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15 La hora del tribunal II: la calificación de la elección

Una vez que se había resuelto el cómputo final de la votación para presidente de la República, restaba el último eslabón legal del proceso electoral: calificarlo para saber si cumplía con los requisitos constitucionales y legales de una elección democrática, libre y equitativa. El cómputo de votos es un análisis legal y cuantitativo de los sufragios; la calificación es, además, un análisis cualitativo de las condiciones bajo las cuales se desarrollan las campañas y la jornada electoral. Si el cómputo arrojaba certeza sobre el número de votos, la calificación evaluaba las condiciones de la competencia. No solo era importante que los votos se hubieran contado de manera legal, sino además que esos votos fueran fruto de un proceso político que hubiera brindado libertad a los electores para decidir, y equidad a los contendientes para competir.1 El Tribunal Electoral concluyó que la elección había sido legal y transparente, y declaró su validez el 5 de septiembre de 2006. Desestimó prácticamente todos los alegatos para anular la elección hechos por la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT), ya porque no se acreditaban las acusaciones, o bien porque las pruebas eran endebles. Estableció que el activismo declarativo 321

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LA ELECCIÓN Y SUS SECUELAS

del presidente Vicente Fox había puesto en riesgo la elección, pero que las acciones del Instituto Federal Electoral (IFE), entre ellas la “tregua navideña” y el acuerdo de neutralidad, habían atemperado el daño que Fox pudiera haber causado al proceso electoral. Acreditó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violó la ley electoral al transmitir spots con fines electorales, aunque no estableció sanción alguna, porque la ley no la preveía. Finalmente, estableció que tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como la CPBT llevaron a cabo campañas negativas, cuyo impacto en las preferencias electorales era incierto, por lo que no había lugar a saber si habían coaccionado el voto y puesto en riesgo la libertad del sufragio. Resaltó que las acciones del IFE y del propio tribunal, que retiraron 22 spots negativos, había limitado el alcance de aquellas y que era injustificado que la CPBT invocara una campaña negativa que él mismo había desplegado en contra del PAN.

* * * Para solicitar que no se declarara la validez de la elección, la Coalición Por el Bien de Todos recurrió al criterio de la nulidad abstracta —una tesis que desarrolló el Tribunal Electoral para anular elecciones que no cumplieran los principios de comicios libres y auténticos, entre ellos, que existan condiciones de equidad durante las campañas políticas—.2 Con ese criterio, por ejemplo, el tribunal había anulado la elección de gobernador en Tabasco, en 2000. En su recurso de impugnación, la coalición enunció decenas de eventos y sucesos que, en su opinión, habían violado la legalidad, la certeza y la equidad del proceso electoral.3 La lista, muy larga, incluía la presunta manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); el alto número 322

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