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13 ¿Fraude electoral o fraude a la verdad?

“No son justas las acusaciones que el señor López Obrador lanzó contra los funcionarios y representantes de casilla; insultó a todos los que formamos parte de esta elección y, ante este agravio, lo demandaré por difamación.” Así se expresó, frustrado, Juan Gilberto Castro Razo, presidente de la casilla 2227, en Salamanca, Guanajuato. AMLO lo había acusado de ser un mapache y de “embarazar” la urna de su casilla.1 La demanda de Castro Razo llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia y sería la única queja de un ciudadano durante el proceso electoral de 2006. De los más de 520 mil mexicanos que fungieron como funcionarios de casilla, solo uno presentó una demanda, y fue en contra de Andrés Manuel López Obrador, no en contra del Instituto Federal Electoral (IFE) ni de los consejeros electorales, quienes presuntamente habíamos orquestado y encubierto el fraude electoral. Castro Razo es un hombre de mediana edad, maestro de secundaria, que habitaba en Cerro Gordo, una comunidad del municipio de Salamanca. En las elecciones de 2006 aceptó la invitación para ser presidente de casilla. Como cientos de miles de mexicanos, había sido seleccionado mediante un doble sorteo 271

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LA ELECCIÓN Y SUS SECUELAS

organizado por el IFE. Había tomado los cursos de capacitación. Dedicó su tiempo personal para abrir la casilla 2227, recibir a los votantes y, en compañía de los representantes de los partidos, contar los sufragios la noche del 2 de julio. El 10 de julio, una semana después de la jornada electoral, el maestro rural se enteró de que López Obrador lo había exhibido en un video y acusado de “embarazar” una urna para favorecer a Felipe Calderón. Castro Razo le pidió retractarse de su acusación, porque “no soy mapache, soy un ciudadano a quien le encomendaron una tarea y la cumplí”. Dijo: —Primero lo tomé como broma, pero no me gustó cuando empezaron a decirme en la calle que yo había cometido fraude. No hice nada malo, ahí estaban los representantes de los partidos, que pusieron sus firmas, y no hubo nada de irregular. Cuando cerró la casilla 2227 la tarde del 2 de julio, Juan Gilberto Castro Razo, junto con los demás funcionarios y representantes de los partidos, abrió primero la urna que contenía los votos para presidente de la República, tal y como lo marcaba la ley. Vaciaron sobre una mesa todas las papeletas, y los escrutadores procedieron a separarlas por candidato. Cuando contaban los votos, descubrieron que había boletas de diputados que habían sido depositadas ahí incorrectamente. Según lo establecía el artículo 231 del código electoral, el presidente de la casilla tomó las boletas ubicadas erróneamente y, a la vista de todos, las depositó en la urna de diputados para ser contadas en su oportunidad. Todos los representantes de los partidos, incluida Juliana Barrón Vallejo, de la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT), atestiguaron la legalidad del episodio y al final de la jornada firmaron el acta de escrutinio y cómputo. “Aquí no hubo fraude —expresó la representante de López Obrador, de acuerdo con La Crónica—. Todo estuvo claro, todo fue transparente.” 272

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