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SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 9/2008-PL. SOLICITANTE: OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: LIC. ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

Vo.Bo. MINISTRO México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de abril del año dos mil ocho. V I S T O S; y Cotejó. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Ante la Oficialía de Partes Común para las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el veinticuatro de enero de dos mil ocho, Juan Gilberto Castro Razo, por conducto de su mandatario judicial, promovió demanda de amparo directo en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican:


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“AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo son los magistrados integrantes de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal… --- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2007 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como su ejecución y todas y cada una de las consecuencias que se deriven de dicho acto.” SEGUNDO.- La parte quejosa expuso los antecedentes que estimó pertinentes, señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 6º constitucionales e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO.- Del asunto correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya Presidenta admitió la demanda de garantías, ordenando registrarla con el número de toca D.C. 106/2008, y previos los trámites respectivos, el cinco de marzo de dos mil ocho, el Tribunal del conocimiento resolvió lo siguiente: “PRIMERO.- Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga a bien ejercer la facultad de atracción, en relación con el presente juicio de amparo directo promovido por Juan Gilberto Castro Razo, por conducto de su mandatario judicial Luis Ariel Salanueva Brito, en contra del acto que reclamó de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que quedó precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria. --- SEGUNDO.- Se ordena remitir a la superioridad, los autos del juicio de amparo directo número D.C. 106/2008, para los efectos del artículo 182, fracción III, de la Ley de

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Amparo, acompañados de la versión electrónica del presente fallo, esto previa integración del testimonio de constancias de autos respectivo.” CUARTO.- Recibidos los autos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil ocho, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 9/2008-PL, la admitió y turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas a fin de que formule el proyecto respectivo. QUINTO.- Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto quedó radicado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver esta solicitud y decidir si ejerce o no la facultad de atracción respecto del amparo directo 106/2008 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, fracción III, inciso b) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Segundo, párrafo tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2001, vigente a partir del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una proposición a fin de que decida si en el caso se reúnen o no los requisitos para hacer uso de la aludida facultad de atracción.

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SEGUNDO.- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito está legitimado para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de la facultad de atracción con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (…) --- V… La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.” TERCERO.- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, solicitó a este Alto Tribunal ejercer la facultad de atracción con base en las consideraciones que a continuación se transcriben, en la parte que interesa: “…se está ante un caso en el que habrá de determinarse en cuanto al fondo, en primer lugar, si los funcionarios de casilla tienen o no la calidad de servidores públicos, para lo cual es menester apreciar el contenido del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo plantea el impetrante en su libelo de demanda… …será igualmente necesario apreciar, si las pretendidas imputaciones falsas e infamantes a que hace mención la parte promovente del juicio, realizadas con posterioridad a la jornada electoral… siguen encontrando como límite la prohibición dirigida a los servidores públicos…

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…con motivo de los términos en los que se planteó la litis constitucional, analizar si la prohibición contenida en el

artículo 29 de la Ley de

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, es aplicable en forma limitativa a los servidores públicos del Distrito Federal o si en todo caso, puede hacerse extensiva a los servidores públicos de la Federación. …cuestiona la constitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, por contravenir los límites a la garantía de libertad de expresión, en los términos expuestos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… … es necesario

realizar una interpretación de los artículos 5 y 6

constitucionales, así como de diversos instrumentos jurídicos que inclusive abarcan materias diversas, como lo son el derecho administrativo, así como el electoral…” CUARTO.- Como cuestión previa, conviene destacar los antecedentes legislativos derivados de las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya finalidad, entre otras, fue avanzar en la consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal de Constitucionalidad, según se aprecia de la iniciativa presentada por el Jefe del Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que en lo conducente, dice:

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"En esta iniciativa se somete a la consideración de esa Soberanía un conjunto de reformas a la Constitución para avanzar en la consolidación de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y Poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones. Estas reformas entrañan un paso sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, creando las bases para un sistema de administración de justicia y seguridad pública que responda mejor a la voluntad de los mexicanos de vivir en un estado de derecho pleno. La fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y todo sistema de justicia. La Suprema Corte ha sabido ganarse el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional. En los últimos años se ha vigorizado su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública. Hoy debemos fortalecer ese carácter. Consolidar a la Suprema Corte como Tribunal de Constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige aplicar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de Gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integración a fin de facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución,

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permitir innovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país, favorecer el pleno cumplimiento de su encargo." Respecto de la facultad de atracción, en la discusión del proyecto de reformas aludido se propusieron trece modificaciones entre las cuales destaca la relativa a la nueva redacción del penúltimo párrafo, de la fracción VIII, del artículo 107, constitucional, relacionado con las características que deben reunir los asuntos que ameritan atraerse por la Suprema Corte, modificación que se aprobó por la Asamblea Legislativa, para sustituir el término de "por sus características especiales", por el de "que por su interés y trascendencia así lo ameriten.” La misma redacción se utilizó en el último párrafo de la fracción V del artículo 107 constitucional, la cual regula la facultad de atracción tratándose de amparo directo. A propósito de los asuntos que por sus características ameritan su atracción por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en la exposición de motivos, en los dictámenes de comisiones y en los debates del Legislativo Federal, en anteriores reformas se utilizaron las expresiones más variadas, entre ellas, sobresalen las siguientes: "juicios importantes y trascendentes", "juicios de especial entidad", "juicios de singular significación social", "juicios de importancia y trascendencia", "juicios de importancia trascendente para el interés nacional", "asuntos de particular trascendencia para la vida jurídica de la Nación", "juicios de características especiales", "juicios en los que puedan quedar involucrados o de los que se sigan consecuencias que atañan al Estado mexicano", "asuntos que puedan repercutir más allá de los intereses particulares", "asuntos en los que la Federación esté interesada", etcétera. Las anteriores expresiones, carentes de una explicación, permiten inferir que los Órganos Legislativos que iniciaron y discutieron esas reformas a la

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Constitución, así como el Constituyente Permanente que las aprobó, consideraron que debería ser la Suprema Corte quien determinara los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción. Las reformas constitucionales se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la cual tuvo una efímera vigencia, pues como se señala en la propia iniciativa presentada por el Presidente de la República, ésta comprendió únicamente las medidas indispensables para permitir la organización tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura Federal, dejando para el período ordinario de sesiones inmediato, el análisis y discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, la misma fue de significativa trascendencia en cuanto a la composición, organización, funcionamiento y competencia del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, que abrogó la anterior de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho y sus reformas, la cual reiteró la tarea primordial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en salvaguardar la supremacía normativa constitucional, como se puede desprender de la lectura de la iniciativa presentada por el Jefe del Ejecutivo Federal al Senado de la República, cuando se afirma que: "Por lo que respecta a la presente Iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y referente a la Suprema Corte de Justicia, en la misma se establecen que un buen número de las atribuciones

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administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte de Justicia han sido conferidas al Consejo de la Judicatura Federal... Asimismo en esta Ley Orgánica se establece en relación al régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia un nuevo marco normativo, que le ha de permitir, por un lado cumplir con sus nuevas funciones de Máximo Tribunal Jurisdiccional y, por otro dejar de ser el órgano de Gobierno de todo el Poder Judicial de la Federación, lo que implica que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan atender de manera específica los asuntos que tengan que ver con la impartición de la justicia, responsabilidad mayor que les permitirá atender con mayor atención el desempeño de sus funciones. La presente iniciativa de la Ley Orgánica establece de manera exacta y en sus capítulos referentes a la Corte los siguientes aspectos que permiten que este órgano tenga una base legal precisa y que a la vez le permita actuar con rapidez necesaria para sus controles, su funcionamiento, su Gobierno y su competencia en materia jurisdiccional. La presente iniciativa se refiere a las facultades que la Suprema Corte tiene cuando funcione en Pleno; señalando y resaltando, entre otras importantes funciones, que conocerá de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que están precisadas en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo esto a la necesidad de fincar expresamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la potestad más alta en el orden jurisdiccional de establecer con carácter definitivo e inatacable la interpretación y alcance de los textos constitucionales y la de

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mantener la autonomía de los órganos en que se distribuye la competencia para impartir justicia. Acorde a las pretensiones de la citada iniciativa y a efecto de ser congruentes con las recientes reformas constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente en su artículo 10 establece que la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, podrá conocer de los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo, del inciso b), de la fracción VIII, del artículo 107, de la Constitución Federal.” Lo hasta aquí expuesto permite considerar que mediante las reformas de referencia se ha pretendido establecer una serie de directrices para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondere, inclusive, discrecionalmente, si atrae determinados amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género que competen ordinariamente a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, definen ni dan elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de tales asuntos de interés e importancia, o de características especiales. Es lógico inferir, en consecuencia, que el Órgano Reformador de la Constitución y el legislador ordinario consideraron que debe ser este Alto Tribunal el que, a través de los asuntos que ante ella se ventilan y por medio de la interpretación que debe realizar, fuera estableciendo criterios que integraran el marco para el ejercicio de la facultad de atracción.

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En segundo lugar cabe establecer que la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá que ser plenamente justificada y ello obedece a que debe ocupar fundamentalmente su atención a los asuntos de mayor interés y trascendencia, primordialmente aquellos relacionados con cuestiones de constitucionalidad, porque a este órgano incumbe exclusivamente la función de ser el intérprete supremo de las normas constitucionales, de tal forma que sólo en asuntos de naturaleza excepcional pueda hacer uso del ejercicio de facultad de atracción. Sobre el particular, esta Segunda Sala hace suyas las tesis de jurisprudencia sustentadas por la anterior Tercera Sala de este Órgano Colegiado, publicadas con los números 43/91, 44/91 y 45/91, en las páginas 34 a 37, del número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyos textos, respectivamente, son los siguientes: “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107, de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular.”

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“ATRACCIÓN,

FACULTAD

DE.

AL

DECIDIR

DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE

DE

JUSTICIA

NO

DEBE

HACERLO

EN

FORMA

ARBITRARIA O CAPRICHOSA. Al aplicar analógicamente la tesis de jurisprudencia publicada con el número 372 (página 628) de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que lleva por rubro ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO’, y que se refiere a las autoridades administrativas, debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia al decidir discrecionalmente si ejerce la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, en sus fracciones V, último párrafo y VIII, debe hacerlo no arbitraria

o

caprichosamente,

sino

invocando,

sin

alterar,

las

circunstancias que concretamente se refieran al caso de que se trate y sin apoyar la resolución en hechos inexactos, sino en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica.” “ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. La facultad de atracción que respecto de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito tiene la Suprema Corte de Justicia, en los términos de las fracciones V, último párrafo, y VIII del artículo 107 de la Constitución, se debe ejercer restrictivamente, al hacer el análisis acerca de si se satisface el requisito de que se trate de un asunto que revista especiales características, lo que se infiere del nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación que ha sido establecido con el propósito fundamental de que la

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Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad, debiéndose limitar, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique.” Asimismo, resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por esta Segunda Sala visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 195, que dice: “ATRACCIÓN. ESTA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DEBE EJERCERSE TOMANDO EN CUENTA LAS PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO

TODOS

LOS

QUE

GENÉRICAMENTE

SEAN

DE

UNA

DETERMINADA MATERIA. El ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte in fine y VIII, inciso b), segundo párrafo de la Constitución General de la República, tiene sustento en el interés y trascendencia del asunto de que se trate, lo que revela que éste debe revestir una connotación excepcional a juicio de la Suprema Corte. Por lo tanto, la materia del asunto, por sí sola, no puede dar lugar a la atracción, pues bastaría que cualquier otro versara sobre el mismo tópico para que también tuviera que ejercerse la facultad de mérito. La finalidad perseguida por el Constituyente al consagrar esta competencia singular, no ha sido la de reservar cierto tipo de asuntos al conocimiento del tribunal supremo, sino la de permitir que éste conozca solamente de aquellos casos que, por sus peculiaridades

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excepcionales y trascendentes del caso particular, exijan de su intervención decisoria.” QUINTO.- Sentado lo anterior, resulta imprescindible tomar en cuenta el acto reclamado, sus antecedentes y las garantías individuales que se señalan como violadas, a fin de poder contar con los elementos que se requieren, además de las consideraciones del Tribunal Colegiado que sustentan la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, para estar en condiciones de determinar si el asunto reúne las características de importancia y trascendencia, sin que ello implique, prejuzgar sobre el fondo del asunto. Juan Gilberto Castro Razo ejerció acción de daño moral en contra de Andrés Manuel López Obrador, por la imputación que éste realizó en conferencia de prensa del diez de julio de dos mil seis, al exhibir un video con la imagen del actor, atribuyéndole el “embarazo” de una urna y la alteración del recuento de votos para Presidente, al introducir boletas electorales para Presidente en la urna de Diputados. El ahora quejoso refiere que existe constancia en autos de la imputación, falsedad de la imputación, constancia en autos de ésta, dolo en la falsedad, clara intención de dañar (malicia en la falsedad) y difusión de las falsas e infamantes imputaciones en medios masivos de comunicación. El Juez ordinario, absolvió al demandado, lo que fue confirmado por la Sala responsable. En contra, el actor promovió amparo directo, el cual fue resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que el quince de agosto de dos mil siete, concedió el amparo solicitado a efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar se dictara otra donde se analizara la totalidad de los agravios.

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El seis de septiembre de dos mil siete, la responsable dictó

sentencia de

cumplimiento, la que fue combatida por medio de recurso de queja ante el defectuoso cumplimiento, mismo que se declaró fundado. Ante ello, la autoridad responsable emitió nueva sentencia el trece de diciembre de dos mil siete. En contra de ésta, el actor promovió nuevamente amparo directo, en cuya demanda aduce que en la sentencia dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se vulneraron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 6º constitucionales, bajo los siguientes conceptos de violación sintetizados: 1.

La responsable cambió la causa de la acción, de una imputación precisa y concreta de que el señor Castro Razo introdujo boletas electorales de Presidente en la urna de Diputados, por una afirmación vaga y general de que obró incorrectamente al introducir boletas en la urna correspondiente a la de Diputados Federales.

2.

Es falso que el quejoso le sea aplicable la restricción a la protección de su patrimonio moral, consistente en que deba acreditar que el hecho ilícito le fue causado con malicia efectiva, pues no era un servidor público del Distrito Federal, sino un ciudadano funcionario de casilla en una elección federal; máxime que las imputaciones falsas e infamantes fueron realizadas con posterioridad a la elección, cuando ya no era

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funcionario de casilla, y en consecuencia tampoco servidor público, “suponiendo sin conceder que dicho cargo implique tal carácter”. Se reclama como inconstitucional el artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, por contravenir los límites de la libertad de expresión establecidos en el artículo 6º constitucional. 3.

La responsable omitió estudiar la prueba pericial que acredita que la imputación materia del juicio de origen fue realizada con malicia efectiva.

4.

Es falso que la responsable haya analizado todas las pruebas, pues no analizó la presuncional. Del mismo modo, no es cierto que para obtener la condena al daño moral, sea necesario demandar la declaración al daño moral, pues basta con que se haga valer como causa de la acción, cosa que se hizo.

Ahora bien, las razones esgrimidas por el Tribunal Colegiado para que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción en amparo directo son: “…se está ante un caso en el que habrá de determinarse en cuanto al fondo, en primer lugar, si los funcionarios de casilla tienen o no la calidad de servidores públicos, para lo cual es menester apreciar el contenido del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo plantea el impetrante en su libelo de demanda… …será igualmente necesario apreciar, si las pretendidas imputaciones falsas e infamantes a que hace mención la parte promovente del juicio,

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realizadas con posterioridad a la jornada electoral… siguen encontrando como límite la prohibición dirigida a los servidores públicos… …con motivo de los términos en los que se planteó la litis constitucional, analizar si la prohibición contenida en el

artículo 29 de la Ley de

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, es aplicable en forma limitativa a los servidores públicos del Distrito Federal o si en todo caso, puede hacerse extensiva a los servidores públicos de la Federación. …cuestiona la constitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, por contravenir los límites a la garantía de libertad de expresión, en los términos expuestos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… … es necesario

realizar una interpretación de los artículos 5 y 6

constitucionales, así como de diversos instrumentos jurídicos que inclusive abarcan materias diversas, como lo son el derecho administrativo, así como el electoral…” De los elementos hasta aquí vertidos se advierte que el caso que se analiza no reviste las características de importancia y trascendencia, pues de las cuestiones planteadas se advierte que los argumentos fundamentales de la parte quejosa que hace valer en la demanda de amparo directo, lo cual se comprueba del “proemio” de la misma, consisten en determinar si existió violación al principio de congruencia de la sentencia reclamada, ya que la responsable cambió la causa de la acción alegada en la demanda, además de que está probado que el demandado en el juicio ordinario “afirmó falsamente y a sabiendas que introdujo boletas de

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Presidente en una urna de Diputados para perjudicarlo”, conforme a la prueba presuncional que se omitió analizar. Así, no siendo esos temas de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es el caso de ejercer la facultad de atracción, sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, el que, como lo aduce el Tribunal Colegiado, se deba realizar en la sentencia que se dicte en amparo directo, la interpretación de un precepto constitucional, como lo es el artículo 5º, pues tal aspecto, en principio, parece no ser necesario para determinar la naturaleza de los funcionarios de casilla, sino más bien tiene que acudirse a la legislación ordinaria correspondiente. Por otra parte, el análisis de la inconstitucionalidad planteada está referida a una legislación local; además, la materia de la Ley impugnada es no en sí misma novedosa en la parte aquí aplicable (Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal)1. Recuérdese que en amparo indirecto, por disposición del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión de leyes locales es de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito (Acuerdo 5/2001). 1

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en el Distrito Federal, y se inspiran en la protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión. Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al regulado en el párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

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Del mismo modo, el análisis de inconstitucionalidad de una ley en amparo directo, no hace, por sí mismo, importante y trascendente el asunto, conforme al siguiente criterio: No. Registro: 200,303 Tesis aislada Materia(s): Común, Constitucional, Laboral Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: II, Octubre de 1995 Tesis: P. LVI/95 Página: 101 “FACULTAD DE ATRACCIÓN. NO PROCEDE EJERCITARLA CUANDO SE PLANTEA EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. No

obstante

que

se

plantee

en

la

demanda

de

amparo

la

inconstitucionalidad de un precepto de la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para resolver sobre dicha cuestión en el amparo directo, no siendo el caso de que el Pleno ejerza la facultad de atracción, porque el hecho de que se impugne la inconstitucionalidad de una ley, en la demanda, no lo hace excepcional ni trascendente o de gran entidad en el ámbito legal, ya que este aspecto es común en los juicios de su género. La circunstancia de que el asunto sea excepcional, de gran importancia y que por su entidad o consecuencia trascienda en el ámbito jurídico, debe advertirse al analizarse los

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conceptos de violación formulados para que esté en posibilidad la Suprema Corte de ejercitar la facultad de atracción.” Es más, en cualquiera de los dos supuestos (interpretación constitucional y análisis de inconstitucionalidad de ley), existe la posibilidad de procedencia de la revisión en amparo directo, como lo dispone el artículo 107 constitucional, en su fracción IX, que dice: “IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.” A mayor abundamiento, debe decirse que el Tribunal Colegiado ya conoció anteriormente de otro amparo directo (D.C. 444/2007) y de un recurso de queja (Q.C. 57/2007), relacionados con el mismo asunto, aunque por aspectos formales. Por ello, la determinación que al respecto se sustentara en amparo directo, no necesariamente debe hacerla esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no está demostrada la gran entidad jurídica del asunto, debiéndose tener presente que la facultad de atracción es de ejercicio restrictivo, siendo que el asunto, por sí mismo, no reviste relevancia, novedad ni complejidad.

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Resultan aplicables en la especie, las siguientes jurisprudencias: Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: VIII, Noviembre de 1991 Tesis: 3a./J. 46/91 Página:

60

“ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS.

Para

determinar si un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe apreciarse si se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando los argumentos relativos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia.” Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, Enero de 1996 Tesis: 2a. IV/96 Página:

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“ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA. Los conceptos "interés y trascendencia" incorporados a la fracción V del artículo 107 constitucional, como requisitos que justifican el ejercicio de la facultad de atracción para conocer de los juicios de amparo directo, son de índole jurídica, en cuanto se orientan a calificar un asunto que por los problemas jurídicos planteados, dada su relevancia, novedad o complejidad, requieren de un pronunciamiento del máximo tribunal del país; de tal suerte que el criterio que llegara a sustentarse en el asunto atraído repercutirá de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros.” No. Registro: 206,887 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: VIII, Noviembre de 1991 Tesis: 3a. CXLII/91 Página: 54 “ATRACCIÓN. FACULTAD DE. PROCEDE EJERCITARLA EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUANDO SE DAN DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS QUE EN SU CONJUNTO HACEN QUE EL CASO REVISTA

PARTICULARIDADES

EXCEPCIONALES

QUE

LA

JUSTIFIQUEN.

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Si el juicio de amparo directo versa sobre la acción noxal o de reparación del daño, proveniente de responsabilidad extracontractual derivada de la comisión de un hecho ilícito que se imputa, entre otros, a un servidor público, demandándose al Gobierno Federal, pudiera tener además repercusiones en comunidades agrarias y tomando en cuenta lo controvertido, debe considerarse que el asunto reviste singular importancia, pues si bien todas estas circunstancias aisladamente consideradas podrían estimarse no excepcionales ni determinantes para el ejercicio de la facultad de atracción, en su conjunto, hacen que el amparo promovido revista tal particularidad excepcional que justifica el ejercicio de la facultad de atracción por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” Así, puede concluirse que el caso en particular no tiene peculiaridades excepcionales y trascendentes, por lo que esta Segunda Sala determina que no es procedente el ejercicio de la facultad de atracción para conocer del amparo directo D.C. 106/2008, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el juicio de amparo directo D.C. 106/2008, promovido por Juan Gilberto Castro Razo, contra el acto de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil siete, dictada en el toca de apelación 1027/2007.

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NOTIFÍQUESE; devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de origen para los efectos legales conducentes, y en su oportunidad, archívese el toca. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente José Fernando Franco González Salas. Ausente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, por atender comisión oficial. Firman el Ministro Presidente y Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE

__________________________________________________ MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO DE ACUERDOS

___________________________________ LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

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Esta hoja forma parte de la resolución dictada por la Segunda Sala en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción Número 9/2008-PL, promovida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fallado el dieciséis de abril del año dos mil ocho, en el sentido siguiente: ÚNICO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el juicio de amparo directo D.C. 106/2008, promovido por Juan Gilberto Castro Razo, contra el acto de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil siete, dictada en el toca de apelación 1027/2007. Conste.

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Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 9-2008 PL