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La suspensión del CUIT de un trabajador no debe correr por cuenta del ente recaudador La Cámara Federal de San Martín determinó que la suspensión del CUIT de un trabajador no debía correr por cuenta del ente recaudador, debido a que pueden "afectar su vida civil"

San Miguel de Tucumán - MARTES 4 DE FEBRERO DE 2014 - www.elsigloweb.com

Jurídicas

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN

VISTOS Y CONSIDERANDO: Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fs. 75/79vta., en cuanto rechazó la acción de amparo promovida contra la AFIP, con costas. El memorial fue contestado y el Fiscal General contestó la vista [cfr. fs. 75/79vta., 84/86vta., 115/118, 120/123; Art. 15, ley 16.986]. El Dr. Hugo Daniel Gurruchaga dijo: Liminarmente, cabe manifestar que, dada las características particulares del presente expediente, la necesidad de agotamiento de la via administrativa se revela como un excesivo ritualismo en desmedro de una tutela judicial efectiva. Ello así, por cuanto la Constitución Nacional, establece que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley" (Art. 43). Asimismo, porque se observa de las constancias obrantes en el expediente (carta documento, respuesta, actuación en este proceso, etc.) la clara voluntad de la Administración de mantener la suspensión de la CUIT, a lo que debe sumarse que no se ha fijado una fecha para su levantamiento. Máxime, cuando no existe el dictado de una resolución o acto administrativo que justifique las razones del cese y/o imponga los requisitos para la rehabilitación y/o fije un término para la suspensión A esto debe agregarse que al interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso seguido justamente contra la República Argentina, ha sostenido que las citadas nor-

mas impiden "que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares.Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y

No se presenta como razonable una suspensión prolongada de la CUIT por parte de la AFIP (desde el 19 de marzo de 2013, esto es, más de 7 meses), porque ello atenta contra la posibilidad de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil y afecta -entre otros- los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, derecho de propiedad, etc., todo ello en desmedro de las garantías previstas por los Arts. 14, 14bis, 17 y concordantes de la Constitución Nacional.Porque la inactividad de la CUIT, sin fecha de vencimiento, implicaría, entonces, una suerte de muerte civil que no es admisible en nuestro derecho. beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 105/99, En línea coincidente con lo expuesto la Corte Suprema ha establecido que la normal demora que insumiría recurrir a los procedimientos ordinarios, con todas las consecuencias que de ello derivaría, hace que la tutela judicial del amparo deba ser otorgada sin demora Por lo que en el caso particular, no resultaba necesario agotar la vía admi-

nistrativa y el trámite del amparo es formalmente procedente. Ahora bien, superado ese valladar, cabe manifestar que -en este contextono se presenta como razonable una suspensión prolongada de la CUIT por parte de la AFIP (desde el 19 de marzo de 2013, esto es, más de 7 meses), porque ello atenta contra la posibilidad de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil y afecta -entre otros- los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, derecho de propiedad, etc., todo ello en desmedro de las garantías previstas por los Arts. 14, 14bis, 17 y concordantes de la Constitución Nacional.Porque la inactividad de la CUIT, sin fecha de vencimiento, implicaría, entonces, una suerte de muerte civil que no es admisible en nuestro derecho. No es óbice de lo expuesto, la circunstancia de que la AFA haya expresado que "II) las designaciones para torneos organizados por AFA resultan responsabilidad única y exclusiva de esta última en mérito a condiciones técnicas y físicas del árbitro [.] III) en atención a los hechos que resultan de público y notorio (tema AFIP) será designado en el momento en que se aprecie superada la situación y en estado óptimo para afrontar la actividad arbitral" Porque más allá de uno de los fundamentos dados por la AFA para no renovar el contrato -tema AFIP-, es evidente que la suspensión puede afectar no sólo el derecho de trabajo en ese sitio sino en cualquier otro, sumado a los demás actos inherentes a la vida civil. Por otra parte, tampoco es admisible una suspensión sine die dispuesta por la AFIP con fundamento en que se ha formulado contra el administrado una denuncia penal. Porque a partir de la radicación de esa denuncia, la magistrada con competencia penal tiene en sus manos las facultades necesarias para determinar medidas cautelares (embargos, inhibiciones) a fin de evitar la frustración de derechos patrimoniales.

Directora Jurídica: Dra. Valeria Lorena Jimenez

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VIENE DE TAPA

La suspensión del CUIT de una persona denunciada penalmente no puede correr exclusivamente por cuenta y decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para ello, hay un juez en la causa que se encarga de cerciorarse de que una medida cautelar de ese estilo no vulnere los derechos o entorpezca el desarrollo de la vida civil de esa persona. En este sentido, conforme lo dispuesto por el 3er apartado del Art.518, del Código Procesal Penal de la Nación, el juez está facultado a dictar medidas cautelares, incluso antes del auto de procesamiento, cuando "hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen". De modo que luego de formularse la denuncia en esa sede, la determinación de la necesidad del dictado de medidas provisionales, quedó en manos del Juez federal penal, a quien, en su caso, deberían haberse efectuado las peticiones pertinentes por parte de la AFIP. En el contexto expuesto, cabe también remisión a lo decidido por la Corte Suprema en Fallos 315:1361, en el sentido de que existe un límite a la absoluta discrecionalidad de los entes administrativos, que es establecido por el orden jurídico y el órgano jurisdiccional. Cabe añadir en línea coincidente, lo expresado por el Sr. Fiscal General en cuanto a que la inactivación de la CUIT al ser realizada sin el dictado de acto administrativo, constituyó una "vía de hecho administrativa" que violó el "principio de legalidad por la acción material de un funcionario o empleado de la Administración Pública" y afectó los derechos de la actora al debido proceso, a ser oída y a obtener una decisión fundada, en franca colisión con el Art. 18 de la Constitución Nacional Por todo ello, al momento actual, la suspensión de la CUIT es irrazonable; a la par que cercena garantías constitucionales y derechos convencionales (Art. 75.22, Constitución Nacional; Art. 23.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 6, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Luego, corresponde dejar sin efecto la medida tomada por el órgano administrativo y disponer que se reestablezca la CUIT en forma inmediata. Sobre las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota, corresponde que las de ambas instancias sean soportadas por la vencida (Art. 17, ley 16986; Arts. 68 y 279, CPCC).

El Dr. Alberto Daniel Criscuolo dijo: Comparto en lo sustancial los argumentos del distinguido colega que lidera la encuesta.En esa línea de pensamiento, aprecio que dentro del restringido ámbito cognoscitivo que enmarca el juicio regulado por la ley 16.986, y ceñido al objeto procesal que es motivo de amparo, la medida administrativa preventiva aplicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos al accionante, de suspensión de la CUIT, no puede mantenerse sine die más allá del sustento legal y probatorio oportunamente invocado. Es que, en el caso, la razonabilidad y proporcionalidad de su aplicación deben evaluarse bajo el principio de actualidad, en tanto no aparece aceptable en este contexto la vigencia de aquella. En tal razonamiento, el análisis de este sumarísimo proceso determina que si bien al 19 de marzo del corriente año la medida preventiva tenía algún fundamento al formularse contemporáneamente la denuncia penal por infracción a la ley 24.769, después de más de siete (7) meses su vigencia no parece razonable a poco que se valore el hecho de que el ente administrativo no haya incorporado ni alegado en este segmento de acción, otros fundamentos de actualidad que cimienten el mantenimiento de la suspensión. A lo que sumo, el extremo de que no consta el dictado de un acto administrativo que justifique las razones de tal medida, imponga los requisitos para la rehabilitación o fije un término para la suspensión. En ese sentido, sólo se observa de las constancias obrantes en el expediente [carta documento, respuesta, actuación en este proceso, etc.] la clara voluntad de la Administración de mantener la suspensión de la CUIT (cfr. fs.110/111). Por ello, en este particular contexto, no se presenta como razonable una medida provisoria tan prolongada en el tiempo, so riesgo de la afectación de garantías constitucionales, como lo es la posibilidad de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil, como es el de trabajar y ejercer toda industria lícita.

Desde este hontanar, cabe también hacer remisión a lo sostenido por la Corte Suprema en Fallos 315:1361, en el sentido de que existe un límite a la absoluta discrecionalidad de los entes administrativos, que es establecido por el orden jurídico y, eventualmente, por el órgano jurisdiccional. En esa línea, la circunstancia de que el órgano administrativo obre en ejercicio de facultades discrecionales legalmente establecidas, en modo alguno puede significar un proceder que en la actualidad se torne innecesario y, por ende, arbitrario; pues la razonabilidad debe presidir las decisiones de la administración. De modo que atendiendo al principio de actualidad el mantenimiento de la suspensión de la CUIT aplicada en el caso, produce un agravamiento serio e irreparable al interesado que debe ser atendido en el contexto de esta acción con independencia del resultado del proceso penal iniciado contra el accionante. Al tiempo que, a todo evento, la juez con competencia penal tiene en sus manos las facultades necesarias para determinar las medidas cautelares pertinentes (embargos, inhibiciones) a fin de evitar la posible frustración de derechos patrimoniales (cfr. 3er apartado del Art. 518, del código adjetivo penal). De otr o lado, dada la naturaleza de la acción seleccionada por el justiciable, esto es, una vía expedita, rápida y sumarísima, el agotamiento de la vía administrativa se aprecia, en las especiales condiciones del caso, opuesta a la celeridad del trámite especial de la pretensión de autos.Las peticiones del afectado sin respuesta por parte de la AFIP sobre el asunto en concreto y la pretensión de que encause sus planteos ante la sede del órgano jurisdiccional con competencia penal -instancia ajena a la decisión administrativa en discusión-, tornan admisible esta acción sumarísima. Porque, "si el particular está pidiendo algo por escrito y no le contestan, e insiste en su pedido y tampoco le contestan, sería absurdo exigirle que venga ahora a hacer el mismo pedido con nombre distinto para poder recién habilitarle la vía judicial" (cfr. Gordi-

llo, Agustín A., "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo IV, pág. 780; citado por Rejtman Farah, Mario, "Impugnación Judicial de la actividad administrativa", Ed, La Ley, año 2000) Al respecto, la Constitución Nacional establece que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley" (Art. 43). Ello privilegia la garantía de la tutela judicial efectiva receptada por la Carta Magna con una doble fundamentación: de un lado, a través de la garantía de defensa en juicio y el reconocimiento de los derechos no enumerados (arts. 18 y 33, Const. Nac.); y de otro, a través de los pactos internacionales (doct. arts. 18 y 75, inc. 22, CN; art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros). En definitiva, y por estos fundamentos, el mantenimiento de la suspensión de la CUIT, en la actualidad, deviene irrazonable; por lo que corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto rechazó la acción de amparo y, en consecuencia, dejar sin efecto la medida administrativa impuesta al accionante por la AFIP. Respecto de las costas, en virtud del resultado del procedimiento y del principio objetivo de la derrota, corresponde que las costas de ambas instancias sean soportadas por la vencida (Art. 17, ley 16986; Arts. 68 y 279, CPCC). Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía General, el Tribunal RESUELVE: I) REVOCAR la sentencia recurrida de fs. 75/79vta. porque corresponde dejar sin efecto la suspensión de la CUIT que pesa sobre P. A. L.


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMAN

Lesiones por culpa o imprudencia. Art. 94 del Codigo Penal.Configuracion. Tipo abierto

Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor Antonio Daniel Estofán, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Penal en lo Correccional de la Iª Nominación del 06/11/2012 (fs. 279/282 y vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 30/11/2012 (cfr. fs. 304 y vta.). En esta sede, las partes no han presentado la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 310), mientras que el señor Ministro Fiscal es oído a fs. 311/313. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia. Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: I.- Que mediante sentencia de fecha 22/10/2012 -cuya lectura integral se realizó el 06/11/2012-, el señor Juez Correccional de la Iª Nominacion (en adelante el Juez o el Magistrado) dispuso condenar a Rubén Antonio U. a la pena de mil pesos ($ 1.000) de multa, e inhabilitación para conducir automotores por el término de un (1) año, por resultar autor responsable del delito de lesiones culposas (art. 94 CP) en perjuicio de S. S.G. (fs. 279/282). Para llegar a tal conclusión, el Juez tuvo por probado que el día 04/02/2007, siendo hs. 22.30 aproximadamente, el imputado U. circulaba conduciendo el ómnibus marca Mercedes Benz, dominio UVO 272 por Avenida Brígido Terán en sentido de circulación Sur-Norte; y que al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz bajó la velocidad a 20 km/h aproximadamente por estar los semáforos intermitentes, y al ver que le daba paso un

colectivo que circulaba por la última arteria mencionada, aceleró a unos 30 km/h, colisionando con un automóvil marca Fiat Palio Weekend, dominio CEI 192, conducido por la señora S.S.G., que circulaba por Av. Benjamín Aráoz en sentido Oeste-Este, y venía por la izquierda del colectivo que detuvo su marcha. El Juez, al fijar las circunstancias del hecho, expresó que "…razonablemente resulta imposible que el vehículo del acusado embista al auto de la víctima, estando éste a la izquierda de un colectivo que se encontraba detenido…debemos estar a la versión del imputado, y así se fija esta circunstancia en el sentido de que el auto Fíat se encontraba en movimiento al producirse el impacto, es decir: la víctima adelantó su vehículo a la línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho el colectivo que le impedía su visión, y fue allí que se produjo la colisión con el ómnibus conducido por el Sr. U.…" (fs. 281 vta., último párrafo). Y en referencia a la velocidad, también expresó el Juez que "…debe estarse por aplicación del principio in dubio pro reo a la versión del acusado, Sr. U. e, quien dijo que había bajado la velocidad a 20 km/h aproximadamente al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz por estar los semáforos intermitentes, y al ver que le daba paso el colectivo que venía por esa arteria, volvió a acelerar, es decir que racionalmente se concluye que aumentó su velocidad a mas de 20 km/h hasta el lugar del impacto, fijándose esta velocidad en 30 km/h al momento de la colisión…" (fs. 282 primer párrafo). Al momento de calificar el hecho y establecer la sanción aplicable, el sentenciante afirmó que "En principio, de la mecánica y producción del hecho surge con absoluta claridad que la víctima contribuyó en mayor medida que el acusado a la producción de la colisión de ambos vehículos, pero debe hacerse notar que en el presente se juzga únicamente la conducta del acusado a la luz del tipo penal de lesiones culposas, no aplicándose la compensación de culpas…"; y que "De este modo, entiendo que existe nexo de causalidad entre la conducta del acusado con el re-

sultado de lesiones de la víctima, por cuanto esta última no debió poner en movimiento su auto al no tener visión hacia su derecha; ello no desplaza totalmente la responsabilidad del acusado, quien al advertir que no funcionaban los semáforos, al ver que el colectivo que venía por Benjamín Aráoz se detuvo para darle paso, no debió acelerar, sino que por la circunstancia y el peligro que significaba esa arteria sin los semáforos funcionando, debió continuar a mínima velocidad, cabiendo hacer notar que de haber realizado ello, quizás lo mismo se habría producido pero no con la magnitud que sucedió, que fue lo que en definitiva produjo las lesiones de la víctima" (fs. 282). II.- Contra esa sentencia interpone recurso de casación el Dr. Ezequiel Avila Gallo (h), defensor técnico del encausado U., corriente a fs. 297/302 de autos. Se agravia, en primer término, de que el Juez considerara que existe nexo de causalidad entre la conducta del acusado y el resultado de lesiones de la víctima, entendiendo el recurrente que U. conducía el ómnibus a una velocidad de 30 km/h, con pleno dominio del rodado y apego a las disposiciones normativas, y que en esa oportunidad fue embestido por el auto de la víctima en el costado izquierdo del colectivo (invoca las fotografías que obran a fs. 50 y 50 vta.); que la señora Guevara continuó con la marcha del automóvil sin tener visión adecuada hacia el cardinal sur (por el que venía el colectivo conducido por U.) ante el obstáculo que le significaba el colectivo que circulaba en igual sentido de la nombrada y a su derecha, que se detuvo al llegar a la platabanda ubicada en Av. Brígido Terán para que pasara el vehículo conducido por el imputado. Alega que la supuesta víctima, continuando su marcha en tales condiciones, impactó con el frente de su rodado el lateral izquierdo del colectivo de U.. Afirma que, por lo expresado, la conducta de U. no es inmediata, directa y eficiente para producir la colisión, y no fue determinante de la embestida. Refiere en tal sentido que el fallo no expresa con claridad quién es el embistente, pero que de la observación de los

fotos arriba mencionadas se puede establecer que el auto conducido por Guevara es el que embistió, con todo su frente, al colectivo manejado por U.. Expresa que fue la propia conducta de la víctima la causa determinante del accidente al decidir, con manifiesta imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de las disposiciones reglamentarias, trasponer la Av. Brígido Terán sin tener la visibilidad apropiada para ver si por esa arteria venía algún vehículo, pese a que el colectivo que seencontraba a su derecha había detenido absolutamente la marcha a la altura de la latabanda, impactando en el costado izquierdo del colectivo. Que esa conducta resulta ser el nexo causal inmediato, directo y eficiente para el accidente. Dice que U., en apego con las disposiciones legales, no fue factor determinante ni nmediato del accidente; que su conducta no puede constituir, ni remotamente, el nexo causal del accidente, y que la velocidad de 30 km/h no resulta temeraria ni imprudente. En su segundo agravio cuestiona el razonamiento del Juez cuando, no obstante ponderar la actuación imprudente de la víctima, expresó en la sentencia que ello no desplaza totalmente la responsabilidad del acusado. Alega el impugnante que la conducta de Guevara sí desplaza la responsabilidad de U., toda vez que fue la causa eficiente y generadora del accidente, tal cual lo menciona el juez cuando sostuvo en el fallo que del hecho surge con absoluta claridad que la víctima contribuyó en mayor medida que el acusado a la producción de la colisión entre ambos vehículos. Remarca el recurrente que U. venía conduciendo a 20 km/h, totalmente dispuesto a detener la marcha de su vehículo y con total dominio del mismo, cuando, tras ver que el colectivo que venía por Benjamín Aráoz detuvo su marcha al llegar a la platabanda a efectos de otorgarle paso de forma inequivoca, decidió entonces seguir con su marcha y aceleró a una velocidad de 30 km/h, entonces resultó impactado por la supuesta víctima que avanzó pese a no tener visibilidad. Que esta conducta imprudente de Guevara sí excluye y desplaza la conducta de U., y que en ningún mo- (Continúa en página 4)


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El sentenciante afirmó que "En principio, de la mecánica y producción del hecho surge con absoluta claridad que la víctima contribuyó en mayor medida que el acusado a la producción de la colisión de ambos vehículos, pero debe hacerse notar que en el presente se juzga únicamente la conducta del acusado a la luz del tipo penal de lesiones culposas, no aplicándose la compensación de culpas…" mento la sentencia consignó cuál es el derecho objetivo no observado o incumplido. En el tercer agravio cuestiona que el Magistrado sentenciante consideró en la sentenciaque U. no debió acelerar. Luego de explicar el recurrente las circunstancias de tal conducta, expresa que no comprende el porqué del razonamiento del Juez, cuando él mismo sostuvo que, de haber mantenido la mínima velocidad, lo mismo no se hubiera evitado la colisión. Que por ello la aceleración de 20 a 30 km/h no constituye un acto imprudente, negligente, imperito u inobservante de disposiciones legales o deberes, no reuniendo por lo tanto los requisitos que en tal sentido exige el tipo del art. 94 CP para que la conducta devenga en "culposa". En cuarto lugar se agravia que el Juez sostuviera que U. debió continuar a la mínima velocidad, expresando el recurrente que incluso en esta hipótesis la sentencia expresa que "…la colisión quizás lo mismo se habría producido pero no con la magnitud que sucedió…". Afirma el defensor que considera que en el caso de haber mantenido la velocidad de 20 km/h, hubiera sido su pupilo quien impactaría con el automóvil, elevando considerablemente el peso de la masa, con lo cual los daños hubieran sido peores. En el quinto agravio expresa el recurrente que la conducta de U. no encuadra en ninguna de las modalidades de culpa establecidas por el art. 94 CP, reiterando su discurso respecto del pleno apego de U. a la normativa aplicable y obligaciones impuestas por las circunstancias del caso, y remarcando la conducta negligente de la víctima al no detener su vehículo al llegar al costado del colectivo que circulaba en su mismo sentido a su derecha y que se detuvo a la altura de la platabanda obstaculizando la visión del automóvil hacia el cardinal sur, por donde circulaba U.. En mérito a todo ello concluye expresando que la conducta observada por U. en el hecho no reúne ninguno de los requisitos del tipo penal del art. 94 CP, resultando la sentencia una aplicación errónea de la ley sustantiva, solicitando se case el fallo condenatorio y se absuelva a su pupilo, con costas a la querella.

recurso es interpuesto por el imputado (art. 483 CPP) en tiempo hábil y satisfaciendo las exigencias de interposición y motivación del remedio intentado (art. 485 CPP), y se invoca la errónea aplicación al caso de la ley sustantiva (art. 479 inc. 1° CPP). V.- Antes de abordar la procedencia del recurso, corresponde aclarar que el examen de la sentencia se realizará de acuerdo a los parámetros establecidos por la CSJN en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399), que impone el esfuerzo de revisar todo lo que sea susceptible de revisar, o sea de agotar la revisión de lo revisable (cfr. considerando 5 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt; y considerando 12 del voto de la jueza Argibay). Y los agravios de la defensa técnica serán la única materia sometida a inspección, ya que el derecho del imputado a la revisión integral del fallo no implica, per se, que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador ("Casal", considerando 12 del voto de la jueza Argibay). En consecuencia, no habiendo sido materia de agravios ni la existencia de las lesiones ni el grado de las mismas, este punto no será objeto de revisión. VI.- Entrando ahora al análisis del memorial recursivo, se puede sintetizar que la crítica que el defensor formula al fallo gira en torno a dos carriles impugnativos: a) que no existió violación de deber de cuidado de parte del imputado, ya que sostiene que la conducta enrostrada se desarrolló dentro de los parámetros permitidos por la normativa reglamentaria, y b) que la velocidad de 30 km/h que U. imprimió a su rodado no constituyó nexo causal del accidente.

Corrida la vista del art. 488 de rito, el señor Ministro Fiscal se expidió por la improcedencia del recurso (fs. 311/313).

En relación al primer aspecto crítico, la sentencia impugnada condenó a Rubén Antonio U. al tener por comprobado que el día del hecho circulaba conduciendo un ómnibus por Avenida Brígido Terán en sentido de circulación Sur-Norte; y que al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz, luego de observar que un colectivo que circulaba por esta última arteria se detuvo para darle paso, U. aceleró a unos 30 km/h, colisionando con el automóvil conducido por la señora S.S.G., que transitaba por Av. Benjamín Aráoz en sentido Oeste-Este y por el costado izquierdo del colectivo detenido.

IV.- El recurso resulta admisible: la sentencia recurrida es definitiva y de condena (art. 480 CPP), el

El Juez, al fijar las circunstancias del hecho, expresó que "…razonablemente resulta imposible que el

III.- El recurso fue concedido mediante auto de fecha 30/11/2012 (fs. 304). Dictada en fecha 22/02/2013 la providencia de autos (fs. 307), las partes no presentaron memoria, conforme informe actuarial de fs. 310.

vehículo del acusado embista al auto de la víctima, estando éste a la izquierda de un colectivo que se encontraba detenido…debemos estar a la versión del imputado, y así se fija esta circunstancia en el sentido de que el auto Fíat se encontraba en movimiento al producirse el impacto, es decir: la víctima adelantó su vehículo a la línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho el colectivo que le impedía su visión, y fue allí que se produjo la colisión con el ómnibus conducido por el Sr. U.…" (fs. 281 vta., último párrafo). Respecto de la velocidad del colectivo, el Juez también se atuvo a la versión del imputado y la fijó en 30 km/h al momento de la colisión (fs. 282 primer párrafo). Entonces, fijados así los hechos en la sentencia, corresponde examinar si en el caso se verifica la violación del deber de cuidado que exige el tipo de lesiones culposas aplicada. En este sentido corresponde destacar que el tipo objetivo de la figura del art. 94 del Código Penal se estructura de la siguiente manera: a) Violación del deber de cuidado impuesto al agente, b) La efectiva producción de un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, y c) El nexo de causalidad entre a) y b). El tipo subjetivo se corresponde a la culpa del agente, sea ésta consciente (con representación) o inconsciente. En relación al primer aspecto, esto es la violación del deber de cuidado, la figura culposa del art. 94 del Código Penal constituye un tipo abierto, atento que el precepto permanece prima facie indefinido o indeterminado; debe cerrarse o completarse con las disposiciones de cuidado específicas reguladoras de la actividad, profesión u oficio en el marco de la cual se cometió el hecho atribuido mediante el incumplimiento de la manda tuitiva. Al tratarse de un tipo abierto, se señala la necesidad de buscar una norma de cuidado que lo complete o cierre, lo que se explica a partir de la imposibilidad de prever en la norma penal las innumerables formas de realización de una acción violatoria de un deber de cuidado (cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal Parte General, pág. 523, Ediar, 2000). Lo crucial para el cierre del tipo abierto será la existencia de baremos que nos permitan afirmar, ex ante en cada situación, cuál es la conducta debida. Si ello se logra, el principio de legalidad mantendrá su vigencia en la norma y la mis(Continúa en página 5)


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El tipo objetivo de la figura del art. 94 del Código Penal se estructura de la siguiente manera:a) Violación del deber de cuidado impuesto al agente, b) La efectiva producción de un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, y c) El nexo de causalidad entre a) y b). El tipo subjetivo se corresponde a la culpa del agente, sea ésta consciente (con representación) o inconsciente. ma será válida (cfr. Baigun-Zaffaroni, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t. 3, pag. 536, Hammurabi, 2007). Y lo primero que surge de tal confluencia normativa entre la norma abierta o indeterminada del Código Penal y las específicas reglamentarias o baremos que la cierran o determinan, será que debe descartarse como punible la conducta que no supere el riesgo permitido o autorizado en la reglamentación especial, y que, como contrapartida, sólo son desaprobadas aquellas conductas que exceden ese riesgo autorizado. Aunque en el caso la sentencia nada expresa respecto a cuál haya sido la norma de cuidado presuntamente incumplida por U. y que cierre el tipo penal aplicado, corresponde establecer que debe estar contemplada en la reglamentación de tránsito correspondiente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, específicamente en lo relativo a los límites de velocidad fijados para el tránsito vehicular. En tal aspecto el Código de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (Ordenanza Nº 942/87 y modificatorias) establece: "LIMITE DE VELOCIDAD: ARTICULO 224º. Los conductores deben regular la marcha de los vehículos sin descuidar el orden y la seguridad en la circulación, y no superando las siguientes velocidades máximas:…2)- Omnibus, Microómnibus, transporte escolar, taxi-flet, cuarenta (40) km. por hora…." "TOLERANCIA: ARTICULO 225º. En las avenidas y calles con más de dos carriles libres para circular por sentido, se tolerará un aumento de velocidad de diez (10) Km., sobre la fijada en la anterior". Como puede apreciarse, no hay violación normativa en la conducta desplegada por U. al circular por Av. Benjamín Aráoz a la velocidad de 30 km/h fijada por el Juez en la sentencia, que se encuentra claramente dentro de los parámetros permitidos establecidos por la norma municipal reguladora del tránsito. Resulta necesario precisar el concepto sobre el riesgo permitido: En la vida social moderna se generan riesgos en la producción de lesiones de bienes jurídicos que son tolerados por la ley en los casos en que los considera necesarios para el desarrollo social. Ello ha determinado que la protección de los bienes jurídicos no implique una tendencia absoluta a la puesta en peligro y que, consecuentemente, se autorice -dentro de ciertos límites- la realización de acciones que entrañan peligros para bienes jurídicos, siempre y cuando se cumpla con ciertos cuidados. Puede hablarse, en consecuencia, de un riesgo permitido, es decir, de la tolerancia social de un cierto grado de riesgo para los bienes jurídicos (cfr. Bacigalupo, De-

recho Penal, Parte General, pág. 273 y ss, Hammurabi, 2012). El tráfico automotor importa justamente una de las manifestaciones de tolerancia de riesgo por la norma, que se autoriza en función de las ventajas que globalmente produce en la vida social. Y la reglamentación determinará cuáles son los baremos o tablas dentro de los cuales ese riesgo resultará autorizado o tolerado. De allí que se descartará como punible la conducta que no supere el riesgo permitido o autorizado en la reglamentación especial, y que, como contrapartida, sólo resultará desaprobada aquella conducta que exceda ese riesgo autorizado. Volviendo al caso, reitero: no se advierte violación de parte del imputado de la norma municipal reguladora de los límites de velocidad autorizados, no resultando típica entonces la conducta así desarrollada, apareciendo como desajustada a derecho la sentencia que determina su responsabilidad con motivo del incumplimiento de tal deber de cuidado. Y no cabe sostener que pueda atribuirse a U. otra conducta desaprensiva de las normas de tránsito distinta de la violación de la velocidad permitida, ya que en el punto "Calificación legal y Sanción aplicable", el Juez estableció la responsabilidad del acusado en el hecho afirmando que "...al ver que el colectivo que venía por Benjamín Aráoz se detuvo para darle paso, (U.) no debió acelerar, sino por la circunstancia y el peligro que significaba esa arteria sin semáforos funcionando, debió continuar a mínima velocidad…". En el requerimiento de elevación a juicio, en igual sentido, se le atribuyó que "…El imputado, al conducir el ómnibus a alta velocidad, con su obrar contribuyó así a la producción del hecho…". Como vemos, el factor de atribución de responsabilidad en la sentencia y en la acusación era la velocidad excesiva, lo que, según se confronta con la normativa reglamentaria, no es tal, abortándose así la configuración de una de las exigencias del tipo objetivo de la norma del art. 94 del Código Penal, a saber la violación del deber de cuidado. VII.- Pero aún en la hipótesis que se sostuviera que efectivamente existió una conducta reprochable de parte U. al haber acelerado cuando no debió hacerlo, la solución de revocar la sentencia de condena se refuerza al examinar el segundo motivo de agravio, esto es la falta de nexo causal entre la velocidad desarrollada por el encausado y el resultado producido. Ya expresé que otro de los requisitos impuestos por la estructura del tipo objetivo de la norma del art. 94 CP es que medie una relación o nexo de causalidad entre la violación del deber de cuidado y las lesiones, de modo tal que éstas respondan o tengan como causa a la violación normativa. Es que la figura no casti-

ga la creación de un peligro mediante el mero incumplimiento de la norma tuitiva -este delito no admite la tentativa- , sino que lo que reprime es el resultado dañoso producido mediante la violación del deber de cuidado. Para establecer tal nexo causal entre ambos extremos la moderna doctrina echa mano al criterio de la imputación objetiva, debiendo establecerse, como primera medida, si la violación normativa fue conditio qua non del resultado. Para establecer ésto se utiliza el método de la supresión mental hipotética del incumplimiento del deber de cuidado para ver si el resultado igualmente se produce (Cfr. Zaffaroni-AlagiaSlokar, op. Cit, págs. 533 y 534; Baigun-Zaffaroni, op. Cit, pág. 548). Si la respuesta fuera negativa (en el caso, que las lesiones no se hubieran producido sin la excesiva velocidad de U.) la violación del deber de cuidado sí sería condición del resultado; en el caso contrario (esto es que las lesiones se hubieran producido igualmente aún en el caso de que U. se hubiera ajustado a los baremos reglamentarios), la violación de la norma no constituiría condición del resultado. Bajo tal ejercicio mental, no le asiste razón al Juez cuando sostuvo que "De este modo, entiendo que existe nexo de causalidad entre la conducta del acusado con el resultado de lesiones de la víctima,…(U.) debió continuar a mínima velocidad, cabiendo hacer notar que de haber realizado ello, quizás lo mismo se habría producido pero no con la magnitud que sucedió, que fue lo que en definitiva produjo las lesiones de la víctima" (fs. 282). Dicha consideración es autocontradictoria, ya que por un lado afirma la existencia de nexo causal entre la conducta del acusado, enrostrándole que no debió acelerar y debió continuar a mínima velocidad, pero al final expresa "…que de haber realizado ello, quizás lo mismo se habría producido…", planteando una situación de duda que quiebra la comprobación obligada de la condición causal directa que debe mediar entre la violación normativa y el resultado. La duda en relación al nexo causal que plantea el Magistrado sentenciante, lejos de autorizar el dictado de una sentencia condenatoria, debió conducir obligadamente a la absolución del imputado por aplicación del beneficio de la duda (art. 415, tercer párrafo CPP). En ese sentido se ha preguntado cuál es la solución cuando la conducta alternativa conforme al cuidado debido hubiese evitado el resultado, pero no con seguridad sino sólo probablemente. Con argumentos preventivistas se ha pretendido que sólo se excluye el nexo de determinación cuando la acción alternativa hubiese evitado con seguridad el resultado (Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit, pág. 534). Vemos entonces que no se ha comprobado la puntual y concreta verificación en el caso del nexo de


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La violación del deber de cuidado, la figura culposa del art. 94 del Código Penal constituye un tipo abierto, atento que el precepto permanece prima facie indefinido o indeterminado; debe cerrarse o completarse con las disposiciones de cuidado específicas reguladoras de la actividad, profesión u oficio en el marco de la cual se cometió el hecho atribuido mediante el incumplimiento de la manda tuitiva causalidad o determinación entre la pretensa violación normativa (velocidad excesiva) y el resultado, correspondiendo revocar la sentencia recurrida en cuanto así lo tiene por acreditado, lo que propicio con mi voto. VIII.- Pero abundando, además de no existir violación reglamentaria en la velocidad desarrollada por el encausado al momento del hecho, ni nexo causal verificado entre la misma y el resultado, no advierto tampoco violación al deber de cuidado genérico de conducir el rodado con total dominio, y teniendo presente siempre que la velocidad impresa a su vehículo no configure un peligro a si mismo, ni cree riesgos a los otros ocupantes del mismo, y a los restantes usuarios de la vía pública (arts. 61 y 223 Ordenanza Nº 942/87). Así, en la especie, y de conformidad con lo expresamente fijado por el judicante, U. transitaba por Avenida Brígido Terán a una velocidad de 30 km/h, y disminuyó la misma a 20 km/h al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz. Entonces, al ver que el ómnibus que venía por esta última arteria detuvo su marcha para cederle el paso, U. aceleró nuevamente hasta llegar a una velocidad de 30 km/h, impactando con el Fíat que "…se encontraba en movimiento al producirse el impacto, es decir que la víctima adelantó su vehículo a la línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho el colectivo que le impedía su visión…" (sentencia, fs. 281 vta.). De este relato efectuado en la sentencia no se abstrae que pueda caber reproche alguno en la conducta desplegada por U.: a) éste circulaba a 30 km/h por una avenida, dentro del marco permitido por la normativa reglamentaria; b) disminuyó su velocidad al llegar a una intersección; c) aceleró levemente al considerar que así podía hacerlo ante la detención del colectivo que transitaba por la avenida Benjamín Aráoz para darle paso; d) y además U. tenía la prioridad de paso ante la intermitencia de los semáforos, al encontrarse situado a la derecha del rodado de la señora Guevara, a tenor de la norma del art. 65 de la Ordenanza Nº 942/87 que prevé que "En las intersecciones en que no existan agente de tránsito o semáforos, los vehículos deben ajustarse a las siguientes reglas: 1) El conductor que llegue a una boca-calle o encrucijada deberá en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y ceder el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha...". Se aprecia entonces el ajuste de U. al principio de confianza -desarrollado por la doctrina para determinar la medida de la creación de un peligro prohibido, según el cual, y siguiendo a Welzel, no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón

suficiente para dudar o creer lo contrario. En el caso resulta claro que U. pudo válidamente haber confiado en que podía trasponer el cruce de las avenidas sin riesgo alguno, ante la prioridad de paso que reglamentariamente le correspondía, que se puso de manifiesto con la detención del colectivo que se presentaba por Av. Benjamín Aráoz, sin que le pueda ser atribuido reproche alguno al encausado por no "adivinar" o presuponer que un rodado pudiera aparecer sorpresivamente por detrás de ese colectivo detenido, violando la normativa específica reguladora de la preferencia o prioridad de paso. Tampoco se puede pensar que U. tuviera razón para suponer la maniobra de adelantamiento que realizó la señora Guevara respecto del colectivo detenido a su derecha, ya que tal maniobra se encuentra prohibida por la Ordenanza Municipal Nº 942/87: "PROHIBICION DE ADELANTARSE EN INTERSECCIONES: ARTICULO 85º: Está prohibido adelantarse a otro vehículo en las intersecciones, salvo las siguientes excepciones: 1) Cuando el otro vehículo fuese a girar a derecha o izquierda, y se haya ubicado de acuerdo a las normas del presente Código e indicado su intención. 2) Cuando la circulación está regulada por un agente de tránsito o por señales luminosas. 3) Cuando en la intersección el movimiento de vehículos se rija por el sistema de circulación giratoria. 4) Cuando la calle o vía en la cual se efectúe la maniobra tenga prioridad y ésta se encuentre debidamente señalizada.

por parte del Ministerio Público Fiscal, las costas se imponen, en todas las instancias, por el orden causado (art. 105, inc. 1° CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron: Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Daniel Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, RESUELVE: I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Dr. Ezequiel Avila Gallo (h), defensor técnico de Rubén Antonio U., en contra de la sentencia de fecha 22/10/2012 -cuya lectura integral se realizó el 06/11/2012- del señor Juez Correccional de la Iª Nominación; y en consecuencia, CASAR la misma, dictando sentencia sustitutiva DECLARANDO ABSOLVER a RUBÉN ANTONIO U. por el delito de lesiones culposas cometido en perjuicio de Silvia Susana Guevara (art. 94 CP), hecho ocurrido el 04/02/2007. II.- COSTAS por el orden causado en todas las instancias, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. HÁGASE SABER.

Como puede apreciarse, ninguna de las excepciones le comprendía a la señora Guevara en la ocasión para adelantarse al colectivo detenido en la intersección, lo que demuestra que el incumplimiento del deber de cuidado y la creación del riesgo no autorizado que desencadenó en el accidente de tránsito le es atribuible a la misma víctima y no al imputado. IX.- como consecuencia de todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y revocar la sentencia de fecha 06/11/2012, disponiendo la absolución de Rubén Antonio U. por el delito de lesiones culposas (art. 94 CP) en perjuicio de S. S. G por que venía acusado (art. 94 del Código Penal, y arts. 479 inc. 1°, 490 y 415 del CPP). X.- Considerando que la parte querellante tuvo razones valederas para litigar, lo que se abona con el ejercicio de la acusación en todas las etapas procesales

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ: CLAUDIA MARÍA FORTÉ


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Impuesto a las Ganancias. Deducibilidad. Partes: Trucco, Pedro Agustín (T. F. 27.952-I) c. D.G.I.

mo fiscal había computado la parte acreditada en la instancia administrativa, y al no haberse probado el gasto remanente, no admitió su deducción.

2ª Instancia.Considerando: I. Que a fs. 82/83 vta., el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución de la AFIP por la que se determinó de oficio la obligación impositiva de la actora en el impuesto a las ganancias, períodos fiscal 2000, con más intereses resarcitorios. Impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos. Para así resolver, consideró que resultaba de aplicación al caso lo dispuesto por los artículos 80 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a la deducibilidad de los gastos. Aclaró al respecto que el criterio prevalente consistía en que cuando los gastos hubieran sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente, u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, y en tanto no se verificase alguno de los casos no admitidos a que se refiere el art. 88 o resultasen aplicables las limitaciones previstas por la ley, "la deducción de tales gastos es procedente en todas la categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente". Al analizar puntualmente la impugnación de los gastos, consideró que el organismo fiscal no había tomado en cuenta el porcentaje de amortización sobre el inmueble donde desarrollaba su actividad la actora, por lo que correspondía la aplicación del art. 83 de la ley del tributo en cuanto admitía la deducción general del 2% anual sobre el costo del edificio o construcción o sobre la parte del valor de adquisición teniendo en cuenta la relación existente entre el avalúo fiscal o el justiprecio practicado al efecto. Por lo tanto correspondía su deducción en el importe de $355,44. En cuanto a los gastos referidos al servicio de Metrogas, atribuido al domicilio donde realizaba su actividad, correspondía también su deducción conforme a los comprobantes acompañados en autos, que ascendían a la suma de $327,11 por ser gastos necesarios para el mantenimiento del estudio, lugar donde el profesional desarrollaba su actividad. Respecto a los gastos incurridos en telefonía celular, los consideró razonables puesto que su actividad profesional requería el uso frecuente del teléfono móvil. Sin embargo, al no haber acreditado que se tratara de una línea exclusiva admitió la deducción en un 50% del gasto en función de lo significativo de los importes que surgían de la documentación acompañada -facturas de fs. 10 y ss.-. y de donde surgía la titularidad de la línea a nombre de la recurrente. Por último, en cuanto a la deducción del gasto por medicina prepaga, si bien correspondía con el límite del art. 81, inc. h, de la ley, entendió que el organis-

II. Que contra dicha resolución, la representación fiscal interpuso recurso de apelación a fs. 94, expresando agravios a fs. 96/101 vta. En líneas generales, manifiesta que la resolución apelada se aparta del ordenamiento jurídico vigente, tornándola en una sentencia errónea y arbitraria. Asimismo, se agravia sobre la base de las siguientes consideraciones: a) Sostiene que el contribuyente no aportó las pruebas acompañadas ante el Tribunal Fiscal en sede administrativa, ya que no produjo su descargo frente a la vista conferida, vulnerándose el artículo 166 de la ley 11.683 que establece que "no se podrá ofrecer la prueba que no hubiere sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante la Dirección General Impositiva, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para reputa" el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa". d) Desde otro ángulo, se queja de que no se observa una relación de causalidad entre los gastos y la renta gravada que posibilite vincular a estos inequívocamente con la finalidad de obtener, mantener y conservar dicha renta. Es decir, no se probó la necesidad del gasto. Puntualmente, se agravia respeto a la deducción admitida con relación a los gastos incurridos en telefonía celular, pues considera que la resolución del tribunal a quo resulta totalmente arbitraria ya que, en el caso, no se trataba de gastos de teléfono de una línea fija de su oficina sino de un celular a su nombre del cual jamás acreditó el contribuyente su exclusividad para el ejercicio de su actividad profesional. Por lo tanto, no se trata de un gasto ineludible para obtener la ganancia gravada, como tampoco es de uso exclusivo para tal fin. c) Por último se agravia de la imposición de costas en proporción a los respectivos vencimientos. III. Que la contraria no contestó el traslado del escrito en recurso. IV. Que en primer lugar, Cabe tratar el agravio del Fisco con relación a la extemporaneidad de la prueba producida por la actora ante el tribunal administrativo, en atención a que, en su criterio la única posibilidad de hacerlo era ante la Dirección General Impositiva; no ejercido el derecho en ese momento había precluido su derecho, impidiéndole hacerlo en el futuro. Al respecto, ha de recordarse que la garantía constitucional de la defensa en juicio supone elementalmente la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia, la que no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho (Fallos: 246:87; 249:399; esta Sala,

15/10/1998, "Centro S.A. TF 9014-A- c. DGA"; 7112002, "Joaquín Soto e Hijos S.A. -TF 20212-I- c. D.G.I."). El derecho de defensa -salvaguardia fundamental de un Estado de Derecho- erige al debido proceso legal como institución básica en el régimen judicial, por lo que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. No puede hablarse de una tutela judicial efectiva si el particular no tiene la posibilidad de ser oído por un tribunal en sus conflictos con la Administración, en tanto ese derecho se ha de materializar no sólo con el de poder presentarse ante el juez con sus quejas, sino poder desenvolver todas sus defensa con el apoyo de las pruebas que entiendan hace a su derecho. V. Que frente a ese derecho del particular de ocurrir ante los estrados tribunalicios, se encuentra la facultad del juez de apreciar sus defensas y examinar sus pruebas estimando su pertinencia y procedencia, facultad que no puede serle desconocida so pena de lesionar gravemente el régimen procesal. La limitación del ofrecimiento de prueba a la sola etapa del procedimiento de impugnación implica un cercenamiento a los tribunales -sea el administrativo como el judicial- de su atribución esencial de resolver los conflictos llegando a la verdad de los hechos. De allí que, sin perjuicio de la decisión que en cada caso pueda adoptar el tribunal respecto a la pertinencia y procedencia de la prueba ofrecida en cuanto ella haga al caso en discusión supone una violación a las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y, en particular, del artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos "que ordinariamente son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud. El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987 -Garantías Judiciales en Estado de Emergencia-) VI. Que ha de recordarse, finalmente, que el celo que deben desplegar los tribunales para hacer efectiva la garantía de defensa en juicio no puede ser tachada de rigorismo formal excesivo, sino, por el contrario, ha de calificárselo como celo responsable para permitir el ejercicio pleno del ejercicio de la defensa en juicio a todos los habitantes del país (esta Sala, "Kraves Héctor Armando (TF 9576-A) c. DGA", sentencia del 30/12/1999; "Joaquín Soto e Hijos S.A. (TF 20212-I) c. D.G.A.", (Continúa en página 8)


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La defensa en juicio y el acceso a la tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de ofrecer y producir la prueba que hace al derecho pretendido no sólo en la instancia impugnatoria ante el ente fiscalizador sino también en la etapa jurisdiccional ya sea administrativa o judicial, por ello se rechaza el recurso del fisco que persigue la anulación de la prueba rendida ante el TFN con la finalidad de demostrar que los gastos que se pretenden deducir han sido efectuados en pos de la obtención de la ganancia del ejercicio. sentencia del 7/11/2002). VII. Que ello ha de llevar a la conclusión que lo previsto en el artículo 166 en su texto según la ley 11.683, no puede impedir al particular ofrecer ante el Tribunal Fiscal la prueba que haga a su derecho dado que la limitación expuesta contraría expresas garantías constitucionales. VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde tratar los agravios del Fisco relativos a los gastos admitidos por el a quo. Como primera medida, y previo expedirse acerca de la procedencia de la apelación efectuada, resulta conveniente analizar las normas aplicables en materia de gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y el concepto de indispensabilidad del gasto. La regla general para la deducción de los gastos está contenida en los artículos 17 y 80 de la ley del tributo. El primero de ellos dispone: "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga". Por su parte, el artículo 80 establece: "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina". Es decir, hace a la estructura del impuesto a las ganancias establecer la forma y oportunidad de la deducción de los gastos para así obtener la ganancia. Por otro lado, el artículo 81 enumera una serie de conceptos deducibles con carácter general y el artículo 82 lo hace respecto de las deducciones especiales que se admitirán sobre cuatro categorías de ganancias, con las limitaciones previstas en la ley. Los artículos 85, 86 y 87 especifican cuáles son las deducciones especiales admitidas para

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la primera, segunda y tercera categorías, respectivamente, pero la ley nada dice en particular sobre las rentas de cuarta categoría. La ley del tributo también detalla en forma expresa en su artículo 88 una serie de gastos cuya deducción no será permitida, cualquiera sea la categoría de que se trate. IX. Que del juego armónico de todas estas disposiciones legales y de las reglamentarias dictadas en su consecuencia, surge que el criterio que cabe seguir en este aspecto es que cuando los gastos hayan sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, y en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos por el artículo 88, la deducción de tales gastos es procedente en todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente. Ese mismo criterio fue el seguido por el tribunal a quo, quien expresamente aclaró que "En el caso de autos, la única y exclusiva razón esgrimida por la inspección actuante y luego compartida por la superioridad para impugnar determinados gastos no es otra que considerarlos no vinculados a su renta". X. Que, a mayor abundamiento, el concepto de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones ya que sería muy peligroso que el Fisco en cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos que incurra no redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido. En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata (conf. esta Sala, en autos "Gelbrlung Samuel (TF 22.676-I) contra D.G.I.", sentencia del 14/02/2012). Por tal motivo, la deducción de los gastos necesarios para obtener la ga-

nancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la comprobación de orden teleológico, respecto a que la erogación, está destinada a fin de lograr la ganancia o mantener y conservar la fuente de dicha ganancia (conf. JARACH, Dino "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Abeledo Perrot, 1996, p. 552). XI. Que, aclarado el punto, y respecto a los agravios del Fisco basados en considerar que ellos no resultaban deducibles en los términos de las disposiciones de la ley del tributo, se comparte el criterio del a quo en cuanto a los gastos referidos a amortización del inmueble y gas en tanto constituyen gastos necesarios para el mantenimiento del estudio, lugar donde el profesional desarrolla su actividad, y se acompañaron en autos los respectivos comprobantes. Igual consideración cabe tener respecto a los gastos incurridos en telefonía móvil, pues resulta razonable su deducción teniendo en cuenta que la actividad del profesional requiere el uso frecuente del teléfono celular. Por otro lado, no puede soslayarse la índole de la cuestión planteada -impugnación de gastos- donde el enfoque se dirigió al examen de los comprobantes y documentos requeridos al contribuyente en sede administrativa y ante el Tribunal Fiscal y cuya autenticidad no fue controvertida por ninguna de las partes. XI. Que, por lo demás y para resolver, el a quo tuvo en cuenta la prueba rendida en autos y determinó que respecto de los gastos cuestionados se habían arrimado a la causa los comprobantes necesarios para comprobar la finalidad y relación de las erogaciones. De tal manera, lo discutido en el sub lite, cuenta con elementos fácticos cuya apreciación no cabe, en principio, rever en esta instancia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la ley 11.683 (t.o. en 1998). XII. Que en la citada norma se dispone que en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su cri-

terio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos. Es de advertir, por ende, que la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara, y no se ha probado que el Tribunal a quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (conf. esta Sala: 10/11/98 . Que cabe considerar, además, que los agravios del Fisco, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los que invoca la recurrente no configura arbitrariedad (Fallos: 273:205; 274:35; 276:311; 323:4028; 330:2639 entre otros). Por otra parte, como también se ha dicho en forma reiterada, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco a tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos: 272:325; 324:4321) XIV. Que por último y en cuanto a las quejas referidas a la imposición de costas cabe señalar, como primera medida, que los agravios del Fisco resultan insuficientes para rebatir la resolución apelada en este aspecto, puesto que éste no brinda argumentos que motiven el apartamiento de lo decidido por el a quo, limitándose a manifestar su disconformidad. Por otro lado, y atento al modo en que el organismo resolvió la apelación tratada, surge evidente que la Dirección General Impositiva ha resultado vencida respecto de determinadas impugnaciones, por lo que resultó ajustada a derecho la imposición de costas en proporción a los respectivos vencimientos decretada por el Tribunal a quo. Por las consideraciones precedentes, confírmase el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de recurso, sin especial imposición de costas no existir actividad de la actora en esta instancia.

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Directora Jurídica: Dra. Valeria Lorena Jimenez

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