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EXMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN

EL SIGLO

La sentencia recurrida impuso a la mencionada firma comercial una multa de $ 8.000 (pesos ocho mil), por resultar acreditada la infracción a los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor

San Miguel de Tucumán - MARTES 27 DE MAYO DE 2014 - www.elsigloweb.com

Jurídicas

Ley de Defensa del consumidor: sanción al proveedor Reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el representante de la empresa Telecom Personal S.A. en autos: "Dirección de Comercio Interior de la Provincia vs. Telecom Personal S.A. s/ Su denuncia (Demandante: Capilla Mariana)". Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por el representante de la empresa Telecom Personal S.A. (fs. 66/70) en contra de la sentencia Nº 1448 de fecha 13 de diciembre de 2012 (fs. 56/57) del Juzgado de Instrucción de la Iª Nominación, por la que se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la firma antes mencionada; confirmándose la resolución Nº 639-311-DCI-11 del 22/7/2011 dictada por la Dirección de Comercio Interior de la Provincia (en adelante DCI). La presente vía impugnativa fue concedida por resolución Nº 46 del 18/02/2013 (fs. 72 y vta.) del referido juzgado. Vencido el plazo previsto en el art. 487 del Código Procesal Penal de Tucumán (en adelante CPPT), las partes no presentaron memorias (fs. 80). Corrida vista al Ministerio Fiscal, éste dictaminó (fs. 81/83) aconsejando el rechazo del recurso de casación deducido.

II.- La sentencia recurrida narra que la empresa Telecom Personal S.A. planteó recurso de apelación, conforme lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Nº 24.240, en contra de la resolución Nº 639-311-DCI-11 dictada en fecha

La sentencia recurrida narra que la empresa Telecom Personal S.A. planteó recurso de apelación, conforme lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Nº 24.240, en contra de la resolución Nº 639-311-DCI-11 dictada en fecha 22/7/2011 por la DCI, mediante la cual se impuso a la mencionada firma comercial una multa de $ 8.000 (pesos ocho mil), por resultar acreditada la infracción a los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante LDC), en tanto no habría cumplido la denunciada con la obligación legal de garantía, respecto de un equipo BlackBerry, celular éste que evidenció desperfectos al poco tiempo de su compra, imposibilitando así la utilización efectiva de determinados servicios contratados. 22/7/2011 por la DCI, mediante la cual se impuso a la mencionada firma comercial una multa de $ 8.000 (pesos ocho mil), por resultar acreditada la infracción a los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante LDC), en tanto no habría cumplido la denunciada con la obligación legal de garantía, respecto de un equipo BlackBerry, adquirido el 06/10/2010 por la usuaria Mariana Capilla, celular éste que evidenció desperfectos al poco tiempo de su compra, imposibilitando así la utilización efectiva de determinados servicios contratados. Explica el decisorio en controversia

que Telecom Personal S.A. no le brindó a la denunciante solución a tal problema, ya que dicho aparato celular no contaba en la Provincia con servicio técnico, no habiendo stock de dicho producto para cambiar el defectuoso por uno nuevo. Describe el pronunciamiento en crisis que la denunciante manifestó haber realizado diversos reclamos, sin obtener solución alguna a los inconvenientes alegados; lo que motivó la correspondiente denuncia ante la DCI. En la audiencia de conciliación (fs. 16) la denunciante rechazó el ofrecimiento formulado por la apoderada de la firma denunciada, toda vez que tal oferta solo contemplaba uno de los ítems reclamados. Considera el a quo que de las constancias de la causa surge que, aproximadamente a los dos meses de compra del equipo, es decir dentro del periodo de garantía, la usuaria reclamó -mediante carta documento- a la empresa de telefonía la imposibilidad de utilizar los servicios que presta dicha empresa. Dicho reclamo no generó respuesta alguna a la problemática planteada. Describe luego el sentenciante el resultado de la audiencia que se llevó a cabo en fecha 27/4/2012 (fs. 53). Juzga, en definitiva, el a quo que se encontraría acreditada en autos la infracción a lo normado en los arts. 11 y 19 de la LDC, razón por la cual el inferior rechaza la apelación interpuesta por la denunciada. III.- Disconforme con dicho pronunciamiento, la empresa Telecom Personal S.A. interpone el recurso extraordinario local sub examen. Luego de justificar los requisitos de admisibilidad de la vía impugnativa tentada, el recurrente efectúa una reseña de la plataforma fáctica del caso, reproduce el descargo efectuado en sede administrativa, transcribe la resolución de (Continúa en página 2)

Directora Jurídica: Dra. Valeria Lorena Jimenez


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"...La obligación de informar ha sido conceptualizada como el ‘deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación…y cuyo contenido es el poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si dicha información no se suministra’..." la DCI y los agravios esgrimidos en contra de la resolución emitida por ésta última. Seguidamente transcribe las consideraciones vertidas en la sentencia atacada por casación. Luego de ello, el recurrente expresa los agravios concretos en los que pretende sostener el presente recurso de casación. En primer lugar estima que la sentencia dictada por el a quo es nula por falta de fundamentación. Cita el art. 422 del CPP. Justifica su postura alegando que el decisorio en actual controversia no brindó explicación alguna de las razones por las cuales se le atribuyó a Telecom Personal S.A. una conducta violatoria de los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240. Expresa, asimismo, que la falta de sustento de la sentencia queda en evidencia, por la utilización de un "verbo en forma potencial", al señalar que "se encontraría" acreditada la infracción a los dispositivos legales referidos, lo que reflejaría la "incertidumbre" sobre la cuestión en debate.

sión en que habría incurrido la autoridad de aplicación, respecto del procedimiento del "servicio técnico" para verificar la existencia, o no, de fallas de fábrica en el producto, procedimiento que -a criterio del recurrente- no puede ser suplido por la denuncia interpuesta ante la DCI. Arguye la impugnante que la sentencia en pugna no se expidió sobre la alegada violación al debido proceso y al derecho de defensa, al haberse permitido la agregación de escritos -en sede administrativa- sin la correspondiente notificación a la empresa. Expresa la parte impugnante que la resolución atacada por casación omitió valorar prueba documental acompañada -durante el procedimiento administrativo- por la denunciada, en alusión a "las copias de los consumos existentes en la línea durante el periodo reclamado". Explica la firma denunciada que el a quo no consideró la argüida falta de fundamentación en la determinación del importe sancionatorio.

Indica el recurrente que el decisorio en controversia no ha descripto cuál es el sustento fáctico y probatorio de su conclusión sentencial.

Finalmente solicita se haga lugar al recurso de casación interpuesto, declarándose la nulidad de la sentencia en controversia.

En segundo lugar, se agravia de la supuesta falta de consideración -por parte del a quo- de los agravios en que se habría sostenido la apelación incoada contra la decisión administrativa.

IV.- Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar previamente la admisibilidad de la impugnación tentada.

Explica que, en el recurso de apelación, se agravió del supuesto error cometido por la resolución de la DCI al entender que Telecom tenía la obligación de "informar" al consumidor respecto de la garantía contenida en el art. 11 y concordantes de la Ley Nº 24.240; alegando el recurrente que "las leyes se reputan conocidas por todos", por lo que la denunciante debía conocer todo lo relacionado al plazo, modalidad, funcionamiento, servicio técnico, sujetos intervinientes y demás aspectos relativos a la garantía legal del equipo adquirido. Alega que la sentencia en pugna nada dijo respecto de la supuesta confu-

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 70), se motiva en la invocación de inobservancia de las normas que el CPPT establece bajo pena de nulidad (art. 479 inc. 2 ritual) y está dirigido contra la sentencia del Juez de Instrucción que resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución sancionatoria de la DCI, confirmándose la misma; ello en el marco de la competencia de éstos juzgados para entender ante tales vías impugnativas (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 642 del 08/9/2010, en "Copan Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Recurso de apelación"), con lo que el auto pone fin a la acción haciendo imposible su continuación, razón por la cual debe consi-

derarse satisfecho el recaudo de definitividad exigido en el art. 480, primer párrafo in fine, del CPPT; por lo que el recurso deviene admisible. V.- Corresponde, en consecuencia, analizar la procedencia de la vía impugnativa pretendida, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo que cabe anticipar la improcedencia de la misma. 1.- El primer agravio se orienta a demostrar que la sentencia dictada por el a quo es nula por falta de fundamentación. Según el criterio del recurrente, el decisorio en controversia no brindó explicación alguna de las razones por las cuales le atribuyó a Telecom Personal S.A. una conducta violatoria de los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240, ni describió cuál es el sustento fáctico y probatorio de la conclusión sentencial. Tal razonamiento no merece ser receptado. Efectivamente, de la armónica lectura del fallo en pugna se observa que el a quo basó su juzgamiento en el convencimiento que la conducta de la empresa prestataria de servicios telefónicos incumplió con su obligación legal de garantía, respecto al equipo celular adquirido por la denunciante en fecha 06/10/2010, expresando el sentenciante que dicho dispositivo evidenció una falla que no fue solucionada por la denunciada. Además indica el a quo que la conducta de la empresa denunciada, a más del incumplimiento señalado, también resultaría demostrativa de la deficiente prestación del servicio que debía proveer, lo que se concretó mediante el impedimento a la usuaria de la "utilización efectiva de los servicios brindados por BlackBerry". Asimismo, se advierte que el a quo basa su decisión en la siguiente circunstancia: "…a los dos meses de la compra del equipo en cuestión, es decir dentro del periodo de garantías, la Sra. Capilla realizó un reclamo mediante carta documento a Telecom Personal S.A., debido a que no podía utilizar los servicios brindados por dicha empresa, sin obtener respuesta alguna a su problema. Sumando a ello la denunciante realiza nuevos reclamos ante la Direc-

ción de Comercio, como consecuencia de ello dicha empresa manifiesta que no se realizó la verificación del equipo, lo cual es esencial para el cambio de unidad, pero no surge de autos que a la denunciante le hayan informado esa condición". Agrega el decisorio en controversia que: "surge de las constancias de autos y de la documentación aportada por Mariana Capilla en especial denuncia ante la Dirección de Comercio aduciendo que en el mes de octubre de 2010 había adquirido un equipo celular marca Black Berry y que desde el 15 de diciembre de ese año dejó de recibir llamadas, leer y contestar mails entre otros servicios. Asimismo, manifestó que habiendo realizado el reclamo en oficina comercial de la empresa le informaron que debían reemplazar el equipo por otro, pero que carecían del modelo adquirido, por lo que debía esperar unos días…". En base a tal plataforma fáctica, el sentenciante confirma el encuadramiento normativo de la cuestión en lo dispuesto en los arts. 11 y 19 de la LDC, ratificando así la decisión adoptada por la autoridad de aplicación administrativa. De la lectura de los transcriptos párrafos se puede observar que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, el decisorio en controversia describió, aunque sucintamente, los fundamentos fácticos en virtud de los cuales le atribuyó a Telecom Personal S.A. una conducta violatoria de los arts. 11 y 19 de la Ley Nº 24.240; no observándose arbitrariedad en tal razonamiento, lo que descarta la viabilidad del argumento impugnativo tendiente a demostrar la falta de motivación de la sentencia en controversia. Finalmente, tampoco se advierte que el encuadre normativo haya sido errado. Completando el razonamiento anterior, cabe tener presente que esta Corte ha sostenido que: "La valoración del cuadro probatorio es facultad privativa de los jueces de mérito, sólo que estos no pueden, legítima y razonablemente, prescindir de integrar en el discurso sentencial atinente, la referencia estimativa a (Continúa en página 3)


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"…La información es un elemento imprescindible para restablecer el equilibrio entre las partes -tratantes primero y contratantes después-, debiendo considerarse que tal equilibrio es el principio sobre el que se asienta la autonomía de la voluntad, que es elemento esencial del consentimiento eficaz. Por ello resulta fundamental que la información sea veraz, detallada, eficaz, suficiente, cierta e inteligible…" pruebas que aparecen como ostensiblemente importantes. Lo cual no significa que los jueces de grado se encuentren constreñidos a analizar todas y cada una de las probanzas traídas al juicio, pues poseen la facultad de seleccionar entre ellas, las que se consideren relevantes" (sentencia N° 183 del 21/3/1996). Igualmente: "...cabe señalar que los jueces son soberanos en la selección de la prueba, y en tal sentido esta Corte tiene dicho que entre las facultades de los jueces de grado se encuentra la de merituar o no de manera expresa alguna probanza, no estando obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa. De modo que la arbitrariedad sólo se configura cuando se prescinde de una prueba decisiva para la solución del caso" (CSJTuc., sentencia Nº 414 del 30/5/2001, en "Almafuerte S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otros s/ Inconstitucionalidad"; ídem sentencia Nº 183 del 21/3/1996, en "García Ernesto vs. Santiago Emilio Villar s/ Cobro de pesos -Casación-). Atendiendo a dicho criterio, la argumentación del recurrente deviene inviable, puesto que -si bien el recurrente arguye genéricamente que el sentenciante ha prescindido de prueba relevanteomite especificar cuál es la incidencia que, el supuesto medio probatorio dirimente no considerado por el a quo, tendría en la resolución de la cuestión en conflicto.

que a su juicio le provean mayor certeza respecto a las cuestiones sobre las cuales debe expedirse" (CSJTuc., sentencia Nº 860 del 08/11/2010, en "Bianchini Julio Cesar vs. León Rodolfo Augusto s/ Cobro de pesos"). Desde luego que esa libertad no puede ser arbitrariamente utilizada, pero esto último no ha logrado ser suficientemente demostrado por el recurrente. Por otra parte, el argumento utilizado por el impugnante, en virtud del cual destaca que la utilización de un "verbo en forma potencial" (al señalarse que "se encontraría" acreditada la infracción a los dispositivos legales referidos) reflejaría una "incertidumbre" en el juzgamiento de la cuestión, no merece ser tenido en cuenta; habida cuenta que la lectura sistemática de la sentencia genera la absoluta convicción que para el a quo- existe plena certeza acerca de que la conducta de la denunciada encuadra en los supuestos normativos previstos en los arts. 11 y 19 de la LDC, no resultando un argumento suficiente para demostrar lo contrario el modo verbal utilizado.

La genéricamente expresada imputación, en el sentido que el sentenciante ha prescindido de prueba pertinente, sin la debida referencia a la misma y sin la suficiente justificación de su pertinencia, signa negativamente la suerte del presente agravio.

2.- Con relación al segundo argumento impugnativo, dirigido a demostrar la ausencia de tratamiento de los agravios en que se habría sostenido la apelación incoada contra la decisión administrativa, cabe aclarar que si bien el fallo en crisis no efectúa un análisis particularizado de los fundamentos esgrimidos por la denunciada en sostén de la vía recursiva ordinaria tentada, tal circunstancia resulta insuficiente para justificar la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccionalmente valido, atento la manifiesta improcedencia del razonamiento desplegado por el recurrente en supuesto apoyo de su defensa.

Sin perjuicio del déficit argumentativo del recurrente, de las constancias de la causa no se advierte que se hayan alterado o parcializado pruebas que hubieran permitido una conclusión diferente a la dada, ni se observa que se haya afectado el principio de razón suficiente.

De todos modos, y a los fines de dar completa respuesta a los requerimientos vertidos por el recurrente y garantizar así cabalmente su alegado derecho de defensa, se examinarán seguidamente los distintos ítems que conforman el razonamiento desarrollado por la empresa denunciada.

Es que, cabe reiterar: "el sentenciante esté facultado para seleccionar entre los elementos con que cuenta, aquellos

2.a- En primer lugar, manifiesta el recurrente que, en la apelación, se agravió del supuesto error contenido en la

resolución de la DCI, al imputársele a Telecom la obligación de "informar" al consumidor respecto de la garantía contenida en el art. 11 de la Ley Nº 24.240. Para justificar su postura, arguye la denunciada que "las leyes se reputan conocidas por todos", por lo que la denunciante "conocía" lo relativo a plazo, modalidad, funcionamiento, servicio técnico, sujetos intervinientes y demás aspectos relacionados a la garantía legal del equipo adquirido; subyaciendo en la tesis impugnativa la innecesariedad del cumplimiento del deber de información respecto de ese tópico. Tal argumentación deviene notoriamente improponible, por diversas razones. Preliminarmente, cabe recordar que esta Corte ya tuvo oportunidad de juzgar que: "la obligación de informar ha sido conceptualizada como el "deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación…y cuyo contenido es el poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si dicha información no se suministra" (Lorenzetti, Ricardo Luís, "Consumidores", 2da. ed. act., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, págs. 205 a 206)" (CSJTuc., sentencia Nº 77 del 25/3/2013, en "Jaluf Nora Ana Lía vs. Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro s/ Cumplimiento de obligación"). También se explicó, en el referido antecedente, que tal obligación ha sido puesta, por el legislador, a priori en cabeza del empresario, como consecuencia de su condición de experto en el negocio que se celebra (cfr. art. 4 de la LDC y art. 42 de la Constitución Nacional). Sobre el particular, ha entendido esta Corte que: "Informar es hacer saber lo que es importante, resultando tal todo dato que pueda alterar la base del negocio, de modo que si se conociera no se contrataría, o se lo haría en otras condiciones. La información es un ele-

mento imprescindible para restablecer el equilibrio entre las partes -tratantes primero y contratantes después-, debiendo considerarse que tal equilibrio es el principio sobre el que se asienta la autonomía de la voluntad, que es elemento esencial del consentimiento eficaz. Por ello resulta fundamental que la información sea veraz, detallada, eficaz, suficiente, cierta e inteligible" (CSJTuc, sentencia Nº 921 del 02/10/2009, en "Fontdevilla Pablo vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios"). En ese mismo antecedente se señaló que el fundamento y la finalidad del deber de información, la naturaleza del comportamiento informativo, el objeto de la obligación (la información a suministrar, su alcance y caracteres conforme el art. 4 de la Ley Nº 24.240 y las otras normas que resulten aplicables), la forma que debe observar y la prueba del cumplimiento de esta obligación han sido objeto de un estudio exhaustivo por parte de la doctrina nacional y extranjera, coincidente en sus líneas centrales (Mosset Iturraspe, Jorge, Introducción al Derecho del Consumidor, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, T. 5, pág. 7 y sgtes.; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidor, pág. 167 y sgtes.; Ossola, Federico-Vallespinos, Carlos Gustavo, La obligación de informar, pág. 95 y sgtes.; Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la Ley Nº 24.240 con las reformas de la Ley Nº 26.361, pág. 158 y sgtes.; López Cabana, Roberto M., La información en los contratos de consumo, JA 1995-IV800; Andorno, Luis, "El deber de información en la contratación moderna" en Responsabilidad por daños en el tercer milenio en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, pág. 952 y sgtes.; Stiglitz, Rubén-Stiglitz, Gabriel, "Responsabilidad precontractual. Deberes secundarios de conducta. Incumplimiento del deber de información. Relevancia en los contratos de consumo", en LL 1992-D-750; Ordoqui Castilla, Gustavo, "La responsabilidad del empresario por el deber de informar" en Responsabilidad por daños en el tercer milenio en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, pág. 928; entre muchos o(Continúa en página 4)


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“...Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento...” tros); lo que, sin descuidar el análisis de las particularidades de cada caso, resulta demostrativo de la tendencia doctrinal y jurisprudencial marcadamente orientada a asegurar la efectividad de tan trascendente derecho" (CSJTuc., sentencia Nº 77 del 25/3/2013, antes citada). Por su parte, es del caso recordar que el deber de información al que venimos refiriendo debe cumplirse desde la etapa previa a la contratación y mantenerse durante todo el íter contractual (CSJTuc, sentencia Nº 377 del 10/6/2011, en "Matías Adolfo de Jesús vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/cumplimiento de contrato"; ídem Ossola, Federico-Vallespinos, Carlos Gustavo, "La obligación de informar", pág. 111 y sgtes.). Despejada, entonces, cualquier duda acerca de que la obligación de información pesa -en principio- sobre la parte empresaria (al encontrarse subsumida en el supuesto del art. 2 de la LDC) y aclarado el extenso alcance que el legislador decidió otorgarle al derecho a la información (art. 4 de la LDC), elevado a rango constitucional en el art. 42 de la Constitución Nacional; corresponde analizar, en las concretas circunstancias del caso, la viabilidad del argumento impugnativo por el que se pretende rechazar tal deber. A los fines de resolver el presente tópico, cabe recordar que la resolución de la DCI consideró que: "De las constancias de autos surge que a los dos meses de la compra del equipo en cuestión, es decir dentro del periodo de garantía, la señora Capilla, realizó un reclamo mediante carta documento a la sumariada, debido a que no podía utilizar los servicios brindados por dicha empresa, si(n) obtener respuesta alguna a su problema. Sumado a ello en fecha 27/01/11 la denunciante realiza nuevos reclamos ante este organismo, toda vez que el servicio brindado por la encartada era deficiente. Ante ello, la apoderada de Telecom Personal S.A. manifiesta que no se realizó la verificación del equipo, lo cual resulta esencial para el cambio de la unidad. Sin embargo, no surge de las constancias de autos que la encartada haya informado dicha situación con anterioridad a la denuncia interpuesta ante este organismo…". Efectuadas las anteriores precisiones fácticas y jurídicas y contrastadas las mismas con el argumento impugnativo sub examen, no cabe sino reiterar que el mismo deviene improcedente. Es que, por un lado, el impugnante justifica su argumentación, partiendo de una premisa falsa. En ningún momento, la resolución de la DCI sostuvo que la empresa de telefonía tenía la obligación de informar al consumidor "en abstracto" respecto de la obligación de garantía contenida en el art. 11 y concordantes de la Ley Nº 24.240, como subyace de la lógica impugnativa.

timar el razonamiento impugnativo. Más allá de que se le pueda asignar tal extensión al deber de información; en realidad, la autoridad de aplicación no le imputó a la denunciada infracción a dicha obligación. En rigor, le atribuyó incumplimiento del deber de prestar la garantía prevista en el art. 11 de la LDC y, además, la hizo responsable por la indebida prestación del servicio en los términos del art. 19 de la LDC; atento que, encontrándose el equipo en cuestión dentro del periodo de garantía y mediando un concreto reclamo formalizado mediante carta documento, consecuencia de la indebida prestación de determinados servicios, correspondía que la prestataria de telefonía le proporcionara respuesta ante dicha problemática concreta; lo que, según se juzgó en la resolución administrativa, nunca aconteció. Tal conclusión administrativa, en la que se sustentó la sanción impuesta, no ha sido debidamente controvertida por la denunciada. El argumento impugnativo se circunscribe a cuestionar el supuesto deber de información impuesto por la autoridad administrativa. Pero, a los fines de justificar tal lógica recursiva, se descontextualiza la referencia que hace la autoridad de aplicación respecto de la información que debía suministrar la denunciada. La atenta lectura de la resolución dictada por la DCI permite apreciar con claridad que la autoridad de aplicación consideró improcedente el argumento de la denunciada, a través del cual ésta pretendió justificar su omisión de cumplir con lo establecido en los arts. 11 y 19 de la LDC, en la supuesta falta de "verificación del equipo"; negligencia ésta que la proveedora le imputa a la usuaria. Es en ese contexto, y ante dicha lógica expuesta por la denunciada, que la autoridad de aplicación explicó que "no surge de las constancias de autos que la encartada haya informado dicha situación con anterioridad a la denuncia interpuesta ante este organismo…". En otras palabras, lo que verdaderamente se expresó en la decisión administrativa es que la denunciada no podía argumentar, para liberarse del cumplimiento de las obligaciones provenientes de los arts. 11 y 19 de la LDC, el hecho que la usuaria no haya procedido a la "verificación del equipo"; puesto que, ante el concreto reclamo efectivizado por la usuaria, fue la propia empresa la que guardó silencio al respecto, omitiendo indicarle que debía proceder a concretar la verificación del equipo; por lo que mal podía justificar -la empresa- su incumplimiento, en la supuesta actitud negligente de la usuaria. Es en ese escenario de discusión que la autoridad de aplicación enfatizó el incumplimiento del deber de información; es decir, lo hizo a los fines de rechazar la defensa argüida por la empresa; pero la medida sancionatoria impuesta no se basó en el incumplimiento al deber de información per se, sino en la infracción a los arts. 11 y 19 de la LDC; lo que resulta suficiente para deses-

Sin perjuicio de lo dicho, y desde otra óptica, el fundamento recursivo no resulta eficiente, atento que -de las propias constancias de la causa- se desprende que la conducta de la usuaria se encaminó diligentemente y de buena fe a concretar la "verificación del equipo". Ciertamente, de la carta documento de fecha 21/12/2010 remitida al Gerente de la firma Personal (fs. 4) describe la usuaria que: "en el mes de octubre de 2010 adquirí un equipo marca BlackBerry modelo 5820 por un total de pesos un mil quinientos. Que, desde el 15 de diciembre del corriente año, dejé de recibir llamadas, de leer y contestar mails entre otros servicios, por lo que: en fecha 16 de diciembre de 2010 efectué reclamo en vuestra compañía, dirigiéndome personalmente a las oficinas de calle Muñecas 693. Siendo atendidas por el empleado Sebastián Navarro, quien luego de trasladar mi equipo a otra oficina, no pudo solucionar el problema del mismo. Alegaba que debía reemplazar el quipo por otro debido a la falta de servicio técnico. Sin embargo en vuestras oficinas carecían del modelo adquirido, por lo que me indicaron que espere unos días…(números de reclamos 849673238, 849658098, 849677693) a la fecha no tuve solución alguna…". Tales alegaciones no fueron debidamente controvertidas por la empresa, quien en su descargo (fs. 23/24) se limitó a aclarar que: "el equipo objeto del reclamo nunca fue entregado a los efectos de verificar si realmente existían inconvenientes en su funcionamiento y de ser así, si los mismos eran atribuibles a una falla de origen o bien a un mal uso por parte del usuario"; pero sin producir prueba alguna tendiente a justificar los extremos fácticos en los que se sustentóla defensa articulada por la proveedora (ver fs. 27). Nótese que la denunciante no se limitó a describir -en su carta documento- que solo haya concurrido a las oficinas de calle Muñecas 693, a los fines de la verificación del equipo, sino que además enumeró concretamente los "números de reclamos" formalizados. La ausencia de contestación de la referida carta documento, por parte de la empresa, así como la falta de negativa concreta -en el escrito de descargo- de tales circunstancias fácticas aludidas en la denuncia, no pueden sino haber generado la convicción en la autoridad administrativa de la veracidad de los enunciados reclamos y la consiguiente confirmación de tal razonamiento por parte del a quo. Corroborando el anterior criterio, tampoco puede dejar de advertirse que el art. 45 de la LDC concede el plazo de 10 días hábiles prorrogables para que la denunciada produzca prueba respecto de los hechos controvertidos, no observándose de las constancias de (Continúa en página 5) autos, siquiera el ofreci-


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“...Art. 19: Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos...” miento de medios probatorios destinados a rebatir que se hayan verificado los reclamos alegados por la usuaria. En este particular contexto, la denunciada es la única que contaba con los medios para demostrar que los reclamos detallados por el usuario en su carta documento y en su denuncia, no fueron tales. Dicha orfandad probatoria resulta dirimente en contra de la defensa articulada por la empresa. Es que, al respecto, cabe tener presente que en la LDC prevalece una lógica que impone a los proveedores, el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obran en su poder, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida (art. 52 tercer párrafo de la LDC). Si bien, esta última norma ha sido estatuida específicamente para los procesos judiciales; en el caso de los procedimientos administrativos, la temática sobre la carga probatoria muestra una orientación semejante o, incluso, más agudizada habida cuenta que -en el trámite administrativo previsto en el art. 45 LDCluego de la audiencia previa, el consumidor (denunciante) "se convierte en un convidado de piedra", consecuencia de la "oficiosidad" que caracteriza al procedimiento por ante la autoridad de aplicación (cfr. Vázquez Ferreira, "Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada", t. I, Buenos Aires, La Ley, 2009, págs. 556 y 560), lo que refuerza la idea de que sea el proveedor el que aporte al proceso los elementos de prueba, cuanto menos cuando éstos obren en su poder; lo que no se ha verificado en el sub lite, al menos respecto del tópico en disputa, más cuando la usuaria ha cumplido con su "deber de colaboración" señalando los "números de los reclamos", ante lo cual no cabe duda que correspondía a la denunciada, en ese particular contexto, demostrar la falsedad de los mismos. Tan es así que, incluso respecto de casos de procedimientos administrativos,Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. (cfr. Bersten, Horacio Luís, "Derecho procesal del Consumidor", Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 79). El referido autor cita un precedente administrativo, donde la denunciada también era la empresa Telecom Personal S.A., y donde se resolvió que: "no puede esta sede administrativaModalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofre-

cidos, publicitados o convenidos. asumir la carga de conseguir pruebas de descargo que se encuentran en poder de la propia imputada (o de sus co-contratantes) cuando ésta ni siquiera las ofrece" (Dirección General de Comercio Interior - Delegación Sur, Pcia. de Santa Fe del 07/5/2002 "C.G. vs. Telecom Personal S.A."). Aun cuando, insistimos, la denunciada no ha sido sancionada administrativamente por violación al deber de información, el contenido y el sentido del agravio esgrimido por la empresa, impone también agregar que: "… el sistema tutelar impone al proveedor interesado en acreditar el cumplimiento de la obligación de informar, la carga de aportar la prueba conducente a tal fin (CCont.Adm.yTrib. Ciudad Bs. As., Sala I, 02/3/2005, "Banco de la Nación Argentina-Suc. Pompeya c/Ciudad de Buenos Aires", LL 2005-C-805; CCiv.yCom. Mar del Plata, Sala I, 26/5/2005, "Alfageme, Esteban R. c/Banco Francés BBVA", LLBA 2005 -septiembre-, 980), y que tal carga probatoria resulta justificada en tanto es el proveedor quien se encuentra en mejores condiciones para acreditar el hecho que revela el cumplimiento del deber de información legalmente impuesto (CNCom., Sala C, 05/10/2004, "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia c. Adesso, Antonio M.", LL 2005-A-607. Desarrolla este concepto, Arancet, Alejandra, "Daños derivados del incumplimiento al deber de información", en Ghersi, Carlos -Dir.-, Tratado de daños reparables, T. II, La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 23; todo ello citado en CSJTuc, sentencia Nº 921 del 02/10/2009, en "Fontdevilla Pablo vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios"; en semejante sentido CSJTuc, sentencia Nº 377 del 10/6/2011, en "Matías Adolfo de Jesús vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/ Cumplimiento de contrato")" (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 77 del 25/3/2013, en "Jaluf Nora Ana Lía vs. Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro s/ Cumplimiento de obligación"). Con lo dicho queda demostrado que existe toda una lógica en la Ley de Defensa del Consumidor tendiente a acentuar la carga de la prueba en cabeza de la empresa, cuando es ésta la que cuenta con información relevante para la dilucidación del caso, que no puede ser aportada por el usuario. Ante ese marco, los antecedentes fácticos enunciados demuestran que la fundamentación esgrimida por el recurrente, orientada a demostrar la supuesta negligencia de la usuaria en colaborar en la "verificación del equipo" no fue tal; puesto que de las constancias de la causa surgiría lo contrario; esto es, que la usuaria sí efectuó los reclamos pertinentes tendientes a que se verifique el equipo, más allá que la empresa no acreditó haberle indicado al usuario cómo debía proceder a tales fines, que es lo que se enfatiza en la de-

cisión administrativa. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la actitud desplegada por la denunciada resulta demostrativa de una evidente infracción al principio de buena fe (art. 1.198 del Código Civil), ya que se opone al cumplimiento de su deber de garantía y de prestación adecuada del servicio, escudándose en el supuesto hecho de que la denunciante no habría contribuido a la "verificación del equipo", cuando de las constancias de la causa, especialmente de la carta documento antes referida, se advierte que la usuaria hizo todo lo posible para facilitar que la empresa de telefonía puede dar cumplimiento con el mandato que le viene impuesto por los arts. 11 y 19 de la LDC. A partir de lo dicho, la argumentación esgrimida por la denunciada, tendiente a demostrar que no pesaba sobre ella la obligación de informar acerca del modo en que debía llevarse a cabo la verificación del equipo, en el marco de la garantía debida, con supuesta base en que "las leyes se reputan conocidas por todos", deviene palmariamente inviable. 2.b- Por los fundamentos vertidos en los párrafos anteriores, cabe igualmente concluir que no ha logrado demostrar la denunciada que se haya vulnerado el "procedimiento del servicio técnico". Partiendo de tal premisa, cabe agregar que es aceptado pacíficamente que el incumplimiento de las obligaciones que surgen del art. 19 de la LDC conlleva la posibilidad de la imposición de las sanciones previstas en el art. 47 de la Ley Nº 24.240 (cfr. Picasso y Vázquez Ferreyra -direct.-, "Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada", t. I, 1 ed, Buenos Aires, La Ley, 2009, pág. 231), que es precisamente lo concretado por la DCI a través de la resolución apelada. Es pertinente recordar que las infracciones establecidas en la Ley Nº 24.240 -en el caso, violación del art. 19- son de pura actividad, pues se configuran por la simple realización de la acción calificada de ilícita, sin que ésta se encuentre vinculada a un resultado separado o separable (CApel. CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs.As, Sala I, en "Eagle Star International Life c. Ciudad de Buenos Aires", sentencia del 09/3/2005, en La Ley Online cita AR/JUR/2315/2005). En este sentido se ha considerado que "lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se tratan de infracciones formales donde la verificación de tales hechos, hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumpli-


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"...Lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se tratan de infracciones formales donde la verificación de tales hechos, hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley..." miento de lo prescripto por la ley..." (cfr. CN CAdm. Fed., Sala III, "Capesa S.A.I.C.F.I.M c. Sec. de Com. e inv.", del 18/12/1997; en similar sentido: CApel. CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs.As, Sala I, en "Banco Río de La Plata S.A. c. Ciudad de Buenos Aires", sentencia del 30/3/2005, en La Ley Online cita AR/JUR/2020/2005; CN CAdm. Fed., sala V, "José Saponara y Hnos. S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones", sentencia del 25/06/97; CApel. CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs. As, sala II, "Bank Boston N.A. c. Ciudad de Buenos Aires", del 04/05/2004, en La Ley Online cita AR/JUR/3646/2004; CN CAdm. Fed. Sala I, en "Ombú Automotores S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones- Disp. DNCI 174/98", Causa: 16.591/98, de fecha 06/5/1999; CN CAdm. Fed., Sala II, en "HSBC Bank Argentina SA c. DNCI-Disposición Nº 111/10", sentencia del 04/11/2010, en RCyS 2011-IV, 140). Por ello, la apreciación de tales contravenciones es objetiva (CN CAdm. Fed., sala II, en "Confiable S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones-Disp. DNCI 121/98" del 9/12/98; "Diners Club Argentina S.A.C. y T. c. Dirección Nac. de Comercio Interior -Disp 116/04", del 17/02/2005, en DJ 2005-3, 337), sin que se exija la existencia de un elemento subjetivo específico ni de un tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa (CN CAdm. Fed., Sala V, "Garbarino S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones", sentencia del 15/9/1997; misma sala en "Banca Nazionale del Lavoro c. Dirección Nac. de Comercio Interior", sentencia del 18/5/2005, en LA LEY 2005-D, 788). Ello encuentra justificación, toda vez que en los contratos en que una de las partes detenta una superioridad técnica, evidenciada en su organización y capacidad administrativa para cumplir idóneamente su cometido, la conducta esperable no puede apreciarse con los parámetros de un neófito, sino con el estándar de responsabilidad agravada que el profesional titular de una empresa de alto nivel de especialización tiene frente al usuario (CNCiv., sala B, en "Molinari, Natonio F. v Tarraubella Cía. Financiera S.A.", del 24/11/1999), por la evidente situación de desigualdad estructural entre las partes contratantes (CN CAdm. Fed., Sala II, en "Citibank S.A. c. DNCI776", del 05/04/2005, en DJ 03/5/2006, 74). A similar conclusión cabe arribar con relación a la infracción a la obligación de cumplir con la garantía dispuesta en el art. 11 de la LDC. 2.c- Tampoco se advierte -como lo arguye la recurrente- que en el procedimiento administrativo se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de la denunciada, al haberse permitido la agregación de escritos sin la correspondiente notificación a la empresa. Ciertamente, de las constancias de la causa, se observa que la denuncia original fue formalizada el 28/12/2010 (fs. 1).

La audiencia de conciliación prevista en el art. 45, segundo párrafo, de la LDC se llevó a cabo el 08/02/2011 (fs. 16). Con anterioridad a la realización de dicha audiencia es que la denunciada presentó dos escritos denunciando hechos nuevos, en fechas 27/01/2011 (fs. 9) y 31/11/2011 (fs. 11). Ahora bien, y como argumento dirimente en contra de la pretensión nulidificante expuesta por la recurrente, en la propia acta de audiencia de conciliación consta que la empresa denunciada tomó conocimiento de dichas presentaciones. Así puede leerse en dicha acta que la denunciante dejo constancia que: "…en este acto toma conocimiento de los hechos nuevos denunciados ante esta repartición en fechas 27/01/11 y 31/01/11, por lo que no tiene instrucciones con respecto a estas cuestiones denunciadas con posterioridad" (fs. 16). Por tanto, si bien es cierto que la denunciada pudo tomar conocimientos de tales "hechos nuevos" recién en la audiencia de conciliación, puesto que los mismos fueron introducidos con posterioridad al momento en que se dispuso la notificación de la audiencia de conciliación (10/01/2011, fs. 8), nada obstó que -respecto de dichas nuevas circunstancias- la denunciada pudiera efectuar el descargo correspondiente, el que recién tuvo lugar el 08/4/2011 (fs. 23); por lo que no se advierte de qué manera se afectó el derecho de defensa de la denunciada; más cuando se advierte que los "hechos nuevos" denunciados en las presentaciones aludidas no tuvieron incidencia en la decisión adoptada por la autoridad de aplicación. Descartadas las anteriores hipótesis, la única presentación efectuada por el denunciado con posterioridad a la fecha de a audiencia de conciliación es aquella por la que la denunciada requirió daño directo (fs. 17). Ahora bien, de la lectura de la resolución administrativa fácil resulta advertir que no se dio tratamiento al "daño directo" reclamado, ni se impuso -a la denunciada- tal particular modo de indemnización contenida en el art. 40 bis de la LDC; por lo que tampoco se advierte un interés legítimo que justifique la nulidad pretendida por la proveedora. 2.d- Finalmente, con respecto a la alegada falta de fundamentación en la determinación de la sanción impuesta, cabe recordar que el art. 49 de la LDC establece los criterios a los fines de determinar la graduación de las sanciones. La resolución administrativa cuantifica la multa impuesta ($ 8.000) haciendo expresa referencia a: "las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, que en el caso de marras se trata de una empresa que capta a un innumerable cantidad de usuarios, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de

responsabilidad de la sumariada en la comisión de las infracciones, el eventual perjuicio provocado a la denunciante, y el carácter ejemplar y disuasivo que debe contener toda sanción, teniendo en cuenta la posición que la sumariada reviste en nuestro medio, existiendo la posibilidad de que la infracción constatada pueda resultar generalizada. Sumado a ello, el informe informático de la repartición, del cual surge la existencia de antecedentes de la encartada por infracciones a las disposiciones de la Ley Nº 24.240, en el Registro Provincial de Infractores". Si bien algunos de los criterios aludidos en la determinación de la sanción resultan de una generalidad desaconsejable en este tipo de actos administrativos; la autoridad de aplicación ha expuesto algunas razones concretas para fundar la multa. Así se destacó, en el acto administrativo, la posición en el mercado del infractor, que en el caso de marras se trata de una empresa que capta a una innumerable cantidad de usuarios (telefónicos). Asimismo el monto de la sanción se impuso atendiendo, conforme surge del párrafo transcripto, a la existencia de antecedentes por otras infracciones que contabiliza la denunciada, siendo la "reincidencia" un parámetro para la graduación de la sanción explicitado en la segunda parte del art. 49 de la LDC. Lo dicho descarta que la falta de motivación imputada por el recurrente al acto administrativo apelado pueda resultar suficiente para descalificar la validez del acto administrativo apelado. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la apreciación de la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones a imponer pertenecen al ámbito de las facultades de la administración, solo revisables en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta (doc. CSJN Fallos: 306:1792; 307:1282; ídem CN. CAdm. Fed., sala III, "Círculo de Inversores SA c/Secretaría de Comercio, en LL 2000-F-641, esa misma sala "in re" "Suarez"; del 05/7/1984, "Gorrini", del 17/10/1996; "Cochlar", del 27/5/1997; CFed. Apel. La Plata, Sala III, "Banco Credicoop c. D.N.C.I. disp. 821/06" del 31/8/2010, en LLBA 2011 -marzo-, 215; entre otras), lo que en el caso no se advierte. En otras palabras, la multa de $ 8.000 impuesta, atento la naturaleza de las infracciones cometidas, no aparece como desproporcionada o irrazonable. VI.- En virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal (fs. 81/83), esta Corte entiende que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte empresa sancionada. El criterio y la forma en que se decide torna insustancial el tratamiento de las restantes alegaciones irrelevantes para modificar la solución adoptada. (Continúa en página 7)


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“...La resolución administrativa cuantifica la multa impuesta haciendo expresa referencia a: "las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, que en el caso de marras se trata de una empresa que capta a un innumerable cantidad de usuarios, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de responsabilidad de la sumariada en la comisión de las infracciones, el eventual perjuicio provocado a la denunciante, y el carácter ejemplar y disuasivo que debe contener toda sanción, teniendo en cuenta la posición que la sumariada reviste en nuestro medio, existiendo la posibilidad de que la infracción constatada pueda resultar generalizada...” Las costas se imponen a la recurrente vencida, de conformidad a lo dispuesto en el art. 560 del CPP. .Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron: Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

RESUELVE: I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante de la empresa Telecom Personal S.A. (fs. 66/70) en contra de la sentencia Nº 1448 de fecha 13 de diciembre de 2012 (fs. 56/57) del Juzgado de Instrucción de la Iª Nominación.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. HÁGASE SABER. ANTONIO GANDUR ANTONIO DANIEL ESTOFÁN

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,

II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran.

DANIEL OSCAR POSSE

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO FEDERAL

Sanción ha abogado por sustituir a un colega en una causa judicial sin haberlo notificado Partes: C. D. L. F. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ recurso directo de organismo externo Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: IV

Se confirma la sanción impuesta a un abogado por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, con motivo de haber sustituido a un colega en una causa judicial, sin haberlo notificado, violando de esta manera las normas del Código de Ética. Sumario: 1.-Corresponde confirmar la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que sancionó a un abogado matriculado con un llamado de atención previsto en el art. 45, inc. a , de la ley 23187, por entender que con su conducta, al omitir la notificación a un colega sobre el reemplazo en la dirección letrada de un juicio sucesorio, incurrió en violación a lo dispuesto en el art. 15 del Código de Ética; ello con fundamento en que la falta sancionada se configura con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones im-

puestas y para eximirse de ella, la defensa debe acreditar causas que lo exculpan, lo cual no se logra mediante el ensayo de argumentos evasivos que no logran conmover las conclusiones arribadas por el Tribunal de Disciplina. 2.-La falta injustificada de aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa (art. 15 del Código de Ética) configura una conducta merecedora de sanción; y la circunstancia de que el letrado sustituido haya sido notificado por el ex cliente con posterioridad a la revocación de su mandato, no empece el hecho de que dicha comunicación no se produjo por un obrar propio del abogado reemplazante, practicándole al colega la comunicación impuesta por el Código de Ética a fin de avisarle la decisión adoptada por la parte, circunstancia que configura el reproche ético sancionado. Fallo: VISTO: El recurso de apelación deducido a fs. 186/188 contra la resolución obrante a fs. 149/152; y CONSIDERANDO: I. Que la presente causa se inició a raíz de la de-

nuncia efectuada por el doctor Andrés Ernesto Juárez contra el doctor L. F. C. D. ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En ella, el letrado manifestó sentirse agraviado porque, sin ningún tipo de notificación previa, le fue revocado su patrocinio letrado en la causa "Lefevre, Susana Fernanda s/sucesión testamentaria", (expte 45.469/08), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66 reemplazándolo en la dirección letrada el abogado denunciado, en violación a lo dispuesto en el art. 15 del Código de Ética. Agregó que, al promover la ejecución del convenio de honorarios suscripto como consecuencia del citado proceso sucesorio la señora Kleiman, en audiencia, reconoció el acuerdo, su contenido y su firma. Sin embargo el mismo día le envió una carta documento en la que con términos injuriosos lo acusaba de aprovecharse de su necesidad, de no atenderla y de amenazarla. Sostuvo que existió asesoramiento técnico del doctor C. D. en la redacción de esa correspondencia, pues fue acompañada al contestar la demanda de ejecución del convenio. II. Que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, (Continúa en página 8)


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"...La falta injustificada de aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa (art. 15 del Código de Ética) configura una conducta merecedora de sanción; y la circunstancia de que el letrado sustituido haya sido notificado por el ex cliente con posterioridad a la revocación de su mandato, no empecé el hecho de que dicha comunicación no se produjo por un obrar propio del abogado reemplazante, practicándole al colega la comunicación impuesta por el Código de Ética a fin de avisarle la decisión adoptada por la parte, circunstancia que configura el reproche ético sancionado..." mediante sentencia del 13 de marzo de 2013, impuso al doctor C. D. un llamado de atención previsto en el art. 45, inc. a, de la ley 23.187, por entender que la conducta analizada configuraba el supuesto regulado por el art. 15 del Código de Ética de esa Institución. Asimismo, lo absolvió de la alegada infracción al art. 14 del código citado (fs.149/152). Para resolver de ese modo, el tribunal señaló que no había existido notificación fehaciente por parte del denunciado sobre el reemplazo de la dirección letrada del proceso sucesorio, quien, por su parte, tampoco había contestado la cédula que le fue cursada en la presente causa, que obligó a la intervención del defensor oficial de oficio. Agregó que, aun cuando se tomara en cuenta el intercambio telegráfico, lo cierto es que el letrado ya había tomado intervención en el juicio sucesorio antes de que anoticiara a su predecesor la revocación de mandato. III. Que, contra dicha sentencia, el defensor oficial dedujo recurso de apelación (cfr. fs. 186/188). Considera -en síntesis- que el Tribunal interpretó y aplicó erróneamente el art. 15 del Código de Ética, y que no tuvo en consideración el principio in dubio pro matriculado. En tal sentido, precisa que el denunciante tuvo conocimiento de sustitución de letrados al haberse notificado de la revocación del patrocinio. IV. Que, corrido en esta alzada el pertinente traslado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó, solicitando el rechazo de la apelación (fs. 205/206). V. Que, a fs. 207, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante.

Mail: Para la publicación de trabajos, opiniones y ponencias, dirigirlos a: Maipú 70, 6º Piso, o bien a la casilla de correo: valjimenezpalma@gmail.com

VI. Que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros). VII.Que, además, es preciso recordar que las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala III, "Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF", sentencia del 27/07/09, esta Sala "Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)", sentencia del 4/08/11, "Fudim, Ángel Alberto c/ CPACF (Expte 21592/07)", sentencia del 18/10/12, entre otras). Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa "Alvarez, Teodoro c/ CPACF", del 16 de agosto de 1995, esta Sala "Ponce" ya citada, entre otras). VIII. Que, bajo los lineamientos precedentemente expuestos es que deben examinarse las defensas invocadas. Al respecto, el art. 15 del Código de Ética dispone que "[t]odo abogado debe dar aviso fehaciente al colega que

haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio.El abogado no debe tratar directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste". IX. Que cabe reseñar que de las constancias de la causa surge que el 6 de junio de 2008 la señora Charlotte Kleiman inició una sucesión testamentaria con el patrocinio del doctor Andrés Ernesto Juárez (fs. 132/134). El 7 de octubre de ese año se presentó con el patrocinio del doctor L. C. D. y revocó el de su anterior letrado (fs. 137). Como consecuencia de ello, el 15 de octubre de ese año el doctor Juárez acreditó los gastos incurridos y el convenio de honorarios suscripto oportunamente (fs. 136). El 12 de noviembre de 2008 la señora Kleiman le envió una carta documento al letrado en la que -en lo que aquí interesa- le informó la mencionada revocación (fs. 3), cuya contestación fue acompañada por el doctor Juárez a fs. 4. X. Que la falta sancionada se configura con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas y para eximirse de ella, la defensa debe acreditar causas que lo exculpan; circunstancia no se ha configurado en autos pues aquélla sólo ha ensayado argumentos evasivos que no logran conmover las conclusiones arribadas por el Tribunal de Disciplina.

de avisarle la decisión adoptada por la parte, circunstancia que configura el reproche ético sancionado. XII.Que, en ese contexto, en atención a que existió una conducta merecedora de sanción y que la impuesta es la de menor gravedad prevista por el art. 45 de la ley 23.187, aplicable al caso, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 del CPCCN). XIII. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° modificado por el artículo 12, inciso e, de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 205/206), corresponde regular en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría, quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1)Confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del CPCCN). 2)Regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría. Regístrese, notifíquese y devuélva-

En efecto, el recurrente se limita a reseñar que el Tribunal de Disciplina realizó una interpretación errónea del art. 15 del Código de Ética y que el letrado denunciante tuvo conocimiento de la sustitución al notificarse de la revocación del mandato, pero nada dice ni prueba- en torno a que ese saber no se produjo por un obrar propio, practicándole al colega la comunicación impuesta por el Código de Ética a fin

se. ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY


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