nral. 2 C.R.B.V.). Hoy día, la pena que se ejecuta es la privativa de libertad, pero se está produciendo una progresiva sustitución de


las penas privativas de libertad por otras penas menos lesivas, como son la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, e incluso medidas consistentes en la suspensión o renuncia de la pena. En la actualidad, en garantía de este principio de humanidad, se obliga a tratar con respeto al encarcelado y procurar su reinserción en la vida social una vez que haya salido de la cárcel, ahorrándole todo tipo de vejaciones inútiles y de sufrimientos. (Artículo 46 C.R.B.V.)

Principio de proporcionalidad: El principio de proporcionalidad, es una idea de justicia que quiere decir que a cada uno ha de dársele lo suyo según sus merecimientos, y que los desiguales deben ser tratados desigualmente. Este principio quiere decir que las penas deben de ser proporcionales a la entidad del delito cometido, o que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que el daño causado por el delito. La doctrina empleaba originariamente este principio de proporcionalidad como límite a las medidas de seguridad. Sin embargo la idea de proporcionalidad no solo es necesaria para limitar las medidas, sino también para graduar las penas. Así, se establecen dos criterios en el principio de proporcionalidad de las penas. El primer criterio que ha de usarse para determinar la gravedad de la pena, es que, debe imponerse según la importancia del bien jurídico afectado. Por eso los delitos contra la vida serán los que se castiguen más severamente. En segundo lugar, la gravedad de la pena depende también de la forma de ataque al bien jurídico. Así por ejemplo, un ataque doloso a la vida es mucho más severamente castigado (asesinato) que uno o varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico (diez homicidios por imprudencia como consecuencia de un accidente).

Principio de resocialización: Se refiere a una exigencia democrática en la que ha de ser posible la participación de todos los ciudadanos en la vida social. Por lo que el Derecho penal ha de evitar la marginación indebida del condenado a una pena o del sometido a una medida de seguridad. Ello hace preferible que las penas y las medidas de seguridad no entrañen separación de la sociedad. En caso de que la privación de libertad sea inevitable, habrá que evitar en lo posible sus efectos desocializadores. Así, debe entenderse el principio de resocialización en un estado democrático como un intento de ampliar las posibilidades de participación en la vida social. Sin embargo la realidad de las cárceles es otra muy diferente. Principio de non bis in ídem:


El principio de non bis in idem lo podemos encuadrar dentro de los límites materiales del ius puniendi, sin embargo este principio es exigido desde la perspectiva del principio de legalidad del artículo 49, Nra. 6 C.R.B.V. Este principio consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Art. 49, Nra. 7 de la Constitución.

Con este principio existe una problemática asociada: si infringe el non bis in idem en el concurso de leyes o de normas, y la respuesta es que cuál de las normas debe prevalecer, se trata de decidir que norma se ajusta con mayor exactitud al supuesto enjuiciado (García Albero). Otro supuesto frecuente es la concurrencia de sanciones que plantean en el Derecho penal y el Derecho administrativo. Encontramos situaciones que son constitutivas de delito y que a su vez pueden considerarse como infracciones administrativas por las que se pueden imponer ciertas sanciones. Aquí el Tribunal admite algunos supuestos de concurrencia entra la sanción penal y la administrativa. De la jurisprudencia constitucional se deduce la posible aplicación de dos sanciones penales a un mismo hecho, puesto que si ambas son penales, normalmente tendrán el mismo fundamento y se impondrán ambas por autoridades del orden judicial, con lo que no podrán acumularse. Sin embargo, no se cierra el paso a la acumulación de sanción penal y sanción administrativa, es más se puede permitir en muchos casos: así, cuando sobre un mismo hecho concurren una sanción penal y una sanción administrativa, con frecuencia nos encontramos ante una relación de sujeción especial entre el sancionado y la Administración y por tanto podrá ser admitida la acumulación. Por ejemplo un cargo de funcionario, además de recibir la pena impuesta en el Código penal, recibirá una sanción disciplinaria de su condición de funcionario.

2) BASE DOCTRINARIA.


La doctrina dominante opta por una denominación tradicional del ius puniendi como derecho subjetivo, con intervención punitiva del Estado. En cambio, algunos autores cuestionan tal naturaleza y prefieren hablar de un poder de castigar.

Son tantos y tan diversos los problemas que se le plantean al derecho penal que no ha habido un solo instante en la historia de su estudio en que no haya alguien tratando de resolver una cuestión dogmática, o replanteándola o haciendo una nueva propuesta o combatiendo anteriores ideas. Los pensadores penales, se han conformado no en pensamientos idénticos, sino en teorías que tienen rasgos comunes. Se denominan escuelas penales aquellas en que los rasgos comunes del pensamiento jurídico - criminal son los que prevalecen; esto es lo que determinaría La Base Doctrinal del Ius Puniendi. Así tenemos:

 ESCUELA CLÁSICA El resultado de las teorías de los filósofos de los siglos XVII y XVIII fue la formación de una escuela general de derecho penal cuyos principios se concentraron en los códigos penales promulgados después de la Revolución Francesa que, con algunas adiciones y modificaciones, rigen en la actualidad, y forman el Derecho Penal Liberal, surgido así de la denominada “Época de las Luces”. César Beccaria fue el iniciador de esta escuela, denominada clásica, siendo sus continuadores, en Italia, Rossi y Carrara; en Francia, Ortolán y Chauveau y Helie; y en España, García Goyena y Pacheco. La doctrina de la escuela clásica señala como objeto de la ciencia penal el estudio de los delitos y de las penas, con descuido del delincuente. Considera como delito, únicamente el hecho previsto de antemano por la ley penal; como fundamento del derecho de castigar, el mantenimiento del orden jurídico por el Estado, esto es, la tutela jurídica de los intereses, derechos y libertades de los ciudadanos, fórmula que se puede resumir en el interés común; y como fin de la pena, el ejemplo y el escarmiento.

El delito. Es una entidad jurídica, abstracta, determinada por la colisión entre las acciones humanas y el derecho. Su esencia es la transgresión de una regla jurídica. Consta de dos elementos: uno interno: la voluntad e inteligencia; el otro externo: el hecho material. Es el resultado de dos fuerzas: la fuerza moral, intención libre y la fuerza material, movimiento muscular, acción.


En el delito se distinguen la cualidad, constituida por los caracteres que diferencian un hecho de otro y determinan el delito-tipo; la cantidad, que los hace más o menos graves, y el grado, que torna al delito plenamente o menos plenamente imputable.

La imputabilidad. Es la relación del hecho con su autor, siendo éste la causa eficiente del mismo. En la doctrina de esta escuela se clasifica en: 1. Moral: violación de una regla de conducta no incriminada, la falta de caridad. 2. Política: es la que hace responsable al sujeto ante la sociedad. 3. Civil: es la violación de un derecho privativo de los particulares. 4. Física: es la imputación de un hecho involuntario, como un homicidio causal. 5. Legal: es la transgresión de una prohibición de la ley. La importancia de esta clasificación consiste en que corresponde a los legisladores determinar la imputabilidad política, esto es, los hechos delictuosos, los actos dañosos a la sociedad; y a los jueces determinar las demás, aplicando la ley al conocer de cada caso concreto.

La Responsabilidad: Exige en el autor del hecho la voluntad de cometerlo, supone el conocimiento suficiente del bien y del mal y el libre arbitrio de escoger este último. La responsabilidad penal deriva de la responsabilidad moral. El hecho cometido se presume voluntario y sólo se justifica cuando el agente obedece a una autoridad superior, o no puede resistir fuerza insuperable, o no ha podido determinarse libremente a ejecutarlo. Las excepciones más señaladas son los casos de los menores, de los ebrios y de los locos, distinguiéndose según que los primeros obren con o sin discernimiento, o que la embriaguez sea completa, y la perturbación mental, absoluta o relativa.

La Pena: Es un mal infligido al delincuente, prescrito por la ley y aplicado por el juez. Tiene su fundamento en la necesidad de l ley, o en el deber del Estado de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Su fin es el restablecimiento del orden externo por medio de la corrección del delincuente, de la confianza que debe inspirarse a los buenos y de la advertencia a los mal intencionados.


En resume: 1. El delito es una entidad jurídica que se compone de diversas fuerzas morales y físicas. 2. El derecho de castigar corresponde al Estado a título de tutela jurídica. 3. El fin de la pena es el restablecimiento del orden externo de la sociedad. 4. La pena es un contenido necesario del derecho. 5. La imputabilidad criminal tiene su fundamento moral. 6. El método de investigación en el derecho penal es objetivo.

 ESCUELA POSITIVISTA: Esta escuela estudia principalmente la persona del delincuente, y se basa en tesis completamente opuestas a las de la escuela clásica. Comienza con los estudios de Lombroso sobre el hombre delincuente, en su organismo, su carácter, sus signos distintivos, su estado de ánimo; es, pues, antropología criminal; continúa con Ferri y Garófalo, quienes se basan en la estadística y estudian las causas de los delitos, siendo así sociología criminal; y se aúnan ambas bases de conocimiento para formar una tercera escuela, llamada Escuela Crítica, Escuela Antropo – Social, de positivismo crítico. Opina la Escuela Positiva, que la ciencia penal debe estudiar todas las condiciones del reo, naturales y de su vida social, y por eso, es investigación antropológica y sociológica, esta última determinada por la indagación de la razón, motivo o móvil que haya tenido el agente en la perpetración del hecho. La sociología criminal tiene un fin preventivo y no represivo y la pena debe ser sustituida por medidas de seguridad. La responsabilidad del delincuente es una responsabilidad social, y no moral, resulta de un estado psico – físico peculiar, y no de una voluntad libre y determinada. En consecuencia, los actos delictuosos entran en el círculo de una peligrosidad social, esto es, el delincuente es un ser temible, peligroso, que debe ser eliminado o readaptado. Ferri distinguía las dos clases de peligrosidad: social y criminal. La primera: anterior al delito. La segunda: manifestada con el delito. Según estas teorías, el sistema penal de la escuela debe ser abolido. La pena no debe ser a dosis determinadas, proporcionadas a la culpa del delincuente, sino a la especial categoría del reo y debe ser indeterminada o sustituirse por una medida de defensa contra la personalidad peligrosa. Se puede resumir su doctrina:


1. El delito es un fenómeno social en cuya génesis encuentra factores individuales, físicos y sociales. 2. El derecho de castigar corresponde al Estado a título de defensa social. 3. El fin de la pena es la prevención y la readaptabilidad del reo. 4. La pena debe sustituirse por medidas de seguridad. 5. La imputabilidad tiene un fundamento social. 6. El método de investigación es subjetivo.

 ESCUELAS ECLÉCTICAS: Las críticas contra las escuelas clásicas y positivista han dado nacimiento a escuelas eclécticas que mantienen principios de la clásica y toman otros de la positivista, situándose en un término medio, sin incurrir en las exageraciones de esta última y apartándose de muchos postulados arcaicos del dogmatismo. Estas escuelas se caracterizan por el dualismo de sus concepciones. Diferencian el Derecho Penal, al que asignan un método lógico – abstracto, de la Criminología, Penología y Política Criminal, que siguen una sistematización experimental. El crimen es un fenómeno complejo, producto de factores individuales y de factores exógenos. La condición del delincuente no debe exagerarse hasta hacer de él un tipo especial, el tipo criminal que señala la escuela positivista pero si debe admitirse una clasificación, la de ocasionales, habituales y anormales. La pena debe ser afianzada con medidas de seguridad. Y respecto a la responsabilidad se conserva el viejo concepto de libre arbitrio, de responsabilidad moral, pero admitiéndose la peligrosidad, temibilidad o estado dañoso para algunos delincuentes. Esta tendencia dualista de los penalistas críticos o neoclásicos ha influido en la confección de todos los códigos penales promulgados en lo que va transcurriendo del siglo XX.

 ESCUELA HUMANISTA: Según la teoría humanista, se forma en la vida social una conciencia colectiva como producto de la constante relación entre los individuos. Esta conciencia social es moral. Los fenómenos sociales son la forma de esta conciencia moral colectiva. Así, el Estado no es un Estado jurídico, sino moral, sus deberes son morales; y el Derecho tiene su génesis también en la conciencia moral colectiva, surge de la exteriorización consciente de determinada idealidad; es, pues, pura forma, una parte de la idealidad colectiva.


El Delito: Es un ilícito moral, y por esta circunstancia, todas las acciones contrarias al sentimiento moral deben ser erigidas en delitos y deben ser borrados de los delitos todos los actos prohibidos por el derecho más no por la moral.

La Imputabilidad: Se prescinde del libre arbitrio y del determinismo y establece que el hombre es imputable porque es educable. La imputabilidad se funda en la educabilidad.

La Pena: Debe consistir en la educación del criminal, debe ser pena educativa, impuesta por el Estado educador, que debe desenvolver sus actividades educadoras para convertir en un magisterio pedagógico las instituciones del sistema carcelario actual. No se admite la doctrina de la peligrosidad.

 ESCUELA PRAGMÁTICA: El Derecho Penal debe ser eficaz. El sistema penal debe conocerse por sus frutos, por los delincuentes corregidos, intimidados o eliminados. La pena debe ser cierta como idea, eficaz como acción y provechosa por sus resultados, y para lograr estas condiciones, debe buscarse la certeza penal, no según postulados establecidos a priori ni según fines teóricos, sino con un método empírico fundamentado en los resultados de la estadística, en la experiencia de los directores de prisión, esto es, e las investigaciones psicológicas. En conclusión: Se llama Escuelas Penales o Base Doctrinal al conjunto de postulados o de ideas similares o afines relativos a las ciencias penales. Estas escuelas forman parte de la historia del derecho penal, formando incluso tendencias dogmáticas. Las más importantes por su influencia en las diversas legislaciones penales, son las escuelas Clásica y Positiva.


BIBLIOGRAFÍA:  Eduardo López Betancourt; Introducción al Derecho Penal; Editorial: Porrúa; Numero de Edición: 13; Fecha de Publicación: 2007; México; Pagina: 65.  Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; Introducción al Derecho Penal, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005.

 Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA Introducción al Derecho Penal, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005.  Francisco MUÑOZ CONDE Derecho Penal, Parte General, Sexta Ed. Tirant lo Blanch Libros, Valencia, 2000.  Francisco MUÑOZ CONDE Derecho Penal, Parte General, Sexta Ed. Tirant lo Blanch Libros, Valencia, 2000.  Santiago MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 8ª Ed. Reppertor, Barcelona, 2008.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; Gaceta Oficial N°: N° 5.453; extraordinario del 24 de marzo de 2.000. Enmienda N°: 1; Gaceta Oficial N°: 5.908, Extraordinario del 19 de febrero de 2009.  Código Penal Venezolano (2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.078 (Extraordinaria), Junio 18, 2012.  Código Penal Venezolano (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5768E 13/4/2005.


El ius puniendi yacambu