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CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA I

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Manifiesta que la DGR ha gravado con impuestos de sellos formularios emitidos por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación correspondientes a Compra/venta Liquidación (C. 1116 “B”).

San Miguel de Tucumán - MARTES 30 DE ABRIL DE 2013 - www.elsigloweb.com

Jurídicas

Impuesto de Sellos: doble imposición

JUICIO: LDC ARGENTINA S.A. C/ PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R.- S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE. Nº: 602/10.

vinculados con boletos de compraventa instrumentados ante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que respectivamente pagaron el impuesto de sellos en la Provincia de Tucumán

Y VISTO: Para resolver la causa de la referencia, y reunidos los Sres. Vocales de la Sala I° de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Dres. Salvador Norberto Ruiz Y Horacio Ricardo Castellanos, para su consideración y decisión, previo sorteo, se estableció el siguiente orden de votación:

Indica que los Boletos de compraventa registrados bajo los N° 001B23022229 del 31/01/2003 y N° 001B23020942 del 11/11/2002- registrados en la Bolsa de Cereales de Bs. As. en fecha 22/05/2003 - tienen el im-

EL SEÑOR VOCAL DR. SALVADOR NORBERTO RUIZ, dijo: R E S U L T A: A fs. 30/47 la razón social LDC Argentina S.A. por intermedio de letrado apoderado, inicia demanda en contra de la Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas, a fin de que se revoque en todos sus términos la Resolución N° D 78-09 que fuera confirmada por la Resolución R-88-10, en virtud de la cual se determinó de oficio el cobro del impuesto de Sellos presuntamente a su cargo por los periodos fiscales 5/2003, 6/2003 y 2/2004, por la suma de $ 15.073, mas $ 23.292,83 en concepto de intereses, sumado a ello la imposición de una multa equivalente al 100% del impuesto presuntamente omitido Manifiesta que la Dirección General de Rentas (en adelante DGR) ha gravado con impuestos de sellos formularios emitidos por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación correspondientes a Compra/venta Liquidación (C. 1116 “B”). Agrega que en el caso particular estos formularios se refieren a venta de granos realizadas por el Sr. Antoine Jean Marie Dechamps (Dechamps”) a SACEIF Louis Dreyfus y CIA Ltda. (“Dreyfus”) que posteriormente cambio su razón social a LDC Argentina S.A. Señala que la DGR no ha considerado que estos formularios se encuentran

“...La razón social LDC Argentina S.A. por intermedio de letrado apoderado, inicia demanda en contra de la Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas, a fin de que se revoque en todos sus términos la Resolución N° D 78-09 que fuera confirmada por la Resolución R-88-10, en virtud de la cual se determinó de oficio el cobro del impuesto de Sellos presuntamente a su cargo...” puesto de sellos debidamente pagado conforme sello de la DGR de Tucumán del 29/05/2003 por un importe de $ 942,30 y 942,36 respectivamente. Refiere que ambos contratos son iguales, señalando que en cada uno de ellos Dechamps se obliga a vender a Dreyfus 1000.00 Kg de Soja a ciento cincuenta dólares estadounidense (US$ 150) cada Kilogramo, indicando así que el monto de cada contrato era de U$ 150.000, obteniendo un monto total por ambos contratos de US$ 300.000. Agrega que este precio es el que se paga por 2000.000 Kg de soja. Detalla cómo funciona el comercio de granos; señalando que en primer lugar se firma un boleto de compra de granos, después se entrega la mercadería, y dentro de las 48 hs. de la entre-

ga se emite la liquidación parcial (Formulario C 1116 “B”), indicando que una vez verificada la mercadería (calidad y cantidad) se hace la liquidación final (en general varios meses después). Manifiesta que los formularios C 1116 “B” fueron establecidos por la Resolución conjunta DGR-SAGP y A 23-857/1996 y tiene como única función documentar la compraventa de granos ante el fisco Nacional (Cfr. Art. 1 de dicha Resolución conjunta). Agrega que en los mentados formularios se indica en el extremo superior izquierdo el número de contrato al que corresponde la liquidación, como así también se especifica si se trata de una liquidación parcial. Advierte que los formularios respectivos corresponden a dos contratos diferentes, analizando seguidamente por separado cada uno de ello. Así refiere que en el contrato N° 001B2302229 se hicieron liquidaciones parciales a través de los formularios N° 04-00134182, 04-00134306 y 04-00134421, en tanto que mediante el formulario 04-00221991 se realizó la liquidación final que toma en cuenta las liquidaciones parciales efectuadas anteriormente, quedando de esta forma probada la interrelación entre los mismos. A tenor de lo manifestado, refiere que la operación a la que se refiere todos los formularios mencionados, no es otra que la instrumentada por el contrato N° 001B23022229, debidamente registrado ante la Bolsa de Cereales de Bs. As, y que pagó el correspondiente impuesto de sellos a la Provincia de Tucumán. En lo que respecta al Contrato N° 001B23020942, igualmente manifiesta la realización de liquidaciones parciales, tal como se desprendería del formulario 04-00221992 a través del cual se hizo el pago final, por lo que igualmente debe considerarse que se ha pagado impuesto de sellos sobre este contrato. Ale-

Directora Jurídica: Dra. Valeria Lorena Jimenez

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VIENE DE TAPA

“...Aduce que la Resolución R-88-10 emitida por la DGR incurre en un error conceptual, en tanto los formularios sobre los que se practicó la determinación de oficio no constituyen instrumentos idóneos a tal fin, puesto que no reúnen los requisitos necesarios para serlo. Cita en apoyo de su postura el art. 9 inc b) de la ley 23548 de Coparticipación Federal, y el art. 124 del CTP...” ga que se dio cabal cumplimiento con los requisitos exigidos por el art. 229 del Código Tributario de la Provincia (en adelante CTP), relativo a las operaciones de productos agropecuarios, forestales y mineros realizados por intermedio de bolsas y mercados de valores. Aduce que la Resolución R-88-10 emitida por la DGR incurre en un error conceptual, en tanto los formularios sobre los que se practicó la determinación de oficio no constituyen instrumentos idóneos a tal fin, puesto que no reúnen los requisitos necesarios para serlo. Cita en apoyo de su postura los art. 9 inc. b) de la ley 23548 de Coparticipación Federal, y el art. 124 del CTP. Expresa que los formularios en cuestión no contienen obligación alguna, solamente exteriorizan el cumplimiento de una obligación de entrega (la entrega de la mercadería y el pago del precio), siendo en definitiva el “Boleto de Compraventa” el instrumento idóneo que obliga a entregar la mercadería y a pagar el precio. Arguye que la DGR igualmente incurre en error al afirmar que por el solo hecho de tener una leyenda Compra/Venta y las firmas insertas al pie de los formularios manifestados conciertan una operación, señalando asimismo que dichos formularios solo exteriorizan la entrega de la mercadería, por cuanto la operatoria en sí fue concertada por el boleto de compraventa, que sí tributo el mencionado impuesto. Añade que las obligaciones mencionadas por la DGR son inhallables en los formularios, no existiendo obligación alguna en ellos a los que se encuentre obligada. Afirma que si bien el art. 9 de la Resolución General DGI 1415 menciona que los formularios C 1116 son equivalentes a los comprobantes de las operaciones realizadas y/o de traslado y entrega de los bienes (por remisión al art. 8 de la misma Resolución General DGI 1415), es decir a la factura o remito, estos tampoco constituyen instrumentos en el sentido que lo permita la ley 23548. Cita Doctrina y jurisprudencia. Alega la grosera e ilegal pretensión de la DGR de avasallar la legislación

federal y provincial al extender el concepto de instrumento a papeles que no cuadran en él, pretendiendo de esta forma gravar dos veces la misma operación. Señala que de acuerdo al art. 257 apartado 6) del CTP se encuentran exentos de impuestos los recibos o cualquier constancia que exteriorice la recepción de sumas de dinero. Demostrando que conforme la operatoria descripta los formularios mencionados operan como recibos parciales o definitivos de sumas de dinero por la mercadería objeto del contrato. En razón de lo manifestado, señala que los recibos por sumas de dinero que se le pretende gravar, que ni siquiera son instrumentos para la ley de Coparticipación Federal, como para el CTP, están exentos del impuesto por disposición expresa del propio CTP. Alega que la presunta solidaridad al pago del impuesto en cuestión, previsto en el art. 223 del CTP, manifestada por la DGR, no tiene cabida en el presente caso, en virtud de la excepción contenida en el propio art. 223 in fine, el cual reza: “Exceptuase de esta responsabilidad el caso de la parte que tuviere sellado su ejemplar, conforme a las prescripciones de esta ley”. Aduce la improcedencia de la multa impuesta por la DGR por la presunta infracción al art. 265 inc. a) del Código Tributario Provincial, en atención de no verificarse en forma concurrente los elementos objetivo y subjetivo que dan nacimiento a la conducta punible; indicando que en ningún momento se tuvo intención de causar perjuicio al fisco, perjuicio que nunca existió, quedando demostrado en todo momento la conducta adoptada, por lo que mal se le podría imputar una intención maliciosa para con el organismo fiscal. Finalmente señala que ha pagado el monto del impuesto reclamado con los intereses correspondientes, cumpliendo con el requisito para la procedencia de esta acción, previsto en los arts. 126 y 144 del CTP. Asimismo solicita la citación como tercero del Sr. Antoine Jean Marie Dechamps como obligado solidario al pago del impuesto de sellos reclamado. Efectúa reserva del caso fe-

deral. Ordenado y corrido el traslado de demanda y la solicitud de citación de tercero a la accionada (ver decreto de fs. 84 y cédula de fs. 85), a fs. 316/321, por intermedio de letrado apoderado se presenta la Provincia de Tucumán y efectúa negativas generales, en especial niega que los formularios emitidos por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación correspondientes a compra venta liquidación ( C: 1116 "B"), confeccionados en los meses 5/2003, 6/2003 y 2/2004 se vinculen con boletos de compraventa, instrumentados ante la bolsa de cereales de Bs. As.; que la Resolución N° R 88-10 incurra en un error conceptual al considerar a los formularios como instrumentos sujetos al impuesto, y que los formularios considerados operen como recibos y por lo tanto se encuentren exentos del pago de impuesto de sellos. Manifiesta que la determinación de deuda efectuada mediante acta de deuda N° A 785-2008, ha sido practicada teniendo en consideración la instrumentación de los formularios C1116 " B", detallados en la planilla obrante a fs. 70 del Expte N° 31580/376/D/2008 y que son expuestos en forma mensual en dicha acta de deuda, por lo que también corresponde oblar el impuesto referido, con independencia de los boletos de compraventa celebrados, que constituyen instrumentos distintos e independiente a los fines del gravamen en análisis. Refiere que el impuesto de sellos recae sobre los documentos públicos y privados que acrediten actos, contratos u operaciones, por cuya virtualidad se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones de toda especie.

“B” constituyen instrumentos que evidencian la concertación de una operación comercial, según su propio nombre lo indica (compra/venta liquidación), por lo que no puede el contribuyente pretender lo contrario y mucho menos invocar su exención al amparo de lo normado por el art. 278 inc. 6 del CTP. Aduce que dichos formularios no prueban en sentido estricto la efectiva recepción o pago recibido en concepto de contraprestación, indicando que solo podrían ser considerados como equivalentes a una factura, según lo establecido por el art. 9 de la RG N° 1415 de AFIP, no constituyendo por ello un recibo como para quedar amparados por la exención en análisis, como pretende el actor. Manifiesta que conforme se deduce de la firma inserta al pie de los instrumentos en cuestión, las partes se han obligado al cumplimiento de obligaciones perfectamente delimitadas, esto es la una a entregar la mercadería y la otra a pagar el precio pactado en un tiempo determinado, siendo dichas obligaciones exigibles por cualquiera de ellas. Cita doctrina. Señala que resulta evidente el carácter que revisten los formularios involucrados, como así también la gravabilidad de los mismos habiendo quedado perfectamente acreditada la configuración del hecho imponible y la falta de pago del gravamen resultante. Finalmente destaca en consideración a la sanción de la multa impuesta al contribuyente, que se encuentra debidamente acreditado el extremo objetivo contemplado en la norma del art. 286 inc. 1 del Código Tributario Provincial, constituyendo este la única condición aplicable.

Señala que en el ámbito de nuestra ley fiscal la configuración del hecho imponible del impuesto en cuestión resulta evidente de la lectura del art. 236 del Digesto Tributario de aplicación. Agrega que el impuesto de sellos es un típico tributo de formalización que incide sobre documentos y es exigible desde su otorgamiento con exclusión de las derivaciones posteriores.

Mediante Resolución nº 635 del 04 de Agosto de 2011 (Fs. 325) no se hace lugar al pedido de la parte actora a fin de que se cite como tercero al Sr. Antoine Jean Marie Dechamps. Dicho acto jurisdiccional se encuentra debidamente notificado (ver cedulas de fs. 326/327)

Destaca que los formularios C1116

Dispuesta la apertura de la causa a p r u e b a (continua en pagina nº 3)


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“...Art. 9 inc. d) de la Resolución General de la AFIP N° 1415 el cual reza: “Sera considerado como documento equivalente el instrumento que, de acuerdo a los usos y costumbres haga la veces o sustituya el empleo de la factura o remito siempre que individualice correctamente la operación, cumpla con los requisitos establecidos, para cada caso, en este título y se utilice habitualmente en la actividad del sujeto emisor...” por providencia de fs. 329, se produjeron las que da cuenta el informe actuarial de fs. 363. Puestos los autos para alegar (ver providencia de fs. 365, cedulas de fs.366 y 367), estos son presentados por la parte actora a fs. 370/377 y la demandada hace lo propio a fs. 379/380. Cumplido que fuera el pago de la planilla fiscal practicada en autos (ver comprobante de fs. 385), mediante providencia de fs. 387 se llaman los autos para sentencia, acto jurisdiccional que notificado y firme (cfr. cédulas de fs. 388/389), deja la causa en estado de resolver. CONSIDERANDO: Preliminarmente es necesario hacer algunas aclaraciones, y despejar algunas dificultades para poder afrontar la resolución de esta causa. I.- Cabe señalar que la actora posee interés jurídico propio y legitimación procesal suficiente, por haber participado en las operaciones cuya imposición legal se discute en autos, por haber actuado como parte única en el procedimiento administrativo previo, cuyo acto final de determinación aquí impugna de nulidad. Es preciso advertir que la demanda articula la pretensión de que la sentencia en cuestión proceda a revocar o dejar sin efecto en todas sus partes a la Resolución N° D 78-09 y su confirmatoria R 88-10 emitida por la DGR relativas a la imposición del impuesto de sellos. Asimismo cabe advertir que no se impugna la constitucionalidad de ninguna norma - ni siquiera de forma subsidiaria. En la demanda únicamente se impugna la legalidad de los actos de determinación impositiva, y se pretende su anulación, sea por carecer de sustento legal, sea por haber transgredido el Código tributario provincial. II.- La parte actora alega que la DGR ha gravado con impuesto de sellos formularios [C1116 " B"] emitidos

por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, vinculados a los boletos de compraventa instrumentados ante la Bolsa de Comercio de Bs. As, instrumentos estos últimos que si han pagado el impuesto de sellos correspondiente. Aclara que estos formularios carecen de la virtualidad propia de un instrumento en el sentido otorgado por la propia ley Tributaria, operando solo a modo de recibos, encontrándose exentos del impuesto en cuestión. Por su parte la demandada refuta lo sostenido por la parte actora en el sentido que los formularios cuestionados [C 1116 " B"] reúnen en sí mismo las características propias de instrumentos que evidencian la concertación de una operación comercial con independencia de los boletos de compraventa referidos por el demandante. El principio objetivo en materia tributaria es el que establece la sujeción del acto al impuesto de sellos cuando se verifica objetivamente su existencia, es decir, cuando se aprecia que concurren los elementos objetivos en presencia de los cuales podemos afirmar que el acto existe como tal. Consta que mediante acta de deuda N° 785/08 la DGR procedió a la determinación de oficio de impuesto de sellos relativos a las operaciones que fueron concertadas en los periodos 05/2003, 06/2003 y 02/2004 a través de los instrumentos C 1116 B- compraventa-liquidación de cereales, en razón de que los mismos no se encuentran con la intervención de la oficina de sellos de la DGR de Tucumán (fs. 168/172), en contra de esa pretensión la parte actora interpuso el respectivo descargo, el cual fue rechazado por la DGR mediante Resolución n° D78-09 (fs.253/259), interponiendo en su consecuencia recurso de reconsideración (fs. 262/271), sobre el cual el organismo fiscal se pronunció mediante Resolución n° R 88-10 por la cual desestima el recurso así incoado y confirma la Resolución n°78-09 (286/293) III.- Corresponde en primer término determinar a qué tipo de operatoria refieren los mencionados formularios a los efectos de poder precisar con clari-

dad su hecho imponible y si tales extremos se configuran dentro de la normativa legal vigente. El art. 214 (actual 235) de la ley 5121 y sus modificatorias cuando regula el impuesto a los sellos describe al hecho imponible como todo acto, contrato y operaciones de carácter oneroso o susceptibles de apreciación económica instrumentados que se realizare en la Provincia o fuera de ella cuando de su texto surja que debe ser ejecutado en ella. El principio instrumental en que se basa este impuesto surge de la misma ley ya que se tributará por su mera instrumentación o existencia material con abstracción de su validez o eficacia jurídica o verificación de sus efectos (art. 215) y en el supuesto de pluralidad de actos generados en un mismo instrumento son independientes entre sí (art. 216). Jarach en su obra “El hecho imponible” manifiesta que si bien para todos los impuestos la relación económica privada es el presupuesto de hecho de la obligación, a veces el derecho impositivo, atribuyendo al hecho económico la calidad de presupuesto de la obligación impositiva, lo vincula a características formales cuya existencia depende de la voluntad de las partes. La base imponible de este impuesto no es más que aquella que resulta de cuantificar la prestación pecuniaria contenida en el acto, contrato u operación (Vicente Oscar Díaz, “Impuesto de Sellos”, Ed. Cangallo, 1976, pág. 55). De la documentación arribada a este tribunal se desprende que los mencionados formularios C 1116 "B" emitidos por la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, confeccionados en el caso particular de autos en los meses 5/2003, 6/2003 y 2/2004 hacen alusión a la venta de granos realizadas por el Sr. Antonine Jean Marie Dechanps, en su carácter de vendedor, a S.A.C.E.I.F Louis Dreyfus y Cía. Ltda. (Posteriormente cambiaría su nombre a LCD), operatoria que se desprende de los boletos de compra venta N° 001B23022229 del 03/01/2003 y N° 001B23020942

del 11/11/2002 (igualmente arribados a este tribunal mediante copias certificadas). De ambos contrato se advierte que el Sr. Antonine Jean Marie Dechanps vende a S.A.C.E.I.F Louis Dreyfus y Cía. Ltda. la cantidad de 1.000.000 Kg de soja al precio de u$s 150.000 los 1000 Kilos a granel más IVA. Continuando con el análisis de los formularios en cuestión se avizora en su extremo superior izquierdo el número de contrato al que corresponde la liquidación, individualizando en su caso si se trata de una liquidación parcial. Así de los formularios C 1116 "B" identificados bajo los N° 04-00134182, 04-00134306 y 04-00134421, que en este acto tengo a la vista, se deja constancia de que se trata de liquidaciones parciales pertenecientes al contrato N° 001B23022229, en tanto que el formulario N° 04-00221991 relativo al mismo contrato, se constata la liquidación final, indicando como monto final cobrado a cuenta la suma de $ 356.720,14. En la especie, la operación a la que se refieren todos estos formularios no es otra que la instrumentada por el contrato de compraventa N° 001B23022229. En lo que respecta al contrato N° 001B2302094, que igualmente tengo a la vista, solo se acompañó el formulario consignado bajo el N° 04-00221992, que en principio respondería a la misma mecánica operatoria. En orden a lo expuesto y dadas las particularidades del presente caso, estamos frente a un contrato oneroso por el que se pacta un capital y la consiguiente obligación de entrega, con indicación expresa de su monto, en su consecuencia la base imponible resultaría de cuantificar la prestación pecuniaria contenida en el respectivo “contrato de compraventa” con independencia de los mencionados formularios que hacen al perfeccionamiento de la operatoria mencionada. A su razón es sobre este instrumento sobre el cual tributa el impuesto en cuestión. En este orden de ideas, y conforme se desgaja de las copias certificadas, ar r i m a - (Continua en pagina nº 4)


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“...La aplicación errada por parte del órgano recaudador se traduce en una clara afectación directa a la garantía de razonabilidad, que debe velar por el contribuyente frente a los posibles desbordes de la autoridad pública, garantía que a su vez goza de jerarquía constitucional, constituyendo en su consecuencia obligación de los Magistrados el mantener al ejercicio del poder tributario dentro de sus límites...” das a este Tribunal por la parte actora, relativa a los Boletos de compraventa n° 001B23022229 y 001B23020942 respectivamente, se desprende que los mencionados instrumentos tributaron el impuesto de sello ante la Dirección General de Rentas de la Provincia, conforme se constata de los sellos de fecha 29/05/2003 inserto en los mismos; hecho corroborado igualmente a través de las copias remitidas por la Bolsa de Cereales de Bs. As. (fs. 353/354 - cuaderno de prueba informativa del actor). IV.- A esta altura y conforme a lo expuesto, claro está que el escollo que se avizora en el análisis en cuestión, consiste en determinar si el formulario C 1116 “B” es un instrumento con virtualidad propia a los fines del gravamen cuestionado en autos. En consonancia al interrogante así planteado, nos remitimos al art. 9 inc. d) de la Resolución General de la AFIP N° 1415 el cual reza: “Sera considerado como documento equivalente el instrumento que, de acuerdo a los usos y costumbres haga la veces o sustituya el empleo de la factura o remito siempre que individualice correctamente la operación, cumpla con los requisitos establecidos, para cada caso, en este título y se utilice habitualmente en la actividad del sujeto emisor. Se encuentran incluidos en este artículo, entre otros los siguientes:… d) Formularios C 1116 “A” (nuevo modelo), C 1116”B” (nuevo modelo) y 1116 “C” (nuevo modelo) utilizados en las operaciones de granos (cereales, oleaginosas y entrega de bienes)” De los terminos del artículo citado y a la luz del principio que consagra la interpretación literal o gramatical de las normas, una respuesta negativa se impone al interrogante formulado, toda vez que la norma en cuestión emplea el terminó “equivalente” lo que nos coloca frente al supuesto que los citados formularios ( C 1116 “A”; C 1116 “B”; C 116 “C”) solo tendrán la virtualidad propia de un instrumento susceptible de tributar sello ante el hecho de que la operación realizada carezca de instrumentación propia. Ello es así por cuanto, entendemos que en la órbita del derecho comercial, en el cual generalmente imperan los usos y costumbres, se celebran diariamente contratos sin firma ológrafa e incluso sin soporte en papel, resultando ante esta circunstancia aptos los citados formularios a los fines de ser tenidos como instrumentos equivalentes a los efectos tributarios. Caso contrario implicaría caer inexorablemente frente al supuesto de una doble imposición. Tales documentos equivalentes (en la especie formulario C 116 “B”) no son otra cosa que el respaldo documental de las operaciones ya realizadas, que en la presente litis lo constituyeron los boletos de compraventa por el que ya se tributó el mencionado impuesto de sello.

constituir jamás un despojo". A partir de ello, no puedo sino concluir que en la especie se configura una situación que claramente encuadraría en los supuestos de una doble imposición. En consecuencia la pretensión de la DGR en concepto de impuesto de sellos por instrumentación de los formularios C 1116 “B” realizada en autos, comporta un serio menoscabo a la seguridad jurídica en desfavor del contribuyente, al pretender gravar dos veces la misma operación, hecho que se coteja en los considerandos de la Resolución N° D 78 del 21/09/2009 emitida por el Sr. Director de Rentas de la Provincia en la cual manifiesta que “ en el caso de autos la determinación de deuda ha sido practicada teniendo en consideración la instrumentación de los formularios C 1116 “B” y que son expuestos en forma mensual en el Acta de Deuda N° A 785-2008, (en el párrafo anterior de la mencionada resolución, ya se había dejado sentado que también correspondía el pago del impuesto relativo a los contrato de compraventa), lo que constituyen instrumentos distintos e independiente a los fines del gravamen en análisis” ( ver considerando de la Resolución N° D 78-09 obrante a fs. 11/18, en especial la señalado en el segundo y tercer párrafo) Asimismo resulta necesario exteriorizar que en la hipotética situación que sea dable la procedencia de la mentada imposición acaecida en la especie, con independencia del contrato de compraventa celebrado, igualmente se tornaría írrita a través de la existencia de una presión fiscal indebida sobre una misma fuente de riqueza que se traduciría, en definitiva, en la existencia de una imposición de índole confiscatoria que arremetería en contra de su patrimonio y en su efecto la imposibilidad de ejercer lucrativamente su actividades. Velásquez Calderón, Juan M. y Wilfredo Vargas Cancino (Derecho Tributario Moderno. Introducción al Sistema Tributario. Editora Grijley Primera edición. 1997. P.18) en un intento de sistematizar los principios de equidad que deben regir dentro de la órbita del derecho Tributario, apuntan que “es necesario tener presente lo que llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta misma línea horizontal. Lo que tenemos que aprender a diferenciar es cuanto lo tributario llega al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo confiscatorio." "Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido el concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los gravámenes. Así, se sostiene que para que un tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir distintos requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente la razonabilidad del tributo, lo cual quiere decir que el tributo no debe

"En razón de ello la confiscación debe evaluarse desde un punto de vista cualitativo y otro cuantitativo: 1) Cualitativo: cuando se produce un sustracción ilegitima de la propiedad o el patrimonio por vulneración de otros principios tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el monto de lo sustraído, 2) Cuantitativo: cuando el tributo es tan oneroso para el contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus posibilidades económicas". De esta manera la aplicación errada por parte del órgano recaudador se traduce en una clara afectación directa a la garantía de razonabilidad, que debe velar por el contribuyente frente a los posibles desbordes de la autoridad pública, garantía que a su vez goza de jerarquía constitucional, constituyendo en su consecuencia obligación de los Magistrados el mantener al ejercicio del poder tributario dentro de sus límites. En merito a ello corresponde hacer lugar a la demanda y declarar la consiguiente nulidad de las Resoluciones N° D 78-09 y R 88-10 y de todos los actos administrativos que sean su consecuencia COSTAS: Atento al resultado al que se arriba las costas se imponen íntegramente a la demandada, ello conforme al principio objetivo de la derrota (art. 105 del CPC y C) EL SEÑOR VOCAL DR. HORACIO RICARDO CASTELLANOS, dijo: Que estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, vota en idéntico sentido. Por ello, esta Sala Iº de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, R E S U E L V E: I.- HACER LUGAR a la demanda deducida por la firma LDC Argentina S.A. en contra de la Provincia de Tucumán- DGR. En consecuencia se declara la nulidad de las Resoluciones D 78-09 y R 88-10 emitidas por la Dirección General de Rentas, por omisión en el pago del Impuesto de Sellos con respecto a la instrumentación de los formularios C 1116 "B" relativos a los periodos 05/2003, 06/2003 y 02/2004 y de todos los actos administrativos que sean su consecuencia, conforme lo considerado.II.- COSTAS como se considera.III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.-


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CÁMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES SALA I

CHEQUE: NULIDAD POR NOTIFICACIÓN EN DOMICILIO REGISTRADO EN EL BANCO CUANDO ESTÁ ABANDONADO. VALIDEZ DEL DOMICILIO ESPECIAL REGISTRADO EN BANCO Autos: "ZELARAYAN CARLOS RICARDO C/ CORDOBA FABIAN ALBERTO S/ X* COBRO EJECUTIVO" - Expte. Nº 6999/09 - SALA I -

Y VISTO Para resolver el recurso de apelación concedido en autos al actor Carlos Ricardo Zelarayan a fs. 157, contra la Sentencia de fecha 29 / 05 / 2012 obrante a fs. 150 / 151, que hace lugar al incidente de nulidad interpuesto por el demandado a fs. 89 / 94 respecto de la intimación de pago de fecha 23 / 09 / 10 (fs. 65) y de todo lo que sea su consecuencia (incluso sentencia de trance de fecha 24 / 05 / 11 - fs. 77 y 80), y ;

CONSIDERANDO Que a fs. 161 / 165 el actor expresa agravios contra la sentencia en crisis, fundando los mismos en que el A-quo consagra el principio de defensa y bilateralidad en el proceso a favor del demandado, partiendo de una premisa equívoca que confunde los efectos del domicilio real con el cartular. Critica, que se haya considerado que las notificaciones realizadas en el domicilio especial contractual no fueron válidas, debido a que el demandado ya no se domiciliaba allí; pues el domicilio mencionado era el asiento de las operaciones comerciales denunciado voluntariamente en el Banco por el demandado para operar en la plaza comercial, y no su residencia. El actor sostiene, que del informe brindado por el Banco Macro (fs. 126) surge que el domicilio especial constituido por la parte demandada es el de calle Don Bosco nº 2556 de esta ciudad, donde fueron cursadas las notificaciones. Como también, que el domicilio real denunciado es el de calle Castelli nº 989 de esta ciudad, donde se tenía conocimiento que no habitaba el demandado en virtud del juicio de desalojo que cita: "Boggo c/ Córdoba s/ desalojo". Expte. nº 6550/09, que tramita en el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIº nominación. Critica además, que el A-quo invierta la carga procesal al imponerle a su parte a averiguar, investigar, rastrear el paradero del demandado; sin considerar que la ley impone al deudor la carga de notificar fehacientemente el domicilio constituido so pena de tenerse por válidas las notificaciones allí cursadas, teniendo en cuenta que el domicilio registrado en el

Banco es considerado como especial a todos los efectos legales de la emisión de los cheques de pago diferido librados por el demandado. Agregando, que de la inspección ocular se desprende que el demandado vivía en calle Esquiú nº 1802 desde fines del año 2008 aproximadamente, y tal cambio de domicilio no fue denunciado por el demandado, lo cual tampoco consta en ningún registro de público acceso y conocimiento. Finalmente reprocha, que la sentencia se haya fundado en jurisprudencia sin relación sustancial con el presente caso. Por todo ello, solicita se deje sin efecto la sentencia de fecha 29 / 05 / 2012 (fs. 150 / 151) en todas sus partes, con costas. Corrido el traslado de ley, a fs. 168 / 169 contestó agravios la parte demandada, solicitando el rechazo con costas por las razones que allí desarrolla. A fs. 177 / 178 obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara en lo Civil sobre el recurso de nulidad incoado. Entrando en el análisis de la cuestión traída a decisión, se desprende de las constancias en autos que el presente juicio se trata de un cobro ejecutivo en donde se ejecutan cinco cheques librados por el demandado. De los títulos adjuntados a fs. 2 y 19 surge que el domicilio consignado en ellos es "Don Bosco 2556 - San Miguel de Tucumán, en donde se practicaron las intimaciones obrantes a fs. 65 y 68. El demandado a fs. 89 / 92 plantea nulidad de la intimación de pago obrante a fs. 65, manifestando que tal intimación se practicó en un inmueble abandonado, lo que no le permitió tomar conocimiento del juicio iniciado en su contra y ejercer su legítimo derecho de defensa. Acredita tal circunstancia con las actas de fs. 65 vta. y 68 vta., boleta de servicio (fs. 87), e inspección ocular obrante a fs. 123 en donde la Sra. Eliana Torres Toledo manifiesta que vive con su esposo Fabián Alberto Córdoba -demandado en autos- y sus cuatro hijos menores de edad hace aproximadamente tres años. De la compulsa de los actuados surge que tanto la intimación de pago obrante a fs. 65, como la efectuada a fs. 68 mediante notificación por cédula, fueron diligenciadas en el domicilio de Don Bosco 2556 de esta ciudad, que coincide con el inserto en los cheques ejecutados en autos (fs. 2 y 19) y con el denunciado por el demandado en oportunidad de abrir su cuenta corriente, conforme informe del Banco Macro glosado a fs. 126. Al respecto han establecido nuestros Tribunales

que con relación a la cuenta corriente bancaria, conforme al art. 1 del Dcto. Ley 4776/63, el domicilio del titular de la cuenta corriente registrado en el Banco puede ser considerado domicilio especial, a todos los efectos legales de la emisión del cheque. La norma mencionada autoriza a asignar la calidad de domicilio constituido, al domicilio denunciado por el cuentacorrentista. Por otra parte tal domicilio subsistirá, con todos los efectos que la ley le confiere mientras el cliente no cumpla con la obligación que sobre él pesa, de comunicar al Banco el cambio de domicilio, conforme exigencia reglada por el Banco Central de la República Argentina. (Cf.: "Nuevo Banco de Santiago del Estero S.A. (Hoy sus cesionarios: Faca S.A. y Minaclar S.A.) Vs. Jorge Manuel Azaretzky S/ Cobro Ejecutivo", C.C. Doc. y Loc., Sala Ia., Sent. nº 280 del 03/10/94). En igual sentido se expidió nuestro Cimero Tribunal: "Tratándose de una demanda por cobro ejecutivo de una suma de dinero, en base a un cheque (...), el domicilio constituido por el demandado en el contrato de cuenta corriente bancaria es el que rige a todos los efectos judiciales; de modo que su reclamo de notificación en el domicilio real carece de sustento normativo. Según dispone el art. 1° del decreto ley 4.776/63 vigente a la fecha de la intimación de pago, el domicilio que el titular de una cuenta tenga registrado en el Banco, podrá ser considerado domicilio real especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque, debiéndoselo considerar subsistente en tanto no hubiera sido debidamente comunicada cualquier mutación; lo que no fue alegado en autos" (Corte Suprema de Justicia, Sent.: 352, fecha: 21/05/1999, "Avila Hugo Ricardo vs. Guillermo Luis Isas s/cobro ejecutivo de pesos) Por lo tanto, el domicilio que el demandado cuentacorrentista constituyó al solicitar el servicio de cheques, puede considerarse como domicilio especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque; teniendo los mismos alcances y efectos que asigna el art. 101 del Código Civil. De allí la importancia de ese domicilio especial, ya que rige no solamente las relaciones con el Banco sino también a los derechos de los terceros o particulares beneficiarios del cheque emitido; pues no es otro el sentido de la ley cuando expresa "a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque" y ello en función de la naturaleza y finalidad del cheque y para facilitar al tenedor su cobro, evitando dilaciones. Sabido es que el domicilio especial es el constituido por las partes en un contrato para la producción de ciertos efectos jurídicos. Tiene carácter ficticio, en el sentido que puede o no coincidir con el asiento principal de la familia o de los negocios de quién lo constituye, y debe considerarse subsistente mientras no se haya elegido otro, y comunicado fehaciente-


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“...El art. 1° del decreto ley 4.776/63 vigente a la fecha de la intimación de pago, el domicilio que el titular de una cuenta tenga registrado en el Banco, podrá ser considerado domicilio real especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque, debiéndoselo considerar subsistente en tanto no hubiera sido debidamente comunicada cualquier mutación...” mente a los demás contratantes, aunque allí no habite el interesado. Es creado por la voluntad de las partes y tiene por objeto, entre otros, constituir un centro de recepción de la notificación de los efectos procesales y de actos o manifestaciones de voluntad relativos al negocio o acto jurídico para el cual se denunció el domicilio (CNCom, Sala C, 29/4/85, autos "Caporales, Néstor vs. Compagnie Generale de Radiologie y otra" LL ,1986-b, 602). La importancia práctica del domicilio de elección, consiste precisamente en que asegura a las partes la posibilidad de hacer efectiva las acciones judiciales del caso, sin necesidad de hacer indagaciones ulteriores sobre el domicilio real de la contraparte. Se lo elige para todos los efectos del contrato y la ejecución de las obligaciones, por ello, los efectos del domicilio convencional (art.101, C.C.) subsisten aunque el elegido no sea el domicilio real de quien lo constituye, si no tomó la precaución de cambiarlo y notificar el cambio al contratante (CNCiv. Sala G., 6/6/84, autos "Trapero Martín c/Vázquez de Fanjul, Elsa M.", ED del 25/9/84, pág.4). Ello así, la determinación del domicilio especial se presume efectuada en beneficio de ambas partes contratantes, siendo para el acreedor el de evitar que deba investigar o indagar a cerca del domicilio del deudor. De ahí, que las pretensiones del demandado en el sentido que el actor debió -ante la incertidumbre del domicilio real de éste o ante la certidumbre que el domicilio a notificar se encontraba abandonadopracticar las notificaciones mediante publicación de edictos resultan inaceptables, por contrariar la finalidad perseguida por las partes contratantes y por el art. 1 del Dcto. Ley 4776/63. En mérito a lo expuesto, la intimación de pago cumplida en el domicilio consignado en los cheques tienen plena validez, toda vez que fue el constituido por el demandado en oportunidad de abrir su cuenta corriente; lo que se encuentra fehacientemente acreditado en autos con el informe del Banco Macro glosado a fs. 126, pues al librarse oficio de fecha 16 / 12 / 2011 a fin de que informe sobre el domicilio denunciado por el Sr. Córdoba Fabián Alberto DNI 24.982.445 en oportunidad de abrir su cuenta corriente, el banco informó como domicilio comercial el de calle Don Bosco n° 2556 de San Miguel de Tucumán, resultando ser el mismo que el inserto en los cheques ejecutados. La circunstancia de la existencia en el caso de un domicilio convencional, lo cual no fue negado por el nulisdicente ni impugnado de falso, torna estéril a los fines de dilucidar la cuestión sub análisis la prueba ofrecida y producida por el incidentista para acreditar dónde residía efectivamente al tiempo de las notificaciones cursadas en autos. La boleta de servicio y la inspección ocular presentada en prueba del incidente

(fs. 87 y 123) refieren al domicilio real del demandado, mas no al cambio de domicilio convencional. Además, la sola manifestación que el inmueble se encontraba abandonado no es suficiente para variar el domicilio especial registrado en el banco al abrir la cuenta corriente con servicio de cheques, el cual perdura mientras quien lo constituyó no dé aviso al Banco de sus modificaciones; conforme reglamentación que dicta el BCRA, que dispone la actualización de tal domicilio cada vez que surja alguna mutación. De allí, que mientras no se efectúe esa comunicación al Banco girado -supuesto no acontecido en autos-, ese domicilio subsiste hasta tanto se extingan las obligaciones resultantes del cheque (CN Com. "L.L. 1981A, 342; ídem ED, 93,310), de lo contrario se dejarían sin efecto las importantes consecuencias de la fijación de un domicilio especial, cuyo objeto es, precisamente, ser tenido como tal para responder a esos efectos (CN Com., ED, 22,60). Disentimos con la Sra. Fiscal de Cámara Dra. Sangenis quien considera que la constitución de domicilio especial por parte del demandado no fue acreditada fehacientemente en el caso, al no haberse adjuntado la solicitud de cuenta corriente donde conste la constitución de domicilio especial. Consideramos que el informe del Banco girado , fs. 126, en el que se consigna los domicilios denunciados a) "Domicilio Comercial: calle Don Bosco N° 2556 San Miguel de Tucumán - CP 4000 b) "Domicilio Particular: calle Castelli N° 989 - San Miguel de Tucumán - CP 4000 es suficiente. Ello es así en virtud de la identidad entre el 1° -domicilio comercial- y el inserto en los cheques que se ejecutan. Domicilio en el que a su vez, se practicaron las notificaciones de fs. 65 y 68 donde consta que se trata de un local comercial. En autos, el incidentista -quien cargaba con el onus probandi- no ha demostrado que el domicilio donde se practicaron las intimaciones de pago no era el domicilio especial constituido en oportunidad de abrir su cuenta corriente, o que el mismo fue mutado; por lo que deberá acarrear con las consecuencias, esto es la validez de las notificaciones practicadas en este juicio. El principio general en materia de carga de la prueba está establecido en el art. 302 de nuestro código de procedimientos, que sienta la regla que la carga probatoria pesa sobre quien afirma la existencia de un hecho controvertido, independientemente de su calidad de actor o demandado en el pleito. De allí, que quién omite probar, simplemente corre el riesgo de no formar convicción al juez sobre la existencia de los hechos afirmados. De resultas y conforme lo normado por los arts. 1

del Dcto. Ley 4776/63, 101 y 1197 del Código Civil, la intimación de pago practicada al accionado a fs. 65 y 68, resulta plenamente válida a los efectos del presente juicio, por lo que corresponde rechazar el recurso de nulidad planteado a fs. 89 / 93, con costas en ambas instancia al demandado por resultar vencido (arts. 105, 106 y 107 Cód. Procesal), Por ello,

RESOLVEMOS

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor CARLOS RICARDO ZELARAYAN contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2012 (fs. 150 / 151). En sustitución se resuelve: "I.NO HACER LUGAR al incidente de nulidad interpuesto por el demandado Fabián Alberto Córdoba a fs. 89 / 92. II) COSTAS a cargo del incidentista vencido.

III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.".

HÁGASE SABER

MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJRE

CARLOS E. COURTADE


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CÁMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES SALA I

CADUCIDAD DE INSTANCIA EN EJECUCIÓN DE HONORARIOS: NO PROCEDE.

Autos: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ROMANO JOSE LUIS S/ X* EJECUCION FISCAL. Expte. Nº: A12697/06- ORIGEN: JUZG. COBROS Y APREMIOS DE LA I° NOM - SALA I .-

S. M. de Tucumán, 12 de Marzo de 2013 Sentencia Nro. 60 Y VISTO El recurso de apelación concedido al demandado JOSÉ LUIS ROMANO contra la sentencia de fecha 24 / 08 / 2012 (fs. 124), que rechazó el Incidente de Caducidad de Instancia por su parte deducido, y CONSIDERANDO Que a fs. 130 el recurrente expresa agravios contra la sentencia señalada por considerar que aplicó erróneamente el derecho al soslayar o ignorar la excepción contenida en el art. 211 inc. 4° del CPCC. Señala que la ejecución de honorarios promovida por la letrada Salazar Ibarra constituye una cuestión incidental que no guarda relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha. Afirma que en nuestro sistema, el juez está sujeto al principio de legalidad debiendo aplicar la norma jurídica que corresponda con independencia de la invocada por las partes. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso y solicita se haga lugar a la caducidad deducida, con costas. A fs. 133 / 134 contestó agravios la letrada María Marcela Salazar Ibarra por derecho propio, solicitando el rechazo de los agravios vertidos y la confirmación de la sentencia recurrida con expresa imposición de costas por las razones de hecho y derecho que allí esgrime. Hace reserva del Caso Federal. A fs. 143 / 144, obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara quien, reseñando las actuaciones de la causa e invocando jurisprudencia, concluye que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza el incidente de perención de instancia deducido por el demandado. De la compulsa de autos surge que en 05 / 03 / 2008 ( fs. 35) se dicta sentencia de regulación de honorarios a la letrada María Marcela Salazar Ibarra quien cumpliera su labor como apoderada de la parte actora.

Efectuada la pertinente notificación de ley ( fs. 36), la sentencia quedó firme y ejecutoriada. En consecuencia, resulta aplicable el art. 211 inc. 2 y 4 del C.P.C.C que preceptúa la improcedencia de la caducidad de instancia cuando la sentencia haya sido dictada y en la ejecución de sentencia respectivamente: "La caducidad de instancia no se producirá:...2-Cuando la sentencia haya sido dictada...4- En la ejecución de la sentencia,salvo si se tratara de incidentes que no guardaran relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha". En este sentido Hugo Alsina señala en su obra," Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. IV, 2da. ed. diar, Bs. As. 1961, p. 473, citado en los autos BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP.LTDO. Vs. SESEIN S.A. Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO INC. DE MEDIDA CAUTELAR, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Civil y Penal Sent. n°: 568 de 17/08/2011: "cualquier sentencia ejecutoriada susceptible de ejecución no sufre los efectos de la caducidad" La sentencia de fs. 35 se constituyó en título ejecutorio. Así lo reconoce el art. 24 de la Ley de Honorarios 5480 cuando establece "....La acción para el cobro de los honorarios ya la de repetición a que alude este artículo, se tramitarán por la vía de ejecución de sentencia, o en incidente separado a opción del actor." Algunos doctrinarios distinguen el carácter de título ejecutorio y de título ejecutivo de la sentencia de honorarios, según se accione contra el condenado en costas o contra el beneficiario del trabajo. En nuestro entender, no corresponde tal distinción. La sentencia, como afirmamos ut supra, define el monto de los honorarios y cierra su debate, tanto para el condenado en costas como para el beneficiario del trabajo. En consecuencia deviene título ejecutorio respecto de ambos. La circunstancia de que primero debe accionarse contra el condenado en costas y en defecto de pago, luego contra el beneficiario del trabajo, surge de la disposición expresa de la ley, el art. 23 , Ley 5480. Esta disposición no empece el carácter de título ejecutorio de la sentencia de regulación de honorarios respecto de ambos. Por otro lado la opción de dos vías procesales que concede la normativa citada, la ejecución de sentencia y el incidente, tampoco empece el carácter de título ejecutorio considerado, y por ende la improcedencia de la caducidad de instancia. Idéntico criterio se sustenta en los autos citados: "...Dicho de otro modo, la forma o el carril procedimental escogido por el letrado para lograr la realización de su derecho al cobro de sus honorarios y la adopción, en consecuencia, de las medidas de agresión patrimonial orienta-

das a tal fin, no alteran el hecho de que ello se lleva a cabo en el marco de una ejecución de sentencia que, como tal, queda encuadrada en el supuesto del inc. 4 del art. 211 procesal. Es que, evidentemente, el legislador ha querido, por el modo de redacción del art. 24 de la ley 5480, que, firme que se encuentre la regulación de honorarios y cumplido el procedimiento previsto en el art. 23 de la ley citada, pueda ejecutarse la sentencia de honorarios contra el condenado en costas o contra el beneficiario no condenado, sin diferenciación de efectos jurídicos, cualquiera sea el carril procedimental escogido a tales fines. "BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP.LTDO. Vs. SESEIN S.A. Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO INC. DE MEDIDA CAUTELAR, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Civil y Penal Sentencia: 568 Fecha de la Sentencia: 17/08/2011. La sentencia de regulación de honorarios firme y ejecutoriada, fs. 35, cerró el debate respecto de los honorarios que corresponde a la letrada Salazar Ibarra. De esta manera ya no hay instancia abierta al solucionarse el thema decidendum -monto de los honorarios- por sentencia firme y ejecutoriada. Resuelta la indefinición del monto de los honorarios, se cierra la instancia. Existiendo sentencia que regula honorarios, no estamos ya ante un plazo de Autos: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ROMANO JOSE LUIS S/ X* EJECUCION FISCAL. Expte. Nº: A12697/06- ORIGEN: JUZG. COBROS Y APREMIOS DE LA I° NOM - SALA I .-caducidad, pues la instancia se cerró, sino ante un plazo de prescripción de sentencia. Cumplida ya la función moderadora de la Justicia, al dictar sentencia definiendo los honorarios, a la parte litigante interesada sólo le incumbe hacer efectivos sus derechos, dentro del plazo de prescripción de la sentencia que define dichos derechos. En igual sentido Lino Palacio señala que la prohibición de que periman los trámites de ejecución de sentencia tiene fundamento, no en el hecho de que la instancia se extinga a raíz de adquirir carácter firme la sentencia definitiva, sino en la consideración de que ésta soluciona el conflicto que motivó la pretensión procesal y hace desaparecer, fundamentalmente, la inseguridad y la discordia provocadas por la indefensión de aquél. (Roberto G. Loutayf Ranea, Julio C. Ovejero López - Caducidad de la instancia - Ed. Astrea Bs.As.l 1991, pág. 297). En razón de lo considerado, el recurso debe rechazarse, imponiendose las costas al vencido. El Sr. Vocal Carlos E. Courtade si bien coincide con la conclusión a la que arriba la Sra. Vocal preopinante en orden al rechazo del recurso y la imposición de costas, funda (Continua en pagina nº 8)


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“...Art. 211 inc. 2 y 4 del C.P.C.C"La caducidad de instancia no se producirá:...2-Cuando la sentencia haya sido dictada...4- En la ejecución de la sentencia,salvo si se tratara de incidentes que no guardaran relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha...” estas conclusiones en las siguientes consideraciones: recuerda que según las constancias de autos (fs. 35), en fecha 05 / 03 / 08 se dictó sentencia regulando honorarios a la profesional interviniente. A fs. 71 la letrada Salazar Ibarra ejecutó los honorarios optando por tramitar la ejecución en el expediente principal según lo normado en el art. 25 de la Ley 5480 (actual art. 24). A fs. 72 la A-quo proveyó lo solicitado y dispuso el trámite del art. 501 CPCC (actual 484) correspondiente al juicio ejecutivo. A fs. 89 se apersonó el ejecutado Jose Luis Romano e interpuso excepción de inhabilidad de título fundada en que la deuda instrumentada en la sentencia ejecutada no le es exigible en tanto jamás se le notificó dicha resolución en su domicilio real. El excepcionante no cuestionó la vía procesal acordada a la ejecución. Y tampoco lo hizo la parte ejecutante. Con fecha 04 / 08 / 11 el demandado planteó la caducidad de la instancia (escrito de fs. 99), basando su pretensión en el transcurso de más de 3 meses de inactividad "... previsto para los incidentes (art. 203, inc. 2, CPCC)...". Tenemos entonces una ejecución seguida por la letrada Salazar Ibarra que nace de la sentencia regulatoria de sus honorarios que no ha sido cumplida por el condenado en costas, por lo que la letrada ejerció el derecho que le confiere el art. 24 de la Ley 5480. Y si bien la A-quo enmarcó la contienda en el art. 501 (actual 484), es claro que se trata de una cuestión accesoria del juicio principal que por ende constituye un incidente (art. 182 CPCC) y que como tal, es susceptible de perimir en el plazo de 3 meses previsto específicamente para este tipo de procedimiento (art. 203 inc. 2°) del CPCC). Como dijimos en casos análogos, la ejecución de honorarios constituye un

Mail: Para la publicación de trabajos, opiniones y ponencias, dirigirlos a: Maipú 70, 6º Piso, o bien a la casilla de correo: valjimenezpalma@gmail.com

incidente "strictu sensu" pues debe ser entendido como una cuestión accesoria surgida en la tramitación del juicio principal, en tanto que guarda alguna relación con los elementos que lo integran (sujetos, objeto y lugar, tiempo o forma). Es necesario recordar que "Instancia" es el conjunto de actos procesales que se realizan desde una petición inicial que abre un grado de jurisdicción hasta la notificación del pronunciamiento que acoja o deniegue esa petición. Se ha dicho también que es el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda (originaria o reconvencional), la promoción de un incidente o la resolución mediante la cual se concede un recurso (ordinario o extraordinario) hasta la notificación del pronunciamiento final hacia el que dichos actos se encaminan (cfme. Palacio, "Derecho procesal civil", t. IV, p. 219). Conforme el tratadista Parry, para que exista instancia "es indispensable que se trate de procedimientos encaminados a lograr, mediante sentencia, el fin de una contienda suscitada entre las partes" (en "Perención de Instancia", p. 109, también citado por Loutayf Ranea - Ovejero López, "Caducidad de la instancia", p. 17/18). De ello se deduce que la pretensión que abre la "instancia" puede ser tanto la originaria como la incidental o la recursiva y que en el caso, la ejecución de honorarios abrió una instancia incidental que como tal es susceptible de perimir en el término trimestral fijado para este tipo de procedimiento. Así lo venimos sosteniendo en casos análogos, por ejemplo en "BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. C/ SESEIN S. A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO S/ INCIDENTE (INC. DE MEDIDA CAUTELAR PROM. DR. M. R. GOANE h-)" - Expte. Nº 58/03-I1" mediante sentencia n° 355 del 12 de agosto de 2010; en "BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. C/ CANNATA SALVADOR JOSE S/ Z- COBRO EJECUTIVO DE DÓLARES" Expte. Nº 11633/99 - SALA I", Sentencia Nro. 444 del 22 de septiembre de 2011 y en "CARAM de LAJUD TERESA C. vs. CASTILLO L. A. S/

COB. EJ." - EXPTE. N° 420 / 04 - Sala Ia. mediante sentencia n° 462 del 27 / 09 /11. Hechas estas aclaraciones, pasemos ahora a considerar si en el incidente de ejecución de honorarios seguido por la letrada Salazar Ibarra se ha producido la perención por abandono de la instancia o no. Al analizar lo actuado en la incidencia se advierte que a fs. 95 obra providencia de fecha 20 / 12 / 10 que reza : "... Por contestado el traslado corrido.Téngase presente. Declárase la cuestión de puro derecho. Personal ...". A continuación obran adjuntas las cédulas de notificación a ambas partes de la mencionada providencia (fs. 96 / 97), las que fueron depositadas en los respectivos Casilleros de notificación el día 03 / 02 / 11. Y si bien desde esta fecha hasta el 04 / 08 / 11 (fecha del planteo perencional de fs. 99), no se cumplieron en el incidente actos impulsivos ni de las partes ni del juzgado actuante; ello no significa que se haya producido la caducidad de la instancia como pretende Romano puesto que según lo normado Por el art. 211 inc. 1°) la caducidad de la instancia no se produce cuando los autos están pendientes de sentencia. Y en el caso ocurrió precisamente eso, pues declarada la causa como "de puro derecho" y tratándose de la ejecución de los honorarios profesionales de una abogada que litiga por derecho propio, no hay otro trámite más que cumplir que el dictado de la sentencia; dado que conforme el art. 27 de la Ley 5480 la letrada está exenta del pago de todo gravamen fiscal. Por ende, no quedaba nada más por hacer sino dictar sentencia puesto que así lo norma el art. 186 del CPCC : "... no habiendo pruebas que producir ... el juez dictará sentencia en el plazo de cinco (5) días...". Dado que la conclusión de ambos Vocales es coincidente, en razón de todo lo considerado se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el demando y se confirma la sentencia que rechazó la caducidad articulada. COSTAS: las de esta Instancia se

imponen al recurrente (art.105,107 C.P.C.y C.).

vencido

Por ello,

RESOLVEMOS I ) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el accionado ROMANO JOSE LUIS, contra la sentencia de fecha 24 de Agosto de 2012 (fs. 124), la que se confirma.

II ) COSTAS: las de esta instancia se imponen al demandado apelante, atento al resultado del recurso.

III ) RESERVAR honorarios para su oportunidad. HÁGASE SABER

MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJ RE

CARLOS E. COURTADE

Diario El Siglo - Suplemento Juridicas (2013-04-30)  

Sábado 4 de Mayo de 2013

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