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Versión estenográfica de la sesión ordinaria del Consejo General, del Instituto Federal Electoral celebrada en el salón de sesiones del propio Instituto.

México, D.F., 31 enero de 2005.

El C. Presidente: Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido a la Secretaria del Consejo verifique el quórum legal. La C. Secretaria: Señor Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 18 consejeros y representantes, por lo que existe quórum legal para su realización. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, voy a solicitar a todos los presentes ponerse de pie y gaurdar un minuto de silencio en memoria de don José Luis de la Peza Muñozcano, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien falleció el pasado 6 de enero. (Un minuto de silencio) El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con la sesión. La C. Secretaria: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría formule la consulta que propone. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría continúe con la sesión. La C. Secretaria: El siguiente asunto se refiere al orden del día. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.


Le pido a la Secretaría tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. El C. Presidente: Dé cuenta la Secretaría del primer punto del orden del día. La C. Secretaria: El primer punto del orden del día, es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acta mencionado. Le pido a la Secretaría que tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre 2004. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la presentación del Cuarto Informe Trimestral de la Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2004, así como de la Contraloría Interna, relativo al mismo periodo. De igual manera, la Contraloría Interna presenta el Informe de Actividades correspondiente al Tercer Trimestre 2004, en el cual han sido incorporadas las observaciones formuladas en la sesión que el Consejo General llevó a cabo el pasado 16 de diciembre de 2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, quiero aprovechar la presentación de este Cuarto Informe Trimestral y la oportunidad, además, de que a lo largo de la sesión este Consejo General conocerá de diversos informes, en diversos temas, para tratar de dar una cuenta global de un ejercicio de rendición de cuentas que es importante mantener como uno de los ejes centrales de este Consejo General.

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INICIA 2A PARTE

...uno de los ejes centrales de este Consejo General, en esta ocasión, en el punto número 2 del orden del día, que ahora se menciona, se presenta el Cuarto Informe Trimestral de la Junta General Ejecutiva y de la propia Contraloría Interna para el mismo periodo. En el siguiente punto, el punto 3 del orden del día, se presentará el Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva, así como el Informe Anual nuevamente de la propia Contraloría Interna. Quiero resaltar un asunto muy importante, puesto que la Junta General Ejecutiva es el brazo ejecutor de este Consejo General, debe explicar con precisión los avances y la toma de decisiones que se llevan en el seno de ese cuerpo ejecutivo, este órgano propone y supervisa Políticas y Programas Generales del Instituto en cumplimiento a las normas aplicables a los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Este órgano máximo de dirección debe conocer cómo se aplican y cómo se cumplen las disposiciones para dar certeza a nuestra gestión. En el punto número 4 del orden del día, se presenta el Informe que presenta la Secretaria del Consejo General en cumplimiento al artículo 6 del Reglamento para la tramitación y sustanciación de las quejas administrativas, como será expuesto en su momento, aquí se detallan las quejas que militantes, ciudadanos y partidos políticos presentan en contra de diversos actores que conforman el sistema electoral. Este Informe nos ofrece un panorama general del estado que guarda el uso de un importante recurso legal al alcance de la ciudadanía, la militancia de los partidos políticos y los propios partidos para salvaguardar sus intereses jurídicos. En el siguiente punto, en el punto número 5 del orden del día, se presentará el Informe sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobadas por el Consejo General del 3 de noviembre de 2003 al 16 de diciembre de 2004. En este Informe se da seguimiento al estatus de los acuerdos y resoluciones a los que se llegan en esta mesa del máximo órgano del Instituto Federal Electoral. Quiero resaltar que a la fecha, de 290 acuerdos, 249 acuerdos han sido cumplidos en su totalidad, 19 han sido cumplidos parcialmente y sólo 22 quedan pendientes en muchas ocasiones por resoluciones y situaciones ajenas a la decisión de este Instituto. En el punto 6 del orden del día, se presentará el Informe de la Secretaría Ejecutiva, respecto de los ingresos provenientes de las actividades convenidas con los Institutos Estatales Electorales o gobiernos de los estados. Este es un ejercicio global que se lleva a cabo en cada una de las sesiones ordinarias, pero tratándose de informes anuales, por ser la sesión ordinaria del mes de enero, me parece muy importante resaltar el hecho y manifestar la importancia y el compromiso de este Consejo General

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para informar de las decisiones tomadas en los diversos órganos deliberativos y de decisión del Instituto. Está a su consideración el punto del orden del día. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Leímos atentamente el Informe, el Cuarto Informe Trimestral, y quisiera anotar alguna duda que tenemos, sobre todo en el caso que señala en la página 38, sobre el Centro de Cómputo, el CECYRD, se han practicado, se dice: Tres auditorias respecto de la licitación y supervisión del contrato de construcción del CECYRD, sin que se refieran a avances desde el primer trimestre de 2004. Queremos también señalar que este tema ha estado reiteradamente en la mesa, en los informes, y cuando hemos solicitado información respecto a los detalles, tanto del contrato y de las observaciones que se desprende de las auditorias, como del seguimiento del asunto, la Comisión de Contraloría nos remite a la Comisión de Administración, y cuando vamos a la Comisión de Administración nos remite a la Contraloría, y entonces, entre una y otra no alcanzamos a obtener la información adecuada. También dice aquí que como resultado de la evaluación de las observaciones detectadas, se determinó iniciar procedimientos administrativos a servidores y exservidores públicos presuntos responsables, atribuyéndoles algunas irregularidades relativas a las etapas de la valoración del Dictamen Técnico en la adjudicación y por la falta de supervisión en la etapa de construcción. También se habla más abajo, que se tuvo conocimiento del Dictamen de un perito valuador, del cual la Dirección Ejecutiva de Administración solicitó su participación para contar con una opinión externa acerca del desarrollo de la licitación y ejecución de la construcción del inmueble que nos ocupa, y más adelante, en la página 45, se reitera o se explican las presuntas irregularidades, adscrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoral, a un exservidor público que se encontraba adscrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores...

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…inscrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en virtud que derivado de la revisión del proyecto de la construcción del centro se detectaron presuntas irregularidades. Luego se consultó a la Dirección, y eso nos llama la atención, dice que se consultó a la Dirección Jurídica del Instituto sobre la procedencia de que esta Contraloría Interna solicitará a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que proporcionara el domicilio más reciente que se tuviese registrado de dicha persona en el Padrón. Contestando esa área jurídica, mediante oficio señalado del 16 de agosto, que resultaba improcedente dicha solicitud de información. Y dice: “Mediante Acuerdo de fecha 30 de agosto del año pasado, se determinó el archivo del expediente ante la imposibilidad de notificar al presunto responsable”. Entonces la pregunta es ¿cómo va el asunto? y ¿por qué se dio carpetazo a esta información?, y se tiene aquí, como dice el archivo del expediente, se determinó el archivo del expediente ante la imposibilidad de notificar al presunto responsable. Sí nos gustaría que hubiera un poco más de información. En el Informe Trimestral y en el Informe Anual no se, o por lo menos hasta donde vimos no se da más detalle sobre esta cuestión, que es un asunto delicado para el Instituto, en donde sí nos gustaría que hubiera mayor transparencia y mayor información sobre esta cuestión. El C. Presidente: Con todo gusto. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Ortíz. El C. Rafael Ortíz: Sí. Muy buenos días, señores consejeros y señoras consejeras, miembros de esta mesa, para el Partido Revolucionario Institucional esto también ha estado causando mucha preocupación. Usted, Consejero Presidente, estará de acuerdo conmigo en que en varias ocasiones yo he hecho mención al asunto de Hidalgo, que nos tiene sumamente preocupados. No tenemos una información adecuada, profunda, deslindadora de qué es precisamente lo que está sucediendo en la construcción y en el proyecto del centro en el estado de Hidalgo. Pienso que sí es importante que las entidades adecuadas de este Consejo General nos provean de información más precisa, más transparente y más eficiente para que todos podamos estar en un conocimiento pleno de qué es la problemática que está envolviendo este proyecto, que ya se alarga varios meses, y que no podemos tener una respuesta y una información adecuada.

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El C. Presidente: Con todo gusto. Le pido a la Secretaria del Consejo que elabore el Informe sobre el particular. La C. Secretaria: Sí, con mucho gusto. En relación a las inquietudes manifestadas por los representantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, independientemente de que en las comisiones respectivas podamos y en la siguiente sesión se pueda presentar un Informe pormenorizado de este asunto que les preocupa a ustedes, y por supuesto a nosotros también, y en donde informemos a detalle cuáles son las medidas que se han adoptado al respecto. Quisiera señalar que, como también hemos argumentado en ocasiones anteriores, nos dimos a la tarea de investigar el asunto a detalle, se solicitó, como se informa aquí en este documento, la intervención de un perito designado por El Colegio de Ingenieros Civiles, en primer lugar, para dictaminar los avances de la obra del CECYRD. Una vez que se contó con ese peritaje, entonces se procedió a dar el siguiente paso, que precisamente fue tomar la decisión de continuar o retomar los trabajos de la construcción misma, y me permito informarles que está previsto que para el próximo mes de abril ya esté concluida la obra del CECYRD. Me comenta el Director Ejecutivo de Administración que estarán contactando a los miembros de la Comisión, incluyendo a los representantes de los partidos políticos, para que se pueda agendar una próxima visita, quizá la próxima semana o en 15 días, a las obras en Pachuca, para que ustedes previamente conozcan el Informe y puedan también hacer una visita a estas instalaciones, reitero, tenemos programado que en el mes de abril esté concluida la obra en Pachuca. Por lo que hace a los aspectos que se señalan respecto de los procedimientos administrativos que inició la Contraloría Interna, se han agotado las investigaciones, es decir, toda la etapa previa correspondientes, y se están valorando las responsabilidades de los funcionarios públicos. En este sentido también hago el compromiso de enviarles un Informe más detallado respecto de los procedimientos administrativos iniciados por la Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral. El C. Presidente: Le pido…

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El C. Presidente: Le pido a la Secretaría continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Presentación del Informe Anual de actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a 2004, así como del Informe de la Contraloría Interna, relativo al mismo periodo. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe mencionado. Le pido a la Secretaría continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaria del Consejo General en cumplimiento al artículo 6 del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. Tiene la palabra la Secretaria del Consejo. La C. Secretaria: En el Informe que la Secretaria del Consejo General presenta en esta ocasión, se da cuenta de los procedimientos administrativos sancionatorios que han sido iniciados dentro de la competencia del Instituto Federal Electoral, desde el mes de enero de 2003 hasta la fecha. Como ha sido práctica en la presentación de estos informes, se incluye la totalidad de los asuntos y se realiza una actualización del estado que guardan los procedimientos respecto de su trámite y sustanciación. En el año electoral de 2003, fueron tramitadas 487 quejas, de las cuales el Consejo General ha resuelto 484, lo cual equivale al 99.4 por ciento. De las tres quejas pendientes de resolución, dos de ellas se presentan el día de hoy a su consideración, y una más, la identificada con el número de expediente 480/2003, se encuentra en Dictamen por virtud del Acuerdo de Devolución que este Consejo General aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 13 de octubre de 2004.

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En 2004 se recibieron a trámite 46 quejas, de las cuales 14 han sido resueltas por el Consejo General y 12 se presentan para su resolución en la presente sesión ordinaria. Se resume que en los años 2003 y 2004 han sido tramitados por el Instituto 533 procedimientos, de los cuales 498 han sido resueltos por este Consejo General, lo que representa el 93.4 por ciento. De ellos, 243 fueron resueltos con sobreseimiento, 107 se declararon infundados, 42 fundados, 13 parcialmente fundados, y 93 fueron desechados. El día de hoy se someten a consideración del Consejo General, 15 proyectos de resolución, de los cuales tres corresponden a quejas presentadas en el 2003, y 12 en el 2004. En el caso particular de la queja identificada con el número de expediente 116/2003 se somete a su consideración en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó la reposición del procedimiento para que se efectuara una investigación más exhaustiva. Asimismo, me permito informar a los integrantes de este Consejo General, que en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el pasado día 20 del presente mes, fueron aprobados siete dictámenes a los que hace referencia este Informe. Considerado lo anterior, la Junta General Ejecutiva ha aprobado un total de 521 dictámenes, lo cual es equivalente al 97.8 por ciento. En referencia a otros procedimientos administrativos para el conocimiento de faltas, informo a este Consejo General que desde el último Informe rendido no se ha tramitado procedimiento alguno en contra de autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos o ministro de culto, asociaciones, iglesias y agrupaciones de cualquier religión o secta. Es todo, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Está a su consideración el Informe que nos presenta la Secretaria del Consejo. Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaría del Consejo General respecto del cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General durante el periodo comprendido del 3 de noviembre de 2003 al 16 de diciembre de 2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.

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Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Dos señalamientos. El primero se refiere a que en la página 4, derivado del compromiso de la sesión extraordinaria del 16 de agosto de 2004, cuando se presentó el Proyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal de…

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…de 2004, cuando se presentó el Proyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal de 2005, se hicieron dos compromisos: el primero, diseñar políticas y elaborar los Lineamientos específicos que aseguren el uso racional de los recursos presupuestales, y dentro de esto, el segundo fue diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas de adquisiciones y de asignaciones de bienes. Dice el Informe, al respecto el Director Ejecutivo de Administración, señaló que la Subdirección de Adquisiciones, en coordinación con la Contraloría Interna analiza y evalúa las nuevas políticas, bases y lineamientos que serán sometidas a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios en su segunda sesión ordinaria de 2005. La anotación que queremos hacer es sobre esta nueva política, bases y lineamientos del Comité de Adquisiciones, para los mecanismos de estas propias políticas de adquisiciones y asignación de bienes. Estas nuevas políticas y bases serán conocidas por los partidos políticos, se pondrán a nuestra consideración o a nuestro conocimiento estas nuevas políticas y cuál va a ser el mecanismo para su aprobación. De tal manera que nosotros, los partidos políticos, podamos tener una opinión y un conocimiento de estas nuevas bases de las que se habla, porque es un asunto importante que creo que puede ser muy delicado en el sentido de que estas nuevas bases, efectivamente garanticen los Lineamientos que se hace en el punto anterior y que fue un compromiso del Consejo General, cuando se analizó el presupuesto. La segunda cuestión, aprovecho de una vez, es sobre el asunto también aprobado el 16 de diciembre de 2004, en cuanto a que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a más tardar en el mes de enero de 2005 dice: debe presentar a la Comisión del ramo la propuesta de los proyectos específicos, el Calendario y los indicadores de gestión para la instrumentación del Programa Estratégico 2005-2010. Y efectivamente es un Acuerdo que se tomó esa vez en los Acuerdos segundo y tercero, y quisiéramos preguntar si esto ha sucedido, si efectivamente se ha presentado a la Comisión del ramo la propuesta de proyectos específicos, el Calendario y los indicadores de gestión para el Programa Estratégico de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral María Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muy buenos días. Efectivamente, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la sesión ordinaria de la Comisión de la semana pasada, el día 25 de enero, presentó los proyectos ya específicos que atienden al Programa Estratégico de Educación Cívica, y en la 10


Comisión se acuerda una revisión, precisiones y definiciones adicionales, pero se cumplió con este Acuerdo y se está trabajando a partir de esa propuesta de la Dirección en algunas precisiones, resultado de observaciones al interior de la Comisión. El C. Presidente: Tiene la palabra la Secretaria del Consejo. La C. Secretaria: En relación con la pregunta que hace el representante del Partido de la Revolución Democrática, en lo que se refiere a las políticas y lineamientos específicos que se mencionan respecto del Presupuesto, quisiera informar que efectivamente esto será presentado en la Comisión de Administración previo a que se presente en la segunda sesión del Comité de Adquisiciones. El Comité de Adquisiciones ha celebrado exclusivamente su primera sesión el pasado 14 del presente mes. Entonces, ustedes tendrán conocimiento de estos Lineamientos, de la propuesta de estos Lineamientos antes de que sean aprobados por el Comité de Adquisiciones, y también parte de los compromisos que se incluyan en el Acuerdo por el que se aprobó el Proyecto de Presupuesto, están incluidos en el punto correspondiente del orden del día respecto del Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2005, que se refiere concretamente a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, respecto de los ingresos provenientes de las actividades convenidas con Institutos Estatales Electorales o gobiernos de los estados que son considerados como ampliaciones líquidas. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.

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El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Rutilio Cruz Escandón. El C. Consejero Rutilio Cruz Escandón: Señor Presidente, señores consejeros y representantes, en este Informe se reflejan las cantidades que el IFE continúa recibiendo de los gobiernos de los estados. Como ustedes recordarán, en la sesión del Consejo General de octubre del año pasado, respetuosamente solicité que se revisara la práctica del Instituto de estar recibiendo apoyos económicos por parte de los gobiernos estatales, que atentan contra la autonomía e independencia del IFE. La Secretaría de este Consejo nos indicó que ya se estaba trabajando sobre este asunto y que se nos informaría al respecto, por lo que atentamente solicito se nos informe. Atento a esta situación, sugiero que se suprima el penúltimo párrafo del Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva, ya que de conservar su actual redacción se deja constancia de que al disminuir los montos de los convenios suscritos con los gobiernos se fortalece, cada vez más, la autonomía del IFE, lo que demuestra que los convenios con los gobiernos estatales debilitan y atentan contra la autonomía de la institución y se suscriben, si estos fueran ordenados por ley. Entonces, aparte de pedir que se suprima, quisiera que se fundamentara si en la ley se determina la suscripción de estos convenios, porque me parece contradictorio que mientras lo que se requiere es que los gobiernos de los estados dejen de meter mano a las elecciones, el IFE siga realizando estos convenios para hacerse de recursos públicos. El C. Presidente: Con todo gusto. Tiene la palabra la Secretaria del Consejo. La C. Secretaria: Sí, efectivamente, en el Informe que se presenta, se hace mención de los ingresos provenientes tanto de los organismos estatales electorales como ingresos por convenios con los gobiernos de los estados. Yo creo que es atendible la observación que hace el Senador Rutilio Cruz, en términos de que en el sentido de suprimir el penúltimo párrafo, si ustedes están de acuerdo, en virtud de que esto no hace más o menos autónomo al Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral es autónomo en cumplimiento del artículo 41 Constitucional, del cumplimiento de todas sus atribuciones legales. Por lo que hace a la normatividad que solicita el Senador Rutilio Cruz, de que se especifique en términos de qué es lo que faculta al Instituto Federal Electoral para la celebración de estos convenios con los gobiernos de los estados, son convenios para proporcionar apoyos y colaboración para el cumplimiento de algunas actividades 12


institucionales, y como se ha insistido en este Consejo General, que en ningún caso pongan en riesgo la autonomía y la imparcialidad de este Instituto. Se ha señalado también que los recursos provenientes de los estados no son utilizados para actividades del proceso electoral, sino para apoyos en la operación y en la logística del Instituto Federal Electoral, a través de sus juntas locales y distritales. Quisiera señalar que hay un Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral en el que se establecen los criterios generales que deberán de contener todos los convenios de colaboración y anexos técnicos, a los mismos que firme el Instituto Federal Electoral con los gobiernos, institutos electorales locales y demás órganos equivalentes en los estados de la República y el Distrito Federal. El punto segundo, inciso d), de este Acuerdo, es precisamente el que nos faculta para celebrar estos convenios. De inmediato estaré solicitando una copia de este Acuerdo, señor Senador, para que usted tenga conocimiento del mismo. Asimismo, el punto primero, fracción VII, párrafo 4 del Acuerdo del Consejo General por el que se establecen criterios generales que deberán contener la propuesta de convenios de apoyo y colaboración que celebra el Instituto Federal Electoral con los organismos de las entidades federativas en materia de celebración de elecciones concurrentes, refiere a la celebración de estos convenios, y lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo 70, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prevé que el patrimonio del Instituto...

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... desprende lo dispuesto en el artículo 70, párrafo 2, del COFIPE, que prevé que el patrimonio del Instituto Federal se integra además de los ingresos que reciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de disposiciones del mismo Código. Y quisiera también señalar que esta reducción de los apoyos de los recursos que el Instituto Federal Electoral recibe por parte de los gobiernos de los estados es muy importante. En el año 2000 se registraron recursos por 69.8 millones, de 2001 al 2003 el promedio de estos ingresos fue del orden de 28 millones, y para el 2004 los ingresos sumaron un total de 22, es decir una reducción del 22 por ciento con respecto a los tres años anteriores, y 67.5 por ciento respecto al 2000. El C. Presidente: Me parece que la opinión del Senador Rutilio Escandón Cadenas es relevante porque efectivamente, creo que a la larga lo conveniente sería que esta partida, estos convenios disminuyeran, a la fecha son nueve gobiernos estatales con los que hay, de ninguna manera esto pone en duda la autonomía, pero creo que por una cuestión, como la que usted menciona, creo que a la larga eso será sí. Ya ha sido una reducción del más del 60 por ciento desde año 2000, y creo por transparencia a la larga eso debe ajustarse, y se propone suprimir el párrafo penúltimo del Informe presentado, por supuesto. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Estudios diversos que presenta al Consejo General del Instituto Federal Electoral la Comisión de Organización Electoral, mismo que se compone de tres apartados: el apartado 7.1, corresponde al Informe que presenta la Comisión de Organización Electoral sobre los principales resultados del estudio de la integración de los paquetes electorales en las elecciones federales de 2003. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Con su venía, señor Presidente. Si me lo permiten, comentaré los tres informes que se presentan, los tres trabajos que se presentan en una sola exposición para compartir con ustedes de qué se tratan. Señoras y señores consejeros electorales, señores y señoras representantes de los partidos, consejeros y consejeras del Poder Legislativo, buenas tardes. Dentro de 517 días más o menos, a estas horas estaremos aquí reunidos para darle seguimiento a la jornada electoral del 2 de julio de 2006, para entonces habremos realizado un conjunto de actividades de organización electoral que desde hoy estamos 14


preparando y que con el esfuerzo de todos le ofrecerán a la ciudadanía el mejor contexto para el ejercicio democrático de ejercer su voto. Para estar listos, es menester aprovechar la experiencia que nos dejaron los procesos electorales anteriores y hacer lo necesario para buscar siempre mejorar los sistemas y procedimientos que aplicamos en cada fase del proceso. Si algo podemos ofrecer como autoridades electorales en medio de cualquier contexto político es la certeza de que nuestra principal misión, la de organizar el proceso electoral, será cumplida con eficiencia, puntualidad y excelencia. Por eso, cada estudio que prepara el Instituto Federal Electoral, sobre todo aquellos que reportan datos duros sobre nuestro propio trabajo, resulta de una importancia mayúscula para perfeccionar el trabajo que tenemos enfrente. Hoy presentamos ante ustedes de manera muy sucinta los resultados de dos estudios y un ejercicio de verificación. Ustedes recuerdan la presentación del estudio que realizamos en la sesión de este Consejo General el 15 de julio del año pasado, entonces conocimos los resultados sobre el estudio de la participación ciudadana en la elección de 2003; como la Consejera González Luna nos lo hizo saber, ese estudio enriqueció los trabajos preparatorios del Programa Estratégico de Educación Cívica que el Instituto está instrumentando. Los trabajos que ahora presentamos nos ofrecen elecciones en otro terreno y nos permiten optimizar la preparación de la próxima elección. Se trata de tres trabajos con temas importantes, el primero se refiere a la forma en cómo se integro el paquete electoral después de la elección, como ustedes saben, el paquete se integra con un conjunto de documentos y materiales que deben entregarse a las cabeceras municipales, revisamos qué tan bien habían sido integrados. El segundo se refiere a las características de los eventos, que a criterio del Secretario de las mesas directivas de casilla fueron asentados en las hojas de incidentes, que como ustedes saben, también forman parte del paquete electoral. Y el tercero se trata de una verificación del conteo y registro de votos nulos y de las boletas sobrantes, era importante saber, por ejemplo, las causas por las que los escrutadores consideraron nulos algunos de los votos depositados en las urnas. Al igual que en el estudio anterior, los resultados nos ofrecen datos duros, tomados de aquellos paquetes que se separaron antes de su destrucción para ser abiertos...

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..antes de su destrucción, para ser abiertos y analizados en estricto apego a los acuerdos y directrices que definió el Consejo General. Ustedes tienen los resultados de esos trabajos. Ahí se pueden revisar datos de cada estado de la República, las diferencias en cada una de las variables analizadas, además de que los anexos estadísticos contienen información de mucha valía para todos nosotros. Usaré el tiempo que me queda para delinear los principales resultados y conclusiones de cada uno de los estudios. Sobre la integración de los paquetes electorales, el estudio tuvo como objetivo principal, verificar la funcionabilidad de nuestros materiales electorales, así como constatar la calidad de la estrategia de capacitación que impartimos a los funcionarios de casillas. Para ello revisamos dos cosas. Primero, si el paquete estaba integrado con todos los materiales que establecen la ley y nuestras normas, y segundo, se revisó si algunos de los materiales estaban bien llenados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla. ¿Qué encontramos? Básicamente encontramos que los cientos de miles de mexicanos que trabajaron como funcionarios de las mesas directivas de casilla en las elecciones de 2003, cumplieron leal y patrióticamente con su encargo, pero además podemos decir que lo hicieron bien, y así lo muestran nuestros datos. Con todo, el objetivo a perseguir es aprender de la experiencia y de los datos que se nos ofrecen en este estudio. Al revisar la integración de los paquetes electorales, se hace evidente que los documentos fundamentales están presentes en la mayoría de los casos; pero como me informa el Director Ejecutivo de Organización Electoral, es importante, como ya se está haciendo, revisar algunas de las características de nuestros paquetes electorales para hacer más claras las instrucciones que contienen y no conduzcan a ningún tipo de error por parte de los funcionarios de casilla. Déjenme ponerles un ejemplo, como ustedes saben, la paquetería electoral incluye un conjunto de sobres en los que se deben depositar los diferentes documentos, actas, boletas, etcétera. El estudio nos muestra que eso no siempre ocurre así. Creo que el diseño de los materiales electorales debe facilitar más el trabajo de los funcionarios de casilla, y la capacitación y los manuales que proporcionamos a los funcionarios deben insistir en que cada material se use correctamente, insisto, en la organización de la elección no podemos vanagloriarnos de que las cosas han salido bien en el pasado. Tenemos que augurarnos que las cosas sigan saliendo bien, y para ello tenemos la estructura experimentada del Instituto en todo el país. Sobre el segundo estudio, permitanme unos breves comentarios, se trata de las hojas de incidentes, que en algunos casos incluyen, en el paquete electoral los secretarios de las mesas directivas de casilla. 16


Básicamente se trataba de indagar cuantitativa y cualitativamente, las situaciones o sucesos que habían motivado tales escritos. ¿Qué encontramos? Desde el punto de vista cuantitativo el estudio genera nuevas preguntas a responder. Por ejemplo, pareciera que si exploráramos un tanto cuanto arbitrariamente los datos, encontraríamos que en todo el país se podían haber presentado más de 83 mil incidentes. Resulta relevante que los promedios de eventos reportados en las casillas urbanas son mayores a los que se presentan en las casillas rurales. Sin embargo, cuando medimos el número de incidentes, en promedio, por casilla correspondientes a los estados de la República, uno se encuentra con grandes desproporciones. En otras palabras, a mayor número de casillas urbanas instaladas en un estado debería haber más incidentes en promedio. Sin embargo, eso no ocurre así. El estudio explora algunas explicaciones con base en hipótesis de trabajo, que tienen que ver con las características socioeconómicas de los estados, el nivel de conflictividad política, la presencia de elecciones concurrentes, etcétera. En todo caso será importante para el futuro, contar con elementos que nos permitan continuar el trabajo cuantitativo de este fenómeno. Pero más interesante resulta cuando vemos las características cualitativas de los eventos que reportan los secretarios en las hojas de incidentes. En primer lugar, resalta la enorme diversidad de situaciones que se registran. Es claro que los resultados que los secretarios de casilla nos muestran, es que hacen un uso correcto del Manual que se les proporciona durante las actividades de capacitación. De hecho, el estudio muestra que conocen los ejemplos de incidentes que ahí se mencionan y los reportan adecuadamente durante la jornada electoral, pero también se incorporan otro tipo de situaciones de mayor o menor importancia. Algunos ejemplos están en el trabajo que ustedes conocen, por ejemplo, diría yo, se reporta que un elector puso su voto en una urna equivocada, y cosas de ese estilo, o que alguno de los electores se negaba a ser impregnado su dedo pulgar con la tinta indeleble. Si buscamos que los secretarios de las mesas directivas de casilla reporten eventos específicos, es claro que este estudio nos muestra que tenemos que profundizar en la definición de incidente, que no está claramente definida, y en consecuencia darle a las hojas de incidentes un contenido específico. Pero si por otra parte queremos que los secretarios de las mesas directivas de casilla reporten todo tipo de situaciones que pudieran resultar importantes durante la jornada electoral, cada uno con su criterio y con el conocimiento de su entorno distrital, entonces la diversidad no es un problema.

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Hasta ahora hemos optado por el segundo camino, así se han elaborado los materiales electorales y de capacitación, y lo que nos queda por pensar es si es la forma adecuada y reproducir este esquema en las elecciones que vienen. Sobre la verificación de los votos nulos y boletas sobrantes, se trata básicamente…

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…boletas sobrantes. Se trata básicamente de hacer una verificación, de ver si se habían contado bien esos votos y se habían reportado adecuadamente. Los resultados son contundentes, los votos se cuentan correctamente, así se asientan en las actas y así quedan en el cómputo. Pero el ejercicio nos deja ver otra cosa en el caso de los votos nulos, las causas por las cuales fueron anuladas. Miren ustedes, a nivel nacional casi dos terceras partes de los votos nulos fueron anulados por contener marcas en más de un recuadro; el 17 por ciento corresponde a boletas en las que una sola marca abarcó más de un recuadro; el 12 por ciento de los votos contabilizados como nulos no presentaban marca alguna; el 3.6 por ciento de los votos se anularon porque en ellos se presentaba algún tipo de leyenda o frase escrita; y el restante 2.8 por ciento se identificaron situaciones diversas como dibujos, rayones, manchas, firmas, boletas rotas o mutiladas, etcétera. Más allá de lo sugerente que estos datos son, la Comisión de Organización Electoral consideró que es necesario profundizar sobre el alcance de este trabajo y por ello acordó poner a disposición de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica los resultados de esta verificación. Una vez más, estos datos permitirán afinar estrategias de capacitación y profundizar en las campañas de educación cívica que emprenderá el Instituto para la elección de 2006. Para el Instituto Federal Electoral estos estudios y los que podamos realizar después de la jornada electoral serán importantes para poder tener consistencia y seguridad en las elecciones y en la organización de las elecciones presidenciales de 2006. Nos quedan 517 días a partir de hoy. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Convergencia, Elías Cárdenas. El C. Licenciado Elías Cárdenas: Gracias, señor Consejero Presidente. Buenos días a todos, señoras y señores. En relación con estos informes y desde luego a las alusiones de los 517 días que hace el Consejero, pues debemos tomar algunas providencias de esto que es pasado, pero que nos sirve para ver el futuro que se avecina en el 2006. Y quisiera tocar el punto de boletas, de las boletas, o sea el renglón de candidaturas no registradas. Hace aproximadamente unos 15 ó 20 días con motivo del caso de Vigas de Ramírez del estado de Veracruz, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyó ahí con algunas aportaciones sobre este punto.

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Sucede que en las elecciones en Veracruz se había registrado un candidato que no fue registrado por ningún partido, y sin embargo ganó, es decir este candidato no registrado. Pero en virtud de que para ser candidato se tiene que ser propuesto por un partido, el Tribunal, a pesar de la amplia discusión que motivó este asunto determinó que finalmente correspondía esta presidencia a la alianza Unidos por Veracruz, en este caso PRD – Convergencia y otro partido estatal. Con este motivo, la discusión se centra sobre estos casos de candidatos no registrados que están en las boletas. Entonces el destino de estas candidaturas pues es la nulidad de esos votos, hasta ahora, pero no estemos tan seguros, existen cuando menos esta discusión del Tribunal, por ahí andan las candidaturas ciudadanas también que pueden influir en esto, y desde luego las reformas que tome el Poder Legislativo al respecto, que puede tocar este delicado punto dado el escenario de las propias candidaturas llamadas ciudadanas y que no son apoyadas, hasta ahora, presuntamente por ninguno de los partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral Federal. Con base en eso y no queriendo ser muy exhaustivo en este tema, sí quisiera hacer una recomendación a la Comisión de Organización Electoral para que estudie o se realice un estudio al respecto que nos ponga en claro, que nos ponga en blanco y negro esta situación. Es decir, las boletas electorales para el…

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…las boletas electorales para el 2006 incluirán también candidatos no registrados para darles el destino de nulidad o bien ¿habrá alguna reforma al respecto sobre esto? ¿Y cuáles son las condiciones que deben privar en este aspecto con rumbo a los escenarios de las candidaturas para el 2006? Por su atención gracias, muy amable. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Bueno, yo creo que estamos entrando a un tema particularmente importante, como se ha dicho aquí, ya rumbo al 2006, y que merecería una atención especial de este Consejo, porque de las líneas de acción que se desprenden en el estudio hay dos problemas que me llaman la atención: uno es una recomendación, una línea de acción es la de cambiar o modificar o mejorar los instrumentos, en particular se habla precisamente de la documentación electoral, y otra es el asunto de la capacitación. Pero obviamente no solamente los dos tienen que, desde luego, atenderse, sino que uno depende del otro, si cambiamos la documentación pues tiene que cambiar la capacitación. Esto es más claro en el asunto del estudio sobre incidentes, en donde es mucho más claro que si el Consejo General va a intervenir en este asunto precisando, como se dice aquí, profundizando la definición de lo que es un incidente, pues la capacitación tendrá que irse por ese lado. De tal manera que aunque me preocupa mucho, desde luego, mejorar los niveles de capacitación electoral, sobre todo, a los funcionarios de casilla y creo que es una cuestión donde obviamente todos estamos de acuerdo y habrá que ahí ver ¿cómo se mejora esta capacitación electoral? ¿qué instrumentos se tienen? ¿cómo se encuentran las mejores formas para que esta capacitación sea ágil y al mismo tiempo sea más atractiva y puedan tener mejores resultados? sí quisiera en este momento hacer el acento en el asunto de precisamente del cambio en el diseño de la papelería y de los instrumentos, porque si vamos a cambiar o el Instituto va a cambiar la documentación electoral, pues esta discusión y este análisis tiene que hacerse con mucho tiempo y con, desde luego, toda la responsabilidad y con todo el cuidado del asunto. Cambiar la papelería electoral puede en un caso ser muy fácil o muy sencillo, pero en otra puede tener connotaciones, profundidades, alcances y repercusiones que tienen que evaluarse con mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de incidentes. Se habla en el caso de incidentes, incluso, de hacer cambios en los artículos que se invocan, etcétera, que yo creo que, dice: Definir explícitamente desde el punto de vista conceptual en los materiales de capacitación el tipo de acontecimientos o sucesos que se desee registrar en la hoja de incidentes.

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Esto me parece que puede ser una reforma mayor, es decir, una reforma de implicaciones y de alcances muy grandes, sin querer exagerar, pero sí puede ser una cuestión muy importante. Dice, incluso, corregir en el encabezado de la hoja de incidentes la cita relativa al artículo 212, párrafo 5, inciso e), etcétera. Entonces, mi preocupación es en el sentido de que le entremos a esta discusión con suficiente tiempo, que desde luego las direcciones correspondientes puedan darnos el Informe y los resultados de lo que aquí se plantea para que si se va a modificar la documentación la hagamos ordenadamente y con el tiempo suficiente. Ya el Consejero Arturo Sánchez habló de 517 días. Entonces, esa es la primera preocupación, que si va a haber un cambio en la papelería y en la documentación electoral pues lo hagamos con tiempo y de forma ordenada, de tal manera que esto pueda ser resultado de un gran consenso y no de una decisión de última hora que después tengamos que quejarnos o discutir aquí el asunto ya un poco fuera de tiempo, con los tiempos muy justos. Yo por eso sí creo que deberíamos estar en condiciones de tener un programa, una ruta crítica, un plan, de tal manera que pudiéramos abordar, como dije, el asunto de manera ordenada y con tiempo. En el caso de los votos nulos, aunque el Consejero no lo dice, parecería ser…

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...en el caso de los votos nulos, aunque el Consejero no lo dice, parecería ser que la conclusión es que muchos de los votos nulos, el 64.7 por ciento, son votos nulos que se califican así por equivocación del elector, por error del elector, y no por una voluntad política del elector de anular del voto o hacer un voto en blanco, recordemos a Saramago, o por una forma de protesta contra el sistema de partidos, la democracia, el sistema electoral, lo que se quiera. Me parece entonces, que en el caso del Informe del voto nulo, los datos que se mencionan aquí son interesantes, pero ciertamente, como se dice aquí, no concluyen; se dice, bueno, hay que profundizar. ¿Cuándo vamos a profundizar y cómo utilizar este análisis para llegar a conclusiones mucho más ricas políticamente, y desde luego, en función del proceso electoral, sobre este asunto? Yo puedo estar de acuerdo en los resultados, en que más de dos terceras partes o alrededor de dos terceras partes de los votos nulos fueron errores del elector, pero de ahí entonces, ¿qué se desprende?, ¿cómo le vamos a hacer para evitar estos errores?, ¿cómo le vamos a hacer, en términos de capacitación electoral, de educación cívica, en términos quizá del diseño de las boletas o de lo que ustedes consideren conveniente y lo que se considere más adecuado para evitar estos errores, que son dos terceras partes responsables, 65 por ciento responsable de los votos nulos? Entonces creo que es un buen inicio, es un análisis interesante, pero sí creo que lo que nos señala es que el camino por recorrer todavía es muy intenso, y por eso insisto en la necesidad de programar este debate, programar esta discusión, programar estas reformas o estos cambios, sobre todo a la papelería electoral, y desde luego, a la capacitación, pero sobre todo a la papelería electoral, para que lo hagamos, insisto, de manera ordenada y a tiempo para que todos estemos preparados en torno a este asunto. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias también a los comentarios que se han hecho sobre estos estudios, y quisiera hacer nada más, brevemente, algunos comentarios. En principio se reciben de muy buena forma los comentarios, porque más bien están orientados a sugerencias que nos permitirán mejorar el proceso electoral. Un primer comentario es que no es un inicio estos estudios, estos son ya el resultado de un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, estamos en condiciones de presentarlos ahora de acuerdo con lo que terminó la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y son los resultados de estos trabajos.

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Y en efecto, no pueden ser un inicio porque justamente paralelamente a estos estudios se han hecho una serie de consultas, y el Informe que vamos a ver un poco más adelante de las actividades de la Comisión de Organización Electoral lo muestran, consultas con todos nuestros vocales y con todos nuestros funcionarios en todo el país, que también nos comentan qué pasó, cómo están funcionando las cosas, qué hay que mejorar y demás, y en efecto, todo esto ya constituye una masa de conocimiento que nos va a hacer, en algún momento, tomar decisiones más importantes. Ahora bien, desde luego recordemos que todo tipo de decisión sobre materiales electorales: papelería, instrumentos y demás, tendrá que ser, en su momento, discutida en esta mesa, pero no se trata de llegar a esta mesa con el paquete y nada más, sino haber realizado un trabajo conjunto que nos permita aterrizar conjuntamente, valga la redundancia, a estos resultados. Los modelos que se diseñarán obviamente sí tienen que cambiar, en el caso de la papelería, por una simple y sencilla razón: no son los mismos partidos políticos los que van a competir en el 2006 que los que compitieron anteriormente. El número de partidos políticos hace que la hoja tenga mayores o menores espacios; el diseño de las actas, por ejemplo, puede variar, facilitando cierto tipo de trabajos. La tecnología de impresión puede ayudarnos a dar espacios más amplios, justamente a cuestiones como lo que se mencionaba anteriormente, de los recuadros que se tienen que llenar, en el caso de candidatos no registrados. En ese caso, sí quisiera mencionar que la ley establece que hay que separar los votos para los candidatos no registrados y también establece la ley que debe haber, en la papelería, un formato para que se apunten las candidaturas no registradas.

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... un formato para que se apunten las candidaturas no registradas, eso está en la ley, no nos toca a nosotros hacer un cambio de ese tamaño, en la ley no lo podemos mover. Sin embargo, sí hay que estudiar con cuidado el alcance de la sentencia del Tribunal Electoral sobre el caso de Veracruz, porque, dentro de lo que recuerdo de su lectura, se mencionaba la contundencia de que los partidos políticos son los que tienen el privilegio, partidos o comisiones, el privilegio de registrar candidatos y que, aunque se separan los votos por candidatos no registrados, no pueden ser contabilizados dentro de los promedios nacionales y acaban siendo anulados. Ese es el principio que se establece del Tribunal Electoral para el caso de Veracruz, pero por otra parte, esa es la forma como hemos estado trabajando en las elecciones federales; la gran diferencia, en el caso de Veracruz, es que no ha habido un candidato no registrado que haya ganado, pero ya hay un precedente al respecto. Las Comisiones Unidas de Organización Electoral y Capacitación Electoral llevan ya cuatro meses trabajando juntas justamente para empezar a engarzar el tipo de decisiones que tenemos que tomar conjuntamente para el proceso electoral. De esto, sin duda, implica con mucha claridad ir trabajando paralelamente, este ejercicio no es nuevo, en elecciones anteriores las comisiones de Organización y de Capacitación trabajan juntas, porque justamente, es cierto lo que dice el representante del PRD, cualquier cambio en los instrumentos o en los materiales electorales implican un cambio en la capacitación, y eso ya están trabajando juntos los dos directores, tanto de Organización como de Capacitación, lo saben, hemos tenido reuniones conjuntas para ir previendo este tipo de situaciones, y eso es lo que conforma el plan. Quizá la forma más acabada del plan lo vamos a tener en unos meses cuando hablemos del plan integral del proceso electoral 2005-2006, pero de hecho, ahí se podrá ver que ya podremos trabajar juntos en este esfuerzo común. El error del elector a la hora de votar, es una conclusión importante que nuestro estudio lo deja de una manera muy fría, se anuló el voto porque se, o tacharon dos recuadros o, en otro caso, a la hora de tachar unos se invadieron otros; están contabilizados los casos, eso nos permite ver qué tan grave es la situación y desde luego apuntar elementos muy claros para que el elector no cometa estos errores, nada más en la capacitación, sino en las tareas de educación cívica. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. A mí me parece muy pertinente la reflexión que nos hacen los representantes de Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática, porque efectivamente la mejora de la documentación electoral es un elemento central para reducir el error que se da de manera natural y que aunque los números son bastante positivos en el error que se comete creo que se pueden disminuir aún más.

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En materia de capacitación electoral se ha hecho un esfuerzo muy importante porque en ésta se lleva a cabo de manera que tomen consideración las diferencias socioeducativas de la población y me parece que en el tema de la documentación tenemos que ir de la misma manera. Yo quisiera retomar lo que proponen los representantes que han hecho uso de la palabra, y asumir un compromiso en el Consejo General para que la Junta General Ejecutiva pueda presentarle a la Comisión de Organización Electoral, un estudio y una propuesta en materia del diseño, que además es un tema que ya se ha discutido en la Comisión, no es una discusión nueva pero me parece que esto tiene que quedar plasmado, como comentó el Consejero Electoral Arturo Sánchez, en el Programa Integral del Proceso Electoral Federal, que tendrá que ser aprobado en el primer semestre de este año. Yo sugeriría que se asumiera como un compromiso, que la Junta General Ejecutiva represente a la Comisión de Organización Electoral para que ésta lo supervise, lo discuta y se proceda a lo conducente. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Dos cosas y muy brevemente para poder redondear este tipo de trabajos. Yo pienso que la información que se tiene aquí, las bases de datos que se tienen aquí no nada más son de utilidad para las autoridades electorales, en la medida en la que nos permiten perfeccionar nuestras actividades para el 2006. Yo pienso que también es de mucha utilidad para los propios partidos políticos, para los ciudadanos, los estudiosos, los académicos que, insisto, por primera vez cuentan con datos duros de lo que pasa en una casilla. En ese sentido, como se reporta en los estudios, hay un acuerdo, perdón, no en los estudios, en mi discurso, en una parte que ya no me dio tiempo de leer, yo estaba tratando de comunicar que hemos pedido a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto, que preparen las bases de datos para ponerlas a disposición de los interesados y que se puedan hacer los trabajos correspondientes. Justamente en este caso, por ejemplo, ya viendo detalles, nos damos cuenta que en promedio hay entre siete y ocho votos nulos...

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Viendo detalles, nos damos cuenta que en promedio hay entre siete y ocho votos nulos por casilla, en promedio. ¿Pero en dónde se concentran más y en dónde se concentran menos? Es importante, justamente para delinear no nada más las actividades de capacitación nuestras, sino también qué esfuerzos tienen que hacer los partidos políticos y cómo se comporta la ciudadanía en diferentes regiones del país, y cómo evitar este tipo de casos. En ese sentido yo le doy la bienvenida a la propuesta que hace el Consejero Presidente, de que en la parte integradora del Plan Electoral de 2005-2006 la Junta General Ejecutiva pueda trasladar a las comisiones correspondientes sus propuestas, que serán analizadas, para que después sean incorporadas en los modelos que eventualmente revisará este Consejo General. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Senador Jorge Zermeño. El C. Consejero Jorge Zermeño: Gracias, Presidente. Muy breve, creo que es una parte fundamental el día de la jornada electoral, la manera en la que se contabilizan los votos y la forma en la que se anulan muchas veces por falta de una adecuada información, y capacitación. Cuando se habla de una marca que se coloca en un recuadro, y muchas veces el ciudadano pone una cruz, pone una palomita, pone un punto o la hace muy grande, y esto genera, a veces, discusiones estériles en las propias gentes que integran las casillas, y se anulan votos que no debieran anularse, porque la voluntad del elector evidentemente era votar por determinado partido político; pero a veces criterios muy estrechos o falta de información, hace que se anulen votos precisamente porque no hay una información adecuada. Yo creo que en este análisis que se hace de manera muy importante, nos permitiría ver cuántos de estos votos anulados, verdaderamente eran votos nulos o simplemente es algún capricho. Yo creo que sí tenemos que ponernos de acuerdo en que si un voto puede anularse porque tiene alguna leyenda o no, esto no lo dice la ley, a veces también el ciudadano pone por ahí algún mensaje, pero vota por alguien, y el criterio que se ha venido utilizando es que se anulen estos votos. Creo que son cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, y me parece que parte de los conflictos, que se dan muchas veces en las casillas, están por falta de información. De tal manera que yo me uno a esto, que se haga un diseño adecuado, pero sobre todo una información muy clara por parte del Instituto Federal Electoral, al momento de capacitar y que los partidos políticos nos hagamos corresponsables en la capacitación de nuestros representantes para facilitar la voluntad del elector, y evitar que haya todas 27


estas confusiones, y en el llenado de las actas que se confundan votos nulos con boletas sobrantes, etcétera. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban las modificaciones al presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2005 y se establecen las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. El artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, dispone que este Instituto deberá tomar medidas para racionar el gasto destinado a las actividades administrativas, sin menoscabo de las tareas sustantivas de la institución. Ustedes recuerdan, en la más reciente sesión del Consejo se presentó el diagnóstico y propuestas para incrementar los niveles de productividad institucionales, que es un mapa de referencia, con medidas muy estrechamente vinculadas a los esfuerzos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a que se refiere el presente Acuerdo. Este Acuerdo también es una reafirmación de nuestro compromiso para continuar con la modernización de la gestión administrativa del IFE bajo criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia, reitero, los objetivos son asegurar el logro de los objetivos institucionales del IFE, y segundo, atender las demandas de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. El presente Acuerdo contiene…

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…atender las demandas de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. El presente Acuerdo contiene responsabilidades claramente delimitadas en lo que corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Contraloría Interna. De tal suerte que toda la institución, desde oficinas centrales hasta las juntas locales y distritales cumplamos y hagamos cumplir este Acuerdo que incluye 28 acciones concretas de racionalidad y austeridad presupuestaria, de observancia general y obligatoria que abarca, desde la producción de fotocopias, pasando por gastos en telefonía convencional y celular y parque vehicular, hasta arrendamientos de bienes inmuebles y construcción de obra pública. Por lo que toca a la vigilancia del presente Acuerdo, se establece, primero, la obligatoriedad de la Junta General Ejecutiva de informar trimestralmente a este Consejo General de su cumplimiento. Segundo. La obligación de la Secretaría Ejecutiva de informar del avance de las acciones del diagnóstico y propuestas para incrementar los niveles de productividad institucionales aprobados en nuestra última sesión. Tercero. La obligación de la Dirección Ejecutiva de Administración de someter a la Junta General Ejecutiva, a más tardar el próximo mes, los Lineamientos Generales para el ejercicio presupuestal en el estricto marco de austeridad y disciplina presupuestal. Concluyo reiterando nuestro compromiso: emprender una modernización de la gestión administrativa del IFE bajo criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia como un medio idóneo para el fortalecimiento y consolidación institucional. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría del Consejo que tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban las modificaciones al presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2005 y se establecen las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría del Consejo proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la presentación de los Informes Anuales que las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes están a su consideración los informes mencionados. Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el año 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes están a su consideración los programas de trabajos mencionados. Le pido a la Secretaría del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el año 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, se refiere a los Dictámenes de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y aplicación del financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, mismo que se compone de cuatro apartados. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, pregunto a la mesa si se desea apartar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Gracias, Consejero Presidente, el apartado 11.1, por favor.

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El C. Presidente: Si no hubiese ninguna otra reserva, le pido a la Secretaría del Consejo tome la votación de las quejas que no han sido reservadas. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y aplicación del financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

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…interpuesta sobre el origen y aplicación del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, señaladas puntualmente como los apartados números 11.2, 11.3 y 11.4. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido ahora a la Secretaria del Consejo, dé lugar a la discusión de la queja que ha sido reservada para su elaboración. La C. Secretaria: El apartado 11.1 del orden del día, es el relativo al Dictamen y Proyecto de Resolución respecto a la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, sobre el origen y la aplicación del financiamiento del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificada con el número de expediente QCFRPAP 53/03 PRI vs. PAN. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Gracias, Consejero Presidente. Para solicitarle a los señores consejeros que esta queja que se somete a consideración sea devuelta, porque la misma no es exhaustiva y además tiene una serie de deficiencias que precisamente apoyan la solicitud que hacemos como partido político, a razón de lo siguiente: Se considera, dentro del Proyecto de Resolución, determinar que la imagen del ciudadano Vicente Fox Quesada no constituye en sí misma una violación a la legislación electoral federal, dice: ya que no se encuentran prohibidas por ésta. De alguna manera el sustento y las consideraciones de esta queja resultan endebles, porque han sido bastos los criterios que ha tomado la Comisión de Fiscalización en diversos asuntos, precisamente en los que apoyados, incluso, en notas periodísticas, se ha determinado sancionar a los partidos políticos. Es el caso que al presentar nosotros en 2003, durante el Proceso Electoral Federal de 2003 la queja correspondiente a una serie de violaciones a la legislación electoral, que así las consideramos nosotros, se hacían valer dentro de ellas la aportación en especie que se estaba haciendo por parte de la Comunicación Social de la Presidencia de la República a el Partido Acción Nacional. Y ello lo vinculábamos precisamente con la utilización de la imagen del ciudadano Vicente Fox Quesada con una serie de slogan y de aspectos que dentro de los promocionales podíamos apreciar, había una relación perfectamente demostrada, eran 32


precisamente la utilización de palabras como “quítale el freno al cambio”, la utilización de la imagen del Presidente de la República, que era similar, muy similar o casi igual a la que utilizaba el Partido Acción Nacional en ese momento. Las consideraciones fueron expuestas debidamente dentro de la queja, en ella, incluso, se aportaron una serie de elementos, por lo menos, indiciarios y era ahí donde la autoridad debía de haber recabado el resto de los elementos, como han sido los criterios del Tribunal, para determinar si efectivamente se estaba violentando o no la norma electoral. Fue el caso precisamente que dentro de la exposición de los hechos y algunas consideraciones de derecho, se expresó a la autoridad electoral que el señor Carlos Medina Plascencia, responsable de la estrategia electoral de 2003 por parte del Partido Acción Nacional, había hecho una serie de declaraciones en las cuales sustentaba que tenían como principal valor a Vicente Fox y que era el principal activo en Acción Nacional y que ese activo lo iban a utilizar, precisamente en cuanto a imagen. El propio señor Carlos Medina Plascencia, estableció que dentro de la estrategia electoral del PAN se señalaba la utilización de la figura del señor Vicente Fox para atrapar votos en la próxima jornada electoral federal del 6 de julio, y reconoció que el propio titular del Ejecutivo se encontraba en campaña al manifestar que, a los panistas les simpatiza mucho la idea de que Fox deje Los Pinos y salga a la calle para acercarse a la gente y aseveró que el Presidente de la República, una vez más, es el principal activo del Partido Acción Nacional. Cuando nosotros expusimos precisamente esos hechos a la autoridad electoral, con una serie de indicios que debía llevar a cabo, excitar, pues a la autoridad…

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...esos hechos a la autoridad electoral, con una serie de indicios que debía llevar a cabo, excitar pues, a la autoridad, para llevar a cabo las facultades de requerimiento de una serie de elementos probatorios adicionales, lo que vemos en el Proyecto de Resolución es que simplemente no lo hicieron; simplemente se fueron a lo fácil, a la salida fácil, y la salida fácil fue simplemente decir que según el criterio de la Comisión de Fiscalización, en la legislación electoral federal no se encuentra prohibida la utilización de la imagen, en este caso, de un servidor público. Y dice, además, temerariamente que no existen, según esto, normas o principios incluso de carácter jurisprudencial que los lleven a desprender alguna prohibición para la utilización de la imagen del ciudadano Vicente Fox Quesada, lo cual resulta verdaderamente falso, porque existen muchos criterios en relación a la utilización o la intervención de autoridades o servidores públicos en procesos electorales. Y uno de ellos, precisamente, y se citó dentro de la exposición de la queja, fue la relativa al caso de Ciudad Juárez, donde es el precedente identificado con el SUP-JRC487/2000, donde se establece que la utilización a la intervención de servidores públicos dentro de promocionales sí afecta principios sustantivos del proceso electoral; principios de certeza, de imparcialidad, dado que, precisa la autoridad, debe tener una neutralidad dentro de los procesos electorales. En consecuencia, la determinación de la Comisión de Fiscalización pues no está, en principio, apegada a derecho y recuerdo aquí una serie de criterios que se han citado una y otra vez, en diversos casos, en diversos asuntos y que, bueno, se repiten, como es el caso de la teoría del velo develado o la teoría del partido garante, donde se supone que los ciudadanos, militantes o no; militantes o no, así dice la teoría del partido garante, pueden realizar una serie de actividades que, a su vez, beneficien a los partidos políticos y que ese beneficio indebido debe de ser estudiado por las autoridades cuando, efectivamente, al ser realizadas, supuestamente dentro de lo lícito, pueden ser conductas que verdaderamente esconden una ilicitud, y el propio criterio incluso ustedes lo citan en el precedente. Entonces, lo cierto es que este Proyecto de Resolución pues no está debidamente fundado, no está debidamente motivado, no hay exhaustividad en el mismo; la autoridad no desplegó ni un solo requerimiento, de acuerdo a los hechos que expusimos y a las pruebas que aportamos, es decir, simplemente lo que nosotros apreciamos, como Partido, es que la autoridad quiso salirse del asunto quizá por facilidad del asunto, vamos, por no quererle entrar, se le hizo sencillo que más vale desecharlo y mandar el asunto al Instituto Electoral del Estado de México, por considerar que hay una temporalidad en cuanto a la aportación en especie de recursos. Yo recuerdo que el artículo correspondiente del Código Electoral vigente, no establece temporalidad en cuanto a la aportación en dinero o en especie; ya sea por sí o por interpósita persona, de los poderes federales. No hay temporalidad, vamos; sin 34


embargo, se sujetan, dentro de la Resolución, una serie de consideraciones que hay una temporalidad y que, en este caso, bueno, afectaba el proceso electoral del Estado de México, entonces hay que remitir el asunto a esa entidad, para que resuelva la autoridad electoral. Además que dicen que por tratarse, quizá, de financiamiento que afectaba, pues, al proceso electoral del Estado de México, pues no son competentes para conocerlo, circunstancia otra vez que resulta errónea, porque los propios precedentes que se citan dentro de la Resolución, establecen que sin perjuicio, así lo dicen, sin perjuicio de que puedan encontrarse aspectos que sí competan al ámbito federal, el Instituto Federal Electoral puede entrar a conocerlos, y en consecuencia, a sancionarlos, circunstancia que no vemos aquí. Le falta exhaustividad a esta queja, está mal planteada; los considerandos no son los adecuados, y obviamente, resulta endeble toda su argumentación, por lo que solicito que se devuelva este proyecto, se realice, como en otros casos sí se ha realizado, y se despliegue las facultades de la autoridad para requerir o acercarse elementos que puedan, de alguna manera, definir si se están constituyendo o no las infracciones a la norma.

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INICIA 17A PARTE

... que puedan de alguna manera definir si se están constituyendo o no las infracciones a la norma. En ese sentido, señor Consejero Presidente, señores consejeros, solicito atentamente y respetuosamente que consideren la devolución de ésta misma, porque no es congruente con los criterios que la propia Comisión de Fiscalización ha llevado a cabo en otros asuntos. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Gracias. Buenas tardes. La queja que se presenta hoy deriva de una queja que originalmente fue presentada el 6 de marzo de 2003, por don Rafael Ortíz, esta queja fue resuelta como queja genérica el 22 de agosto de 2003, y se dio vista a la Comisión de Fiscalización. De parte de la queja genérica fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional y resuelta el 30 de septiembre de 2003, se devolvió al Consejo General, y la Junta se encuentra ahora substanciando, y ciertamente muchos de los argumentos expresados por el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, están siendo objeto de análisis en esta parte. En la parte que corresponde a Fiscalización, la Resolución que se somete a este Consejo General, efectivamente propone desecharla y de acuerdo al criterio de la Comisión no se encontraron indicios que hagan suponer la presunta aportación en dinero o en especie a la campaña de los candidatos federales del PAN. Desde nuestro concepto resulta competente para conocer los hechos relacionados, no resulta competente la Comisión para conocer los hechos relacionados con campañas municipales. Hay que recordar que, efectivamente, como señalaba el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, estos hechos se dan en el contexto de las campañas para presidencias municipales en el Estado de México, y por ello se da vista a la autoridad local. Por otro lado, y como se señala en la página 90 del Dictamen, se aclara que este desechamiento no prejuzga sobre el fondo del asunto, por lo que al promovente se le dejan a salvos sus derechos para hacerlos valer en algún momento posterior. Si del análisis que realice la Junta se desprenden nuevos elementos relacionados con las aportaciones de recursos federales, la autoridad desde luego podría iniciar de oficio un nuevo procedimiento en materia de Fiscalización, o el promovente podría interponer una nueva queja en la materia. Por eso los derechos del Partido Revolucionario Institucional en su carácter de promovente quedan a salvo. Muchas gracias. 36


El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Muchas gracias, Consejero Presidente. Manifiesto mi descenso en función de lo sostenido por el Consejero Andrés Albo, yo creo que sí se aportaron una serie de elementos, al menos como se reconoce en el Proyecto de Resolución y en el Dictamen, indiciarios, que de alguna manera daban soporte a la autoridad para requerir a la serie de autoridades federales precisamente de elementos que pudieran, yo creo, sustentar con más firmeza o más solidez con este Dictamen. Circunstancia que si esto hubiese sucedido, pues francamente compartiría el criterio. El problema, señor Consejero y Presidente de la Comisión, es que no se realizó absolutamente nada, yo no sé cómo llegaron a esta determinación sin haber, por lo menos, intentando requerimiento alguno, francamente no veo la solidez de una argumentación como la que se sostiene cuando la autoridad no desplegó sus facultades tal y como las tiene reconocidas en diversas sentencias, que usted las ha de conocer muy bien, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. De tal forma que existen, obviamente, los elementos, reitero, mínimos para haber llevado a cabo los requerimientos a la autoridad o a las autoridades que de alguna manera estaban denunciadas precisamente en nuestra queja; de tal suerte que no veo, vuelvo a repetir, solidez alguna en esa argumentación, las consideraciones se me hacen realmente pobres, ustedes determinan en algunas cuantas cuartillas, quizá cuatro o cinco, o menos, su consideración de desechamiento, francamente no es exhaustiva, no está fundada y no está motivada...

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…francamente no es exhaustiva, no está fundada y no está motivada en nuestra percepción. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, muchas gracias. Para manifestar una percepción contraria a la del representante del PRI, Iván Jaimes, en relación con la fundamentación y motivación de la Resolución que aquí estamos tomando. Creo que es importante ir centrando cuáles son las litis principales de este asunto. Todo deriva de una queja, de una queja administrativa en la cual se dieron a conocer varios agravios. La participación del Presidente Vicente Fox hablando, utilizando el mismo lema, del lema que ya utilizaba el Partido Acción Nacional, pero hay que decirlo, fuera del periodo de campaña federal, pero dentro del proceso electoral. Fue uno de los agravios. Otro, una cuestión de spots adelantados. Eso está tratándose en la Junta General Ejecutiva, y la tercera, actitudes de la señora Martha Sahagún, en el presunto uso de un local público en apoyo al Partido Acción Nacional, durante el periodo de campaña en el Estado de México. En resumen, esas fueron las tres cuestiones que se presentaron en la queja genérica, y de la queja genérica-administrativa se resolvieron varias cuestiones que en este momento son criterios. En el asunto del Presidente Fox se dijo: Bueno, no hay problema de que se utilice la imagen del Presidente. Lo dijo el Consejo anterior. El Consejo anterior también dijo: Bueno, si utiliza el Presidente el mismo lema que el Partido tampoco hay problema. Eso también lo dijo el Consejo anterior. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre ese fondo porque no estamos en una queja administrativa, por eso no podemos pronunciarnos sobre ese fondo, ni tampoco lo podemos tomar en la Comisión de Fiscalización cuando ya se resolvió que eso no es materia de discusión. Entonces la Comisión de Fiscalización sólo centra aquel asunto que no está en la Junta General Ejecutiva y que no está resuelto: ¿Cuál es? El de Martha Sahagún, siendo el de Martha Sahagún, un asunto que se utiliza en la campaña electoral del Estado de México, es la razón por la cual nosotros procedemos a desechar. ¿Por qué desecha la autoridad federal? Porque hay jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación muy clara que dice, que cuando se trata de 38


procesos electorales locales, es la autoridad electoral local la que debe resolver, y esa es la razón principal por la cual estamos nosotros desechando para efectos federales, pero eso no quiere decir que el derecho del partido político quede en este momento terminado. El derecho permanece, y el derecho lo tienen que ejercer ante la autoridad electoral del Estado de México, si ustedes pueden argumentar y fundamentar que en efecto las actitudes de la señora Martha Sahagún son apoyos gubernamentales en una campaña electoral local. Por esa razón es que se desecha en lo federal, pero se mantiene su derecho vivo a efectos de nivel local, y por eso se remite a la autoridad electoral del Estado de México. Por lo tanto, a nuestro juicio, está fundado y está motivado el Proyecto de Resolución que se está presentando en la mesa. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Aclarada la confusión al representante del PRI, yo sólo quisiera espesar algo que ya hemos expresado en esta mesa en ocasiones anteriores, y es el derecho a la libertad de expresión que cualquier ciudadano, incluyendo al Presidente de la República tiene a expresar los dichos, las frases, las palabras que él considere pertinentes como cualquier ciudadano, como cualquier representante de partido político, como cualquier Consejero Electoral, como cualquier ciudadano en general, para acabar pronto. Y si al representante del Partido Revolucionario Institucional le molesta que el Partido Acción Nacional utilice o se haga cargo de que el Presidente de la República es del Partido Acción Nacional, y que para el Partido Acción Nacional es un militante distinguido y una figura distinguida del Partido Acción Nacional, nosotros no tendríamos problema en que el PRI haga uso de las figuras y sus militantes distinguidos. No tendríamos problema en que en sus spots, en sus debates, en sus discusiones frente a otros partidos utilizara la imagen de Carlos Salinas o de Luis Echeverría o de José López Portillo, no tendríamos problema. No vendríamos a quejarnos aquí de desviación de recursos públicos. Yo creo que ellos están perfectamente en el derecho de utilizar a sus figuras, como lo puede hacer Acción Nacional, como lo puede hacer el Partido de la Revolución Democrática o Convergencia o el Partido Verde. Creo que estamos en nuestro derecho, en uso de nuestra libertad de expresión. Así lo ha determinado este propio Consejo General y el Tribunal Electoral en otras ocasiones. Es lo que tenía que decir, Consejero. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. 39


El C. Erik Iván Jaimes: Gracias. Muchas gracias, Consejero Presidente. No, yo creo que no me molesta que el PAN utilice la imagen del señor ciudadano Vicente Fox, al contrario, los compadezco porque creo que lejos de ayudar le resta adeptos. Por lo que respecta…

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…compadezco, porque creo que lejos de ayudar le resta adeptos. Por lo que respecta a la parte jurídica, a la argumentación que sustenta con el Consejero Electoral Virgilio Andrade, quiero decirle, señor, con todo respeto, que la queja efectivamente establecía diversos hechos que consideramos constitutivos de alguna infracción a la norma electoral. Y precisamente uno de ellos tenía que ver con la aportación en especie y que se configuraba por la utilización de la imagen del ciudadano Vicente Fox, aunada y reconocida por los propios estrategas electorales del Partido Acción Nacional, con las que estaba difundiendo Acción Nacional. Y usted señala que, bueno insiste, parece ser en la temporalidad, parecer ser que así lo interpreto yo, del artículo 49, párrafo 2, no veo que la limitación a recibir aportaciones en especie se limita a una temporalidad, y el rubro, lo leo para no perdernos, señor Consejero Electoral Virgilio Andrade, dice: no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, no podrán. Yo no veo ningún, que este artículo, esta hipótesis se constriña a una temporalidad. Es decir, en cualquier caso se permite, pero además déjeme decirle que el Proyecto de Resolución y para que no se pierda mucho, en la página 84 precisamente se cita la tesis del Tribunal Electoral en la cual usted sustenta que este asunto debía de remitirse al ámbito estatal del Estado de México. Sin embargo, parece ser que no ha leído el contexto de la misma porque la propia tesis señala en un párrafo, y lo digo por cuestión de tiempo, sin perjuicio de la posibilidad de que determinada conducta pudiera generar, a la vez, supuestos legales constitutivos de ciertas infracciones previstas en las leyes federales y de otras contempladas en las leyes locales. Es decir, se da la posibilidad de que el IFE atienda a conductas que en el ámbito federal pudieran, sí, de alguna manera demostrarse que han sido violadas y otras, obviamente, la reserva y la salvaguarda para el ámbito local, y esa misma tesis es la que usted está sustentando pero con esta salvedad. De suerte tal que la autoridad sí tenía las facultades y sí tenía obviamente la competencia para determinar si se estaba violentando o no el artículo 49, párrafo 2, del COFIPE. Gracias. El C. Presidente: Muchas. Gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade.

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El C. Maestro Virgilio Andrade: Si habláramos de temporalidad le concedería la razón al representante del PRI, pero aquí no sólo es un asunto de temporalidad, es un asunto de materia. El pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó que el uso y la imagen presidencial y el pronunciamiento de iguales frases respecto de un partido político no constituían aportaciones en materia de fiscalización, y derivado de que esto continúa del asunto anterior y al no poder juzgar dos veces, no entramos a esa materia, simplemente tomamos el criterio que el Consejo General pasado estableció frente a estos elementos. Claro, esto querra decir que a lo mejor esto se puede reproducir en otros ámbitos de la vida nacional, desde luego, cuando no sea un tiempo de campaña, eso es cierto, sin embargo ese asunto lo tenemos que ir resolviendo en el tiempo y me parece que queda muy claro que no es un asunto de temporalidad sino de materia. Si fuera un asunto de temporalidad, entonces le daría la razón al representante del PRI, en el sentido de que fue mal leída la jurisprudencia. Pero al no ser así, entonces reitero que está suficientemente fundado y motivado por lo que respecta a la materia específica que aquí estamos abordando. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Unicamente reiterar que la Junta General Ejecutiva se encuentra investigando el asunto por posibles infracciones de materia genérica que ha sido básicamente la argumentación que se ha dado en este Consejo General. Si de dicha investigación se encontraran que efectivamente exigen aportaciones federales, la Comisión no tendría inconveniente en volver al asunto. Quisiera recordar, por otro lado, que las quejas seis y siete de 2004 en el estado de Veracruz fueron también desechadas por este mismo Consejo General, adoptando el criterio que se está señalando en esta Resolución y reconociendo que el espacio temporal de los procesos electorales locales y por…

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Inicia 20ª. Parte

…que el espacio temporal de los procesos electorales locales y por eso se está dando vista al Instituto Electoral del Estado de México. La razón por las cuales no se hacen diligencias es precisamente porque se está desechando el expediente, y la exhaustividad está en función de reconocer la competencia propia del Instituto en la materia, y el hecho de que la Junta General Ejecutiva ya resolvió respecto de los otros asuntos y enviando al Instituto Electoral el expediente para verificar que las violaciones se den o no en el ámbito estatal. Muchas gracias. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución respecto a la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, sobre el origen y la aplicación del financiamiento del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificada con el número de expediente QCFRPAP 53/03 PRI vs. PAN. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para la publicación de las resoluciones aprobadas en los estrados del Instituto, y le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, se refiere a los Dictámenes de la Junta General Ejecutiva y Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera, constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se compone de 15 apartados. El C. Presidente: Pregunto a la mesa de este Consejo General, si se desea reservar alguno de los apartados del orden del día, para una discusión en lo particular. El apartado 12.1. Si no hubiese otra reserva solicitada, le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación del resto de los apartados del orden del día. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera, constituyen 43


infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalados puntualmente como los apartados número del 12.2 al 12.15 del orden de día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Ahora le pido a la Secretaría del Consejo General, que pasemos a la discusión del apartado 12.1 del orden del día. La C. Secretaria: El apartado 12.1 del orden del día, es el relativo al Dictamen de la Junta General Ejecutiva y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-088/2003, identificado con el número de expediente JGE/QPRD/JD05/MICH/116/2003. El C. Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución mencionado. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. No voy a entrar desde luego al fondo de esta queja, dado que ya se ha sido materia de discusión de este Consejo General e incluso del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, simplemente hago referencia a una discusión que hace poco más de un año, el 29 de enero del año pasado, tuvimos en este mismo Consejo General y curiosamente con una queja que en el fondo tenía que ver exactamente con la materia que aquí se está sancionando a Acción Nacional. En aquella ocasión este Consejo General determinó desechar el concepto de reincidencia en la queja que se presentaba en un distrito del Estado de México, en Cuautitlán, en el Estado de México. Sin embargo, vemos con sorpresa que un año después, este Consejo General vuelve a utilizar el mismo concepto de reincidencia fundándose justamente en una determinación del Consejo General de 1999, del estado de Tlaxcala, que en aquella ocasión, hace un año, el 29 de enero del año pasado…

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Inicia 21ª. Parte

...del estado de Tlaxcala, que en aquella ocasión, hace un año, el 29 de enero del año pasado, justamente se desechaba precisamente por no considerar que la queja que en aquella ocasión resolvió el Consejo General, era reincidencia para el Partido Acción Nacional. Hubo una discusión en la que incluso el Consejero Presidente solicitó a la Comisión, generar los criterios necesarios para determinar qué era la reincidencia en aquella ocasión. Hoy, un año después, vemos que esos criterios no se han determinado y que se vuelve a sancionar al Partido Acción Nacional con un criterio de reincidencia que, a nuestro juicio, no corresponde. No corresponde, porque como en aquella ocasión se dijo en la discusión por varios consejeros electorales, por el Consejero del Poder Legislativo, el Senador Jorge Zermeño, no corresponde a una misma campaña, no corresponde a un mismo sujeto, no corresponde en un mismo momento, ni en una misma circunstancia. Por esa razón, el Consejo General desechó la reincidencia en aquella queja, después, el Tribunal Electoral confirmó el desechamiento de la reincidencia, también desechó el fondo del asunto y decidió absolver al Partido Acción Nacional. En este caso, es evidente que ya el fondo ha sido resuelto por este Consejo General y por el propio Tribunal. Aquí, simplemente estamos hablando de la imposición de la sanción y del criterio de reincidencia que, a juicio del Partido Acción Nacional, está siendo aplicada excesiva e incorrectamente en esta queja que se está resolviendo en estos momentos por el Consejo General. Por ello, yo solicitaría al Consejo General que revisara este criterio de reincidencia, devolviera la queja e impusiera la sanción que correspondiera, evidentemente sin este concepto de reincidencia que, insisto, a nuestro juicio, nada tiene que ver con lo hecho en 1999 por un candidato del PAN en el estado de Tlaxcala, que nada corresponde con un candidato del PAN en el año 2003 en el estado de Michoacán. Esa es la intervención que yo quería poner a consideración de ustedes y que, insisto, pudieran revalorar el concepto de la reincidencia que ustedes mismos decidieron revalorar hace exactamente un año. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí. Me parece que estamos frente a un asunto interesante, a un asunto que tiene complejidad, y a un asunto en el cual estamos abordando el tema específico de la individualización de una sanción, y la individualización de la sanción tiene que ver, además del asunto de la reincidencia, con otro tipo de situaciones, como son las circunstancias, la gravedad de la falta, los efectos 45


posiblemente causados por la propia comisión de la falta; las circunstancias de modo, tiempo, lugar, en el cual se llevan a cabo, y finalmente, el asunto relacionado con la reincidencia. Entonces, el primer argumento que quisiera esbozar aquí es que el tratamiento de la sanción no nada más tiene que ver con el asunto de la reincidencia, sino también tiene que ver con el conjunto de circunstancias que, en este momento en lo personal, he mencionado. En el asunto específico de la reincidencia, en efecto, el año pasado, en una votación dividida, el Consejo General del Instituto Federal Electoral decidió, efectivamente, desechar tal criterio en una aqueja relacionada efectivamente con lo que ya mencionó el representante del PAN, Rogelio Carbajal. Sin embargo, hay que establecer un asunto fundamental de principio. La reincidencia es un asunto que se vincula, en los casos electorales, con las faltas cometidas por partidos políticos, no específicamente por individuos, y en ese sentido, consideramos que el criterio es importante para poder manifestar que los partidos políticos deben abstenerse en las campañas electorales, del uso de expresiones y alusiones de carácter religioso. También la importancia del valor jurídico tutelado aquí, nosotros nos estamos haciendo cargo de ella, en virtud de que hay principios constitucionales que defienden con claridad la separación de la iglesia y del Estado. Por esa razón, además del asunto de la reincidencia, tenemos otros factores que se están tomando en cuenta para establecer la gravedad de la sanción que en esta queja se hace alusión. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, el Senador Jorge Zermeño. El C. Consejero Jorge Zermeño: Bueno, yo creo que volvemos a la discusión sobre este asunto de la reincidencia. Señalar que un partido político reincide en este tipo de conductas cuando se trata de circunstancias totalmente diferentes, de elecciones distintas, de personas distintas, de lugares diferentes, me parece que es un exceso de este Consejo estar hablando de reincidencia. Esta elección fue anulada al igual que la de un distrito de Torreón...

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INICIA 22A PARTE

... esta elección fue anulada al igual que la de un distrito de Torreón, precisamente por estas y por otras razones, pero fundamentalmente por esta utilización de expresiones de tipo religioso. Ya se había sancionado, creo que es una de las mayores sanciones que pueden aplicársele a un candidato triunfador, que precisamente se le anule el resultado y tenga que competir nuevamente. Si en esta segunda elección hubiese vuelto a utilizar nuevamente símbolos religiosos, pues estaríamos hablando, ahí sí, de reincidencia, pero no es el caso, me parece que debería revisarse este criterio, porque si el mismo candidato a quien se le anula la elección, y vuelve a competir, reincide en la misma conducta por la cual fue sancionado, cabrían perfectamente estas circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, de un Partido y de un candidato que reincide en las mismas conductas. Pero si vamos a seguir este criterio, bueno, mi Partido resultará reincidente, u otros partidos resultarán reincidentes en otras conductas de otro tipo, pues simplemente si nos vamos al archivo de todas las ocasiones en que resultan sancionados por este Consejo, creo que me parece un exceso, si no clarificamos qué entendemos por reincidencia, todos los partidos políticos estarán bajo una circunstancia muy delicada en este Consejo cada vez que se les sancione por cualquier falta. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. El asunto, justamente, tiene que ver con el tema de la reincidencia, yo no me he referido a los demás conceptos que atienden a la individualización de la sanción, considero que uno de ellos y muy importante es el de la reincidencia, y la pregunta es si es reincidente una actitud que aquí se cita de 1999 con el año 2003, es exactamente el mismo ejemplo, la misma queja, la misma Resolución que hace exactamente un año se interponía en la Resolución que el Instituto Federal Electoral determinó el 29 de enero del año pasado. Y justamente, en esa discusión se determinó que no podía haber reincidencia por una queja, por una conducta sancionada en 1999 en un estado distinto, en una elección diversa a la que en aquella ocasión se estaba calificando. Y yo simplemente pido a este Consejo General que se ajuste al criterio que él mismo determinó, que ustedes mismos determinaron hace exactamente un año, que era diferenciar los casos de reincidencia, que era establecer los criterios concretos respecto de cómo se podía aplica la reincidencia, y casi las palabras que ha dicho el Consejero del Poder Legislativo, Jorge Zermeño, casi textualmente están expresadas hace un año.

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Y hace un año diversos consejeros, entre ellos recuerdo al Consejero Rodrigo Morales, el Consejero Presidente también, hablaban justamente de la diferenciación de estos criterios de reincidencia. Yo por eso, simplemente pido que se ajusten a lo que ustedes mismos votaron hace exactamente un año, y que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó en su sentencia sobre el tema de la reincidencia y sobre el fondo de la queja que hace un año resolvió el propio Tribunal. Eso es únicamente lo que pide el Partido Acción Nacional y que se quite este asunto de reincidencia porque, efectivamente no corresponde a la misma campaña, no son las mismas circunstancias, no es si quiera una campaña federal la de 1999. Entonces, creo que este asunto de la reincidencia va más allá, y como bien lo ha dicho el Senador Jorge Zermeño, todos los partidos vamos a ser reincidentes de todas conductas, porque en algún momento hemos sido sancionados por diferentes actos cometidos en campaña y en no campaña, y año con año se están resolviendo las quejas respecto de los partidos, pero sólo en estos casos se aplica este criterio de reincidencia que ustedes mismos, insisto, ya determinaron que era incorrecto y que era improcedente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias, Consejero Presidente. Yo creo que aquí es importante aclarar el lugar o el papel de la reincidencia en esta queja, a mí me parece que no nos estamos desdiciendo de hace un año respecto de la utilización de la reincidencia como mecanismo sancionador y la conveniencia de revisar, sí, como mecanismo sancionador. Aquí simplemente estamos citando un hecho ocurrido en Tlaxcala en el año de 1999, que consta en los archivos del Instituto, pero no lo estamos razonando o no está teniendo un peso para arribar al monto de la multa, es decir, no estamos ante los supuestos pasados donde una multa, si se ubicaba reincidencia se duplicaba el monto, no, aquí no está jugando en términos del mecanismo sancionador, simplemente se cita que en los archivos del Instituto tenemos constancia de un caso similar en el año 1999...

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Inicia 23ª. Parte

…similar en el año 1999. Entonces no comparto la presunta contradicción en la sentencia. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. Consejero Electoral Virgilio Andrade: Quisiera, en primer lugar, reiterar que el monto de la sanción no tiene únicamente que ver con el asunto de la reincidencia, sino también con el asunto de los valores jurídicos tutelados que están en juego en este caso. Pero si hablamos específicamente del asunto de la reincidencia, es conveniente aclarar que en términos de criterios, estamos hablando de que los supuestos para poder establecer la reincidencia como un criterio adicional para fijar la sanción, tiene que ver con conductas similares, no con conductas iguales. No tienen que ser exactamente los mismos sujetos en las mismas circunstancias. Y también debe establecerse que de acuerdo a criterios establecidos por el propio Tribunal Electoral el tiempo, la época, o el propio proceso electoral no son elementos que necesariamente supriman o proscriban el asunto relacionado con el criterio de la reincidencia. Hemos hecho, cierto, especial énfasis en el asunto relacionado con uso de imágenes y alusiones religiosas, porque este Consejo General considera que siendo valores constitucionales vinculados directamente con la conformación del Estado, es necesario procurar la protección correspondiente. Esas son las razones por las cuales nosotros estamos, en este caso, utilizando el criterio de reincidencia, sin que quiera decir que sea determinante para el monto de la sanción, sino la gravedad de la falta. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Sólo entonces es que yo he leído mal aquí el Proyecto de Resolución que se propone, porque cuando se habla de la individualización de la sanción, se dice que deben valorarse de forma conjunta diversas circunstancias, como son, como son, dos puntos y aparte. Hablan del modo, hablan del tiempo, hablan de la circunstancia y hablan de la reincidencia. Es decir, sí es un parámetro para la fijación de la sanción. Sí es un parámetro para la individualización de la sanción. Quizá no el preponderante, como dice el Consejero Virgilio Andrade, quizá no el determinante; pero sí está en el concepto de

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individualización de la sanción la reincidencia, y se hace referencia, insisto, a una queja, a una Resolución de este Consejo General del año de 1999 del estado de Tlaxcala. Por ello no creo que esto sea simplemente un punto de vista, con que sea un ángulo muy perdido ahí del asunto. No, creo que es un asunto determinante en la individualización de la sanción, que me parece debe ser retirado del Dictamen, y que en consecuencia, la propia sanción debe ser revalorada sin este criterio de reincidencia que, insisto, hace un año este Consejo General determinó retirar, porque precisamente consideró que un asunto de 1999 del estado de Tlaxcala nada tenía que ver con un asunto del año 2003 en el Estado de México. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Yo coincido con el Consejero Electoral Rodrigo Morales y con el Consejero Electoral Virgilio Andrade, en el sentido de que el objetivo cuando discutimos esta Resolución no era, y no hay contradicción con eliminar la reincidencia como un motivo, eliminarla. ¿Qué quiere decir? Que esa situación ya no sería tomada en cuenta. Lo que sí hicimos fue revalorar el peso que la reincidencia debiera tener en el proceso de individualización de la falta. Que creo que es lo que hicimos en este caso. Están considerando los factores de modo, tiempo y lugar; está considerada la reincidencia; está considerada también la gravedad o no gravedad de la falta; está considerada toda la historia y las circunstancias en las cuales se estableció esta sanción y llegamos a esta conclusión. Recuerdo que el criterio anterior, simple y sencillamente decía todo esto, y si además es reincidente la multa es por dos. Eso es lo que ya eliminamos. Eso sí ya no está dentro de nuestro criterio. Ya estamos reconsiderando en el conjunto de elementos. Sobre todo este aspecto vinculado con lo que decía el Consejero Electoral Virgilio Andrade, de los valores tutelares que se estarían violando en este caso. Como se dice en la misma Resolución, en el apartado del modo…

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Inicia 24ª. Parte

…de este caso, como se dice en la misma Resolución en el apartado del modo, se trata de uso de imágenes religiosas que tienen un impacto específico, se realizan durante la época de campaña en el lugar donde está la campaña, y bueno, eso constituye el punto nodal de nuestra argumentación, y además se ha cometido anteriormente, pero no con el peso que implicaría para darle una sanción. Gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Senador Jorge Zermeño. El C. Consejero Jorge Zermeño: Gracias, Presidente. A mí me parece que sí debemos de hacer una reflexión importante sobre esto, más allá de que afecte a mi Partido. Yo insisto en que cualquier falta, cualquier sanción que se aplique a cualquier partido político, pues es, cae bajo esta hipótesis de reincidencias más allá de ésta. Hubo dos elecciones, dos triunfos que tuvo el PAN en la elección federal y que fueron anulados por este Consejo: Torreón y Zamora. Ya la principal razón por la cual se anuló la elección en el distrito de Michoacán, éste de Zamora, fue precisamente porque se consideró la utilización de símbolos religiosos con la expresión de los spots en donde se mencionaba que esta persona era presidente de un patronato preconstrucción de un santuario. Cuando se habla de los valores jurídicos tutelados, a mí me parece que el valor de la libertad de expresión tiene que ponderarse en todo lo que cabe, pues una persona tiene un historial, tiene un conocimiento ante la comunidad, por muchas razones o por muchas cosas que haga de una manera o de otra. Pero no voy a entrar al fondo de la expresión religiosa por la cual se consideró anular la elección en ese distrito. Ya se sancionó al Partido Acción Nacional, ya se sancionó a esta persona, ya el fondo del asunto y la sanción más importante se aplicó a mi Partido. En una segunda elección no hay la misma queja de reincidencia, pero aquí nos dice que en los archivos de este Instituto existe una constancia de que el PAN es reincidente en la conducta irregular sancionada en este procedimiento. De veras yo les digo, más allá de esta relación, pues busquen en los archivos de todos los partidos políticos cualquier sanción que se aplique, todos somos reincidentes de todas. Creo que se debe revisar adecuadamente este criterio de reincidencia. Nosotros estaríamos de acuerdo si en la elección extraordinaria que se repitió en Zamora, con los mismos candidatos, este candidato de mi Partido hubiesen utilizado nuevamente estos símbolos religiosos por los cuales se anuló el distrito, quedaría perfectamente encuadrada una actitud reincidente, pero no lo que pasó tres o cuatro años antes.

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De veras, si no revisan esto, todos estamos bajo esa hipótesis en cualquier circunstancia que ustedes quieran sancionar, y de por sí las multas no son nada económicas para todos, agregarle un elemento más, pues francamente no creo que ayude mucho a una justa determinación como es ésta, geracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Un par de comentarios. El primero, relacionado con la lectura del representante del PAN. Me parece que al contrario, está leyendo de manera absolutamente correcta nuestro proyecto, porque evidentemente aquí la palabra global es fundamental, incluso él mismo lo ha aceptado, y entonces todos estos conjuntos de elementos vistos de manera global son los que nos permiten determinar el monto de la sanción. Y los comentarios del Senador Zermeño me parecen muy importantes. Primero, quisiera dejar en claro que nosotros no somos los que estamos sancionando por segunda vez, es el Tribunal Electoral que, derivado de una queja genérica, simplemente nos devuelve para fijar el monto de la sanción, confirmando la conducta. Entonces en ese sentido sí creo que es preciso que quede muy claro que no tenemos nosotros la pretensión de sancionar por doble ocasión. El asunto de la reincidencia vuelve a ser un tema importante, en relación con los sujetos que están obligados a respetar las conductas, y en el caso específico de las alusiones religiosas, como es todo el sistema electoral mexicano, por lo menos en el ámbito administrativo electoral, los responsables son los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, el sujeto que en este momento está obligado es el partido político en términos del artículo 38, párrafo 1, inciso q). El artículo 38 es muy claro, son obligaciones de los…

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…párrafo 1, inciso q), el artículo 38 es muy claro, son obligaciones de los partidos políticos nacionales. Finalmente, me parece interesante la hipótesis que el Consejero del Poder Legislativo nos pone en la mesa, en el sentido de decir, bueno, estoy seguro de que varias conductas serían reincidentes, hasta el momento estadísticamente hablando de las 107 quejas que hemos revisado en este Consejo, hemos encontrado un bajo porcentaje de reincidencia. Sin embargo, evidentemente esto se puede ir enriqueciendo en la medida en que los casos vayan avanzando. Por esta ocasión consideramos que la conducta es similar y que dada la importancia del bien jurídico tutelado procedemos a considerarlo como parte de la evaluación de la sanción. El C. Presidente: Muchas gracias. Agotado el debate, le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP088/2003, identificado con el número de expediente JGE/QPRD/JD05/MICH/116/2003. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo proceder a lo conducente para publicación de la Resolución aprobada identificada como 12.4 del orden del día, en el Diario Oficial de la Federación, le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el costo mínimo de campaña para Diputado, para Senador y para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el año 2005 con base en los estudios que presenta el Consejero Presidente del Consejo General.

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El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, de acuerdo con el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral tiene la atribución de determinar los costos mínimos de campaña para Diputado, Senador y Presidente de la República, con base en los estudios que realiza la Presidencia del Consejo General. Los costos mínimos de campaña a los cargos de elección popular referidos son de gran relevancia, ya que además de establecer los topes de gastos de campaña para dichos cargos son la base para el cálculo de otros rubros, como el monto de financiamiento para actividades ordinarias, el monto de financiamiento para agrupaciones políticas nacionales y los topes de contribuciones de los simpatizantes de los partidos políticos. El primer cálculo del costo mínimo de campaña se efectúo en 1987 y se actualizó en 1997, mediante una fórmula que toma en cuenta una canasta de bienes que los partidos políticos utilizan para llevar a cabo actividades de campaña, tales como gastos de oficina, materiales de publicidad y propaganda por medios electrónicos, entre otros. De acuerdo con el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los costos mínimos de campaña deben actualizarse anualmente, tomando como base los costos aprobados para el año anterior. Tales costos deben actualizarse de acuerdo al Índice Nacional del Precios al Consumidor que establece el Banco de México y los demás factores que determina el Consejo General. Esta metodología permite lograr varios fines que son fundamentales para el fortalecimiento de los partidos políticos, en primer lugar, el costo mínimo de campaña permite calcular con base en criterios económicos la asignación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Así, los propios partidos políticos tienen la certeza de que los montos de financiamiento que reciben han sido calculados con apego a estándares técnicos idénticos para todos los partidos, lo que contribuye a fortalecer la equidad. Por otro lado, el cálculo del costo mínimo de campaña y la consecuente asignación de financiamiento, son procedimientos transparentes, ya que todos los actores conocen de antemano su metodología. Este es un factor adicional para robustecer la certeza e imparcialidad con la que opera la autoridad electoral. Con base en lo anterior, los costos mínimos de campaña propuestos para 2005 son: Para Diputado 375 mil…

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...para 2005 son: para Diputado 375 mil 671 pesos con 37 centavos; para Senador 759 mil 383 pesos con 7 centavos, y para Presidente de la República 243 millones 435 mil 047 pesos con 33 centavos. Este cálculo permite al Instituto Federal Electoral dar cumplimiento a su obligación de fortalecer el régimen de partidos políticos mediante una asignación de recursos legal, transparente y basada en criterios técnicos. Queda entonces a su consideración, este Proyecto de Acuerdo. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Simplemente para compartir con ustedes los montos de financiamiento a partidos políticos para el 2005. La bolsa suma mil 953 millones 654 mil 351 pesos divididos entre los partidos políticos de la forma siguiente: PAN: 546 millones 037 mil 428 con 77; PRI: 602 millones 558 mil 884 con 31; PRD: 354 millones 332 mil 536; PT: 132 millones 683 mil 026 con 11; PVEM: 187 millones 296 mil 316 con 65; C: 130 millones 747 mil 160 con 2. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el costo mínimo de campaña para Diputado, para Senador y para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el año 2005 con base en los estudios que presenta el Consejero Presidente del Consejo General. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría del Consejo, proceda a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2005.

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El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado, cuyos datos ya han sido elaborados por el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Sólo para expresar el desacuerdo del Partido Acción Nacional con el monto que se ha determinado para los diversos partidos políticos. Esto ya se ha determinado con base en los costos mínimos que hace unos minutos, hace unos segundos acaba de aprobar este Consejo General, pero que en él no se circunscribe única y exclusivamente al criterio que tradicionalmente este Consejo General había adoptado para el aumento proporcional a la inflación del año inmediato anterior. En esta ocasión, el Consejo General ha tomado no sólo la inflación que fue el año pasado, según el Banco de México, del 5.19 por ciento, sino además un criterio y un factor de multiplicación sobre esa cantidad del 1.04 por ciento. Acción Nacional considera que el criterio correcto, adecuado, independientemente de la situación de cada uno de los partidos, es ajustarse exclusivamente al tradicional que el propio Consejo General lo había hecho en años anteriores, que era el de la inflación, única y exclusivamente. Por eso, Acción Nacional manifiesta su desacuerdo con este Proyecto de Acuerdo, en virtud de que el aumento del financiamiento público a los partidos para este año 2005, única y exclusivamente debiera circunscribirse a lo que señaló el Banco de México como fue la inflación del 5.19 por ciento, según, insisto, lo ha determinado el propio Banco de México. El C. Presidente: Muchas gracias. Yo quiero comentar que no es la primera vez que se usa un criterio diferente a la unidad. En los dos años anteriores, este Consejo General ha determinado reducir el costo mínimo de campaña por factores menores a la unidad, 0.93 el año pasado, si no mal recuerdo, justamente para que al reducir el costo mínimo de campaña, se pudiera reducir el monto del financiamiento a los partidos políticos. En esta ocasión, se está proponiendo un factor de 1.04 porque en los dos últimos años los recortes, en términos reales, de los partidos, han alcanzado 10 por ciento y eso creemos, como autoridad electoral, que contribuye a fortalecer el financiamiento y la vida democrática de los partidos políticos. Entonces, en otras ocasiones se ha diferido del criterio estrictamente inflacionario, y en esta ocasión, con base en el Código y en la ley...

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... diferido del criterio estrictamente inflacionario, y en esta ocasión con base en el Código y en la ley, el Consejo General considera que el margen de ajuste debería de ser 1.04 Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Simplemente para señalar que el PRD seguirá insistiendo en el Congreso de la Unión, en que se haga una reforma electoral que replantee, como lo hemos manifestado en diversas ocasiones, el asunto del financiamiento de los partidos. Nosotros hemos reiterado, hemos expuesto, tenemos proyectos de ley en torno a este asunto, nos parece efectivamente que el financiamiento de los partidos políticos debe de ser revisado, sobre todo pensando que esta reforma debe de ir acompañada de una mayor fiscalización y regulación de los gastos que los partidos hacen en los medios de comunicación en la regulación de las precampañas y otros asuntos que hemos planteado. El hecho de que nosotros no nos manifestemos en este punto no quiere decir que quitamos el dedo del renglón, ni retiramos nuestra propuesta de reforma electoral, al contrario, la seguiremos manteniendo, simplemente señalar que no es el punto de discusión hoy y por lo tanto creemos que el proyecto no debe ser impugnado por nosotros, pero esto no debe de confundirse con el hecho de que efectivamente seguiremos sosteniendo nuestro punto de vista sobre un cambio en la ley electoral y un cambio en la Ley de Medios de Comunicación para que el gasto de los partidos políticos sea menos oneroso y la democracia en México sea más de transparencia y menos costosa para el pueblo de México. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Estamos de acuerdo en lo que el Consejero Presidente ha expresado respecto a las consideraciones, únicamente diferiríamos en que en los dos anteriores, efectivamente, a la reducción que ha supuesto el financiamiento público de los partidos, ha correspondido por un ajuste que la Cámara de Diputados ha hecho del Presupuesto del Instituto Federal Electoral tanto en los ejercicios fiscales de 2003 como de 2004. Y ahora, en el ejercicio fiscal de 2005 la Cámara de Diputados, no ha determinado un aumento al Presupuesto del Instituto Federal Electoral, salvo por lo que corresponde a la partida específica que se ha apartado en la propia Cámara de Diputados, en el supuesto de que el voto de los mexicanos en el extranjero sea aprobado por el propio Congreso de la Unión. 57


Esa es la única salvedad de aumento que se ha otorgado al Instituto Federal Electoral, pero única y exclusivamente para el ejercicio de una partida muy específica que es la posibilidad de que se autorice el voto de los mexicanos en el extranjero para la elección de 2006, no así para el presupuesto global del Instituto Federal Electoral; por eso es la consideración que Acción Nacional hace de la fijación del financiamiento público para este año. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Quisiera nada más comentar algunos otros elementos y consideraciones que tuvieron que ver, y a mi juicio son correctos en la decisión que se está tomando en este sentido, pareciera que esta discusión la tendríamos que haber dado en el punto inmediato anterior, que es el que realmente tiene que ver con el impacto, porque lo que realmente se hace es definir los costos mínimos de campaña. Y esta reflexión me surge a partir de los comentarios que hace el representante del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que la fórmula del financiamiento final depende de variables tan diversas, incluso el número de partidos políticos con registro, lo que ocurre finalmente es que no es del todo cierto que cada año se incrementa el presupuesto de los partidos políticos solamente con el factor inflacionario. En años como el 2004 o años posteriores a las elecciones, varía el financiamiento dependiendo del número de partidos, y lo que importa también es que el financiamiento que se calcula tiene impacto en otras variables, en el financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales, en el financiamiento que se permite para los topes de gastos de campaña, en el tope de aportaciones que puede dar un ciudadano a los partidos políticos, ciudadano o personas morales, en fin, eventualmente esto también impactará en el financiamiento para campañas el año que entra. Y es el conjunto de estos razonamientos, que nos llevan a considerar que lo que realmente ha ocurrido es una especie de desfase, y no quedaba muy claro cómo enfrentar hacia el proceso electoral y hacia lo que viene el año que entra el problema del financiamiento, creemos simple y sencillamente que esta es una tarea que refuerza el financiamiento de los partidos políticos en un momento muy preciso ante una situación muy concreta que nos permite atender la parte de fortalecimiento del sistema de partidos que tenemos enfrente. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes.

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…Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes . El C. Erik Iván Jaimes: Muchas gracias, Consejero Presidente. El Partido Revolucionario Institucional simplemente, para señalar que independientemente de los criterios adoptados que ciertamente se ven justificados con la exposición que han hecho, simplemente manifiesta que nosotros en realidad seguiremos operando con la mitad de ese financiamiento, y seguramente los temas que se encuentran pendientes en cada uno de los foros, en cada una de las instancias correspondientes llegarán a alguna conclusión. Sin embargo el PRI sí quiere dejar claro que en realidad el financiamiento que se le asigna no es tal, en términos reales, por obvias razones, y operaremos con la mitad de ese financiamiento. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo que tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría del Consejo proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el financiamiento público que se otorgará para el año 2005 a las Agrupaciones Políticas Nacionales. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Para compartir con ustedes que el monto de financiamiento a ser aprobado asciende a 39 millones 073 mil 107.4

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pesos, y en estos momentos se está circulando una modificación al Proyecto de Acuerdo inicial que contiene el número ajustado de APN's, como consecuencia de la pérdida de registro que fue aprobado hace unos minutos de dos agrupaciones políticas. El total de APN's serían 68, que ya están contenidas en la modificación que ya se está circulando. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría del Consejo, que tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el financiamiento público que se otorgará para el año 2005 a las Agrupaciones Políticas Nacionales. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría del Consejo proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y por favor le pido continuar con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión al Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece el financiamiento público del año 2005 por concepto de actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales como entidades de interés público, correspondiente a los dos primeros trimestres del ejercicio del año 2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Gracias. Primero que nada quiero reconocer la labor que de manera profesional y eficiente ha desarrollado la Secretaría Técnica de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos con su equipo de trabajo para la elaboración de los dictámenes relativos al financiamiento por actividades específicas de los partidos políticos. Ahora bien, me permito manifestar de manera anticipada mi voto en términos generales en favor del Proyecto de Resolución que ahora nos ocupa. Sin embargo, quiero presentar a consideración de este Consejo General la propuesta para modificar el

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Proyecto de Acuerdo, en el sentido de declarar la procedencia del reembolso de los trabajos de investigación que describo a continuación. Los trabajos de investigación contenidos en los documentos 156, 160, 163, 164 y 166, titulados Análisis de la legislación tutelar de Nuevo León a contraluz de la Convención de los derechos de la niñez; Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea; Factores sociopolíticos y culturales del desarrollo económico; Análisis de la legislación tutelar del estado de Sonora a contraluz de la Convención de los derechos de la niñez; y ¿por qué invertir en Veracruz? respectivamente, y presentados para efectos de financiamiento por actividades específicas por el Partido Acción Nacional en los formatos únicos de comprobación 33-110, 33-141, 33-142…

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…33-141, 33-142 y 33-143. Así como los trabajos de investigación titulados La Política de Educación Pública en México como elemento legitimador del Estado Nacional revolucionario, 1945 – 2003; y equidad y género en México, evolución, situación actual y perspectivas presentados para efectos del financiamiento por actividades específicas por el Partido Convergencia en los formatos únicos de comprobación números ocho y nueve. Esta propuesta que presento a su consideración se sustenta en las siguientes consideraciones. Después de mi revisión de los trabajos de investigación citados, considero que al contrario del sentir del proyecto que nos ocupa, dichas investigaciones efectivamente sí cumplen con una metodología científica requerida, toda vez que cuentas entre otros elementos, con una justificación de la investigación, sector de la sociedad a la que beneficia el estudio, planteamiento del problema, aspectos de estudios que comprenden el problema, objetivos de estudios, marco teórico, hipótesis y teoría relacionadas con el estudio objeto de la investigación. Desde mi punto de vista de la interpretación armónica y sistemática del artículo 2.1, inciso b) y 6.2, inciso 1) del Reglamento mencionado, mismos que se refieren al requisito de seguir una metodología científica para la elaboración de las investigaciones de carácter socioeconómico y político, se puede desprender que el bien jurídicamente tutelado es el de garantizar la realización de trabajos de investigación serios y de buen rigor que aporten planteamientos reales y posibles soluciones sobre las problemáticas que vivimos actualmente en nuestro país. Es importante valorar que un solo método de investigación con todos sus elementos, no puede ser considerado para evaluar todos los trabajos de investigación que se someten a nuestra consideración, ya que cada uno tiene en particular diferentes características y suelen referirse a temas distintos, que posiblemente exigen una metodología un tanto distinta a las que exigen otras investigaciones. Puede darse el caso que elementos que se requieran en casos particulares no se requieran para otros, sin que esto sea en demérito de la calidad y metodología seguida y que por supuesto está reflejada en la propia calidad de la obra. Considero que un trabajo de investigación de gran nivel realizado por un partido político, aún careciendo de alguno de los elementos que conforman cierto modelo de investigación científica, puede ser objeto de reembolso, siempre y cuando no vulnere las demás disposiciones aplicables en el del Reglamento referido y mientras no se afecte el mencionado bien jurídicamente tutelado y la obra en sí mismo demuestre una metodología en su lógica de formación y contenido.

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Por todo lo anterior, considero que los citados trabajos de investigación presentados por el Partido Acción Nacional, por la cantidad de un millón 697 mil 67.14 pesos y los presentados por el Partido Convergencia por la cantidad de 600 mil pesos, deben ser reembolsados tomando en cuenta la suma del costo de cada uno de ellos, y consecuentemente en caso de ser aprobada mi propuesta, solicito se ordene a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para que proceda a realizar las modificaciones respectivas al proyecto que hoy nos ocupa, particularmente en los puntos, 22.1 y 22.5 para que quede en sentido de dicha propuesta y se sume la cantidad de un millón 697 mil 67.14 pesos al monto de 9 millones 92 mil 647.80 que por el mencionado Proyecto de Resolución se pretende reembolsar al Partido Acción Nacional, resultando la cantidad total de 10 millones 789 mil 714.94. Y se sume además la cantidad de 600 mil pesos al monto de 4 millones 252 mil 775.91 que de igual modo se pretende reembolsar a Convergencia por las actividades específicas comprobadas, resultando la cantidad de 4 millones 852 mil 775.91. Cabe mencionar que los anteriores montos totales serán sujetos al porcentaje del 75 por ciento que el Consejo General como limite para acordar los apoyos por actividades específicas comprobadas en términos de lo que establece el artículo 49, numeral 7, inciso c), fracción II de nuestro Código Federal Electoral. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Muchas gracias, Consejero Presidente. Buenas tardes señoras y señores integrantes de este Consejo General. Intervengo en este punto para destacar la responsabilidad que tenemos todos los que participamos en actividades electorales, de contribuir al fortalecimiento de la educación cívica y de la cultura política de nuestro país. Nuestra Constitución conceptúa la democracia como un sistema de vida que busca el constante progreso económico, social y cultural del pueblo. Es decir, en México la democracia no se limita a los sistemas electorales de partidos y de gobierno, sino que aborda prácticamente todas las manifestaciones del quehacer humano. México, requiere de una sociedad civil más participativa que apoye el proceso democrático y que coadyuve a enfrentar los retos que se nos presenta. Es mejor…

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…retos que se nos presentan. Es mejor indudablemente que esta participación ciudadana sea informada, que la sociedad conozca con mayor profundidad sus derechos y sus responsabilidades, que analice sus opciones y que, en consecuencia, tome decisiones más fundamentadas y actúe con mayores posibilidades de éxito. La Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público que tienen, entre otros, el propósito de promover la participación de la sociedad en la vida democrática, lo que se refleja en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Electoral, donde se indica que el financiamiento público debe dedicarse además de las actividades ordinarias y de campaña, a las actividades específicas, es decir, a las que se dedican a promover la educación cívica y la cultura política. Es así que la Carta Magna en su artículo 41, párrafo 2, inciso c), garantiza a los partidos políticos la reintegración de un porcentaje de los gastos anuales que erogan por actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. El COFIPE en su artículo 49, retoma esta obligación y la normaliza con toda claridad en un reglamento. Para tal efecto, en el año 2004, el Instituto creó una bolsa aproximada de 150 millones de pesos, en el primer semestre de ese año solamente se sometieron a comprobación de gastos por actividades específicas alrededor de 27 millones de pesos. Existe un remanente que no fue utilizado y que pudo ser aprovechado de distintas maneras para contribuir a la formación de ciudadanos más activos y responsables, precondición básica del sistema de gobierno que a lo largo de lo años hemos construido y por el que trabajamos todos los días. Quiero hacer un llamado a los partidos políticos para redoblar esfuerzos en este sentido. Difícilmente la ciudadanía podrá sentirse capaz de aumentar su participación en las decisiones de la vida pública si el modo de funcionamiento de la política y del poder le es ajeno. Hay recursos que constitucionalmente están a su alcance que para fines que constitucionalmente también están establecidos. Existe un público interesado y deseoso de compartir experiencias y aprender de ellas, existen los mecanismos para llevarlas acabo, sólo hace falta aprovechar estas ventanas de oportunidad, que en resumidas cuentas desembocarán en el enriquecimiento político, social y cultural del país. Adelanto mi apoyo al Dictamen que se nos presenta en los términos que tiene contenidos. Muchas gracias, Consejero Presidente.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Bueno, llegamos a este Consejo después de una ronda de pláticas con diversos consejeros, sobre todo, con el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez y también con el Director Alejandro Poiré sobre este asunto. Sin embargo, no llegamos finalmente a una solución feliz en algunos puntos que hemos planteado. Menciono tres asuntos muy rápido que creo que quedaron en la mesa de la discusión, pero no se trajeron a este Consejo, el primero es el asunto de una publicación periódica que hicieron militantes del Partido y que no mereció la aprobación de la Comisión respectiva, de la Dirección respectiva y que es una interpretación sobre el Reglamento de Actividades Específicas en el artículo o en el punto 6.3, que se refiere a las tareas editoriales. Hemos planteado que hay un debate aquí, una interpretación diversa sobre el inciso 1), en donde dice que el producto de la impresión, invariablemente deberán aparecer los siguientes datos, hay cinco incisos y al final dice: Excepto en los casos de publicaciones periódicos, nosotros hemos dicho y reiterado que esta excepción se aplica a toda la norma contenida en el primer inciso y no solamente al inciso e). El monto que estamos discutiendo es mínimo, es de aproximadamente 11 mil pesos, pero no nos preocupa tanto el monto, como la interpretación, hemos dicho que aquí hay una interpretación diferente y yo quiero traerla a este Consejo por dos razones: una, porque nos parece que en este caso debe prevalecer el criterio más flexible, más bondadoso hacia los partidos políticos y no el criterio más inflexible, más acotado, porque de alguna manera lo que estamos discutiendo es precisamente que…

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...acotado, porque de alguna manera lo que estamos discutiendo es precisamente que los partidos tengan la mayor libertad, de acuerdo a las normas, pero la mayor libertad, para garantizar la iniciativa política, la creatividad y los objetivos de los partidos políticos en esta materia, que es precisamente el que resguarda el Reglamento de Actividades Específicas. En este caso, se ha optado por la interpretación más dura, más inflexible, y yo creo que de alguna manera se está sacrificando la iniciativa política por un criterio burocrático y administrativo, lo cual lamentamos porque nos parece que debería prevalecer un criterio exactamente inverso. En segundo lugar, porque creo que esto nos lleva ya a refrendar un acuerdo que tomamos, que es la necesidad de revisar el Reglamento. Esperamos que este acuerdo, este consenso que hemos tenido en el sentido de revisar el Reglamento de Actividades Específicas, pues lo llevemos a la práctica lo más pronto posible, que lo revisemos lo más rápido posible, que revisemos las lagunas o los problemas que este Reglamento tiene, que son reconocidos por la autoridad, que son reconocidos por los consejeros de este Instituto, que son reconocidos por los funcionarios de este Instituto; que obviamente son reconocidos por los partidos políticos y que, por lo tanto, nos aboquemos a esta revisión lo más pronto posible para que no tengamos estos problema de interpretación, se garantice la transparencia, se garantice la buena aplicación de la norma, pero también se resuelvan problemas como el que estamos señalando. Entonces yo señalo estos dos problemas, de tal manera que no tengamos, como en este caso, la prioridad de los criterios burocráticos sobre la capacidad de inventiva, de creación, de iniciativa, de actividad de los partidos políticos y no tengan el financiamiento respectivo. En el segundo caso, también lo hemos discutido, se refiere a algunas actividades que hemos señalado que hemos desarrollado, que no merecieron tampoco la aprobación, como en una conferencia y un folleto que se hizo en ocasión de un homenaje a Heberto Castillo, y ahí lo que hemos dicho es que, bueno, para también facilitar la aplicación de la norma, hubiera la posibilidad de que asistiera un representante del IFE a estos eventos, de tal manera que el mismo representante pudiera dar fe de estas actividades, de que no se trata de evitar, de trampear o de simular este tipo de actividades, sino que se trata, de actividades que realmente se realizan y que las tareas editoriales y las actividades y el financiamiento que corresponda, está plenamente justificado. Esperamos también que haya mayor apertura y mayor disposición del Instituto y de las autoridades, y de los consejeros y los funcionarios, para que podamos realizar estas actividades. Y lo tercero se refiere a las actividades de investigación, que también ya comentamos, en el sentido de que una investigación no necesariamente se ajusta a los tiempos de 66


calendario, sino que una investigación a veces rebasa el tiempo de calendario, no termina exactamente el 31 de diciembre, sino que se puede alargar unos meses más. Y ahí hemos llegado al acuerdo de que efectivamente se puedan revisar estas actividades de investigación por etapas, de tal manera que no se limite, no se asfixie financieramente esta actividad de investigación, sino que pueda seguir, a lo largo del tiempo, aunque sea en etapas, para cumplir, por un lado, la normatividad y por el otro, que se pueda seguir financiando. Yo creo que este es un principio de acuerdo que puede ser muy útil para alimentar la investigación, porque algunas investigaciones, como se ha dicho aquí, son de mediano plazo, llevan varios meses, a veces varios años, y no por eso pierden su rigor científico, sino al contrario, son prueba de que una investigación de este tipo no puede agotarse en unos cuantos meses. Entonces, lo menciono aquí con el objetivo de que por un lado hagamos cumplir este compromiso de revisión al Reglamento correspondiente, y por el otro lado, que en esta idea de la reforma y en la aplicación de los Lineamientos y de la normatividad vigente, pues sí, siempre tratemos de elegir un criterio que ayude a los partidos a desarrollar sus actividades y no las asfixie por criterios muy rígidos, desde el punto administrativo y burocrático. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muchas gracias. Para manifestar mi posición a favor del Dictamen que presenta la Comisión en sus términos. Comparto la idea y comparto también la necesidad, en este caso como en otros, de la necesidad y la pertinencia de hacer modificaciones al Reglamento de Actividades Específicas, y resulta también como muy útil y enriquecedor...

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...Reglamento de Actividades Específicas, y resulta también como muy útil y enriquecedor el conocer de los diferentes puntos de vista que están en torno a la adecuación del Reglamento del Financiamiento de las Actividades Específicas de los partidos políticos, sin embargo, también es preciso recordar que mientras el Reglamento no se modifique seguimos compelidos a darle cabal cumplimiento. Así, creo que es conveniente recordar lo que el proyecto aprobado en la Comisión de Prerrogativas señala respecto de algunos de los proyectos aquí comentados y que se refieren a los requisitos particularmente de los estudios con metodología científica. Creo que el Reglamento actual señala, con mucha precisión, algunos requisitos en tanto las investigaciones deben contener y señalar una metodología de investigación, además dicha metodología no puede ser de cualquier tiempo, debe ser científica, entre comillas, y el propio Reglamento señala elementos mínimos que dicha metodología debe contemplar, a saber técnicas de análisis, que además demostrar fuentes de información verificables y que permitan comprobar los resultados obtenidos. De esto, se deriva que las investigaciones que están sujetas a financiamiento no pueden ser de cualquier tipo de investigaciones, independientemente de su calidad o de la satisfacción que nos produzca su lectura, deben de ser científicas; entendiendo para ello el permitir la verificación de la información y la comprobación de sus resultados. Ello, en adición, a que su contenido debe de estar relacionado a los problemas nacionales y/o regionales, y contribuir directa o indirectamente a la formulación de propuestas para su solución. Es por ello que ninguna de las actividades en comento cumple con la totalidad de estos requisitos y de conformidad con el artículo 7.4, del propio Reglamento, no pueden ser reembolsadas. Y termino dando lectura a este artículo 7.4 del Reglamento, que dice: Si a pesar de los requerimientos formulados al partido político nacional persisten deficiencias en la comprobación de los gastos derogados, o en las muestras para la acreditación de las actividades realizadas, o si persiste la falta de vinculación entre los gastos y la actividad específica, tales gastos no serán considerados como objeto de financiamiento público de las actividades específicas. Nuevamente comparto y me sumo a la necesidad de adecuar y actualizar este Reglamento, hoy por hoy tenemos que cumplir con las reglas existentes. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Sí, es debido a que estamos todavía en la primera ronda, si no me equivoco, perdón, señor Consejero.

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Quisiera nada más comentar aquí dos cosas, en primer lugar sumarme al apoyo o al proyecto que se presenta en relación con el financiamiento de actividades específicas, y sumarme también a la propuesta que hace el Consejero Electoral Marco Gómez de los añadidos y los cambios que propone, los habíamos comentado algunos en ellos en la Comisión, otros fueron de mi conocimiento anteriormente y considero que va hasta su procedencia. En segundo lugar, quisiera comentar los conceptos que nos hace conocer el representante del PRD, debo decir que la representación del PRD muestra una genuina preocupación por el alcance que debe de tener el Reglamento, los tres ejemplos que se nos comentan aquí tienen que ver con trabajos que realizó el Partido de la Revolución Democrática, y en donde ciertamente hemos tenido discrepancias en relación a la forma de valorar, y lo importante es que nuestros instrumentos cada vez sean más precisos y que en ese sentido podamos tener mayor certeza. En el caso de la investigación, lo que sí me queda claro es que no se trata de que la investigación no será considerada, pero no será considerada para estos primeros trimestres, cuando se presente el resultado final será. Pero nos apunta un problema interesante, sería bueno ya tener ese recurso para poder seguir trabajando en adelante, entonces ese sería una reforma interesante. En el caso de la Conferencia Homenaje a Heberto Castillo, a la que usted hacia referencia, si no me equivoco se reviso en la rotonda de las personas ilustres; ahí también es un poco la necesidad de...

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…se revisó en la rotonda de las personas ilustres; ahí también, es un poco la necesidad de precisar el alcance de nuestro Reglamento cuando se solicitan listas de asistencia de personas, y mayor descripción del evento. En el caso del periódico Caminos del Sur, me parece que teníamos experiencia anterior al respecto. No es la primera vez que el Partido de la Revolución Democrática nos presenta este punto. Se trata de un monto muy pequeño, pero que sin embargo nos hace ver un problema también muy claro cómo medir más adecuadamente el tiraje y cómo ser consistentes con criterios antes expuestos. En este sentido yo quiero recoger de aquí algo que ya seguramente el Consejero Electoral Marco Gómez se referirá. Sí hemos estado discutiendo que es la reforma al Reglamento. Y finalmente, reiterar mi apoyo al proyecto que se propone. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Primero para expresar y recibir con buena atención el llamado que hace la Consejera Alejandra Latapí, respecto a que los partidos invirtamos parte de nuestro financiamiento público al desarrollo de las actividades específicas por todo lo que ella ya ha dicho, y simplemente recordar que el PAN tradicionalmente ha sido el Partido que ha presentado a este Consejo General anualmente el mayor número de actividades específicas año con año, y que el año pasado no fue la excepción. El año pasado 2004 no ha sido la excepción, aún y cuando el Partido Acción Nacional desde junio del año pasado no ha recibido ni un peso ni un centavo de parte de este Instituto Federal, por la sanción de todos conocida, que en este momento el Partido está pagado, incluso el Partido ha destinado íntegramente el 2 por ciento a su fundación, a su centro de estudios, insisto, independientemente de que el Partido por una sanción, no ha recibido ni siquiera el 40 por ciento de su financiamiento correspondiente al año pasado, y por ello nos hacemos eco al llamado que ha hecho la Consejera Alejandra Latapí. También quisiera expresar nuestro sentimiento respecto del Reglamento de Actividades Específicas. Ya ha dicho algo aquí el representante del Partido de la Revolución Democrática, ya ha mencionado también algo el Consejero Arturo Sánchez. Yo creo que este Reglamento debe ser modificado cumpliendo dos grandes objetivos. Uno, impulsar efectivamente que los partidos políticos inviertan anualmente en las actividades específicas; y dos, siempre mantener el objetivo de que esta inversión en

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actividades específicas no sea una oportunidad para fraudear al Instituto, para presentarle cuentas que no corresponden a actividades específicas. Yo creo que encontrando ese justo medio podemos encontrar un Reglamento que no sea estricto en la aplicación de sus criterios, como ha venido sucediendo en los últimos meses, y que permita, insisto, a los partidos políticos, aliente a los partidos a la inversión de estas actividades. El año pasado el Partido ha presentado, quizá más de la mitad de la cantidad que ha dicho la Consejera Alejandra Latapí en el cúmulo de todos los partidos políticos, y nos hemos encontrado con diversas interpretaciones que han impedido que actividades, que actos que el partido considera que son de actividades específicas, no hayan sido catalogados así por la autoridad electoral. Por eso nos unimos a la manifestación que hace el representante del PRD, para que el Reglamento pueda ser modificado y que con toda la flexibilidad, insisto, sin que eso implique que al Instituto Federal Electoral los partidos le presentemos cuentas que no corresponden a actividades específicas, se puedan reembolsar a los partidos las inversiones que hacen por estas actividades. Ese sería el llamado que hace el Partido Acción Nacional a los consejeros electorales y a todos los partidos. Y también finalmente, agradecer la disposición que ha tenido el Director de Prerrogativas, y el Presidente de la Comisión, el Consejero Marco Gómez, para dialogar y para tratar estos temas, y en particular los meses que aquí se están determinando por parte de la autoridad electoral de actividades específicas del año pasado. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Me refiero, muy breve, a los comentarios realizados por el señor Raúl Escobar. Primeramente respecto del tema de las investigaciones, en particular éstas fueron desechadas, sino simplemente en el reembolso se va a posponer una vez que estén terminadas, y efectivamente esta es una situación que tenemos que modificar. Respecto con las publicaciones periódicas y el tema del evento realizado, desafortunadamente la falta o por lo cual no estamos reembolsando es la omisión de alguno de los requisitos en la comprobación de la actividad que va vinculada de forma directa al gasto. Por lo mismo, los criterios de interpretación en este sentido tienden a ser más rígidos…

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Inicia 34ª parte

…tienden a ser más rígidos, cosa distinta pasa en la valoración de una obra para determinar si ésta cumple o no con la metodología científica que se establece. El tema del Reglamento, efectivamente es una prioridad. Mi opinión particular es que existen muchos elementos subjetivos en ese Reglamento que generan conflictos y generan incertidumbres en perjuicio de ustedes los partidos políticos y eso impacta en la falta de realización de actividades específicas. Ustedes saben también que la Comisión que presido les ha solicitado sus comentarios para enriquecer la elaboración de este Proyecto de Reglamento que lo esperamos para finales de febrero, y muchas de sus preocupaciones van a estar reflejadas. Por último, el tema de lo subjetivo del Reglamento se establece y queda de manifiesto en el momento en que la Consejera Teresa González Luna de forma correcta habla de una metodología científica, entre comillas, para mí es el reconocimiento explícito de que efectivamente esa propia metodología, entre comillas, está mal y por lo mismo la necesidad de cambiar o modificar los criterios para que se reembolsen al Partido Acción Nacional y a Convergencia los montos que previamente expuse. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Yo creo que nos vamos entendiendo. El problema es que a la mera hora, mientras nos entendemos, digamos que se aplique el criterio más rígido y más desventajoso para los partidos. Si estamos de acuerdo en que hay que cambiar el Reglamento, si estamos de acuerdo que el Reglamento tiene elementos, como se dice aquí, de conflictividad y de incertidumbre; si estamos, en una palabra, de acuerdo en que el Reglamento ya es obsoleto, pues nosotros esperaríamos que dado ese sentimiento, esa idea que compartimos todos, mientras lo cambiamos sí haya una interpretación la más favorable a los partidos políticos, y siempre se aplique la menos favorable, esa es la queja, que es, insisto, el asunto de la interpretación del 6.3. Creo que había suficiente materia como para que se pudiera escoger la interpretación más dura o más favorable para los partidos. Se escogió la más dura, y bueno, yo creo que no es lo que esperaríamos de este Consejo General. Yo creo que dada esa ambigüedad o esa duda en la interpretación, siempre esperaríamos una interpretación más benigna de lado de los partidos. Sobre todo porque esto va generando la idea o puede generar la sensación de que si se hace esta interpretación benigna, bueno, estaremos ayudando a los partidos y no tratando de parar o de detener su actividad. Esa es la primera acción. 72


En lo segundo. Estamos de acuerdo, yo creo que por eso hemos hablado de que la investigación pueda dividirse en etapas para que aún la que no concluye, teniendo un reconocimiento de su carácter científico pues tampoco se le asfixie, encontrar la manera de seguir financiándola, aunque no concluya del todo, sino concluya por partes. Creo que esto es un consenso. Y Tercero. Bueno, que pudiera haber representantes del Instituto en las actividades de educación y capacitación también para evitar, por un lado, la duplicidad de facturas, por el otro la simulación, y por el otro el que no se ajusten a la norma y también ayudar a que los requisitos sean menos burocráticos y los partidos tengan, por lo tanto, mayores facilidades para el desarrollo de estas actividades. Entonces, como dije, nos vamos entendiendo pero mientras llegamos a culminar este entendimiento, nosotros esperaríamos una actitud más de apoyo a la actividad de los partidos y no escoger la más restrictiva. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Sí, solamente para dejar en la mesa y de acuerdo con los principios que nos rigen, que tienen que ver en este momento con la imparcialidad, la certeza, la objetividad, la legalidad y la independencia con que tomamos nuestras decisiones, que no pudiera prestarse o que quede la menor duda respecto a que nosotros pudiéramos estar escogiendo interpretaciones que favorezcan o que no favorezcan a algún partido político en particular, de acuerdo con lo recientemente señalado por el representante del PRD. Me sumo, como ya lo señalé, al Proyecto de Dictamen que nos presenta la Comisión y que quede…

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…nos presenta la Comisión, y que quede muy claro que aplicamos el Reglamento, no buscamos cómo interpretarlo y no está en este trabajo de ninguna manera un criterio que prevalezca que no se apegue estos principios. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Perdón por la insistencia, pero sí es un problema de interpretación. Todos estamos de acuerdo en las pláticas que hemos tenido que sí pueden caber dos interpretaciones sobre el 6.3, digo, así está la redacción, así son las leyes, así es la calidad humana, digo, hay cosas que no están claras en los reglamentos, en las leyes y hasta en la Constitución. Entonces, siempre hay, no siempre, digo, pero en este caso sí hay la posibilidad de aplicar dos interpretaciones distintas al 6.3, se aplica las más rígida para los partidos y no la más benigna, ese es el punto que quiero señalar aquí, no estoy pidiendo que el Consejo General haga una excepción a la norma o viole la reglamentación o aplique la reglamentación fuera de lo que está escrito, sino insisto, hay dos maneras de interpretar el 6.3, lo hemos comentado, hay consenso en que caben las dos interpretaciones. Entonces, por eso mi intervención, por eso sí pediría que en todo caso se recogiera el punto de vista del Partido y se diera cabida a una modificación de la Resolución para que en el caso de nuestra publicación “Los Caminos del Sur”, que es muy pequeña, sí se aplicara esta interpretación más benigna, de tal manera que se diera una muestra, un mensaje del Consejo de que se está y se quiere apoyar a los partidos, sin violar la ley, sin modificar la letra del Reglamento, pero sí ayudando a los partidos a realizar sus actividades en este caso sus tares editoriales. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, someteré a su consideración el presente Proyecto de Acuerdo en lo general y posteriormente en lo particular respecto a las modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Antonio Gómez Alcantar. Se consulta si se aprueba, en lo general, el Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión al Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece el financiamiento público del año 2005 por concepto de actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales como entidades de interés público, correspondiente a los dos primeros trimestres del ejercicio del año 2004. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 74


Aprobado por unanimidad, en lo general, señor Consejero Prersidente. A continuación, sometería a su consideración las propuestas de modificación a los considerandos 22.1; 22.5; 27 y 28, así como el punto primero de la Resolución, para declarar procedente el reembolso de diversos trabajos de investigación elaborados por los partidos Acción Nacional y Convergencia, de acuerdo con lo planteado por el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez Alcantar, lo cual impactaría las cifras totales de la siguiente manera: El resultado final de los importes de la documentación aceptada incrementaría un total de 19 millones 53 mil 903.11 pesos, correspondiendo al Partido Acción Nacional la cantidad de 9 millones 682 mil 88.24 pesos. Por lo que respecta al ajuste de esta cifra en el sentido de que no podrá ser superior al 75 por ciento de los gastos comprobados en el año inmediato anterior, el financiamiento público por actividades específicas para el año 2005, en la primera ministración correspondiente a los dos primeros trimestres del ejercicio inmediato anterior al 75 por ciento, nos daría un total de 14 millones 290 mil 427.33 pesos, correspondiendo al Partido Acción Nacional la cantidad de 7 millones 261 mil 566.18 pesos y a Convergencia la cantidad de 3 millones 639 mil 581.93 pesos. Con estas mismas cantidades sería modificado el punto de Acuerdo primero del…

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Inicia 36ª. Parte

...tres pesos. Con estas mismas cantidades sería modificado el punto de Acuerdo primero del Acuerdo en comento. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Señor Presidente, se aprueba por seis votos a favor y tres votos en contra, en lo particular. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo se sirva a proceder a lo conducente para la publicación el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. El C. Saúl Alfonso Escobar: (Fuera de micrófono) ...punto tres del Acuerdo, para modificar el asunto de impresión de publicación que no cumple con las características requeridas, que equivale a 11 mil 270 pesos. El C. Presidente: Como este punto no fue retomado en el debate ni se propuso por algún Consejero Electoral, no se consideró en la votación que se puso a consideración de esta mesa. Si hubiera algún argumento de algún Consejero Electoral para que así fuera, se puede poner en este momento a la consideración; si no fuese así, querra decir que no hubo suficientes elementos para considerarlo. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia de las modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-55/2004. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra la Consejera Electoral María Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Gracias, Consejero Presidente. Señoras y señores consejeros y representantes, hago uso de la palabra a nombre de los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, que por mayoría aprobamos el Proyecto de Resolución que se somete a la consideración de este órgano superior de dirección del Instituto, con el 76


propósito de presentar a ustedes las principales consideraciones de hecho y de derecho que sustentan dicho proyecto. En septiembre de 2003, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad la sentencia SUP-JDC-021/2002, por la que resolvió el juicio para la protección de los derechos político-lectorales del ciudadano, interpuesto por José Luis Amador Hurtado, relativo a la validez de diversas disposiciones estatutarias del Partido Verde Ecologista de México. En dicha Resolución, el Tribunal Electoral determinó que en algunos aspectos los Estatutos de este Partido no se ajustaban a los principios democráticos que exige el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello, en sus resolutivos, el Tribunal mandató al Consejo General del IFE para que ordenara al Partido que en un plazo de 60 días, modificara sus Estatutos para volverlos acordes con lo determinado en esta sentencia. Hecho lo anterior, señaló, una vez que el Consejo General emitiera la Resolución correspondiente, el Partido debía integrar a sus órganos directivos sobre la base de los nuevos Estatutos, en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que quedara firme la Resolución de este Consejo. En octubre de 2003, el Consejo General aprobó un Acuerdo en acatamiento a la sentencia referida, ordenando al Partido modificar sus Estatutos, en los términos señalados por el Tribunal Electoral, y en diciembre del mismo año, el Partido notificó las modificaciones estatutarias acordadas en su Asamblea Nacional. En el mes de febrero de 2004, el Consejo General emitió la Resolución respectiva, declarando la procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones, pero manifestando textualmente: “Dichos Estatutos se mantendrán en condición suspensiva en tanto el Partido Verde Ecologista de México no cumpla con el Resolutivo segundo de la presente Resolución”. El cual ordenó que el Partido realizara diversas modificaciones adicionales en un plazo de 30 días, contados a partir de que dicha Resolución quedara firme. Es decir, en congruencia con lo establecido en los resolutivos de la sentencia recién aludida y partiendo de que las modificaciones estatutarias que se analizaban, habían sido hechas precisamente en razón...

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...que se analizaban, habían sido hechas precisamente en razón de lo ordenado por esa sentencia, este Consejo General estableció que los nuevos Estatutos quedarían en condición suspensiva hasta que se realizaran las modificaciones adicionales ordenadas por el propio Consejo, lo cual solamente podría realizarse una vez que la Resolución referida quedara firme. Estos términos en que se dictó la Resolución fueron aprobados por unanimidad de votos de los miembros de este Consejo General con derecho a voto. En los días posteriores se interpusieron dos juicios y un incidente de inejecución en contra de la Resolución de este Consejo General, cabe aclarar que el Partido Verde Ecologista de México no presentó recurso alguno en contra de la Resolución aludida, por lo que se ha de entender que consintió con sus términos incluida la condición suspensiva a que se ha hecho referencia. Sin embargo los tres recursos interpuestos por ciudadanos no han sido resueltos hasta el día de hoy, por lo que la Resolución del Consejo no ha quedado firme; por esta precisa razón cabe decir que los términos del Resolutivo tercero de la sentencia del Tribunal Electoral, el Partido no puede aún integrar a sus órganos directivos sobre la base de esos Estatutos, resultando notable que entre sus órganos directivos se cuenta a la Asamblea Nacional que es precisamente el órgano facultado para realizar reformas estatutarias. Eso fue lo que acordó este Consejo General hace casi un año y lo hizo, insisto, en congruencia con el carácter específico que tuvo ese procedimiento de reforma estatutaria, el acatamiento de una resolución judicial. Desconocer ahora los términos en los que dictaminamos esa Resolución iría en contra no sólo de la autoridad del propio Consejo, sino también en los hechos pondría en entre dicho los términos en los que se dictó la sentencia que motivó todo lo que ha seguido. El Proyecto de Resolución que la Comisión competente somete a la consideración del Consejo General el día de hoy, tiene como último sustento, precisamente, el respeto a las resoluciones previamente emitidas tanto por el propio Consejo General, como por la Sala Superior del Tribunal Electoral, insisto, si el Consejo entrara ahora al estudio de fondo de las modificaciones estatutarias más reciente, desconocería los términos en que dictó la Resolución de febrero de 2004, pero además podría incurrir en desacato a los términos de la sentencia SUP-JDC-021/2002, la cual establece claramente el tipo de modificaciones que el Partido debía realizar mandatando a este Consejo para llevar a cabo una serie de actos específicos para lograr dicho fin. Así, pues, no procede revocar o modificar los términos de la Resolución previa de este Consejo General, pues dicha Resolución derivó del acatamiento de una sentencia y a la fecha no existe mandato judicial que permita suponer su invalidez. 78


Al emitir esta Resolución el Consejo General acata otra sentencia, la SUP-RAP055/2004, la cual simplemente ordena reponer el procedimiento seguido para dar respuesta al Partido respecto de la petición realizada; esta sentencia en ningún momento autoriza y mucho menos mandata al Consejo para que entre al estudio de fondo del asunto. En la misma sentencia se advierte con toda claridad que al respecto nada se prejuzga, pretender leer más que lo que textualmente dice sería excederse en su cumplimiento, si la literalidad basta para entender el sentido de la sentencia con toda claridad, no existe espacio para ninguna clase de interpretación adicional. Por todo lo anterior, el proyecto que presenta la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, propone no declarar la validez de las modificaciones estatutarias sometidas a su consideración. Al respecto, con el propósito de perfeccionar la redacción de la Resolución, me permito proponer que en el Considerando 19 se eliminen las palabras “constitucional” y “legalmente”, y en el Resolutivo primero se modifique la primera línea de manera que donde dice: Se declara la improcedencia de las modificaciones, diga ahora: No ha lugar a declarar la procedencia de las modificaciones. Dicho lo cual me permito, para concluir, unas breves reflexiones...

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Dicho lo cual me permito, para concluir, unas breves reflexiones motivadas por el asunto que está en discusión. En las sociedades democráticas modernas los partidos políticos son los órganos intermediarios entre los ciudadanos y los poderes del Estado, contribuyen a la integración de la representación nacional, dice el artículo 41 de nuestra Constitución, y como organizaciones de ciudadanos hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. La introducción de controles jurisdiccionales sobre los actos de los partidos políticos, es un avance innegable de nuestras instituciones electorales. Una sociedad democrática exige que el principio democrático no se agote en la conformación de los poderes públicos, sino que permee al resto de lo que se conoce como la esfera pública. La existencia misma de esos controles conlleva un impulso democratizador al interior de los partidos políticos. Estoy convencida de que es precisamente este impulso democratizador el que orienta las acciones, tanto de este Consejo General, como de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que nadie pretenda interpretar la decisión que se toma hoy como un acto odioso hacia un partido político. La autoridad electoral está cumpliendo con sus funciones, resolviendo conforme a derecho los asuntos que le son encomendados. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Moción de orden. ¿Moción al orador? Por supuesto, ¿qué documento quiere que se lea? El C. Consejero Luis Antonio González: Moción de orden para pedir la lectura de un documento la foja 50, de la sentencia SUP-RAP-55/2004, dictado por la ponencia del Magistrado Orozco Enríquez, y avalado por todo el seno del Consejo, párrafo priemero y segundo, y asimismo, el primer párrafo de la página número 54, para centrar la discusión del tema, porque no comparto muchos de los puntos de vista, y creo que estamos tocando otro punto distinto. El C. Presidente: Muchas gracias. Haremos la lectura del documento en cuanto lo tengamos localizado. Le pido a la Secretaria del Consejo que dé lectura a estos párrafos que se solicitan. La C. Secretaria: Doy lectura a los párrafos primero y segundo de la foja 50 de la sentencia SUP-RAP-55/2004.

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Párrafo primero, el agravio identificado bajo el inciso a) del resumen precedente es sustancialmente fundado en razón de lo siguiente, párrafo segundo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso l) y 82 párrafo 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Consejo General del Instituto Federal Electoral le corresponde declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción o Estatutos que le sean comunicadas por los partidos políticos nacionales dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el Acuerdo correspondiente por los institutos políticos interesados, en el entendido de que las modificaciones no surtirán efectos hasta que dicho órgano superior de dirección del Instituto haga la declaración respectiva, y la Resolución debe dictarse en un plazo que no exceda de 30 días, contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente. Párrafo segundo de la foja 53. En consecuencia, se debe privar de efectos a la determinación de la Secretaría del Consejo General para que se límite al auxilio del Consejo General en el ejercicio de la atribución de este último, y que es la relativa al conocimiento de la comunicación por el Partido Verde Ecologista de México, de ciertas modificaciones estatutarias a sus Estatutos, para declarar la procedencia constitucional y legal de las mismas. Esto es, si la Secretaría del Consejo General recibió el oficio del primero de septiembre de 2004, debe informar o dar cuenta a dicho órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral de dicha comunicación, y en su caso, turnarlo a la Comisión del Consejo General que sea la competente para elaborar el Dictamen respetivo, si fuera el caso de que el mismo Consejo General no dispusiera otra cosa. En términos de lo prescrito en los artículos 38, párrafo 1, inciso l); 80, párrafos 1 y 2; 82, párrafo 1, incisos b) y z), y 84 párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos…

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…párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra al Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias, Consejero Presidente. Voy a utilizar esta primera intervención para presentar el Proyecto de Dictamen alterno que tienen ustedes sobre la mesa y que, entiendo, ha sido distribuido desde el día de ayer. Ese proyecto tiene como origen la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que, al revocar el oficio de la Secretaria Ejecutiva, consideró que la Secretaria del Consejo no tenía competencia para dar respuesta a lo solicitado por el Partido Verde, estimando en consecuencia que la atribución de declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos, corresponde al ámbito exclusivo de este Consejo General. Asimismo, es un proyecto que parte de la convicción de que los Estatutos propuestos por el Partido Verde Ecologista de México cumplen con los principios constitucionales y legales ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Parte también del principio de que una autoridad sólo puede realizar aquello para lo que expresamente está facultado para hacer, y este Consejo, en términos de lo señalado por el Tribunal, está facultado para conocer de las modificaciones estatutarias de un partido político y pronunciarse sobre su constitucionalidad y legalidad. Entonces, esta autoridad al no cumplir con la obligación que la ley ordena, vulnera el principio de legalidad que está obligada a observar. Atendiendo al principio de objetividad, la declaración de la procedencia constitucional y legal sobre las modificaciones estatutarias, requiere de manera previa del análisis y abrogación de las mismas. ¿De qué manera se puede cumplir con este principio? Solamente se logra con la valoración de lo que el Partido nos ha presentado. Ahora bien, si esta autoridad está facultada para conocer de las modificaciones aludidas bajo el principio de legalidad constitucional, entonces de manera concatenada no se puede dejar de cumplir con otro principio, como lo es el de la exhaustividad, es decir, que con los elementos con que cuenta este Consejo se deben de revisar de fondo estas modificaciones. En atención a lo señalado y para el cumplimiento cabal de la sentencia emitida por el Tribunal, es imperativo para esta autoridad entrar al estudio de fondo para realizar la declaración de procedencia.

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Si seguimos el orden cronológico de todos los documentos que comprenden el estudio del expediente del caso, lo que yo no puedo desprender es ningún razonamiento lógico jurídico que nos impida conocer al fondo de las modificaciones presentadas. La SUP-RAP-55 que es el instrumento a partir del cual debemos analizar la constitucionalidad o no de las modificaciones en comento, se señala que el oficio de la Secretaría establece que no se dará por iniciado el plazo señalado en el artículo 38, hasta que el Tribunal haya desahogado los recursos que tienen pendientes y el incidente de inejecución de sentencias presentado. Lo anterior es así porque el recurso de apelación SUP-RAP tiene su origen en un acto diverso de los incidentes de inejecución de sentencia y los medios de impugnación antes preciados, ya que en ellos se tratan de ventilar actos relativos a la ejecución de la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-21 y en el referido recurso de apelación se revisó un acto de autoridad, el del oficio, en el cual se alegó que la Secretaria no tenía competencia para pronunciarse. Se trata pues, de un acto a todas luces independiente a la inejecución de la sentencia aludida, máxime que se trata de dos medios de impugnación de naturaleza distinta. Con eso se confirma un problema de interpretación, ya que una cosa es que el Estatuto del Partido se encuentre impugnado y otra que el IFE debe resolver respecto a lo que propia autoridad le requirió al Partido involucrado. Es decir, no se puede dejar de conocer lo ordenado por ella misma. En el proyecto original sí hay un confusión al interpretar esta situación, ya que estos incidentes y juicios, si bien se encuentran vinculados, de ninguna manera deben considerarse como un impedimento para que este órgano se pronuncie sobre el fondo de la solicitud del Partido Verde dentro del proyecto que hoy deberá ser votado. Asimismo, otro elemento que nos da certeza de que este Consejo General sí debe entrar al fondo del asunto que hoy nos ocupa, es el hecho que en otro de los párrafos de la SUP-RAP-55 relacionado a las facultades con que cuenta la Secretaría Ejecutiva, la actividad jurisdiccional establece que, en su caso, turnarlo a la Comisión del Consejo General que sea la competente para elaborar el Dictamen respectivo, si fuera el caso de que el Consejo General no dispusiera otra cosa. Y nuevamente señala el Tribunal que en términos de los prescrito en el artículo 38, numeral 1, inciso l); 80, párrafos 1 y 2; 82, etcétera, del Código Electoral. Ahora bien, en la parte en que se refiere, si fuera el caso de que el Consejo General no dispusiera otra cosa, significa que el Consejo…

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Inicia 40ª. Parte

…ahora bien, en la parte en que se refiere si fuere el caso de que el Consejo General no dispusiera otra cosa, significa que el Consejo General puede decidir entre pedirle a la Secretaría Ejecutiva que la petición del Verde la turne a la Comisión competente o que el Consejo mismo decide elaborar el Dictamen con lo cual se da contestación a la petición del Partido solicitante. A mayor abundamiento, la Resolución deel Tribunal, SUP-RAP-55, al contestar la impugnación al oficio no señala de ninguna manera, ni en ningún lado que el Partido Verde no tenía derecho a que se revisaran sus modificaciones. En otras palabras, no le indicó que se tenía que esperar a que la Resolución del 13 de febrero de 2004 quedara firme, máxime si nos remitimos al inciso a), del Considerando segundo de la Resolución de dicha sentencia, relativo al resumen de agravios, en la parte conducente se refiere, es la página 47, leo: “El acto dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral carecer de fundamentación y motivación y hace nugatorio un legítimo derecho que le asiste al actor para que el Consejo General del IFE emita la Resolución sobre la base de las modificaciones estatutarias realizadas el 31 de agosto de 2004, por la Asamblea Nacional del Partido Verde Ecologista de México”. Yo pediría que no agraviemos la sentencia del Tribunal, me parece que es muy clara y esto es textual lo que nos dice, es decir, no le dijo el Partido que debía esperar a que quedara firme, si lo hubiere querido hacer perfectamente hubiera podido señalar la Resolución de este Consejo General de febrero de 2004. Entonces, no evoca tampoco a lo largo del texto ninguna condición suspensiva, es decir, al Partido le da el derecho de que este Consejo se pronuncie sobre sus modificaciones sin condicionar nada, absolutamente nada en la SUP-RAP, que nos ocupa. Y por otro lado, me parece que el artículo 38 no está ahí por una errata, es decir, me parece que es muy claro, a ver, si el Tribunal hubiera querido solamente decirnos corrige la ruta porque la Secretaria Ejecutiva no pudo hacerlo, y lo que quiero es que simplemente lo que la Secretaria Ejecutiva dijo, lo diga el Consejo, hubiera sido innecesaria la referencia del 38, con que hubiera referido el 80 y el 82 hubiera sido más que suficiente cuál era la señal o qué era lo que estaba esperando el Tribunal de este Consejo. Pero no está ahí por error, el 38 justamente habla de la obligación de este Consejo General de pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad, no lo podemos partir. Pero por otro lado, insisto, no hay ninguna referencia al Acuerdo de febrero de 2004, es decir, la condición suspensiva no está referenciada y sí está reconocido el derecho al actor para que este Consejo se pronuncie respecto de sus Estatutos.

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De manera que yo creo que lo que debiéramos hacer es justamente entrar al fondo, del proyecto original porque no veo ninguna consideración lógica y jurídica para no hacerlo. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar. El C. Diputado Arturo Escobar: Gracias, Presidente. Buenas tardes, consejeras, consejeros y representantes. Antes que nada quiero mencionar que espero que todavía nos encontremos todos, especialmente los consejeros con derecho a voto en una etapa reflexiva, los debates son para eso, para que discutamos posiciones y lleguemos a conclusiones. Pero aparte hay que entender y hay que elevar al nivel que merece este asunto, este es uno de los asuntos más importantes que en la vida de este Consejo, ustedes van a tener que definir y creo y espero que cada uno de los consejeros tome la palabra y defiendan sus posiciones. Creo que este es un asunto meramente jurídico donde tiene una balanza a favor de la soberbia, a favor de la impecable explicación que dio el Consejero Rodrigo Morales sobre los antecedentes del asunto y los conceptos jurídicos que deberíamos de tomar en cuenta para resolverlo. Dentro de la explicación que hace la Consejera Teresa González Luna, ella señala que el poder reconocer que hubo una interpretación errónea o que cometieron un error al haberle otorgado una condición suspensiva al Estatuto de mi Partido sería dar un paso atrás, yo no coincido Consejera, es un paso adelante. Yo se lo he comentado a todos ustedes en privado, que mucha de la interpretación que se saca de la sentencia del Tribunal cuando declara ilegal…

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Inicia 41ª. Parte

...que mucha de la interpretación que se saca de la sentencia del Tribunal, cuando declara ilegal la iniciativa de mi Partido, podía sacar diferentes interpretaciones pero, señores consejeros, en ningún momento, ninguna interpretación que pudiera derramar de ningún precepto o de ninguna resolución judicial, puede ir en contra de la ley. En ningún momento. El haber declarado efectos suspensivos a los Estatutos del Partido Verde, declarados legales y constitucionales el pasado 13 de febrero por este Consejo General, llevaron a mi Partido a ser un híbrido; a ser un Partido que no tenía meros derechos, y les quiero dar ejemplos, para no nada más hablar. Mi Partido, en sendas ocasiones, solicitó al Director Ejecutivo, al Doctor Alejandro Poiré, modificar las estructuras partidistas, como cualquier partido político nacional. Me acuerdo el modificar a un secretario de organización en algún estado o la elección de un nuevo presidente en algún estado, y él me contestaba que era su interpretación que mi Partido no tenía esas facultades, conforme a la sentencia del Tribunal. Es decir, el Partido Verde era un Partido que no tenía vida propia; era un Partido que dependía de diversas interpretaciones. Es la opinión de mi Partido, es la opinión, creo yo, de aquellos que sometieron a consideración de este Consejo General un voto particular; que dada la interpretación que se le da a la sentencia y dada la Resolución que toma este Consejo el pasado 13 de febrero, existe una equivocación el no haberle dado vigencia a los Estatutos del Partido. Coincido con el Consejero Rodrigo Morales cuando señala que si el Tribunal hubiera buscado esa interpretación, ese hecho emanado de la Resolución de este Consejo General, hubiera confirmado el acto de la Secretaría Ejecutiva, tal vez informándole que ella no es la facultada para informar a los partidos políticos sobre presuntas modificaciones en su viabilidad o no. Sin embargo, en el fondo del escrito, en el fondo del recurso de apelación que mi Partido interpuso ante el Tribunal, la ponencia del Consejero Orozco y después, de manera unánime, todos los magistrados, incluyendo, que en paz descanse, el Magistrado De la Peza, le informaron a este Instituto Federal Electoral que tenía que ser su órgano central, es decir, el Consejo General, el Consejo General quien conforme al artículo 38-1, inciso l), resolviera sobre la viabilidad de la reforma estatutaria del Partido Verde Ecologista de México. En caso que el Tribunal no hubiera buscado esa conclusión, en ningún momento, como lo señaló contundentemente el Consejero Morales, hubiera hecho expresión de ese artículo. En ningún momento.

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Pero aparte de todo, le hubiera, como lo repito, confirmado el oficio emanado de la Secretaría Ejecutiva, donde nos dice que no estamos facultados para hacer reformas, sino hasta que se resuelvan los sendos recursos interpuestos en contra del Estatuto aprobado por unanimidad en este Consejo General el pasado 13 de febrero, salvo los cinco artículos referentes. Pero vámonos por la vía jurídica, vamos a dejar cualquier asunto político a un lado, porque no vale la pena. Yo estoy seguro que si me ponen atención los consejeros con derecho a voto, que todavía tienen dudas, tendrán la posibilidad de rectificar su posición, a efecto de hacer lo que es correcto: aplicar la ley. Vamonos a la Constitución, que es todavía más laxa en su redacción que el COFIPE. Vamos a la Constitución; artículo 41, fracción IV, último párrafo. “En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado”, repito: “no producirá efectos suspensivos”. Si no es suficiente la Carta Magna, vámonos al Código que regula a este Instituto. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; artículo 6 “De las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación”. Numeral 2: “en ningún caso la interposición de los medios de impugnación previstos en esta ley, producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnado”. En ningún caso, o sea, en ningún caso, ni la resolución del Tribunal. Esto nos lleva o nos concluye que en ningún momento los magistrados del Tribunal lo que buscaban era dejar a un Partido...

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INICIA 42A PARTE

... esto nos lleva o nos concluye que en ningún momento los magistrados del Tribunal lo que buscaban era dejar a un Partido, un Estatuto declarado anticonstitucional y otro con efectos suspensivos, porque lo obvio es que los iba a llevar a un camino de total indefensión, a un camino en donde un partido político nacional, que aproximadamente obtuvo un millón 800 mil votos en el pasado proceso federal, no tuvieron documento básico con el cual contender. ¿Cómo pudiéramos imaginarnos que ese era el objetivo que buscaban los magistrados del Tribunal? Por supuesto que no, y por eso, cuando el Partido tiene posibilidad de recurrir ante el Tribunal por diversos actos, en este caso del algún integrante del Consejo, que fue la Secretaria Ejecutiva, resolvió como resolvió. Yo repito alguna frase que dijo el Consejero Morales, Considerando segundo, el acto dictado por la Secretaria Ejecutiva carece de fundamentación y motivación, y hace nugatorio, un legítimo derecho que asiste al Partido Verde Ecologista de México para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita Resolución sobre las modificaciones realizadas el 31 de agosto del año 2004, para que el Consejo General emita la Resolución sobre las modificaciones estatutarias realizadas el 31 de agosto de 2004. Consejera González Luna, con mucho respeto, creo que es clarísimo, es clarísimo lo que nos están pidiendo, resuelvan conforme al ámbito de sus facultades. El único órgano en el estado mexicano facultado para resolver en materia de modificaciones estatutarias de partidos políticos nacionales son ustedes, no es el Tribunal, no es el Tribunal. Pero a parte de todo, en la sentencia donde declaran ilegales los Estatutos del Partido Verde en ningún momento nos limitan para posteriormente haber hecho las modificaciones que presentamos el 30 de diciembre, y fueron aprobadas aquí el 13 de febrero de 2004, ahí las nuevas modificaciones nunca nos limitan, nunca nos limitan y por eso mi Partido estaba legitimado para realizar las modificaciones del 31 de agosto, y estamos legitimados. Y solicitamos la aplicación de la ley para que ustedes, en el ámbito exclusivo de sus facultades, hagan un estudio a fondo de las reformas presentadas y nos den la posibilidad de volver a tomar el rumbo de la normalidad después de 18 meses de enormes agravios. Gracias, Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Muchas gracias, Consejero Presidente. Para ahondar en función de lo que ha comentado el representante del Partido Verde Ecologista de México, y manifestar que el PRI expresa su discenso en función de la posición que ha 88


dado lectura la Consejera González, y tiene que ver con lo siguiente, particularmente la argumentación jurídica, que creo que es la más importante. Se sostuvo por la Consejera Teresa González, que le preocupan, de acuerdo a la exposición que hizo, dos cosas: Los juicios que están pendientes de resolverse, por una parte, y segundo, el respeto a las resoluciones emitidas por este Consejo General. Cuando obviamente se creo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se previó una figura en el artículo 11 de esta misma ley, que establece las causales cuando procede el sobreseimiento de diversos asuntos que están ventilándose en el Tribunal, y el inciso b), dice: que proceden sobreseimiento cuando la autoridad responsable, entiéndase Consejo General, del acto resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si obviamente el Consejo General recibe o ha sido excitado por el Partido Verde Ecologista de México para definir una cuestión de sus Estatutos, en función de eso y no que lo haga de motu proprio, en función de ello puede modificar o puede lograr la modificación con sus efectos del acto reclamado, en este caso lo que está ventilándose en los juicios ante el Tribunal. ¿Y qué significa eso? Que, obviamente, si ustedes modifican aprobando los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, aquellos quedan sin materia, y en consecuencia, viene el sobreseimiento, primera cuestión, Consejera Teresa González...

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El sobreseimiento, primera cuestión, Consejera Electoral María Teresa González. Segunda, el respeto a sus resoluciones emitidas, vuelvo a repetir, no es que ustedes estén modificando de muto propio, por el contrario, están recibiendo la solicitud de un interesado para modificar el acto. Por tanto no es que no se respete la Resolución, sino en el ámbito de sus facultades, facultades legales, pueden modificarlo. Y voy a la parte de la sentencia, decía con toda certeza el Consejero Electoral Rodrigo Morales, si hubiera querido el Tribunal lo dice expresamente, pues sí, pero no lo dijo porque el Tribunal supone, supone que ustedes conocen la ley, señores consejeros electorales, por eso no lo dice, y la ley es expresa para establecer, obviamente este camino que acabo de escribir y que no quisiera repetirlo. Y en el último párrafo del artículo 53, que la Secretaría, la Secretaria Ejecutiva acaba de dar lectura. En la parte final establece turnarlo a la Comisión del Consejo General para que sea la competente para elaborar, primero, es una situación imperativa, para elaborar el Dictamen respectivo. Si fuera el caso de que el mismo Consejo no dispusiera otra cosa. Y viene la parte interesante, en términos de lo prescrito en los artículos tal, tal y tal, en términos de lo prescrito, y me fui a los significados más comunes de la palabra términos y prescrito. Término: límite o final de una cosa. Señal que fija los límites de campos y terrenos. Prescribir: Ordenar, determinar. ¿Qué quiere decir esta última parte del párrafo? Pues muy claro, que dentro de los campos y terrenos, dentro de los límites de los campos y terrenos se les ordena resolver conforme al inciso l), párrafo 1, del artículo 38; que entre otras cosas establece obviamente la necesidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de lo que se está sometiendo a su consideración, y eso es estrictamente lo jurídico. Y yo a veces, y lo digo con todo respeto, pero sí es una crítica que tengo que hacer, yo a veces siento que no le hacen caso a sus abogados aquí en el Instituto. Hay muchísimos y muy buenos, y ahí francamente cuando presentan este tipo de resoluciones, y lo digo con todo respeto, no es motivo para hacer debate, siento que no hay un apoyo jurídico al que le hagan caso. Y precisamente en términos de este precepto, señor Consejero Presidente, de este último precepto, del inciso l) párrafo 1, del artículo 38, en el entendido que lo que busca el numen de ese inciso es que se aprueben o que se busque la aprobación de los Estatutos correspondientes, pediría, primero, y aquí voy a manifestar mi disenso, con ustedes, señor Consejero Presidente, por el punto anterior que sucedió con el PRD. Con fundamento en el párrafo 4, del artículo 15, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, todos los integrantes del Consejo tenemos derecho a proponer 90


observaciones, sugerencias, y perdón la expresión, de nueva cuenta, propuestas durante el desarrollo de la sesión. Es decir, pido en ese instante y solicito que el primer proyecto que se vote, porque esa es la finalidad, eso es lo que busca el inciso l) es el proyecto alterno que se nos circuló a todos los integrantes del Consejo General antes del que ya venía anunciado en el orden del día, y éste, me estoy refiriendo al primero propuesto por tres consejeros electorales: Rodrigo Morales, Marco Gómez Alcántar y el Consejero Electoral Virgilio Andrade, en función de que eso es lo que busca el inciso l), primero, que se trate de aprobar o que se busque la aprobación. No que no se busque la aprobación. Entonces en función de ello sí solicitaría, señor Consejero Presidente, que se someta a consideración ese punto. Cierro con la parte de la parte de la suspensión. Yo creo que ha sido muy clara, muy detallada, muy específica la intervención del señor Consejero, perdón, del integrante de este Consejo, representante del Partido Verde Ecologista de México. La Constitución es muy clara, no había una cuestión de suspensión, porque obviamente en materia electoral…

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…Ecologista de México. La Constitución es muy clara, no había una cuestión de suspensión porque obviamente en materia electoral no se contempla como tal o al menos se prohíbe expresamente, y en función de ello es que se realizaron una serie de actividades, según entiendo, por parte de una Asamblea Nacional del Partido Verde Ecologista de México que implica, obviamente la modificación a sus Estatutos, y me van a decir, bueno, es que cómo lo van, cómo lo hizo, si para nosotros estaban suspendidos esos Estatutos. Pues yo le diría, entonces aplicaban los anteriores, y sigue siendo la misma figura nacional, entiendo, la facultada, obviamente no puede el Partido Verde dejar de tener Estatutos o régimen interno, sino por el contrario, están obviamente en todo caso, en ese supuesto y en ese extremo, están en vigencia los anteriores Estatutos y tienen el mismo órgano superior, y ese órgano superior de dirección fue el que aprobó obviamente la modificación a estos Estatutos. En función de ello, señores consejeros electorales, yo creo lo que debemos, lo que se debe realizar es una reflexión profunda, en los términos en que se está planteando el primer proyecto. Es decir, el de la negativa, porque ese no creo que sea el espíritu que se está buscando, señor Consejero Presidente, como usted lo ha dicho en diversos foros, no busca o no estaría buscando el fortalecimiento de los partidos políticos. Y es por eso que este Consejo General tiene esa responsabilidad tan alta y que tiene que velarla, obviamente, porque es parte del sistema político mexicano. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. El representante del Partido Revolucionario Institucional sugiere que se altere el sentido de la votación. Quiero simplemente comentar que la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, elevó a este Consejo General una propuesta, un Proyecto de Dictamen y que por lo tanto debe ser el Proyecto de Dictamen que se tome a votación. Si ese Proyecto de Dictamen fuera desechado, entonces de manera automática se pasa al otro Dictamen alternativo que se ha propuesto. Ahora bien, es una moción de orden que con base en el artículo 20 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, hace el representante del Partido Revolucionario Institucional, y en el momento de la votación yo someteré a la votación de esta mesa si se aprueba la moción de orden que nos propone el representante del Partido Revolucionario Institucional, y si se aprobase, entonces podríamos alterar el sentido de la votación.

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Pero reitero, está así porque es la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión la que ha sometido a este Consejo General la votación de un Dictamen aprobado en esa instancia de decisión. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias, Consejero Presidente. Buenas tardes. En la sesión del Consejo General de fecha 13 de febrero del año 2004, en la cual se emitió el Acuerdo CG35/2004, me referí a temas que desde mi perspectiva significan elementos esenciales que debían contemplarse en los Estatutos que en aquella ocasión fueron presentados a nuestra consideración. Algunos de esos temas tenían que ver con los derechos de los miembros de un partido político para poder participar en la integración de sus órganos directivos, así como en la elección de distintos candidatos a cargos de elección popular. Además, el asunto del reconocimiento jurídico de los derechos de las minorías que imponen los principios democráticos que rigen al estado mexicano. Tal como se desprende en diversas disposiciones constitucionales como son los artículos 52, 56 y 115, los cuales establecen mecanismos para que los grupos minoritarios tengan acceso a cargos de elección. Estos dilemas siguen estando presentes en el ejercicio de mis funciones como Consejera Electoral, incluso una vez resuelto el medio de impugnación identificado con el número de expediente SUP-RAP-55/2004. Es mi parecer que las razones propuesta en el Proyecto de Resolución ahora en estudio, no abunda en la solución de los problemas jurídicos que podrían llevar a una respuesta consistente de los mismos. Dicha respuesta con una argumentación más sólida tal vez podría ser como se propone, es decir, que no ha lugar, las modificaciones presentadas por el Partido, o bien podría ser en otro sentido muy diferente. El análisis de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones propuestas, como ya lo ha planteado en esta mesa el Consejero Electoral Rodrigo Morales, o probablemente una respuesta diferenciada, pronunciamiento respecto de ciertas disposiciones modificadas pero no respecto de otras. En todo caso, la propuesta tal como se circuló para esta sesión del Consejo General, no hace posible analizar si se han realizado cambios relacionados con algunos de los temas antes señalados o aún más, con otros asuntos respecto de la vida interna del Partido o del ejercicio de los derechos de sus miembros, o en un…

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Inicia 45ª. Parte

…en todo caso la propuesta tal como se circuló para esta sesión de Consejo General no hace posible analizar si se han realizado cambios relacionados con algunos de los temas antes señalados o aún más, con otros asuntos respecto de la vida interna del Partido o del ejercicio de los derechos de sus miembros o en un extremo, con relación a cualquier otro tema establecido en las disposiciones estatutarias del Partido. Es por esto que votaré en contra del Proyecto de Resolución que se pone a nuestra consideración en este punto. Sin embargo, a fin de ser congruente con el sentido de mi voto, paso a resumir lo que considero es la cadena argumentativa del Proyecto de Resolución que ahora conocemos. El proyecto propone como Resolutivo primero que no ha lugar, de acuerdo al planteamiento que hizo la Consejera Electoral González Luna, que no ha lugar a las modificaciones de los Estatutos del Partido Verde Ecologista. Desde luego, es probable que se refiera a una improcedencia procesal, lo cual significa, si no entiendo mal los términos jurídicos, que prácticamente se está desechando la solicitud del partido sin entrar al estudio de fondo de la misma. La concatenación lógica que sostiene dicho resolutivo es como sigue: Primero, que las modificaciones se realizaron fuera de los plazos marcados por el Acuerdo CG35/2004. Segundo, que esto es así, porque el referido Acuerdo aún no está firme. Tercero, que no está firme en razón de que se han intentando diversos incidentes de inejecución y se han interpuesto medios de impugnación, los cuales aún no son resueltos por el Tribunal Electoral Federal. Me parece que la conclusión a que se arriba podría caer en el vicio lógico denominado: “De petición de principio”. Recordemos que en el proyecto se argumenta que las modificaciones se realizaron fuera de los plazos ordenados en nuestro Acuerdo de febrero de 2004, mientras que el Resolutivo primero propone que no ha lugar a estas modificaciones. Eso es el desechamiento. Considero que a fin de concluir efectivamente que las modificaciones ordenadas en el multicitado Acuerdo CG35/2004, no es posible analizarlas en este momento, es necesario estudiar en primer término el fondo de las modificaciones.

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Quiero decir, estar ciertos respecto del tipo, sentido y alcance de las modificaciones notificadas en septiembre y que posteriormente culminaron en la sentencia que ahora se cumple. Desde mi punto de vista, el análisis que precede al proyecto no permite determinar con exactitud el alcance y magnitud de las modificaciones propuestas. ¿Cómo concluir que es dable la improcedencia de las modificaciones, cuando para ello primero es menester analizar el fondo de éstas y poder discriminar cuáles se refieren a lo ordenado en febrero de 2004 y cuáles no? Además, a fin de poder arribar a tales conclusiones, estimo que en el proyecto debió plasmarse un análisis exhaustivo con relación a cuáles eran los efectos jurídicos exactos del Resolutivo segundo del Acuerdo GC35/2004. Podría pensarse en un primer momento que ello era innecesario, es mi parecer que dicho Resolutivo contiene una norma jurídica individualizada, que como cualquier norma jurídica es susceptible de interpretación, lo cual estimo no sería en detrimento de la fuerza normativa de los acuerdos de este Consejo General. Dicha interpretación debió hacerse respecto de diversas hipótesis, cuyos efectos, desde mi perspectiva, deben desprenderse de la referida Resolución de febrero del año pasado. Considero que la afirmación principal del proyecto debió haberse sustentado en parte en un estudio de interpretación del alcance normativo de las hipótesis que contienen la disposición jurídica individualizada que creamos en el multireferido acuerdo CG35. A fin de poder aseverar que las modificaciones resultan improcedentes, “en virtud de que fueron realizadas fuera del plazo establecido, en los resolutivos primero y segundo, por lo que contravienen lo dispuesto por este órgano colegiado en razón de que se realizaron fuera del momento procesal oportuno establecido en la Resolución de mérito”, era pertinente jurídicamente desde mi punto de vista delimitar los alcances de la frontera temporal a que se refiere el Acuerdo multireferido, y más importante aún hasta dónde afectaba la esfera jurídica del Partido las obligaciones que se contienen en sus resolutivos, particularmente el primero y el segundo. Primero, debió argumentarse la finalidad de haber plasmado disposiciones temporales en el referido Resolutivo segundo, esto es, ¿se trataba de haber fijado un punto a partir del cual empezaba a computarse el plazo de 30 días a fin de dar certeza al propio partido político o se trataba más bien de una prohibición de realizar las modificaciones ordenadas hasta que no comenzara a correr dicho plazo? Me parece que el proyecto asume…

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Inicia 46ª. Parte

...que no comenzaba a correr dicho plazo, me parece que el proyecto asume, implícitamente, la segunda de las preguntas planteadas. Ello es así porque se llega a afirmar que tales modificaciones contravienen lo dispuesto por este órgano colegiado. Independientemente de la conclusión a la que se llegue en este primer problema jurídico, considero que todavía restaba una segunda interrogante que no es abordada y menos contestada en el proyecto que está a discusión y la cual representa, desde mi parecer, uno de los pilares de la argumentación que debió esgrimirse en el referido proyecto, es decir, en segundo lugar era preciso establecer, una vez más, los alcances jurídicos de las normas contenidas en los dos primeros resolutivos del Acuerdo de febrero de 2004. Recordemos que en el primero de ellos se determinó la procedencia constitucional y legal de las modificaciones de los Estatutos, aunque la vigencia de estos se mantuvo en condición suspensiva hasta que se cumpliera precisamente con ésta, lo cual se configuró en el Resolutivo segundo, mientras que la referida condición era precisamente que se llevaran a cabo las adecuaciones puntuales a los Estatutos. Las interrogantes de este análisis podrían plantearse en los siguientes términos: ¿El Partido estaba impedido de realizar modificación alguna a los Estatutos, cuya vigencia estaba sujeta a una condición suspensiva o también la prohibición se circunscribía a no modificar lo particularmente ordenado hasta que queda firme la Resolución? Puesto de otra forma, la condición suspensiva impuesta en la Resolución de febrero de 2004, ¿recaía únicamente sobre la vigencia de los Estatutos o pesaba también sobre el ejercicio de ciertos derechos del Partido? En suma, estimo que el Proyecto de Resolución a consideración no está exhaustivo ni convincente respecto de las razones que impiden entrar al estudio de fondo de las modificaciones a los Estatutos del Partido, y por lo tanto, en la dinámica de las preocupaciones que expresé desde febrero de 2004 y las cuales recapitulé al inicio de esta intervención, el Proyecto de Resolución ahora a discusión, desde mi perspectiva, no me convence suficientemente, a fin de compartir su conclusión. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. No conozco el contenido de las reformas que el Partido Verde está proponiéndole a este Consejo para que declare su procedencia constitucional y legal, y no abordaré el contenido de las mismas precisamente por ese desconocimiento. Sin embargo, sí quiero referirme a los argumentos que esgrime el proyecto y que aquí ya han esgrimido algunos consejeros, para no entrar al fondo de esa discusión, es decir, para declarar su improcedencia, simple y llanamente porque las reformas aludidas en la propuesta del Partido Verde no fueron hechas en el momento procesal oportuno. 96


Yo creo que aquí tenemos que partir de un principio jurídico que dice que a nadie se le puede obligar a vivir en la ilicitud, y al Partido Verde Ecologista de México se le está obligando a vivir en la ilicitud. Me explico, todo este debate, esta Resolución que aquí se discute, deviene de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece que los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México no son constitucionales y no son legales y que, en consecuencia, debía realizar una serie de modificaciones, modificaciones que el Partido Verde hizo en diciembre del año antepasado y de las cuales esté Consejo General se pronunció en febrero del año pasado. Sin embargo, nos encontramos hoy, a casi un año de distancia, que al Partido Verde no se le ha permitido realizar las modificaciones que este propio Consejo le ordenó hacer en determinados artículos de ese Estatuto modificado que este Consejo declaró que sí era constitucional y que sí era legal salvo, insisto, cuatro o cinco disposiciones. Esto me lleva también a la conclusión de que están violentando el derecho del Partido Verde a tener Estatutos. Los partidos, según el COFIPE, tenemos la obligación, para ser partido político, a tener Estatutos, y toda obligación es un derecho; toda obligación, para el obligado, es un derecho; eso se enseña en la teoría general del Derecho, y yo creo que el Partido Verde tiene legítimo derecho a tener los Estatutos que ellos crean que son los Estatutos que deben de tener insisto, también, por supuesto, cumpliendo los extremos del Tribunal y luego de la Resolución del Instituto Federal Electoral. Por eso creo que partiendo de esta premisa de que a nadie se le puede obligar a vivir en la ilicitud, este Consejo General debería incorporar en su discusión el fondo de las reformas aquí planteadas. Esa es una primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes. La segunda, tiene que ver con la aludida condición...

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INICIA 47A PARTE

... primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes. La segunda tiene que ver con la aludida condición suspensiva, partiendo desde luego en la base que en derecho electoral no hay condiciones suspensivas, así lo establece la propia Constitución y así, aquí varios ya lo han expresado. Pero no sólo me refiero a que en la Constitución no se permiten los efectos suspensivos, sino a que hay una errónea interpretación de la condición suspensiva que este Consejo General impuso hace un año, se dice en el Proyecto de Resolución que esa condición suspensiva está referida a la posible, a la eventual ratificación o declaración del Tribunal de que estos Estatutos son efectivamente ya constitucionales y legales. Y me parece que la Resolución que ustedes emitieron hace un año es muy clara al referir esa condición suspensiva a un hecho propio del Partido Verde Ecologista de México, no a un hecho de un tercero, en este caso del Tribunal; porque, además, yo creo que ustedes no podían suponer que la Resolución que ustedes tomaron hace un año pudiese haber sido impugnada, la posibilidad, desde luego, ahí estaba, tal como sucedió, pero al momento de tomar la Resolución ustedes no podían afirmar que esta Resolución iba a ser impugnada por ciudadanos, o por el propio Partido, o por cualquier otro partido político, así es que ustedes no podían interponer una condición de algo que no sabían si iba a suceder. Las condiciones suspensivas en Derecho Civil que están referidas a un hecho que no se tiene ninguna certeza de que va a suceder son nulas. Por eso creo que hay una mala interpretación de esta condición suspensiva, y atenta además esta condición suspensiva, esta mala interpretación de la condición suspensiva atenta contra un principio en materia electoral que está referido en la propia Constitución, que es el principio de la certeza. Yo creo que ahora el Partido Verde Ecologista de México vive exactamente en lo contrario, en la incertidumbre, ¿por qué?, porque no saben si sus Estatutos son los de febrero del año pasado o los de antes de diciembre del año antepasado, o los que modificaron en marzo primero del año pasado y en agosto, septiembre, ya no recuerdo exactamente la fecha del año pasado. Y entonces, me parece que esta Resolución viola el principio de certeza que la Constitución establece en materia electoral. ¿Por qué viola esta mala interpretación de la condición suspensiva el principio de certeza? Porque, efectivamente, no sabemos en qué momento va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien, por cierto, hay que reclamarle, también, no se vale que tengan más de un año o un año los Estatutos de un Partido ahí durmiendo el sueño de los justos, no se vale que el Tribunal Electoral tenga un año en

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el horno los Estatutos de un partido político, y hay que decirlo, atenta también contra la vida de los partidos políticos el que el Tribunal haga eso. Entonces, por esos razonamientos creo que hay una mala interpretación de la condición suspensiva, y creo que esta condición suspensiva aquí referida debe retirarse y debe entrarse al fondo de la discusión de las propuestas de reformas que el Partido Verde ha planteado a este Consejo General del Instituto Federal Electoral. En todo caso, si el Tribunal llega a pronunciarse, porque, insisto, es un hecho incierto, sabrá Dios cuando lo vayan a hacer, si llega a pronunciarse por las reformas que hace un año el Partido puso a consideración de este Consejo General y declara que otra vez son inconstitucionales y que son ilegales, en todo caso si eso sucediera, los efectos de esa reforma se retrotraen al día en que fueron hechas. No veo yo ninguna riña, ningún problema, ninguna contradicción con que el Partido Verde reforme sus Estatutos, que además ustedes lo obligaron a hacerlo en un plazo de 30 días naturales, con que el Tribunal resuelva el fondo de los Estatutos originales, y vuelva a decir, esas reformas son inconstitucionales, insisto, en todo caso la obligación del Partido seguirá subsistiendo para cumplir con la sentencia del Tribunal. Finalmente, vuelvo a la consideración que hacía yo al principio al respecto a que a nadie se le puede obligar a vivir en la ilicitud, y esta consideración tiene que ver también con los principios de la condición suspensiva, porque las condiciones suspensivas son nulas cuando son ilícitas, cuando la condición que se supone que se solicita o que se exige es ilícita, pues esta condición es nula, la ley civil, el Código Civil así lo refuta, y son ilícitas aquellas condiciones que atentan contra la ley, contra la moral, contra las buenas costumbres. Y yo creo que obligar a un partido político a vivir en la ilicitud es una condición nula que no puede el propio Instituto Federal Electoral obligar a un partido político a vivir en esa condición; insisto, si ellos tienen la obligación de reportar sus reformas a los Estatutos, en consecuencia, y en contra partida tienen el derecho a hacer esas modificaciones y a informárselas a ustedes. Y si ustedes tienen el derecho de declarar, la atribución de declarar la procedencia constitucional y legal de los Estatutos de un Partido, tienen también la obligación de hacerlo cuando un partido político, en función del artículo 38 del COFIPE, les ha...

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Inicia 48ª. Parte

Cuando un Partido, en función del artículo 38 del COFIPE, les hace llegar una serie de modificaciones, como lo ha hecho el Partido Verde. Por estas reflexiones yo insistiría en que entraran al fondo del asunto. No sé si deban ser declaradas constitucionales y legales las reformas que ha planteado el Partido Verde, lo desconozco porque no las he estudiado, eso es materia de ustedes. Pero a lo que sí les exhorto a que entren al fondo de ese debate y de esa discusión. No sé si sea en este momento o si sea en un momento posterior, pero al menos esta Resolución debiera regresarse para estudiar el fondo de las reformas que el Partido Verde les ha presentado a ustedes. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Contrario a las ultimas intervenciones, desde mi perspectiva el proyecto que se somete a resolución y a consideración de esta mesa, sí garantiza la legalidad, pues opino que se apega al ordenamiento jurídico-electoral, que va desde la Constitución, Código de la materia, medios de impugnación, tesis, sentencias del Tribunal, y hasta los acuerdos y resoluciones aprobadas por este Consejo General. No es ajeno, para los miembros de este Consejo, que el principio de legalidad exige que el ejercicio de las facultades expresamente conferidas para la autoridad administrativa deban entenderse dentro de la totalidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, el ejercicio de una facultad de autoridad debe realizarse en congruencia con el ordenamiento jurídico en conjunto. Siguiendo esta lógica el proyecto que se pone a consideración sobre las modificaciones a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, se emite con fundamento en los plazos y formalidades que exige el artículo 38, párrafo 1, inciso l) de la ley electoral. Y asimismo, toma en consideración, o para su correcta motivación lo dispuesto en la sentencia SUP-JDC-21 de 2003, y lo señalado en los puntos resolutivos de la Resolución que emitió este propio Consejo General el pasado 13 de febrero de 2004. En acatamiento, subrayo, en acatamiento a lo señalado en la sentencia del Tribunal Federal Electoral antes mencionado. El primer punto a observar es que las modificaciones presentadas no cumplen con las condiciones de procedencia. Condiciones que, por ley, deben satisfacerse para estar en posibilidades de valorar la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos.

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No está de más recordar que antes de entrar al fondo hay que revisar si cumple o no con los requisitos de procedencia. Ignorar este principio, equivaldría actuar fuera del marco jurídico. Me refiero a los plazos que el Partido tenía que observar para cumplir con el debido procedimiento. El más inmediato es el establecido por la Resolución del 13 de febrero de 2004, emitida por este Consejo General, que indica 30 días para que se presenten modificaciones estatutarias, cito: A partir del momento en que la Resolución adquiera firmeza. La firmeza se encuentra en función de que el Tribunal Electoral emita las sentencias definitivas al resolver los medios de impugnación interpuestos contra dicha Resolución. No omito mencionar que la Resolución mencionada, la Resolución “de marras” fue aprobada por unanimidad en lo general en este Consejo, por los consejeros evidentemente con voto, y desde la perspectiva de la autoridad se consideró que el Resolutivo citado acata una exigencia de la sentencia SUP-JDC-21 de 2003. En ella se indica que dichos Estatutos se mantendrían en condición suspensiva hasta en tanto el Partido Verde Ecologista de México cumpliera con las modificaciones ordenadas, las cuales podrían llevarse a cabo dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de que la Resolución adquiriera firmeza. El punto Resolutivo que acabo de citar tiene, desde mi parecer, dos aspectos relevantes. Primero, es de todos sabido que sobre este caso se interpusieron dos incidentes de inejecución de sentencia, y dos juicios para la protección de los derechos políticos-electorales, que subrayo, aún no han sido resueltos por el Tribunal Electoral de la Federación. Por tales motivos, al encontrarnos frente a una Resolución del Consejo General, que todavía no adquiere firmeza, las modificaciones presentadas por el Partido Verde se encuentran, desde de mi perspectiva, viciadas de origen…

Sigue 49ª. Parte

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Inicia 49ª. Parte

…Partido Verde se encuentran desde mi perspectiva, viciadas de origen ya que fueron presentadas fuera del plazo, que como estableció el Consejo para tal efecto. En consecuencia, se da la nulidad del acto jurídico. Segundo. La condición suspensiva impuesta a los estatutos del Partido Verde Ecologista derivan única y exclusivamente del Resolutivo segundo de la Resolución del Consejo General emitida el 13 de febrero de 2004, y este resolutivo se da, hay que insistir, en acatamiento de los puntos resolutivos segundo y tercero de la sentencia del Tribunal recaída en el SUP-JDC-21 de 2003. Entonces nos encontramos obligados a respetar el plazo que el mismo Consejo determinó en la citada Resolución, porque es el plazo establecido por el Tribunal Electoral de la Federación. De los razonamientos expuestos se desprende que el presente Proyecto de Resolución se apega a derecho, ya que analiza los requisitos de procedibilidad de las modificaciones estatutarias a partir de lo señalado en los artículos 27 y 38, párrafo 1, inciso l) del Código Federal Electoral, así como lo señalado en la sentencia SUP-JDC21/2003 y la Resolución del 13 de febrero del Consejo General sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias del Partido Verde Ecologista. Finalizo mi intervención reiterando que la presente Resolución, desde mi perspectiva, se apega a los principios que regulan la materia electoral y específicamente al principio de legalidad. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Joel Padilla. El C. Consejero Joel Padilla: Señores consejeros, un servidor hace suyas las argumentaciones de los representantes de los partidos Verde Ecologista, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, no quisiéramos abundar más en dichas argumentaciones y sí queremos decirles que ustedes están para fortalecer el régimen de partidos en este país, que ustedes no pueden ir más allá de nuestra legislación. Está muy claro en la Constitución, en el COFIPE hasta dónde ustedes pueden llegar. Entonces ni ustedes ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni la Corte ni los diputados ni los senadores, nadie podemos ir más allá de nuestro marco legal y constitucional. Con ese proyecto que han presentado sí están en contra de nuestro marco legal y constitucional. Nosotros sí pediríamos que no politicen sus decisiones, aunque fueron electos por partidos políticos a través de sus diputados, creo que ustedes deben de apegarse estrictamente a derecho, deben de aplicar los principios de certeza, legalidad y objetividad plasmados en nuestra Constitución. No violenten el estado de derecho. 102


Creo que el Verde ya cumplió, el Partido Verde ya presentó sus modificaciones y ahora ustedes, a ustedes les toca cumplir. Ustedes no pueden impedir la existencia de partidos políticos, es el ciudadano, es el elector con su decisión el día de las elecciones quien autoriza o desautoriza la existencia de partidos políticos. No dañen más a un instituto político que está acatando al pie de la letra las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí exhorto, invito, solicito atenta y respetuosamente a quienes han presentado este proyecto, a que reconsideren su posición original, a que escuchen a los demás consejeros, a que escuchen a todos los partidos políticos, y sobre todo, que lean bien la Constitución. Es cuanto. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Luis Antonio González Roldán. El C. Consejero Luis Antonio González: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, señores representantes de los partidos políticos. Con la atenta solicitud, señor Presidente, de que lo externado en este punto quede asentado íntegro en el Acta de la presente sesión. En esta primera intervención me permito hacer las siguientes consideraciones relativas al Proyecto de Resolución presentado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión con relación al cuerpo normativo que debe regir la vida interna de mi Partido, el Partido Verde Ecologista de…

Sigue 50ª. Parte

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Inicia 50ª. Parte

…la vida interna de mi Partido, el Parito Verde Ecologista de México. El proyecto circulado, mismo que da origen a la discusión de este punto del orden del día, jurídicamente lo tienen que reconocer es inviable, pero más aún inaceptable, inaceptable para mi Partido e inaceptable para las demás entidades de interés público, ya que el mismo conlleva a violaciones legales graves y sistemáticas, que vulneran las funciones torales de este órgano colegiado y los principios rectores a los cuales debe someterse en todo tiempo y en todo momento. No podría imaginar en este momento que las decisiones fuesen tan arbitrarias en el próximo proceso electoral, pero más aún me es ininteligible que no se atienda una ejecutoria de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, la cual prístinamente determinó en la parte final del segundo considerando, vinculado con el resolutivo único que cito textual, independientemente que ya lo leyó la señora Secretaria Ejecutiva, determina en consecuencia: “se debe privar de efectos a la determinación de la Secretaria del Consejo General, para que se limite al auxilio del Consejo General en el ejercicio de la atribución de este último y que es la relativa al conocimiento de la comunicación por el Partido Verde Ecologista de México, de ciertas modificaciones estatutarias a sus Estatutos, para declarar la procedencia constitucional y legal de las mismas”. Esto es, si la Secretaria del Consejo General recibió el oficio del 1° de septiembre de 2004, debe informar o dar cuenta a dicho órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral de dicha comunicación, y si fuera el caso de que el mismo Consejo General no dispusiera otra cosa, en términos de lo prescrito por el artículo 38, párrafo 1, inciso l), y prosigue. El proyecto deben reconocerlo los integrantes de la Comisión que lo votan a favor que desconoce lo preceptuado por el artículo 38, párrafo 1, inciso l). Ya aquí el señor Consejero Albo nos hacía una mención de que sí atiende los términos, señor Consejero, los términos no nada más se atienden, se atiende todo el precepto, no los términos en el 38, 1. Disponen un acto que no encuentra fundamento jurídico en norma alguna, vinculan diversas resoluciones emanadas por la autoridad electoral y establecen considerando y fundamentos parciales, sin atender lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sencillamente determina la interposición de los medios de impugnación en la materia, no producen efectos suspensivos, texto que los mandata a su exacto cumplimiento, pero el cual es ignorado en el proyecto. Y sin entender que la resolución emanada en el expediente SUP-RAP-55/2004, lo que pretende es clarificar el derecho y la situación jurídica controvertida, ya que es emanada en contra de un acto producido por un órgano central de este Instituto, que mantienen sub judices y sin efectos jurídicos los actos emanados en pleno acatamiento 104


del artículo 41 de la Constitución y las normas legales que de éste surgen por el Partido Verde Ecologista de México. Hoy la Consejera González Luna justifica con supuestos consentimientos observar criterios aplicables emanados por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral que determinan que la circunstancia de que las autoridades electorales emitan los actos correspondientes a una elección determinada, con base en una incorrecta interpretación o aplicación de las disposiciones legales conducentes, sin que las personas afectadas los hayan combatido en su oportunidad a través de los medios de impugnación previstos por las leyes, no constituye motivo legal para considerar consentidos los nuevos actos que se emitan con relación a los siguientes. Señora Consejera, me hubiera gustado preguntarle, si estuviese presente, ¿en dónde encuadra el consentimiento? Si hoy vemos la Resolución emanada por autoridad jurisdiccional competente, bajo el número de expediente SUP-RAP-055/2004. Tratan con este proyecto algunos señores consejeros de emitir un acto en contra del Partido Verde Ecologista de México, en los considerandos del Proyecto de Resolución la Comisión de forma parcial y sesgada, reitero, establece el precitado 41 Constitucional de forma muy sesgada, ya que en momento alguno se actualiza la necesidad de preservar la materia del proceso, máxime que su contenido no reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, haciendo cesar…

Sigue 51ª. Parte

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Inicia 51ª. Parte

...otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios, mientras se resuelve la controversia o el asunto constitucional pendiente, ni mucho menos tiende a evitar que llegue a consumarse de modo irreparable el acto impugnado y que provoque el dictado de esa sentencia de sobreseimiento, y tampoco impide que el quejoso sufra daños y perjuicios irreparables por el acto reclamado. Lo que conlleva a afirmar que la observancia de la prescripción legal es igual de importante que la ley misma, y que el desacato y la desobediencia legal por parte de la Comisión, no permite que la norma constitucional, por perfecta que sea, desde el punto de vista técnico, surta los efectos para los cuales fue concebida y sancionada. Se determina en los frívolos considerandos que de conformidad al artículo 1, párrafo 1 del COFIPE, las disposiciones del mismo son de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, sólo lo consideran como una mera expresión o como muletilla de ignorancia, ya que en momento alguno le dan plena vigencia a que el orden público es un mecanismo a través del cual el legislador impide que actos particulares afecten los intereses fundamentales, que este se encuentra constituido de reglas y principios de segundo orden, que excluyen el uso de ciertas reglas, para que no surtan efectos jurídicos cuando afectan o se crea que afecten las instituciones jurídicas, o se altere la axiología jurídica de legalidad. Aquí, lo que ustedes establecen, es justamente lo contrario. Sí fundamentamos en el principio de observancia general y sin embargo sí violentamos la ley al no querer entrarle al fondo de un asunto, por un mandato emanado por una Resolución dictada. Pero hay cuestiones todavía aún más graves, ¿qué valor tiene una resolución judicial, emanada por la ponencia del Magistrado Orozco Henríquez ante ciertos consejeros? No tiene ninguna validez, cuando es un acto jurídico completamente distinto que fue sancionado y calificado, que fue resuelto por mayoría del pleno en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquí, sin atender al espíritu de la norma, sin atender que ustedes como autoridades administrativas están mandatados para hacer lo que la ley les mandata, de plano determinan no entrar al fondo del asunto. El 38-1, inciso l), es prístino, es claro, no amerita interpretación alguna. Mandata a este órgano a considerar la procedencia constitucional y legal de cualquier modificación y en momento alguno, recuerdo yo en ninguna de las dos sentencias, señor Consejero Albo, que la autoridad nos haya limitado en temporalidad, porque estamos fuera de plazos, para ejercitar todos los actos jurídicos que como partido político, con registro nacional, emanado de este Consejo General, tenemos. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 1, establece perfectamente cuáles son las obligaciones de los partidos y ninguna

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resolución los ha atentado o nos ha limitado nuestras facultades que, como partido político, tenemos. Aquí tratan de justificar una Resolución en que las modificaciones no se realizaron con los plazos. La pregunta es, ¿ustedes determinarán los plazos para que el derecho de afiliación que tenemos los ciudadanos que conformamos partidos políticos, podamos establecer los cambios que nos mandatamos? Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Quiero exponer las razones que me llevan a votar por la aprobación, en sus términos, y con las modificaciones propuestas por la Consejera Teresa González Luna, del Proyecto de Resolución que nos presenta hoy la Comisión de Prerrogativas. Como es sabido y ya se ha mencionado numerosas veces aquí, el Proyecto de Resolución se origina en una sentencia emitida por el Tribunal Electoral, la SUP-RAP55/204. El asunto sobre el que versó el oficio revocado por el Tribunal se derivó, como también ya se ha dicho, de una comunicación efectuada por el Partido Verde Ecologista de México el primero de septiembre de 2004, dirigida al Presidente del Consejo General, informando de la celebración de una asamblea nacional y de las modificaciones a sus Estatutos, solicitando la aprobación de las mismas. Cabe mencionar que los Estatutos sobre los que el Partido presentó modificaciones fueron los mismos que el Consejo General analizó y declaró procedentes, constitucional y legalmente, con algunas reservas y dejando en suspenso su entrada en vigor, mediante la Resolución, también ya citada, CG35/2004. De acuerdo con estos antecedentes, me parece que analizar el alcance...

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INICIA 52A PARTE

... de acuerdo con estos antecedentes, me parece que analizar el alcance de dicha Resolución constituye el elemento central para atender la petición del partido político en la medida que los Estatutos que se pretenden modificar fueron objeto de la misma. Estoy convencida de que la autoridad debe apegarse a las determinaciones legales plasmadas en sus resoluciones, cuando éstas mantienen su plena vigencia al subsistir las razones que la motivaron. Conforme a lo anterior, me parece que debiéramos contestarnos dos preguntas, la primera: ¿En qué estado se encuentran los Estatutos que se pretenden modificar? El C. Presidente: Si acepta la moción el orador se le concede, ¿acepta la moción orador? No, no se la acepta. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Segunda, ¿son modificables legalmente? La Resolución CG35/2004 del Consejo General de febrero de 2004, mediante la cual se declaró la procedencia legal y constitucional de las modificaciones en los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, tuvo su origen en una sentencia previa del Tribunal Electoral, que mandató al Partido modificar sus Estatutos para adecuarlos a criterios democráticos. Ese mandato del Tribunal vinculó al Consejo General del IFE para que ordenara la modificación de los Estatutos, dada la atribución que éste tiene y que todos reconocemos, de pronunciarse en torno a la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos y las modificaciones que les presenten los partidos políticos. En ese sentido debe observarse que la actuación del Consejo General no fue motu propio, sino por mandato del Tribunal, se solicitó al Partido modificar sus Estatutos y presentarlos para su revisión, una vez hecho esto se emitió la Resolución del 13 de febrero de 2004 que ya citó la Consejera Electoral González Luna y que por lo tanto evitaré volver a leer. Como ya se sabe, entonces los Estatutos fueron declarados en condición suspensiva, resolutiva primero, hasta en tanto no se cumpla el Resolutivo segundo de la misma Resolución, el cual ordena diversas modificaciones a esta normativa partidaria. Dicha modificación sólo podrá realizarse cuando la Resolución misma quede firme, por tanto los Estatutos en su conjunto, subrayó, en su totalidad no están vigentes, ni pueden estarlo hasta en tanto no se levante la condición suspensiva. Y aquí quisiera yo recordar exactamente las palabras del representante del Partido Verde Ecologista de México recogidas en la página 62 del Acta de esa sesión, que a la letra señalan, abro comillas: Lo que va a ocurrir en la primera asamblea nacional, una

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vez que queden firmes los Estatutos; tres puntos suspensivos, cierro las comillas; reconociendo que actuaran una vez que los Estatutos hayan quedado firmes. ¿Cuándo se levantará dicha condición suspensiva? El Resolutivo segundo es claro, cuando el Partido dentro de los 30 días siguientes a que la Resolución quede firme haga las modificaciones ordenadas, las presente al Consejo y éste las apruebe. Es el caso que la Resolución del Consejo General no ha quedado firme, lo cual implica que no ha comenzado a correr el plazo de 30 días para que el Partido pueda realizar las modificaciones ordenadas, incluso otras, si así lo decidieran sus miembros y pueda presentarlas al Consejo General. A partir de ello, y conforme al artículo 38, párrafo 1, Inciso l), del COFIPE, el propio Consejo tendrá otros 30 días para pronunciarse, y sólo en caso de aclarar esas modificaciones legales y constitucionales, se levantará la condición suspensiva de los Estatutos y éstos entraran en vigor. Por otro lado, quiero recordar aquí el sentido que tuvo esta autoridad para dejar en condición suspensiva los Estatutos, porque me parece que con ello se arroja luz sobre la necesidad de apegarnos al mantenimiento de dicha Resolución conforme lo establece el Proyecto de Resolución que hoy votamos. Debemos recordar que esta citada Resolución obedeció a que fue la propia Sala Superior del Tribunal la que instruyó, una vez más lo repito, al Consejo para que ordenara al Partido modificar sus Estatutos, y nosotros recurrimos al establecimiento de una condición suspensiva cuando, perdón, repito, fue la propia Sala Superior del Tribunal Electoral en la sentencia en que instruyó al Consejo General para que ordenara al Partido modificar sus Estatutos con el fin de hacerlos acordes a los principios democráticos la que recurrió al establecimiento de la condición suspensiva cuando en su Resolutivo tercero supeditó a que quedara firme el multicitado Acuerdo del Consejo General...

SIGUE 53A PARTE

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Inicia 53ª. Parte

…tercero supeditó a que quedara firme el multicitado Acuerdo del Consejo General, para dar inicio al plazo para la nueva integración de los órganos directivos del Partido. Esta circunstancia, aunque en ese caso esté referido a un mandato particular indica que la condición suspensiva es necesaria cuando con ella se garantiza el cumplimiento integral de una resolución de la autoridad. Al tiempo que se da certeza al partido político de las reglas que debe observar como consecuencia del establecimiento de dicha condición, propiciando así la definitividad de esos actos. Estas consideraciones también son aplicables respecto a la condición suspensiva que acordó el Consejo General. Por otra parte, quisiera señalar que no comparto lo afirmado aquí en el sentido de que la adopción de condiciones suspensivas dejan en un estado de indefensión al partido político. Me parece más bien que el establecimiento de éstas, tanto por el Tribunal Electoral, como por el Consejo General, permiten al Partido que las modificaciones estatutarias se realicen en un contexto que dé plena certeza sobre las normas que en cada momento les resultan aplicables previniendo la posibilidad de conflictos normativos de carácter temporal. Concluyo, señor Presidente, acatando la sentencia del Tribunal Electoral, estoy de acuerdo con que no ha lugar, a declarar la procedencia de las modificaciones propuestas por el Partido Verde Ecologista de México, a partir del hecho de que el procedimiento seguido para efectuar modificaciones a los Estatutos fue indebido. Al desatender una Resolución anterior de este Consejo General, que tiene plena vigencia y legalidad. En consecuencia, señalo, que mi voto es a favor del proyecto que nos presenta la Comisión, con las modificaciones propuestas por la Consejera Electoral González Luna. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Como ustedes saben, presido la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y yo voté en contra del

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Dictamen que se presenta, y voté en contra evidentemente porque no estoy de acuerdo con el sentido, y lo que es más grave, porque estoy en total desacuerdo y muy preocupado por la forma y el fondo del Dictamen que se presenta. Creo que existen varios errores. En cuanto a la elaboración del Dictamen ha quedado de manifiesto con las modificaciones que en un inicio presenta la Consejera Teresa González Luna, y sobre las cuales me referiré en unos momentos. Antes de empezar con la historia, que creo que bien valdría la pena ser muy puntual en algunos temas. Sí me gustaría hacerle una precisión a la Consejera González Luna, no existe desacato cuando no hay una oposición directa, ni existe desacato si no está plenamente acreditado que se hicieran efectivas las medidas de apremio. Estaríamos hablando de lo que es incumplimiento de una sentencia, que es una cosa totalmente distinta. Pero aquí hay mucha, mucha confusión que voy a tratar de aclarar a continuación. Empezaría yo con la historia de lo que nos ocupa. El primero de septiembre de 2004, el Partido Verde presenta ante la Secretaría de este Consejo, unas modificaciones efectivamente a sus Estatutos que hablan o que se refieren de modificaciones efectivamente cuestionadas del 13 de febrero de 2003, que nosotros mandatamos modificar, y habla de otras modificaciones que ya fueron aprobadas en la misma Resolución del 13 de febrero de 2004, y nosotros estamos dándole el mismo tratamiento a las dos modificaciones que tienen un origen totalmente distinto. Ese sería lo primero. El día 2 de septiembre, María del Carmen Alanis contestó que al encontrarse sub judice, efectivamente en la Resolución del 13 de febrero no era posible atender la petición realizada por el Partido Verde sobre las modificaciones. En otras palabras, María del Carmen Alanis, como Secretaria del Instituto honró el principio de conservación del acto reclamado, que tanto le preocupa a la Consejera Electoral Alejandra Latapí, y fue consistente con nuestra Resolución de febrero 13 de 2004. Ahora bien, el 17 de diciembre de 2004 el Tribunal respecto de estas modificaciones presentadas a la Secretaría Ejecutiva se pronuncia en términos de revocar ese oficio para los efectos precisados al final del Considerando segundo de la Sentencia. El Considerando segundo dice: Esto es, y la Secretaria del Consejo General recibió el oficio del primero de septiembre de 2004 debe informar o dar cuenta a dicho órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, de dicha comunicación, y en su

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caso turnarlo a la Comisión del Consejo General que sea la competente para elaborar el Dictamen respectivo. Si fuera el caso de que el Consejo General no dispusiera otra cosa en términos del artículo 38 párrafo 1…

Sigue 54ª parte

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Inicia 54ª. Parte

…en caso de que el Consejo General no dispusiera otra cosa, en términos del 38, párrafo 1, inciso l) pero que no disponga otra cosa del turno, no de la forma en que se contesta. Señor Albo, dónde en el artículo 38 se funda la forma en que se está respondiendo el Dictamen que ustedes presentaron, se habla del principio de legalidad pero no lo estamos respetando. Evidentemente pretender interpretar que el Tribunal nos faculta a incumplir el 38, el artículo 38 del COFIPE es ilegal, el pretender que el Tribunal nos está obligando a responder otra cosa más allá del 38, es como pretender asumir que el Tribunal se equivocó. Si el Tribunal no hizo mención a ningún supuesto de febrero 13 de 2004 a esa Resolución es porque no quiso y porque no la vio necesaria. Nosotros por el contrario, estamos fundando todo el Dictamen que se presenta en base a resoluciones que no son invocadas en la sentencia. En otras palabras el Proyecto de Dictamen que aquí se presenta pretende enmendarle la plana al Tribunal, puesto que el Tribunal no se dio cuenta que existían asuntos sub judice, eso es lo que dice aquí, para mí es otra cosa. Para mí el Tribunal nos dice entren a revisar el 38 y puede ser revisado o dictaminado en esta mesa o puede ser dictaminado en Comisión o incluso en una Comisión especial, por eso puso los artículos 80 y demás. Pero viene lo mejor para mí. Lo mejor es el agravio, el Tribunal redacta el agravio de la siguiente forma: el acto dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral carece de fundamentación y motivación y hace nugatorio un legítimo derecho que le asiste al actor para que el Consejo General del Instituto Federal emita Resolución sobre las modificaciones estatutarias realizadas el 31 de agosto de 2004, las cuales fueron presentadas el primero de diciembre, ya que dicho órgano colegiado debía agotar el procedimiento previsto en el artículo 38, párrafo 1, inciso l) del COFIPE. Agotar implica pronunciarse a un sentido o en otro, no decir que no le entro y eso, el decir efectivamente no le entro es ir en contra, para mí, del principio de legalidad, máxime que insisto, el Tribunal nunca se refiere en ningún momento a la Resolución de este Consejo General del 13 de febrero de 2004. Destaco ciertos puntos que derivan de la propia sentencia, muchos de ellos ya los dije pero creo que valdría repetirlos. El Tribunal nos ordena cumplir con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, inciso l), el Tribunal no distingue respecto del Acuerdo del 13 de febrero de este Consejo General ni se pronuncia respecto al mismo. El Tribunal tampoco no se pronuncia ni analiza el contenido del oficio que se presentó el primero de septiembre de 2004 por el Partido Verde Ecologista de México. 113


La Secretaria Ejecutiva, efectivamente, honró la decisión que tomamos el 13 de febrero y preservó el principio de conservación del acto reclamado, pero este principio no es oponible a una sentencia del Tribunal que nos mandata entrar a revisar los Estatutos. Este principio se termina cuando tenemos la Resolución del Tribunal que nos obliga a cumplir el artículo 38. Del agravio ya me referí. El agravio efectivamente reconoce qué es lo que se tiene que subsanar una sentencia en caso de ser confirmada, reconoce el derecho del Partido Verde Ecologista de México por presentar sus Estatutos y reconoce, sobre todo, la obligación que nosotros tenemos para entrar y pronunciarnos sí o no cumplen los Estatutos del Partido Verde, insisto, pretender que el Tribunal nos puede eximir de una obligación legal es ilegal, es incorrecto. Los únicos que nos pueden eximir de una obligación es el Poder Legislativo mediante la emisión de una nueva disposición legal que nos exima o nos dé la excepción al cumplimiento de una obligación, sigo. Ya no sé ni cuál, pero bueno. Hablemos del Dictamen, pasemos ahora al Dictamen, pasemos al Dictamen. Uno. Como ya lo dije, los hechos descritos en los considerandos no tienen nada que ver con aquellos actos que generaron la sentencia el 17 de diciembre, y son todos los actos nuevamente mediante los cuales nosotros estamos fundando el Dictamen. Se pretende que el Dictamen diga no ha lugar y se funda en el artículo 38. Como yo le pregunté al Consejero Albo que lo mencionó. ¿Dónde en el artículo 38 se dice expresamente o nos faculta para contestar en los términos que estamos contestando el Dictamen? En suma, creo que si nosotros aprobamos el Dictamen en los términos que viene, estamos incumpliendo una sentencia del Tribunal con las consecuencias inherentes…

Sigue 55ª. Parte

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Inicia 55ª. Parte

…con las consecuencias inherentes al incumplimiento mismo de una sentencia de un órgano superior. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra a la Consejera del Poder Legislativo, la Senadora Martha Sofía Tamayo. La C. Consejera Martha Sofía Tamayo: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado. Aquí van a escuchar coincidencias, no nos leímos los guiones entre los demás compañeros integrantes de representantes de partidos y consejeros del Poder Legislativo y menos con los consejeros electorales, no nos lo leímos, las coincidencias forman parte de la mayoría de razón a mi juicio. Hay que irnos a la raíz del porqué el Instituto Federal Electoral tiene en su favor la facultad, y como bien ya se dijo en esta mesa, también la obligación de recibir en depósito, sancionar y registrar los documentos básicos de los partidos políticos. Esta obligación tiene que ver con apuntalar el sistema jurídico, el sistema de los partidos mediante la certidumbre jurídica y mediante la legalidad. Certidumbre jurídica para militantes, para dirigentes y para la ciudadanía en general, porque aquí yo como ya se dice en el mismo Dictamen, precisamente los partidos son los interlocutores entre las determinaciones democráticas y la ciudadanía. Creo pues que la certidumbre jurídica que se nos exige a los partidos políticos pasa por la obligación del Instituto de recibir dichos documentos para estar en condición de publicitarlos. La primera cuestión que surge en esta discusión es el valor supremo del Instituto a tutelar, ¿qué es lo que este Instituto debe de preservar? Si ante un derecho iniciado individualmente como un juicio de constitucionalidad, el Tribunal Electoral emite una resolución que ordena al Partido y acarrea como consecuencia que éste modifique sus Estatutos. Y en ejecución de esa resolución se observa la modificación y este Instituto realiza observaciones a un mínimo de artículos de esta vía de ejecución y de aceptación y de cumplimiento de la resolución, me parece que es no nada más por las razones aquí apuntadas, sino también por entorpecimiento que se hace con este hecho de la ejecución el que se haya establecido una condición suspensiva. Ni siquiera se salva en esa suspensión los artículos no observados, según tengo entendido, en los términos en que leí la determinación es genérica y luego entonces, estamos pues ante la situación de que el Partido se encuentra, como aquí ya se apuntó, en el peor de los mundos, con normas que están viciadas de inconstitucionalidad 115


vigentes, que pueden ser a su primera aplicación producto de nuevos juicios, lo cual nos convertiría en una constante espiral de litigios, porque entonces habría que esperar a que aquellos otros causaran estado en la interpretación que este Instituto está realizando, y el otro grupo de leyes es el que está suspendido. Entonces, no me cabe en la cabeza que esto esté pasando en nuestro país y que estemos en lugar de permitiendo con un criterio jurídico viable dejar que fluyan las normas que transgreden la certidumbre jurídica y legalidad en primer lugar de los militantes de ese Partido y después veremos del resto de nosotros. Vaya, hasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cambia, y yo respeto y entiendo cabalmente la preocupación del Instituto y su celo en preservar un criterio establecido el 13 de febrero de 2004, a través del cual se establecen estas condiciones suspensorias no nada más sin fundamento, en contravención a las mismas disposiciones en materia electoral, entiendo pues el celo para cuidar la observación de este criterio,…

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Inicia 56ª. Parte

...viendo, pues, el celo para cuidar la observación de este criterio, pero los criterios varían cuando las condiciones materiales y jurídicas, y la naturaleza jurídica de los actos varían. Yo quisiera que pudiéramos consultar a jueces y magistrados acerca de quién rechazaría el cumplimiento voluntario de una resolución, en espera de la revisión; desde luego que el allanamiento que, en este caso, no puede tener similitud a ninguna otra cosa la solicitud del Partido Verde, el allanamiento corre, en todo caso, en perjuicio del propio Partido Verde, y no veo cómo ustedes puedan evitarlo. Este es un cambio de la naturaleza jurídica del asunto que los llevó a establecer, ya no cuestionemos si es legal o no la suspensión. Entonces, creo que ese celo por cuidar ese criterio, debe de dar lugar al cambio de situación jurídica, y por lo tanto, al asumir un nuevo criterio frente a los hechos. ¿Qué pasa si ustedes entran al estudio y resuelven si son o no constitucionales las normas que en observación o en observancia de la resolución que está presentando el Partido? Simplemente se queda sin materia el litigio que pudo él, haber presentado y el litigio que pudo haber, su contraparte, presentado. Ese allanamiento sobresee el juicio que esté en el Tribunal, y por favor, señores Consejeros, se los digo con toda la llaneza, pero también con toda la profundidad: el llamado es a que se resuelva en justicia, con aplicación de la norma, pero con la conciencia de lo que este precedente está haciéndole daño para el sistema de partidos políticos. Miren ustedes, el prurito aquí expresado pone en delicada tesitura no sólo al Partido del caso, sino el precedente arriesga la certidumbre de un sistema de partidos y de ese tamaño es la negativa a registrar los Estatutos. ¿Qué pasa cuando, en estos momentos, estamos en el dintel de iniciar la preparación de un proceso constitucional federal de la mayor importancia, como es la renovación de las cámaras y de la Presidencia de la República? ¿Qué pasa si, de aquí a unos meses, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue sin resolver y ustedes en espera de esa resolución, cuando la facultad primigenia es de este Instituto, de conocer acerca de esto, y el Partido Verde está observando curiosamente la resolución de condena que lo obliga a modificar sus Estatutos? Y qué pasa si llegado el momento el Partido Verde Ecologista no puede contender en el próximo proceso electoral, por falta de tener normas claras, suficientes; una organización a la vista, que le dé no nada más la certidumbre, que le permita permearla y bajarla hacia su militancia.

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Yo creo que los partidos políticos que estamos en este momento en la constitución de nuestras asambleas, en la constitución del régimen jurídico con el que vamos a contender en el próximo proceso electoral, estamos muy preocupados por este criterio de dilación sin justificación; una dilación que a todos nos lastima y que a todos nos pone en tesitura de exigir que haya una aplicación congruente del Derecho. Aquí se dijo que los plazos, que hay vicios de origen en esta propuesta, porque está fuera de plazo. Hay que traer a la mesa las distinciones jurídicas de los plazos; hay plazos prorrogables, plazos definitivos y plazos fatales. Parece ser que en esta Resolución el Consejero Albo interpretó que se trata de un plazo fatal. Los plazos fatales sólo pueden ser determinados por la ley. No hay ningún plazo fatal que ustedes mismos no puedan echar abajo, sobre todo cuando la naturaleza jurídica de los hechos han cambiado, y aquí han cambiado sustancialmente desde el momento en que hay un allanamiento a las condiciones de la Resolución. También me parece que es muy triste y muy pobre que una determinación de esta naturaleza tenga que recurrir a citas fuera de contexto. Pretender fundamentar una barbaridad jurídica con que alguien dijo que hasta que los Estatutos estuvieran firmes, y concluyo, Presidente...

Sigue 57ª. Parte

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INICIA 57A PARTE ...que hasta que los estatutos estuvieran firmes. Y concluyo, Presidente. Por ello invito a los consejeros a que se pronuncien en este tema en condiciones que no impidan que nuestro derecho electoral se cumpla. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante de Convergencia, Juan Miguel Castro. El C. Licenciado Juan Miguel Castro: Señor Presidente, señores consejeros. Convergencia no quiere dejar pasar la oportunidad para hacer mención que se expresen en los términos de lo planteado por el Consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, sin dejar de reflexionar la necesidad de que se entre al estudio de este asunto de fondo, así lo consideramos. Y mientras esto se da, consideramos también pertinente, como ya se ha dicho aquí, que es oportuno que el Consejero Presidente exprese ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la necesidad de que se resuelva esa situación que se encuentra pendiente. Ya a nosotros nos tocó padecer una situación similar, donde un asunto relacionado con nuestros Estatutos tardó más de año y medio en resolverse. Es nuestra posición y es lo que proponemos nosotros que se haga por la Presidencia de este Consejo. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muchas gracias, señor Presidente, señores consejeros electorales, vengo a manifestar aquí un conjunto de objeciones puntuales al Proyecto de Resolución que se está presentando. Ciertamente ya los periódicos y la radio están mencionando en estos momentos un conjunto de elementos que están reproduciendo lo dicho en el proyecto inicial de esta mesa, pero debo de decir que este no es un problema de opinión pública, este es un problema de legalidad, y este es un problema de respeto a la Constitución por parte del Consejo General, por lo tanto, paso entonces a señalar las objeciones. Primer punto, la Consejera Teresa González Luna nos dice que no debemos de desconocer los términos que nosotros mismos establecimos porque iría contra la autoridad del Consejo y pondrían en entredicho la sentencia. Estoy absolutamente de acuerdo con la Consejera Electoral, absolutamente de acuerdo, y también estoy de acuerdo con el Consejero Electoral Andrés Albo cuando dice que debemos ver globalmente el ordenamiento jurídico electoral y que debemos observar desde la Constitución hasta nuestros acuerdos y resoluciones, estoy absolutamente de acuerdo. 119


Y por estar de acuerdo con lo dicho tanto por la Consejera Teresa González, como por el Consejero Andrés Albo, no puedo acompañar el proyecto, ¿cómo voy a acompañar un proyecto que desconoce lo que dijimos aquí en el Resolutivo segundo? El Resolutivo segundo, que dijimos el 13 de febrero, mandató al Partido Verde Ecologista de México a que hiciera modificaciones a determinados artículos, 5 ó 6 artículos, yo me pregunto: ¿Si no se entra al fondo, cómo sabemos qué artículos son los que modificó? No entrar es desconocer nuestro propio Acuerdo; por lo tanto, coincido con lo dicho por la Consejera Teresa González Luna y el Consejero Andrés Albo, debemos hacernos cargo de nuestras propias resoluciones. Todo ello, por supuesto, si esa Resolución fuera válida, ¿qué es lo que sucedió?, la sentencia 55/2004, nos dijo puntualmente que entráramos a cumplir con nuestras facultades porque la Secretaria Ejecutiva no era la que estaba facultada para ver constitucionalidad y legalidad de los Estatutos del Partido Verde, la única forma de entrar es a través del cumplimiento del artículo 38, párrafo 1, inciso l). Alguien dice por ahí: ¡no!, dio opciones el Tribunal, porque dice, si el Consejo no dispone otra cosa; no puede disponer otra cosa porque el principio de la legalidad establece, según la jurisprudencia de la Corte, que las autoridades sólo pueden realizar aquello para lo que están expresamente autorizadas por las leyes, y además en todos aquellos casos en que las autoridades no justifiquen haber fundado esos actos en algún...

SIGUE 58A PARTE

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Inicia 58ª. Parte

…en que las autoridades no justifiquen haber fundado sus actos en algún precepto de derecho, tales actos deben refutarse anticonstitucionales, por lo tanto si no seguimos el 38, 1, l), estamos violando la Constitución. Dice el Consejero Andrés Albo que sí lo seguimos, porque estamos viendo plazos y formalidades. Esa es una acuciosa observación, pero observación adjetiva del 38, párrafo 1, inciso l), y el Consejo General está para ver de manera sustantiva los artículos, y lo sustantivo es ver la constitucionalidad y legalidad de los propios Estatutos. Por lo tanto siguiendo con lo dicho por el artículo 38, 1, l), y siguiendo lo dicho por la sentencia, debemos entrar al fondo, porque seguir el artículo 38, 1, l), implica encargarse de ver la procedencia constitucional y legal de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México. No hacerlo viola el principio de certeza, porque no sabemos qué modificó el Partido Verde Ecologista de México, y se viola, desde luego, el principio de objetividad ¿por qué? Porque no estamos siendo exhaustivos en el acto que nosotros debemos cumplir, que es el de proceder a revisar la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos, por lo tanto estamos violando dos principios constitucionales con este Proyecto de Resolución. Se dice, como segundo argumento, que tenemos una condición suspensiva. No. Los principios generales de derecho establecen que la condición suspensiva sólo es aplicable a las obligaciones del actor. La condición suspensiva está puesta en los Estatutos aprobados al Partido Verde Ecologista de México. No a la acción del Partido Verde de seguir con los viejos Estatutos ejerciendo acciones, como dice el artículo 36, en su párrafo 1, inciso b) en donde dice que los partidos gozan de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades. Nosotros se lo estamos impidiendo ¿por qué? Porque la condición suspensiva tampoco nos aplica a nosotros. Eso no lo ha dicho nadie. No lo dijimos ni siquiera nosotros. No lo dijo el Tribunal Electoral, y no hay norma alguna que sujete a condición suspensiva los actos sustantivos de este Consejo General en relación con los partidos políticos. Esto es más o menos lo esbozable en términos de lógica, pero vamos a las 14 violaciones constitucionales de este proyecto. Se viola el artículo 14, porque no se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento. Se viola, porque estamos aplicando el resolutivo segundo de nosotros mismos, por analogía. No es a todos los artículos. Estamos violando principios generales de derecho, ya lo dije: exhaustividad y legalidad, por supuesto objetividad.

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Violamos el artículo 17. Plazos y términos para fijar las leyes. Violamos el 17, porque no estamos ejecutando plenamente las resoluciones. El 22, porque estamos estableciendo una sanción inusitada en este momento. Violamos el principio de certeza en el 41, por las razones que ya dije. El de objetividad y desde luego el de legalidad. Además violamos el último párrafo del 41, porque estamos en este momento suspendiendo actos, y recordemos que no se producen efectos suspensivos. Nuestra decisión no está sub judice, se violaría el artículo 41. Estamos violando, lamentablemente, el artículo 108 relacionado con responsabilidades de los servidores públicos. Primero, porque estamos siendo omisos en nuestros actos. Segundo, porque la fracción I, nos establece que no podemos ir en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y un interés público fundamental es ver uno de los órdenes jurídicos en materia electoral, que rige este sistema, como son los Estatutos de los partidos políticos. Estamos afectando el principio de legalidad y eficiencia, como dice la fracción III del 108, y además estamos desconociendo el orden jurídico del artículo 133 constitucional, porque, primero, hay que obedecer la Constitución, y luego la ley. Y nosotros pretendemos fincar nuestra actuación en un acuerdo que, incluso, quedó sin efectos en virtud de la sentencia. Tenemos violaciones legales, por supuesto el 38, 1, l); por supuesto el artículo que acabo de decir el artículo 36, 1, b). Estamos violando el artículo 82, 1, h) ¿Por qué? Porque no estamos vigilando que las actividades de los partidos se apeguen al código, ni siquiera estamos entrando a los Estatutos. El 82, 1, z). Tenemos que ejercer acciones para hacer efectivas las atribuciones que tenemos. No para estarlas negando, como lo estamos haciendo…

Sigue 59ª. Parte

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…para hacer efectivas las atribuciones que tenemos, no para estarlas negando como lo estamos haciendo, y finalmente del COFIPE estamos violando el artículo más importante, el artículo 73, párrafo 1, que nos dice, y esa es la principal función de los consejeros, somos órganos superior de dirección y somos responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en todas las actividades del Instituto. Con este proyecto que salió de la Comisión no lo estamos haciendo. Por lo tanto invitaría a la reflexión a los consejeros electorales no para que no violen la Constitución, para que cumplan con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Hace casi un año que este tema ha estado dando vueltas en diferentes lugares y centros de discusión y deliberación en este Instituto, estos últimos días han sido días de reflexión y estudio, días ciertamente difíciles. No es una cuestión de opción, no es una cuestión de optar entre un escenario “A” o un escenario “B”, es un problema que nos cuestiona y nos lleva a reflexionar sobre diversas consideraciones e interpretaciones que tenemos ante nosotros, y sobre todo, lo que entendemos que es nuestra responsabilidad y nuestra legalidad. Si yo tuviere la duda de que estuviere haciendo o cometiendo cualquiera de las violaciones a las que se refiere el Consejero Andrade, tengan la certeza de que yo habría tomado mi decisión en otro sentido. Sin embargo sí retomo las palabras que nos hace el representante del Partido Verde Ecologista de México, la importancia de mantener una actitud de reflexión, y en ese sentido yo agradezco tanto a los representantes del Partido, como a mis colegas el intercambio de opiniones que tuvimos y los debates que tuvimos antes de llegar a esta sesión. Además, a mí me parece importante que es también de mencionarse el esfuerzo que se hizo para hacer un estudio muy puntual en los dos tomos que se nos repartieron el día de ayer y que tienen una presencia importante de análisis y que nos ofrecen una alternativa a este proyecto. Yo quisiera contar la historia de otra manera. Con todo creo que hay muchas cosas que debemos pensar y en ese sentido pues llegar a un buen puerto.

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A mí me preocupa mucho que en efecto la ligereza con la que se puede llegar a concluir, de que nosotros tomamos una decisión el año pasado que podría estar equivocada o que nos podría llevar a un camino distinto. El Tribunal mismo, cuando aquella sentencia 021 de 2002 dice que una vez que ya el Consejo General aprobara los Estatutos del Partido Verde, éste debería integrar a sus órganos directivos nacional y estatales sobre la base de los Estatutos aprobados dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que quede firme el Acuerdo que aprueben los Estatutos modificados en los términos del Resolutivo que antecede. Ahí no hay duda, no había que hacer, ahí el Tribunal lo había dicho y una condición para que operaran los Estatutos del Partido Verde aprobados por nosotros era que quedaran firmes, lo dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello dio pie, sin duda, a nuestros resolutivos, el segundo y básicamente del año pasado porque nosotros retomamos casi textualmente lo que dice el Tribunal. Se apercibe al Partido Verde que en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de que quede firme la presente Resolución, y más adelante dice, esta modificación se hará con base con los Estatutos vigentes del Partido. Luego viene una serie de acontecimientos que no hemos, no he escuchado yo en esta reflexión, y a esto voy a dedicar esta primera intervención, seguramente habrá otros. El 27 de febrero el señor Poiré, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos responde a una consulta…

Sigue 60ª. Parte

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Inicia 60ª. Parte

…Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos responde a una consulta que le hace el Diputado Luis Antonio González Roldán, el 23 de febrero, y la pregunta del señor Diputado era: ¿Cuándo empieza el plazo para que nosotros podamos resolver nuestros estatutos? Y ese señor Poiré contesta: Una vez que quede firme, de acuerdo con nuestra sentencia. Perfecto, no pasa nada. El 8 de marzo la Secretaria Ejecutiva ante una insistencia otra vez del Diputado Luis Antonio González Roldán, contesta una vez más, la pregunta era la misma, ¿cuándo empieza el plazo? Me da la impresión de que había una duda de cuándo empezaba el plazo, me da la impresión de que el mismo Partido estaba buscando una salida clara y la única certeza que nosotros podíamos dar, en este caso la dio el señor Poiré y después la Secretaria Ejecutiva, era que empezaría cuando quedara firme la Resolución del Consejo General. Pero llama la atención esa Resolución, esa respuesta que la da la Secretaria Ejecutiva no en septiembre, sino el 8 de marzo, fue conocida antes en la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, todos los que integramos esa Comisión conocimos la forma como la Secretaria Ejecutiva iba a contestar y se contestó de una manera muy similar a como se contestó en septiembre, con el conocimiento de todos los integrantes de la Comisión. Bien. Esa era nuestra verdad, esa era nuestra certeza y sobre esa actuamos. A pesar de todo esto, el 10 de marzo el Partido Verde Ecologista de México hace una asamblea y el 11 de marzo nos presentan Estatutos, no los que hoy estamos discutiendo, sino una versión anterior; y en ese caso se le dijo al Partido Verde Ecologista de México, disculpe usted señor, hemos contestado en varias ocasiones que el plazo para que usted realice las reformas que le mandató el Consejo General empezarán cuando quede firme la sentencia correspondiente y en ninguno de los casos anteriores, en ninguno de los casos anteriores hubo tan siquiera un debate, un intercambio de ideas, un punto de vista alternativo, algo que nos llamara la atención de que estaba ocurriendo algo más, es más, revisando el Acta de la sesión del 13 de febrero del año pasado, solamente el representante del Partido de la Revolución Democrática y un servidor hicimos referencia a la cuestión de la suspensión de los Estatutos, nadie más hizo la más mínima referencia. Parece que en ese entonces teníamos nuestra problemática jurídica en otro lado, bueno, no fuimos al Consejo General, respondimos una vez más en marzo que el plazo estaba claro y cinco meses después el Partido vuelve a hacer una asamblea, obtiene la respuesta similar por parte de la Secretaria Ejecutiva, la diferencia es que ahora se va al Tribunal. ¿Y en el Tribunal qué encontramos? En el Tribunal quisiera yo revisar lo mismo que se ha leído varias veces por todos, desde el principio por la Secretaria Ejecutiva, pero también quisiera mencionar otro argumento, el Tribunal se refiere a la 125


parte final del Considerando 2; y bueno, quizá haya una problemática a la hora de interpretar esta frase si fuera el caso de que el mismo Consejo General no dispusiera otra cosa, pues sí. Perdónenme a mí no me da certeza que el Tribunal estuviere diciendo que nos está mandatando directamente a reformar los Estatutos. A mí lo que me da la impresión es que, en efecto, justamente por lo que sigue y que no se ha leído de la propia sentencia habría algunas alternativas como, por ejemplo, que fuere el Consejo General el que diere la respuesta al Partido ante la solicitud que se planteó. ¿Por qué? Porque la sentencia termina en la parte más final del segundo considerando, que ya no se considera necesario entrar al estudio del agravio que se sintetizó como el caso B. Y el Tribunal no prejuzga sobre el contenido del oficio, no dice si lo que dijo la Secretaria Ejecutiva estaba correcto o no, es decir, que el plazo empezaba justamente en un momento cuando quedara firme, sobre eso no se pronunció el Tribunal, simple y sencillamente dice eso ya no ocurrió, lo que importa dejar aquí muy claro es que la Secretaria Ejecutiva, y yo reitero, lo hizo con conocimiento de la Comisión, la Secretaria Ejecutiva no es la que debe contestar, estamos ante un problema de la forma como se tramitó este asunto. Esta historia en su conjunto sí me lleva a tener que reflexionar y ciertamente los argumentos aquí esgrimidos…

Sigue 61ª. Parte

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Inicia 61ª. Parte

...sí me lleva a tener que reflexionar y ciertamente los argumentos aquí esgrimidos me hacen pensar en, ¡caray!, una dimensión del asunto terriblemente grave, y para terminar en estos 20 segundos yo diría: sí, yo he comentado con el señor Arturo Escobar la importancia de que el asunto de sus Estatutos quede resuelto lo antes posible. Eso me queda muy claro. Hay problemas en sus dirigencias en los estados, hay problemas que tienen que agilizar su trabajo y hacer fluido el trabajo; sin embargo, también creo que esta decisión tiene que ver con un conjunto de autoridades, entre las que estamos nosotros, está el Tribunal, y que no estamos violentando, sino estaríamos contraviniendo nuestras propias decisiones. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Permítanme hacer algunos comentarios e invitación a un diálogo sereno y basado en la ley y en la Constitución, como sugiere acertadamente el Consejero Electoral Virgilio Andrade. Me parece que la discusión que está teniendo lugar en esta mesa es una discusión fundamental, sobre un tema nuevo en la democracia mexicana, que es la regulación de la vida interna de los partidos políticos. Es un tema que ha venido evolucionando, con base en sentencias del Tribunal, con base en decisiones de esta propia autoridad electoral, con base en juicios iniciados por los propios militantes de los partidos políticos, y es una materia en construcción, sujeta a una controversia y sujeta a la demanda legítima de los partidos políticos que, con frecuencia, expresan insatisfacción porque el Instituto y el Tribunal puedan entrometerse en lo que consideran intromisiones inaceptables en la vida interna de los partidos. Por otro lado, el propio Tribunal Electoral ha manifestado, a través de la manera como ha resuelto algunos juicios, de que tiene la obligación de proteger los derechos de militantes, y creo que ese es el origen de este debate, que lleva ya algunos años y que es aún motivo de discusión cómo resolverlo. Me parece, por lo tanto, que tratándose de un debate en proceso de construcción, que incluye diversas motivaciones, diversas perspectivas, diversas interpretaciones, creo que debemos dejar de lado, en esta mesa, la posibilidad de suponer motivaciones políticas en la discusión y concentrarnos en lo que consideramos es más apropiado para la autoridad electoral. Quiero manifestar que, comparto muchas opiniones aquí vertidas por los partidos políticos; en particular, la importancia de fortalecer a los partidos políticos, en particular, el evitar que los partidos políticos, como sugirió el representante del Partido Acción Nacional, estén obligados a la ilicitud, pero también creo que sería inapropiado sugerir

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que el Instituto Federal Electoral está siendo el causante de este hecho que hoy estamos discutiendo. Creo que es muy importante poner en perspectiva, por lo tanto, todos los sucesos que nos están llevando a que hoy estemos discutiendo un asunto como el que nos ocupa. Me parece muy pertinente que el representante de Convergencia, el Licenciado Juan Miguel Castro, plantee la importancia de que los partidos políticos tengan rapidez en poder conocer algunas resoluciones, tanto del Instituto Federal Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí me parece que una manera importante que podríamos llevar en las siguientes intervenciones, sería tratar de contestar algunas preguntas que he observado que se han planteado en esta mesa, y sobre la cual hay dos posiciones fundamentales, me parece, y que de la respuesta a ella probablemente podamos encontrar cuál es la ruta que este Consejo General debe adoptar cuando vote esto en los próximos minutos u horas. Primero, saber si de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de diciembre pasado, se desprende necesariamente un imperativo para que este Consejo General entre a estudiar los Estatutos y las modificaciones que nos presenta el Partido, como se ha argumentado; o si bien se trata de corregir una atribución de la Secretaría Ejecutiva, o si bien este Consejo General puede optar en esta interpetación de la otra cosa que el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez nos hizo. Esa es la primera pregunta, que me parece fundamental entender y me parece que esa es la fundamental y la central, porque si se derivara que estamos obligados y es un imperativo de la sentencia del Tribunal creo que esta discusión sería muy clara. Lo que sucede claramente es que hay dos interpretaciones en donde o es imperativo o este Consejo General tiene plena jurisdicción para disponer otra cosa. Esta me parece la primera pregunta fundamental. Otra pregunta muy importante que planteó el Consejero Electoral Virgilio Andrade es aquella de si el partido político tenía derecho a hacer algunas modificaciones...

Sigue 62ª. Parte

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INICIA 62A PARTE

... Virgilio Andrade, es aquella de si el partido político tenía derecho a hacer algunas modificaciones estatutarias, independientemente del mandato de la sentencia SUPJDC/021, porque claramente él argumenta que no se puede conocer el fondo si estas modificaciones respondieran a un mandato o eran otras modificaciones, y por lo tanto, creo que esa respuesta es muy importante. Y la tercera me parece que es la discusión sobre la condición que establece un plazo, y si el partido político tenía que circunscribirse a ese plazo, o si podía hacer modificaciones fuera de ese plazo, si este Instituto le está limitando un derecho fundamental, o si estamos obligados a hacerlo valer derivado de una Resolución que se tomó el 13 de febrero de 2004. Creo que estas tres preguntas son fundamentales, creo que de su respuesta clara y objetiva podremos, además, apoyar una discusión que tiene que ser informada, una discusión que se debe dar en los medios de comunicación, en la opinión pública, en los partidos políticos. Creo que lo más grave que podría suceder de esta discusión sería que tantos argumentos y tecnicismos jurídicos acabaran por confundir y por politizar la interpretación de una decisión, y por lo tanto, invitaría a tratar de concretar la discusión de algunas de estas preguntas que me he permitido formular. Tiene la palabra el representante del Partido Verde Ecologista de México, Diputado Arturo Escobar. El C. Diputado Arturo Escobar: Gracias, Presidente. Coincido con usted, Presidente, es importante dar respuesta a las preguntas que se han vertido durante el debate, a efecto de poder llegar a conclusiones, y también coincido con usted, tiene que ser una definición puramente jurídica, porque si no es jurídica, llega a los linderos de la politización y llega a los linderos de la parcialización de las decisiones, y se lo digo porque durante el debate lamentablemente, y lo digo porque ella empezó a personalizar el debate, la Consejera Electoral Alejandra Latapí, estamos en medio de un debate, ella lee un guión y dice que ya tiene su voto, ella podría pararse ahora, irse y regresar en tres horas nada más para votar, ¿entonces cuál es el sentido de tener un debate para construir propuestas, construir alternativas, aclarar dudas, cuando se leen guiones hechos por no sé quién para construir votos en medio de un debate? Usted es Consejera Electoral, Consejera Electoral Alejandra Latapí, no estamos aquí en secundaria, aquí estamos para construir acuerdos. El C. Presidente: Sin alusiones personales. El C. Diputado Arturo Escobar: Me estoy llevando con respeto, Presidente, ella empezó a personalizar el debate, yo estoy contestando nada más. 129


Todos los partidos políticos sentados aquí en este órgano, salvo uno, tres de los Consejeros Electorales, creo que el Presidente ha sido muy ecuánime, creo que el Consejero Sánchez también ha sido ecuánime, ya extendió sus dudas al igual que Andrés Albo; hemos estado a favor todos los partidos políticos, salvo uno, tres Consejeros, con argumentos jurídicos al 100 por ciento sobre antecedentes, sobre la presente Resolución y sobre lo que implicaría tomar una definición que viola, ya lo comentó el Consejero Virgilio Andrade, un sinnúmero de artículos constitucionales. Y lo digo con mucho respeto, que también conlleva, y hay que decirlo porque es la verdad, a poder fincar responsabilidades de los servidores públicos, es decir, a la presentación de demandas de juicio constitucional. Hay violaciones contundentes a la Carta Magna, por supuesto en elementos de certeza, pero violaciones claras al artículo 41 Constitucional. Dentro del debate se hablaba, y comentaba un poco el Consejero Andrés Albo, sobre la posibilidad de la procedencia, que si el Partido Verde eran procedentes sus reformas, yo le quiero comentar, señor Consejero, y si usted me lo diría, me encausaría a darle la razón, si en algún lugar, en algunos de las resoluciones del Tribunal se ha dicho que el Partido Verde está limitado para hacer reformas posteriores a las que hicimos el 23 de diciembre del 2003, en ningún lado. La firmeza de los actos emanan del cumplimiento de ellos, cuando el Partido Verde cumple el 30 de diciembre, se queda firme un acto; cuando el Consejo General el 13 de febrero saca su Dictamen se cumple otro acto, se da firmeza a otro acto; en ningún momento se pudiera pensar que la firmeza emana de que cuando el Tribunal encuentre las condiciones para resolver un asunto, esto, Consejera, pudiera durar años, años. Entonces, es obvio que el estado de indefensión en que se puede encontrar un partido político, aunque la Consejera Electoral Alejandra Latapí piense que no estamos, le voy a dar ejemplos. En el transcurso del año pasado presentamos, repito, diversos escritos al Director Ejecutivo de Prerrogativas, quien asumió una facultad personal, que ni siquiera rebotó...

SIGUE 63A PARTE

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Inicia 63ª. Parte

…quien asumió una facultad personal que ni siquiera rebotó con ustedes, tengo entendido, para informarnos que el Partido Verde no tenía facultades para modificar nada; modificaciones de estructura, toma de decisiones, o sea, yo creo que para el Director Ejecutivo y para aquellos consejeros que pueden apoyar este proyecto, mi Partido pudiera ser sujeto inclusive a que se nos impugnen cada una de nuestras candidaturas, porque nuestro Estatuto emana de una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal. ¿Cómo puede llevarnos esto pensar que los magistrados electorales lo que buscaban era que mi Partido estuviera en un estado de suspensión como emanó aquí? Consejera Electoral Alejandra Latapí, le repito, la suspensión no se prevé, no se permite, se prohíbe en materia electoral. Usted dio un ejemplo de cuándo se permitía. En materia electoral no se permite, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el COFIPE, señora Consejera, le presto uno si por ahí no tiene. Un asunto de esta relevancia, señores consejeros, merece la más grande seriedad por parte de ustedes y lo digo con respeto, valoro las intervenciones contrarias, pero las valoro de Andrés Albo y de Arturo Sánchez que están debatiendo aquí. Pero aquí estamos hablando del futuro de un partido político nacional. Concluyo, señor Presidente. Estamos hablando del futuro de un partido político nacional y creo que no es justo que una decisión de estas dimensiones se lleve a cabo con la lectura de guiones y tomando decisiones a priori. Gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Ha concluido su tiempo. Quiere hacer una moción al orador. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Solicito a la Secretaria Ejecutiva que pueda dar lectura al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución. Gracias. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo, dé lectura al artículo 1 de la Constitución. La C. Secretaria: Artículo 1 constitucional, párrafo 3: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes.

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El C. Erik Iván Jaimes: Gracias, Consejero Presidente. Mi intervención la haré un poco a partir de la intervención de algunos consejeros electorales y definir y reforzar un poco el punto de lo que hemos comentado. Me parece que el Consejero Electoral Arturo Sánchez posee algo de verdad. Yo creo que es cierto, no es de optar por escenarios, me parece que el escenario es muy claro y el camino es muy plano, sólo tienen uno y es precisamente entrarle al fondo del asunto y determinar, en su caso, la procedencia constitucional y legal de los Estatutos presentados por el Partido Verde Ecologista de México. En función de las diversas violaciones citadas por el Consejero Virgilio Andrade, que yo no conté 14, yo conté más de 14 y esto no se me hace una violación simple, ya me suena a violación tumultuaria, creo que el Consejo General debe, los consejeros con voto, reflexionar seriamente el punto a debate, y yo creo que el punto a debate es claro y se han vertido aquí una serie de argumentos, consideraciones y posturas de distintos partidos políticos y de distintos consejeros que le dan un sustento y una viabilidad jurídica para entrar al fondo del asunto. La Consejera Electoral Alejandra Latapí preguntaba dos cosas: el estado en que se encuentran los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, pero también preguntaba si son modificables legalmente, y más adelante en su intervención decía que no ha quedado firme la Resolución del Consejo General. Entonces si esto es así, en el entendido de todas las argumentaciones que comentó, Consejera Electoral Alejandra Latapí, pues yo no le veo la razón de ser a lo que comenté al inicio, la razón de ser del artículo 11, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque pues por lo que yo desprendo y el sentido común me dice que este artículo da cabida a la posibilidad de modificar los actos de la autoridad en cualquier momento, reitero, no a mutuo propio, sino a solicitud del interesado. En consecuencia es evidente…

Sigue 64ª. Parte

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Inicia 64ª. Parte

…a solicitud del interesado. En consecuencia, es evidente que los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México podían ser modificados y pueden ser modificados en cualquier momento a decisión de sus órganos internos, es más si ellos quieren volver a celebrar una sesión de asamblea nacional en este mes lo pueden hacer, eso es distinto, completamente distinto a la materia de la litis que se encuentra en esos juicios. Y el Tribunal Electoral ha señalado y ha sostenido una serie de criterios en torno precisamente al hecho de quedar sin materia un procedimiento seguido ante ellos, y uno de ellos dice precisamente: “Que al ser así las cosas cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado de esta misma, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos”. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir el Tribunal en esta partecita de la tesis que acabo de citar? Que los juicios que están precisamente ventilándose ante esa autoridad, el propio Tribunal valorará si éstos deben quedar sin materia o no, es decir, tampoco se trata de dejar en estado de indefensión a los promoventes de esos juicios, pero esa es una determinación posterior y por otra autoridad. En consecuencia, yo les pido congruencia, congruencia con el procedimiento que instaura el Instituto Federal Electoral a partir de la petición que hace un Partido de la notificación o la solicitud que tiene que ver precisamente con el cumplimiento del inciso l), párrafo 1, del artículo 38 del Código, es decir, el mismo tratamiento, el mismo procedimiento a partir de una solicitud. ¿Y cuál es? Entrar al fondo del asunto para determinar si efectivamente se cumplen o no los requisitos constitucionales y legales, al amparo del criterio estare decisis, es que estar conforme al procedimiento que ya comúnmente se viene ejecutando en estos casos. Gracias, Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias. Respecto del recuento que nos ofrece el Consejero Sánchez, y la manera de ordenar el debate que nos propone el Consejero Presidente, yo creo que el recuento es impecable, pero creo que hay que identificar por qué estamos sentados en esta mesa. Estamos sentados en esta mesa por una sentencia del Tribunal, la sentencia del Tribunal creo que sí ya de entrada nos sitúa en una ruta diversa a la que se había seguido, porque ¿cuáles eran las opciones, digamos, que tenía el Tribunal? Si al Tribunal le hubiera parecido grave, por ejemplo, que se hubieran realizado modificaciones fuera del momento procesal oportuno, pues el Tribunal se lo hubiera hecho saber al Partido y le hubiera recordado: “Partido, acuérdate lo que pasó en febrero de 2004”, pero no le dice eso, es decir, esa condición 133


suspensiva tan citada aquí, al Tribunal por la respuesta que le da al Partido no es un asunto que le preocupe y no sólo eso, tan no le preocupa esa condición suspensiva que la ruta que nos señala es venir a deliberar al Consejo General. Bueno, ¿qué es lo que el Consejo General puede deliberar? En términos del 38, que también es otra novedad, si el Tribunal hubiera dicho es un problema nada más de atribuciones y de ruta, ¡hombre!, no hubiera tenido ninguna necesidad de citar el artículo 38. Entonces, no sólo no recuerda, ni refrenda la condición suspensiva, sino además nos manda al 38, y el 38 me parece que yo no veo ninguna manera que se pueda fundamentar un Acuerdo que concluya que no ha lugar con el 38; el mandato del 38 me parece que es clarísimo, se refiere, está en un capítulo de obligaciones de los partidos, que la obligación del partido es comunicarnos cualquier modificación y la obligación nuestra es dictaminar o dictar en un plazo que no exceda a 30 días contados sobre la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos, no veo que de aquí pudríamos derivar una conclusión como la propuesta de que no ha lugar. No, el 38 no nos abre posibilidades, me parece. Entonces, contestaría con eso la primera pregunta, ¿es imperativo? Sí, porque el 38 es indivisible…

Sigue 65ª. Parte

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Inicia 65ª. Parte

...es imperativo?, sí, porque el 38 es indivisible, porque no lo podemos hacer jugar ahora solamente para los plazos y dejar pendiente el pronunciamiento de la declaración de legalidad y constitucionalidad; me parece que el 38 en eso es indivisible. Y reitero, no es casual que la sentencia del Tribunal nos haya citado el 38. Me parece que, con toda claridad, lo que el Tribunal está esperando es que nosotros nos pronunciemos sobre el fondo del asunto, ¿y cómo le hace?, señalándonos la ruta a partir del 38. Creo que tampoco está a discusión si el Partido tiene derecho o no a hacer modificaciones. El Tribunal le reconoce al actor su derecho de presentarle a este Consejo General modificaciones de sus Estatutos. Eso nos lo dice con toda claridad la sentencia, entonces me parece que eso tampoco está en duda. Y reitero, si el haber modificado fuera del plazo o fuera del momento procesal oportuno, hubiera sido una inquietud del Tribunal, el Tribunal le hubiera dicho, con toda claridad al Partido, que estaba en falta respecto de eso. Pero como no hizo nada de eso, me parece que sí, el mandato que nos da es un imperativo clarísimo de sí entrarle, y en los términos del 38. Es todo. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Para tratar de contribuir al debate, en función de las preguntas que usted mismo ha planteado a la mesa, y yo quisiera iniciar por lo que creo que es la respuesta a su segunda interrogante: ¿Tienen los partidos políticos, o en este caso, en el caso concreto, el Partido Verde, tiene el derecho a modificar sus Estatutos? Yo creo que sí. Yo creo que la única prohibición para que un partido político, incluyendo el Verde, no haga modificaciones a sus Estatutos es una vez iniciado el proceso electoral. Eso lo dice el artículo 38 en su párrafo segundo. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del párrafo anterior, las modificaciones a principios, programa, Estatutos, en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. La interpretación contraria de esta disposición es que el partido político, cualquier partido político, tiene derecho a hacer modificaciones en cualquier momento, salvo, insisto, cuando inicie el proceso electoral; esto es, el uno de octubre del año anterior al de la elección. Esta primera respuesta que yo encuentro a una de sus interrogantes, me lleva a la conclusión de la respuesta de la segunda: que si al partido político le corresponde el derecho de hacer las modificaciones a sus Estatutos, Declaración de Principios, 135


Programa Político, en cualquier momento, salvo el del proceso electoral, al Instituto Federal Electoral le corresponde la obligación de recibir, dentro de los 10 días siguientes a que se han hecho estas modificaciones, si estas modificaciones proceden constitucionalmente y legalmente hablando, y a resolver tal procedencia constitucional y legal en un plazo, dice el propio 38, 1, l), de 30 días. Por eso creo que las preguntas que usted ha hecho, nos llevan a la conclusión de que este Consejo General tiene la obligación de dar respuesta a las modificaciones que ha planteado el Partido Verde, y con ello, creo que sus preguntas son muy ilustradoras, a mí me llevan a la convicción, además de lo que he dicho en mi primera intervención respecto de la condición suspensiva, de que efectivamente este Consejo General tiene la obligación de entrar al fondo del asunto y de resolver si es o no de declarar la procedencia constitucional y legal de los Estatutos del Partido Verde. Yo insisto, las desconozco, así que no me puedo pronunciar en el fondo de ellas. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Muchas gracias. La legalidad, conforme a las tesis de jurisprudencia de la Corte, debe entenderse como la satisfacción de todo acto de autoridad, para que se realice conforme al texto de la ley, a su espíritu y a su interpretación jurídica. Para satisfacer dicho principio, la autoridad debe fundar y motivar debidamente sus actos, atendiendo a formalidades esenciales, cuestiones que se cumplen, me parece, en el proyecto de la Comisión. Este Consejo General tiene la atribución de declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas a los Estatutos de los partidos políticos, lo cual no significa que...

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INICIA 66A PARTE

... fechas a los Estatutos de los partidos políticos, lo cual no significa que necesariamente cualquier modificación deba ser declarada procedente, pues la sentencia que ya hemos citado en múltiples ocasiones, la 21 de 2002, el JDC, nos obliga a analizar cualquier modificación estatutaria a la luz de los criterios mínimos de democracia. Pero de manera previa este Consejo General siempre ha estudiado en primer término los requisitos de procedibilidad, cuando menos lo hemos hecho en este Consejo cuatro veces, hablando de Estatutos de partidos políticos y múltiples veces en el caso de APN´s. Y estos requisitos implican si las modificaciones se hacen conforme a los plazos legales, si el órgano partidario que las aprueba tiene las facultades conforme a su propio Estatuto, si la documentación presentada cumple con la ley y las propias normas estatutarias. En este caso el Partido tenía la obligación de hacer modificaciones hasta que la Resolución del Consejo quedar firme, perdón la insistencia, por lo que se realizaron en oposición a un mandato de esta autoridad electoral. Este Consejo no entra al estudio de las facultades del órgano que hizo las modificaciones porque lo hizo, me parece, incumpliendo con el Acuerdo de este mismo Consejo General, lo cual anula el acto mismo. Este Consejo General para cumplir con el principio de legalidad no puede ignorar los acuerdos previos aprobados, ni las sentencias del Tribunal Electoral, por lo que este proyecto es congruente con el ordenamiento jurídico general de la materia. No podemos entrar al estudio de fondo pues debemos recordar que este acto que emitimos en febrero de 2004 es lo que se encuentra sujeto al análisis dentro de dos incidentes de inejecución de sentencia. Entrar al fondo implicaría que este Consejo ignorase lo establecido por él mismo en febrero de 2002, pero lo más importante, nos estaríamos pronunciando sobre nuevas modificaciones cuando las primeras no han sido confirmadas por el Tribunal Electoral, y aquí entiendo las manifestaciones que han hecho los representantes del Partido Verde Ecologista en múltiples ocasiones, en las pláticas que hemos tenido, también, de manera individual. Entrar al fondo implicaría una intención de aplazar una Resolución definitiva por parte de la máxima autoridad jurisdiccional de la materia y sería tanto como aceptar que ante una eminente sentencia el Partido podría presentar nuevas modificaciones que aplazaran otra vez la decisión definitiva del Tribunal, lo cual nos llevaría en lo absurdo al infinito, y nadie tendría la certeza sobre la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos. Muchas gracias. 137


El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muchas gracias, Consejero Presidente. En primer lugar quisiera referirme a algunos de los argumentos esbozados por los consejeros Andrés Albo, y Arturo Sánchez, y quiero aclarar que simplemente intento ser enfático en los argumentos sin tratar de agredir en lo personal. Es cierto que la declaración de la procedencia constitucional y legal de los Estatutos no implica que se proceda a ello con cualquier modificación, eso es cierto, pero para pronunciarse uno tiene que entrar al análisis del fondo y eso es lo que no estamos haciendo, y me parece que no tenemos alternativa ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista del mandato de la sentencia. Es decir, nosotros tenemos que optar por declarar o no la procedencia constitucional y legal, pero no podemos decir que no ha lugar porque hay un momento inoportuno, eso no lo podemos decir, primero, porque no tenemos ninguna norma que nos permita decirlo, ni tampoco tenemos ese mandato en la sentencia del Tribunal de tal suerte que reconozca estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que no estamos sujetos a condición alguna y ello nos lleva a ir al sustento de la materia del artículo 38, párrafo1, inciso l), que consiste de entrada en analizar la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos. El Consejero Electoral Arturo Sánchez habla de la decisión equivocada...

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Inicia 67ª. Parte

…el Consejero Arturo Sánchez habla de la decisión equivocada el año pasado, es cierto. Nosotros ahora estamos hablando de lo correcto o lo equivocado que puede ser la decisión presente, independientemente de la tomada el año pasado, y esto lo digo porque la sentencia al obligarnos a entrar al cumplimiento de la ley, a mí me parece que sí es un mandato y respondo la primera pregunta del 38, 1, l) no tenemos nosotros la alternativa que pareciera derivarse de la sentencia; porque aún si así fuere cierto, nosotros tenemos que actuar bajo principios de certeza y al no tener en la alternativa ningún fundamento que nos haga proceder bajo otra vía, si esta alternativa existiere, tenemos que ir por el principio seguro y el principio seguro es el 38, 1, l) que incluso forma parte del fundamento mismo al que nos remite el Tribunal. Por lo tanto me parece que esto confirma que debemos entrar al fondo. Las preguntas del Consejero Presidente las celebro porque orientan el debate y son precisas para poder tomar decisiones, entonces las celebro mucho porque incluso modera el tono del debate. Que si de las sentencias se desprende un imperativo. Ya dije las razones, me parece que sí y, si no fuere así, tenemos que optar por la opción de certeza. Es cierto, nos pidió corregir el asunto de atribuciones de Secretario Ejecutivo, eso es cierto, pero también se desprende que por el hecho de que el Consejo General tenga que entrar a revisar, pues es un imperativo que sólo puede ser sustentado a través del artículo 38, párrafo1, inciso l), y eso implica entrar al fondo de los Estatutos y revisar. Nuevamente no hicimos caso de nuestro resolutivo segundo porque no sabemos qué modificaron vamos, bajo el supuesto de que siguiéramos literalmente el proyecto, no sabríamos qué modificaron los militantes del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto que me parece que en ese sentido un principio elemental de certeza es ver primero qué modificaron para saber si se está cumpliendo con el resolutivo segundo o no, que en todo caso repito, quedó sin efectos. La condición establece un plazo, sí, pero el plazo se establece para que entren en vigencia los Estatutos aprobados por nosotros. Si no están en vigencia nuestros Estatutos, están en vigencia los Estatutos viejos del Partido Verde que son los vigentes y ellos están actuando en cumplimiento de sus propios Estatutos y nosotros estamos actuando en acatamiento de una sentencia y cumpliendo con la ley que es el artículo 38, párrafo1, inciso l). No está sujeto, en ningún lado dice ninguno de estos dos actos a condiciones. Nosotros no le dijimos al Partido Verde que estaba sujeto a condición su actuación con base en los Estatutos vigentes ni le dijimos que estaba absolutamente parada toda reforma.

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Le dijimos que en todo caso estaban paradas algunas y debimos entrar al fondo para verificar si eran algunas o eran todas y luego analizar si esto se mantenía vigente o quedaba sin efectos. Creo que con esto estoy dando respuesta a las pregunta y también comentando lo dicho por los consejeros. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Luis Antonio González Roldán. El C. Consejero Luis Antonio González: Gracias, Presidente. Aquí ya expresado por los señores consejeros Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Andrés Albo y María Teresa González Luna que si la condición suspensiva. Creo que retomar ese tema no conlleva a nada. El artículo 41 la prohíbe literalmente, el artículo sexto de la Ley General de Sistemas de Impugnación la limita extraordinariamente en cualquier acto de materia electoral, sin embargo yo haría una contrapregunta, con qué fundamento en el proyecto sí se establece cuál es el fundamento legal que encuentran para seguir manteniendo la situación de la condición suspensiva en contra del Partido Verde Ecologista de México. No encuentro yo motivación y fundamentación que la axiología jurídica de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer aquello y ustedes son autoridad administrativa electoral, sólo aquello que la norma les mandata. Decía el señor Consejero Albo, causas de improcedencia. Señor Consejero Albo, pues se hubiera usted pronunciado por un desechamiento, de plano, y se ahorraría ya toda esta discusión porque la improcedencia tiene sus consecuencias jurídica muy claras, muy determinadas. Y aquí estamos viendo de manera sesgada la improcedencia para entrarle al fondo del asunto, pero la no improcedencia para así emitir una declaración o una resolución que va en contra de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reiteraría también el consentimiento. El consentimiento se desvirtúa con la sentencia que mandata, el imperativo de una autoridad jurisdiccional que nos mandata y nos obliga…

Sigue 68ª. Parte

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…se desvirtúa con la sentencia que mandata, el imperativo de una autoridad jurisdiccional que nos mandata y nos obliga a acatarla y a cumplirla. Habla el señor Consejero Sánchez, oficios girados, yo le haría la pregunta: ¿que si acaso la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos es un órgano central del Instituto Federal Electoral? ¿Si todos esos oficios podrían vulnerar el artículo 41? ¿Y por qué el Partido Verde Ecologista de México presentó las modificaciones a los cinco artículos sin haberle dado a ustedes el trámite vigente previo a que concluyeran los 30 días? Porque conocimos el mandato o el imperativo del 41, en el cuarto párrafo y el sexto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero aparte le agregaría lo perfectamente externado por la Consejera Lourdes López, nos definió exactamente qué quisieron decir con condición suspensiva, en ese momento que emanaron el acto y aquí no ha sido valorado. El señor Presidente del Consejo nos determina que cuál es el imperativo para conocerlo. Yo le haría la contrapregunta, señor Consejero, ¿cuál es imperativo para no conocer? Porque aquí el imperativo sí surge de una resolución emanada que tiene alguna consecuencia jurídica, cuál es el fundamento legal para poder haber emitido esta norma o este proyecto de resolución que se está tratando de hacer valer declarando la improcedencia de las modificaciones realizadas con pleno derecho del artículo 38, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, y más allá del artículo Noveno de la propia Constitución General de la República. Aquí en la propia, en un proyecto se habla que el acto dictado por la Secretaria Ejecutiva del IFE careció de fundamentación y motivación. Eso es lo que la ley obliga y mandata a las autoridades a fundamentar todos aquellos actos para que pueda tener pleno efecto el acto administrativo; si no, el acto administrativo no tenía plena eficacia jurídica. Eso sería con relación a lo expresado por usted, señor Presidente. Los plazos para ejercitar los actos como partido político, no han sido restringidos, reitero, por ninguna autoridad, el propio código nos da la facultad para poder realizarlos. Tan es así que el fundamento de la ejecutoria SUP-RAP-55/2004, lo reconoce y mandata, versa sobre unas modificaciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México y en momento alguno la Sala Superior determinó o preestableció que el partido tenía restringidos sus derechos para poder emitir algún acto. Sin embargo, como bien lo dice el señor Consejero Morales, sí nos dice el 38, 1, l), es lo que tienes que ejercitar, porque independientemente si no dispusiera otra cosa el Consejo, esa disposición de algún otro elemento debería de encontrar un fundamento o norma alguna, y dentro del Proyecto de Resolución que nos ha sido presentado no se 141


encuentra cuál podría ser el probable fundamento para llegar a la improcedencia sin conocer del fondo del asunto, cuando en toda la consideración se está atacando la forma, la forma, o se ataca forma y en el resolutivo sí vamos a dar un imperativo de fondo, se declara la improcedencia. Ahora ya propone la Consejera Electoral González Luna. Muchas gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. En estricto ejercicio de mis derechos y libertades daré lectura a este texto para tratar de contestar a la que pareciera ser la principal objeción al proyecto de resolución a discusión en este momento y que no comparto. El razonamiento de que el proyecto de resolución de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión carece de fundamento legal implica sostener que los acuerdos y resoluciones de este Consejo General no tienen fuerza legal, ni están vinculados a la ley y, por tanto, al orden constitucional. Me pregunto: ¿De dónde, entonces, proviene su obligatoriedad? Estaríamos desconociendo el orden jerárquico normativo que incluye los acuerdos y resoluciones del Consejo General e incluso los documentos básicos de los partidos que son normas administrativas. El elemento central de la legalidad del proyecto por el que se declara que no ha lugar a declarar la procedencia de las modificaciones propuestas por el partido es que éste desatendió una norma administrativa de carácter legal, la resolución del Consejo de febrero de 2004, al pretender modificar sus estatutos. Aceptar la objeción sería aceptar que se vulnere el orden jurídico del que las decisiones de este Consejo forman parte. Asimismo, considero…

Sigue 69ª. Parte

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Inicia 69ª. Parte

...forman parte. Asimismo, considero que, al contrario de lo planteado por algunos de mis colegas y algunos otros integrantes de este Consejo, el Consejo General se estaría pronunciando, por segunda vez, en caso de aceptar la procedencia legal y constitucional de los Estatutos señalados, sobre un asunto ya antes resuelto, en acatamiento a una Resolución del órgano jurisdiccional y sin que dicho órgano se haya pronunciado al respecto, después de haber surgido diversas impugnaciones. Por otra parte, quiero señalar, en relación con lo afirmado en esta mesa sobre la posible responsabilidad en que se incurriría de aprobar el Acuerdo presentado por la Comisión de Prerrogativas, estoy en desacuerdo porque no puede desconocerse que esa determinación se encuentra adecuadamente fundada y motivada, en su parte considerativa, en los términos que mandata el artículo 16 constitucional, por lo que se haría indeseable que a partir de las diferencias que se produzcan con motivo del estudio de este asunto, se pretenda descalificar la posición de los miembros de este Consejo con argumentos que más bien pudieran llegar a parecer intimidatorios. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Gracias. A ver, quisiera primero centrar también el debate en lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es cumplir la sentencia del 17 de diciembre del 2004, que es la SUP-RAP-55/2004. Lo digo porque oigo muchas otras resoluciones; no nos vayamos a confundir y posiblemente vamos a cumplir otra sentencia y a incumplir la que tenemos que cumplir, que es la 55 del 2004. Y en esta sentencia, la litis no hace referencia en ningún lado, no hace referencia en ningún lado ni en ningún momento a los acuerdos del 13 de febrero; no obstante, nosotros estamos fundando y motivando en base a una sentencia que no fue litis de la sentencia que tenemos que cumplir. Eso para mí se llama incumplir una sentencia. No obstante, hay compañeros que creen que está debidamente fundado y motivado. Hay otro tema que se refiere también a la propia fundamentación. ¿Dónde habla el 38, fracción I, inciso l) de que nosotros podamos contestar declarando la improcedencia de las modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista, cuando ni siquiera los conocemos? Eso no dice el 38. Me parece sorprendente. Respondo su pregunta, Consejero Presidente: primero, yo creo que esto no es un problema ni un debate de vida interna, y no lo es, porque todavía no entramos a ello; esto es un problema de legalidad y la forma en que interpretamos las obligaciones que tenemos que enfrentar.

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Respecto de sus preguntas, yo creo que la sentencia no establece opciones, porque el Tribunal no puede establecer opciones que no estén previstas en ley. Si se puso el 38, fracción I, inciso l), es por algo. No puede darnos una opción el Tribunal de no querer cumplir o cumple de forma distinta a lo que está en la ley, pues esto es violatorio de cualquier principio de legalidad. Si el Tribunal hubiera querido confirmar, lo hubiera hecho. Si el Tribunal no hubiera querido que nosotros entráramos a revisar, lo hubiera dicho, pero nosotros estamos infiriendo que el Tribunal nos dice efectivamente “¿saben qué, señores? respondan lo que ustedes quieran, en incumplimiento claro al COFIPE”. Esa es mi opinión. Por último, el sub judice, porque ese también es un argumento curioso; a ver, lo que está sub judice es el incumplimiento de una sentencia que emitió el Consejo General; lo que se impugnó y que se resolvió en la sentencia 55 del 2004 es un recurso que se interpuso contra un acto de la Secretaría Ejecutiva. Tiene naturalezas totalmente distintas, por lo mismo, no puede ser sub judice. Voy a circular en unos momentos una jurisprudencia que afirma lo que estoy diciendo. En fin, mi última reflexión es que creo que tenemos que construir, pero construyamos en base a la legalidad, aplicando la ley y no estirándola. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral María Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Gracias. Para hacer tres comentarios y observaciones. Primero, me parece necesario insistir en que la condición suspensiva de la que hemos venido hablando y argumentando, no se deriva de la interposición de medios de impugnación. La condición suspensiva se refiere a las modificaciones adicionales...

Sigue 70ª. Parte

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INICIA 70A PARTE

...suspensiva se refiere a las modificaciones adicionales que ordenó el Consejo General, las cuales a su vez sólo podrán realizarse cuando la Resolución quede firme; por lo tanto, considero que aquí no hay un error. Por otra parte, creo que en esta mesa nadie ha dicho que el Consejo no pueda modificar o revocar en términos absolutos sus acuerdos o sus resoluciones, sino que en este caso no debe de hacerlo porque la Resolución de febrero de 2004 se dictó correctamente y en acatamiento a una sentencia judicial. Por último, también quisiera hacer la observación de que en el texto que tienen en sus manos, en ningún momento se dice, y ni si quiera se sugiere, que el partido político no tenga derecho a hacer modificaciones, lo que dice es que no podemos pronunciarnos, los derechos del Partido no están cancelados ni suspendidos, pero sí sus Estatutos aprobados hace un año se encuentran en condición suspensiva, en razón de este argumento las modificaciones posteriores también quedan en esa condición. Es decir, aquí tendría que ver con lo accesorio, que en este caso serían las modificaciones solicitadas en febrero de 2004, sigue la suerte de lo principal, es decir los Estatutos de febrero de 2004. Una vez que la Resolución previa del Consejo quede firme, este Consejo podría volver a analizar, y tendrá que hacerlo, las modificaciones posteriores aunque dependerá también de los términos en que el Tribunal dicte su Resolución. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Al final de mi primera intervención mi pregunta iba a ser después de revisar esta serie de mandatos que nos da el Tribunal, ¿están firmes los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México?, si fuere así, si fuere así entonces entra otro problema, ¿por qué no se realizaron entonces las modificaciones que mandata el Tribunal en los seis meses para nombrar a sus dirigencias, llamar a la asamblea, hacer la reforma y demás? Me da la impresión de que en este caso pues no, no estuvieron considerados como firmes y que, en efecto, el mismo Partido estaba esperando a que el Tribunal resolviera y lo que pasó es que no resuelve el Tribunal, y ese es un problema que sí, lo reconozco, me queda claro, hay una contradicción de situaciones. Entonces esta reforma se da no a los Estatutos reformados por, la alternativa sería que este nuevo proyecto de Estatutos no reforma los que se aprobaron en febrero, sino reforman los vigentes, y si ese es el caso, estaríamos ante una situación completamente distinta.

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Entonces aquí tengo, pregunta, si esto, es eso, son dudas, son preguntas, ¿cuáles entonces son los Estatutos vigentes?, ¿cuáles son los originales, aquellos Estatutos con los que el Partido ha vivido los últimos años, esos Estatutos con los que el Partido creció electoralmente al tener el 6.5 por ciento de la votación que ahora tiene?, ¿esos son los vigentes? Perfecto. Muy bien. Pero entonces sí estamos ante una situación completamente distinta. Pregunto, el 38, 1, l), no es divisible, lo tenía que usar el Tribunal en cualquier circunstancia, señor Consejero Morales, lo tenía que usar porque lo que estaba diciendo es, no es la Secretaria Ejecutiva, es este Consejo General y la atribución está en el 38, no podía citar otro, tenía que citar justamente el 38, 1, l), no le quedaba más remedio, y curiosamente no lo divide, pero entra al fondo de lo que la Secretaria Ejecutiva analiza en ese momento. Tercero, creo que es importante dejar en claro un elemento que a mí sí me preocupa, ciertamente, en todo caso, en todo caso, en esta mesa de Consejo el día de hoy, el día de hoy no hemos entrado al fondo, no hemos discutido si las reformas procedieran o no, no he escuchado un solo comentario que diga que en todo caso las reformas propuestas son aceptables por este Consejo, no hay solo argumento al respecto, más bien nos hemos tenido en la discusión previa, si tenemos o no que entrarle al fondo. Yo lo quiero decir es que en todo caso el Proyecto de Acuerdo que está puesto a consideración...

SIGUE 71A PARTE

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Inicia 71ª. Parte

…yo lo que quiero decir es que en todo caso el Proyecto de Acuerdo que está puesto a consideración no prejuzga, no invalida, no dice que no podrían ser válidas en el momento en el que de cualquier manera tendríamos que entrar al fondo. Finalmente, don Arturo Escobar, créame que sí es importante rescatar la actitud de reflexión, de discusión y de debate a la que usted ha llamado, me apego a ella. Por eso mismo no contaminemos esta discusión de por sí difícil, con, cómo le voy a decir, sugerencias siquiera de que hubiere alguna parcialidad o intencionalidad en los puntos de vista. Si ese fuera el caso no habríamos pasado siquiera un momento discutiendo y estaría muy definida una situación. A eso lo invito, no tendría más que decir. Señor Virgilio Andrade, me preocupa el listado que usted dice, porque me da la impresión de que podría reproducirse o aplicarse igual entonces a lo que hicimos en febrero del año pasado, al haber considerado una condición suspensiva, al haber establecido plazos, al haber no terminado la sentencia, de resolver y entonces bajo esa interpretación, pues sí creo que estaríamos poniendo en duda no solamente lo que estamos haciendo hoy, como lo hace usted, sino lo que ha hecho y lo que podría hacer el Instituto Federal Electoral más adelante. Yo creo que es importante que en este contexto me hago cargo de los argumentos que han dicho los partidos políticos, me preocupa mucho el tono de algunos argumentos, pero no tanto por el tono, sino por el análisis y las convicciones que tenemos. Tenemos aquí un debate de diferencias, de aproximaciones jurídicas, pero no creo que con ninguna intencionalidad. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Senadora Martha Sofía Tamayo. La C. Consejera Martha Sofía Tamayo: Gracias, Presidente Consejero. Sólo para precisar que en pocos temas yo he encontrado tanto acuerdo entre los partidos políticos como en éste y en tan pocos temas los he visto tan divididos a ustedes. Lógicamente se trata de un tema sustancial. Yo veo como parte de un partido político que esto es muy grave, lo que aquí estamos definiendo, porque está abriendo la posibilidad a que las dilaciones en el análisis de la documentación que constituye el zumun de los partidos para funcionar, se pueda ir al infinitum. Aquí estamos hablando de un año, y vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué va a pasar si el Tribunal no resuelve, qué va a pasar? Y ustedes no están haciendo uso del ejercicio, de la responsabilidad, facultad de obligación que les corresponde. El Consejero Albo se refiere al principio de legalidad. Pero perdón, Consejero, la interpretación que usted hace está muy acomodada al Dictamen. La interpretación 147


estrictu sensu de ese principio tiene que ver con que ninguna autoridad, y ésta lo es, una autoridad administrativa puede hacer más allá de lo que la ley le dice, expresamente. Las interpretaciones tienen que ver con normas que están diciendo algo respecto del tema y que hay alguna duda. Aquí ni siquiera hay una norma que nos meta a duda, aquí no hay ninguna duda que los faculte a ustedes para suspender y para poner en tesitura la obligación que les corresponde de revisar los estatutos con solo la presentación por parte de ellos, de los partidos políticos. Me parece de lo más delicado. Y también no quisiera llevar al extremo de precisar que esto pudiera ser un “tira tira” entre instituciones. El Instituto no quiere resolver porque el Tribunal no resuelve y el Tribunal no resuelve porque el Instituto no quiere resolver. Y entonces estamos atrapados los partidos políticos en un juego de vencidas entre instituciones, muy delicado, que si se da esto ahora, se puede dar mañana y también en otras materias. ¿Y esto cómo se puede acabar? Esto se puede acabar asumiendo cada quien su responsabilidad de acuerdo a ese principio de legalidad que el Consejero Albo trajo a la mesa, hacer lo que les corresponde. Y lo que les corresponde es revisar al margen de cualquier interpretación acerca de la litis, la litis va a seguir su curso, la litis nada tiene que ver con nosotros…

Sigue 72ª. Parte

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Inicia 72ª. Parte

…la litis va a seguir su curso, la litis nada tiene que ver con nosotros, es más, estamos metidos en la litis como Instituto, porque la Resolución mandata a que se repongan los estatutos y el Instituto tiene que revisarlos, revisar aquellos que están sub judice y estos y si hay mañana o pasado otra modificación volverlos a revisar, Presidente. Eso no está en tela de duda jamás, no puede estar en tela de duda y es parte del principio de legalidad y de autoridad que se ha traído a la mesa. Yo creo que la confusión estriba en eso, en haber querido amarrar una obligación de este Instituto, que si se asume cabalmente va a traer como consecuencia modificar un acto previo de este propio Instituto, pero y qué, ya traje a la mesa también las contradicción de tesis, se resuelven por la propia Corte y a nadie le da pena, ni nadie se sonroja de haberse equivocado antes, sobre todo cuando las condiciones jurídicas cambian. Entonces, da la impresión de que en esa confusión no podemos resolver porque no hay resolución firme, no asumen la obligación que les toca y eso es muy grave y al mismo tiempo ese es un derecho de los partidos, a exigir que le resuelva lo que ya le sometió a su consideración. El único riesgo que corremos es por parte del Partido Verde que no corresponda a la constitucionalidad y por parte de nosotros que sí cumpla con las resoluciones, sí cumpla con la legitimidad y se sobresean los juicios, no veo ningún tipo de prurito jurídico que pueda contradecir esto en esta ocasión. Creo que en el fondo esa es la obligación que deben de ejercer ustedes y yo los llamo, ya todos los consejeros manifestaron su opinión, desde luego el Presidente ha guardado la suya, yo lo invito a él y a los consejeros que están apoyando un Dictamen férreamente sin ver el contexto en el que se están metiendo y en el que están metiendo a los partidos a que reconsideren. Mil gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia y me tomo la oportunidad de hacer este comentario por los comentarios de la Senadora Martha Tamayo, de que afortunadamente hay posiciones divergentes que yo no interpretaría como división, yo interpretaría como un tema normal en un asunto de la naturaleza que nos ocupa, con tanta importancia para la vida de un partido político, el Partido Verde Ecologista de México. Comparto y lo reitero, y quiero reiterar en esta mesa mi posición, comparto el sentido de indefensión que el partido político argumenta y comparto la preocupación que otros partidos políticos en esta mesa pueden sentir por futuras situaciones semejantes en las que diversos actos, resoluciones o sentencias de las autoridades y los tribunales electorales puedan involucrarlos.

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Yo quiero, sin embargo, también poner esto en balance, en el caso de este Consejo General creo que ha cumplido con su obligación marcada en el artículo 38, párrafo 1, inciso l), de conocer y pronunciarse sobre reformas estatutarias, lo hicimos el 13 de febrero de 2004, con respecto al Partido Verde que hoy nos sigue ocupando, lo hicimos el 7 de mayo de 2004 en el caso del Partido de la Revolución Democrática, lo hicimos el 18 de junio de 2004 en el caso del Partido Acción Nacional y ese mismo día lo hicimos para Convergencia en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-803. Quiero decir por eso que al margen del resultado final de la votación que hoy nos ocupa, creo que este Consejo General se ha abocado a responder como lo obliga la ley en mandato al artículo 38, párrafo 1, inciso l). Pero también quiero reiterar el asunto de la dilación, Senadora Martha Tamayo, yo comparto con usted esa preocupación, pero me gustaría que pusiéramos en balance de dónde proviene la dilación y por qué se ha dado esta dilación para que no se le pida al Instituto Federal Electoral que pueda, si fuese el caso, solucionar la dilación, quizá contraviniendo decisiones previas. Es una reflexión que dejo, porque comparto la preocupación, pero tenemos que ocuparnos si la vía para solucionarla desde el punto de vista legal es la apropiada. Y finalmente, el contexto en un momento preelectoral, de un año preelectoral me parece muy relevante y me parece muy legítimo que el partido político nos venga a decir en este momento necesito certeza para poder renovar dirigencias, para poder postular candidatos, me parece muy relevante, no solamente en este caso, en cualquier partido político y aquí básicamente el argumento es un argumento político de certeza que es muy importante junto con la legalidad que se argumenta con otra posición que se plantea de si el Instituto puede tomar en consideración esas preocupaciones y contravenir una disposición previa, creo que ese es el debate fundamental en el cual nos encontramos ahora inmersos todavía. Para la tercera ronda…

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...en el cual nos encontramos ahora inmersos todavía. Para la tercera ronda, le doy la palabra al representante del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar. El C. Diputado Arturo Escobar: Gracias, Presidente. Efectivamente, lo que estamos buscando es cómo resolver la dilación, señor Presidente, la única excepción es que la dilación o la situación que vive mi partido emana porque no resuelve el Tribunal, pero el estado de incertidumbre emana por lo que definió el Consejo el 13 de febrero. Si el Consejo no hubiera declarado la suspensión del Estatuto que se aprobó, hoy no estaríamos en estas condiciones. Por eso ahí tengo una diferencia con usted, Presidente. El acto de suspensión emana de aquí y, efectivamente, al Consejero Sánchez comentarle: por supuesto que estamos atacando el acto de suspensión. No podemos seguir viviendo en la ignominia en la que vivimos. Necesitamos generar un acto de autoridad de ustedes, para ir al Tribunal y que el Tribunal les ordenara ir al artículo 38, inciso l). Tampoco coincido, señor Presidente, que usted diga que efectivamente están agotando el artículo 38, inciso l), porque si la Secretaría Ejecutiva le da redacción, en ningún momento dice que no se vayan al fondo. Están obligados que las modificaciones presentadas por los partidos políticos tendrán que ser estudiadas y resueltas por el Consejo General y esto no está pasando aquí, señor Presidente. Se lo digo con mucho respeto. Decía la Consejera González Luna que en ningún momento, en su primera intervención, ella señalaba que no querían reconocer errores. Sí lo dijo así, señora, con todo respeto, Consejera González Luna; usted comentó que no se pusiera en entredicho las decisiones del Consejo General. Eso no es asumir responsabilidades, y yo jamás señalé que era un error. Creo que hubo una interpretación equivocada, por parte del Consejo, sobre lo que los magistrados buscaban. Pero, con todo respeto, si es más importante lo que la opinión pública piense del Consejo General que aplicar la ley, pues estamos en pañales. Entonces todo lo que hemos recorrido, desde el año 90 hasta acá, pues vamos a olvidarlo, porque entonces es más importante el reconocimiento de la opinión pública sobre que el IFE, independientemente de los errores u omisiones, sea consistente en su hablar. Por otro lado, coincido con lo comentado por la Consejera Lourdes López en cuanto a que tendríamos, a efecto de darle cumplimiento a la Sentencia, irnos al fondo de la revisión del Estatuto. Eso es lo que nos marca el 38, l); no nos manda otra cosa y, por supuesto, no coincido con el Consejero Sánchez que diga que el Tribunal no tenía otra opción. Pudo haber confirmado el acto de la Secretaría Ejecutiva; esa era la opción, señor Consejero, pero no lo hizo así. 151


Y si hay en algún momento, señor Presidente, usted preguntaba, en algún momento, en algún lado de todos los documentos que tiene este expediente, donde nos mandataran a que ustedes conocieran sobre el fondo del Estatuto, pues por supuesto que sí; en el considerando segundo de la sentencia de diciembre, donde señala el acto dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral carece de fundamentación y motivación, y hace nugatorio un legítimo derecho que le asiste al Partido Verde para que el Consejo General emita la Resolución sobre las modificaciones estatutarias. Más claro que esto, es imposible. Más claro que esto, vienen los magistrados aquí y se sientan con nosotros y nos lo dicen. El C. Presidente: Ha concluido su tiempo. El C. Diputado Arturo Escobar: Concluyo, señor Presidente. El C. Presidente: Brevemente. El C. Diputado Arturo Escobar: Gracias, Presidente. Espero que en los magistrados se encuentre la razón, se encuentre la legalidad y se encuentre la justicia. Llevamos 18 meses viviendo en este estado. Si existe incertidumbre... El C. Presidente: Señor Representante. El C. Diputado Arturo Escobar: Concluyo, en la toma de decisiones, yo espero que el inclinarse por el fortalecimiento de los partidos políticos los lleve a votar en favor del proyecto alternativo presentado por el Consejero Electoral Rodrigo Morales. Gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Gracias. Quisiera referirme a algunas de las preguntas que hizo el Consejero Arturo Sánchez. Él parte de la hipótesis de que el Tribunal tenía que usar el artículo 38, párrafo 1, inciso l) para poder sustentar que el Consejo General se encargara de atender y no la Secretaría Ejecutiva; yo comparto absolutamente esa opinión, pero así como el Tribunal lo tenía que usar, nosotros lo tenemos que ejecutar. Esa es la diferencia que se está estableciendo en la mesa entre la posición que tú has mantenido y la propia. Segundo, nos dices que en realidad no se prejuzga, en este Proyecto de Resolución. Yo digo que al revés, se prejuzga. ¿Y por qué se prejuzga? Porque nosotros, en el resolutivo segundo, dijimos que sólo había lugar, es decir, que estaba sujeto a cierto período o a cierta situación de firmeza, modificaciones a algunos artículos, y no entrar al fondo no nos puede llevar a esa conclusión, por lo tanto, estamos prejuzgando.

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Para no prejuzgar, primero debimos haber entrado al fondo, a mi juicio, y luego después ver qué modificaciones se habían hecho, para entonces concluir cuál era el universo de aplicación del resolutivo segundo.

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... para entonces concluir cuál era el universo de aplicación del resolutivo segundo, por lo tanto a mí lo que me preocupa es que el proyecto que está en la mesa sí prejuzga, prejuzga que se hicieron las modificaciones de los cinco artículos que nosotros pedimos y no nos tomamos la molestia de ver si eso había sido cierto o no había sido cierto. El tercer comentario que creo que estoy obligado a hacer, los señalamientos aquí de cuestiones constitucionales tienen que ver con una percepción personal, y he tratado de sustentar, para que no nos equivoquemos, el hecho de que en el pasado hayamos tenido violaciones constitucionales, sabemos por lógica que no es un asunto de intenciones, es un contexto de posibles equivocaciones y evidentemente como Consejo nos hemos equivocado, y la invitación simplemente es que no vayamos a cometer alguna equivocación. Y, finalmente, el Consejero Presidente dice que el Consejo no ha causado este hecho y no es causante de la dilación, yo comparto con él la opinión, pero creo que no nos debemos sumar a esa causa de ser una autoridad adicional que dilata decisiones, más aún cuando tenemos un mandato concreto y específico del artículo 38, párrafo 1, inciso l). Finalmente, aprovecho el tiempo que me queda para decir que en las sentencias que tanto nos están preocupando, los militantes piden que no cesemos con la conculcación de derechos político electorales y que no se pretenda prolongar artificial e ilegalmente la vida de Estatutos que han sido ilegalmente declarados y que por lo tanto acatemos cabal y mediata y puntualmente los fallos. Gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Bueno, he querido mantener mi opinión hasta el final por dos razones. La primera que me parece que estamos atrapados sin salida, es decir, he escuchado con mucha paciencia, con mucha atención este prolongado debate y me parece que desgraciadamente el problema no está aquí, no está en esta sala, no está en este Instituto, no está en la diferencia de opiniones entre los consejeros, no está en los justicieros o legítimos reclamos de los partidos políticos que se han expresado aquí, sino está en el rezago del Tribunal Electoral, me parece que este es el fondo del asunto. Si el Tribunal no hubiera prolongado esta situación, si hubiera ya resuelto esta situación y no haber arrastrado este problema durante 18 meses, no estaríamos discutiendo aquí y no hubiéramos ocupado tantas horas y tanto encono, tanta enjundia en dar este debate.

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Y desgraciadamente esto es así y me parece, entonces, que el fondo del problema está en el rezago del Tribunal, por un lado, y por el otro, en el asunto de las atribuciones que hasta ahora mantiene el Tribunal en materia de la vida interna de los partidos. Nosotros hemos dicho en otros foros y en otras circunstancias que tenemos que revisar la ley en este sentido, no para minimizar o bajar la guardia frente a las injusticias que los órganos directivos de los partidos cometemos con nuestros militantes, o para no dar transparencia de la vida interna de los partidos, pero sí para precisar la ley en varias cosas que son omisas o son ambiguas. Entonces, a mí me parece que este es el fondo del problema y yo les diría: Si el Consejo General decide no aceptar o no dar lugar, respetando el Dictamen original de la reforma estatutaria del Partido Verde, efectivamente se va a prolongar la incertidumbre y la ignominia a que se ha hablado aquí, pero desgraciadamente. Si el Consejo General decide sí dar entrada a los Estatutos y aprobarlos, desgraciadamente no se va a resolver el problema, porque el Tribunal Electoral sigue siendo la máxima instancia y la incertidumbre del Partido Verde no va a terminar, simplemente va a tener un momento más en que se va a seguir agregando historial y agregando más asuntos a un problema que no está finalmente resuelto. El problema se va a resolver y se va a concluir hasta que el Tribunal diga la última palabra. Entonces, por eso me parece que ha sido una lucha, una discusión enconada, una discusión dura, pero desgraciadamente a partir de lo que he escuchado y de las propias opiniones que aquí se han dado, me parece que estamos atrapados sin salida hasta que el Tribunal no resuelva de fondo este problema y no resuelva después de 18 meses una cuestión que debió haber resuelto hace algún tiempo. El C. Presidente: Muchas gracias.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Diputado Luis Antonio Gonzáles Roldán. El C. Consejero Luis Antonio González: Gracias, señor Presidente. Bueno, concluiré con las siguientes resoluciones. Imposible es encontrar motivación alguna en el principio de conservación del acto, en la presunción de legalidad del acto y en la firmeza de una Resolución si acatar lo que ordena categóricamente una ejecutoría que también puede ser el fundamento, Consejera Electoral Alejandra Latapí, una ejecutoria que da origen al proyecto éste. Sin poder establecer que estos propios principios están vinculados irremediablemente al de la legalidad, que devienen todos de una axiología que tiende a procurar la conservación del derecho público y a imponer como suprema regla de conducta la ley constitucional. Como lo es el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo que trata de evitar es vulnerar los actos en materia político – electoral en virtud de que no todos los fallos firmes pueden ser objetos de ejecución, material, y eso lo determina la autoridad jurisdiccional, máxime que en el asunto que estamos ahora en discusión, los estatutos del Partido Verde Ecologista de México en momento alguno se ha dictado una Resolución que sea contradictoria. Se ha establecido aquí que se realizaron modificaciones con antelación a que quedara firme la Resolución del Consejo General, que se encontraba en condición suspensiva, que estábamos fuera del plazo establecido. La pregunta sería, y reitero, con fundamento en qué norma, en qué base, a qué procedimiento esta autoridad puede limitar actos jurídicos que de conformidad a la ley debe y puede realizar mi partido que no fueron limitados por ejecutoria alguna ni la SUP-JDC/021 que le dio viabilidad para el funcionamiento a mi partido en base a los estatutos que han sido declarados ilegales e inconstitucionales que permitió que se hicieran una serie de actos jurídicos emanados y sustentados con ese propio principio y que es el propio elemento que nos sigue regulando y que nos sigue rigiendo. Y concluiría reafirmando que en esta materia que es de orden público como se hacía en la primera exposición, en el proyecto yo no encuentro un acto que pudiese motivar realmente la pretensión que aquí se determina. Es una decisión en plena contravención a la legalidad, reitero, al SUP-JDC-055/2004 y la pregunta es, bueno, ¿qué valor tendrían las dos ejecutorias? Porque aquí hemos demeritado con una absoluta ligeraza el acto emanado por la Sala Superior en diciembre de 1994.

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Nada más no atendimos a una ejecutoría que nos mandataba y que era un imperativo legal cumplirlo y cumplimentarlo. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Gracias, Consejero Presidente. Pues en estos tres minutos trataré de tocar unos puntos de forma muy breve en esta última ronda. El Consejero Andrés Albo hablaba y ha sostenido su postura de la improcedencia para conocer de fondo el caso del Partido Verde Ecologista, en virtud de la modificabilidad por los asuntos que se encuentran sub judice. Ya hemos dicho aquí hasta la saciedad por qué sí son modificables los actos de la autoridad y, por qué son modificables en cualquier tiempo los estatutos del Partido Verde Ecologista de México. Al existir dos interpretaciones, señor Consejero Presidente, como usted lo señala, en todo caso debe de aplicarse la interpretación que más favorezca al partido, en este caso al partido solicitante que es el Partido Verde Ecologista de México. Y es un principio al que apelo en la reflexión al momento de tomar la determinación en el voto. Consejero Arturo Sánchez, le comento yo que usted sustenta parte de su argumentación en decir que al no haber entrado al fondo del asunto el oficio, pues de alguna manera quedan a salvo parte de las consideraciones de la autoridad, en este caso de la Secretaria Ejecutiva. Pero déjeme decirle algo tan sencillo que mata ese argumento, y tan sencillo es porque el oficio fue revocado y se entiende que fue revocado la totalidad. Ahí sí, si el Tribunal hubiera querido decir otra cosa, dice una revocación parcial, pero ese no es el caso. De suerte tal que no podemos sustentar la argumentación en el sentido de que no se pronunció el Tribuna sobre el resto de las consideraciones del oficio. Consejera Teresa González, déjeme decirle que al sostener usted que la suspensión sólo deviene de los medios de impugnación, pues se me hace que no es del todo correcto. Usted puede acercarse al asunto Pemex Gate donde precisamente se da el seguimiento al asunto desde diciembre de 2002, hasta que se emitió la sentencia, puede usted encontrar incluso solicitudes de suspensión de actos administrativos y el Tribunal dijo que ni éstos…

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…de suspensión, gastos administrativos si el Tribunal dijo que ni estos operan en materia electoral. De tal suerte que no queda más que en claro que no está sustentada esa argumentación de parte suya, y cierro precisamente esta intervención, señor Consejero Presidente, apelando a su voto, porque finalmente las posiciones ya han sido definidas, así yo lo desprendo de las diversas intervenciones y le pido que razone perfectamente su voto, yo le solicito que honre su posición pública de fortalecer el sistema de partidos y que logremos alcanzar la claridad en el cumplimiento de lo mandatado, lo contrario sería atentar contra el sistema precisamente democrático y contra el espíritu republicano. Gracias. El C. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la Consejera del Poder Legislativo, Senadora Martha Sofía Tamayo. La C. Consejera Martha Sofía Tamayo: Gracias, Presidente. Tres puntualizaciones: Usted preguntaba en su anterior intervención que muy probablemente que lo que se estaba pidiendo era que fueran en contra de una determinación que tiene obligatoriedad aquí. Yo le quiero decir que igual que el principio de que deberá de aplicarse en caso de duda la legislación que beneficie al Partido, yo también señalo otro principio que es el del valor mayor tutelado, el bien mayor tutelado, aquí habrá que poner de un lado la ley el 38, 1, l) y otro lado un Acuerdo cuestionado, modificable, interno, y por lo tanto, secundario, caso concreto la ley es de aplicación general. La otra cuestión que quiero poner en tesitura, es que es muy grave que un miembro de este Consejo pregunte por cuál Estatuto es el que está vigente, imaginémonos a Juan Pueblo, a los militantes, en este momento que no tienen claro qué es lo que está rigiendo para un Partido que está en esta tesitura, y desde luego, esto puede parecer una afirmación de color para aseverar si hay una norma que rige para el Partido, desde luego, sí, yo entiendo su intencionalidad, pero en los hechos los militantes tienen realmente una preocupación de esa naturaleza y muchos de ellos al aplicarse esa norma que está vigente, pero cuestionada, acordémonos todo la campaña de publicidad que hubo, se declararon inconstitucionales los Estatutos del Partido, bla, bla, bla. Entonces, esto lleva a cuestiones que no son secundarias y que deben de motivar una determinación, pensar en los militantes y en la sociedad y en el principio de certidumbre hartamente violentado. Y por último, con relación a la aseveración de que estamos encerrados, o cómo dijo, sin salida, dijo el compañero, por la dilación del Tribunal, al Tribunal hay que reclamarle y desde aquí le hacemos un enérgico llamado a que se resuelva conforme a derecho este asunto. 158


Sin embargo, el incumplimiento en que estamos incurriendo a través de este Dictamen profundiza esa dilación y curiosamente nos mete, nos ata, al incumplimiento del Tribunal. Cuando podemos desvincularlo perfectamente porque esto es factible, porque hay una determinación legal que de acuerdo al principio de autoridad debemos observar. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Bueno, esta es la última intervención de mi parte, quisiera hacer dos comentarios y cerrar por mi parte el debate. Sí, en efecto, el oficio fue revocado, en efecto, y ahí ya no había lugar. Pero curiosamente el Tribunal sí se preocupó por aclarar que no prejuzga sobre su contenido y eso es algo que se me queda a mí todavía pendiente de resolver y no veo por qué el Tribunal no hubiere juzgado sobre el contenido si hubiere tenido tanta claridad del mandato que presuntamente estaría dando. Sin efecto, hacía uso de la pregunta en el tono que la Consejera del Poder Legislativo decía, atiendo su comentario, me queda claro para mí, que el Partido Verde Ecologista de México tiene Estatutos, están vigentes y están operando, se han comportado con base en esos Estatutos a lo largo de todo el último año, han buscado hacer reformas con base en esos Estatutos, han protestado cuando no se le hace caso con base en esos Estatutos y me daba la impresión de que justamente porque estaban esperando y respetando la condición suspensiva de esos Estatutos reformados, es que estaríamos en espera de que el Tribunal resolviera, estamos ahora resolviendo un debate distinto. Quisiera nada más terminar diciendo que es sorprendente cómo en buenas partes, en una buena parte tanto los antecedentes, como algunos de los considerandos de ambas propuestas son muy similares, porque parten de datos y la historia común. Yo encuentro en el proyecto que estamos discutiendo…

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Inicia 77ª. Parte

...yo encuentro en el proyecto que estamos discutiendo, que finalmente, después de haber escuchado los argumentos puestos en la mesa por todos, no se desvirtúa su legalidad, no se desvirtúa su contundencia; está fundado y motivado y, por lo tanto, señor Presidente, quisiera manifestar que votaré, después de haber reflexionado a lo largo de esta sesión, a favor del proyecto que se propone. Hay varias consideraciones pendientes que discutir; el Consejero, el representante del Partido de la Revolución Democrática pone sobre la mesa una serie de temas interesantes; los comentarios de los partidos son atendibles, por lo pronto, ese es el estado de la discusión. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias, Consejero Presidente. Comentarios muy breves. El Tribunal sí tenía opción si no quería que nos metiéramos al 38, si nos remitía solamente al artículo 82; si nos remite al 38, es porque esperaba otra cosa. Segunda pregunta no contestada: ¿cómo se funda en el 38 una Resolución que diga que no ha lugar? ¿El 38 de dónde sale o de dónde plantea una opción del tipo no ha lugar? No he oído respuesta. Tercer comentario: yo no coincidiría del todo con Saúl, en el sentido de que no hay soluciones. A mí me parece que si este Consejo entra al fondo, por supuesto resuelve la dilación, por lo menos cambia el estado de las cosas, porque se pronuncia, además, en pleno uso de sus atribuciones. Cuatro, sí hay un análisis de fondo; desgraciadamente, el debate se fue en un asunto de formas, respecto de la ruta, pero desde el día de ayer circularon dos tomos donde se hace un análisis puntual, artículo por artículo, con una metodología también muy precisa. Por supuesto tomamos en cuenta lo que nos mandata el artículo 27 del Código, pero también tomamos tesis relevantes, la S3EL del Tribunal. También tomamos en cuenta los elementos de interpretación de la sentencia SUP-JDC-021. También tomamos en cuenta los propios criterios que este Consejo General ha ido desarrollando, a lo largo de su historia. Entonces, sí hay un análisis de fondo; desgraciadamente el debate se fue por otro lado, pero yo, como lo dije en mi primera intervención, estoy convencido de que las reformas presentadas cumplen y habría que declararlas legales y constitucionales.

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Y, finalmente, reiterar el bien a tutelar. El artículo 69 del Código nos recuerda que entre los fines que tiene este Instituto es preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Ojalá lo podamos honrar. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Permítanme hacer una reflexión, antes de pasar a la votación. He escuchado con suma atención el debate tan importante que se ha dado en esta mesa el día de hoy, y quiero reiterar, como lo dijo el Consejero Rodrigo Morales, que tenemos un bien a tutelar, entre otros, que es el fortalecer el régimen de partidos, salvaguardando la legalidad de los actos de esta institución. Creo que tienen que ir de la mano ambos principios y es muy importante que este Instituto vele para que ambos se lleven a la práctica. Me parece que la decisión final que orientará el voto de nosotros debe ceñirse a lo que comentó el Consejero Marco Gómez de acatar una sentencia. A eso es lo que venimos aquí, a acatar una sentencia, la SUP-RAP-55 de 2004. Y creo que todas las discusiones que se han dato en temas alrededor de esto, como el tema de la condición suspensiva, por ejemplo, han sido temas que han informado, pero justamente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en cómo se cumple una sentencia y, en mi opinión, para cumplir esa sentencia, se tiene que interpretar claramente cuál fue el sentido que hizo el Tribunal. En mi opinión, de la lectura se le da plena jurisdicción al Instituto Federal Electoral para entrar al fondo del asunto o para pronunciarse que no hay lugar a analizar las modificaciones previstas. Quiero simplemente reiterar que se dice que el Instituto Federal Electoral conocerá de dicha comunicación y, en su caso, la turnará a la Comisión del Consejo General que sea la competente para elaborar el dictamen respectivo, si fuera el caso de que el mismo Consejo General no dispusiera otra cosa. Es mi convicción legal, habiendo escuchado este debate y habiendo hecho un análisis minucioso, para respetar el principio de legalidad y tomando en consideración todas las sensibilidades, que lo más correcto, desde un punto de vista jurídico, es que este Instituto no puede pronunciarse sobre modificaciones. Y quiero reiterar una cosa: aquí no estamos prejuzgando; aquí simplemente estamos cumpliendo un procedimiento...

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INICIA 78A PARTE

...prejuzgando, aquí simplemente estamos cumpliendo un procedimiento y por lo tanto creo que el bien tutelado mayor, que es el fortalecer el régimen de partidos políticos, no puede llevarse a la práctica si este Instituto contraviene un Acuerdo tomado del año anterior y contraviene un principio de congruencia, de certeza y de legalidad. Quiero también decir que si este Consejo General votara en el sentido de conocer de fondo, se estarían violentando algunas disposiciones constitucionales, se violaría el Acuerdo del 13 de febrero y de manera indirecta, en mi opinión, también podrían violarse los artículos constitucionales 14 y 16, relativos al principio de legalidad, y el 41 Constitucional, en particular los principios de objetividad, certeza e imparcialidad. Reitero mi compromiso de honrar y fortalecer el régimen de partidos, pero creo que este Instituto tiene que ser congruente y respetar acuerdos previos tomados y que han sido votados en este Consejo General. Le pido a la Secretaria del Consejo pase a tomar la votación respectiva. La C. Secretaria: En primer lugar, con fundamento en el párrafo 2, del artículo 20, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y de acuerdo con lo que solicitó el Consejero Presidente, se somete a su consideración la moción hecha por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de someter a la votación, en primer término, el Proyecto de Resolución propuesto por los Consejeros Electorales Marco Antonio Gómez, Rodrigo Morales y Virgilio Andrade, para después someter a la consideración de las señoras y señores consejeros el Proyecto de Resolución aprobado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. Los que estén por la afirmativa de dicha moción sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Se rechaza por unanimidad de votos la moción, señor Consejero Presidente. Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia de las modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-55/2004, conforme al documento aprobado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, incluyendo las modificaciones propuestas por la Consejera Electoral María Teresa González Luna al Considerando 19 y al punto Resolutivo primero. Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. ¿En contra?

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Señor Presidente, se aprueba por la mayoría de cinco votos a favor y cuatro votos en contra. El C. Presidente: Moción de orden, permítame simplemente instruir a la Secretaría del Consejo que proceda a lo conducente para la publicación de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es la moción? El C. Diputado Arturo Escobar: Para solicitarle en este momento copia certificada del Acuerdo de la votación y la versión estenográfica para los efectos legales conducentes, asimismo, y derivado del hecho de que este órgano actúa más de forma política y no jurídica, el Partido Verde Ecologista de México se retira del Consejo General de forma permanente para no ser copartícipe de los atropellos jurídicos que realizan, informándole que procederemos en contra de quienes resulten responsables los actos jurídicos conducentes, por su desapego a diversas leyes federales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El C. Presidente: Señor representante, antes de que concluya su ida, yo simplemente lo invito a que si usted ha establecido un lenguaje de legalidad, me parece que responder de esa manera no contribuye a un diálogo que se tiene que llevar en este Consejo General. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional de la asociación de ciudadanos denominada “Organización Nueva Democracia””, así como su respectivo Certificado de Registro. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional de la asociación de ciudadanos denominada “Organización Nueva Democracia””, así como su respectivo Certificado de Registro. Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Aprobada por unanimidad, señor Consejero Presidente.

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El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceder a lo conducente para la publicaci贸n del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federaci贸n.

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…Diario Oficial de la Federación Sí, tiene la palabra el representen del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Un asunto general. Muy rápidamente, entiendo la hora y la circunstancia, pero probablemente la próxima sesión del Consejo General de este Consejo General se discuta el asunto de la redistritación. Queremos decir que los trabajos que se han venido desarrollando para contar con una nueva división en los 300 distritos electorales federales con los que cuenta el país ha avanzado, hemos tenido un diálogo permanente con nuestras contrapartes del Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Electores, etcétera. Nos parece que la ruta elegida el 16 de diciembre y la corrección que se hizo ha sido positiva, hay que reconocer el papel que el Comité Nacional de Supervisión y Evaluación, órgano técnico de la Comisión Nacional de Vigilancia junto con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como el Comité Técnico para la Distritación han venido desempeñado. El análisis rigurosamente técnico, sin presiones externas que el Comité para la redistritación ha implementado para evaluar cada una de las observaciones de los partidos políticos ha sido una aportación positiva para contar con una distritación, resultado de elementos objetivos e imparciales. Ha habido avances, tenemos todavía diferencias, todavía tenemos puntos en litigio, pero desde luego hay que reconocer los avances. Este avance y esta atmósfera de trabajo positivo nos da ocasión para solicitar a la Junta General Ejecutiva para que el próximo miércoles, fecha en que se reunirá para conocer la propuesta de distritación de la Dirección Ejecutiva del Registro, se continúe y se mantenga este espíritu y este clima aceptable y positivo que mantenga la objetividad e imparcialidad que hasta la fecha se ha mantenido. No dejemos que presiones, opiniones o intervenciones ajenas a los criterios establecidos por el Consejo General puedan influir en la toma de decisiones. Cada paso que se dé apegado a los lineamientos acordados y aceptados por los aquí presentes, será una muestra clara de que el objetivo que todos perseguimos sea contar con una distritación nueva, producto de un riguroso análisis técnico. Es pues esta intervención un llamado a que sigamos por el camino que ya hemos recorrido, que no dejemos que a última hora esta situación pueda cambiar y que los litigios, problemas y diferencias que tenemos los sigamos resolviendo por la vía del diálogo hasta terminar con una nueva distritación que sea realmente y resultado

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producto del análisis técnico y del diálogo entre los partidos políticos y las autoridades. Muchas gracias. El C. Presidente: El Consejero Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Bueno, en primer lugar celebro que esa sea la apreciación de los trabajos que se han venido llevando a cabo respecto de la distritación y el acuerdo que tomamos en diciembre establecía como la fecha para que en definitiva la Junta aprobará la distritación el 14 de febrero. Yo coincido con la apreciación de que vamos en buen camino y tal vez sería conveniente incluso revisar, porque eso quedaba como fecha fatal, pero si lo tenemos antes me parece que, coincido con el representante del PRD, podríamos hacer un esfuerzo que creo que a todos nos beneficia para adelantar la formalización de esa decisión lo antes posible. El C. Presidente: Yo concluyo diciendo que celebro mucho esta apreciación del representante del PRD porque me parece que el poder avanzar y concluir el proceso de redistritación con el consenso y apoyo de los partidos políticos es un precedente muy importante para la elección del 2006. Y aprecio mucho que se haya llevado este trabajo también desde el punto de vista técnico por parte del Registro Federal de Electores, tanto como al interior de las comisiones de Vigilancia y la propia Vigilancia del Registro Federal de Electores. Me da mucho gusto escucharlo y en los próximos días estaremos en ese sentido. El C. Saúl Alfonso Escobar: Nada más al Consejero Rodrigo Morales. No se trata de apresurar o de adelantarnos, se trata de mantener la ruta de diálogo, de acuerdo, de tratar de resolver nuestras diferencias que todavía existen y no dar marcha atrás a lo que ya hemos avanzado. Ese es fundamentalmente el llamado. El C. Presidente: Se han agotado los asuntos del orden del día, les agradezco su presencia. Buenas tardes.

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Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General, del Instituto Federal Electoral celebrada en el salón de sesiones del propio Instituto.

México, D. F., 11 de febrero de 2005.

El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido a la Secretaria del Consejo verifique si hay quórum legal. La C. Secretaria: Señor Presidente, para los efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 16 consejeros y representantes, por lo que existe quórum legal para su realización. Señor Consejero Presidente, me permito informar a ustedes que la Consejera Electoral, Maestra Teresa González Luna Corvera, por instrucciones médicas no está presente en esta sesión. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría continúe con la sesión. La C. Secretaria: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. El C. Presidente: Le pido proceda a formular la consulta que propone. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido Secretaria del Consejo continúe con la sesión. La C. Secretaria: El siguiente asunto se refiere al orden del día. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. Le pido a la Secretaría, en votación económica, consulte si se aprueba el orden del día. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día.


Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. El C. Presidente: Dé cuenta la Secretaría del primer punto del orden del día. La C. Secretaria: El primer punto del orden del día, es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acta mencionado. Le pido a la Secretaría tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad. El C. Presidente: Sírvase la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país para su utilización en los procesos electorales federales 20052006 y 2008-2009. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias, Consejero Presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tenemos sobre la mesa el Proyecto de Acuerdo por el que se establece la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales en que se divide el país y que se propone que sea utilizado en los procesos electorales 2005–2006 y 2008–2009. Este hecho reviste una gran importancia, ya que la nueva distritación será el marco geográfico electoral para la elección de los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Esta distritación mejora la proporción de la población entre diferentes distritos, de tal forma que asegura que cada voto ciudadano tenga un peso equivalente con el que se optimiza la representación y se eleva la calidad de la democracia.

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Con esta acción, el Consejo General cumple con el mandato constitucional plasmado en los artículos 52 y 53 de la Carta Magna. Resulta indispensable la distritación debido a que ya estaban disponibles los resultados del censo de población de 2000 y se tenía conocimiento que 103 distritos presentaban una desproporción en su población. El nuevo trazo, lo hemos reiterado, tenía dos premisas: debía ser técnicamente solvente y políticamente confiable. Es por ello que se definió una ruta para las diferentes actividades que fuera incluyente y transparente, de tal forma que se fuera generando certeza, objetividad, imparcialidad y no dejara dudas sobre la legalidad del proceso. Desde un principio se propuso la incorporación de los partidos políticos a todos los trabajos. Por primera vez se planteó la discusión pública a través de mesas de análisis de los principales factores que debieran tomarse en cuenta en la definición de los criterios que regirían la distritación. Funcionarios del Registro Federal de Electores, representantes de los partidos políticos y expertos en…

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...funcionarios del Registro Federal de Electores, representantes de los partidos políticos y expertos en la materia provenientes del mundo académico y del sector público, aportaron sus visiones, informaciones y análisis. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores definió los criterios y los sometió a las observaciones de la Comisión Nacional de Vigilancia, de la Comisión del Registro Federal de Electores y de la Junta General Ejecutiva. Los criterios, junto con sus consideraciones metodológicas, fueron discutidos y aprobados el pasado 15 de julio por este máximo órgano de dirección, quien mandató a la Junta General Ejecutiva diera inicio a los trabajos de la distritación. Para velar por el correcto desarrollo de los trabajos, se aprobó la integración del Comité Técnico para el seguimiento de los trabajos de distritación, conformado por reconocidos demógrafos, matemáticos, actuarios e indigenistas, varios de ellos con la experiencia de haber participado en la pasada distritación de 1996. Integrantes del Comité y representantes de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, pudieron analizar a profundidad el modelo matemático que generaría el trazo de cada uno de los distritos. A partir del análisis del código de programación, se pudo constatar que el sistema respetaba los criterios y su jerarquía de aplicación. El modelo generó dos escenarios secuenciales. El primero fue generado en presencia de los partidos políticos y posteriormente fue presentado ante los integrantes de las comisiones locales de vigilancia. Las observaciones de los partidos fueron evaluadas por el Comité Técnico y cuando implicaron una clara mejora al escenario, fueron incorporadas. De esa forma, fue posible generar un segundo escenario de distritación. Para este caso, se instaló una mesa en la que los partidos políticos presentaron sus observaciones directamente a los integrantes del Comité Técnico. En el intercambio de opiniones fue posible aclarar los planteamientos de los partidos, y posibilitó al Comité Técnico generar una opinión técnica mucho más completa. Esta dinámica de trabajo permitió a los partidos políticos presentar 212 observaciones de las cuales fueron aceptadas 70, que constituyeron aportes de gran relevancia. Debe quedar claro que la propuesta de distritación se vio claramente enriquecida por las contribuciones técnicas de los partidos políticos. Me permito, y sé que lo hago a nombre de todos los consejeros electorales, externarles a los señores representantes técnicos de los partidos políticos ante la Comisión

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Nacional de Vigilancia, nuestro más grande agradecimiento por su profesionalismo y compromiso institucional. El escenario final fue sometido a la consideración de la Comisión Nacional de Vigilancia, de la Comisión del Registro Federal de Electores y de la Junta General Ejecutiva, y es a partir de ahí que se eleva para su discusión, y en su caso, Durante todo este proceso, el Comité Técnico realizó 36 sesiones intensas de trabajo para revisar el modelo, evaluar y emitir sus opiniones técnicas sobre las observaciones de los partidos políticos a los distintos escenarios de distritación. Por su profesionalismo, por sus desvelos y por su innegable compromiso con el proyecto, nuestro más sentido reconocimiento. Considero necesario destacar el papel estratégico que cumplió el Comité. Sus evaluaciones y opiniones técnicas permitieron generar los consensos básicos. La objetividad de sus aseveraciones, apegadas en todo momento a los criterios que aprobó este Consejo General, crearon un clima de confianza, en donde quedó claro que no había lugar para la arbitrariedad en la adopción de cada uno de los trazos de los distritos. El proyecto de distritación que tenemos sobre la mesa, reviste características específicas que debieran ser mencionadas. Todos los distritos están dentro de la norma definida por este Consejo General, de más menos 15 por ciento respecto del promedio nacional de población por distrito. Es decir, se logró restablecer el equilibrio poblacional. La propuesta contempla 28 distritos electorales que preservan la integridad territorial de las poblaciones indígenas, para garantizar constitucionalmente su participación política. En la conformación de cada distrito se tomaron en cuenta las condiciones geográficas, los accidentes topográficos y las vialidades de importancia. Estoy cierto que con la aprobación de esta distritación electoral, tanto los partidos políticos como los funcionarios del Instituto contaremos con una herramienta de muy alta calidad, para la realización de las campañas políticas, la definición de rutas electorales, la instalación de casillas, la emisión de credenciales para votar, y para la realización de la capacitación de funcionarios. En síntesis, con la aprobación de esta nueva distritación se constituirá el primer acto de este Consejo General hacia la organización de los comicios de 2006. Ahora bien, no quisiera dejar de reiterar que la distritación se realiza para salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos mediante la distribución geográfica de la población, de tal forma que cada voto tenga el mismo valor, condición necesaria dentro de toda democracia representativa.

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En otras palabras, la distritación se hizo con el objetivo central de beneficiar al ciudadano. Buscamos defender el peso de su voto, que todos tengan el mismo efecto en el proceso de elegir a sus representantes ante la Cámara de Diputados. Tenemos que hacernos cargo que una nueva distritación impone desafíos a todos los actores involucrados en los procesos.

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...distritación impone desafíos a todos los actores involucrados en los procesos. La autoridad electoral se verá obligada a reasignar algunas de sus sedes distritales, mientras que los partidos tendrán que redefinir sus estrategias de campaña, para conquistar la voluntad del electorado dentro de un nuevo espacio geográfico. Todo esto impone nuevos retos, nada despreciables, pero que son inevitables para el logro de un fin superior, que es la preservación de la igualdad del voto ciudadano. A los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores no puedo dejar de reconocerles su dedicación y apoyo en el seguimiento de todos los trabajos. No quisiera terminar sin externar un muy especial reconocimiento al trabajo desempeñado por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, el Doctor Alberto Alonso y Coria, por el personal de la Dirección de Cartografía y por todos aquellos integrantes de la Dirección Ejecutiva, que de alguna manera también participaron en el proceso de construcción de la nueva distritación. En nombre de este Consejo General, reciban un reconocimiento y nuestro más profundo agradecimiento. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Primero que nada, quiero reconocer la labor y las tareas que, de manera profesional y eficiente, ha realizado el Consejero Electoral Rodrigo Morales, como Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, en la realización de los trabajos de distritación que hoy se presentan a los integrantes de este Consejo General. En estricto cumplimiento al Acuerdo aprobado por este Consejo en la sesión ordinaria del 15 de julio del año pasado, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, a través de la Secretaría Ejecutiva, presenta a este órgano de dirección su Informe final respecto al proceso de distritación. Como ustedes recordarán, este Comité estuvo integrado por especialistas en diversas áreas del conocimiento, relacionadas con los trabajos de distritación que aportaron, en todo momento, puntos de vista técnicos y científicos, con el propósito de evaluar los trabajos desarrollados. Este Comité estuvo integrado por los señores Carlos Barros Horcasitas, Rodolfo Corona Vázquez, Arnulfo Ambriz Osorio, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, Ignacio Méndez Ramírez y Manuel Ordorica Mellado.

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El Comité cumplió a cabalidad con las funciones encomendadas; orientó los trabajos, asesoró, dio seguimiento y evaluó todas las actividades relacionadas con el proceso de distritación. En su momento, emitió opiniones y evaluaciones técnicas respecto a las observaciones planteadas por cada uno de los partidos políticos, y mantuvo reuniones y comunicaciones periódicas con los miembros de este Consejo General. Durante el tiempo que duraron los trabajos de distritación, el Comité se reunió en 36 ocasiones, de las cuales 21 fueron sesiones técnicas en las que se discutió, verificó, validó y emitió opiniones sobre los temas esenciales del proceso de distritación. Ocho fueron sesiones de trabajo con los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia. En estas reuniones, el Comité tomó puntual nota de las opiniones y observaciones que los partidos hicieron a los escenarios generados. Finalmente, se llevaron a cabo siete reuniones de trabajo motivadas por las necesidades de supervisión. Quiero hacer hincapié que en lo referente a las observaciones realizadas por las representaciones políticas, el Comité estudió y emitió opiniones en más de 200 casos; de estas, alrededor de 30 por ciento fueron valoradas como procedentes. En este mismo sentido, debo destacar que en todo momento se privilegió la participación de los partidos políticos, a través de un diálogo abierto y respetuoso. En el Proyecto que tienen en sus manos y que hoy se pone a consideración de este Consejo General, vale la pena hacer mención de dos aspectos que actualmente resultan fundamentales: Uno. A diferencia de 1996, ningún distrito quedó fuera de rango y en todos los casos se aplicaron la totalidad de los criterios aprobados por este órgano de dirección, y Dos. Por mandato constitucional, se crearon más de 20 distritos con población indígena. Con esto, quiero hacer patente, retomando los acuerdos del Comité Técnico, que la propuesta de esta nueva demarcación geográfica electoral se apegó con precisión y transparencia al mandato constitucional y a los criterios establecidos por este órgano de dirección. En este sentido, es preciso destacar el trabajo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el desarrollo de un sistema de cómputo que permitió la validación de los escenarios de distritación, de manera numérica, gráfica, en forma rápida y eficiente. Asimismo, permitió la comparación de los escenarios propuestos por los partidos políticos. Este modelo no sólo fue de gran ayuda para los trabajos que llegan a buen puerto, sino además es un aporte del Instituto al desarrollo tecnológico del país. 8


Asimismo, reconozco el esfuerzo en la construcción, en la labor de conciliación y concordia realizada por los partidos políticos en la consecución del nuevo mapa electoral que hoy nos ocupa. Sin duda, el mecanismo de construcción, encabezado por el Consejero Electoral Rodrigo Morales, es un ejemplo de lo que el trabajo en equipo puede lograr; un equipo formado por partidos políticos y el IFE, atendiendo a la corresponsabilidad que cada uno tiene...

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…políticos y el IFE atendiendo a la corresponsabilidad que cada uno tiene y en beneficio de la consolidación de nuestra democracia. Por último, quisiera agradecer también a las siguientes instituciones que estuvieron relacionadas de forma directa con este proceso de distritación: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Informática; la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas; la Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad Autónoma Metropolitana; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico Autónomo de México; el Colegio de México; Colegio de la Frontera Norte; Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a todas estas instituciones, muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, señor Consejero Presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo General: El Proyecto de Acuerdo que se presenta hoy a nuestra consideración es, primero que nada, el resultado del mandato constitucional consagrado en el artículo 53 de nuestra Carta Magna. Tiene sólidas bases de consenso desde su formulación, es producto de un proceso democrático profesional y altamente especializado. Guiados por dicho mandato emprendemos todos, autoridades electorales, partidos políticos y especialistas en la materia el proceso de redistritación que servirá de base para la celebración tanto de las próximas elecciones federales de 2006, como para las elecciones intermedias de 2009. No podía ser de otra forma, puesto que se trata de un tema crucial para la democracia mexicana y no podía ser de otra manera, porque todos en el IFE compartimos un acuerdo fundamental, el de garantizar que la democracia mexicana funcione y funcione bien; garantizar que la voluntad de los mexicanos se ejerza a través del voto y se exprese en la integración de una representación política y de gobierno lograda a través de los mejores criterios, métodos e instrumentos construidos a través de la responsabilidad y el acuerdo de los distintos actores e instituciones. Cabe recordar que la distritación que hasta el día de hoy ha regido las actividades electorales del país data de 1996, han pasado casi nueve años y tres elecciones federales desde entonces. El análisis poblacional de los distritos creados en ese año encontró que 72 de ellos se encontraban subpoblados y 58 sobrepoblados, de tal modo que el cumplimiento del 10


principio básico de la democracia electoral, una persona un voto, estaba siendo rebasado. Reflexionemos sobre cuáles son los efectos de una distritación inadecuada o desactualizada, una distritación así puede implicar que una mayoría de votos obtenga un número de escaños pequeño y que un volumen pequeño de votos se traduzca en una mayoría de curules. El tema de la distritación aparece así no sólo como un ejercicio técnico-electoral, sino como una responsabilidad compartida de todos los actores políticos para garantizar la vigencia del sistema representativo plasmado en el artículo 40 de la Constitución y también el derecho de voto activo y pasivo, concebido como expresión de la voluntad individual y colectiva de los ciudadanos prevista en el artículo 35 de la Carta Magna. Observando los resultados de esta labor podemos estar ciertos de que el cumplimiento del principio representación ciudadana que es lo que está en el fondo de estos trabajos altamente especializados, se actualiza conforme a las nuevas condiciones sociodemográficas del país. Además, el Instituto Federal Electoral vuelve a ser pionero en la instrumentación de políticas públicas y en la utilización de tecnología de vanguardia a nivel mundial. Lo que refuerza su capacidad y reconocimiento como emisor de experiencias, prácticas y propuestas para sus homólogos extranjeros. Debemos señalar, por ejemplo, que de un universo de estudio de 55 países, 38 efectúan redistritaciones electorales, en otras 16 naciones la distritación coincide por ley con la propia división político-administrativa, incluso, en algunos países desarrollados no existen criterios que impliquen acuerdos técnicos y políticos que normen los trabajos de distritación. De los países que sistemáticamente desarrollan procesos de distritación, sólo en 35 de ellos se toma en consideración el criterio de igualdad o equivalencia de la población. Por otra parte, únicamente 18 naciones incorporan la consideración de la existencia de límites o barreras naturales a sus criterios de integración de los distritos electorales. Sólo 17 toman en cuenta los límites jurisdiccionales locales, dos se atienden a la densidad poblacional y ocho adoptan como referencia la extensión geográfica distrital, incluso, para insistir en la relevancia de lo dicho aquí sobre lo que significa la atención específica dada la existencia de comunidades indígenas y atendiendo el sentido de dispuesto en nuestra Carta Magna, del universo de países antes señalado en muchos de los cuales existen diversidad étnicas y culturales significativas, únicamente en ocho naciones se toman en cuenta dichos factores al momento de redefinir las demarcaciones electorales.

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Resumamos, las consideraciones que toma en cuenta México para la redistritación electoral son de las más complejas en el ámbito internacional, aún en comparación con países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. De los 38 países que realizan redistritaciones electorales sólo México considera en su totalidad…

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…considera, en su totalidad, prácticamente todos los aspectos relevantes, que son: La igualdad o equivalencia de la población y su densidad, los límites jurisdiccionales locales, la extensión geográfica del distrito, las relaciones culturales o étnicas y el respeto a límites o barreras naturales. Así, comparando este proceso de distritación con los desarrollados en otros países y con los anteriormente realizados en México, se pueden establecer los siguientes aportes metodológicos y tecnológicos: La realización del análisis poblacional de los distritos creados en 1996, la constitución de mesas de trabajo con la participación, tanto de autoridades del IFE, de los partidos políticos, así como de especialistas técnicos de instituciones académicas. El Acuerdo del Consejo General, que a partir del establecimiento de normas y criterios particulares, dotó de objetividad a todo el proceso de distritación. La constitución del Comité Técnico para la distritación, el cual intervino en la definición de las normas y criterios antes señalados, sin ir más allá de las atribuciones que al propio Comité se le otorgaron por esta autoridad. La utilización de métodos matemáticos y tecnologías de aplicación altamente confiables, la participación absoluta de los partidos políticos en todo el proceso atendiéndose en todo momento y por escrito, todas y cada una de las observaciones que formularon; la constitución de distritos indígenas, lográndose al mismo tiempo el respeto irrestricto a principios constitucionales, la equidad poblacional y el respeto a las comunidades indígenas. Como resultado, tenemos hoy que todos los distritos han quedado dentro de los rangos poblacionales definidos para garantizar el respeto de representación. De esta forma la experiencia de redistritación que hoy nos reúne, constituye no sólo un aporte a nuestra democracia, sino a la de la comunidad internacional. Mi reconocimiento a todos, especialmente al Doctor Alberto Alonso y Coria y al personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a mis colegas integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores presidida por el Consejero Electoral Rodrigo Morales, al Comité Técnico conformado por destacados especialistas en diferentes disciplinas, así como a todos los representantes tanto del Poder Legislativo, así como a los partidos políticos que en sus diversos ámbitos de acción contribuyeron con largas horas de estudio y trabajo para dar vida a esta nueva distritación. Mención especial merece el trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia formada por todos los partidos políticos con representación en este Consejo General, en donde

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cristalizaron la mayor parte de los trabajos y los debates, siempre en un tono de alto nivel técnico y de elevada institucionalidad cuyos resultados están a la vista. Este acuerdo fundamental a favor de la democracia mexicana es el que sustenta la vida y la fortaleza del Instituto Federal Electoral, es el que concita el reconocimiento y el respaldo ciudadano que el IFE ha ido ganando desde su fundación y, de manera muy particular, es el que permite que al seno del Instituto todos quienes lo integramos podamos expresar nuestras distintas visiones, podamos debatir e incluso confrontar diferentes posiciones, a veces de manera ardua y con pasión pero siempre buscando encausar la rica y compleja pluralidad que caracteriza al país dentro de los límites que nos marca la legalidad y la institucionalidad democrática. El IFE, responde con responsabilidad a las obligaciones que la democracia mexicana le asigna y al respaldo ciudadano que recibe. Cuantos integramos el IFE tenemos la obligación de seguir haciéndolo así. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Gracias, buenos días. Quisiera compartir algunas reflexiones que a mi parecer resultan de la mayor trascendencia sobre la propuesta de distritación que hoy se pone a consideración de este Consejo General. En primer lugar, sumarme al reconocimiento para el equipo de especialistas que participaron en este esfuerzo. La suma de individualidades con trayectorias sobresalientes se conjugó, con fortuna, para crear un grupo de excelencia que auxilio con criterios exclusivamente técnicos, los trabajos que ahora se presentan. Es de reconocerse asimismo el profesionalismo de funcionarios del Instituto, coordinados por el Doctor Alberto Alonso y Coria, hay que hacer mención especial sobre la capacidad técnica de los expertos en cartografía cuyos trabajos facilitaron el procedimientos de distritación y abreviaron los tiempos para la identificación de las alternativas que han resultados óptimas. Agradezco a las instituciones que participaron. Me pide el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez reconocer también al Instituto Tecnológico de Monterrey. Felicito, finalmente, la conducción de la presidencia de la Comisión del Registro…

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Felicito finalmente la conducción de la Presidencia de la Comisión del Registro Federal de Electores. El resultado muestra que es posible combinar las exigencias técnicas de un trabajo complejo por su metodología, con un procedimiento transparente. La transparencia se ve reflejada primero en las reglas, que se hicieron explícitas al ser sometidas a consideración de este Consejo General. Y segundo, en el procedimiento, ya que todos los actores involucrados tuvieron acceso a la misma información y herramientas matemáticas, informáticas y cartográficas, para construir los posibles escenarios de distritación. Transparente e intensa la discusión realizada en las mesas de estudio y análisis sobre los temas relativos a población, marco geográfico, distritos urbanos e identidad cultural, que fueron enriquecidos por los puntos de vista de los expertos de la autoridad electoral, y no menos importante, las opiniones de los partidos políticos. Ya se dijo, lo subrayo, que de las 202 observaciones que se realizaron, realizadas por los partidos políticos, 70 fueron aceptadas. Ello por el peso de sus argumentos y la posibilidad técnica de implementarlas. Quisiera ocuparme de un tema que a mi manera de ver, que estoy seguro que a manera de ver de los miembros de este Consejo General, es de la mayor relevancia. El nuevo mapa electoral que se propone, considera la conformación de 29 distritos que preservan la integridad territorial de las poblaciones indígenas. Abundo sobre el tema de la integridad cultural, para recordar algunas cuestiones planteadas con motivo de la conformación de distritos con población predominantemente indígena. El primer punto a discusión fue precisamente la definición y el alcance del concepto “poblaciones indígenas”, en el cual se pueden considerar aspectos como la lengua, la autoadscripción y la ubicación territorial. Parte de los debates se centraron por ejemplo, en la definición de criterios que garantizaran la mayor participación de las comunidades en los comicios. Se discutió la forma en que se podría privilegiar a la unidad de dichos pueblos, y cómo asegurar su representación en el Congreso de la Unión, así como la pertinencia misma de utilizar el concepto “distrito indígena”. De las mesas de análisis se desprendieron por consenso dos criterios que se llevaron a la práctica para la nueva distritación.

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Primero, procurar la conformación de distritos con mayoría de población indígena, preservando la integridad territorial de las comunidades. Segundo, utilizar la información sobre las localidades y municipios proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por cierto, comento la presencia de la titular de dicha Comisión en este salón. Con base en dichos criterios, decía, se buscó garantizar el reconocimiento legal y político de los pueblos y comunidades en nuestro país, en consonancia con el artículo segundo constitucional y el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. Este esfuerzo culminó, como ya se mencionó, con la conformación de una nueva cartografía, con 29 distritos que preservan la integridad territorial de tales poblaciones. Cabe destacar que Oaxaca es la entidad con mayor número de distritos con estas características. De aprobarse el proyecto a discusión, contará con siete. En Chiapas se conforman cuatro, al igual que Puebla y Veracruz; Yucatán 3; Guerrero 2; finalmente Hidalgo, Campeche, Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí, con un distrito respectivamente. La constitución de 29 distritos electorales en los que prevalece 40 por ciento más de población indígena, responde a la demanda históricamente expresada por sus pueblos y comunidades, de tener la posibilidad de una mayor participación política electoral, o en otras palabras, ejercer a cabalidad sus derechos políticos consagrados en la Constitución. Así, esta autoridad electoral, de conformidad con el mandato constitucional, tomó en consideración la ubicación de los pueblos y comunidades, a fin de propiciar su participación política en el proceso de consolidación democrática de México. La composición de dichos distritos abre la posibilidad inédita de que los ciudadanos que los conforman puedan elegir representantes populares, en concordia con su identidad cultural. Sin duda, una mayor y mejor representación indígena en el Congreso, permitirá una mayor y mejor atención a su…

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...presentación indígena en el Congreso, permitirá una mayor y mejor atención a sus problemas y aspiraciones específicas. Tengo plena confianza que la nueva distritación, que traza 29 distritos electorales que preservan la integración territorial de poblaciones indígenas en todo el país, asegura su participación política y refleja el rostro pluricultural de la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Estamos acudiendo a una decisión muy importante para el país, para la elección del año 2006 e incluso para la elección del año 2009. Nada más, ni nada menos, se trata de la nueva distritación, la nueva geografía electoral del país, con la cual constituiremos buena parte de la Cámara de Diputados, a partir del año entrante. No abordaré más aquí sobre la disertación acerca de la representación nacional que, efectivamente, con esta distritación, encuentra una mejor expresión o encontrará una mejor expresión para las elecciones subsecuentes. Quiero yo resaltar algunos de los puntos que, a juicio de Acción Nacional, son positivos dentro de esta distritación. El primero, tiene que ver con el ya aquí multimencionado tema de los distritos indígenas y el dar cabida a la expresión de los pueblos indígenas en la representación en la Cámara de Diputados. Y aquí creo que esto es un motivo de felicitación para el Instituto Federal Electoral y para todos, quienes participamos en este proceso de distritación porque ese verbo se procurara, y que estaba en los criterios que este propio Consejo General autorizó en agosto del año pasado, para llevar a cabo este proceso de distritación, realmente tuvo eco. Hoy, si ustedes así aprueban este proceso de distritación, 28 distritos en el país tendrán representación indígena, y eso es motivo de alegría para Acción Nacional; creo que es motivo de alegría para todos quienes han peleado y luchado por la representación de los pueblos indígenas. En segundo lugar, para el PAN es importante resaltar la objetividad con la que se llevó a cabo este proceso; la objetividad en el modelo, en la elaboración de los criterios que todos conocimos desde agosto del año pasado y que con ellos llevamos a cabo este proceso de distritación.

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Esa objetividad también tiene que ver con el Comité Técnico, que fue aprobado también el año pasado. Este Comité Técnico interdisciplinario, compuesto por diversas personas de diferentes especialidades, nos permitió a los partidos y al propio Instituto Federal Electoral, discernir nuestras objeciones, nuestras controversias con los diversos escenarios, de una forma técnica. Y esto creo que es muy importante, porque la forma de resolver las controversias que los partidos presentamos a las diferentes mesas de discusión y al Comité Técnico, fueron decisiones técnicas y no políticas, y eso creo que arroja una distritación, insisto, objetiva, y que a juicio del PAN es una buena distritación. También queremos resaltar la transparencia con la que se llevó a cabo el proceso. Ya me he referido al conococimiento previo que todos tuvimos de los criterios con los que se llevó a cabo la distritación, pero no sólo se refiere a ello la transparencia, sino también a las posibilidades y a las oportunidades que tuvimos los partidos políticos para dialogar, no sólo con el Comité Técnico sino con la propia Dirección del Registro Federal de Electores y su personal, para llevar a cabo y formular nuestras observaciones, conocer sus opiniones y todas las posibilidades que tuvimos, para encontrar esta distritación que, sin lugar a dudas, para el PAN es superior a la hecha en 1996; es superior por todo lo que he dicho y es también superior por lo que aquí también ya ha dicho el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez respecto a que ningún distrito hoy está fuera de rango, a diferencia de lo que sucedió en 1996. Estos puntos positivos también vale la pena sopesarlos con algunos comentarios que vale la pena también poner sobre la mesa, y que vale la pena que el propio Instituto Federal Electoral tome nota de ellos, para que en el futuro sigamos teniendo todavía mejores distritaciones. Insisto, no tengo duda de que esta distritación ha sido muy superior a la hecha en 1996. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar cuatro comentarios que creo, insisto, vale la pena que el Instituto Federal Electoral repare en ellos, para mejorar los subsecuentes procesos de distritación. El primer comentario tiene que ver con el retraso en la población; es decir, estamos haciendo una distritación, a principios de 2005, con un censo del año 2000; con un censo que fue elaborado cinco años antes de hacer esta distritación. Esto, desde luego, aun cuando la propia distritación por sí misma es una actualización respecto de la de 1996, con relación a la población que hoy tenemos en el país...

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…de 1996, con relación a la población que hoy tenemos en el país respecto de la del 2000, pues no es precisamente el más actualizado. El segundo comentario tiene que ver con la maduración del modelo matemático. Creo que el Instituto Federal Electoral debe trabajar en madurar mejor este modelo matemático para tener en lo subsecuente distritaciones más eficaces. El tercer comentario, tiene que ver con encontrar soluciones de casos de excepción por accidentes geográficos o por distribución de la población. En el caso de esta distritación a juicio del PAN, hay cuatro distritos en cuatro estados del país en donde no logramos encontrar la solución más adecuada, el caso de Chihuahua, en Querétaro, en Tabasco, Estado de México. Y finalmente, el último comentario que yo quisiera poner sobre la mesa, es también a aquellos casos referidos a distritos en donde diversas secciones urbanas fueron integradas con municipios que nada tienen que ver con la realidad urbana, que por la necesidad de la compacidad, que por la necesidad de encontrar una población más o menos equilibrada entre todos los distritos se incorporaron diversas secciones urbanas con otros municipios para conformar distritos que nada tienen que ver con las mismas realidades geográficas, sociales o económicas, tal es el caso, por ejemplo, de distrito de Reynosa, tal es el caso del distrito de Ensenada en Baja California y del distrito de Mazatlán en Sinaloa. Estos casos y estos comentarios que Acción Nacional pone sobre la mesa, no tienen otro objetivo sino el afán de perseguir en lo futuro, insisto, mejores criterios, mejores soluciones, mejores alternativas para encontrar distritaciones más adecuadas. Finalmente, puestos sobre la balanza los comentarios positivos y las observaciones que pudiera tener el PAN a esta distritación, nos quedamos con una evaluación positiva del trabajo del Registro Federal de Electores, del Comité Técnico, de la Comisión del propio Registro de este Consejo General. Esta es la evaluación que el PAN quiere hacer de este Instituto y creo que es aquí en esta mesa en donde los partidos y los consejeros debemos evaluar el trabajo del Instituto Federal Electoral, no en otros lugares, ni en instancias que atentan contra la autonomía de este Instituto. Por eso el PAN felicita y reconoce al Registro Federal de Electores, felicita y reconoce a su Director y a todo su personal por este trabajo, a los integrantes del Comité Técnico y por supuesto al Consejero Electoral Rodrigo Morales por el trabajo llevado a cabo en este proceso de distritación. En el caso del PAN encontramos siempre puertas abiertas para llevar a cabo nuestras observaciones, para dialogar, para presentar nuestras objeciones, algunas de las 19


cuales fueron aceptadas, algunas otras fueron rechazadas, pero al final de cuentas lo que nosotros resaltamos es la apertura con la que se llevó a cabo esta distritación. Y sin lugar a dudas, para el PAN este es un hecho muy trascendente para el proceso electoral del año 2006 y para los procesos electorales subsecuentes. De tal suerte pues, que no me queda nada más que a nombre del PAN reiterar esta felicitación a la que ya también varios consejeros han hecho eco. Y por supuesto, no dejar de mencionar que estos comentarios que ha hecho el PAN quisiéramos que fuesen tomados en cuenta para, quizá alguna memoria, algún saldo final de este proceso y de las cuestiones que en un futuro vale la pena resolver para que las distritaciones subsecuentes sean más eficaces. Muchas gracias, Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Señores y señoras consejeros electorales, representantes de los partidos y del Poder Legislativo: El día de hoy culmina un largo camino, después de varios meses de trabajo se presenta el nuevo mapa electoral del país. México cambia y es lógico que ello se tenga que reflejar en una nueva geografía electoral. Las transformaciones del país se traducen en cambios demográficos y migratorios que se dan cada vez con mayor fuerza y con mayor celeridad, los flujos migratorios cambian regiones enteras, en busca de empleo y de una mejor calidad de vida muchos mexicanos se mueven de un estado a otro, de una región casi siempre situada al sur y se dirigen casi siempre hacia el centro o el norte del país. La realidad más dolorosa de este fenómeno es la migración hacia los Estados Unidos. Los flujos migratorios hacen que unas regiones ganen y otras pierdan, es el reflejo también de un desarrollo económico profundamente desigual, muestra de una realidad en el que se polariza la riqueza y la pobreza extremas. Este proceso crea un círculo vicioso, pues con la migración al abandonarse las regiones más atrasadas se ahonda la marginación y la pobreza. A las regiones más prósperas, en cambio, llega la población que busca nuevas fuentes de trabajo, indispensables para sostener el desarrollo, pero la gente…

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…prósperas, en cambio llega a la población que busca nada más fuentes de trabajo, indispensables para sostener el desarrollo. Pero la gente llega también con necesidades de vivienda, agua, hospitales y escuelas, ello da lugar a nuevos problemas y fenómenos. La redistritación que hoy se discute refleja los cambios del país, pero también la geografía, la desigualdad, el desarrollo económico y la injusticia que está detrás de los flujos migratorios. Como se aprobó hace unos meses, siete estados perdieron distritos electorales y seis ganaron. En la mayor parte, aunque no en todos los casos, una excepción es el Distrito Federal; los estados que pierden son expulsores de una población que busca mejores condiciones de vida, mismas que no pueden encontrar en su propia tierra. Los estados que ganan son los polos de desarrollo que han surgido o se han mantenido en los últimos años y que atraen nueva mano de obra. Pero con todo que este fenómeno de los flujos migratorios son un reflejo de la injusticia y la desigualdad, el Instituto Federal Electoral estaba obligado a recoger esas nuevas realidades y plasmarlas en una nueva geografía electoral. No hacerlo, hubiera significado que el voto de los mexicanos no se diera en un marco de equidad para la contienda entre los partidos políticos, sobre todo en lo que toca a la composición de la Cámara de Diputados. La nueva geografía electoral ayudará también, eso esperamos, a garantizar mejores condiciones para la organización electoral y con ello a facilitar las tareas del IFE y el ejercicio del voto de todos los mexicanos. El proceso que hoy culmina fue técnicamente difícil y políticamente complejo, no es sorprendente entonces que los resultados sean motivo de debate; sin embargo, al final el resultado aunque perfectible, es bueno. Tendremos, y con ello me sumo a otras opiniones, una geografía de los distritos electorales mejor que la que tenemos ahora construida hace nueve años. Hay que destacar que esta mejoría fue resultado, en primer lugar, de que se pudo producir y utilizar una tecnología más moderna, sofisticada y apropiada para los fines que se estaban requiriendo. En efecto, la tecnología del llamado Recosido Simulado, es fruto de un alto conocimiento científico y de una tecnología avanzada y novedosa.

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La representación del Partido de la Revolución Democrática saluda la decisión del Registro Federal de Electores y del Instituto Federal Electoral de optar por un desarrollo tecnológico propio, en lugar de convocar a una licitación para contratar una empresa desarrolladora de software. Queremos sumarnos al reconocimiento, a la labor y al desempeño de los científicos mexicanos que participaron en este proyecto: el Ingeniero Miguel Rojano, el Ingeniero Luis Ruvalcaba, la Matemática Izadora Antoniano, así como a los científicos y académicos del Comité Técnico en donde se encuentra el Actuario Carlos Barros Horcasitas, el Maestro Adolfo Corona, el Maestro Arnulfo Ambriz, el Doctor Miguel Angel Gutiérrez, el Doctor Ignacio Méndez, el Doctor Manuel Ordorica y, otros que ya se han mencionado en esta sesión. Ahora, es preciso que el IFE salvaguarde ese desarrollo, esta es una magnífica oportunidad para crear un acervo donde se resguarden éste y otros desarrollos propios del Instituto garantizando los derechos de propiedad intelectual y fomentando y sistematizando la acumulación de conocimiento y herramientas propias. Es importante garantizar la propiedad intelectual de los códigos fuente, correspondientes a las herramientas informáticas desarrolladas por el Instituto, pero es igual de importante que una vez que este aspecto esté salvaguardado, estos códigos fuente sean liberados bajo una licencia GPL que permitirá su utilización sin fines de lucro por parte de otras instituciones educativas y del estado, lo cual también contribuirá a fomentar el desarrollo de estas tecnologías en beneficio del propio Instituto, del país y de la sociedad. Pero los avances de esta nueva distritación electoral también pueden explicarse por el código, por el diálogo que pudo establecerse entre los partidos políticos y el IFE, fue una discusión abierta, transparente y franca, hubo, hay y seguramente habrá todavía discrepancias. Pero también encontramos sensibilidad y respuestas a nuestras observaciones y propuestas. Creo que ello debe llevarnos a una conclusión: las propuestas de los partidos quizás no siempre, por lo menos en este caso, no solamente fueron constructivas sino también técnicamente adecuadas y justas para los fines que se persigue. El diálogo entre los partidos y el IFE pudo ser la clave, para enfrentar retos tan complejos técnica y políticamente como el que hoy nos ocupa. Para ello se requieren varias cosas: voluntad política de ambas partes, trabajo, capacidad técnica, conocimiento del tema y, finalmente, condiciones que permitan en el tiempo y el espacio adecuados que se produzca el diálogo constructivo. Y es que, en efecto, la planeación del proceso al establecer un calendario racional pero flexible y el orden con que trabajamos fue otro acierto.

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Los representantes de los partidos políticos pudimos realizar nuestra tarea sin una presión excesiva de tiempo y en una dinámica de trabajo que permitió escuchar razones. Por nuestra parte, creemos haber participado en este proceso…

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...escuchar razones. Por nuestra parte, creemos haber participado en este proceso con buenos argumentos y mucho trabajo. Cuando hicimos propuestas o rechazamos algunas que nos entregaron, adujimos elementos fundamentalmente técnicos, no políticos. De la otra parte esperamos también un razonamiento similar y en efecto, en la mayor parte de las veces así fue. La aplicación de los criterios en la fase final para determinados linderos y extensiones de los nuevos distritos electorales, fue un asunto difícil y a veces confuso. A veces encontramos razonamientos dogmáticos que insistían en hacer prevalecer el equilibrio poblacional por encima de otras razones, como los accidentes geográficos y los tiempos de traslado. Así, se presentaron a veces propuestas que en el papel se veían bien, pero que en realidad eran un desastre o un retroceso. Creemos que esta visión dogmática se superó, y esperamos que a la hora de ir al lugar de los hechos no nos encontremos con errores graves. Un resultado notable de este nuevo mapa electoral y que debe subrayarse y ya se ha hecho, es que ahora tendremos 28, y aquí habría una discrepancia con el Consejero, 29 distritos, en los cuales más del 40 por ciento de la población indígena, según datos, existe más del 40 por ciento de la población indígena según datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esperamos que el reconocimiento político electoral de esta realidad, se traduzca en la postulación de candidatos representativos de los indios de México, y que de esta manera en la Cámara de Diputados haya más representantes genuinos y con arraigo en sus pueblos y comunidades de las diversas etnias de México. El reto es ahora de los partidos políticos y los ciudadanos. El alcance de los resultados no es menor. Cambiaron los 300 distritos electorales. Hay una geografía electoral totalmente nueva, aunque en muchos casos no sea radicalmente nueva. Es posible que muchos electores ni vayan a notar el cambio, pero esperamos que muchos otros lo noten positivamente. Una vez aprobada esta propuesta, los partidos políticos tendremos que ponernos a estudiar esta nueva geografía y aprovechar sus virtudes, con el diseño de estrategias políticas y electorales para avanzar en la disputa electoral de 2006. Pero debo recalcar que sin falsas modestias, en este debate el PRD participó con el ánimo de fortalecer las propuestas con criterios fundamentalmente técnicos. Quiero reconocer en esta reunión, esta asamblea, el trabajo de mis compañeros, de Yolanda

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Ruiz, nuestra representante del Registro Federal de Electores; de Miguel Ángel Bermúdez, Eduardo Castilla y Gerardo Rangel. Creo, ellos me lo han dicho, que todas las horas que le dedicaron a este trabajo valieron la pena. Compañeros, compañeras, señoras, señores, en un momento en el que el país observa disputas políticas muy variadas entre los partidos políticos, dentro de los partidos, entre éstos y el gobierno de la República y del Ejecutivo Federal contra los partidos y otras autoridades del país, no debe pasar desapercibido el que hayamos construido un diálogo fructífero. Hubo, hay y habrá discrepancias y desacuerdos con el trabajo que hoy concluye, pero también hubo un avance general. Lo positivo fue superior a lo negativo. A partir de hoy, tendremos un mapa electoral técnicamente mejor, que sin duda ayudará a tener un escenario electoral más adecuado para el 2006. Este avance puede significar mucho o poco, eso depende de lo que hagamos en adelante. Si seguimos por el camino del diálogo y la propuesta constructiva, o nos vamos por las actitudes facciosas y las decisiones unilaterales. Eso todavía lo veremos, pero por lo menos en el asunto que hoy nos toca tratar, la señal ha sido positiva. Quiero nada más terminar con una pequeña observación sobre el Proyecto de Acuerdo en la página 7 El C. Presidente: Señor, ha concluido el tiempo, le pido que lo haga en la segunda ronda de intervenciones. Muchas gracias. La C. Secretaria: Señor Presidente, señoras y señores consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el ciudadano Luis Felipe Bravo Mena, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se acredita al Ingeniero Florencio González Negrete, como representante suplente de este partido político para esta sesión. Es el caso que estando presente el Ingeniero Florencio González Negrete, procede tomarle la protesta de ley, por lo que ruego a ustedes ponerse de pie. El C. Presidente: Ingeniero Florencio González Negrete, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el código federal de instituciones y procedimientos electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?

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El C. Ingeniero Florencio González: ¡Sí, protesto! El C. Presidente: Estoy convencido de que pondrá todo su empeño y capacidad, con el propósito de que los trabajos de este Consejo General se realicen conforme a los principios de legalidad e imparcialidad…

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...se realicen conforme a los principios de legalidad e imparcialidad que exige el avance de nuestra democracia. Bienvenido. Tiene ahora la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Patlán. El C. Licenciado Hugo Patlán: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Señoras y señores, integrantes de este Consejo, como ya se ha dicho en esta sesión, concluye el proceso de distritación electoral, que ya hace varios meses inició. Bueno ha sido el recuento que han planteado los señores consejeros; el recuento también se ha planteado en el Proyecto de Acuerdo que está en la consideración de todos. Con todo, la representación del Partido Revolucionario Institucional considero oportuno retomar una parte de esa historia, compartir algunas reflexiones y también plantear, con mucho respeto, algunas diferencias. El PRI tiene claro que el proceso de distritación electoral tiene una sola finalidad, que es establecer demarcaciones territoriales, espacios físicos, para que en cada uno de ellos, como bien se ha dicho aquí, se elija un diputado federal por el principio de mayoría relativa; esto es, determinar un espacio de donde surgirá la representación popular. Los métodos para arribar a tal finalidad, son diversos; todos, sin embargo, deben tener en consideración ese objetivo. Los espacios que se determinan son para elegir una representación popular. Esto deriva de nuestra Constitución, que no sólo es un conjunto de normas, sino que como todo derecho tiene tras de sí valores y principios, en este caso, el principio innegable es el de la representación; después, habría que discutir si es jurídica, social o política, como dice alguno de los clásicos. En este marco institucional, el IFE, el Consejo General, determinó una serie de criterios para llevar a cabo la distritación que ahora se plantea. Se determinaron por el Consejo diversos criterios; destacan todos ellos de carácter técnico, el de equilibrio poblacional, el de integridad de comunidades indígenas, el de compacidad, la unicidad de las demarcaciones territoriales; tiempo de traslado, entre otros, y tras ellos, evidentemente, también se encontraron principios que los alimentan. Uno de ellos, la igualdad del voto; es decir, un ciudadano un voto, igual oportunidad para la emisión del sufragio por los electores y, por lo que hace a los indígenas, su integridad como comunidades, para propiciar su participación política. Los criterios, en su mayoría, se incorporaron a un modelo matemático, se generó un primer escenario y a partir de entonces vino un sano ejercicio en el que tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones con el Comité Técnico para el Seguimiento y 27


Evaluación de los Trabajos, con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y con los señores consejeros. Se abrieron los espacios para la reflexión e incluso, con mucho respeto, para la deliberación y el debate. En la construcción del modelo matemático tuvimos oportunidad de conocer todos los detallas; accedimos a los códigos fuentes y a todos los elementos que lo conformaron; constatamos su adecuado funcionamiento. Luego, una vez que el primer escenario se generó, tuvimos ocasión para presentar, en el marco del acuerdo dictado por este Consejo General, las observaciones que consideramos pertinentes y que, a nuestro juicio, contribuían a mejorar el primer ejercicio derivado del modelo matemático. Como está documentado, el Partido Revolucionario Institucional presentó, por conducto de sus comisiones locales de vigilancia, ratificadas en la Comisión Nacional, observaciones en 25 entidades federativas. El Comité Técnico dio respuesta a las observaciones presentadas y, como es natural, la coincidencia no fue absoluta. El Consejo General hizo una valoración, en algún momento, de las condiciones en que se encontraba el proceso de distritación y tomó un acuerdo para modificar algunos trazos y reorientar algunas actividades. Vino una segunda ocasión, para que los representantes presentáramos observaciones, en voz de nuestras propias representaciones locales y ante el Comité Técnico. Presentamos, entonces, observaciones en 18 entidades federativas. Nuevamente recibimos una atenta respuesta del Comité Técnico, percibimos su consistencia técnica y se perfilaron con mayor claridad las diferencias. Como parte del proceso, planteamos observaciones últimas, para dar paso al proyecto que actualmente se encuentra en este Consejo General, aprobado previamente por la Junta General Ejecutiva. No hay duda que en el proceso de distritación los partidos, esta...

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…no hay duda que en el proceso de distritación los partidos políticos, esta representación desde luego, tuvieron ocasión de conocer a profundidad el modelo matemático, tuvimos ocasión de presentar hasta en tres ocasiones nuestras observaciones y en todas ellas obtuvimos respuesta. Reconocemos sin regateo la transparencia del proceso y la apertura que este Consejo General promovió. Nuestro reconocimiento particular a los integrantes del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de distritación integrado por profesionales de una alta calificación técnica. Valoramos la seriedad de sus trabajos y si bien no siempre compartidas valoramos la consistencia de sus opiniones. También nuestro reconocimiento a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el cumplimiento de sus responsabilidades en la construcción de las demarcaciones electorales, materia tan sensible, se dio en un plano de profesionalismo, de confianza, de cordialidad y señaladamente con un gran esfuerzo. Un reconocimiento adicional merece la Comisión del Registro Federal de Electores de este Consejo General que encabeza el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El proceso permitió que más del 30 por ciento de las consideraciones de las representaciones partidistas resultaran procedentes y mejoraran el ejercicio que está en manos de este Consejo General. Los objetivos, sin duda, los objetivos de carácter técnico, el equilibrio poblacional, la compacidad, los tiempos del traslado, la representación indígena, desde luego están cumplidos, no hay duda de ello. Sin embargo, y bueno es también decirlo, se transparentaron algunos diferendos relacionados con la aplicación de criterios. La representación del PRI a partir de la Constitución y la ley, estima que resulta procedente involucrar en la construcción de los distritos electorales federales aspectos relacionados con la integridad de las comunidades, es decir, la unión de aquellos municipios que guardan relación económica o cultural, que tienen vínculos sociales que, en fin, se identifican. Cierto, el Diputado representa la nación, pero virtualmente también a sus electores. En el proceso político real representa a sus votantes, así que las elecciones han venido operando ahora como un medio de enlace entre la opinión y voluntad de los electores y la futura acción del representante. 29


Por ello, algunas de nuestras observaciones sustentadas más en aspectos relacionados con la inmensidad de comunidades, representación, fueron no acogidas por el Comité Técnico porque evidentemente nos queda claro que su actividad era estrictamente de carácter técnico. Y ahí el número de los ciudadanos, el tiempo de traslados y en general la función de costos resultaba relevante. Estos fueron los casos. Sólo por mencionar los ejemplos de Coahuila y Michoacán, en Coahuila esta representación propuso que, por ejemplo, los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y General Zepeda no se unieran al distrito que ahora está planteado con cabecera en Monclova, porque guardan mejor identidad con la capital de la entidad que es Saltillo. Igual caso es el del municipio de Parra que se une a Torreón y nos parecía que guarda mejor identidad con Saltillo. También en el caso de Michoacán se hicieron algunos planteamientos del tipo, señaladamente en el distrito 11, ahora ceñado de Pátzcuaro, en el que planteábamos que Pátzcuaro debía incorporarse a la región Purépecha, y separar la parte sur, que es la parte de la costa para que no estuviera … distrito. En fin, hicimos diversas consideraciones y algunas otras en Puebla, en la zona norte de Puebla, que involucran zonas indígenas. Tenemos un diferendo, pero debemos precisarlo con claridad, esto es natural, es normal el ejercicio como que el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo, tenemos una diferencia que seguramente otras instancias revisarán. Sin embargo, y queremos enfatizarlo, esto no resta mérito al trabajo que nos ha parecido serio, profesional y transparente. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Senador Rutilio Escandón. El C. Consejero Rutilio Cruz Escandón: Con su permiso, señor Presidente. Señores consejeros. También quiero sumarme a esta felicitación, a este reconocimiento, a este esfuerzo que se ha hecho para la redistritación del país. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones que creo que a pesar de que el trabajo se hizo de manera muy profesional creo que es correcto comentar aquí algunas dudas. En las páginas, 12, 13, 14, 15, 16…

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…en las páginas, 12, 13, 14, 15, 16 en lo que se refiere a Chiapas lo he estado observando y me parece que, a pesar de que trató de unirse a las comunidades indígenas, a los municipios indígenas. Quisiera comentar primero, en el caso del distrito de Palenque, por ejemplo, que es el distrito uno, en el que se tratan ahí de integrar las comunidades indígenas, creo que hay un municipio, que es Sitalá. Sitalá, que conjuntamente con Chilón, son municipios indígenas y vecinos que están a 10, 15 minutos de distancia, 20 minutos por vía terrestre, no se le tomó en cuenta en ese distrito y se le integra en otro distrito, otro distrito completamente alejado, a cuatro, cinco horas que a mí me parece que es difícil para hacer un trabajo electoral; lo integran el distrito de Ocozocuautla, y Ocozocuautla está a 15, 20, 25 minutos de Tuxtla Gutiérrez y que tampoco obedece a la redistritación indígena. Por otra parte quisiera mencionar que en el distrito de Ocozocoautla se están integrando municipios totalmente alejados al extremo. Yo no puedo dejar de comentar esto, yo sé que se hicieron las revisiones pero creo que es pertinente, es importante para el Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, en Ocozocoautla que es la cabecera distrital, la número 4, está en la página 13, están integrando ahí Amatán, a Ixtacomitán, a Ixtapangajó y a Juárez, a Ostuacán, a Pichucalco, a Solosuchiapa, Sunuapa que son municipios que estaban integrados antes al distrito de Pichucalco que están completamente al norte del estado y que creo que sería muy difícil ahí para hacer un trabajo electoral. Por otra parte, desaparecen la cabecera distrital de Chiapa de Corzo, ahora Tuxtla Gutiérrez, es cabecera de dos distritos, pero también integran ahí un municipio que es Villa las Rosas y este municipio Villa las Rosas está totalmente alejado, pero totalmente alejado y se brinca muchos más municipios de otro distrito de Tuxtla Gutiérrez y éste municipio que es Villa las Rosas está a 15 ó 20 minutos de otra cabecera distrital que es Comitán. Entonces este distrito, este municipio Villa las Rosas siempre había estado integrado al distrito de Comitán y aquí no obedece a la redistritación por cuestión indígena ni por ninguna de esas causas, porque Villa las Rosas tiene las mismas características de población que Comitán. No puedo dejar de hacer estos comentarios porque es mi estado, tal vez no tuvimos el conocimiento a tiempo para hacerlo, ya que los consejeros representantes del Poder Legislativo no estamos representados en la Comisión de Vigilancia. Entonces sí quisiera hacer estos comentarios porque a pesar de que se hizo un trabajo importante, sí adolece de algunos errores que no podríamos dejar pasar, porque el día de mañana tal vez cuando ya esto esté más avanzado tendría que corregirse o habría 31


que hacerse muchas críticas que afectarían los trabajos del Registro y del instituto Federal Electoral. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias, Senador. Tiene la palabra el Representante del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú. El C. Licenciado Ricardo Cantú: Gracias, Consejero Presidente. Hago uso de la palabra para manifestar la posición del Partido del Trabajo en torno a los trabajos realizados para la aprobación de la nueva distritación nacional que permitirá el equilibrio poblacional para que cada uno de los votos de los ciudadanos tenga el mismo peso para elegir a sus representantes populares y además propiciará la equidad en la competencia política e impulsará la participación de la población indígena. Queremos hacer un merecido reconocimiento a todos los que…

Sigue 14ª. Parte

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INICIA 14ª PARTE

Queremos hacer un merecido reconocimiento a todos los que participaron en estos trabajos, especialmente a la Comisión del Registro Federal de Electores, al Comité Técnico de Distritación y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presidida por el Doctor Alberto Alonso y Coria, por la labor y esfuerzo puestos en esta tarea. Reconocemos públicamente la transparencia, apertura y pluralidad, pero sobre todo la imparcialidad con la que fueron conducidos todos los trabajos, cuyo resultado hoy se presenta. Los partidos políticos contamos en todo momento con la posibilidad de presentar observaciones a los planteamientos del Comité Técnico, así como la apertura de poder intercambiar puntos de vista en diferentes sesiones. Sin embargo, queremos llamar la atención respecto a algunas reflexiones que consideramos importantes. Aunque este ejercicio de distritación tiene sustento constitucional y está basado técnicamente en los 10 criterios que este Consejo General aprobó para tal fin, tenemos que reconocer que quizá no fueron suficientes para resolver la complejidad técnica a la que nos enfrentamos, por mencionar algunos, diremos que los aspectos que desde nuestro punto de vista debieron considerarse con mayor jerarquía dentro de los criterios, son el de temporalidad y el de accidentes geográficos, porque fue ahí donde hubo serios tropiezos, y que consideramos que deben de tomarse más en cuenta para futuros trabajos que se tendrán que realizar en este sentido. En síntesis, nuestro Partido aprueba el trabajo realizado y el proyecto que hoy se presenta a este Consejo General. Es cuanto, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera del Poder Legislativo, la Senadora Martha Tamayo. La C. Consejera Martha Sofía Tamayo: Gracias, Consejero Presidente. Brevemente para hacer un reconocimiento al trabajo profesional y sistemático que se ha realizado para llegar al Acuerdo presentado hoy a consideración del Consejo General. Creemos que en este trabajo hay algunas constantes, una de ella es el derecho de audiencia satisfecho en donde fueron escuchados todos los componentes de estos órganos colectivos, y también la transparencia, que nos parece que fue una cuestión a reconocer durante todo el proceso. Entendemos que es un esfuerzo de enorme complejidad y dificultad, tanto en lo técnico como para conseguir el empate de lo técnico con los hechos. Por ello, hago propias las manifestaciones hechas por nuestro representante, el Licenciado Hugo Patlán, y 33


también me permito hacer propia, y a solicitud de algunos ciudadanos de diversos partidos por cierto, de La Piedad, Michoacán, así como a solicitud del Senador por Michoacán, Antonio García Torres, quiero hacer propia la manifestación en relación a La Piedad, Michoacán, al distrito 01 que existía con cabecera en Michoacán, y que hoy fue redistritado. Las razones que se esgrimen son semejantes a las aquí establecidas para el caso de Chiapas, en donde se considera que hay mayor identidad tanto regional, social e histórica en la forma en como venía funcionando. Sin embargo, creemos que tanto el Consejo General como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las comisiones encargadas de este trabajo han realizado un espléndido trabajo por el cual me permito también extender mi más amplia felicitación, en específico también al trabajo del Consejero Electoral Rodrigo Morales. Creo que el resultado de la distritación es altamente positivo. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias, Consejero Presidente. Buenas tardes señoras y señores integrantes de este Consejo. El tema que nos ocupa ahora, nos obliga a todos a manifestarnos por la naturaleza, por la dimensión, por el impacto en la representación ciudadana. El Proyecto de Acuerdo que votaremos en esta sesión, es el resultado de meses de trabajo, de meses de estudio…

SIGUE 15ª PARTE

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Inicia 15ª. Parte

...es el resultado de meses de trabajo, de meses de estudio, de diálogo, de colaboración constructiva. Refleja la experiencia, no solamente del Instituto, sino de todos los actores involucrados en esta empresa. Es técnicamente impecable, políticamente cuidado y jurídicamente sólido. Pero además, este Proyecto de Acuerdo ofrece también el compromiso y la obligación de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los trabajos de esta institución, para emprender las acciones que materialicen las condiciones de equidad en la representación que ahora estamos definiendo. A partir de la aprobación de este Acuerdo, la estructura operativa del Instituto empezará a adecuarse a la nueva geografía electoral. Son 13 los estados del país en donde se modifica el número de distritos, y por lo tanto, de juntas. En siete hay un número mayor; cinco tendrán un distrito más. Baja California tendrá dos distritos más, el Estado de México cuatro distritos más. En esta misma proporción, en esta misma dimensión, tendremos, como lo establece el artículo 108 del Código, que establecer los órganos del Instituto a nivel distrital, que son nuestras juntas distritales ejecutivas. Debemos prever la integración de 10 nuevas juntas. Estimamos que será necesario contar con la disposición de más de 100 funcionarios del Instituto, funcionarios del Servicio Profesional Electoral. El cambio de 45 sedes distritales, por diversas razones, por la creación, la aparición de nuevos distritos o la desaparición de otros, o solamente por el cambio de cabeceras distritales, implica para la Institución una gran responsabilidad. Todo esto se debe llevar a cabo no solamente con eficiencia y eficacia; debe ser finalizado oportunamente previo al inicio del proceso electoral en el próximo mes de octubre. Para entonces, los funcionarios del Instituto debemos estar familiarizados con los territorios en los que habremos de estar trabajando y debemos haber establecido ya toda nuestra estructura, sin interrumpir la atención permanente que estamos obligados a dar a los ciudadanos. No solamente nos estamos refiriendo a los miembros del Servicio, también estamos hablando del impacto en la estructura operativa, el personal de campo, el personal del Registro, y todos los servidores que acompañan el trabajo de las juntas.

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Los procedimientos institucionales establecidos prevén escenarios como esos, nos corresponde a nosotros actuar con responsabilidad. Hacia el interior del Instituto, hacia el interior de la casa, empiezan semanas intensas y difíciles, porque no solamente se trata de habilitar inmuebles o desincorporar otros, o de hacer la mudanza de los enseres, que nos permitan otra vez tener nuestros espacios naturales de trabajo. También implica la readscripción de funcionarios; no solamente de los vocales de las juntas, donde empezaremos con los vocales ejecutivos, sino también prever que todos nuestros compañeros puedan seguir al Instituto a realizar las tareas donde la nueva geografía electoral nos las impone. Creo que esto no será posible y me atrevo a ofrecer, a nombre de mis compañeros integrantes del Consejo, que en los casos donde la estructura operativa no pueda seguir a la institución, se actuará con plena responsabilidad, con respeto y con justicia; con reconocimiento y con el profundo agradecimiento, porque este esfuerzo del personal que sigue a la institución hacia donde ella se va, es la que ha hecho posible que la institución siga viva y el que nos permite que ahora podamos abrazar con entusiasmo la empresa de materializar la nueva geografía electoral de nuestro país. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Convergencia, Elías Cárdenas. El C. Licenciado Elías Cárdenas: Gracias, señor Consejero Presidente. Buenos días a todos y todas. Convergencia saluda con beneplácito este gran esfuerzo de la nueva distritación, de este nuevo mapa electoral. Con ello, se confirma que el Instituto Federal sigue adelante...

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…con ello se confirma que el Instituto Federal sigue adelante como máximo organizador de las elecciones, con firmeza y con decisión. Felicitamos a todos aquellos a quienes ya se ha hecho mención que intervinieron en este trabajo, que le da una nueva perspectiva a los procesos electorales en México. Qué lejos están aquellos días en que las modificaciones se hacían conforme a los intereses políticos de la hegemonía partidista de aquellos tiempos ya superados. Hoy tenemos criterios técnicos, científicos, académicos, importantes para solucionar los problemas fundamentalmente de la migración ciudadana. Este documento recoge las experiencias y modificaciones de aproximadamente nueve o siete años, y de tres elecciones federales, que han sido importantes para marcar las nuevas pautas de este mapa electoral. Convergencia quiere desde ahora, poner a consideración de este Consejo y fundamentalmente de la Comisión que preside el Consejero Electoral Rodrigo Morales para, a la luz de este nuevo mapa electoral considerar la realización de un estudio sobre la circunscripciones territoriales, que indudablemente deberá ser también acatado de acuerdo a lo que contempla la parte segunda del artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, la ley señala que la Constitución, señala, perdón, que la ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Pero Convergencia propone que se vaya adelantando el estudio para hacer los cambios o las modificaciones que correspondan también al mapa electoral por lo que corresponde a las circunscripciones. Podemos decir que el proceso de distritación se llevó a cabo un proceso privilegiando en todo momento lo establecido por el Acuerdo que fue avalado en su momento por los partidos. Se buscó el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Comisión Nacional de Vigilancia. El proceso fue lo suficientemente transparente, a grado tal que cada uno de los escenarios que se estuvieron analizando se encontraban disponibles en Internet para que cualquier representante de partido pudiera hacer las consultas y observaciones pertinentes a los escenarios presentados por el Comité Técnico. Cabe señalar que esta distritación incorpora por primera vez una variable que permite agrupar lo mejor posible a la población indígena en los casos en que el porcentaje de población así lo amerita. 37


Otra de las características de esta distritación es que se buscó que el voto fuera lo más equitativo a nivel nacional, es decir, que los distritos tuvieran un tamaño poblacional equivalente, de tal forma que el voto tuviera el mismo valor en todo el país, evitando así la sobrerepresentación, o en su caso, la subrepresentación ciudadana. En ese proceso el flujo de población en los últimos nueve años fue tal que modificó la densidad poblacional. Tenemos varios ejemplos que ya se han expresado aquí. Los cálculos por la asignación de distritos se hicieron con apego al artículo 53 Constitucional, que en su momento tuvo discusiones fuertes por parte de los partidos políticos representados ante la Comisión Nacional de Vigilancia por su contenido, ya que para algunos daba opción para escoger diferentes herramientas que ya eran tendencias numéricas más precisas que la proporcionada por el último censo de población. Es decir, el documento…

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…que la proporcionada por el último censo de población. Es decir, el documento que hoy se nos presenta, Convergencia lo considera de un gran avance para el proceso electoral de 2006 que se avecina. Finalmente, Convergencia quiere, desea hacer propicio este argumento para pronunciarse por el mayor fortalecimiento del Instituto Federal Electoral, de borrar ideas divisionistas en esta institución, de caminar bajo los principios de la legalidad y del respeto por las decisiones de los órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales, sin menoscabo de que nuestras inconformidades las canalicemos por las vías que nos otorga el derecho. Y asimismo, finalmente, resguardar estas instituciones cuyo fin último es garantizar los valores democráticos alcanzados con un enorme esfuerzo y sacrificio por parte de la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, ya tardes, señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo. Bien, ya hemos comentando mucho acerca de esta nueva redistritación. Yo quisiera referirme a lo que esto significa, en caso de aprobarse, no sólo para la vida de nuestro país, sino para el Instituto Federal Electoral. Se trata de una de las muchas acciones que está realizando el Instituto con miras a la elección de 2006, pero se trata, sin duda, de una de las tareas fundamentales que tiene repercusiones, ya se refirió la Consejera Electoral Lourdes López a la parte de nuestros compañeros de trabajo en todo el país, pero también esta nueva redistritación tiene repercusiones en las diferentes áreas de trabajo del Instituto Federal Electoral. Perdonen ustedes mi insistencia matemática, pero cada día que pasa hacia el 2 de julio de 2006, algo debe hacerse para preparar la elección, esa es nuestra tarea fundamental; nos quedan 506 días y hoy estamos dando un paso fundamental en la organización de la elección. Antes que nada quiero sumarme a las felicitaciones expresadas hacia todos los que tuvieron que ver con la construcción del trabajo que hoy se nos presenta, no repetiré los nombres, pero sí quiero recordar que hubo seguramente un técnico electoral en el Registro Federal de Electores, hubo seguramente un asistente en alguna Junta Local y Distrital que puso su grano de arena, hasta llegar a construir lo que fueron los debates muy interesantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, en la Comisión del Registro Federal de Electores y todos los que participaron, incluyendo desde luego al Comité de 39


especialistas merecen nuestra felicitación, y desde luego, nuestro agradecimiento. Que decir de Alberto Alonso y Coria y de Rodrigo Morales en este sentido. Hacia el interior del Instituto, el nuevo mapa electoral representa la actualización de su herramienta fundamental, para diseñar y ejecutar cada una de las labores de organización electoral, el mapa de los distritos constituye el punto de partida de los trabajos. Como todos sabemos, la pluralidad de situaciones socioeconómicas que se presentan a lo largo del territorio nacional requieren de un conocimiento preciso de cada región, y sobre todo, del despliegue de estrategias y acciones concretas por parte del Instituto Federal Electoral que atiendan las necesidades propias de cada distrito para garantizar que el gran día de la jornada electoral estén presentes todos los elementos que harán posible el éxito de la elección; que todas las casillas sean correcta y oportunamente instaladas, que los accesos a las cabeceras distritales sean fáciles y que los partidos políticos tengan claridad y certeza sobre lo que pasa en cada rincón del país. La nueva distritación, además de apegarse a los criterios establecidos por la ley y a los que estableció este Consejo General, es un mapa con distritos más regulares, con poblaciones más uniformes, con mejores condiciones y caminos para recorrer las distancias entre los extremos de los distritos, y en consecuencia, con mejores condiciones para organizar la elección. Déjenme ponerlo de otra manera. Para enfrentar las tareas de organización de la elección ha sido necesario elaborar una tipología básica de los distritos, que nos dé cuenta de la complejidad que se presenta en un distrito en particular a diferencia de otro y para transportar los materiales electorales, por ejemplo para encontrar y capacitar a los ciudadanos que conformarán las mesas directivas de casillas, para seleccionar los mejores lugares en los que se instalarán las mismas casillas y en fin, para movilizar a todo el operativo que requiere una elección simultánea de presidente de la nación, de senadores de la República…

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...el operativo que requiere una elección simultánea de presidente de la nación, de senadores de la República y de diputados federales. Hasta antes de hoy, y como efecto del crecimiento de los cambios en la ubicación de la población, el mapa electoral presentaba ya algunas deficiencias. En primer lugar, contábamos con 103 distritos sobrepoblados, los que denominábamos como fuera de rango, lo que generaba falta de equidad en la representación ciudadana. En segundo lugar, observamos que la información demográfica con la que se elaboró la distritación en el año de 1996, provenía del censo de 1990, lo que restaba vigencia a los criterios que normaban al mapa electoral actual. En tercer lugar, y por citar sólo un ejemplo más, podemos decir que la distritación vigente hasta hoy tenía límites entre los distritos que eran poco claros en el esquema que se presentaba. Es decir, hoy la mejoría incluso se refleja en que son las grandes avenidas, los grandes accidentes geográficos, las grandes vías de comunicación las que distinguen a un distrito y a otro. Lo que el nuevo mapa electoral nos presenta el día de hoy, es un esquema en el que la tipología de complejidad distrital, apunta a que muchos de los elementos que hacían difícil la organización en algunos distritos han sido resueltos. Por ejemplo, la nueva distritación no contempla de origen, ningún distrito fuera de rango. Es decir, ningún distrito presenta una varianza poblacional que exceda quince puntos porcentuales. Esto, ya lo comentaba el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, hace una gran diferencia en relación con la tipología desde el origen, que se aprobó en 1996. Esto no sólo incide en la mejor representación de la población, sino que equilibra la distribución regional de los trabajos al interior de la estructura del Instituto. Además, podemos decir por primera vez que en nuestro país se realizó una distritación que tomó en cuenta los accidentes geográficos y topográficos, que son factores que pudieran dificultar las tareas de organización y capacitación electoral, si no los hubiéremos contemplado. Por todo lo anterior, junto con el cambio del número de distritos en algunos estados de la República y a la par del movimiento de las fronteras entre los distritos, en algunos casos fue también necesario establecer nuevas sedes de cabeceras distritales, ya lo mencionaba la Consejera Electoral Lourdes López. Los 40 cambios propuestos en dichas sedes irán en beneficio de la organización del proceso, ya que ofrecen puntos más céntricos de coordinación de los trabajos, mejores servicios, mejores accesos a las vías de comunicación, además de todo el cumplimiento de lo que se requiere en término de los criterios establecidos por la ley y por este Consejo General.

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La redistritación que ahora se propone nos permite de una forma más precisa conocer variables de complejidad en cada distrito. Me refiero a variables como el nivel de analfabetismo y escolaridad; el grado de dispersión de la población; el tipo de vías de comunicación existentes; la dimensión étnica de cada zona y evidentemente el tamaño de la superficie distrital. Insisto, la redistritación que hoy se nos propone, permitirá optimizar la coordinación de las labores que se llevan a cabo en las direcciones ejecutivas del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, obviamente coordinadas por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. En los próximos meses la nueva tipología distrital se renovará, tomando como base la información que el IFE ha recabado en coordinación con otras organizaciones que colaboraron con nosotros en la conformación del nuevo mapa y además, que el Instituto Federal Electoral puede desagregar sección por sección, rincón por rincón, que nos dará certeza a nosotros y a todos nuestros colaboradores en toda la República, de estar en condiciones de organizar una excelente elección en el 2006. Estoy convencido que esta nueva tipología estará a la altura de los retos que nos presenta la organización en la próxima elección. No quiero dejar de mencionar, ya algunos de los representantes de los partidos lo hicieron, que uno de los grandes logros que acompañan al proyecto que hoy comentamos, tiene que ver con la capacidad que mostraron las áreas técnicas del Instituto para poner a nuestra disposición herramientas de alta calidad en materia de informática, y que en cada caso, y en que en cada paso acompañaron y facilitaron la construcción de este proyecto. Tiene razón el representante del Partido de la Revolución Democrática, hay un activo ya acumulado en la tecnología desarrollada por el propio Instituto, que debemos proteger con algún mecanismo, quizá el GPL pueda ser uno, pero quizá haya que pensar en otros mecanismos que nos den cuenta del desarrollo tecnológico que hemos desarrollado y que acompaña a este proyecto. Hoy el Instituto cuenta con una base tecnológica que será de mucha utilidad, no sólo en las actividades relativas a la distritación, la Cartografía, el Registro Federal de Electores. Esa tecnología nos ayudará incluso a planear con más tiempo y precisión las tareas de organización y capacitación. Por todo lo anterior, señor Presidente, señoras y señores, me congratulo de apoyar el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta el día de hoy. Estoy seguro que con ésta y otras acciones que está realizando el Instituto Federal Electoral, todos saldremos fortalecidos, pero en especial los ciudadanos que emitirán su voto el 2 de julio de 2006, y perdonen por la insistencia, dentro de…

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...que emitirán su voto el 2 de julio de 2006. Y perdonen por la insistencia, dentro de sólo 506 días. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, el Diputado Luis Maldonado. El C. Consejero Luis Maldonado Venegas: Gracias Consejero Presidente, consejeras, consejeros electorales, es muy grato y estimulante escuchar las intervenciones que me anteceden, todas ellas coincidiendo en el propósito de externar un reconocimiento al trabajo del Comité Técnico, de la Dirección Ejecutiva y del equipo de trabajo del Registro Federal de Electores, en la elaboración de este dictamen que hoy se somete a la consideración de este Consejo General y en el que se reconoce que la nueva división del territorio nacional en 300 distritos electorales, responde a parámetros técnicos que se han apegado, con precisión y transparencia, a los criterios establecidos para el efecto por el Consejo General de nuestro Instituto Federal Electoral. Se ha expresado aquí también la pertinencia del modelo matemático en el que se sustentó este esquema del sistema de cómputo desarrollado por la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral, para la validación de los distintos escenarios de distritación, y el cálculo de población, todos ellos elementos, reitero, técnicos, científicos, que dan y confieren mayor certeza a los trabajos de distritación. Creo que es el momento de expresar la importancia y el valor político que tiene este paso, un paso determinante y decisivo hacia la organización del próximo proceso federal electoral, asunto que debe de ser considerado del mayor interés no sólo para los integrantes de este Instituto, sino seguramente para toda la ciudadanía, en su conjunto. En ese sentido, el propósito de establecer ya una ruta de acción, de cara a las elecciones de 2006, y con todas las tareas preparatorias que deben de iniciarse este año, debe, sin lugar a duda, convocarnos y conminarnos, a todos los actores políticos y sociales, a fortalecer el papel trascendental de este Instituto Federal Electoral y de su Consejo General. Por ello, estimo oportuno y pertinente hacer, como representante, como Consejero del Poder Legislativo, un llamado cordial, respetuoso, a nuestros compañeros del Partido Verde Ecologista de México para que retornen al sitial de este Consejo y para que sea precisamente por la vía de los procedimientos legales establecidos y por las vías institucionales que dirimamos cualquier divergencia o diferencia. Mi partido, el Partido Convergencia, ha tomado el día de ayer, en su Comisión Política Nacional, el acuerdo de hacer un llamado extensivo a los distintos partidos políticos y, repito, los distintos actores sociales y políticos, para sumar esfuerzos, sumar esfuerzos 43


en el fortalecimiento de nuestro Instituto y de nuestro Consejo, determinante y decisivo para dar certidumbre, para dar, con estos criterios de objetividad y de claridad, a la sociedad, la garantía de que el proceso electoral del 2006 estará apegado a la ley pero, sobre todo, caminará por estos cauces legales. En los próximos días, a través de los medios de comunicación, haremos público este llamado, pero queremos anticiparlo desde este momento, en esta reunión de nuestro Consejo General. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muchas gracias, señor Presidente, señores consejeros y representantes. En primer lugar, no podemos dejar de reconocer las palabras del Consejero del Poder Legislativo, por parte del Partido Convergencia, en relación con la necesidad de mantener los esfuerzos para fortalecer las tareas del Instituto Federal Electoral de manera conjunta y, en ese sentido, me parece que estamos en la misma sintonía, para continuar haciendo el esfuerzo conjuntamente y que esta mesa es una magnífica oportunidad para dirimir las diferencias...

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…y que esta mesa es una magnífica oportunidad para dirimir las diferencias y además para esgrimir los argumentos como se ha visto. En relación con el tema que hoy tenemos en la mesa, relativo al proceso de redistritación, uno de los temas fundamentales y de mayor interés que ha generado en las comunidades del país es el relativo a la ubicación de las cabeceras distritales. A lo largo de estas semanas y de estos meses hemos vivido en esta experiencia de la ubicación de las cabeceras distritales gran parte del mosaico cultural que vive nuestro país, de la gran riqueza en su pluralidad, del sentido histórico de arraigo y pertenencia que se va manifestando a lo largo de cada una de las deliberaciones que se hacen respecto de esta temática, cada comunidad defiende su valor, defiende sus razones históricas, sus razones de aportación cultural a la nación, su significado específico en términos de representación política, tomando en cuenta que en la historia de la representación nacional algunas de estas comunidades o centros de población llevan, incluso, casi un siglo representando a dicha comunidad. Desde luego, todas estas son razones válidas y valiosas para hacer presente el regionalismo como un valor y un componente relevante de nuestra riqueza y naturaleza pluricultural como nación, tal y como lo señala nuestra Constitución. También es una manifestación moderna, incluso, de identidad nacional. El IFE ha sido sensible a estas manifestaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, en las definiciones fundamentales de esta temática el IFE está abocado a cuidar el interés general del país. Y en este sentido, el interés general en materia de redistritación tiene que ver con la búsqueda de equilibrios objetivos que den lugar a una adecuada representación nacional, a un buen sentido de equidad poblacional y éste conjunto de valores se refleja también, por supuesto, y se replica en la definición de las cabeceras distritales. Para su definición, este Consejo General aprobó el día 15 de julio un criterio de sexto nivel, el criterio número 9, que estableció que para la definición de las cabeceras distritales se tomarían en cuenta los criterios de mayor población, vías de comunicación, servicios públicos, por supuesto con la posibilidad de considerar excepciones particularmente si estos criterios replicaban en aquellas cabeceras distritales que históricamente ya lo habían sido. Este Consejo General consideró que dichos criterios podían responder al principio de objetividad al que nos obliga el artículo 41 Constitucional, la mayor población porque es la referencia más cercana al principio de representatividad del propio artículo 53, las vías de comunicación y los servicios públicos para combinar el principio de objetividad también con el principio de certeza que se cumple estableciendo condiciones de

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eficacia particularmente en el momento decisivo de la organización electoral que es en el momento de el desenlace de la jornada electoral. Estos son los criterios que llevaron a la definición de cambio de 45 de las cabeceras distritales. Cada una de ellas tiene la justificación y motivación correspondiente, en aquellos casos en que las motivaciones históricas pudieron tomarse en cuenta así se realizó, pero por interés general se privilegiaron los criterios objetivos que aquí han sido mencionados. Por eso hoy, el proceso de distritación está sustentado fundamentalmente en los principios que nos rigen, la objetividad para dar lugar a una representación con más certidumbre y para mejorar continuamente en este proceso, porque finalmente se trata, como ya lo han dicho algunos de los consejeros y representantes en esta mesa, de que el Diputado de mayoría relativa tenga la mejor voz del elector en uno de los poderes de la Unión y específicamente en una de las cámaras. Por eso creo que debemos sentirnos tranquilos…

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Inicia 21ª. Parte

…sentirnos tranquilos de que el día de hoy arribamos en un clima de unidad a la definición de un proceso fundamental en nuestra vida democrática, la definición de la representación nacional, y por ello es conveniente señalar y reconocer la labor que se ha realizado aquí por parte del Comité, específicamente también del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, los esfuerzos y la experiencia del Registro Federal de Electores, la buena voluntad y el ánimo constructivo sustentado en criterios técnicos, y asimismo, con la experiencia política requerida en la Comisión Nacional de Vigilancia por parte de los partidos políticos. La eficaz conducción por la Junta General Ejecutiva encabezada por el Consejero Presidente y coordinada por la propia Secretaria Ejecutiva, y desde luego, de los miembros de la Comisión y específicamente del Consejero Rodrigo Morales quien ha tenido el tino de llevar esto a cabo con un sentido de trabajo incluyente y dialogante con todos los integrantes de este Consejo General. Así pues, manifiesto mi apoyo al proyecto que hoy se tiene en la mesa. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Antes de proseguir para la segunda ronda de intervenciones, le quiero pedir a la Secretaria del Consejo proceda a dar lectura del comunicado suscrito por la Consejera Electoral, Teresa González Luna Corvera. La C. Secretaria: Sí, con mucho gusto, señor consejero Presidente. Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2005. Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Consejero Presidente del Consejero General. Presente: Por medio de la presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que por instrucciones médicas me será imposibles asistir a la sesión del Consejo General a la que ha convocado para el día de mañana. Le suplico informe de ello a dicho órgano superior de dirección y sea tan amable de dar lectura a esta carta en el transcurso de la sesión. A pesar de mi forzada ausencia, no puedo dejar pasar la oportunidad de expresar mi acuerdo con la propuesta que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para la nueva división del territorio nacional en distritos electorales. Encuentro que dicha propuesta se encuentra apegada a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y a los criterios establecidos para tal efecto por el Consejo General del Instituto.

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En los últimos meses seguí con detenimiento el proceso que hoy culmina en la presentación de esta propuesta; con toda oportunidad y transparencia se dieron a conocer a las instancias atinentes y a los partidos políticos los diversos escenarios de distritación y se analizaron a cabalidad las observaciones de todos los actores. El Comité Técnico conoció y emitió su opinión fundada en cada uno de los casos. La propuesta final de distritación presenta virtudes incuestionables, el modelo matemático utilizado cumple cabalmente con los criterios previamente establecidos, por lo que ni un solo distrito se sale del rango poblacional determinado. Por otro lado, se da cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales que garantizan el reconocimiento legal y político de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, permitiendo la novedosa conformación de 28 distritos electorales que preservan la integridad territorial de las poblaciones indígenas, con un 40 por ciento de componente indígena. Por todo o anterior, deseo hacer patente mi reconocimiento a la labor desempeñada por el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores encabezados por el Doctor Alberto Alonso y Coria; a los miembros de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la Comisión del Registro Federal de Electores, así como a los integrantes del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de distritación. Mi agradecimiento y mis felicitaciones a usted y a todos los miembros del Consejo General, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Sin más por el momento reciba un cordial saludo. Maestra Teresa González Luna Corvera, Consejera Electoral. Es todo, señor presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Bueno, al final de mi intervención anterior quería señalar que hay una observación en la página 7 de Proyecto de Acuerdo, queremos solicitar que se incluya el estado de Zacatecas, dentro de las observaciones que presentó el PRD, ya ha sido comentado y ha sido aceptado. En segundo lugar, un grupo de ciudadanos muy numeroso que están aqu�� en el Instituto Federal Electoral se ha presentado para entregar un documento dirigido al Doctor Luis Carlos Ugalde con copia a los consejeros y a los representantes de los partidos…

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Inicia 22ª parte ...consejeros y a los representantes de los partidos, querían tomar la palabra en este Consejo. Se les ha explicado que eso no es posible pero a cambio de ello, y como una muestra de sensibilidad y de diálogo, me comprometí a, muy resumidamente, exponer la postura de ellos y voy a dar lectura muy brevemente al documento que ellos han hecho llegar. Dice: La comunidad que conforman la región norte del estado de Jalisco, integrada por los municipios de Colotlán, Santa María de los Angeles, Huejúcar, Mezquitic, Huejuquilla el Alto, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimatitlán, Chimaltitlán y San Martín de Bolaños, manifestamos nuestra postura ante la propuesta de redistritación, en la que se contempla el cambio de la cabecera distrital, ubicada actualmente en el municipio de Colotlán. Ante esta situación queremos externar las siguientes consideraciones. Primero, que el municipio de Colotlán históricamente se ha desempeñado como punto de enlace con el resto de municipios de la región norte del Estado de Jalisco. Dos, que a razón de lo anterior, ha cumplido con la función de cabecera distrital. Tres, que el municipio de Colotlán es el municipio que mejor garantiza cumplir con la función de cabecera distrital para facilitar traslados y recorridos en tiempo entre los municipios del distrito, debido a que la región norte cuenta con la densidad de población más baja de todo el estado. Cuatro, que la región norte de Jalisco se caracteriza por tener un alto índice de marginación social. Cinco, que el cambio de la cabecera distrital del municipio de Colotlán afectaría significativamente la economía del municipio y de la región. Seis, que en la actualidad, la falta de empleo y oportunidades profundiza la desigualdad social. Siete, que la fuente de empleo que genera el IFE a través de la cabecera distrital, inhibe en forma directa el fenómeno de migración. Ocho, que la región norte concentra más del 40 por ciento de la población indígena del estado de Jalisco. Nueve, que el acceso de las comunidades indígenas está supeditado a costumbres y factores culturales que los municipios de la región norte han sabido incorporar en su trato cotidiano.

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Diez, que el traslado de la cabecera distrital contribuiría de forma significativa a la marginación en la que actualmente se encuentran las comunidades indígenas del norte de Jalisco. Solicitamos la conservación de Colotlán como cabecera distrital, debido a que presenta las mejores condiciones en cuanto a ser el mejor punto de acceso en cuanto a tiempos, recorridos y seguridad. Atentamente. Comunidad norte del estado de Jalisco. Firman autoridades municipales de distintos partidos políticos de la región, dependencias de gobierno, asociaciones civiles, ciudadanos. Y esta es la petición, el escrito que ellos han querido presentar en este Consejo. Y finalmente, decir que nos sumamos al reconocimiento de las autoridades, funcionarios y consejeros electorales que han participado todos en esta feliz conclusión, y creo que debemos todos felicitarnos por este diálogo fructífero. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias. Muy puntualmente. Más que entrar a respuestas precisas, porque además entiendo que la delegación de Colotlán se encuentra actualmente reunida con funcionarios de la Dirección Ejecutiva, me parece que encontrarán sin duda las respuestas técnicas que se deliberaron para llegar a la decisión que se tomó respecto a esa cabecera puntual. Vería en el mismo sentido las inquietudes del Senador respecto de Chiapas; de la Senadora respecto de La Piedad. Me parece que podemos, en atención a esas inquietudes, tal como las hemos desahogado en la CNV con sus integrantes, como otras inquietudes de no integrantes de la Comisión. Atender puntualmente todas las explicaciones, cuáles fueron las deliberaciones, de manera pues de no entrar aquí en un debate puntual. Respecto de la observación de la página 7, es bastante obvia y atendible. Algunas otras cuestiones, la inquietud de una Memoria que recoja la riqueza de todos los debates me parece muy relevante, que no sólo sea una memoria técnica porque en efecto, como ha quedado demostrado aquí, el proceso de construcción de la distritación sí se vio enriquecido con debates realmente muy interesantes, que me parece que hay que conservar, que hay que guardar y que hay que difundir. La inquietud respecto del procedimiento para las circunscripciones. En el punto séptimo del Acuerdo, se instruye a la Junta para que presente a este Consejo General a más tardar en septiembre, proyectos para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones. Evidentemente el compromiso es hacerlo con la misma objetividad y transparencia que hicimos este proceso… Sigue 23ª parte 50


Inicia 23ª. Parte

...evidentemente el compromiso es hacerlo con la misma objetividad y transparencia que hicimos este proceso de distritación, para estar en condiciones, de poder aprobar en esa fecha. Ha habido una confusión a lo largo de la mañana, respecto del número de distritos con población indígena de más del 40 por ciento. En efecto, son 29, y esto es así porque hay un distrito, el 04 de Veracruz, cuya población, y porcentaje de población indígena es 40.22 y, por tanto, entra en la definición, digamos, de distrito indígena. Simplemente terminaría agradeciendo la participación, reiterando el reconocimiento del trabajo de los señores representantes de los partidos políticos; enriquecieron mucho el trabajo del Comité Técnico; en efecto, fueron aportaciones básicamente técnicas y conseguimos un diálogo, me parece, muy productivo. De nuevo, nada más reiterar el agradecimiento a todos ustedes. El C. Presidente: Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, permítanme hacer algunas reflexiones. Hoy estamos tomando una decisión de la mayor relevancia hacia la organización de la elección presidencial de 2006. Es muy saludable escuchar que en esta mesa los partidos políticos han expresado que a través del diálogo fructífero y de la transparencia podemos ir juntos, la autoridad electoral y los partidos políticos, construyendo la certeza que el país necesita, de cara a la elección presidencial de 2006. Por eso me da mucho gusto que en un ejercicio técnico, que lleva a cabo el Instituto Federal Electoral, podamos llegar a una decisión fundamental, con consenso, legalidad y legitimidad. Esta decisión que hoy tomamos es muy relevante, porque como ya se ha mencionado, contribuye a la igualdad del voto, fortalece la representación política del país, fortalece la representación de los indígenas en la representación política de México. En los últimos años, los partidos políticos, las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, han hecho una labor muy importante para poder dar voz y para poder dar espacios más dignos, de vida y de desarrollo, a los pueblos indígenas. Hoy, con mucho orgullo, quienes formamos parte de este Consejo General, podemos decir que a través de este ejercicio de redistritación estamos facilitando y estamos fomentando que esta representación de los pueblos indígenas crezca y se materialice, en beneficio de su desarrollo.

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Quiero agradecer la presencia de Xóchitl Gálvez, quien ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años en esta materia y quien colaboró activamente en este ejercicio. Esta decisión es relevante, porque fortalece a los ciudadanos, porque al margen de su ubicación geográfica, de su condición étnica o de su lugar de residencia en zonas urbanas o rurales, tendrán mayor equidad en el valor de su voto. Y en suma, esta decisión es muy relevante porque el día de hoy se da un paso muy importante para fomentar la equidad en la elección presidencial de 2006. No reiteraré, porque es una decisión transparente, legal e incluyente, pero simplemente quiero decir que a diferencia de otros países del mundo, en México se sigue un criterio aritmético demográfico, con base en expertos y no con base en decisiones políticas. A nadie escapa que en muchos países del mundo las decisiones sobre redistritación se toman en el seno de los órganos legislativos y esas decisiones, por consecuencia, están influidas de valoraciones y motivaciones políticas. Creo hoy decir algo sin pretensiones de exageración, que el modelo mexicano, desarrollado en el seno del Registro Federal de Electores, debe ser un ejemplo y debe ser orgullo de un modelo técnico, sin influencia de motivaciones políticas. Hace 25 meses, y es muy importante decirlo; hace 25 meses, se dio el primer paso, cuando en enero de 2003 el Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para elaborar los estudios que hoy concluyen con el nuevo mapa distrital del país. Quiero reiterar el reconocimiento, en primer lugar, a los partidos políticos, por su diálogo, por su sensibilidad y por su disposición para construir juntos la certeza hacia la elección de 2006. Quiero reconocer al Doctor Alberto Alonso y Coria y a todo el cuerpo de personal...

Sigue 24ª. Parte.

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Inicia 24ª. Parte …quiero reconocer al Doctor Alberto Alonso y Coria y a todo el cuerpo de personal entregado que con su talento han hecho posible esta construcción. Quiero reconocer al Consejero Electoral Rodrigo Morales por su dirigencia, por su entrega, por su cuidado y por su capacidad negociadora para llevar este esfuerzo a buen puerto. Al Comité Técnico que con su talento le han dado certeza a este esfuerzo a la Comisión Nacional de Vigilancia Finalmente, quiero resaltar algunos comentarios que se han hecho en esta mesa. El nuevo mapa electoral del país es una decisión trascendente hacia la elección de 2006, la naturaleza de las decisiones que hoy tomamos genera certeza, México requiere certeza de cara a las elecciones de 2006, requiere de un diálogo fructífero, requiere de decisiones transparentes y requiere que los partidos políticos vayamos junto con la autoridad electoral de cara a generar la certeza que el país necesita para los próximos meses. Saludo mucho esta decisión y me congratulo mucho de ser parte de este Consejo General. Le pido a la Secretaria del Consejo, tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país para su utilización en los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009, con la modificación solicitada por el representante del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de modificar el antecedente décimo tercero, quinto párrafo para agregar al estado de Zacatecas dentro de sus observaciones. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo proceder a lo conducente para publicar este acuerdo aprobado el día de hoy por unanimidad en el Diario Oficial de la Federación. Señores y señoras se ha agotado el orden del día. Muchas gracias.

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Versión estenográfica de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, llevada a cabo en el salón de sesiones del propio Instituto.

México, D.F., 16 de Marzo de 2005.

El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido a la Secretaria verifique si hay quórum legal. La C. Secretaria: Señor Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 16 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. El C. Presidente: Sírvase la Secretaria continuar con la sesión. La C. Secretaria: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. El C. Presidente: Proceda la Secretaría a formular la consulta sobre la dispensa que propone. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. El C. Presidente: Sírvase la Secretaría continuar con la sesión. La C. Secretaria: El siguiente asunto se refiere al orden del día. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el orden del día. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día.


Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Dé cuenta la Secretaría del primer punto del orden del día. La C. Secretaria: El primer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Acta mencionada. Le pido a la Secretaria del Consejo General tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo General, continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la designación del Titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. El C. Presidente: Señores consejeros y representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, quiero comenzar mi intervención destacando la importancia que tiene el Servicio Profesional Electoral en el funcionamiento de nuestra institución. Me parece que entre quienes integramos este Consejo General no hay ninguna duda sobre el papel fundamental que desempeña, día a día, el grupo de profesionales permanentes, en la buena marcha del Instituto Federal Electoral. Simple y llanamente nuestro Servicio Profesional Electoral representa la columna vertebral del Instituto. Los funcionarios que integran nuestro Servicio Civil se han convertido en un valioso activo del Instituto. Su profesionalismo, su eficacia, su lealtad y su imparcialidad a toda prueba, han dotado de certeza, legalidad y estabilidad a las tareas de organización electoral del Instituto Federal Electoral. Como ustedes saben, el diseño de nuestro Servicio Civil busca que el reclutamiento de funcionarios, su formación y la evaluación de su desempeño, así como las promociones o las sanciones a las que eventualmente se hacen merecedores. Es decir, todos aquellos mecanismos que regulan una carrera profesional tienen que diseñarse y

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aplicarse a partir de criterios de transparencia, legalidad, objetividad, competencia y valoración de los méritos de cada servidor en el Instituto Federal Electoral. Para tal efecto, la ley electoral, en su artículo 95, prevé la existencia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. Dada la relevancia que tiene esta área en el funcionamiento interno de la institución, me permito presentarles la propuesta de designación de Eduardo Guerrero Gutiérrez, como su nuevo titular. Eduardo Guerrero Gutiérrez es egresado de la Licenciatura en Administración Pública del El Colegio de México. Cursó una Maestría en Ciencia Política en la Universidad de Delaware y es candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Eduardo Guerrero ha desempeñado, además, tareas de docencia e investigación...

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Inicia 2ª. Parte

...Eduardo Guerrero ha desempeñado, además, tareas de docencia e investigación en distinguidas instituciones de educación superior, como El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Chicago, entre otras. A lo largo de su trayectoria académica, el señor Guerrero ha realizado diversas aportaciones publicadas en revistas especializadas, varias de las cuales han sido objeto de premios y reconocimientos de parte de la Fundación Nexos, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago. Parte del trabajo de investigación de Eduardo Guerrero, se ha dirigido a temas como los sistemas de partidos y las elecciones, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas, temas que son también de gran interés para el Instituto Federal Electoral. La sólida formación y destacada trayectoria académica de Eduardo Guerrero se complementan con una sobresaliente carrera profesional en la administración pública, particularmente en instituciones como el propio Instituto Federal Electoral, del cual era Coordinador de Asesores de la Presidencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Desarrollo Social. En estas tres últimas instituciones el señor Guerrero se desempeñó respectivamente como Coordinador de Asesores de la Presidencia del Consejo General, Director General de Estudios e Investigación y Director General de Organización Social, cargos en los que ha demostrado capacidad directiva, honestidad profesional, creatividad y vocación de servicio. Por todas estas consideraciones, así como por el conocimiento que ha adquirido sobre la estructura y el funcionamiento del Instituto, estoy seguro que, en caso de ser aprobado, Eduardo Guerrero Gutiérrez posee la formación, la capacidad y la experiencia necesarias para desempeñar con éxito el cargo de Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral. Señores consejeros electorales, pongo a su consideración dicha propuesta que, en caso de ser aprobada, tomaría efecto a partir del próximo primero de abril. Tiene la palabra la Consejera Electoral Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias, Consejero Presidente. Buenos días, señoras y señores integrantes de este Consejo. La renovación de los cuadros directivos es un proceso natural de las instituciones públicas, que evidencia su condición de organización dinámica, orientada al fortalecimiento constante de sus estructuras.

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En ese sentido, el nombramiento que hoy pone a nuestra consideración el Consejero Presidente, constituye un paso más en el proceso de renovación que ha vivido el Instituto Federal Electoral desde su fundación. No se trata de un acto trivial o intrascendente, pues el nombramiento de un Director Ejecutivo supone el inicio de un nuevo ciclo al interior del área que se le encomienda encabezar. Como Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, considero el relevo en la Dirección Ejecutiva como la oportunidad de reorientar el rumbo en un área cuya operación pulcra resulta vital para el cumplimiento de las tareas del Instituto. En este orden de ideas, la adecuación de procedimientos, el establecimiento de límites precisos a la discrecionalidad que permite la ley y la recuperación del espíritu que anima la existencia del Servicio Profesional, deberán figurar en la agenda de prioridades del nuevo Director Ejecutivo. El objetivo fundamental de su administración, será ubicar al Servicio Profesional Electoral en el código que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Estatuto del Servicio Profesional Electoral le asigna. Es decir, el del mecanismo que nos da garantía de certeza en la tarea de integrar, formar y renovar el cuerpo de funcionarios del Instituto, a cuyo cargo se encuentran asignadas las tareas relacionadas con el cumplimiento de los fines institucionales. Para la consecución de dicho objetivo, los consejeros miembros de la Comisión del Servicio Profesional Electoral nos hemos propuesto realizar, en los próximos meses, una evaluación de la situación que guarda el Servicio, misma que deberá colocarnos en la ruta de plantear importantes modificaciones, no en la concepción, pero sí en la magnitud y en la operación del Servicio de Carrera. Es importante señalar, sin embargo, que este no es un acto fundacional ni un parteaguas en la historia de la Dirección Ejecutiva. Al Servicio Profesional Electoral no se le va a inventar, no se le va a crear porque evidentemente ya existe; tiene un mandato preciso y metas claras por alcanzar. Lo que sí es necesario hacer es reconstruir y perfeccionar los mecanismos para administrar el Servicio con transparencia, con objetividad, con imparcialidad, con apego a la legalidad, con certeza, y evidentemente, con profesionalismo. Los esfuerzos de todos deberán orientarse, entonces, en el terreno de lo inmediato, a replantear la ruta a través de la cual se ha propuesto el logro de nuestros objetivos...

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… de la cual se ha propuesto el logro de nuestros objetivos. El arribo de un nuevo titular a la Dirección Ejecutiva complementa entonces las condiciones que demanda cualquier proceso de renovación, como el que hemos formulado para la operación del Servicio Profesional Electoral, esto quiere decir que el momento actual no es el puerto de llegada sino el punto de partida del proceso que pretendemos impulsar para concretar la modernización que consideramos requiere esta área del Instituto. Creo que llegamos a este momento en condiciones favorables para el Servicio y para la institución, lo que resta, es que todos aquellos que estamos involucrados en dicha tarea demostremos estar a la altura del reto. Con estas consideraciones como marco de referencia, felicito la propuesta de Eduardo Guerrero Gutiérrez, como nuevo titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, y anuncio mi voto a favor de su designación. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Gracias, buenas tardes. Durante estos meses he tenido la oportunidad de conocer a Eduardo Guerrero, fundamentalmente en su función de Coordinador de Asesores, pero también en su desempeño en materia de transparencia, como ustedes saben, fue votado en este espacio, su participación en el Comité de Información. Creo que este desempeño, primero como Coordinador, le ha permitido tener una visión global del Instituto, y me parece que su apego a las prácticas de transparencia va a ser un activo importante en el nuevo puesto al que está propuesto desempeñarse. Entre las virtudes que veo en el Doctor Eduardo Guerrero se encuentra, desde luego, un tono crítico y autocrítico de su desempeño, que me parece también le va a dar un activo importante al Servicio Profesional Electoral, está respaldado por una sólida formación intelectual y profesional. Y creo que esta actitud autocrítica de mejora continua, también permitirá un desempeño adecuado, nada más terminaría mi comentario diciendo que también resaltaría la institucionalidad de Eduardo, y la objetividad, absolutamente ajeno a intereses y decisiones discrecionales. Yo por ello, no tengo reserva en apoyar el nombramiento de Eduardo Guerrero. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade.

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El C. Maestro Virgilio Andrade: Gracias. Señor Consejero Presidente, señores consejeros y representantes. De manera muy breve quisiera expresar que en un nombramiento de Director Ejecutivo se van conjugando tres elementos de confianza. La confianza institucional, derivada de la que le tengamos los consejeros al Consejero Presidente y que por lo menos en lo personal quedará ratificada. La confianza fundacional, derivada del conocimiento que tengamos cada quien en lo personal de la propia persona que vaya a ocupar el cargo, y por supuesto. La confianza en el desempeño, todos entendemos que la confianza en el desempeño debe ser ganada, pero tenemos un buen punto de partida porque Eduardo Guerrero ha mostrado a lo largo de su trayectoria, desde su trayectoria universitaria, pasando por su trayectoria profesional, de ser un funcionario y una persona que tiene cualidades de integridad, en lo formativo, y por supuesto, en el aspecto de la moralidad. Moralidad en el sentido de transparencia y moralidad para tener la capacidad de comprender los problemas poniéndose en el lugar del otro. Y esta es una cualidad muy importante en esta Dirección Ejecutiva, porque se debe tener la sensibilidad para poder tratar con los diversos problemas que enfrentan a diario nuestros servidores en el Servicio Profesional Electoral. Por esas razones, me parece que tenemos los elementos para otorgarle la confianza y en ese sentido, manifestar en lo personal la aprobación de la propuesta que nos hace el Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores, Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba la designación del Doctor Eduardo Guerrero como titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad…

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... levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la readscripción de Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales y se designan como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales a quienes han resultado ganadores del Concurso de Incorporación en modalidad de oposición. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. Tiene la palabra la Consejera Electoral Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias, Consejero Presidente. A poco menos de un mes de haberse autorizado la nueva geografía distrital que se utilizará en las dos siguientes elecciones, de nueva cuenta nos reunimos en este Consejo, a fin de conocer y aprobar un Acuerdo de trascendencia para la certeza de los procesos electorales que el Instituto Federal Electoral debe organizar. El 11 de febrero del año en curso dimos cumplimiento a las normas constitucionales y legales que hacen posible que la representación nacional sea integrada con el voto igual de cada ciudadano. Se buscó evitar las distorsiones poblacionales entre los distritos electorales, y con ello se intenta garantizar que cada voto emitido por los ciudadanos mexicanos tenga la misma fuerza en su aportación para la integración de los órganos públicos. Contamos ya con el importante elemento geográfico para la organización de las elecciones. Sin embargo, sólo ahora iniciamos el proceso de integrar las juntas ejecutivas distritales, que ejercerán sus funciones en dichas demarcaciones territoriales. Un proceso que bien podría calificarse de complejo, por diversas razones. Primero, porque se refiere a quienes dirigen los trabajos en los distritos, pero aún no contempla la parte relativa a los demás integrantes de las juntas distritales.

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En segundo lugar, por sus implicaciones humanas, y finalmente debido a las distintas fuentes motivadoras de dichos cambios. Si bien las vocalías ejecutivas en los distritos son una pieza primordial de la estructura institucional, son sólo una parte de ello. Aún nos resta por definir, en su caso, las modificaciones de cargos distintos a Vocal Ejecutivo, tanto por posibles readscripciones, como por la designación de ganadores del concurso para este tipo de funciones. Desde luego, las decisiones que aún resta por tomar no recaen, en primera instancia, en este órgano máximo de dirección. Sin embargo, sí nos compete vigilar la oportuna integración y el adecuado funcionamiento de las estructuras del Instituto. Por lo anterior, el Acuerdo que ahora se adopte no es sino la primera estación de un camino cuya complejidad, estoy segura, lograremos resolver favorablemente para la institución y para el país. En efecto, el Acuerdo que en breve se someterá a votación, se refiere no a porciones territoriales donde los partidos políticos y sus candidatos se disputan legítimamente el sufragio de los electores, sino se refiere a las historias personales institucionales de los funcionarios que, junto con sus equipos de trabajo, dirigirán los procesos electorales federales en nuestro país. Estoy segura que, a pesar de las diferencias entre cada particular historia, todas ellas comparten un núcleo esencial, el cual las dota de un valor fundamental para nuestras labores electorales. Cada nuevo funcionario está consciente que más allá de los intereses particulares, tiene un interés superior que los compele a conducir correctamente la elección federal, y con ello coadyuvan al fortalecimiento del carácter democrático de nuestro país. Así está ordenado en el artículo 171 del Código Electoral: Todo el personal del Instituto Federal Electoral hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a la institución, por encima de cualquier interés particular. Adicionalmente, remarcaría que los cimientos de estas modificaciones se encuentran en un Servicio Profesional Electoral establecido constitucionalmente, para dar garantía de objetividad y profesionalismo en la aplicación de las normas electorales y con ello dotar de estabilidad a los mecanismos de entradas al sistema político electoral del país. Un Servicio de Carrera para la administración electoral, que aún con sus áreas de oportunidad, que sin duda lograremos mejorar en el mediano y largo plazo, representa uno de los pilares sobre los que se ha construido el andamiaje electoral, gracias al cual los ciudadanos mexicanos pueden confiar en los resultados de sus elecciones. Este proceso es complejo, porque los eventos generadores de las readscripciones o designaciones son de índole distinta.

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Efectivamente, por ejemplo, con relación a los cambios derivados de la distritación, pueden identificarse distintos hechos motivadores. Uno es la creación de distritos electorales en seis entidades federativas; otro es el cambio de cabeceras distritales. De este tipo se tiene un total de 18 cambios de adscripción: 13 relacionados...

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...distritales. De este tipo, se tiene un total de 18 cambios de adscripción; 13 relacionados con nuevas cabeceras y la readscripción de cinco funcionarios a nuevos distritos. Además, otro evento motivador de las readscripciones fueron las solicitudes planteadas por diversos miembros del Servicio, las cuales ascendieron a 11. También fue necesario el análisis del funcionamiento e integración de las juntas ejecutivas distritales. Con motivo de este análisis, en el cual participaron la Secretaría Ejecutiva, los consejeros electorales y las direcciones ejecutivas, se generaron 37 movimientos. En total, para 234 juntas distritales no hubo necesidad de realizar modificación alguna, sólo respecto de 66 subdelegaciones se están proponiendo readscripciones, las cuales incluyen los referidos movimientos, derivados directamente del proceso de la nueva geografía distrital. Ahora bien, es pertinente resaltar que en esta primera fase del complejo proceso de integración de juntas distritales, se cumplieron con exactitud los extremos legales y estatutarios que norman dicho proceso. Particularmente, desearía subrayar que en todo momento se buscó armonizar el perfil e idoneidad de cada funcionario para ocupar el cargo, la más eficiente integración y el funcionamiento de las juntas y, desde luego, la operación del Servicio. Además, procesos organizacionales como este también encuentran su fundamento en la natural rotación de personal que permite a instituciones como la nuestra, lograr sus objetivos de manera eficaz y eficiente, con lo cual se pretende asegurar un ambiente laboral óptimo para el trabajo en equipo, en cada unidad desconcentrada del Instituto, un trabajo colectivo que debe fundarse en trayectorias auténticas de buen desempeño individual. Esta ocasión nos sirve a todos para refrendar los verdaderos activos del Instituto; el personal que está realmente comprometido con el trabajo de esta institución, con sus valores y con sus fines. Por otro lado, quisiera remarcar que el término necesidades del Servicio es un concepto jurídicamente indeterminado. Para dotarlo de contenido, es menester analizar diversas disposiciones constitucionales, legales y estatutarias, tales como el artículo 41 constitucional, base tercera; 171 párrafo dos del propio Código Federal Electoral, y los artículos 53 y 74 del Estatuto, de cuya lectura se puede llegar a las siguientes conclusiones: El Servicio Profesional de Carrera es un servicio que se presta por personal calificado de órganos ejecutivos y directivos del Instituto. No se trata solamente de un mecanismo de provisión de funcionarios, sino que es por sí mismo un servicio del Estado mexicano, aunque especializado en materia electoral. 11


Las necesidades de dicho servicio son tomadas en cuenta para modificar el horario o la adscripción del personal del Instituto. Para determinar las adscripciones o sus cambios, se debe analizar también la idoneidad del personal de carrera, para ocupar el cargo opuesto. Ahora bien, el servicio a que se refiere nuestra Ley Fundamental tiene un objetivo específico: la organización de las elecciones federales, con lo cual el Instituto garantiza que estas sean libres, auténticas y periódicas; así lo mandata el propio artículo 41 de la Constitución. En este sentido, para la propuesta de readscripciones se ha dado prioridad a que cada funcionario, según su perfil, además de su capacidad de integración con los demás miembros de la junta que dirigirá, contribuya a hacer efectivo el mandato de prestar el servicio electoral en todo el país, asegure la organización eficiente de las elecciones federales en México y coadyuve a reforzar la administración de las juntas y sus particulares necesidades. Otro hecho generador de estos cambios, es el concurso de incorporación, el cual ha permitido que se propongan para su designación a 22 nuevos funcionarios electorales. Estoy segura que hemos logrado incorporar, como vocales ejecutivos, a las personas idóneas para la importante tarea de administrar los procesos electorales. Con las adecuaciones que permitan su mejora continua, el concurso de incorporación debe seguir siendo la vía primordial de acceso al servicio. Esta es una de mis más firmes convicciones. Por ello, así como nuestro servicio de carrera fue uno de los pioneros en la transformación de la administración pública mexicana, también ahora debe ser la avanzada en los procesos de gestión de cambio racional, pero eficiente, de los mecanismos de provisión de funcionarios electorales del país. Finalmente, aunque no menos importante, no puedo dejar de expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible llegar a esta etapa.

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Inicia parte 6

… todas las personas que han hecho posible llegar a esta etapa, a los Consejeros Electorales que siguieron puntualmente todas estas actividades, a la Secretaría Ejecutiva y a el personal que lo acompañó en esta tarea, por su desempeño responsable, y al personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, también mi reconocimiento por su profesionalismo. El esfuerzo de todos ellos me permite confirmar el propósito de tener al frente de las juntas distritales del Instituto, a los mejores hombres y a las mejores mujeres que nuestro régimen democrático demanda. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Muchas gracias, Consejero Presidente. Buenos días señoras y señores integrantes de este Consejo General. He pedido la palabra para hacer un reconocimiento a los miembros del Servicio Profesional Electoral, porque todos los aspirantes son candidatos internos, ganadores del Concurso de Incorporación en su Modalidad de Oposición para el Cargo de Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales. Ganaron con las reglas que fijó para este concurso el Consejo General el 18 de junio del año pasado. A todos ello mi más sincera felicitación. En el Modelo de Operación y Modelo General de los exámenes del Concurso de Incorporación para ocupar las plazas en el cargo de Vocal Ejecutivo en juntas locales y distritales, se fijaron los procedimientos para la selección de aspirantes, designación de ganadores y nombramiento de vocales ejecutivos, así como los mecanismos de participación, vigilancia y transparencia del proceso, por parte de los integrantes del Consejo General. Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral procedió a la aplicación de las acciones estipuladas en dichos modelos, para celebrar de manera puntual las distintas fases y etapas, cumpliendo a cabalidad con los procedimientos acordados para el concurso e informando oportunamente a los integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. Por tal motivo, extiendo también mi reconocimiento al equipo de la DESPE. Por otro lado, quiero compartir con ustedes una inquietud, que si bien surge como consecuencia de la aplicación de las reglas aprobadas para el concurso que hoy nos pone a consideración la Junta General Ejecutiva, valdría la pena considerar para futuros concursos.

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Esta experiencia amerita una reflexión por parte de todos los que estamos sentados en esta mesa, pues se percibieron algunos problemas durante la implementación del concurso, así como que sigue existiendo cierto grado de subjetividad en los concursos que lleva a cabo el Instituto Federal Electoral con el tipo de Modelo de Operación que aprobamos. El Consejo General del Instituto, ha aprobado en cinco ocasiones: en mayo de 1999, noviembre de 2000, diciembre de 2001, abril de 2002 y junio de 2004, un Modelo Especial y un Modelo General de exámenes para ocupar, mediante concurso de incorporación en modalidad de oposición, las plazas que en el cargo de Vocal Ejecutivo. Creo que con base en la experiencia de los anteriores concursos, tenemos ante nosotros una oportunidad de mejora, para que en los futuros concursos se perfeccionen los diversos mecanismos que componen sus distintas fases y se acote la subjetividad. Estoy segura que los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral estarán muy sensibles a ello. Tan solo por mencionar algunas cuestiones muy particulares que se podrían revisar al modelo para el tema de la subjetividad, serían las de analizar la pertinencia de darle a la fase de las entrevistas una ponderación menor al 30 por ciento sobre la calificación final que ahora se le otorga. Valorar la conveniencia de eliminar en automático la calificación más alta y la más baja otorgada por los entrevistadores, porque en los hechos una calificación reprobatoria, hay que decirlo, constituye un tipo de veto al aspirante. Disminuir el número de entrevistas que tiene que realizar cada aspirante, hoy en día son siete. Considerar la posibilidad de reducir el número de aspirantes por cada cargo vacante, ya que el Modelo de Operación deja abierta la opción para que se convoquen hasta ocho candidatos para cada cargo vacante, esto me parece que crea falsas expectativas a varios aspirantes, cuando en realidad no tienen mayores oportunidades de ganar con la calificación que ya traen desde el examen de conocimientos y habilidades, aún y cuando en la etapa de entrevistas obtuvieran una excelente calificación. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que las eventuales modificaciones al Modelo de Concurso no deben verse en forma aislada sino de manera integral, para garantizar que los ciudadanos que se incorporan al Servicio Profesional Electoral, reúnan los requisitos del perfil idóneo. Gracias, Consejero Presidente.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar, reconocer que se ha hecho con los representantes de los partidos políticos un trabajo de consulta, de diálogo, de información, que nos ayuda…

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...de diálogo, de información, que nos ayuda mucho en este caso. Y un reconocimiento especial a la Consejera Electoral Lourdes López, por haberse acercado a nosotros. Con base en ello hemos estado consultando a algunos compañeros nuestros, representantes de juntas distritales, a nivel estatal también y, hemos logrado recabar algunas observaciones, que tienen que ver sobre todo con las readscripciones. Queremos que estas observaciones las tengan ustedes, se las vamos a pasar por escrito, sobre todo a la Consejera Electoral Lourdes López y también a todos los demás consejeros electorales. Y queremos pasarlas por escrito, porque creemos que hay que mantener un seguimiento sobre el desempeño de algunas personas, que forman parte de este Acuerdo. Las observaciones que tenemos van en el sentido que ha señalado la Consejera Electoral, de que sean personas comprometidas con los valores y las funciones de la institución. Tenemos dudas sobre algunas de estas personas, es precisamente por eso que vamos a pasar estas observaciones por escrito. Creemos que hay que, por lo tanto, darle un seguimiento a su desempeño. Tenemos, en ese sentido, casos en donde, por ejemplo, se considera que tienen un desempeño institucional, que tienen fallas en su trabajo o que incluso pueden haber sido materia o pueden haber caído en faltas de probidad. Tenemos, hasta ahora, recogidos nueve casos: uno en Coahuila, uno en Durango, dos en el Estado de México, uno en Hidalgo, cuatro en el Distrito Federal y dos casos graves. No quisiera personalizar, porque estas cosas son delicadas y hay que tener la suficiente información, hay que tener las denuncias bien confirmadas, pero sí tenemos dos casos graves: uno en Durango y otro en el Distrito Federal, que para no convertir esta sesión en una cuestión que pudiera parecer de denuncia, sino más bien una intervención que busca provocar la preocupación e, insisto, de tal manera que le podamos dar seguimiento a estos casos, pues no lo voy a personalizar. Se los voy a pasar por escrito. Pero sí queremos insistir en que los representantes del PRD van a estar atentos al desempeño de estas personas; que vamos a invitar a los consejeros electorales y en particular a los directamente involucrados, responsables de la Comisión respectiva, a 16


que nos ayuden a darle también seguimiento a estas personas y que de esta manera podamos vigilar su desempeño y ver si realmente cumplen con el encargo que se les ha encomendado. No son muchos casos, son nueve de sesenta y tantos, no recuerdo ahora la cifra exacta, y de esos nueve, dos en particular graves, que creemos que sí son dos personas que no han tenido, por los informes que tenemos, un desempeño probo y, por lo tanto, un desempeño que ameritaría ser readscritos. Más bien quizá estas personas no deberían formar parte del sistema o de las juntas distritales del Instituto. Termino diciendo que, como también la Consejera lo reconoció, varias de esta readscripciones no tienen que ver sólo con la apertura de nuevos distritos en algunos estados o con solicitudes de cambio, sino también con el funcionamiento de las juntas ejecutivas distritales. Y, bueno, este es el reconocimiento de que ha habido algunos problemas, de que ha habido algunos conflictos, algunas fallas, algún reconocimiento de que ha habido quizá una falta de funcionamiento adecuado. Por eso creemos que debemos contribuir todos a superar estos problemas y a que en el 100 por ciento de los casos tengamos juntas y vocales ejecutivos que realmente cumplan con su trabajo. Entonces, insisto, es una intención de dar seguimiento, de evaluar constantemente, de mantener en observación y por eso nos vamos a permitir pasarles por escrito estas observaciones. Gracias. El C. Presidente: Yo quiero señalar que la información que ofrece el representante del PRD es información bien recibida, información que enriquece nuestro proceso de evaluación constante, que ciertamente se basa en modalidades formales. Pero creo que esta información alimenta nuestro espíritu de...

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...formales, pero creo que esta información alimenta nuestro espíritu de estar constantemente vigilando y me parece que es muy bien recibida. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Pues en el mismo sentido de la intervención del Consejero Presidente, yo quisiera agradecer el cuidado y el estudio con el que el Partido de la Revolución Democrática, a través de sus representantes, hizo de este proceso de selección. Quisiera comentar que a partir de la información que se nos proporciona y que los partidos proporcionen al respecto, será importante continuar este proceso. Hoy lo que estamos haciendo es ubicar a nuestros hombres en las posiciones en donde van a actuar en la elección de 2006. Pero esto no termina aquí, y en efecto, hay un proceso de evaluación; qué bueno que haya un proceso de seguimiento, qué bueno que estemos atentos al desempeño de estos funcionarios. Yo me quedo, por lo pronto, con la certeza de que cada una de estas personas que va a estar en la elección de 2006 en cada uno de los distritos, ya tiene la experiencia de haber trabajado en el IFE en un proceso electoral, todos ellos; incluso los que se incorporan como vocales distritales ahora; todos ya tienen la experiencia de haber trabajado como parte de esta institución en alguna elección, y creo que este tipo de cambios va a permitir, por un lado, oxigenar y limar algunas de las asperezas que sí se pueden haber generado en algunos lugares, pero no, para nada, dejar a un lado el seguimiento y el cuidado que debemos tener en el desempeño de estos funcionarios. En efecto, qué bueno que se menciona que estos 66 casos fueron fruto de todo un proceso de selección y de reflexión en parte del Instituto; a mí, como miembro de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, me puedo congratular que se hizo un trabajo cuidadoso al respecto y también qué bueno que haya alguien que pueda detectar casos graves, porque con eso justamente estaremos más atentos a nuestro desempeño en los próximos meses. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Las readscripciones y designaciones de vocales ejecutivos distritales que se someterán a su votación en unos minutos, representa el cierre de una ardua labor que el IFE y al mismo tiempo del IFE, significan un paso muy importante para preparar la organización de las elecciones de 2006. Las 66 readscripciones, como la designación de los ganadores del Concurso de Incorporación, nos han dado muestra de una conducción institucional de la Comisión del Servicio Profesional, en particular de la Consejera Electoral Lourdes López.

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Quiero expresar también mi reconocimiento a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, a María del Carmen Alanis, a su equipo de trabajo, así como a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, por un trabajo arduo, complicado administrativamente y cuya implementación requerirá seguramente muchas semanas todavía de trabajo. Quiero felicitar a todos ellos y mi mayor reconocimiento. Con este Acuerdo se completa la estructura de funcionarios electorales directivos que habrán de ser parte fundamental para organizar los próximos comicios federales. Me complace que los partidos políticos aquí reunidos hayan dado, de manera implícita y de manera explícita, su aprobación, porque los vocales distritales que hoy estamos designando, en adición a los vocales ejecutivos locales que designamos hace algunas semanas, serán los funcionarios que con su experiencia nos ayudarán a organizar las elecciones de 2006. Por todo lo anterior, simplemente quiero dejar claro que ésta, es nuevamente una decisión más, fundamental, de cara a la elección presidencial de 2006, y me parece que en esa justa dimensión tenemos que ver con mucho agrado y mucha tranquilidad, que el IFE está dando pasos continuos, pasos planeados y pasos legales, para generar la confianza que la elección presidencial requerirá el próximo año. Tiene la palabra la Consejera Electoral Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias, Consejero Presidente. Sólo antes de que se someta a votación, solicitaría algunas correcciones al documento del Proyecto de Acuerdo. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva si tiene a bien recogerlos. En la página nueve del proyecto citado, en el renglón 13 dice: “el cargo de Vocal Ejecutivo en juntas ejecutivas locales y distritales por el que se establece”. Lo que debe decir es: “el cargo de Vocal Ejecutivo en juntas ejecutivas locales y distritales, así como por el que se establece”. La siguiente corrección sería en la página 12, cuando se refiere a la adscripción del Vocal Ejecutivo en el estado de Guanajuato, para el distrito 02, el nombre correcto de la cabecera es...

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… el nombre correcto de la cabecera es San Miguel de Allende, Guanajuato. Y la tercera corrección sería en la página 18 que corresponde al estado de Sinaloa, la propuesta de cambio de adscripción número 49, pues la corrección en el apellido Velázquez que es con zeta. Es todo, muchas gracias. El C. Presidente: Muy bien. Con las observaciones realizadas por la Consejera Electoral Lourdes López, le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si con las observaciones y modificaciones que señaló la Consejera Electoral Lourdes López, se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la readscripción de Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales y se designan como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales a quienes han resultado ganadores del Concurso de Incorporación en modalidad de oposición. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión al Consejo General del Instituto Federal Electoral relativo a las solicitudes recibidas para el registro como agrupación política nacional. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias, buenos días. El objeto del presente Informe es dar cuenta a los miembros del Consejo General de aquellas solicitudes de registro como APN’s que en términos del Reglamento vigente fueron presentadas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Asimismo, en términos de lo señalado por el artículo 35, párrafo 3, del COFIPE, y lo preceptuado por el punto resolutivo cuarto del Instructivo para el Registro de Nuevas APN’s, con la presentación del presente Informe, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión se constituye como Comisión examinadora de la 20


documentación que presentaron tales organizaciones, para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley. A partir de este Informe comenzará a correr el término de 60 días en el cual la Comisión de Prerrogativas, que me honro en presidir, dictaminará sobre la viabilidad o no de dicho registro. En tal virtud, al 31 de enero de 2005 se presentaron 71 nuevas solicitudes para obtener su registro, de las cuales tres, en una revisión conjunta con los interesados, se comprobó que no cumplían con la documentación mínima para participar en el proceso de validación, dando un total de 68 APN’s que serán sujetas del proceso de verificación, determinado por el Reglamento en vigor y por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. El proceso de verificación consistirá en la revisión de validez de las afiliaciones y plazas, mediante las acciones siguientes: Verificar la omisión de la doble afiliación para efectos de este trámite únicamente; verificar la validez de la afiliación mediante los métodos que para tales efectos determine la Comisión de Prerrogativas; la verificación domiciliaria de las plazas en las que deben contar con representación en la República. Si tomamos en cuenta que cada APN debe contar como mínimo con cinco mil militantes y debe tener representación en siete plazas en la República Mexicana, estimamos que con las afiliaciones presentadas, la Comisión de Prerrogativas habrá de revisar más de 500 mil afiliaciones y 483 domicilios como mínimo. Trabajo que se realizará en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga la atribución exclusiva a las APN’s para convertirse en partido político, por ello, es responsabilidad de este Instituto Federal Electoral verificar que las organizaciones que participen en el proceso de obtención de registro, sean organizaciones vivas, representadas, con pluralidad de ideas que contribuyan una primera instancia al desarrollo de las actividades de educación cívica, y posteriormente, accedan a convertirse en partidos políticos. Con el fin de fomentar y fortalecer el desarrollo de este tipo de instituciones en su camino a ser partidos políticos, este Consejo General ha promovido de entre otras, la creación de reglas que permiten esquemas de financiamiento que reconocen la calidad de los trabajos presentados por las APN’s y promueven su competencia. Ha promovido también la creación de vías alternas de colaboración en los programas de educación cívica del Instituto Federal Electoral, y ha promovido los parámetros de democracia interna que deberán contener sus estatutos, con el único fin de promover equilibrios que aseguren su pluralidad y generen equilibrios en la toma de decisiones, pero respetando en todo momento su vida interna. Muchas gracias.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día…

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... La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión al Consejo General del Instituto Federal Electoral relativo a las solicitudes recibidas de registro como Partido Político Nacional. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. El objeto del presente Informe es dar cuenta a los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de aquellas solicitudes de registro como Partido Político Nacional que fueron presentadas por algunas APN’s a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al 31 de enero de 2005. Asimismo, en términos de lo señalado por el artículo 30 y 31, del COFIPE y lo preceptuado por el punto resolutivo cuarto del instructivo para el registro de nuevos partidos, con la presentación del presente Informe ante es Consejo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y Radiodifusión, se constituye como Comisión Examinadora de la documentación que presentaron tales organizaciones, para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley. A partir de la presentación de este Informe comenzará a correr el término de 120 días, en el cual la Comisión de Prerrogativas, que me honro en presidir, dictaminará sobre la viabilidad o no de dicho registro. El Consejo General, en las sesiones del 19 de diciembre de 2003 y 9 de marzo de 2004, aprobó el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Partido Político Nacional. Este Instructivo ofrece nuevos mecanismos que brindaron durante el proceso elementos más certeros y seguros para la constitución de un nuevo partido político, reduciendo al mínimo el uso de prácticas contrarias a la norma electoral vigente, tales como la entrega de despensas, acarreos y otras que en su momento fueron del dominio público. Es importante destacar los atributos del nuevo Instructivo en cuestión: La realización de las asambleas fue validada por funcionarios autorizados por el Instituto Federal Electoral en todo momento. Anteriormente un Notario Público validaba las mismas.

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El conteo y captura de las credenciales para votar de los afiliados se realizó vía electrónica. Anteriormente la APN las presentaba a mano. La verificación del cómputo del quórum para desechar o no una asamblea, se notificó a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes. Anteriormente se notificaba al momento de otorgar el registro como partido, sin que el solicitante tuviera certeza alguna al respecto. Toda duda en la interpretación del Reglamento fue resuelta a solicitud de las APN’s dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación. Con anterioridad las interpretaciones sobre la aplicación del Reglamento se emitían al momento de otorgar la constancia de registro como partido político. Se ha establecido en el Instructivo los principios mínimos de democracia que deberán contener los estatutos de los nuevos partidos. Como ustedes saben, anteriormente no existían principios al respecto. De lo anterior, les informo que de 17 agrupaciones políticas que manifestaron su interés en obtener el registro como Partido Político Nacional, sólo se recibieron 16 notificaciones de intención y de éstas sólo dos presentaron solicitudes de registro como Partido Político Nacional, las cuales son las siguientes: Conciencia Política solicitando su registro como Nueva Alianza; Sentimientos de la Nación e Iniciativa 21, la que pretende su registro como Alternativa Social Demócrata y Campesina. La documentación presentada por las agrupaciones mencionadas será objeto de análisis y validación por parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dentro de los siguientes 120 días. Este análisis consistirá en la revisión de cada una de las asambleas realizadas. La validación de las más de 160 mil manifestaciones de afiliación presentadas por dichas organizaciones en lo individual y la revisión puntual de sus estatutos y demás documentos básicos y constitutivos. Quisiera expresar ahora en números el trabajo que representó para el IFE esta primera etapa de certificación de asambleas. El IFE participó en la realización de más 965 asambleas estatales o distritales. Participaron en dicha certificación más de 12 mil empleados del IFE, destacando que en su mayoría estas asambleas fueron realizadas los fines de semana. Al 31 de enero de 2005 el Registro Federal de Electores verificó la totalidad de los afiliados que participaron en las asambleas.

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Junto con la FEPADE organizamos trípticos para contener el uso de prácticas prohibidas en las asambleas y promovidos la realización de dos cursos para dar claridad a las disposiciones legales aplicables. La Junta General Ejecutiva determinó la pérdida de registro de la APN CADI, por violaciones graves en el proceso de constitución como partido político. Esta fue la primera vez que una APN pierde el registro como consecuencia de una investigación realizada por la Junta General Ejecutiva. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos resolvió en tiempo y forma 17 consultas relativas a la interpretación del Reglamento. Durante este proceso el IFE invirtió parte de su credibilidad en el proceso de formación de estas organizaciones como partidos políticos,...

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...como partidos políticos, a certificar y estar presente en cada una de las asambleas realizadas por las organizaciones que hoy pretenden constituirse en partido político. De ahí nuestra obligación de vigilar la credibilidad en este proceso, honrando de esta forma el estricto apego al marco legal y dando cumplimiento, de forma transparente y de frente a la sociedad, con esta obligación que nos confiere el COFIPE. Pueden tener la seguridad que si el día de mañana este Consejo General aprueba la solicitud de constitución de un nuevo partido, será porque dicha organización cuenta con una representatividad acreditada ante este Instituto, porque es una organización viva en su interior, que cuenta con elementos de control y de equilibrio a su militancia y, ante todo, porque ha cumplido cabalmente con los requisitos legales establecidos en las leyes correspondientes. Quiero, por último, compartir las acciones que el Instituto Federal Electoral ha realizado desde noviembre del 2003, para fortalecer el régimen de partidos políticos y esas acciones se pueden sintetizar en la expedición de los ordenamientos legales siguientes: La emisión de un nuevo Reglamento para la constitución de nuevos partidos políticos, con las características que expuse al inicio de mi intervención. La emisión de un nuevo Reglamento para el financiamiento de APN’s, mismos que promueven una equitativa distribución de los recursos, así como la competencia entre la calidad de los trabajos realizados por éstas, y establece la posibilidad a estas organizaciones de coadyuvar en las actividades de educación cívica que realiza el Instituto Federal Electoral. La emisión de un nuevo Reglamento para la constitución de nuevas APN’s. Y, por último, informo que durante el mes siguiente la Comisión de Fiscalización, que preside el Consejero Electoral Andrés Albo, presentará un Reglamento de Disolución y Liquidación de aquellos partidos políticos que pierdan el registro. Este instrumento permitirá conservar y dar cuenta puntual sobre los bienes de los partidos políticos una vez que pierdan su registro, evitando así que dicho patrimonio desaparezca antes de pagar sus deudas a cargo del Instituto Federal Electoral y otras autoridades. Las disposiciones reglamentarias anteriores que han sido aprobadas por este Consejo General, nos han permitido suplir lagunas que presentaba nuestra legislación electoral en ciertas materias; no obstante, es necesario destacar que si bien nuestra facultad reglamentaria no nos otorga suficientes atribuciones para suplir la totalidad de lagunas que exige nuestra realidad electoral, este Consejo General sí tiene elementos

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suficientes para avanzar y mejorar, de forma sustancial, en la construcción de esta nueva etapa de nuestra democracia. Prueba de ello, son los ejemplos expuestos. Este es el compromiso de este Consejo General y así lo seguiremos haciendo en dichos temas de interés general, para los aquí representados en los meses venideros. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Yo quiero hacer una reflexión, porque me parece que el Informe que nos presenta el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, el Informe lo presenta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es una reflexión muy importante para el régimen de partidos políticos y para su transparencia. Me gustaría reflexionar sobre esto porque en los próximos 120 días el Consejo General del IFE tendrá que votar sobre la posibilidad de que dos agrupaciones políticas nacionales se constituyan en nuevos partidos políticos y, con ello, la conformación, la configuración y el número del sistema de partidos políticos en México, sufrirá una alteración. Y me parece muy importante reflexionar sobre eso, porque en los últimos años ha habido un debate intenso en la opinión pública sobre los requisitos, la representatividad y la transparencia que los partidos políticos deben observar, como entidades de interés público y como entidades que reciben financiamiento público. Y por eso algunas de las cosas que señaló el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez me parecen de la mayor importancia resaltarlas, para poder generar confianza y certeza sobre un procedimiento. En los últimos años se ha dicho que es muy importante que haya representatividad de los nuevos partidos políticos. Con ese propósito, el Senado de la República modificó la ley electoral, duplicó los requisitos y es la primera vez que el registro de nuevos partidos se hace, como ustedes saben, duplicación de requisitos que requieren ahora 200 asambleas distritales, con 300 asistentes, o 20 asambleas estatales con 3 mil asistentes, además de que el número de afiliados pasó del 0.13 por ciento al 0.26 por ciento del padrón electoral, lo cual requiere que hoy un nuevo partido político demuestre aproximadamente 170 mil afiliados. Quiero decir que es muy importante señalar que es la primera vez que el Instituto Federal Electoral emite un instructivo para registrar a nuevos partidos políticos. Es la primera vez que el Instituto asiste a las 965 asambleas que se realizaron entre todas las APN’s y se nos acaba de informar que buscaron ser partido político. Eso requirió, y quiero decirlo, que más de 12 mil empleados del IFE se involucraran, y es la primera vez que nosotros certificamos...

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Inicia parte 12

...se involucraran y es la primera vez que nosotros certificamos cada asamblea y el asistente a cada asamblea. Como ustedes saben, en el pasado en ocasiones el IFE asistía a esas asambleas, pero solamente por invitación de la agrupación de ciudadanos que lo requería. Es la primera vez que el IFE asiste a todas, verifica cada una de las personas que están, personal del Registro Federal de Electores observa, hace la compulsa y verifica que cada ciudadano contenga sus datos en el Registro Federal de Electores. Me parece muy importante, en este sentido, hacer un reconocimiento a todos nuestros vocales distritales y locales que hicieron una labor magnífica, un esfuerzo extraordinario, porque en el mes de diciembre, en el período vacacional, seguían certificando estas asambleas. Por lo tanto, quiero decirles que al margen de las agrupaciones que puedan o no obtener su registro, me parece que el IFE está contribuyendo con plena legalidad y transparencia para que aquellas agrupaciones que eventualmente pudieran obtener el registro, tengamos plena confianza que cumplieron los requisitos legales que establece el COFIPE. Además, en las próximas semanas, en los próximos 120 días, como informó el Consejero Electoral Marco Gómez, haremos verificaciones adicionales para que todos los afiliados que se nos reportaron, estén contenidos en la base de datos, revisemos duplicados y por lo tanto, sepamos con total confianza al final, si se cumplió el requisito del 0.26 por ciento, equivalente aproximadamente a 170 mil afiliados. Me parece que esto genera confianza, me parece que esto genera certeza, la información está a su disposición y en los próximos 120 días el IFE hará una revisión muy puntual de esto, para que podamos estar en condiciones en el mes de julio, a más tardar, de poder decidir sobre el posible registro de nuevos partidos políticos en México. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten las Bases para la Evaluación de la Calidad de las Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política para el Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Nacionales durante el año 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. 28


El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Bueno, estuvimos analizando el Proyecto y sí queremos hacer algunas observaciones generales. En principio nos parece que el proyecto establece requisitos quizá demasiado estrictos, para que las agrupaciones políticas puedan acreditar no sólo la calidad de sus actividades referentes a las actividades editoriales de educación, capacitación política e investigación, sino también requisitos muy estrictos para la simple realización de las mismas. Estos requisitos en nuestra opinión son contrarios a la naturaleza de las agrupaciones políticas, que son en su mayoría organizaciones que no cuentan con la estructura y los recursos económicos necesarios para cumplir con las exigencias que plantea el Proyecto. Lo anterior es de suma importancia, toda vez que las actividades que tendrán que desarrollar estas agrupaciones, serán erogando sus propios recursos, para que les sean rembolsados al año siguiente. Esto puede llevar inmerso el riesgo de que las agrupaciones que obtengan los mejores niveles en cuanto a la calidad de sus actividades, sean principalmente aquellas que precisamente cuentan con mayores recursos, es decir, se premie a las agrupaciones que ya tienen más dinero y no necesariamente a las que puedan desempeñar mejor su trabajo político. Por eso proponemos que los requisitos y procedimientos que contiene este Proyecto en caso de ser aprobado, sean permanentemente evaluados por la Comisión de Prerrogativas, y se nos informe al Consejo General para que puedan ser revisadas de nueva cuenta al final de este año. Pongo como ejemplo a estos requisitos que nos parecen excesivos o demasiado estrictos, los que están sobre todo en la base seis y, por lo tanto, en el inciso 6.3, que por ejemplo se refieren a las actividades que se realicen en el rubro de educación y capacitación política, en donde se pide a las agrupaciones 10 requisitos que nos parecen demasiado estrictos y demasiado amplios, que tienen que ver con videograbaciones, fotografías, impresiones, material didáctico, cartas de aceptación, etcétera. Y lo mismo podría decirse del 6.4 que se refieren a los requisitos para las investigaciones socioeconómicas y políticas…

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Inicia 13ª. Parte

... socioeconómicas y políticas. Y en esto observamos un debate que ya hemos establecido con algunos consejeros y aquí en el pleno, que tiene que ver con la filosofía o el ánimo de los reglamentos, en donde a veces priva un afán más burocrático y más de fiscalización formal que de reconocimiento de la buena fe de los partidos, y en este caso de las agrupaciones, que permitan realizar su trabajo con mayor facilidad, y por lo tanto, con mayor libertad, y de esta manera desarrollar precisamente los objetivos que estas agrupaciones y los partidos, en su caso, deben hacer. También nos llama la atención que en la Base Cuatro, que está en la página siete, se acoten los temas que pueden abordar las agrupaciones políticas. En nuestra opinión, debe darse mayor libertad a estas agrupaciones para que desarrollen las temáticas que consideren convenientes. Por ejemplo, en el caso de educación y capacitación política, se dice que estas actividades deberán abordar el tema de Actualidad de Perspectiva de la Educación Cívica, cuando en materia de capacitación política puede haber otros temas que pudieran ser de interés de estas agrupaciones. En el caso de investigación, El Papel de las Agrupaciones Políticas Nacionales; en el caso de tareas editoriales, necesariamente el tema será Condiciones de Transparencia y Acceso a la Información, cuando podría haber otros temas editoriales de investigación o de educación que las propias agrupaciones pudieran desempeñar. Entonces, no vemos la razón de tal acotamiento para ser evaluadas. Pero esto finalmente no creo que sea lo más importante, aunque sí quizá mereciera una explicación. Lo que sí vemos es que hay una tendencia a reforzar, a ajustar, de manera muy estricta los requisitos, con la advertencia que está en el propio proyecto, de que en caso de que no se cumpla con algunos de estos criterios, no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de financiamiento público. Es decir, se pueden cumplir nueve de los 10, pero si falló porque no se sacó una foto, pues ya no se tiene derecho al financiamiento. Es decir, entendemos y compartimos, lo hemos dicho muchas veces, que la fiscalización de los recursos públicos debe ser muy transparente, que los partidos y las agrupaciones políticas debemos dar cuenta y rendir cuentas a este Consejo, y por lo tanto, a la sociedad, del dinero que empleamos. Y por lo tanto, no se trata de avanzar en un sentido contrario a esto que acabo de expresar; creo que todos estamos en la misma idea. Pero sí se trata de no confundir esta voluntad, este deseo y este requerimiento de la sociedad, por supuesto, y de esta obligación de los partidos y de las agrupaciones, no confundir esto con criterios burocráticos demasiado estrictos, que en lugar de facilitar nuestras funciones o las

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actividades que desempeñamos, pues simplemente las hagan de más difícil comprobación, y por lo tanto, de más difícil realización. Entonces, este es el sentido de mi intervención: Señalar estos problemas y estas tendencias, este espíritu que a veces anima la realización o digamos, la propuesta de reglamentos. Ya estamos también viendo con el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, el asunto del Reglamento para los partidos políticos en materia de actividades específicas. Le agradecemos mucho su disposición y su voluntad de diálogo; nos estamos reuniendo y nos vamos a seguir reuniendo para avanzar en este tema, y qué bueno que lo estamos haciendo. Pero sí señalar que además de reconocer esta voluntad, sí nos gustaría que en las propuestas y en el caso que estamos discutiendo hoy de este Reglamento o de estas bases, pues sí pudiera avanzarse, en un espíritu de más flexibilidad y menos requisitos, que consideramos que son demasiado abrumadores, quizá, para una agrupación política, como en este caso, y que, insisto, pueden en lugar de ayudar a mejorar el desempeño y la evaluación, pues simplemente a obstaculizar que estas labores se realicen. Este es el sentido de la propuesta y yo entiendo, pues, que...

Sigue 14ª. Parte

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INICIA TURNO 14

Este es el sentido de la propuesta y yo entiendo que este es un proceso. Por eso proponemos que además de que se escuchen estos puntos de vista, también que se evalúen y que quizá a finales de año o en un periodo de tiempo que aquí se pueda señalar se revisen estos criterios insisto, para ver cómo han funcionado y si de veras facilitan y mejoran la transparencia o simplemente abruman a las agrupaciones en los requisitos que tienen que cumplir. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Para dar contestación a las preguntas o consideraciones mencionadas. El C. Presidente: Perdón, tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade para la primera ronda. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muchas gracias. Creo que las reflexiones del representante Saúl Escobar son reflexiones que compartimos y son reflexiones que también hemos hecho nosotros desde el diseño original de este esquema de calidad hasta la concreción de estos elementos en el Proyecto que se está presentando a la consideración. ¿Cuáles son las dos reflexiones que nos hicimos en el propio seno de la Comisión y que nos seguimos haciendo? Una de ellas sí es la relativa a la hipótesis que aquí planteó Saúl Escobar en el sentido de que probablemente sólo podrán cumplir los requisitos aquellas agrupaciones políticas nacionales que ya cuenten con recursos. Nosotros también hicimos esa reflexión, creemos que estamos en la etapa de hipótesis. Nosotros sentimos, por el desempeño que han tenido algunas agrupaciones políticas nacionales, que esta ecuación no necesariamente es cierta, aunque es una hipótesis que creo que debe estar a prueba, precisamente, en la instrumentación de esta parte de los criterios de calidad que hay que recordar que son, también previa comprobación de gasto por un lado; y, por otra parte, que se aplican sólo al 40% del monto total derivado de que tenemos una primera franja mayoritariamente igualitaria del 60. Entonces, es una hipótesis que me parece que cabe, no necesariamente la compartimos en su integridad, pero sentimos que por cuestiones de lógica tiene validez y en ese sentido me parece que va a estar precisamente a prueba este año. El segundo, cuáles eran los grados de libertad que debíamos darle a las agrupaciones políticas nacionales en cada uno de los temas tomando en cuenta algunos fenómenos. Existen algunas agrupaciones políticas nacionales que evidencian y acreditan esfuerzos; evidencian y acreditan creatividades, pero también se dan algunos fenómenos sobre todo en el mundo contemporáneo de sociedad abierta en la 32


información, a través de la vía electrónica, en la que se dan mucho situaciones donde se puede prestar la actividad a simulación. Entonces, en ese sentido lo que nosotros quisimos fue buscar elementos para fomentar creatividad y uno de los instrumentos para poder llegar a ello es establecer algunos elementos de acotación en las temáticas. También es una reflexión que hicimos y, repito, las compartimos por supuesto en su punto de partida pero teníamos que llegar a alguna definición. El producto de nuestra definición es el proyecto que aquí se presenta. Me parece que evidentemente por ser inédito es un proyecto que está a prueba; sin embargo, como Instituto Federal Electoral sentimos que son los hechos los que nos van a ir probando si pudimos cumplir con nuestros propósitos iniciales y nos parece que desde el punto de vista formal es correcto mantener en sus términos este proyecto y no generar ningún condicionamiento formal, sino simplemente apelar al criterio que tenemos todos nosotros, ver los resultados que van a ser, por supuesto, del conocimiento de todos ustedes porque se va a tener que aprobar después de, precisamente, se tiene que conocer por parte de ustedes el Comité Técnico de cada uno o el Comité de Evaluación de cada uno de los rubros, por parte de todos nosotros, quienes estamos en la mesa, también se va a conocer quiénes son acreditables de este reembolso y en ese sentido podremos evaluar los resultados. Entonces, me parece que como está en los términos no tenemos ninguna situación que nos haga o que nos orille a condicionar, precisamente porque tenemos un carácter inédito...

(Sigue 15º turno)

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Inicia 15ª. Parte

…o que nos orille a condicionar, precisamente porque tenemos un carácter inédito, y llevado de ese carácter inédito, tendremos los criterios para seguir haciendo reflexiones en torno a este tema. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Quisiera simplemente hacer unas precisiones a lo ya expuesto por el Consejero Electoral Virgilio Andrade. Primero que nada, al tener las APN’s la exclusiva para convertirse en partidos, nosotros nos presentamos en la discusión de cómo fortalecerlas. La conclusión fue que la única forma de fortalecerlas es en el vínculo que nos une con ella por ley, que son las materias de educación cívica. Como en su momento lo dijo el Consejero Electoral Virgilio Andrade, la experiencia nos ha enfrentado a que la lógica anterior de financiamiento de las APN’s privilegiaba el número de obras realizadas y no la calidad específica de las mismas; de ahí nos motivó a cambiar el Reglamento, que ustedes ya conocen, de financiamiento, para elevar la parte igualitaria que se otorga a las APN’s a un 60 por ciento, y mandar el 40 por ciento a lo que sería un concurso donde no se privilegie el número de obras, sino la calidad de las mismas. Para evitar subjetividades, la calidad va a ser valorada por un comité especial y la acreditación, efectivamente, son los puntos que están en las bases que se presentan el día de hoy, que básicamente es una depuración de aquellos requisitos que ya estaban, y evidentemente sí son más rígidos y son más rígidos porque tenemos una responsabilidad de velar, de forma estricta, por lo que son los recursos públicos. Pero lo importante es que se respeta también la igualdad y la posibilidad, en igualdad de circunstancias, que todas las APN’s puedan participar y concursar, siendo la calidad la base que determinará el porcentaje de financiamiento que se otorgue. Hay que recordar también que el esquema legal de las APN’s establece que la mayor parte de su financiamiento tendría que ser privado, no público; en consecuencia, ellas tienen la libertad de realizar cualquier tipo de actividades u obras, que en ejercicio de su objeto social desempeñen. Las únicas obras que nosotros financiaremos, son las que están sujetas a concurso, midiendo parámetros de calidad estrictos, que nos permita tener certeza que ese financiamiento que se está otorgando es un financiamiento bien usado. El último punto es que en la parte final de los artículos de estas bases, se establece también la posibilidad de que la Comisión de Prerrogativas podrá interpretar las bases y 34


el propio Reglamento, para efectos del concurso, y en su momento podría emitir las excepciones a las particularidades que se presenten a lo largo del concurso. Y por último, estas bases también tienen la peculiaridad que tienen una vigencia de un año. En un año, en esta misma mesa, volveremos a revisarlas y reconoceremos aquellas cosas que estén bien o mal, para cambiarlas e ir mejorando en este proceso. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra al Consejero del Poder Legislativo, el Senador César Jáuregui, a quien aprovecho para darle la bienvenida nuevamente a esta mesa del Consejo General. El C. Consejero Sergio César Alejandro Jáuregui: Muchas gracias, Consejero Presidente. De igual manera, me siento muy congratulado de formar parte de este Consejo General y participar en esta discusión que me parece que en lo que hace a la posición del representante del PRD, le asiste la razón en no pocos de los temas que él trató, sobre todo en lo que tiene que ver, y yo destacaría, en los contenidos de los temas que tienen que abordar las agrupaciones políticas nacionales, porque si bien el noble propósito que se tiene de fortalecer a las APN’s a través de reglamentación y los vínculos que deben tener con el Instituto Federal Electoral, deben tener cabida a través del manejo de los recursos y las evaluaciones correspondientes, en el caso de establecer temas concretos, el darle a la democracia un sentido monotemático, pues es verdaderamente discrepante de lo que es la realidad, de la creación de las agrupaciones políticas nacionales. El sentido práctico, creativo, de interés que tienen todas ellas al abordar cada uno de los temas, hoy se limita, y creo que inclusive hablando de criterios subjetivos, que son los que se tienen que llevar a cabo a la hora de establecer los umbrales en la calidad, pues siempre estos criterios subjetivos deben que tener el referente constitucional, que no es otro más que la libertad de expresión. Y en ese sentido, a mí me parece que limitar a las agrupaciones políticas a abordar el tema de Actualidad y Perspectivas de la Educación Cívica en México; a abordar el tema del Papel de las Agrupaciones en la Contribución al Desarrollo de la Vida Democrática de México; a abordar el tema de Condiciones de Transparencia y Acceso a la Información, es limitante de estas atribuciones constitucionales que tienen todos los ciudadanos y que se agrupan en asociaciones, precisamente para hacer valer en la vida pública su convicción, dentro de los distintos ámbitos de la sociedad política y no sólo de los que les pueda otorgar un Instituto. Creo que salvo este punto, si se pudiera revisar, sería muy conveniente, sobre todo por los visos...

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INICIA PARTE 16

… si se pudiera revisar, sería muy conveniente, sobre todo por los visos de inconstitucionalidad que pudiera tener y el estar imponiendo una censura previa en lo que deben de ser unas bases de evaluación, que como su nombre lo indica, siempre será posterior al inicio de los actos y no previo a que se den este tipo de actos de las agrupaciones políticas nacionales. El C. Presidente: Muchas gracias. Si no hubiese otra observación. Me parece que los comentarios expresados por el Senador Jáuregui sobre los temas, no necesariamente los interpreto yo como un acotamiento a que solamente estos son los temas. Me parece que el hecho de que el 60 por ciento se vaya dirigido en los términos vigentes y, solamente un 40 por ciento no anula la posibilidad de plena libertad, pero sí considera el Instituto Federal Electoral, los consejeros consideran que se debe caminar en la ruta de tratar de estimular el asunto de la calidad. Consideramos que también podemos abrir alguna brecha en la ruta de la cultura democrática al tratar de incentivar algunos temas, temas que por cierto siempre serán controvertidos porque no cubrirán toda la gama de temas posibles. Pero me parece que aún dentro de estos temas que se proponen en el documento, el rango de flexibilidad es importante. Tiene la palabra al Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Yo con todo respeto difiero de los argumentos del Senador en el tema de la inconstitucionalidad, que en mi opinión no la veo y no la veo porque creo que el establecer un mismo tema, hace más equitativo el proceso, ¿por qué? Es más equitativo porque en términos generales se reconoce la calidad de los diversos trabajos que se presenten de un mismo tema, el reconocer diferencias es precisamente ser equitativo, y no podemos, para efectos de medir esta calidad, tener varios temas porque mediríamos cosas totalmente desiguales. Entonces, para tener parámetros equitativos tenemos que tener un mismo tema y que todas las APN’s que quisieran participar realicen su investigación en base a sus criterios, en base a sus métodos, sobre ese mismo tema, y nosotros o el Comité Técnico evalúe en igualdad de circunstancias dichos trabajos. Lo que hace para mí este tema más equitativo. Y por otro lado, no se le limita el derecho de las APN’s de poder realizar los trabajos que ellos quieran, sí están limitados al cumplimiento de la calidad de aquellos trabajos que nosotros financiemos, pero ellos en ningún momento ni siquiera con el Reglamento anterior, tenían el derecho de recibir per se, el financiamiento público. 36


Siempre estaba sujeto a una evaluación, la única diferencia es que esta evaluación que sigue las mismas características que las anteriores, privilegia la calidad y no el número de proyectos. Pero para mí en términos generales las condiciones que hoy se ponen a su consideración, tienen la misma naturaleza que el Reglamento anterior. Muchas gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, muy brevemente y también, por supuesto, poniéndonos a la bienvenida. Senador, creo que sí es una reflexión interesante respecto de cuáles son los alcances de la libertad de expresión y cuáles son los alcances de las normas que tienen que ver con algunos elementos de expresión. Me parece que en este caso particular, se mantiene intocable el principio absoluto, porque la expresión de las agrupaciones políticas nacionales no está siendo limitada ni está siendo tampoco sancionada. Lo que está sucediendo es que como ha sucedido desde el nacimiento y la fundación de las agrupaciones políticas nacionales, la entrega de ministraciones o de cierta parte de las ministraciones, está ligada a un Reglamento en donde nosotros tenemos la facultad de realizarlo, como lo estamos haciendo de acuerdo al artículo 35, párrafo 9. Me parece que este Reglamento lo único que está estableciendo son las condiciones para poderse allegar de una parte minoritaria de la bolsa a la que tienen derecho las agrupaciones políticas nacionales. Entonces, creo que desde el punto de vista constitucional tenemos los elementos para poder sentir que estamos cumpliendo. Evidentemente, puede haber un debate respecto de los alcances, por supuesto, y en ese sentido, creo que la postura que usted nos ha ofrecido en la mesa, es una postura respecto de una visión del alcance. Simplemente quisiera yo expresar cuál es la visión que tuvimos la mayoría de quienes votamos esto en la Comisión, respecto de ese punto. Y creemos que es una situación que tiene que ver con elementos de repartición de recursos y no necesariamente…

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...que ver con elementos de repartición de recursos y no necesariamente esto constituye una limitación a la libertad de expresión de las agrupaciones políticas. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Simplemente para intentar una respuesta a la inquietud expresada tanto por el representante del PRD como por el senador y recordar que en el reglamento que aprobamos, el Reglamento de Financiamiento para las APN’s, sí hay un precepto que nos obliga justamente a acotar temáticamente. ¿Por qué? Porque nos parece que de esa manera sí se genera certeza, nos parece que de esa manera también se genera claridad respecto del Comité Técnico, que va evaluar las temáticas y, en todo caso, lo que sí me parece, atendiendo lo que habíamos aprobado en el Reglamento, lo que sí sería posible acaso revisar es si el fraseo está resultando demasiado restrictivo en cada uno de los tres campos. Es decir, si en el rubro de educación y capacitación cívica, actualidad y perspectiva de educación cívica en México, es demasiado restrictivo. Adelanto mi opinión, tengo la impresión de que son rubros en donde podrían caber muchos tipos de trabajos y que no habría demasiado problema. Pero simplemente para recordar que desde el Reglamento, creo que es el 4.1, algo, hay una obligación de acotar temáticamente. Muchas gracias. El C. Presidente: Tiene La palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias. Bueno, ya mis compañeros hicieron alguna reflexión del debate que sí tuvimos en la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión justo sobre este tema. Yo creo que buscamos varias alternativas; el tema de la flexibilidad de las temáticas estaba presente. Y bien, yo coincido con la forma como se está planteando y qué bueno que mis colegas, que son abogados, han hecho una interpretación de la legalidad de esta propuesta. Yo quería reflexionar, a raíz de esto mismo, de un problema real que es el que está atrás del financiamiento de las agrupaciones políticas. Como fuimos informados el día de hoy, hay 68 potenciales nuevas agrupaciones políticas. Y de acuerdo con la ley la bolsa para otorgar financiamiento seguirá intacta. 38


Si nada más la mitad de estas agrupaciones obtiene su registro, tendremos en lugar de las 72, el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez me corregirá, que tendremos ahora, más de 100, y la bolsa a repartir, de acuerdo con la norma es la misma. Esta es una de las motivaciones que está atrás de buscar la calidad y que quienes obtengan el financiamiento realmente lleven elementos que les permitan trabajar. Es cierto lo que dice el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, para las agrupaciones políticas parece que está diseñado un esquema de financiamiento al revés que de los partidos: Mientras que los partidos deben vivir fundamentalmente del financiamiento público, y lo dice la Constitución, y tienen la posibilidad de complementar con financiamiento privado; las agrupaciones políticas pareciera que debieran vivir del financiamiento privado y complementarse con el financiamiento público. Lo que estamos haciendo aquí es, desde la selección de los temas y el esquema, incluso, de la forma de financiar, es hacer un mejor esfuerzo para que este reparto llegue a las agrupaciones que muestran una mejor calidad, en buena lid, para tener el financiamiento. El debate sobre estas bases, eso también lo comentamos en la Comisión. Va ser importante darle seguimiento y revisión cada año, porque cada año tendremos que vivir de la experiencia que se tendrá en esta primera experiencia, y yo creo que, en efecto, podremos construir y perfeccionar estos mecanismos, conforme nos vayan mostrando tanto el comportamiento de las agrupaciones políticas, como el número incluso de las agrupaciones políticas. Y esto estará en juego seguramente en la Comisión de Prerrogativas. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muy buenas tardes a todos los presentes en esta mesa. Para hacer algunas consideraciones respecto al Proyecto de Acuerdo del Consejo respecto a las Bases para Financiamiento de las Agrupaciones Políticas Nacionales. Yo creo que se trata de un esquema inédito, el que se está proponiendo en esta ocasión y está bastante acotado también...

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INICIA TURNO 18

…el que se está proponiendo en esta ocasión y está bastante acotado también en la fecha; es decir, se está hablando de 2005 claramente, considerando y tomando en cuenta que se trata de un esquema a aprobar en términos de lo que se ha comentado en esta mesa, de una hipótesis que trabaja la misma Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, junto con la Secretaría Técnica teniendo en cuenta el contexto actual de las agrupaciones políticas nacionales. Es decir, estamos hablando de 76 agrupaciones políticas existentes, 71 que aspiran y que están solicitando su registro; es decir, estamos hablando de un universo bastante amplio de agrupaciones políticas nacionales y estamos hablando también de recursos acotados, de una bolsa, a repartir muy acotada. Yo creo que sí presenta ventajas y desventajas esto de requisitos exigentes por un lado, que yo creo que toca siempre que hay un financiamiento público de por medio y que este acotamiento en las temáticas presenta también ciertas ventajas para poder iniciar en la aplicación de este nuevo esquema. Creo que una de las ventajas es que ciertamente facilita la evaluación de la calidad de los trabajos. Por otro lado, creo que ayuda a vigilar para evitar lo que se ha llamado y se ha mencionado como la simulación a la que se presta también este tipo de actividades. Creo, por otro lado, que los temas que se proponen si bien acotan temáticas muy amplias y muy controvertidas, siguen siendo genéricos; es decir, abre la puerta a desarrollar temáticas más específicas que se pueden agrupar en esta temática muy grande. Yo creo que sería aquí como reiterar como la confianza en que desde la Comisión el trabajo que hemos hecho, en torno a este tema, queda claro que se trata de un esquema que estamos poniendo a prueba que gozará y tendrá el seguimiento y la evaluación por parte de la Comisión. Muchas gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero del Poder Legislativo, Senador César Jáuregui. El C. Consejero Sergio César Alejandro Jáuregui: Muchas gracias Consejero Presidente. He escuchado con interés todos los argumentos que han vertido los consejeros en torno a la elaboración de estas bases y me parece que de alguna manera explican las dificultades que se tienen para tratar de llevar una evaluación con calidad a la luz de los escasos recursos que se tienen y sobre todo la forma en que se van a aplicar con verdadero sentido de justicia y, es importante conocer ese detalle, pero no por ello deja de llamarme la atención el tema de los contenidos porque al hablar de temas editoriales y al hacer un análisis de que se establecen aquí con claridad las condiciones de transparencia y acceso a la información en materia político-electoral, como un deber a abordar, porque así se establece, me parece que de alguna manera tendríamos que leer también lo que dice el artículo 7 de la Constitución, que dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material. Ninguna ley 40


ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que los que ya ustedes conocen. A mí me parece que si bien esta libertad, cuando se habla de contenidos es muy discutible porque es un tema muy subjetivo del que estamos hablando, en la sola lectura por cualquier ciudadano que no conozca estos argumentos no le puede más que manifestar un tufillo de censura previo y este sentido, creo que el IFE no lo puede aportar en la vida democrática. Si realmente queremos respetar esa libertad de las agrupaciones políticas, si queremos evitar contaminar el tono de los dineros, de los contenidos de la bolsa, con lo que debe de ser los contenidos de los temas a aportar, tendríamos que separarlos o por lo menos aportar opciones, dar dos o tres temas que se pudieran abordar para que tuvieran libertad de escoger por parte de las agrupaciones políticas nacionales, pero no imponerles un sólo tema porque precisamente eso es lo que, de alguna manera, al hablar de evaluación, se considera una previa censura. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Estoy también de acuerdo un poco en el sentir del Senador, en la intervención del Senador. Entiendo que esto se trata de un concurso, entiendo también que en un concurso se plantea un tema o varios temas para que esto pueda ser evaluado de mejor manera y que todos los concursantes tengan las mismas bases y un poco el mismo rasero, se pueda aplicar el mismo rasero, los mismos parámetros para calificar ese concurso. Entiendo que en el artículo 4, al que se refería el Consejero hace un momento, del Acuerdo del 6 de marzo, en el artículo 4, inciso c), numeral 2, dice: la temática sobre la que deberá versar las actividades susceptibles de acreditar su calidad para cada rubro de actividad señalada en...

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...su calidad para cada rubro, de actividad señalada en el artículo 2. Entiendo eso, pero el ejemplo del Senador me parece claro. Cuando se habla, por ejemplo, de tareas editoriales se dice: “Condiciones de Transparencia y Acceso a la Información en materia político-electoral en México”. Cuando, podría, por ejemplo, ser una tarea editorial que se ocupara de La Legislación de las Agrupaciones Políticas; una tarea editorial que hablara del Abstencionismo; una tarea editorial que se refiriera, por ejemplo, a la Geografía Electoral en México; el Comportamiento de los Votos. En fin, hay muchos temas, y al acotarlo creo que ya no se está en el espíritu del Reglamento, que habla de temática, sino que pudiera, como dice el Senador, plantearse quizá diversos temas. Esa es la preocupación. Ahora, en el otro caso, en el asunto de la simulación de la que se habló, yo creo que hay, efectivamente, todos estamos de acuerdo en luchar contra la simulación, en impedirla, en combatirla, pero cuando se dice por ejemplo, que para esta evaluación, para este concurso, “se deberá contener al menos una fotografía de cada una de las sesiones donde aparezca tanto el público como los ponentes”, y luego se dice que si esto no se cumple no se va a dar, se va a eliminar a los concursantes si les faltó una foto donde aparezca alguno de los ponentes o alguno de los que aparecieron o de alguno de los asistentes a estas sesiones, pues ya se elimina, me parece que son quehaceres demasiado estrictos. Entonces, a eso me refiero. Yo por eso creo que ustedes votarán este proyecto. En caso de que sea aprobado, creo que hay que reconocer estos tres problemas que estoy señalando: uno, el problema de que, el que tenga más dinero podrá cumplir mejor con los requisitos; segundo, que algunos son demasiado estrictos, aun los que tienen y los que no tienen; y tercero, que la temática podría ampliarse más para dar oportunidad a que las bases del concurso sean más flexibles, y por lo tanto, haya más posibilidades que los concursantes aborden distintos temas y así puedan facilitarse las bases de participación. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, para hacer comentarios tanto a lo dicho por el Senador como por el representante del PRD, Saúl Escobar. Nuevamente, en materia de interpretación constitucional, sí parte uno de una perspectiva y de una metodología, me parece, en lo personal, que la interpretación que nos está ofreciendo el Senador, nuevamente me parece una interpretación extrema, porque aquí tenemos que circunscribir cuál es la dimensión. No estamos nosotros estableciendo censura para que las agrupaciones políticas nacionales puedan escribir lo que quieran; pueden hacerlo. No vamos a exigir fianza, no 42


vamos a coartar la libertad de imprenta, lo único que estamos haciendo es que no vamos a reembolsar un gasto que nos comprueben por actividad editorial. Y esa es una actividad secundaria, no es la actividad esencial, y las libertades individuales, y en este caso de individuos asociados, pues son libertades que tienen que ver con situaciones esenciales y situaciones de principio; por lo tanto, esa es la razón por la cual yo no comparto la interpretación que nos ofrece el Senador, y me parece que estamos actuando correctamente, desde el punto de vista constitucional, porque además tenemos la facultad para emitir el Reglamento. Y lo que nos ofrece Saúl Escobar, representante del PRD, insisto, es interesante, y yo no diría en esta mesa que son tres problemas, son tres hipótesis, y creo que las hipótesis están sujetas a comprobación, y más se trata de hipótesis cuando estamos hablando de situaciones inéditas; por lo tanto, a mí me parece, y creo que podemos todos aceptar esa responsabilidad, de someter las hipótesis que cualquiera de los integrantes de esta mesa ponga a consideración, al ejercicio y al resultado. Evidentemente, si las hipótesis son confirmadas, seguramente estaremos en esta mesa trabajando, y obviamente, concediendo y aceptando plenamente razones, pero primero necesitamos proceder a este ejercicio y tenemos una responsabilidad, en términos de decisión, y de los tres temas que mencionó Saúl, hemos dado las razones precisas por las cuales hemos tomado decisiones frente a dilemas que sí compartimos. Entonces, dejaremos las hipótesis para la comprobación en este primer ejercicio. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Nada más para hacer una precisión a lo dicho por Virgilio. Creo que las limitaciones a los temas no se ponen en un inicio por estas bases, sino se ponen inicialmente por el propio artículo 33 del COFIPE. Todos sabemos que las APN’s tienen un fin....

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Inicia parte 20

… el artículo 33 del COFIPE. Todos sabemos que las APN’s tienen un fin específico, sus actividades no pueden separarse de dicho fin y por lo mismo, las actividades a financiar tendrían que estar relacionadas con el objeto social propio de las APN’s. Esa sería una primera limitante y, yo creo que es concordante también con la interpretación del Consejero Electoral Virgilio Andrade, en el sentido de que efectivamente no hay censura, porque las APN’s siguen teniendo la libertad de poder realizar cualquier publicación o escrito que ellas consideren pertinente, simplemente aquellas que nosotros vamos a financiar y lo que está condicionado es el financiamiento, no la libertad de las APN’s, a poder escribir en términos del artículo 7 Constitucional. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Si no hubiese otra intervención, le pido a la Secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten las Bases para la Evaluación de la Calidad de las Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política para el Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Nacionales durante el año 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido proceda a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El Siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica el resolutivo primero de la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional de la asociación de ciudadanos denominada ‘Movimiento Civil Coyoacanense, A.C.’”. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. Se está circulando en este momento una propuesta de modificación que me gustaría que el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez nos expusiera.

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El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Es una corrección simplemente a la redacción para hacer una precisión en la denominación de la APN que en este momento se está circulando para su consulta y observación. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Sí, como dice el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, se trata nada más de en un considerando que se limitaba a cuatro renglones anteriormente, explicar de cómo es que se desprende el nombre de Dignidad Nacional de los propios documentos de la agrupación. Entonces, creo que se agrega al considerando un párrafo que cita textualmente a los documentos que se hacen referencia y en consecuencia, no pasa de ser una precisión que aclara el sentido de la propuesta que se está sometiendo a la consideración del Consejo General. En ese sentido, yo solamente mencionaría que estaría yo a favor tanto del Proyecto como de la propuesta que se nos hace llegar en este momento. El C. Presidente: Con la propuesta de modificación sometida a este Consejo General, le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica el resolutivo primero de la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional de la asociación de ciudadanos denominada ‘Movimiento Civil Coyoacanense, A.C.’”, con las modificaciones circuladas en la mesa por el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, en el sentido de adicionar el considerando cuarto. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia Constitucional y Legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Cruzada Democrática Nacional”. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución.

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Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Quiero exponer diversos razonamientos sobre el Proyecto de Resolución que nos presenta hoy la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión en la cual se declaran constitucional y legalmente procedentes las…

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Inicia 21ª. Parte

...en la cual se declaran constitucional y legalmente procedentes las modificaciones presentadas por la Agrupación Política “Cruzada Democrática Nacional” a sus estatutos. Durante las sesiones de la Comisión manifesté diversas observaciones que en lo fundamental reproduciré aquí, mismas que tienen que ver con la necesidad de precisar los criterios para decidir si las modificaciones estatutarias cumplen con el artículo 27, inciso e), del COFIPE, que señala que los “estatutos de partidos y agrupaciones políticas deben contar con procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos directivos”. Así como si se apegan a los criterios dictados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ03/2005, que entre otros aspectos señala que “los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son: Una asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, conformada con todos los afiliados o al menos un gran número de delegados o representantes. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad. El establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas y la competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad. La existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, mediante procedimientos que garanticen el valor de la libertad en la emisión del sufragio. La adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, y la existencia de mecanismos de control de poder”. Debo decir que, en mi opinión, el Proyecto de Resolución de la Comisión me deja dudas sobre si se están valorando, adecuando los alcances del COFIPE y los contenidos de la tesis de jurisprudencia citada, que le da al artículo 27 del mismo COFIPE, en términos de lo que debemos entender por democracia. Tampoco me asegura este Proyecto, si con ello nos estamos apegando al mandato que nos impone el propio código comicial, en el sentido de cumplir con los fines del Instituto, entre los que textualmente se nos manda, en el artículo 69, inciso a), “contribuir al desarrollo de la vida democrática”. 47


Al analizar las modificaciones estatutarias presentadas por la agrupación, encuentro lo siguiente. Algunas reformas tienden a reducir los derechos de participación y el valor del voto de los militantes en la toma de decisiones y conducción de la agrupación a favor del Presidente del Comité Directivo Nacional. De este modo, se presenta un fenómeno de concentración excesiva del poder en las manos de un dirigente de la agrupación. Lo anterior se demuestra al analizar las siguientes modificaciones que enumeraré: Uno, la facultad de la Asamblea Nacional Extraordinaria de elegir al Comité Directivo Nacional fue derogada en favor del Presidente de dicho Comité. Dos, la Asamblea Nacional Extraordinaria queda encargada sólo de elegir al Presidente del Comité Directivo de la asociación. Tres, para constituir la Asamblea Extraordinaria se minimizan los requisitos de asistencia al ocho por ciento de los asociados y de los presidentes de las delegaciones estatales y no de las dos terceras partes de dichos asociados y delegados, como al día de hoy está vigente. Es decir, se reduce al mínimo el tamaño de la Asamblea Extraordinaria y su representatividad. Cuatro, cabe observar que la Asamblea Nacional Ordinaria, órgano supremo de la agrupación, no sólo ha carecido de atribuciones expresas para cumplir con tal fin, sino que ahora también, con las reformas propuestas reduce significativamente su quórum de asistencia al cinco por ciento de los asociados y la tercera parte de los presidentes de las delegaciones; cuando con los estatutos vigentes al día de hoy se requiere la mitad, más uno de los asociados y al menos la tercera parte de los presidentes delegacionales. En resumen, con las modificaciones que propone la agrupación a sus estatutos, ahora se requieren mucho menos afiliados para elegir al Presidente del Comité Directivo Nacional y dichos asociados ya no tienen nada que ver en la elección del Comité Directivo en pleno. Quinto, por lo que toca a las atribuciones del Presidente del Comité Directivo Nacional de la agrupación, éstas se incrementan sustantivamente, implicando la siguiente concentración de poderes. Según la reforma de los artículos 36 y 40, el Presidente del Comité elige a todos los restantes miembros de dicho Comité. Al respecto se sustituyó la fracción VI del artículo 36, mediante la cual para ser miembro del Comité se requería ser propuesto en planillas por al menos 100 afiliados.

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En términos prácticos, con las reformas citadas, que recaen en el artículo 32, el Presidente del Comité Nacional elige todos los cargos directivos de la agrupación, que son los siguientes: Un vicepresidente por cada una de las circunscripciones plurinominales señaladas en el COFIPE; todos los secretarios y coordinadores de la agrupación, en total 29, incluyendo la Secretaría General; los titulares de las delegaciones estatales, mismos que también participarán en la asamblea, que a su vez elige o, en su caso, reelige al Presidente del Comité Directivo; los órganos y comisiones que se establezcan por acuerdo del Comité Directivo Nacional. Subrayo aquí...

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...que se establezcan por acuerdo del Comité Directivo Nacional. Subrayo aquí los dos últimos tipos de nombramientos: los delegados estatales y las comisiones. En el primer caso, por ser nombramientos que por definición debieran provenir de la voluntad de asambleas; ese es el sentido de la delegación, y en el segundo, de las comisiones, ya que con ello podría llegarse al extremo de que el presidente nombrara a la Comisión de Honor y Justicia y esto implicaría en términos, carencia de mecanismos efectivos de control y sanción para la propia dirigencia. Por otra parte, el Presidente del Comité Directivo Nacional puede remover sin que se especifiquen causas ni los procedimientos para ello, a todos los miembros del mismo Comité incluyendo delegados, órganos y comisiones. Se adiciona el Estatuto en su artículo 40, fracción VII, con lo que el presidente del Comité certifica y reconoce el nombramiento de los presidentes de las delegaciones estatales electos por las asambleas respectivas. También con la reforma al artículo 40 existe una contradicción con el artículo 78, fracción IV que señala que los delegados estatales serán electos por la asamblea general integrada por sus respectivos asociados. Quiero subrayar que las reformas a los artículos 40, fracción VI y al artículo 36, fracción VI, que señalan que para ser miembro del Comité Directivo Nacional se debe ser designado por el Presidente de dicho Comité entran, a mi juicio, en clara contradicción con los artículos 40, fracción VII, en que el Presidente del Comité Directivo sólo certifica y reconoce los nombramientos de los presidentes de las delegaciones estatales, y en contradicción también, con el artículo 78, fracción IV, que señala entre los requisitos para ocupar dicho cargo, el ser electo por la asamblea general. No creo que sea motivo de debate si lo que ocurre es únicamente una contradicción entre el articulado estatutario o si el conjunto y sentido de las reformas nos indican otra intencionalidad. Lo relevante, a mi juicio, es que la contradicción es tan trascendente para la vida de la agrupación, que bastaría por sí misma para indicarle a la Resolución que modificara lo conducente, su propuesta de modificación. No hacerlo sería, a mi juicio, incumplir con el principio de certeza que debe de regir la norma electoral y pondría a la propia agrupación en riesgo de entrar en conflictos internos derivados de sus propias normas claramente contradictorias. En el Proyecto de Resolución que se propone, no se hacen estas observaciones a la agrupación política, lo que me parece que sería conveniente para efectuar la declaratoria de procedencia constitucional y legal que hoy nos ocupa. Muchas gracias.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Nosotros también hicimos una lectura del documento y tenemos exactamente las mismas dudas que la Consejera Electoral Alejandra Latapí. Los artículos 22, 28, 29, 33 y 40 son, en primer lugar, un retroceso en la vida democrática de esta agrupación, en lugar de mejorar, con toda franqueza y con toda honestidad, empeora la vida interna de esta agrupación, y efectivamente aquí entramos en un terreno complicado, tiene una agrupación política, una organización cualquiera que ésta sea, el derecho de retroceder, de empeorar e ir para atrás en sus cláusulas democráticas, en lugar de mejorar sus niveles internos de democracia. Es efectivamente un asunto polémico, puede uno escoger vivir peor en lugar de mejor, es una opción personal y colectiva, pero es una observación que hay que hacer, es un retroceso en función de lo que ya había. En segundo lugar, también estoy cierto, como dice la Consejera Electoral Alejandra Latapí, que por menos que ésto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, a los estatutos del Partido Verde les dio una revolcada tremenda, por mucho menos de lo que está aquí. Realmente si uno ve el Dictamen o la Resolución del Tribunal en el caso del Partido Verde, se ve que muchos de esos criterios que utiliza el Tribunal, si se aplicaran en este caso, no pasarían la prueba pero ni de lejos, ni de lejos. En tercer lugar, creo que la Comisión ha sido muy generosa, y aquí entramos efectivamente, a un tema delicado porque van a decir o se puede interpretar que cuando venga la reforma de nuestros estatutos del PRD, a ver si de veras tengo los mismos criterios, pero yo creo que sí los voy a tener y que el Partido los va a tener, y que los temas que hemos discutido aquí en cuanto a los estatutos del PRD, no tienen nada que ver con este problema, de veras, son de una naturaleza completamente diferente, porque lo que estamos viendo aquí en estos estatutos, sé que es la agrupación de un solo hombre, de una sola persona, el Presidente; el Presidente decide, según estos estatutos, prácticamente todo en esta agrupación política sin que nadie lo pueda cuestionar. Entonces, sí me parece delicado el asunto porque no estamos como en...

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...sin que nadie lo pueda cuestionar. Entonces, sí me parece delicado el asunto, porque no estamos, como en otras ocasiones, en otros partidos, incluyendo el mío, discutiendo temas que efectivamente son muy controvertibles y que, desde nuestro punto de vista, agregaban y aportaban a la vida democrática de este país, como por ejemplo el asunto de los parientes o el asunto de los menores de 18 años. Aquí estamos hablando de un estatuto que no solamente es un retroceso, sino también es la agrupación que le da todo el poder a una sola persona, de manera omnímoda e incuestionable. Y yo me pregunto si la Comisión deberá ser tan generosa cuando se trata de un problema de esta magnitud. Yo sí invito a los consejeros a que se reflexionara, por los precedentes que esto puede causar, por la posibilidad que, desde luego, no veo ni me interesa ver si es posible, de que pudiera ser recurrida ante el Tribunal y que el Tribunal, insisto, con los criterios que usó con el Partido Verde Ecologista de México, esto lo haría trizas. Y en tercer lugar, a discutir, bueno, si la Comisión y el Consejo fijan criterios sobre este asunto. Yo he dicho y lo hemos dicho en el partido, con eso termino, que detrás de todas estas dificultades hay un problema, hay una ausencia política y legislativa, que es que necesitamos en este país una ley de partidos que haga, con mucho más precisión, todos estos asuntos polémicos que hemos venido arrastrando. Es indispensable esta ley, para que todos los partidos sepamos qué es lo que tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones, en mejores términos de los que lo dice el COFIPE, porque se trata yo creo que de una materia distinta que no podría ser un agregado al COFIPE, sino una ley diferente. Y así podríamos quizás evitarnos muchos problemas y alimentar la vida democrática de este país, y garantizar que los partidos tengamos un comportamiento interno más democrático, que tengamos una vida más transparente, que tengamos una rendición de cuentas a la sociedad, también más eficaz y más de acuerdo a las normas que hoy existen. Pero mientras eso sucede, yo sí creo que estos temas merecen discusión y que las observaciones que ha hecho la Consejera Electoral Alejandra Latapí, son, para mí, muy importantes y dignas de que este Consejo las pueda escuchar con atención e incluso revisar el Proyecto que hoy nos han entregado. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias.

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Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Me permito hacer uso de la palabra, para manifestar mi adhesión a los razonamientos señalados por la Consejera Electoral Alejandra Latapí y por el representante del Partido de la Revolución Democrática. Yo, en especial, haría énfasis en el tema de concentración de poder. Desde mi perspectiva, diversos artículos del Estatuto de la agrupación política Cruzada Democrática permiten la concentración del poder en la figura del presidente del Comité Directivo Nacional, en detrimento de los órganos delegacionales, a nivel estatal. Son cuatro los artículos que favorecen esta concentración: el trigésimo tercero, el trigésimo sexto fracción VI, el cuadragésimo fracción VI y VII y el septuagésimo octavo, fracción IV. Me refiero brevemente a cada uno de ellos. El artículo trigésimo tercero establece que los titulares de los órganos del comité directivo nacional serán designados y podrán ser removidos por el titular del comité directivo nacional. De acuerdo con el artículo previo, fracción trigésimo segunda, los titulares de las delegaciones estatales integran el Comité Directivo Nacional y, por tanto, se les aplica la condición de poder ser removidos por el presidente, sin que exista la posibilidad de defenderse o inconformarse. Esta disposición va en contra del principio de la protección elemental de los derechos fundamentales de los afiliados, que el Tribunal ha señalado en la tesis de jurisprudencia J-03/2005. La facultad del presidente del Comité Directivo Nacional, para destituir a los titulares delegacionales estatales, en su calidad de integrantes del mismo, no otorga garantía de defensa alguna. Se les remueve sin que tengan posibilidad de presentar argumentos de defensa en su favor y ello, bueno, desde luego viola el principio de garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional. El segundo artículo al que quisiera referirme, es el trigésimo sexto. Este da como requisito necesario para ser miembro del Comité Directivo Nacional ser designado por la presidencia del Comité Directivo Nacional. Este requisito cancela la exigencia de que los miembros de las delegaciones estatales sean elegidos por medio de mecanismos democráticos. El artículo cuadragésimo, fracción VII...

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… de mecanismos democráticos. El artículo cuadragésimo, fracción VII, establece como una de las facultades del Presidente del Comité Directivo Nacional, la de reconocer y certificar el nombramiento de los presidentes de las delegaciones estatales. Y la fracción VI consigna como requisito para el Presidente de una delegación estatal, la de obtener reconocimiento y certificación del acta respectiva por parte del Presidente del Comité Directivo Nacional. Esta atribución en favor del Presidente del Comité Directivo Nacional, desde mi perspectiva, diluye en los hechos la facultad que tiene la asamblea estatal de elegir al Presidente de cada delegación estatal, y por tanto, deja sin efecto el método democrático de elección de dirigentes. La voluntad del Presidente se impone sobre la asamblea. Hay una excesiva concentración de poder a favor del Presidente del Comité Directivo Nacional de la agrupación que en este caso, significa limitar el poder de los órganos delegacionales y sus titulares, pero además, y me parece más importante, pone en entredicho las facultades de decisión de la asamblea estatal. En otras palabras, se subordinada una determinación del órgano máximo de decisión a nivel estatal, al reconocimiento y certificación del Presidente del Comité Directivo Nacional. En resumen, los artículos trigésimo tercero y trigésimo sexto, fracción VI, facultan al Presidente del Comité Directivo Nacional a designar y remover libremente a los miembros del Comité Directivo Nacional, entre quienes se encuentran los titulares de las delegaciones estatales. Estos artículos se contraponen e invalidan los artículos cuadragésimo, fracción VII y septuagésimo octavo, fracción IV, porque se contrapone el proceso de elección que realiza en asamblea a la designación unilateral que puede realizar el Presidente del Comité Directivo Nacional conforme sus atribuciones. De tal forma, la propuesta de reforma a los artículos señalados, no sólo viola diversos principios mínimos de democracia, como el respeto al derecho de voto activo y pasivo de los miembros, la adopción de regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones, y el establecimiento de controles de poder efectivo, sino que provoca un conflicto normativo que de aprobarse, sería desde mi perspectiva insalvable. Debido a que la actual redacción de los artículos que aquí se objetan, enfrenta de modo directo las facultades de designación del Presidente del Comité Directivo Nacional con

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las facultades de elección que tiene la asamblea estatal, como principal centro decisor a nivel estatal, a nivel local. Ahora, si a este factor de conflicto normativo se le añade la posibilidad de que el Presidente del Comité Directivo Nacional remueva libremente a los miembros del mismo, entre quienes se encuentran los titulares de los órganos delegacionales, el círculo de concentración de poder se cerraría en virtud de que al dejar insubsistente la decisión de la asamblea estatal de elegir a los presidentes de las delegaciones estatales, sería el Presidente del Comité Directivo Estatal quien en los hechos designaría y removería a los titulares de los órganos delegacionales, quedando como letra muerta la facultad de la asamblea de tomar esta decisión. En conclusión, es mi parecer que los artículos aquí señalados del Estatuto de la Agrupación Política Cruzada Democrática Nacional, no deben ser aprobados en sus términos, en virtud de que no cumplen con los extremos mínimos de democracia que impone el artículo 27, párrafo 1, incisos c) y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto a la tesis de jurisprudencia S3ELJ03/2005, a fin de que la agrupación política realice las modificaciones necesarias que permitan corregir las antinomias aquí señaladas, así como las deficiencias en materia de democracia de que adolecen sus estatutos en lo relativo a los artículos mencionados por este servidor. A fin de que se reflejen en el Proyecto de Resolución las observaciones que he señalado en mi intervención, propongo y pongo a consideración de este órgano las modificaciones de los considerandos 8, 9, 10, 11 y 12 del Proyecto de Resolución, a fin de que se cambie la redacción presentada, de modo que se indique con toda claridad que la agrupación política debe modificar el texto reformado de los artículos trigésimo tercero, trigésimo sexto, fracción VI; cuadragésimo, fracciones VI y VII, y septuagésimo octavo, fracción VI a fin de que estos se adecuen a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 1, incisos c) y g) del Código Electoral. Y desde luego, en relación a la tesis ya señalada relativa a los elementos mínimos, a la jurisprudencia ya mencionada, relativa a los elementos mínimos de democracia que deben contener los estatutos…

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Inicia 25ª. Parte

... mínimos de democracia que deben contener los estatutos. Asimismo, propongo que se modifique el texto de los resolutivos primero, segundo y tercero, a efecto de que se apruebe en lo general la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones presentadas por la agrupación política y, a su vez, es establezca la improcedencia constitucional y legal de los artículos trigésimo tercero, trigésimo sexto, fracción VI; cuadragésimo, fracciones VI y VII, y septuagésimo octavo, fracción VI, que señale el plazo adecuado, digamos de seis meses, para que la agrupación política haga las adecuaciones pertinentes, en conformidad con lo señalado en los considerandos 11 y 13 de la propuesta que en este momento se está circulando. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Muchas gracias, Consejero Presidente. A ver, yo quiero decir que yo coincido con el Dictamen en los términos en que está presentado. Intentaré fundamentar por qué. En primer lugar, creo que lo que no podemos perder de vista o no debiéramos perder de vista es las diferencias entre un partido político y una Agrupación Política Nacional. Mientras que los partidos sí son entidades de interés público, están definidos en la Constitución con ese carácter, las agrupaciones están mencionadas en la Constitución, sí, pero dentro del ámbito de las atribuciones de este propio Instituto. La segunda diferencia es que el financiamiento de los partidos es distinto al financiamiento que reciben las agrupaciones. La prerrogativa de régimen fiscal la comparten, pero no las prerrogativas orientadas a beneficios postales o telegráficos. La tercera: Tomar en consideración que además de que los partidos son el único vehículo para la satisfacción del derecho a votar y ser votado, también existe una diferencia básica entre la constitución de nuevos partidos y la constitución de agrupaciones políticas nacionales. En este sentido, a mí me parece que si bien es cierto que se rigen, para la revisión estatutaria por el mismo artículo del Código, no sé qué tan aplicable sería la tesis, la multicitada tesis del Tribunal respecto de elementos mínimos para considerar democráticos, sí, estatutos de los partidos políticos. Digo, me parece que es una tesis muy bien acotada que, en efecto, nos sirve para clarificar los alcances en la revisión de estatutos a los partidos, cada vez que éstos nos presentan modificaciones.

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Además esa tesis, hay que recordar, tiene su origen o es, digamos, la culminación, la conclusión de un juicio de protección de derechos político electorales. Y esto es muy relevante porque me parece que también allí hay una diferencia que no podemos obviar. Y no la podemos obviar porque también existe una tesis de jurisprudencia del propio Tribunal Electoral, donde claramente establece que el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano es improcedente para impugnar actos de agrupaciones políticas. El propio Tribunal nos va señalando cuáles son algunas de las diferencias de los partidos con los partidos. Es decir, las agrupaciones no contribuyen por sí mismas a la representación nacional ni hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por tanto, no postulan candidatos ni participan en las elecciones federales, estatales y municipales. Asimismo, las bases constitucionales y legales que rigen el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano conducen a concluir que las agrupaciones políticas no pueden fungir como sujetos pasivos de dicho medio de impugnación, pues no disponen expresa o implícitamente que la protección de los derechos político electorales del ciudadano tenga que realizarse en función de las actividades de las agrupaciones políticas, como posibles trasgresores de tales derechos. Es decir, me parece que con esto podemos ayudar a situar cuál debe ser la mirada o cuál debe ser el debate para juzgar la legalidad y constitucionalidad de las agrupaciones políticas nacionales. Es por ello que yo voy, en principio con el sentido original del Dictamen, tal como lo procesó la Comisión, porque tampoco estoy cierto, digamos, en relación a la intervención del representante del PRD, si este Instituto puede entrar a evaluar si hay involución o evolución. Me parece que lo que nosotros tendríamos que...

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Me parece que lo que nosotros tendríamos que señalar frente a cualquier Estatuto es simplemente sí cumplen, si cumplen más o si cumplen menos me parece que no es el punto, el asunto es saber si los estatutos cumplen a cabalidad con todos los extremos del artículo 27. Por supuesto, me reservaría en una segunda ronda, digamos, reaccionar puntualmente a la propuesta que el Consejero Electoral Andrés Albo nos acaba de distribuir. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchísimas gracias, tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias, son muchas ideas. Empezaría comentando que efectivamente nosotros tenemos que contribuir al desarrollo de nuestra democracia siguiendo el artículo que leyó la Consejera Electoral Alejandra Latapí, pero creo que también todo acto de autoridad debería de estar o debe de estar, más bien, es una obligación Constitucional, fundado y motivado. En ese sentido, yo haría una pregunta: ¿dónde se funda el supuesto de control de poder?, porque el control de poder no sale de la famosa sentencia que se menciona que la aplican los partidos, y no las APN pero no me voy a meter a eso, suponiendo que esta sentencia la aplicara también a las APN, a mí me gustaría desprender de dónde se encuentra la definición de lo que es control de poder porque en el punto 6 de la misma se habla de mecanismos de control de poder, no habla de la concentración de poder en sí misma. Entonces, yo creo que debemos empezar a leer con todo detenimiento y empezar a hacer las distinciones, pero antes de entrar a las sentencias yo sí pediría una explicación, además de la definición y el fundamento de lo que es concentración de poder, que me dijeran porque este debate no es nuevo, yo creo que ya para estas alturas deberíamos ser expertos en estos temas, no entiendo cómo hemos entrado a aprobar reglamentos que establecen principios de vida interna para partidos políticos que solicitan su registro como tales, para los próximos nuevos partidos, así como para las próximas APN’s, donde no se especifica un sólo artículo o fracción en la que se habla de lo que es concentración de poder, lo único que se dice en aquellos ordenamientos, que ya fueron aprobados por unanimidad de los aquí presentes, es la descripción de derechos y obligaciones de los afiliados, la forma en que éstos podrán elegir a los órganos de dirección del partido y ser elegidos como tales, así como el derecho de elegir a los candidatos que postula el partido, y de ser postulados como candidatos a elecciones populares, cualquiera que sea su procedimiento, eso fue lo que se aprobó en esta mesa. Voy a la jurisprudencia. La jurisprudencia establece, como ya lo dije, mecanismos para el control de poder, nunca habla de la concentración de poder en sí mismo y establece 58


la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad al derecho de elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puede realizarse mediante el voto directo de los afiliados o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; esto es lo que debemos de cumplir. He oído muchos argumentos, porque de lo contrario estaríamos aquí en el debate de definir qué tanto es tantito; o sea, porque lo que tenemos que revisar es que estén los principios. No podemos, ni tenemos facultades ni atribuciones para definir cuánto es el quórum, por qué cinco y no ocho, por qué la convocatoria no se realiza de esta forma o no se publica en determinado periódico. Eso para mí es intervenir en lo que es vida interna. Quiero ir a los estatutos, efectivamente, en Asamblea Extraordinaria los propios afiliados modifican sus estatutos y le quitan una atribución a la Asamblea para otorgársela al Presidente del Comité; pero ojo ¿cómo se realiza esa Asamblea? Bueno se realiza en base y cumpliendo con las formalidades para realizar la convocatoria, fue una convocatoria genérica, fue realizada a todos los afiliados. No se le limita el derecho a los afiliados en participar en esta Asamblea Extraordinaria y son ellos los que libremente decidieron delegar esas atribuciones en un procedimiento, en el Presidente perdón, en base a un procedimiento de democracia indirecta. Repito lo que dice el párrafo cuarto de la Jurisprudencia: “la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales que puede realizarse mediante el voto directo de los afiliados o indirecto”. La elección de los miembros del Comité, efectivamente, se realiza a través de una elección indirecta, a través del Presidente, que es electo además por los afiliados en Asamblea Extraordinaria y, la Asamblea Extraordinaria se realiza con las formalidades, convocatoria y sin limitar los derechos de los afiliados. ¿Por qué establecieron los afiliados este quórum y redujeron, efectivamente, en algunas ocasiones el quórum a un ocho por ciento sólo que también se omitió...

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Inicia 27ª. Parte

...a un ocho por ciento, sólo que también se omitió decir, Consejera Electoral Alejandra Latapí, que se pone y se establece la obligación de que estén presentes dos terceras partes de los delegados estatales, en otro mecanismo de representación indirecto que también permite la jurisprudencia. Pero, en otras palabras, ¿por qué decidieron ellos establecer ocho y no 10, y no cinco? Pues porque quisieron, porque es su APN y porque en asamblea extraordinaria así lo decidieron. Eso está perfectamente establecido en esta jurisprudencia y es perfectamente concordante también con lo que se ha aprobado en este Consejo General. Por último, quisiera recordar, ya que hablamos también de precedentes, la Resolución que en su momento fue objeto el partido político Convergencia, que creo que es muy ilustrativa, en el sentido de lo que debemos de entender por democracia interna. Leo textual: “en este orden de ideas, si el referido funcionario es la más alta autoridad ejecutiva y administrativa del partido, se justifica que se le confiera la atribución de designar libremente a los responsables de la estructura organizacional del propio partido en el ámbito nacional, máxime cuando el principio democrático para la integración y renovación de los órganos directivos, en consideración a la libertad auto organizativa de los partidos políticos y respeto al derecho a la asociación de sus afiliados, según se estableció en el apartado A de este considerando, es de exigencia ineludible en cuanto a los órganos que se prevén en la ley, por lo que no cabe extender ésta exigencia a otro tipo de órganos partidarios”. Entre otras muchas consideraciones que se establecen en esta sentencia, que atiende a una situación particular, que fue impugnada en un juicio de protección de derechos, como lo fue también la emisión de esta jurisprudencia en situaciones y para situaciones que difieren completamente a la situación que nos ocupa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en el sentido del Dictamen y dejaré para después otras consideraciones que tengo al respecto. Gracias. El C. Presidente: Gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. A ver, sí tengo algunas preocupaciones, con base en tanto a la lectura del Estatuto que se nos presenta para nuestra aprobación, como por el debate que tuvimos en la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, y por el debate que estamos teniendo aquí. En la Comisión de Prerrogativas, yo inicié parte de mi interpretación haciendo un comentario similar a lo que comentaba el Consejero Electoral Rodrigo Morales, en términos de si en efecto debiéramos hacer una distinción en la vida democrática de una agrupación política, a la de un partido político, y si se debiera aplicar similarmente. 60


Debo decir que tanto el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez como el Consejero Electoral Virgilio Andrade, prácticamente me convencieron de que no, de que no debiéramos hacer distinción, porque se trata de una agrupación política que debe tener, en consecuencia, una vida democrática. Estoy narrando parte del debate que tuvimos en la Comisión de Prerrogativas. Y lo que yo quisiera enfatizar, a diferencia de lo que hace ahora el Consejero Electoral Rodrigo Morales es, bueno, finalmente las agrupaciones políticas tienen un fin establecido en la ley, que es contribuir, dice: “las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política”. Bien, es distinto a los partidos políticos, ciertamente; los partidos políticos forman la democracia en su actuar. Las agrupaciones políticas coadyuvan al desarrollo de la vida democrática, pero de cuando se redactó este artículo al momento, resulta que las agrupaciones políticas pasaron a ser algo más que simplemente asociaciones de ciudadanos; pasaron a ser el único camino a través del cual se puede construir en México un partido político nacional. Adicionalmente, las agrupaciones políticas tienen formas de nombrar candidatos, ciertamente en vinculación con un partido político, y la ley les pide documentos básicos y nuestra única referencia a documentos básicos es el 27. Y, en ese sentido, yo sí creo que debemos dar el debate en términos del alcance democrático de los estatutos, y en ese sentido, también me preocupa mucho, como autoridad electoral, definir, quizá tengamos que precisarlo en más y más debates, este es un debate que seguramente no terminará el día de hoy, ¿cuál es la actitud que debe tener la autoridad electoral ante este tipo de situaciones?

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Inicia parte 28

… electoral, ante este tipo de situaciones. Dice el representante del PRD: “Esta es una agrupación que parece que involuciona, que va para atrás”. Bien, pregunta, ¿este Instituto debe calificar si va para atrás o no? A mí me parece que la Consejera Alejandra Latapí, cuando inicia su intervención y recuerda el artículo 69 del COFIPE que dice: “Son fines del Instituto: Contribuir al desarrollo de la vida democrática”, pues nos da la luz para ver cuál es la actitud que debe tener esta autoridad, no vamos a encontrar un artículo y ninguna ley que diga que el Instituto Federal Electoral debe evaluar o no cambios que hacen los partidos o las agrupaciones en un sentido o en otro. Pero si no dice: “Contribuir al desarrollo de la vida democrática”, y en ese sentido ciertamente el eje de la reflexión debe ser si los estatutos cumplen o no cumplen, y si hay una involución en su cumplimiento, me parece que esta autoridad electoral debe tener algo que decir, habrá todo tipo de mecanismos para poder establecer en dónde queda la justeza de nuestras decisiones. En este sentido, y yo quisiera nada más terminar mi intervención sobre algunos de los puntos y sus implicaciones. Comentaba yo en la reunión de la Comisión, por ejemplo, el efecto que tiene un simple cambio pequeño que dice el nuevo Estatuto en el que el presidente de la agrupación política nacional tiene que certificar el acta a través de la cual fue nombrado el delegado estatal de la agrupación. Varía un poco en relación a lo que decía anteriormente, porque anteriormente también lo tenía que ratificar. Pero curiosamente cuando el Director Ejecutivo de Prerrogativas tenga que escribir en libros quiénes son los dirigentes de la agrupación, va a exigir que haya un acta de una asamblea realizada y no podrá hacerlo si está acta no cumple los requisitos que establece el propio Estatuto de la agrupación. Así que si el presidente no firma, ratifica y certifica el acta, pues, para motivos de este Instituto al menos, no podrían tener validez las personas sí electas en una asamblea estatal. Entonces, ese pequeño matiz creo que abona en lo que ha comentado el Consejero Albo, en lo que ha comentado la Consejera Latapí y lo que ha comentado el representante del PRD en lo que nosotros podemos entender como concentración de poder. Si me parece que hay un punto que rescatar al respecto. En segundo lugar yo quisiera mencionar, bueno, están pasando de hecho ya situaciones como las que podrían preocuparnos si se tratara de un partido político.

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Fíjense ustedes, esta agrupación política nacional debiera tener al menos 7 mil afiliados. ¿Por qué 7 mil? Porque cuando obtuvo su registro el requisito decía que debían que tener 7 mil. Sin embargo, esta misma agrupación política ha crecido, ha establecido convenios con diferentes partidos políticos, tiene, a través de convenios, un diputado en la Cámara de Diputados, y su asamblea tomó la decisión de modificar sus estatutos con la presencia de 983 afiliados, bien, 983 afiliados no son ciertamente el 50 por ciento más uno. Seguramente lo tuvieron que hacer en la segunda convocatoria de la asamblea, y la segunda convocatoria de la asamblea decía anteriormente que con los que estuvieran, perfecto, 983 dan validez a la asamblea, excelente. Aquí no tengo ningún problema. Ahora, se fija un tope para la primera y se incrementa el tope para la segunda convocatoria al 2 por ciento, bien. Yo puedo compartir que eso podría ser para una agrupación política, en efecto, algo típico, dado que no hay un mecanismo que se ha dado esta agrupación para resolver el problema de la conformación del quórum. Sin embargo, en todas las tesis que hemos leído y que hemos hecho referencia el día de hoy, se menciona que debiera conformarse con o todos los asociados, cosa que sí hace la agrupación política, o con delegados o representantes. Y los afiliados por sí mismos no representan a la agrupación, representan a ellos mismos como afiliados porque no tienen un mandato de representación. Bueno, con todo, sí reconozco que en este cambio establecen un piso que antes no existía, 2 por ciento de los afiliados para participar, adelante. Pero en términos de la concentración del poder, una asamblea con este mínimo de participación que le da el poder completo al Presidente para incluso nombrar al Comité Directivo Nacional de la agrupación que toma las decisiones importantes, incluso conforma…

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Inicia 29ª. Parte

... para incluso nombrar al Comité Directivo Nacional de la agrupación que toma las decisiones importantes, incluso conforma la Comisión de Honor que resuelve conflictos internos entre los afiliados y la agrupación, pues me parece que hace necesario atender la propuesta que nos hace el Consejero Electoral Andrés Albo, para apoyar la modificación que propone a este Dictamen de la Comisión de Prerrogativas. En este sentido, quisiera yo anunciar que, por estas razones, simpatizo con la propuesta que hace el Consejero Electoral Andrés Albo, para reformar el sentido de este Dictamen. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muchas gracias, señor Presidente. Señores consejeros y representantes, creo que en esta época del Consejo General, a lo largo de toda esta gestión, a partir de noviembre de 2003, se ha presentado una pretensión inédita de parte de este cuerpo colegiado, y una pretensión que históricamente tampoco tiene precedente, por lo menos en términos de intensidad. Y es la enorme preocupación que se ha mostrado por parte del colegiado de manera recurrente, permanente preocupación por impulsar la vida democrática; permanente preocupación por vigilar y defender militantes e incluso ciudadanos, frente a posibles concentraciones e inercias de poder en cúpulas y en grupúsculos. Me parece que ese antecedente inédito no sólo es legítimo sino que, además, en principio enaltece las labores del Consejo General. Sin embargo, creería yo que antes de proceder al aseguramiento de los fines, tenemos que asegurarnos por cumplir principios. Y ese cumplimiento de principios solamente se puede dar con normas y con criterios que doten de seguridad jurídica al sistema, particularmente en términos de objetividad y en términos de certeza. Respecto de la revisión de los estatutos, creo que tenemos un camino andado en cuanto a método y en cuanto a criterios. Y más o menos lo resumiría de la siguiente manera: los partidos políticos y, en principio, las agrupaciones políticas nacionales, deben cumplir con los principios democráticos del artículo 27 y, además deben apegarse a la tesis de jurisprudencia que ya tiene el Tribunal en esta materia. Creo yo que, en ese sentido, la tesis de jurisprudencia establece un elemento mínimo, y ese elemento mínimo permite a las soberanías de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas nacionales, contar con grados de libertad para tomar decisiones. Además varios de los casos que se han presentado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso aquí ya resolvimos uno, nos establece la premisa de 64


que en cada revisión debe ser evaluado únicamente lo que ha sido modificado y no lo que ya venía de origen. Por lo tanto, tenemos una premisa importante que permite dotar de seguridad jurídica a las decisiones que tomen los grupos. En la revisión específica que aquí nos trae a colación, he escuchado algunos de los argumentos de quienes están proponiendo modificar el proyecto, y me parece que si bien la pretensión de avanzar en la vida democrática es legítima, no tenemos ni avances ni asideros en materia de principios, ni avances ni asideros en materia de normas. No existe la prohibición a ningún partido ni agrupación política nacional de modificar hacia atrás o hacia delante los grados de libertad en términos de decisión, y la única limitación es que no rebase los umbrales. No existen normas que no establezcan específicamente cuáles son los límites y alcances de un quórum. Y debemos, además, acreditar en este caso que, como dijo el Consejero Electoral Arturo Sánchez, en primer lugar en este caso, la asamblea está integrada por todos los afiliados...

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..en este caso la asamblea está integrada por todos los afiliados y que de esa asamblea, esta modificación estatutaria está respaldada por 953 afiliados. Entonces, en términos de números me parece que a falta de normas y entrar en criterios tendríamos necesariamente que entrar en criterios subjetivos que trastocan el principio de objetividad. Por lo tanto yo no estaría de acuerdo con hacer observación alguna al quórum. Segundo, 953 miembros de la asamblea tomaron la decisión de dotarle al Presidente de mayores facultades pero son facultades que tienen que ver con el nombramiento de los integrantes del Comité Directivo Nacional, no necesariamente o no tenemos ninguna norma que nos indique que deba haber votación directa por parte de afiliados para integrar al Comité Directivo Nacional y esa pregunta yo la dejo aquí en la mesa, precisamente, para que los partidos políticos lo reflexionen, para ver cuál es el alcance que debe tener una votación directa el nombramiento de integrantes del Comité Directivo Nacional, y no todos, sí de la mayoría pero no de todos porque además hay delegados estatales. En esta mesa se dice que se hace nugatoria la facultad de las asambleas para elegir a los presidentes de las delegaciones estatales, es falso. Sí es cierto que el Presidente puede remover pero jamás se hace nugatoria la facultad porque el Presidente no tiene la facultad supletoria de nombrarlos en caso de que no haya Asamblea Estatal. Por lo tanto, tiene que darse la condición de la Asamblea Estatal para que haya delegado. En ese sentido yo no estaría de acuerdo con ese argumento expuesto en el inciso a). El inciso b) nos dice que por el hecho de que ya no se votan a los miembros del Comité Directivo Nacional se reduce la posibilidad de ejercer voto activo y pasivo, recordemos que en los propios criterios de jurisprudencia del Tribunal el ejercicio del voto activo y pasivo puede ser directo o indirecto, el nombramiento del Presidente siempre es directo y al ser directo, me parece, que hay una posibilidad de ejercicio indirecto del voto activo, pero además para la elección del Comité Directivo Nacional no del órgano central, que es la asamblea, ni de la Presidencia, ni de los delegados. Por lo tanto, a mí me parece que no tenemos un asidero para decir que es violación a normas democráticas que un Presidente nombre a los integrantes del Comité Directivo Nacional y que se limita el voto de los afiliados cuando no tienen la posibilidad de nombrar en ese órgano. También se dice que no puede ser votado; no, sí puede ser elegido para estos cargos, no se elimina esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que no se está violando ningún elemento mínimo de democracia. Certificar y reconocer el nombramiento preocupa pero quiero decirles que el artículo 31 del Estatuto vigente dice que todas las actas de las reuniones de asamblea serán firmadas por el Presidente y Secretario General. ¿Cuál es la diferencia de grado? Yo no 66


la percibo, por lo tanto no es un elemento, a mi juicio, que deba ser observado en esta ocasión porque finalmente los requisitos existen. Lo mismo pasa en el caso de cuestionar la ratificación. Por lo tanto, en resumen, yo diría: es legítimo tratar de impulsar el desarrollo democrático, es lógico también pensar que debe ser evolucionable todo aquello que tenga que ver con desarrollo democrático o de lo contrario ya no es desarrollo por un principio lógico. Sin embargo, esta coadyuvancia tiene bases legales y normativas y esas bases legales y normativas nos establecen criterios que no son parámetros y al no ser parámetros creo que no podemos nosotros estarlos en una mesa inventándolos, tomándolos además, como sorpresa para aquellos que vienen a una revisión constitucional y legal. Nadie, ni los partidos, ni las agrupaciones políticas, sabían que iba a ser violación estatutaria concederle al Presidente la facultad de nombrar al Comité Directivo Nacional. Nadie sabía que la involución iba a ser una violación o una no procedencia. Al no saber estamos incumpliendo con el principio de certeza. Por lo tanto, yo invitaría a que la aspiración que siempre se ha manifestado en esta mesa, de tejer el desarrollo democrático, se haga con bases normativas de sobriedad republicana y no con criterios que llevan a...

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...republicana y no con criterios que llevan a convertir esta mesa más bien en una mesa propia del despotismo ilustrado. Gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Solamente para dos argumentos aquí vertidos, el que se refiere a que la involución no implica necesariamente incumplimiento de requisitos mínimos de democracia. Si analizamos las modificaciones estatutarias presentadas por la agrupación, y vuelvo a repetirlo, encuentro lo siguiente: Las principales reformas, y comparto lo señalado por el representante del PRD, van en sentido contrario a la democratización de la agrupación, al reducir los derechos de participación y el valor del voto de los militantes en la toma de decisiones y conducción de la agrupación, a favor del Presidente del Comité Directivo Nacional. De este modo, como ya se ha señalado, se presenta un fenómeno de concentración excesiva del poder en las manos de un solo individuo. Lo que tenemos aquí no es sólo un caso de involución en la participación democrática y en el ejercicio de los derechos democráticos de los miembros de la agrupación política en beneficio de un solo individuo, el Presidente del Comité Directivo Nacional, sino desde mi consideración, tal involución implica el incumplimiento cabal de los preceptos legales sobre los requisitos mínimos de democracia, y rebasa los límites para que estos artículos, señalados ya, puedan ser considerados constitucional y legalmente procedentes. Por otra parte, y respecto al principio que pueden hacer, que los partidos políticos pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, quiero recordar que en la tesis de la Sala Superior S3EL107/2002, se señala, y le daré lectura: que los partidos políticos, como asociaciones de ciudadanos, constituyen parte de la sociedad y se rigen, en principio, por la regla aplicable a los gobernados, que se enuncia en el sentido de que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Este principio no es aplicable respecto a lo previsto en disposiciones jurídicas de orden público, pero además, la calidad de instituciones de orden público que se les confiere a los partidos políticos en la Constitución General de la República y su contribución a las altas funciones político-electorales del Estado, como intermediarios entre éste y la ciudadanía, los conducen a que el ejercicio de esa libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no está expresamente regulado como prohibido en normas de orden público, no pueda llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con esa función pública, primordialmente en razón de ser prioritaria con relación a sus fines individuales. 68


Sigue la frase, lo dejaré hasta aquí, sobre todo recordando lo señalado por el Consejero Electoral Arturo Sánchez, sobre el debate anterior si las agrupaciones políticas debían de ser observadas desde una óptica similar con las que son observados los partidos. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Bueno, en primer lugar, creo que hay un asunto que sí me preocupa, que es el artículo 38, y recuerdo que el artículo 38, aunque está referido a los partidos políticos, también se aplica a las agrupaciones políticas nacionales, según la fracción IV del artículo 34. El artículo 34, que se refiere a las agrupaciones políticas, hace referencia al artículo 38 y dice: son obligaciones de los partidos políticos nacionales, pero insisto, esto se aplica también a las agrupaciones, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático. Entonces, la democracia dentro de una agrupación política nacional es una obligación de estas agrupaciones políticas. Se reconoce aquí que los estatutos representan una involución; se pone en duda si corresponde a este Consejo calificar o no si hay una involución, pero se reconoce el hecho. Se reconoce también que hay una concentración del poder, aunque se pone en duda si esta concentración del poder debe ser parte de los criterios que debe utilizar este Consejo. Se reconoce también que hay, por lo tanto, un sesgo o una voluntad...

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… un sesgo o una voluntad antidemocrática en los nuevos estatutos. Es decir, si se reconoce una involución, se reconoce que hay concentración del poder y se reconoce, por lo tanto, que hay en lugar de un mejoramiento de la vida democrática, un rasgo de antidemocracia, yo creo que se está faltando a lo que dice el artículo 38, numeral 1, fracción a), en el sentido de que los estatutos en lugar de abundar en los principios democráticos del Estado o a los principios del Estado democrático, pues los está incumpliendo. Para mí es tan sentido común como pensar qué es más democrático que una instancia colectiva tome las decisiones o que las tome una sola persona, ese es finalmente el sentido, el principal problema de estos estatutos. ¿Qué es más democrático? ¿Qué las decisiones las tomen muchos o varios o las decisiones las tome una sola persona? Y este es el fondo de la discusión, a mi modo de ver. Yo creo que entonces a veces frente a algunos alegatos jurídicos, sí vale la pena reflexionar sobre ese dicho que dice que el sentido común es a veces el sentido menos común que se aplica en algunos debates. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Nada más para hacer unas precisiones adicionales. Yo pedí al inicio de mi primera intervención dos respuestas: una referente al fundamento legal para solicitar estos cambios y definir el qué tanto es tantito. Y pedí también dónde se define lo que es concentración de poder para hacer algo que podamos nosotros impugnar. Y evidentemente hasta ahora no oigo respuestas, y no oigo respuestas o no ha escuchado la respuesta porque no hay. La verdad es que no hay fundamento legal, se puede utilizar incluso la tesis como acordeón, pero de la propia lectura de la tesis de la jurisprudencia, no se desprende ahí lo que es la definición de control de poder, no se desprende tampoco cuál es el fundamento legal para establecer parámetros que es precisamente lo que estamos discutiendo, insisto, la sentencia habla de mecanismos para el control de poder, no habla del control del poder en sí mismo. Esa es una distinción que nosotros tenemos que respetar. Se habla también de la posibilidad de que una democracia indirecta, sea la que escoja a las dirigencias, sin poner ni definir números. Lo que yo quiero decir aquí es que yo no estoy peleado en avanzar en el desarrollo de hacer estatutos más democráticos, pero yo sí estoy en contra de una mecánica de construcción que se base en interpretaciones fundadas en nuestro concepto de qué es

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el bien o qué es el mal, basadas en adjetivos y basadas en elementos subjetivos de un tema que es tan difícil, como es definir qué es la democracia. Si Saúl y yo diferimos en la definición, no por eso significa que él o yo estemos mal, sino simplemente tenemos una concepción distinta. Hablar de antidemocracia, bueno, para hablar de antidemocráticos tenemos que preguntarle y con todo respeto don Saúl, a los afiliados de esa APN, no a los que nosotros vemos desde el exterior. Y por último, lo que yo sí pediría sería congruencia en la forma de interpretar esta jurisprudencia, no poniéndole parámetros que esta jurisprudencia no establece. Y hay que honrar también los acuerdos que ya hemos tomado, aquí se tomó la decisión de establecer principios mínimos de democracia para las nuevas APN’s que se constituyan, y leo textual: Inciso i), la descripción de derechos y obligaciones de los afiliados, la forma en que éstos podrán elegir a los órganos de dirección de la agrupación y ser elegidos como tales, así como el derecho de elegir y ser elegidos como candidatos, etcétera. Ya no se refiere. En ningún párrafo de lo que ya aprobamos en este Consejo, se acotan ni se establece que el quórum mínimo deberá ser ocho, cinco, tres, uno por ciento. Se establecen principios generales, y precisamente y por respeto a estas instituciones, nosotros tenemos que dejar simplemente los principios. No podemos inventar el concepto de control de poder cuando no tiene un solo asidero, un solo asidero, insisto, la jurisprudencia habla de elementos para el control del poder, no habla de la concentración de poder. Y por último, algo que me parece todavía más preocupante, es el tema de la certificación que hablaba el Consejero Electoral Andrés Albo…

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Inicia 33ª. Parte

...más preocupante es el tema de la certificación que hablaba el Consejero Electoral Andrés Albo. Anteriormente los estatutos vigentes hablan de “ratificar” y se cambia el acto de “ratificar” por el de “certificar”. Leo la definición del diccionario de la Real Academia Española. Ratificar, se dice “aprobar o confirmar actos, palabras o escritos”. “Confirmar actos”, es un elemento de existencia. Si no hay ratificación no hay acto. ¿Qué es certificar? Hacer constar por escrito una realidad de un hecho. Es un elemento de validez. ¿A qué llegamos? A que las modificaciones propuestas son más democráticas. ¿Por qué? Porque ya no condiciona a un acto posterior la realización de la asamblea. ¿Por qué no lo condiciona? Porque anteriormente se establecía el hecho de ratificar, que es convalidar una condición más para que el acto surta sus efectos y al día de hoy lo único que se está certificando es el acta, no el acto, y nosotros lo cuestionamos. Yo creo que no podemos establecer parámetros discrecionales y con tal grado de arbitrariedad, en mi opinión. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muchas gracias, señor Presidente. Tomo la palabra para expresar mi acuerdo, en primer lugar, con las consideraciones hechas por el representante del Partido de la Revolución Democrática, la Consejera Electoral Alejandra Latapí y el Consejero Electoral Andrés Albo y el Consejero Electoral Arturo Sánchez. Y con los señalamientos en el sentido de que este proyecto debe modificarse, para ordenar a la agrupación política que ajuste algunos aspectos de sus estatutos, a lo establecido por el Código Electoral, en particular en lo que se refiere a las reglas para la elección y remoción de los presidentes de las delegaciones estatales. Considero que es de suma importancia que este Consejo General aplique criterios con consistencia.

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Los precedentes sentados tanto por este Consejo General como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deben ser invariablemente una guía fundamental de nuestro actual. En ello descansa, en buena parte, el principio de certeza al que hace referencia el artículo 41 de nuestra Constitución. En este caso tenemos ya una tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal, que se refiere a los elementos mínimos que deben contener los estatutos de los partidos políticos, para ser considerados democráticos. Si bien, dicha tesis hasta ahora no resulta aplicable en forma directa y obligatoria a los estatutos de las agrupaciones políticas nacionales, resulta aconsejable tomarla como una serie de criterios que han de guiar las decisiones de este Consejo General en la materia relacionada, como es el caso. La fuerza del precedente no puede ni debe ser desconocida. Insisto, la inclusión de la certeza como principio rector en materia electoral, nos obliga a ello. Si bien es cierto que el principio, entre comillas, “esta de decisir”, no es clásico en nuestro sistema normativo, se puede observar que una tendencia consistente en la interpretación jurídica moderna, lleva precisamente a su aplicación en la práctica, por las bondades que genera en relación con la seguridad jurídica. Desde hace mucho tiempo este Consejo General ha procurado seguir los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral, aunque no constituyan aún jurisprudencia obligatoria e incluso aún cuando no haya ni siquiera sido publicadas como tesis relevantes. Por otra parte, también es una constante la preocupación por la consistencia con los precedentes sentados con el propio Consejo General. Negar tal herencia y desconocerla sería sumamente irresponsable. La construcción de un sistema de reglas, principios e interpretaciones con un grado de certeza razonable, es una pieza fundamental de nuestro sistema electoral actual, que ha demostrado funcionar adecuadamente y responder a las necesidades del país. En este caso en particular nos enfrentamos nuevamente a una decisión que genera polémica y en la cual se enfrentan diversas posturas. En la Comisión de Prerrogativas sostuve que, en mi concepto, los estatutos en análisis presentaban diversos problemas e inconsistencias y que una manera de resolverlas era

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revisar con detenimiento la forma en que se integra la Asamblea General Extraordinaria de la agrupaci贸n pol铆tica nacional, en particular en lo relativo al qu贸rum requerido para su ...

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..en lo relativo al quórum requerido para su funcionamiento. Ahora bien, forman parte de la asamblea, según los mismos estatutos, los titulares de las delegaciones estatales de la agrupación. Habiendo vuelto a analizar en su integridad el texto estatutario, particularmente las modificaciones hechas, y habiendo discutido el punto con mis colegas con seriedad y exhaustividad, llego a la conclusión de que otra forma de solucionar los problemas, a lo que me refería es precisamente la que tiene que ver con los requisitos para el nombramiento y remoción de los presidentes de las delegaciones estatales. Así pues, votaré a favor del Proyecto siempre y cuando se incluyan las modificaciones conducentes en la materia referida y propuestas en esta mesa. Muchísimas gracias. El C. Presidente: Muchísimas gracias, tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Quisiera en este comentario incluir algunas de las observaciones hechas por los consejeros electorales Rodrigo Morales, Marco Antonio Gómez y Virgilio Andrade a quien saludo y felicito. Bueno, agrupaciones políticas nacionales, hay que recordarlo, son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática, a la cultura política y a la creación de la opinión pública mejor informada. Desde mi óptica las agrupaciones contribuyen al desarrollo de la vida democrática, entre otras cosas, por sus procedimientos internos. En ese sentido, es necesario que se ajusten a los principios mínimos de democracia que deben contener los documentos básicos, pues estos rigen su organización interna. En esta discusión el principal referente que tenemos para evaluar el nivel de democracia que impera en las APN’s son indudablemente los principios y criterios aplicables a los partidos políticos. En ese sentido, un elemento que abona es la tesis del Tribunal Electoral denominada: agrupaciones políticas nacionales, se rigen primordialmente por normas electorales y supletoriamente por el derecho común. Esta tesis dice textualmente: las modificaciones a los estatutos de una Agrupación Política Nacional surten efectos con la publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la procedencia constitucional y legal que dicta el Consejo General del IFE, de acuerdo con lo que establece el inciso l) del párrafo 1, del artículo 38, en relación con el artículo 34, párrafo 4, ambos del COFIPE. Aquí me permito subrayar que esta tesis nos remite a los artículos del COFIPE ya mencionados que comparten las agrupaciones políticas con los partidos y que se refieren a las obligaciones de ambos, establecidas en la Constitución y en el Código 75


Electoral. El artículo ya citado, 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que las agrupaciones políticas nacionales le serán aplicables en lo conducente los dispuestos por los artículos 38, 49-A, 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este Código. Del artículo referido se desprende que entre las agrupaciones y los partidos políticos existen diferencias derivadas de su propia naturaleza, pues no gozan de los mismos derechos y no tienen los mismos objetivos; no obstante dichas diferencias el punto de identificación entre partidos y agrupaciones políticas surge al tener obligaciones idénticas establecidas en el artículo 38 del Código en la materia. En atención a la identidad de obligaciones, a las agrupaciones políticas se les debe aplicar los mismos principios que a los partidos, sobre todo por lo que se refiere a conducir sus actividades y ajustar su conducta a los principios del estado democrático, así como al respeto de los derechos ciudadanos. Recuerdo que el Tribunal Electoral ha establecido que la equiparación de las agrupaciones con los partidos políticos corresponde exclusivamente a las obligaciones que tienen en común y no así por lo que hace a sus derechos. Si bien, los partidos y agrupaciones políticas tienen objetivos y naturalezas distintas, sus obligaciones son similares y el modo de exigir el cumplimiento de las mismas es idéntico. El Tribunal Electoral, también, ha sostenido que las agrupaciones políticas se rigen primordialmente por el ordenamiento jurídico electoral, porque son personas jurídicas de derecho público con todo un catálogo de derechos y obligaciones que surgen a partir de lo dispuesto por las normas electorales. Adicionalmente, su funcionamiento está regulado por sus estatutos, cuyas modificaciones deberán cumplir con las formalidades que establecen los artículos 38, párrafo 1, inciso l) y 34, párrafo 4 de la ley en la materia.

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...con las formalidades que establecen los artículos 38, párrafo 1, inciso l), y 34, párrafo 4, de la ley en la materia. Así como los partidos tienen obligación de someter a la consideración de la autoridad electoral las modificaciones que realicen a sus normas estatutarias, para que estas decidan sobre su procedencia constitucional y legal, se entiende que tal obligación también corresponde a las agrupaciones políticas; por tanto, para la revisión de las modificaciones estatutarias, la autoridad electoral debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 del Código Electoral, aplicable a los partidos y agrupaciones. Por ello, es posible aplicar los criterios mínimos de democracia que fijó el Tribunal Electoral, para interpretar este artículo; es decir, se trata de que este Consejo General garantice que tanto partidos como agrupaciones políticas cumplan con sus obligaciones de sostener los principios democráticos dentro de su normatividad interna. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Muchas gracias. A ver, todavía no sé cómo convencieron a Arturo de que eran los mismos, los partidos que las APN’s, pero en fin, creo que en efecto lo hicieron. Yo sigo sin entender; hay diferencias en las definiciones constitucionales, hay régimen financiero distinto y, en fin, por lo menos me llama la atención que no son sujetos de juicios de protección y que eso no, en fin, no haga pensar en que alguna diferencia hay entre ambos. Pero, en fin, no voy a insistir en eso, porque no me parece que ahí esté solamente el asunto central de la argumentación. Lo que se nos acaba de distribuir, bueno, pongo dos ejemplos: donde se dice que haber sustituido ratificar por obtener el reconocimiento y certificación, es un cambio fundamental; para mí son sinónimos, nada más por sentido común, no veo el cambio tan sustantivo que se pretende hacer. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención este otro: ser propuesto como integrante de la planilla respectiva por cuando menos cien asociados numerarios, para ser electo como miembro del Comité Directivo Nacional, y lo sustituye por el requisito de ser designado por el Presidente. A ver, la designación o la elección del Presidente se hace en una asamblea, incluso yo diría excesivamente democrática, porque la pueden integrar la totalidad de los afiliados. Podríamos pensar que ahí hay un asambleísmo que pudiera hacer inoperante la elección del Presidente del Comité Directivo Nacional y, sin embargo, la agrupación considera que esto es lo adecuado.

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Pero yo digo, ¿qué es más democrático?, ¿la planilla? ¿Dónde la planilla supera a la designación? Vamos a poner el siguiente caso: la planilla es una plancha; es decir, si gana por un voto, el 49 por ciento queda absolutamente excluido. La designación, en cambio, puede significar un mecanismo de compensación entre los distintos grupos y puede, eventualmente, llevar a la integración de un Comité Directivo Nacional que recoja las diversas corrientes que ahí se expresen. Entonces, no poder integrarse a la planilla no quiere decir, en este cambio, que no se pueda ser designado por el Presidente. Entonces, ese tipo de valoraciones, ya en la operación, insisto, para mí un sistema de planillas, como el que opera en muchos sindicatos, no me parece un mecanismo necesariamente más democrático que un mecanismo de designación que, hombre, si hubiera sentido común y demás podría funcionar, reitero, como un mecanismo compensatorio, si es que se está ante una elección que fue muy reñida. Y tengo otra preocupación. Más allá, insisto, de entrar en el análisis puntual, me preocupa cómo se va a orientar, en el caso de que se aprobaran las modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Andrés Albo, ¿cómo se va a orientar a la APN para que atienda qué criterios? Es decir, no creo que estemos abonando en la certeza, porque no me parece que le estemos indicando cuáles son el sentido en que tendría que rehacer los cuatro o cinco artículos que aquí se señalan...

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Inicia 36ª. Parte

... los cuatro o cinco artículos que aquí se señalan. Es decir, si hace qué cosa sí va a cumplir, y si hace qué otra no va a cumplir. Creo que sería importante, relevante que se considerara la posibilidad de una orientación mucho más clara para la agrupación política nacional. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra al Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Gracias, señor Consejero Presidente. Agradezco la manifestación del Consejero Electoral Andrés Albo y de todos los consejeros electorales, muchas gracias, y de representantes. Bueno, yo quisiera aquí hablar de tres principios que se pusieron en la mesa. El primer principio que la Consejera Electoral Alejandra Latapí puso en la mesa, que es el principio de que los partidos y las APN’s, por ende, no tiene la libertad de hacer en realidad lo que no está prohibido. Me parece que tiene absoluta razón, y yo comparto el criterio. Mi única diferencia es que es que creo que en este caso concreto no se están violando los umbrales democráticos que están expresados en criterios, pero no están expresados ni en normas ni en parámetros. Entonces, esa es la razón de mi diferencia, coincidiendo en la parte de que sí, los partidos están obligados, igual que las agrupaciones políticas nacionales, a cumplir con el artículo 27, con el artículo 38 y con la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral. Yo coincido, sólo difiero en el asunto del grado porque para mí criterios son elementos generales y no alcanzan a ser parámetros ni normas. También me parece razonable el punto que la Consejera Electoral Teresa González Luna pone en la mesa, respecto del principio de la tendencia consistente en las decisiones. Creo que efectivamente coadyuva a generar certeza. El gran problema aquí es que a lo largo de toda la historia del Consejo General, no hemos alcanzado a desarrollar mayoritariamente una tendencia consistente en donde nos diga, por ejemplo, que es violatorio de principios democráticos que un Presidente nombre a su Comité Directivo Nacional. Han sido expresiones, sí, de consejeros, han sido propuestas e incluso el Tribunal las ha recogido. Pero así como el Tribunal ha recogido unas cosas ha recogido otras, como dicen en el argot popular, y en ese sentido me parece que no tenemos todavía la tendencia consistente que se requería sin descartar que es un principio muy interesante.

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Finalmente, me voy a referir al asunto del sentido común. Me parece que habría dos cuestiones: el sentido común tiene que ir respaldado, creo yo, precisamente por tendencias consistentes que no hemos tenido. En segundo lugar, por actos de afirmación previos a que una agrupación política o partido modifique sus estatutos, porque si no los estamos tomando por sorpresa en la observación. Entonces, yo diría que en ese sentido como no tenemos tendencias aún consistentes respecto de ese punto específico, no podríamos aplicar el sentido común, y tercero, precisamente por los dilemas que genera el sentido común, se generó, digamos, en la vida occidental el estado de derecho, para absorber de manera genérica un conjunto de supuestos compartidos por soberanías. Entonces, en ese sentido no podría yo estar tan seguro de que el sentido común en este caso fuera útil para contar con un elemento de decisión, contundente, en el sentido de que hay violación a principios democráticos. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Consejero Presidente. Voy a dar un ejemplo de lo que yo creo que podría entenderse por concentración de poder. Hay una agrupación política que tenía un artículo que decía: “Los titulares de los órganos del Comité Directivo señalados en el artículo anterior, serán electos por la asamblea general extraordinaria, y durarán en su encargo tres años pudiendo ser reelectos”. Y ahora dice: “Los titulares de los…

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Inicia 37ª. Parte

... por la Asamblea General Extraordinaria y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos”. Y ahora dice: “Los titulares de los órganos del Comité Directivo señalados en el artículo anterior, a excepción de su Presidente, quien durará tres años, pudiendo ser electo por un periodo adicional, serán designados y podrán ser removidos por el propio titular del Comité Directivo Nacional”. Bueno, entonces la pregunta a mí me queda muy clara. Yo creo que allí pasa el poder de la Asamblea Extraordinaria a una persona. Entendería que eso es concentración de poder. Quizá hay una forma más precisa de decirlo, pero eso es a lo que yo me referiría, por lo que veo en esta agrupación por concentración del poder. La pregunta es si eso es legal o no, diría el Consejero Electoral Virgilio Andrade, y si tenemos elementos para decir que esta concentración del poder es legal o no. Yo creo que en el espíritu de lo que nos mandata el COFIPE a hacer, este procedimiento de concentración del poder, pues justamente no podemos considerarlo como legal y constitucional, en virtud de que tenemos un mandato muy claro: ¿Qué autoridad queremos ser? ¿Una que, en efecto, honre a cabalidad el artículo 69 del COFIPE, que dice: “son los fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática”? Y, desde mi punto de vista, cumplir a cabalidad este artículo implica, en efecto, así lo entiendo yo, identificar concentración de poder con mecanismos menos y menos democráticos. Eso es lo que a mí me anima a entender este tipo de propuesta que hace el Consejero Electoral Andrés Albo. Además, yo diría, hay señales claras. Ciertamente, en jurisprudencia, en tesis del Tribunal, en la misma sentencia que analizamos en algún momento, para poder dictaminar sobre el Partido Verde Ecologista de México, en donde parece ser claro que estos procedimientos de concentración del poder de alguna manera no vienen bien con la democracia. Yo creo que ya hace mucho tiempo que la ola democratizadora acabó con formas de despotismo ilustrado. Lo que yo creo es que ahora nos toca evitar que cualquier semilla de caciquismo o feudalismo que encontremos en nuestro camino, pueda germinar. Muchas gracias, señor Presidente.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Yo sigo esperando la respuesta a mis preguntas. Yo creo que la respuesta del Consejero Electoral Arturo Sánchez no me responde, y no me responde porque me da una interpretación de lo que él considera que es concentración de poder, pero es la de él. Yo lo que pedí precisamente era un fundamento legal o una interpretación legal que surgiera de la propia jurisprudencia, que efectivamente nos dijera o definiera qué es concentración de poder. Recuerdo que nosotros somos una autoridad que debemos de actuar por un mandamiento legal y no por lo que nosotros entendemos de lo que debería de ser, porque basta que yo esté en desacuerdo con la interpretación de Arturo, que lo estoy, porque lo que él describió simplemente no es una concentración de poder. Lo que describió Arturo es cambiar una facultad de un órgano por otro. Eso fue lo que pasó. Eso no se llama concentración de poder y ese acto está fundado en el punto cuatro de la jurisprudencia que voy a volver a leer, por si no ha quedado claro, que dice: “La existencias de procedimientos de elección, donde se garantice la igualdad del derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puede realizarse mediante el voto directo de los afiliados o indirecto. Nuevamente, la Asamblea Extraordinaria, constituida por todos los afiliados, que pueden ser convocados en igualdad de circunstancias, que no se limita el derecho, decidió modificar los estatutos y delegar esas facultades a un Presidente que también escogen los propios afiliados. Mecanismo de elección indirecta. Y nosotros decimos: Bueno, eso es una semilla de cacicazgos o feudalismos, no. Eso es ejercer un derecho que tienen los afiliados de una agrupación, para manejarse en los términos que ellos libremente lo decidan. Y, bueno, por lo mismo creo que hay muchas buenas intenciones, pero pocos fundamentos legales. Y respecto a la pregunta que define Arturo, en el sentido de ¿qué clase de autoridad queremos ser? pues yo voy a dar también la clase de autoridad que yo quiero ser, y yo quiero ser una autoridad que siempre actúe en pleno y en estricto cumplimiento a las reglas y normas previamente establecidas. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo.

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El C. Maestro Andrés Albo: Sobre este asunto de las definiciones de concentración de poder, control de poder, cuando...

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...control de poder. Cuando la Sala Superior habla del control de poder, creo que define lo negativo que resulta el poder a los partidos políticos cuando se concentra en una sola persona o grupo y sólo, desde luego, a manera de ilustración cito un fragmento de la SUP-JDC021/2005: deben existir procedimientos de elección que sirvan de límite a la auto organización del partido para que las cúpulas o pequeños grupos, sin tomar en consideración a los afiliados decidan libremente quienes serán los miembros que los dirijan o los candidatos que habrán de representarlo. De este fragmento me parece, se desprende, que el Tribunal Electoral considera como negativa la concentración del poder y bueno, otra fritura que a lo mejor es de interés para los que estuvimos en la discusión previa a la presentación de este Acuerdo. El Diccionario de Derecho Procesal, si me permiten, de Eduardo Pallares, define la ratificación como la acción de aprobar o confirmar una cosa que se ha dicho o hecho, sentándola como cierta y de efectos jurídicos. El reconocimiento, también conforme al mismo doctrinario, es la aceptación expresa o tácita de una obligación o del derecho que compete al litigante y también de la autenticidad de un documento o de algún hecho litigioso; y, la certificación es la consideración puesta por el Secretario de un juzgado o tribunal dando fe de algo, sea de la existencia de un documento, de la práctica de una diligencia o de la expiración de un término o de un cómputo. De las definiciones transcritas, bueno desde luego hay similitud, aunque ciertamente no identidad. Ratificar entonces es la acción de aprobar algo que ya existe y tiene validez. Reconocer implica aceptar la existencia de un hecho o derecho, o su autenticidad; y, certificación es el despliegue de un acto que acredita un hecho que ha sucedido en términos que se detallan. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Si no hubiese ninguna otra opinión. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Muy rápidamente para reiterar que en este Consejo ha habido voluntad inédita de avance democrático y, en ese sentido, una de las manifestaciones es la preocupación por evitar caciquismos o concentraciones personales o feudalismos, como lo calificó el Consejero Electoral Arturo Sánchez. Yo estaría de acuerdo con ese fin, la pregunta es: ¿cuál es la mejor ruta para hacerlo con objetividad y con certeza? Me parece que en este caso concreto estamos tomando por sorpresa a la agrupación política nacional porque nunca antes nos habíamos pronunciado nosotros por calificar abajo del umbral democrático una decisión de una

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asamblea que le concede al Presidente la facultad de nombrar a la mayoría, no a todos, los miembros del Comité Directivo Nacional. Ese es, digamos, mi argumento y mi punto de partida. Creo que los estamos tomando por sorpresa y la sentencia del Tribunal en relación con el Partido Verde Ecologista me parece que pretendió resolver un caso de restitución de derechos político-electorales. En ese sentido, me parece que esa restitución no alcanzaría yo desde este órgano a comprarla como un criterio genérico porque me parece que entraríamos, sí, a elementos de interpretación subjetiva en donde seguramente cada miembro de este Consejo va a tener distintos escalones de umbral. Por esa razón yo prefiero no tomar esa tesis porque me parece que fue aplicable a un caso estrictamente concreto. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Sí, para señalar que precisamente y aclarar que estas reformas y modificaciones que presenta la agrupación política no dicen designar a la mayoría, sino que en el artículo cuadragésimo la propuesta de reforma dice: “designar a los miembros del Comité Directivo Nacional”. En el artículo que también se ha señalado, que es el trigésimo sexto, la reforma que se propone en su inciso 6 es: para ser miembro del Comité Directivo Nacional se requiere ser designado por la Presidencia del propio Comité Directivo Nacional y esto nos lleva al artículo 32, que señala: quienes integran el Comité Directivo Nacional, no la mayoría, sino todos los integrantes y, como lo señalé en mi primera intervención...

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Inicia 39ª. Parte

...sino todos los integrantes, y como lo señalé en mi primera intervención, la mayor preocupación radica en que están contenidos dentro de la integración del Comité Directivo Nacional los titulares de las delegaciones estatales y los órganos y comisiones que se establezcan por acuerdo del Comité Directivo Nacional. Si la reforma o la propuesta de reforma o de modificación hubiera sido mayoría, quizá no estaríamos dando este debate. Y nada más para adelantar que el sentido de mi voto será sumarme a la propuesta que hace el Consejero Electoral Andrés Albo, en los términos en que se hace, o sea, iré con el Dictamen como lo presenta la Comisión, siempre y cuando se retome la propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo. Gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Gracias. Una intervención final, una valoración que, desde mi punto de vista, los estatutos, algunos de los artículos del Estatuto que se da la agrupación política nacional, ni siquiera atienden al objeto mismo que la agrupación se da, y señalo dos de estos artículos: el artículo sexto, que se refiere al objeto de la agrupación política, que creo que se ven poco garantizados con los artículos que aquí han estado en cuestionamiento. Uno, del artículo sexto, la fracción I, que habla por pugnar, por lograr la unidad participativa de las y los ciudadanos mexicanos, en torno a los objetivos comunes de preservar nuestro estado de derecho, el orden institucional que de él dimana, así como el catálogo de garantías de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad, establecidas en la Ley Suprema, en protección de los gobernados. Y la tercera fracción de este artículo, que se ve seriamente cuestionada por estos artículos discutidos en esta mesa, es el fomentar entre sus asociados y entre la ciudadanía mexicana, en general, una cultura social de solidaridad nacionalista, política y democrática, en observancia y ejercicio de los postulados derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables, y particularmente, atendiendo por lo que hace a su actuación política lo preceptuado en los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, encargados de regular la actividad de las agrupaciones políticas nacionales. Finalmente, también anunciar el sentido de mi voto, de que votaré a favor del Dictamen, siempre y cuando se incluyan las modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Andrés Albo en esta mesa. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Mi postura es pronunciarme por aprobar, en lo general, la procedencia constitucional y legal de los estatutos de la agrupación política nacional en cuestión.

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Me parece importante resaltar que estos estatutos fueron aprobados por 953 afiliados, que equivale aproximadamente al 10 por ciento de los miembros de esta APN. La APN, por cierto, y es importante resaltarlo, es de las pocas en cuyas asambleas pueden participar todos los afiliados y es un caso inusual. Por ello, en mi opinión, no me parece relevante ni antidemocrático que la APN en cuestión haya modificado los quórums necesarios para poder sesionar en asamblea extraordinaria, porque eso no limita la participación, sino solamente establece una garantía para que pueda sesionar. Creo también, sin embargo, que el Presidente del Comité Directivo Nacional tiene todas las facultades para designar y remover libremente a los miembros del Comité Directivo Nacional, tratándose de los secretarios de la APN, pero no estimo oportuno, en mi opinión, que éste certifique y reconozca la elección de los delegados estatales, porque podría hacer nugatorio el ejercicio de ese derecho pasivo a ser electo. Sin entrar en los detalles de la tesis jurisprudencial, mi preocupación real es que esta jurisprudencia establece que debe haber posibilidad real y efectiva para que los miembros elijan a sus dirigencias y la certificación o reconocimiento, por cierto muy semejante a como se encuentra actualmente redactado en el Estatuto, podría limitar esa posibilidad real y efectiva, y lo mismo podría ocurrir en el caso de la destitución de los delegados estatales de la APN, como viene en el Estatuto. Por esa razón, mi voto será por aprobar en lo general los estatutos y aprobar y apoyar la opinión y la consideración hecha por el Consejero Electoral Andrés Albo. Por lo tanto, mi propuesta que pongo en esta mesa, es que se votara...

Sigue 40ª. Parte

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Inicia parte 40

… Por lo tanto, mi propuesta que pongo en esta mesa, es que se votara primero por la procedencia constitucional de los estatutos en lo general, y propondría a esta mesa que después se pasara a aprobar o no aprobar la propuesta en lo particular, que hace el Consejero Andrés Albo. Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Presidente, porque si entiendo la posición de la Consejera González Luna, que si entiendo es similar a la mía, hemos señalado que votaríamos a favor del Dictamen, siempre y cuando contenga las modificaciones del Consejero Andrés Albo, si se llevara a cabo primero una votación en lo general, no podríamos saber. Propondría que se hiciera una votación en los términos del Dictamen y una votación que incluiría toda la propuesta del Consejero Albo, si se me permite la propuesta. El C. Presidente: Por supuesto. Simplemente me parece que se han expresado en esta mesa las posturas que aprueban la postura del Consejero Andrés Albo, y me parece que existen hasta donde se ha expresado, los votos suficientes para aprobar la propuesta del Consejero Andrés Albo. Porque mi preocupación es que yo he observado en esta mesa que en lo general existe la disposición de darle procedencia a estos estatutos, y por ello me parecería importante que este Consejo General se manifestara en lo general por aprobarlo por una mayoría, y posteriormente hacer las observaciones particulares, ese es el sentido. Si no hubieran verbalmente expresado los consejeros una posición mayoritaria como la he observado, no me atrevería a presentar esta propuesta ante ustedes. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Bueno, una sugerencia que a lo mejor podría atender la inquietud de las consejeras Alejandra Latapí y Teresa González Luna. Si la premisa de la propuesta del Consejero Andrés Albo en su Acuerdo primero, es declarar en lo general la procedencia constitucional ilegal de las modificaciones de los estatutos de la APN, podríamos someter a la consideración la propuesta del Consejero Andrés Albo, y eso resuelve, me parece, podría resolver en una sola votación. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Entiendo que eso podría solucionar, pero creo que por asunto de orden, lo que primero hay que votar es lo que se puso a consideración.

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Entonces, creo que es mucho más sencilla la propuesta que hace la Consejera Latapí. Primero se vota en sus términos, como llegó. Evidentemente si consigue una aprobación ya quedará aprobado en sus términos. No parece ser el caso, pero, insisto, simplemente por una cuestión de orden, primero en sus términos y después incorporando las modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Presidente: Muy bien. Le pido a la Secretaria del Consejo que proceda a tomar en consideración esta propuesta y votemos en el orden que propone el Consejero Electoral Rodrigo Morales. La C. Secretaria: En primer lugar someteré a su consideración el presente Proyecto de Acuerdo en sus términos, y después con las propuestas circuladas en la mesa por el Consejero Electoral Andrés Albo. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba, en sus términos, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia Constitucional y Legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Cruzada Democrática Nacional”. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Señor Presidente, no se aprueba el Proyecto de Resolución en sus términos por una mayoría de 5 votos en contra y 4 a favor. A continuación se consulta si se aprueba la propuesta que ha circulado el Consejero Electoral Andrés Albo, en el sentido de declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias correspondientes y la improcedencia constitucional y legal de las modificaciones a los artículos 33; 36, fracción VI; 40, fracciones VI y VII, y 78, fracción IV de los estatutos de la mencionada Agrupación Política Nacional, relativos a la facultad del Presidente del Comité Directivo Nacional de designar y remover a los integrantes de ese órgano, así como a su facultad de certificar y reconocer el nombramiento de los presidentes de las delegaciones estatales. Esta propuesta supondría sustituir el considerando ocho del Proyecto de Resolución por un nuevo considerando 10, incluir cuatro nuevos considerandos, numerales ocho, nueve, 11 y 13, y cambiar la numeración del considerando nueve del Proyecto de Resolución, para que pase a ser considerando 12. Se propone…

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Inicia 41ª. Parte

... numeración del considerando nueve del Proyecto de Resolución, para que pase a ser considerando 12. Se propone también modificar los puntos resolutivos Primero y Segundo; cambiar la numeración del punto resolutivo tercero, para que pase a ser el cuarto, y agregar un nuevo punto resolutivo tercero. Finalmente, se propone modificar el anexo dos del Proyecto de Resolución, en la parte conducente. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Aprobado por cinco votos a favor, y cuatro en contra. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para la publicación de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Pido a la Secretaria del Consejo dé cuenta del último punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Organización México Nuevo”. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Organización México Nuevo”. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceder a lo conducente para la publicación de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación.

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Se han agotado los asuntos del orden del dĂ­a, y quiero agradecer la presencia de los vocales ejecutivos que nos acompaĂąaron esta tarde. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos.

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Versión estenográfica de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, llevada a cabo en el salón de sesiones del propio Instituto.

México, D. F. a 29 de abril de 2005.

El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, iniciamos la sesión ordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido a la Secretaría verifique si hay quórum legal. La C. Secretaria: Señor Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 14 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. El C. Presidente: Sírvase la Secretaría continuar con la sesión. La C. Secretaria: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. El C. Presidente: Proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y entrar así directamente a la consideración de los mismos, en su caso. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con la sesión. La C. Secretaria: El siguiente asunto se refiere al orden del día. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el orden del día. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Consejero Presidente.


El C. Presidente: Le pido a la Secretaría del Consejo de cuenta del primer punto del orden del día. La C. Secretaria: El primer punto del orden del día, es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acta. Sírvase tomar la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2005. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Secretaria del Consejo sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la Presentación del Primer Informe Trimestral de la Junta General Ejecutiva correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2005, así como de la Contraloría Interna, relativo al mismo periodo. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, están a su consideración los informes mencionados. Le pido a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaria del Consejo General en cumplimiento al artículo 6 del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El C. Presidente: Tiene la palabra la Secretaria del Consejo. La C. Secretaria: En el Informe que se presenta en esta sesión se da cuenta de la totalidad de quejas genéricas promovidas dentro de la competencia del Instituto Federal Electoral desde el mes de enero de 2004 a la fecha. Como ha sido práctica en la presentación de estos informes se incluye la totalidad de los asuntos y se realiza una actualización del estado que guardan los procedimientos en su trámite y sustanciación.

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En el año de 2004 fueron iniciados a trámite 46 procedimientos, de los cuales el Consejo General ha resuelto 26. En la presente sesión se elevan a consideración de este órgano 12 dictámenes adicionales. En el curso del presente año ha sido promovida ante el Instituto una sola queja, cuyo Dictamen se presentará al Consejo en su próxima sesión ordinaria. Respecto al año electoral de 2003 en el que se inició un total de 487 procedimientos, el día de hoy se presenta el Dictamen correspondiente al único expediente que se encuentra pendiente de...

(Sigue 2ª parte)

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INICIA SEGUNDA PARTE

...correspondiente al único expediente que se encuentra pendiente de resolución. Ello es así en virtud del Acuerdo de devolución que este Consejo General aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 13 de octubre de 2004, respecto de la queja identificada con el número de expediente 480/2003. Asimismo, me permito informar a los integrantes de este Consejo General que en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 21 de abril del año en curso fueron aprobados dos dictámenes a los que hace referencia este Informe, uno de los cuales corresponde al procedimiento iniciado en 2005 al que antes me he referido. Es todo, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Si no hubiese ningún comentario a este Informe, le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Informe que presenta la Secretaría del Consejo General respecto del cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General durante el periodo comprendido del 29 de enero al 16 de diciembre de 2004 y del 31 de enero al 16 de marzo de 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. Tiene la palabra la Secretaria del Consejo. La C. Secretaria: Con fundamento en los artículos 84, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 40, párrafo 2, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto, y 9, párrafo 1, inciso h) del Reglamento de Sesiones del Consejo General, la Secretaría de este Consejo rinde el presente Informe. Durante 2004 el Consejo General celebró 14 sesiones, cuatro ordinarias, 10 extraordinarias. En lo que va de este año 2005, el Consejo ha sesionado en tres ocasiones, una de manera ordinaria y dos de manera extraordinaria. En estas sesiones se aprobaron 51 acuerdos y 171 resoluciones, de los que se han derivado 304 compromisos a cargo de las diversas instancias del Instituto. Como se señala en el Informe que previamente fue distribuido a todos los integrantes de este Consejo y se detalla en el anexo que lo acompaña, 279 de estos compromisos que representan el 92 por ciento del total han sido atendidos de manera integral. De los 25 compromisos restantes, 16 se consideran cumplidos de manera parcial, pero, sin embargo se ha avanzado significativamente en su atención. Seis de estos 4


compromisos habrán de cumplirse en las próximas semanas y cuatro de ellos están en espera de la respuesta correspondiente de las distintas instancias del IFE. Los nueve compromisos restantes se tienen identificados como en trámite, aunque sin embargo valdría la pena tomar en consideración que cuatro de ellos corresponden a acciones en un plazo definido que aún no ha vencido y tres requieren de la atención de autoridades distintas. Los otros compromisos, las distintas áreas del Instituto Federal Electoral, están llevando las acciones correspondientes para su cumplimiento. Es todo, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Buenas tardes. Me refiero en este Informe de la Secretaría Ejecutiva a la página 210 y al Acuerdo que se tomó en la sesión del 11 de febrero de este año, en donde se instruye a la Junta General Ejecutiva a efecto de que diseñe e instrumente una campaña de difusión con el objeto de informar y dar a conocer la nueva demarcación territorial, objeto de este Acuerdo, así como el procedimiento técnico empleado. Y en el seguimiento dice que está cumplido, que la Coordinación Nacional de Comunicación Social ha realizado diversas campañas de difusión respecto a la Redistritación. Quiero señalar, nos interesa destacar, que este asunto de la Redistritación ha sido un asunto que ya discutimos aquí, que ya se dio el debate, que en general hicimos un balance favorable de este procedimiento, que hubo algunas quejas de algunos partidos que se llevaron al Tribunal, este Tribunal resolvió. No me refiero a esa parte, me refiero justamente a la parte de informar a la población de los nuevos distritos electorales y me parece que siendo un asunto tan complicado, en donde la geografía electoral ha cambiado de manera importante, nosotros consideramos que deben seguirse haciendo esfuerzos para que la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto siga informando a la población de este asunto. Hay mucha gente que todavía no sabe exactamente dónde empieza y dónde acaba sus nuevos distritos, que no acaba de entender tampoco las razones de los cambios...

SIGUE TERCERA PARTE

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Inicia 3ª. Parte

...que no acaba de entender tampoco las razones de los cambios, que tiene dudas sobre si esto ya se va a quedar definitivamente o no, dudas que nosotros, como representantes de los partidos políticos no tenemos, pero que la población probablemente sí tenga, porque cambia, ha cambiado mucho su geografía política. Entonces, yo propondría que en este caso no se viera como un, o llamaría la atención para que no se viera como un asunto cumplido o concluido, sino recomendar a la Coordinación de Comunicación Social y a este Consejo y al IFE, para que se siguiera informando de esta nueva redistritación, para esa nueva distritación, de estos nuevos cambios, y la población tuviera más información sobre este asunto que obviamente le afecta, y que tuviera la mayor cantidad de datos y de conciencia sobre información de la nueva situación que vive el país, desde el punto de vista de la redistritación. Entonces, simplemente que ojalá no se diera por cumplida y por concluida esta campaña de información, sino que pudiera seguirse realizando. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Sí, gracias. En atención a los comentarios del representante del PRD, quiero comentarle que este tema de la Redistritación es parte de un programa de difusión y que hemos denominado de acompañamiento de diferentes temas y actividades que está llevando a cabo el Instituto, y respecto al caso particular de la Redistritación, ya se tuvieron seminarios con representantes de la prensa, con diversas organizaciones de la sociedad civil; una reunión especial, también con esta información, para cónsules y embajadores acreditados en México. Asimismo, se ha hecho llegar todo este material a los órganos desconcentrados, que están repitiendo en cada uno de los estados y/o de los distritos, este ejercicio con audiencias interesadas en el tema, además de que se han llevado a cabo diferentes entrevistas de consejeros, de funcionarios del Instituto, reportajes, y que efectivamente me sumo a la propuesta, porque lo estamos viendo como un programa permanente, en el que el tema de la Redistritación, así como la información del Programa Estratégico de Educación Cívica y algunas otras decisiones y proyectos que se van llevando a cabo, están siendo parte de este programa. El C. Presidente: Creo yo, de acuerdo a lo que comenta el representante del PRD y la Consejera Electoral Alejandra Latapí, que es muy pertinente esto. Se trata de un tema, y como lo dije en la ocasión en que se aprobó en una sesión en esta mesa, una de las decisiones centrales y fundamentales hacia la elección federal de 2006. Sin embargo, por su complejidad, probablemente no ha recibido la atención pública que debiera, a pesar de que se han hecho esfuerzos, por lo cual me parece muy pertinente que se continúe en este esfuerzo. 6


Yo le pido a la Secretaria del Consejo, en su calidad de la Secretaria Ejecutiva, que se unan esfuerzos entre la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, a través de sus programas de difusión, y la propia Dirección de Comunicación Social, para poder avanzar en esos proyectos y que se pueda informar en esta mesa, en tres meses, cómo se ha avanzado. Quiero reiterar también que hay algunas acciones en marcha; se está elaborando una “memoria” institucional del proceso de distritación; se llevará a cabo un seminario internacional en la materia, pero sí me parece muy importante que desde oficinas centrales y desde las entidades del país se pueda reproducir el significado fundamental, en materia de equidad del voto de la redistritación que se llevó a cabo. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, respecto de los ingresos provenientes de las actividades convenidas con Institutos Estatales Electorales o gobiernos de los estados que son considerados como ampliaciones líquidas. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representes, está a su consideración el Informe mencionado. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Anual que, por el ejercicio anual 2004, presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento del artículo 15, fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral. El C. Presidente: Señoras y señores...

Sigue 4ª. Parte.

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Inicia 4ª parte

...señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Informe Ejecutivo de las actividades realizadas por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva del Ramo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo General del IFE del 16 de diciembre de 2004, mediante el cual se aprobó el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe mencionado. Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión quisiéramos aprovechar la oportunidad para presentar, y así lo hemos hecho, un informe específico sobre los avances que registra, a la fecha, el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 que, desde luego, complementa el Primer Informe Trimestral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, recién presentado en el punto 2 del orden del día y es, además, un informe adicional a los informes semestrales establecidos en el Acuerdo del Consejo General. Una vez aprobado por este Consejo, el Programa Estratégico de Educación Cívica, en su sesión del 16 de diciembre pasado, tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como la Comisión del ramo, nos hemos dado a la tarea de concretar los proyectos específicos y hacer los ajustes correspondientes en el calendario anual de actividades y en los indicadores de gestión para garantizar su óptima instrumentación. Son siete los proyectos específicos 2005 que han sido aprobados por la Comisión, en su sesión del 8 de marzo pasado, para ser desarrollados durante el presente año dentro del marco jurídico, del marco teórico, del marco contextual y del marco pedagógico establecidos en el programa mencionado. Educar para la Democracia, Ejercicios de Participación Cívica Infantil y Juvenil y Nosotros los Jóvenes, Proyecto Ciudadano, son tres de los proyectos institucionales que permanecen porque han sido, y han resultado, exitosos y sobre todo porque recogen trayectoria institucional y son coherentes con los postulados teóricos y pedagógicos del mismo programa estratégico.

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La continuidad de estos tres proyectos específicos, se plantea en términos de ampliar, mejorar y consolidar su instrumentación. Luego tenemos otros dos proyectos específicos: Educación para la Participación en la Vida Pública y Educación para el Ejercicio Libre, Responsable y Razonado del Voto que, por un lado, agrupan y redimensionan acciones educativas realizadas con anterioridad por el Instituto y, por otro, incorporan nuevas acciones. En este sentido, son proyectos que se actualizan a la luz de los nuevos postulados del Programa Estratégico de Educación Cívica. Por último, tenemos dos proyectos, digamos nuevos, el Fortalecimiento a la Educación Cívica en México y el Diseño e Instrumentación de Iniciativas Locales que plantean una novedad en su concepción y articulación pero que en su conjunto, con los otros cinco proyectos específicos, dan contenido y forma a la nueva política de educación cívica del Instituto. Estos siete proyectos específicos nos plantean, en este año, en el 2005 previo a la jornada electoral del próximo año el gran reto de incorporar elementos de promoción de la participación electoral de los ciudadanos en todos y cada uno de ellos. Desde luego, de manera muy particular, en los que apuntan al ejercicio de los derechos políticos electorales. Pero me parece, lo hemos comentado en la Comisión, e incluso con algunos de ustedes en reuniones de información y de socialización de estos proyectos que este año, y el siguiente, son claves en términos de educación cívica para lograr esta participación nutrida, razonada, consciente e informada de los ciudadanos en la jornada electoral. Cabe señalar que estos proyectos específicos constituyen una primera plataforma de planeación, de organización y también de acción que nos permite ya, y así lo estamos reportando, el inicio de la instrumentación de la política educativa del Instituto. A partir de los avances que logremos en este año, año en el que además haremos intensos esfuerzos por lograr una planeación estratégica que incluya...

Sigue 5ª parte

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Inicia 5ª. Parte

…intensos esfuerzos por lograr una planeación estratégica que incluya mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación de este programa. Me parece que con esto estaremos dando cabal cumplimiento al Acuerdo y estaremos concretando lo que se ha planteado en nuestro Programa Estratégico de Educación Cívica. Es importante que estos proyectos específicos sean compartidos con todos los actores políticos, con los actores sociales y actores educativos, toda vez que dentro del Programa Estratégico de Educación Cívica se ha planteado como central la vinculación, la relación y la implementación de acciones conjuntas con los distintos actores comprometidos también con la educación y la difusión de nuestra cultura política democrática. En este sentido, el 13 de abril pasado tuvimos una primera reunión con los representantes de partidos políticos aquí en el Instituto para presentar y lograr el intercambio y la socialización de información respecto a este planteamiento de los siete proyectos específicos. Fue una primera reunión donde se abre el diálogo y el encuentro en estos asuntos que son de primer orden para el Instituto y, que queda el acuerdo y el compromiso por parte de la Comisión y de la Dirección de seguir profundizando este intercambio de información, de análisis, de retroalimentación con la mira a poder establecer acciones conjuntas, incluso, conveniadas y tendremos en adelante reuniones específicas con representantes de partidos políticos para analizar cada uno de los proyectos que están en marcha. De tal manera, que se tenga un conocimiento preciso de la implementación de los resultados obtenidos a determinada fecha de los programas que están asociados y poder tener todos la información completa, oportuna y, sobre todo, información que siempre anima a poder conjuntar acciones en este sentido. También quisiera informar que en este mismo sentido con los partidos políticos, haremos lo propio con las agrupaciones políticas nacionales, con otros actores de la sociedad civil, con autoridades, de tal manera que logremos posicionar el Programa Estratégico de Educación Cívica, como la política institucional del Instituto Federal Electoral, y logremos algo que se propone de manera muy clara nuestro Programa Estratégico que es el involucramiento de los actores en acciones conjuntas y específicas de educación cívica. En el siguiente punto del orden del día, nos tocará comentar ya sobre el mecanismo concreto que se ha contemplado para lograr estas colaboraciones, particularmente con partidos y agrupaciones políticas nacionales. No me queda más que decir que el interés tanto de la Comisión, como de la Dirección del ramo es poner a dialogar este programa con todos los actores que están 10


involucrados, interesados y comprometidos con las tareas educativas de México. Gracias. El C. Presidente: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Gracias. Buenos días. Simplemente para hacer un llamado, muchas de mis preocupaciones ya lo ha mencionado la Consejera Electoral Teresa González Luna, el llamado precisamente es para ella en su carácter de Presidenta de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, y toda vez que yo no soy miembro de dicha Comisión. A mí me parece, que creo que es urgente definir cómo van a participar los partidos políticos y las APN’s en materia de educación cívica con el IFE. El PEEC 2005-2010 establece que son aliados estratégicos partidos y APN’s, y multiplicadores de legalidad que coadyuvan en el desarrollo, fortalecimiento, arraigo de los valores de la cultura democrática, esa es la definición y ese es el objetivo de lo que nosotros queremos en materia de educación cívica. Lo cierto es que al día de hoy no tenemos definido ¿cómo van a participar ni los partidos, ni las APN’s en los programas de educación cívica que realiza el Instituto? Y tampoco tenemos definidos ¿qué clase de educación cívica queremos que los partidos realicen como parte de sus actividades específicas que por ley realizan?, que también es educación cívica. Y no lo tenemos definido, porque lo vamos a ver más adelante, tenemos todavía problemas serios en cuanto a la interpretación de un Reglamento totalmente subjetivo y que es totalmente limitativo de las actividades de educación cívica. Estos dos aspectos no se contemplan en ningún lado de lo que es el PEEC, ni se ha establecido una definición de cómo se va a establecer esa participación. Por el contrario, en el punto del orden del día siguiente se establecen ¿cuáles van a ser las limitaciones? pero todavía no se establece un Programa específico de colaboración con los partidos y con las APN’s. Entonces,…

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Inicia turno 6

...de colaboración con los partidos y con la APN’s. Entonces, mi llamado es precisamente para que la Comisión que usted preside, defina en fecha próxima cuáles van a ser los programas de participación con partidos políticos y APN’s para echar a andar este tema que urge, como bien mencionó la Consejera Electoral González Luna. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los Criterios y Lineamientos Generales y Criterios Específicos que deberán observarse en la celebración de Convenios de Apoyo y Colaboración en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral que suscriba el Instituto Federal Electoral con diversas Instituciones Públicas y Privadas, Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales, Asociaciones Civiles y Organizaciones Diversas. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Muchas gracias, hago uso nuevamente de la palabra para, de manera breve, contextualizar este Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, relacionado con los Convenios de Apoyo y Colaboración en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral. El 25 de mayo de 1999 por primera vez, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se establecieron criterios para la suscripción de convenios institucionales. De entonces a la fecha, y el dato es importante, se han revisado aproximadamente 700 proyectos de convenio. Los dos programas de educación cívica aprobados en distintos momentos por este Consejo General, me refiero al Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 y al Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, coinciden en enfatizar la importancia de construir relaciones sólidas con instituciones públicas y privadas y organizaciones diversas, como base fundamental para el desarrollo y la consecución de los fines del Instituto en esta materia. Entre las 42 estrategias que el Plan Trianual contempló, 31 se realizaron en el marco de alguno de los 340 convenios suscritos en la materia a través de las juntas locales y distritales, así como de los 30 convenios suscritos a nivel central. 12


En estos momentos estamos trabajando para que el nuevo Programa Estratégico logre traducir, en los hechos, el reconocimiento que hace de la diversidad de culturas políticas de nuestro país, promoviendo una participación igualmente pluricultural de actores, corresponsables, en el desarrollo de la vida democrática a través de la práctica del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. De esta forma, el Programa Estratégico de Educación Cívica, define como un eje transversal fundamental la colaboración y coordinación con diversos actores estratégicos. Tales como instancias u organismos públicos, privados y sociales, entre los que se encuentran asociaciones civiles, universidades, Secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales y, ahora, partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, como colaboradores fundamentales y partícipes activos en la instrumentación de los proyectos y acciones educativas. Con el Proyecto de Acuerdo que aquí se presenta, buscamos seguir avanzando para darle a la institución el marco normativo que la cambiante dinámica cultura y política del país nos exige a todos. Como una de las innovaciones más relevantes hay que resaltar que en esta propuesta se reconoce la imperiosa necesidad de involucrar a los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en los programas de educación cívica del Instituto. Esperamos que su participación se de tanto como sujetos de educación cívica y como aliados en la difusión de la cultura política democrática. En razón de ello, es indispensable la suscripción de convenios que establezcan las bases mediante las cuales el Instituto formará a simpatizantes y miembros de tales organismos políticos como multiplicadores de la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, además de establecer los mecanismos para llevar a cabo diversas estrategias y actividades de los programas institucionales de educación cívica vigente. Creo hablar a nombre de todos mis compañeros cuando expreso mi entusiasmo al iniciar esta nueva etapa de colaboración con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. No tengo dudas en cuanto a los buenos frutos que de ella vendrán. A la brevedad iniciaremos los contactos para ponernos a trabajar con todos los interesados. Ya lo iniciamos esto con los partidos políticos. Hay que dejar claro que si bien...

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INICIA SEPTIMA PARTE

...los interesados, ya lo iniciamos esto con los partidos políticos. Hay que dejar claro que si bien la apertura de la posibilidad de realizar este tipo de convenios con los partidos y las agrupaciones, necesariamente implica establecer modalidades específicas para dichos convenios, dado su carácter de entidades de interés público y las diversas restricciones legales a las que nos encontramos sujetos, particularmente en materia de financiamiento. Esto no quiere decir de ninguna manera que se planteen de entrada como convenios imperfectos, como si se impusieran condiciones que minimicen sus capacidades. En lo absoluto, entraremos en esta relación con un gran ánimo de colaboración. Las particularidades de los convenios con los partidos y las agrupaciones no impedirán una adecuada relación de trabajo ni el flujo apropiado de recursos humanos y materiales en tanto sean necesarios para desarrollar exactamente las acciones pactadas, garantizándose en todo momento la transparencia de dichos flujos. Si la transparencia es un requisito indispensable de todas las acciones que el Instituto realice, resulta evidente que con mucha mayor razón ese imperativo ha de aplicarse de manera absoluta e incondicional en las relaciones que se produzcan en cualquier esfera entre la autoridad electoral y los actores de la contienda electoral. Por otra parte, cabe destacar que la propuesta supone que todo acuerdo de voluntades se desarrollará en el marco de los objetivos y programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de las vocalías del ramo, en materia de Educación Cívica, Divulgación de la Cultura Política Democrática y Capacitación Electoral, así como para cumplir con la obligación de orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales. La colaboración, apoyo e intercambios con otras instituciones debe establecerse preferentemente con el propósito de que el Instituto cubra espacios o llegue a públicos que por sus propios medios no puede atender o abarcar. Los intercambios y la colaboración que se lleven a cabo mediante convenio, habrán de definirse a través del criterio de complementariedad con otras instituciones en materia de recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y de información. En resumen, el Proyecto de Acuerdo que hoy ponemos a su consideración reglamenta lo siguiente: los contenidos de los convenios, los procedimientos para su revisión y, en su caso, aprobación; la participación institucional en la coedición de materiales que coadyuven a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; los requisitos específicos para la suscripción de convenios con asociaciones civiles, con partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

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Los Lineamientos para cuando el Instituto Federal Electoral participe con recursos financieros o materiales y los procedimientos para que los órganos desconcentrados puedan realizar, por sí mismos, la suscripción de los convenios correspondientes. Estamos seguros que en esta nueva etapa los nuevos convenios que habrán de firmarse, seguirán por el camino que ya se ha venido construyendo de colaboración entre instituciones para la consecución de uno de nuestros más claros objetivos: Que la cultura democrática permee en todas las esferas de la vida nacional. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Muchas gracias. Muy buenas días tengan todos ustedes. Yo celebro también que estemos en este punto, me parece que además de recoger toda la experiencia de las prácticas que se venían desarrollando, incorpora, como bien ha señalado la Consejera Electoral González Luna, reglas particulares para incorporar a los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales en estas actividades de colaboración, y eso derivado de que, en efecto, como se decía hace un momento, el Programa Estratégico considera que estos dos tipos de organizaciones son aliados estratégicos. Creo que es un Acuerdo que clarifica mucho los procedimientos, y yo simplemente tendría una propuesta de modificación en el punto cuarto, sería la siguiente: El punto cuarto, como saben, habla justamente de estas reglas de colaboración con los partidos políticos y agrupaciones políticas. En el inciso d), que sería mi propuesta de modificación, sería: todos los proyectos definidos en cada convenio que suscriban con partidos políticos y APN’s deberán aprobarse, actualmente dice: “en sesión de la Comisión de Capacitación”. La modificación sería: “Deberán aprobarse en sesiones conjuntas de las comisiones de Capacitación y Educación Cívica y de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión...

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Inicia 8ª. Parte

...y Educación Cívica, y de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. Si seguimos la secuencia de ese mismo punto de acuerdo, vemos que en el propio inciso f) se dice que estos convenios serán informados de manera permanente a la Comisión de Capacitación, de Prerrogativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; es decir, ahí se introducen estos dos nuevos actores institucionales, en el marco de este asunto. Me parece que con eso, si se aceptara esta modificación, queda más clara cuál es la materia; me parece que se puede, insisto, perfeccionar y esa sería la única modificación, que es un asunto de forma, es un asunto de procedimiento, dada las materias particulares de ambas comisiones. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. En este tema, yo quisiera solicitar ayuda para entender un poco. No entiendo muy bien este punto de acuerdo, porque creo que existe, y siguiendo lo que ha dicho la Consejera Electoral Teresa González Luna, una contradicción, porque el mecanismo en el que entiendo yo que los partidos y las APN’s tienen que participar, en materia de educación cívica con el Instituto, tiene que quedar establecido en un programa que a la fecha no se ha emitido y no sabemos cuándo se va a emitir. Mi interpretación es concordante con el primer párrafo del inciso a) del resolutivo cuarto, que se establece que se diseñará un conjunto de estrategias, talleres de educación cívica. Los convenios simplemente van a ser el instrumento por medio del cual se va a formalizar la participación de la APN o del partido con el Instituto, para dar cumplimiento al programa, pero en mi lógica de construcción, primero debe de venir el programa y posteriormente las restricciones a los formatos de los convenios, no al revés. Lo cierto es que al día de hoy no tenemos definido qué clase de educación cívica queremos que desarrollen los partidos políticos, conforme a sus actividades específicas, porque si lo quisiéramos ya hubiéramos reformado el reglamento, y tampoco sabemos cómo van a participar los partidos, como aliados estratégicos nuestros. Lo que sí se propone el día de hoy es establecer los límites de un programa que no conocemos y mi propuesta sería, en el inciso a) del resolutivo cuarto, es: la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral diseñará un conjunto de estrategias, talleres, actividades de educación cívica a desarrollar, conjuntamente con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Yo no tengo problema; lo que necesitamos es definir cuándo, porque el tiempo pasa y la educación cívica urge. Y como bien dice el PEEC, necesitamos instrumentar multiplicadores con la ayuda de partidos y con la ayuda de APN’s, pero necesitamos 16


definir, con urgencia, qué es lo que queremos hacer y posteriormente, sí, instrumentarlo a través de los convenios, con las modalidades que se adecuen al programa, no al revés. Ese es mi punto y la fecha, yo solicitaría que fuera a propuesta de la Consejera Electoral Teresa González Luna, si lo acepta, toda vez que yo no tengo una idea fresca de cómo van los tiempos en esta materia. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, yo en primer lugar quería básicamente elogiar, como lo han hecho el Consejero Electoral Rodrigo Morales y la Consejera Electoral Teresa González Luna, lo que estamos a punto de acordar. Se trata justamente de definir criterios y lineamientos para convenios de apoyo y colaboración dice el texto, apoyo y colaboración en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y capacitación electoral. Por lo mencionado hasta ahora, salvo la introducción que hace la Consejera Electoral Teresa González Luna, pareciera que nos estuviéramos relacionando exclusivamente con partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. No. Se trata de convenios que tienen un objetivo. Hay una meta, hay un PEEC, un proyecto que define claramente cuáles son una serie de actividades que el Instituto quiere desarrollar y lo que estamos poniendo son las reglas para que cualquier tipo de convenio de apoyo y colaboración, con cualquier tipo de organización que cumpla algunos requisitos mínimos, enmarquen este tipo de actividades. Así es como yo entiendo la colaboración. Hay un fin, un objetivo que sí, en efecto, define el Instituto en virtud de que se trata de uno de sus fines, la educación cívica, y hay partes que quieren llegar a ese fin y en esas partes, bueno, el Instituto pone las...

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Sigue 9ª parte.

...y en esas partes, bueno, el Instituto pone, las organizaciones ponen, encaminados a lograr esta meta. Creo que el Acuerdo que se nos propone es bastante preciso en muchos de estos aspectos, fija una serie de criterios, incluso define diversos tipos de convenios posibles y en ese sentido yo quería hacer énfasis en esta tarea. Ahora bien, en el caso de, la gran novedad quizás, lo más importante aquí es que en efecto se incluye no nada más como lo hizo el PPEC, sino como las tareas de educación cívica se han ido desarrollando anteriormente, se incluye a los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales porque en efecto, tanto la ley en la definición de lo que son las agrupaciones políticas nacionales, por un lado, como en la definición de las actividades específicas de los partidos políticos, parece presumir que hay un interés de estas dos figuras en hacer actividades que pudieren coincidir con los objetivos del Instituto de llegar a realizar tareas de educación cívica. Lo que hace este Convenio es poner la mesa para poder desarrollarlas y garantizar que lleguen a buen fin. En ese sentido, no estoy tan seguro que seamos nosotros los que tenemos que definir qué tipo de educación cívica deben hacer los partidos políticos. Más bien a mí me da la impresión de que si los partidos políticos tienen una serie de actividades que coinciden en objetivos con los que el Instituto quiere, pues firmemos un Convenio y vayamos juntos a lograr esa meta. Ahora, ¿qué tipo de actividades pueden incluir ahí? Yo creo que el punto cuarto es muy preciso al respecto. En efecto, como bien mencionaba el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, diseñará un conjunto de estrategias, talleres y actividades que pudieran desarrollarse con partidos y agrupaciones políticas. Otra vez, poner la mesa, seguramente en este diseño se consultará a los propios partidos políticos, se hará todo lo que corresponda para ver hasta dónde podemos ir cerca y, de esa manera ver qué posibilidades hay, o no, de firmar algún tipo de Convenio. En ese sentido, creo que en sus términos, tal como está redactado, es un gran avance, nos pone una mesa para construir, una mesa para trabajar. Yo creo que en efecto no me quedaría yo en el inciso a), del punto cuarto, me pasaría al inciso b) a partir de una oferta, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica diseñará un Convenio Tipo a suscribirse con partidos y agrupaciones políticas. Otra vez se trata de poner una mesa, facilitar las tareas que deseen, por cuenta propia los propios partidos, en las líneas que marca el Instituto, de colaborar en materia de educación cívica. Insisto, no me queda claro que seamos nosotros los que tengamos que decir a los partidos por dónde hacer sus actividades de educación cívica. Más bien, en donde haya 18


coincidencias, coincidamos y está la mesa puesta para firmar tipos de convenio de esta forma. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Convergencia, Elías Cárdenas. El C. Licenciado Elías Cárdenas: Muchas gracias, señor Presidente Consejero. Buenos días a todos y a todas. En la misma línea del Consejero Electoral Arturo Sánchez y del Consejero Electoral Gómez Alcántar, es decir, en principio esta es una innovación que se da de convenios con los partidos políticos, esto es lo novedoso en este caso. Tenemos, como antecedentes, que los partidos políticos no participan en esta Comisión, es decir, no estamos enterados a fondo de cuáles son, al detalle, los programas de educación cívica. Por otro lado, quisiera señalar que el Convenio Tipo, este convenio ¿se diseñará entre el área correspondiente y los partidos políticos?, o bien, se nos presentará un Convenio Tipo semejante a un contrato de adhesión. Es decir, aquí está este Convenio, te conviene o no a ti partido político. Por otro lado, nos topamos con lo mismo de siempre, la falta de equidad. ¿Quién podrá aprovechar mejor éstos? Bueno, pues los partidos que tengan mayores posibilidades para financiar esto, porque el financiamiento, obviamente, aquí no habrá financiamiento especial...

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Inicia 10ª. Parte

…porque el financiamiento obviamente, aquí no habrá financiamiento especial, se establece muy claramente. Y, bueno, todas estas dudas, pues sí debemos clarificarlas para los partidos políticos. Entiendo que es potestativo de un partido político hacer el convenio o no hacerlo, esto me queda claro. Pero sí que nosotros estamos en la intención de que se promueva esta forma de cultura cívica y democrática y que participen los partidos políticos, pero que participen más a fondo, que no solamente se nos presenten contratos tipos para ver si lo firmas o no lo firmas, es decir, que quede perfectamente claro que tenemos que tener una participación en esta Comisión; ni en ésta, ni en la de Prerrogativas obviamente tenemos participación directa los partidos políticos. Por eso, mi duda es saber: ¿Qué mecanismos vamos a usar para llegar a un acuerdo de un convenio, llámese tipo o un convenio especial con cada partido de acuerdo con sus posibilidades? Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. Creo que efectivamente el documento que se nos presenta hoy, este Proyecto de Acuerdo tiene un ánimo muy importante que hay que reconocer y que me parece que hay que destacar, el ánimo es efectivamente abrir un espacio, como dijo el Consejero Electoral Arturo Sánchez, una mesa, en donde puedan sentarse distintos actores de la vida política y social del país para participar en este Proyecto. En el caso de los partidos políticos yo creo que este ánimo es elogiable, qué bueno que se abre este espacio, que se abre esta mesa, pero al mismo tiempo que reconocemos esto y que lo valoramos sí surgen dudas, porque a final de cuentas es un tema relativamente nuevo y que nos gustaría también que se abundara un poco más sobre el asunto y que, quizás, se pudiera clarificar. En efecto, el asunto que a nosotros nos llama la atención es el número cuatro, el Acuerdo cuarto, que empieza en la página nueve y que tiene varios incisos del a) al f). Y en efecto aquí nos surgen algunas dudas: La primera está en el inciso a), cuando dice: “que el conjunto de estrategias, talleres de actividades de educación cívica se desarrollarán conjuntamente con los partidos políticos”, pero quien diseña estas estrategias es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral. Entonces, ahí nos gustaría abrir un espacio para una retroalimentación, es decir, que las estrategias, talleres de actividades que diseña la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y que hará con los partidos políticos, pudiera haber también la posibilidad de que los partidos y las agrupaciones pudieran participar en este diseño, que este diseño no fuera de la Dirección hacia los partidos, sino 20


también de los partidos junto con la Dirección para poder concluir en esos talleres de actividades que para los partidos resultaran atractivos, interesantes y, por lo tanto, pudieran adherirse a ellos en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus proyectos en esta materia. De la misma manera cuando se habla en el inciso b) del Convenio Tipo a suscribirse con los partidos políticos, también dice: “que la Dirección Ejecutiva diseñará este convenio y que deberá validarlo la Comisión de Capacitación Electoral y la Dirección Jurídica”. Pero creo que aquí también valdría la pena que los partidos pudiéramos tener una opinión sobre cómo hacer ese diseño, de tal manera que no llegáramos al punto, creo que no es el espíritu del documento, no es el espíritu del Acuerdo, pero podría darse el caso que no llegáramos al punto en que rechazamos o aceptamos el convenio, que es lo que planteaba el representante de Convergencia, sino que pudiéramos participar en su elaboración. Y también en el inciso e), donde se habla de los recursos, del financiamiento, se habla de que no habrá un financiamiento adicional. Desde luego, obviamente no estamos pensando que deba haberlo, está bien que no lo haya, entendemos eso. Pero sí que cuando se habla aquí también de que los recursos que los partidos erogarán serán cuantificados y deberán registrarse de conformidad con los reglamentos del Instituto, ahí sí le doy un poco la razón…

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Inicia turno 11

...de conformidad con los reglamentos del Instituto, ahí sí le doy un poco la razón. No sé si el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez se refería a este asunto. Ahí sí, si entiendo bien su intervención, ahí sí entramos en una especie como de incertidumbre porque se está hablando de un Reglamento que en este momento no contempla con claridad este tipo de convenios, este tipo de acuerdos o este tipo de colaboración, o por lo menos no lo contempla con la certeza que a nosotros nos gustaría. Entonces, ahí también creo que valdría la pena que hiciéramos un compromiso para que los reglamentos se reformaran en función de este nuevo Acuerdo o bien, que se dijera que efectivamente los recursos que gasten los partidos políticos, de conformidad con los reglamentos en estos convenios, o en esta etapa, en esta idea de alianza estratégica, como aquí se ha llamado, bueno pues será un poco en la idea de estimular la participación de los partidos, de que nosotros no tengamos un problema adicional para justificar estos gastos, sino al contrario, sean estímulos para que los partidos podamos aprovechar este espacio, esta mesa, como la llamó el Consejero Electoral Arturo Sánchez, para dedicar estos recursos a estas tareas que hoy nos está convocando el Instituto. Creo, entonces, que el ánimo es muy bueno, que la intención es muy positiva, que el Proyecto tiene muchos puntos relevantes que hay que elogiar pero que falta, quizá, alguna precisión para que los partidos podamos reconocer en esta mesa que tenemos facilidades, que tenemos oportunidad de opinar y de llegar a conclusiones, acuerdos, convenios, a diseño de planes y de proyectos que no sean de manera unilateral. Insisto, no creo que sea el ánimo pero podría parecer que estos convenios, estos proyectos y estas actividades pudieran ser diseñadas de manera unilateral y que los partidos no tendríamos otra que decir sí o no y no sentirnos partícipes, sujetos activos, de la elaboración de estos proyectos, de estas cuestiones que se están planteando en el Proyecto de Acuerdo. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Muchas gracias, buenas tardes. Yo también me sumo a la felicitación por la presentación de este Acuerdo que creo que es un paso importante en la colaboración con algunos proyectos con partidos políticos y organizaciones políticas nacionales. Sí, creo que falta avanzar en algunas definiciones, en algunos detalles. Entiendo que a la plática sostenida hace unos días con los representantes de los partidos políticos, habría encuentros posteriores, cuando menos mi entendimiento de esa reunión y, entiendo que también en ese sentido fue el ofrecimiento de la Consejera Electoral Teresa González Luna que habría estos acercamientos para definir algunas mecánicas y algunos procedimientos más específicos y que efectivamente aquí, en estos espacios, sería una oportunidad para tener intercambio con los partidos y desde luego avanzar en algunas de estas precisiones. 22


Efectivamente, no queda claro que no habría nuevos recursos directos para partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, organizaciones, pero sí recursos para la coadyuvancia, para aquellos proyectos en los que haya coincidencia. Estoy de acuerdo con el comentario realizado por el representante del PRD en el sentido de algunas precisiones en torno al cuarto artículo del Acuerdo que se nos propone y, en lo particular, en el inciso e), yo me sumaría a alguna preocupación, dado que no hay algunas definiciones por desarrollar, yo propondría eliminar el segundo párrafo del inciso e) que señala: “Los recursos humanos y materiales que el IFE destine para el cumplimiento del objetivo de los convenios, así como los recursos erogados por los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, deberán cuantificarse y registrarse...

(Sigue 12ª parte)

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INICIA 12ª PARTE

...partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales deberán cuantificarse y registrarse de conformidad con los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables en la materia. Aquí me parece que, dado que queda claro en el primer párrafo, que a través de estos convenios no se podrá otorgar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas nacionales financiamiento adicional al que la ley provee, creo que es innecesario este artículo y, bueno, para qué cargamos de otra obligación a los partidos, de informar algo que queda claro desde mi perspectiva en el primer párrafo. Entonces propondría la eliminación de este segundo párrafo del inciso e), artículo 4. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Si no hubiese otro orador para la primera ronda, yo simplemente quisiera tratar de centrar cuatro puntos que se han planteado en la mesa, y si hay alguno que se me haya escapado, creo que es útil para poder ir encontrando si hay alguna manera de enriquecer este Proyecto de Acuerdo. El primero planteado es el relativo al Consejero Electoral Rodrigo Morales, que sugiere en el punto cuarto, inciso d), añadir a la Comisión de Prerrogativas al proceso para aprobar los convenios con las agrupaciones políticas nacionales, además de la Comisión de Educación Cívica. Posteriormente, el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, sugiere que se establezcan fechas para establecer las estrategias, talleres y actividades de educación cívica con partidos políticos y APN’s, que es el punto cuarto, inciso a) Tercero, nos comentan que los partidos políticos quisieran tener un espacio para opinar y no solamente ser receptores de estrategias ya definidas. Mi pregunta sería a esta mesa, si en este documento valdría la pena y se podría establecer un espacio para que los partidos pudiesen opinar, previo a que se les presentase proyectos o convenios. Y finalmente, el Consejero Electoral Andrés Albo, nos comenta eliminar el segundo párrafo del inciso e) del punto cuarto de este Acuerdo. Me parece que son las cuatro ideas que se han planteado para el debate, a fin de poder pasar posteriormente a aprobar, si fuese el caso, con alguna modificación este Acuerdo. Para la segunda ronda, ha solicitado la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Bien. Simplemente quisiera precisar cuáles son mis dudas y cuál fue mi propuesta. 24


Como bien dice el Consejero Presidente, yo quisiera simplemente que se estableciera cuándo la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica diseñará un conjunto de estrategias, talleres y actividades de educación cívica a desempeñarse conjuntamente con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Yo lo que pido es cuándo, porque ya llevamos tiempo en estos temas y creo también que hay que darse una visión integral al tipo de educación cívica que van a realizar por un lado, o que realizan los partidos políticos como parte de sus actividades, y eso lo revisamos cada vez que revisamos actividades específicas que presentan los partidos, hoy vamos a tener un ejemplo muy claro de esto, pero también tenemos que definir qué tipo de educación cívica queremos realizar de manera conjunta con los partidos políticos y APN’s. Eso lo dice el primer párrafo del inciso a). Yo lo único que pido es que se establezca cuándo y también que se establezca una visión integral en cuanto cuál va a ser la función del Centro de Formación y Desarrollo para asistir a los partidos en sus tareas de investigación, en cuanto a la modificación del Reglamento de Actividades Específicas y, sobre todo, aterrizando qué clase de educación cívica queremos con los partidos y con las APN’s y no los convenios que restringen un Proyecto que todavía no se tiene. Esa es mi lógica simplemente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Muchas gracias, Consejero Presidente. Buenos días. Yo me sumo a los reconocimientos ya vertidos en esta mesa a los contenidos del convenio y a los esfuerzos que nos llevaron a aprobarlo en la Comisión respectiva y, de entrada, también felicito el interés que hoy están manifestando los partidos políticos por ampliar su participación en las tareas de educación cívica y que ahora con este convenio encuentran espacios, otros nuevos espacios, además de los que ya tienen por la vía que contemplan las actividades específicas, que son materia además específica de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. Considero que toda vez que el tema de los convenios de colaboración está referido a cuestiones relacionadas con la educación cívica, resulta razonable que la aprobación de los mismos se deje en esta Comisión, porque además los límites de la colaboración está sujeta a las restricciones legales y a los reglamentos de la materia, como ya es el caso del recientemente aprobado Reglamento de...

SIGUE 13ª PARTE

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Inicia 13ª. Parte

...sujeta a las restricciones legales y a los reglamentos de la materia, como ya es el caso del recientemente aprobado Reglamento de Agrupaciones Políticas. No comparto la idea de que pueda ser en comisiones unidas, debido a que no es un asunto en donde haya prerrogativas involucradas. También recordaría en esta mesa que el 16 de marzo, se aprobó en este mismo Consejo General el Acuerdo que emite las bases para la evaluación de la calidad de las actividades editoriales, Reglamento al que me refiero, y que en este caso las circunstancias no han cambiado como para cambiar lo que ya ha sido aprobado. Por otra parte, solamente quisiera agregar que, también me parecería muy preocupante, y recalco el “muy preocupante”, que desde el Instituto Federal Electoral quisiera o pretendiera imponerse, ya sea: a los partidos, a las agrupaciones, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones educativas, a otras autoridades, a todos otros aquellos sujetos de estos convenios, ya sea contenidos o calendarios que no sean producto de un acuerdo, de una negociación, y no una imposición por parte del Instituto, me parece que sí no tendría lugar, porque nosotros lo que hacemos es ofrecer nuestros programas y aquellos que quieran sumarse, lo pueden hacer a través, precisamente, de estos convenios. Y sí quisiera señalar que también la mayoría de los convenios que se han venido firmando en los últimos meses, están ya acompañados de un programa de actividades mucho más concreto, de aquellos puntos en los que hubo coincidencia de las partes firmantes y que, con ello, ya llevan a los programas específicos de trabajo, de ahí que no vea espacio para calendarios o agendas que más bien podrían parecer restrictivas. Muchas gracias. El C. Presidente: Bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias. A ver, creo que convendría recordar cuál es el alcance de este Acuerdo y qué le podemos pedir al Acuerdo. El alcance del Acuerdo es criterios generales a los que se deberán ajustar, digamos, todos los convenios de apoyo y colaboración; todos, no solamente con los partidos. El segundo asunto son requisitos específicos para la suscripción de convenios, cuyo objeto sea la actualización de materiales que coadyuven a la difusión, etcétera, etcétera. El tercer alcance son requisitos específicos para la celebración de convenios con asociaciones civiles, partidos políticos y APN’s. Después, se abordan las condiciones en que el IFE podrá participar con recursos financieros y materiales y, finalmente, el procedimiento que deberá seguirse para la celebración de los convenios. 26


En ese sentido, no sé si el cuándo y el cómo, ya particular, pudiera ser materia de este Acuerdo; es decir, no sé si en el marco de lo que estamos por aprobar pudiéramos poner una fecha, por ejemplo, cuando estamos hablando no de un asunto a instrumentarse, sino de un Acuerdo marco, digamos, de que revise, insisto, lo que el Instituto ha hecho y adiciona algunos alcances distintos, para sus convenios de colaboración. Tampoco sé si podemos poner los cómos; es decir, cuál va a ser el espacio y pretender reglamentarlo aquí; sin embargo, reconozco que el espíritu, digamos del Acuerdo; el espíritu de la discusión, mejor dicho, sí debiera recoger y hacerse cargo de esta inquietud de no llegar a hechos consumados y a decir: “esta es la oferta; tú dime sí o no”. Y me parece que el ánimo sí sería cómo encontramos espacios para decir: “la Dirección Ejecutiva tiene este conjunto de estrategias, etcétera, etcétera, contenidos; poder compartir con los partidos políticos y las APN’s estas inquietudes”, y sólo a partir de ahí ya entrar, siguiendo con el procedimiento, a lo que sería un Convenio Tipo que se haga cargo también de las realidades particulares, tanto de los partidos como de las APN’s. Digamos, no quisiera tampoco volverlo un punto central, la propuesta. Insistiría de la siguiente manera, creo que en términos del diseño, de lo que es la materia propia, está muy bien resuelto que...

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...el diseño, de lo que es la materia propia, está muy bien resuelto que es, desde la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Capacitación, que se empiezan a abordar los temas propios de la materia. Sin embargo, ya la aprobación de los convenios me parece que la modificación propuesta es congruente con el inciso F, que es que en el marco de los convenios se establecen mecanismos para informar de manera permanente, y ahí ya se incluye a la Comisión de Prerrogativas y a la Dirección Ejecutiva, así como a la Secretaría Ejecutiva sobre recursos humanos y materias que tanto los partidos y las agrupaciones. En fin, creo que la definición sustantiva sigue estando del A al C tanto en la Comisión como en la Dirección Ejecutiva de Capacitación de cuál es la materia propia de los convenios. A partir del D, que ya sería la aprobación de los convenios, es que hago esa sugerencia que, reitero, tampoco es un ánimo de, es simplemente en un ánimo, me parece, de mejorar y de darle congruencia al conjunto del punto cuarto. Estos serían mis comentarios. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Gracias, señor Presidente. Sí quisiera comentar varias cosas. Creo que estamos muy cerca, es cuestión nada más de afinar algunas propuestas. Uno, me parece correcto, hay que incorporar en este diseño de las estrategias, talleres y actividades un mecanismo para que los partidos puedan sentirse escuchados, igual que el IFE se siente escuchado por los partidos. O sea, no tengo una propuesta específica, pero creo que en el inciso A, del cuarto, valdría la pena incorporarlo. En segundo lugar, también ya en la formulación del Convenio Tipo. O sea, para no tener de repente cuestiones que vayan a contravenir. Ahora, yo sí quisiera hacer un matiz. Estamos hablando, y así lo enuncia el punto cuarto: el Instituto Federal Electoral podrá suscribir convenios de apoyo y colaboración con partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. En la suscripción de tales convenios se seguirán los siguientes Lineamientos. No quiere decir que haya un único Convenio para todos los partidos. Esto es muy importante que no nos, o sea, cada partido tendrá sus diferentes estrategias, sus diferentes formas de enfrentar incluso y conceptualizar el problema de la educación cívica, por lo cual la mesa debe estar puesta para que todo el que quiera comer, con los modales que quieran comer, puedan hacerlo cómodamente. Y entonces se trata de convenios específicos. 28


Por eso, incluso las fechas dependerá de las voluntades diversas de los diversos partidos políticos para construir esta tarea y no a través de algo que nosotros impusiéremos. Y finalmente, estoy yo totalmente de acuerdo con la propuesta que hace el Consejero Electoral Andrés Albo, todo el párrafo segundo, digamos, o los segundos renglones del inciso E, podría generar una confusión yo creo que triple. No decimos quién cuantifica, no decimos bajo qué reglamentos específicos, como tenemos reglamentos de fiscalización, como tenemos a la Contraloría para fijar nuestras finanzas, esto genera una confusión que no aclara. Así que yo me sumaría a la propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral Teresa González. La C. Maestra María Teresa de Jesús González: Gracias, Consejero Presidente. Para hacer algunas puntualizaciones que me parecen pertinentes. Primero, dejar muy claro que el Instituto Federal Electoral tiene muy clara su estrategia de educación cívica, y es justamente el Programa Estratégico aprobado en nuestra sesión del 16 de diciembre pasado. El IFE también tiene muy clara la agenda y la coyuntura electoral en términos de proyectos específicos a desarrollar en el ámbito de Educación Cívica y muy ligados a toda la preparación y a toda la animación de la participación ciudadana en las elecciones del 2006. Pero también es cierto que el Instituto, con su programa, en ningún momento impone a ninguno de estos actores aliados estratégicos, ninguna actividad ni ninguna acción. Por el contrario, lo que hace el Programa Estratégico de Educación Cívica es proponer una serie de proyectos específicos para el 2005-2007 a los cuales podrán, o no, sumarse total, parcial o muy puntualmente los partidos, las agrupaciones o cualquier actor social y educativo interesado. Ahí hay una propuesta y una plataforma de acción institucional que puede, en un momento dado, coincidir con intereses, con necesidades, con aspiraciones de los distintos actores, incluyendo partidos y agrupaciones políticas, y que en su momento se tendrán que definir. En este sentido, en ningún momento se ha propuesto en el Programa Estratégico de Educación Cívica algún proyecto específico...

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…Estratégico de Educación Cívica algún proyecto específico relacionado con los partidos políticos y las agrupaciones políticas, por el contrario, la colaboración y la cooperación con nuestros aliados estratégicos es un eje transversal, por lo tanto, puede materializarse o no en cualquiera de estos proyectos, ¿no? Que además plantean como vías de acción diversas para poderlas trabajar. Y el otro asunto que me interesa como dejar también como muy claro, es que las actividades específicas, los programas específicos se desprenderán justamente de los convenios, es decir, son intereses, necesidades, apuestas muy diferentes de cada actor que se involucra en esta gran tarea de la educación cívica y que justamente el instrumento del convenio permite definir por ambas partes, es decir, el Instituto y el actor qué es lo que se quiere realizar conjuntamente en este sentido. Entonces, de ninguna manera podemos pretender definir de antemano qué tipo, qué programa y qué actividad o qué temática vamos a trabajar juntos, ¿no?, será producto de esta interacción por un objetivo que nos está llamando y nos está articulando. Quisiera también manifestarme de acuerdo con la propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo que retoma la observación del representante del Partido de la Revolución Democrática, me parece pertinente el retiro de este segundo párrafo que lejos de agregar o de contribuir a clarificar el sentido del acuerdo tiene elementos que más bien provocan confusión. Entonces, estaría muy de acuerdo y propondría también en el inciso a) del cuarto artículo de este Acuerdo, que pudiéramos agregar después de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, previa consulta con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales y de acuerdo ya a los convenios y programas específicos acordados por ambas partes ya se diseñará, entonces, el Programa específico. Me parece que podríamos incluir esta parte, después de mencionar al actor que es la Dirección Ejecutiva, para dejar claro que se trata de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. Y en este asunto de los convenios tipo, bueno, pues el sentido es contar con un instrumento, digamos, jurídico, pero que tiene su definición final y distinta para cada caso, es decir, no hay un Convenio que se aplique a todos por parejo y de igual manera; al contrario, el sentido de esta posibilidad que nos abren ya los convenios para el Acuerdo en educación cívica es justamente poder darle un contenido y un propósito particular en cada uno de los casos. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Virgilio Andrade.

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El C. Maestro Virgilio Andrade: Gracias, Consejero Presidente. Consejeros y representantes, creo que estamos frente a un punto que está tratando de privilegiar un valor fundamental para la sociedad mexicana, y es el relacionado con la Educación Cívica. Hoy estamos frente a una oportunidad y frente a un avance incuestionable, porque a través de un sólo documento marco nos estamos involucrando todos los actores vinculados con este valor supremo que el Instituto Federal Electoral tiene por intención coadyuvar a desarrollar. Creo que uno de los valores fundamentales de la educación cívica es la apuesta a la confianza, y la apuesta a la confianza que tengamos todos los actores que vamos a estar involucrados en esto, comienza precisamente por la confianza que le tengamos al Convenio Marco. Y lo digo, porque el grado de adecuaciones que nosotros le hagamos refleja en algún sentido el tipo de confianza que le tenemos nosotros al texto que se nos presenta. Y me parece que tiene elementos generales como para poderle apostar con confianza al mismo, sin oponerme a las adecuaciones que aquí se han dicho. Sin embargo, sí quisiera ilustrar que aún sin las adecuaciones nosotros podríamos estar seguros de que las preocupaciones se están atendiendo. Primero, la relación con los partidos políticos, me parece que queda muy claro que la construcción es conjunta, de hecho la palabra queda textualmente mencionada en uno de los incisos del Acuerdo cuarto. Segundo, en relación con las fechas para poder llevar a cabo esto, creo que debemos de hacernos cargo de que sí tenemos un esquema institucional…

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....para poder llevar a cabo esto creo que debemos hacernos cargo de que sí tenemos un esquema institucional en el cual las fechas están ya condicionadas porque este Consejo General revisa los avances, y este Consejo General está plenamente legitimado para revisar o para variar las velocidades de los mismos. En ese sentido creería que incluso tomando en cuenta que es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la responsable de ir desarrollando los avances de estos programas, si la Secretaría Ejecutiva viene con nosotros a presentar informes trimestrales, podemos tenerle la confianza de que habrá el espacio para poder modificar las velocidades de lo que nosotros queremos. En relación con el control de los recursos, me parece que hay un Acuerdo dedicado específicamente a eso y los recursos se van a utilizar para los programas. Eso queda perfectamente claro no tendríamos ninguna necesidad de hacer aclaración adicional alguna, queda perfectamente entendido, quedan perfectamente separados, el punto quinto es aplicable a todos; sin embargo, las modificaciones que aquí se han propuesto no tienen tampoco ningún problema, es cuestión de más o menos palabras. Finalmente diría, que en esta apuesta a la confianza creo que el involucramiento de la Comisión de Prerrogativas puede ser útil si se toma en cuenta qué prerrogativas también tienen, dentro de su esfera, la revisión de los avances en materia de actividades específicas de los partidos políticos y creo que tenemos que recordar que en la sesión anterior nosotros aprobamos un nuevo diseño para dotar de recursos de actividades específicas en donde, precisamente, en este nuevo asunto con agrupaciones políticas nacionales, las nuevas reglas, ponen especial énfasis en desarrollo de actividades de educación cívica. Por lo tanto, creería que las reformas que aquí se han propuesto pueden progresar. Yo tendría reservas respecto de la fecha, creo que no hay ninguna necesidad e invitaría a que precisamente el valor supremo de la educación cívica, que es el que estamos construyendo lo honremos con la puesta de confianza de los que estamos aquí en la mesa y de los actores que van a estar involucrados derivado de la construcción conjunta de este Acuerdo y celebro la oportunidad que tenemos de seguir avanzando en esta materia para una construcción conjunta. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Para manifestar mi adhesión a las propuestas que se han hecho aquí en el inciso a) de la consulta, que manifestó la Consejera Electoral Teresa González. Si mal no recuerdo ella hizo la propuesta. Para manifestar también mi adhesión a que pudiéramos incluir alguna redacción sobre el inciso b). Yo propondría una que diría: “a partir de dicha oferta formativa la Dirección 32


Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica diseñará una propuesta de convenio tipo que en su caso se suscribirá con los partidos y asociaciones políticas”. Meterle la palabra “propuesta” indica que los partidos, tendrían la posibilidad de modificarla y por lo tanto firmarla y suscribirla en su caso; es decir, cuando haya Acuerdo. También manifestar mi adhesión a la modificación del inciso e), tal como lo hizo el Consejero Electoral, si mal no tomé nota, Arturo Sánchez y el Consejero Electoral Andrés Albo. Creo que con eso podríamos darle el realce, la importancia y la claridad que se ha hablado de este convenio y que podría ayudar mucho a la consecución de sus objetivos. Gracias. El C. Presidente: Antes de pasar a la siguiente ronda, quisiera ir resumiendo. El Consejero Electoral Andrés Albo propuso eliminar el segundo párrafo del inciso e). Varios consejeros en esta mesa y algún representante se han manifestado a favor de esa idea. Quiero decir que a mí me parece también que no añade y genera cierta confusión por lo cual, en lo personal, me sumo a la propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo. Hay una propuesta que hizo la Consejera Electoral Teresa González. Yo quisiera proponer la misma redacción, casi idéntica, que dijera el punto cuarto, inciso a), que se dijera: “previa consulta con representantes de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales, la Dirección Ejecutiva…. Etcétera….

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...y las agrupaciones políticas nacionales, la Dirección Ejecutiva…”, etc. Esa es la propuesta que se ha manifestado algún apoyo. Tercero, se mantiene la propuesta del Consejero Electoral Rodrigo Morales, con un argumento nuevo del Consejero Electoral Virgilio Andrade, de añadir a la Comisión de Prerrogativas al proceso de aprobación de estos convenios. Sobre el tema del Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, de establecer fechas, hay un argumento de que no es posible hacerlo porque son convenios que van surgiendo de un proceso decisorio múltiple. Entonces, creo que eso falta aclarar todavía si es o no posible, o de qué manera se puede generar certeza para que no quede abierto, si se puede o no se puede. Y finalmente, dejar en la mesa que el representante Saúl Escobar acaba de poner sobre la mesa una propuesta del inciso b) y saber si algún consejero la quiere tomar para proponerla en la votación correspondiente. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Simplemente para precisar nuevamente lo que es mi propuesta, mi propuesta no es para ponerle fecha o para celebrar un Convenio, pues eso no se puede, eso va a depender de la interacción que se dé entre partidos y el Instituto. Mi propuesta es ponerle fecha a una obligación de hacer, que dice: “La Dirección Ejecutiva, etc., diseñará un conjunto de estrategias, talleres y actividades”. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, lo único que yo solicito es cuándo. Esto no se refiere a la firma de convenios, y yo sí creo que ayuda el determinar una fecha, porque independientemente de los partidos políticos aquí representados, esta opción también se abre para cerca de 75, 76 APN’s que están dispuestas y muy interesadas en colaborar con el Instituto en los programas que se diseñen en términos del inciso a) resolutivo cuarto, y de ahí la urgencia de apresurar estos trabajos y de tener una visión integral para que las APN’s que así lo han manifestado se sumen de forma inmediata a este tema. Y sobre todo atendiendo al nuevo esquema de financiamiento aprobado en meses pasados, creo también sumarme a la propuesta del Consejero Electoral Rodrigo Morales de que sea la Comisión de Prerrogativas la que también participe. Pero aclaro, la urgencia de definir estas estrategias tiene como mi principal interés el interés que a su vez yo he recibido por las agrupaciones políticas nacionales de sumarse a los esfuerzos del Instituto Federal Electoral en materia de educación cívica. 34


Evidentemente la vía es a través de un Convenio, pero el diseño, conjunto de estrategias, talleres, actividades de educación cívica, etc., que dice el propio Convenio, no se tienen fecha ni programado ni se tiene una idea precisa, cuando menos pública o que yo conozca respecto de qué tipo de participación, qué tipo de programas, talleres o actividades queremos realizar con las APN’s y también, por supuesto, con partidos políticos. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Muchas gracias. Yo no tendría problema en adherirme a la propuesta que Don Saúl Escobar ha realizado en la sesión anterior, me parece que es adecuado agregar al Convenio Tipo la posibilidad de que sea una propuesta que será discutida con los partidos políticos y de ahí saldrá el Convenio final. Estoy de acuerdo en las otras propuestas que se han mencionado, aunque tengo dudas, quizá me inclinaría a no respaldar la propuesta que hace el Consejero Electoral Rodrigo Morales por una cuestión, entendiendo el buen propósito que ánima a esta propuesta de mejorar ciertamente los trabajos de la vinculación con los partidos políticos y las APN’s. Primero por una consideración más bien de orden conceptual y me parece más bien legal, que dado que no se van a aportar recursos a los partidos políticos y APN’s no estamos entonces, no estamos por tanto en presencia de prerrogativas; por tanto no vería yo la necesidad imperiosa de tener presencia en esta Comisión. Y bueno, parece obvio, discúlpenme que lo repita, que desde luego la materia de educación cívica compete a la Comisión de Capacitación y Educación Cívica. La otra consideración es una consideración de orden práctico que a veces también importa, y dado la cercanía de la jornada electoral, que debemos de andar, de acuerdo a la contabilidad del Consejero Electoral Arturo Sánchez, por los 450 días ó 429, de sesionar juntas estas comisiones, pues tendríamos que sesionar ocho consejeros. Entonces me parece que a lo mejor podría...

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Inicia 18ª. Parte

...que a lo mejor podría hacer práctico el trabajo de la Comisión de Capacitación y que siguiera sesionando, y en el entendido que desde luego los consejeros tienen acceso a estas comisiones y a las reuniones de trabajo, como fue el caso de la última que tuvimos con los partidos políticos, donde creo que prácticamente todos los consejeros estaban representados, me parece que nada más faltó uno o dos y, bueno, pues desde luego con las APN’s habría la necesidad de calendarizar algunas reuniones de este tipo. Entonces, en ese sentido, yo estaría en contra de esta propuesta. El C. Presidente: Muy bien. Si alguien más no tuviera ninguna posición para la ronda número tres, quisiera entonces nuevamente matizar, para que pasemos al sistema de votación. Está ya la propuesta de modificación del inciso a), para que haya previa consulta con los partidos políticos, para el diseño de las estrategias. Segundo, hay una propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo, para eliminar el segundo párrafo del inciso e). Tercero, se acaba de retomar por el Consejero Electoral Andrés Albo, la propuesta de Saúl Escobar, para decir que se diseñará una propuesta de convenio tipo, etcétera, que es el inciso b), es una propuesta que acaba de tomar el Consejero Electoral Andrés Albo. Cuarto, está la propuesta de subir a la Comisión de Prerrogativas, para que en conjunto con Educación Cívica participe en la aprobación de los convenios. Y quinto, quedó, pero no quedó claro cuál podría ser la propuesta de poder establecer alguna fecha, del Consejero Electoral Marco Antonio Gómez, sobre la mesa, pero lo pongo sobre la mesa porque no hay una propuesta concreta o no ha habido una manera de desahogar esto; simplemente hay la propuesta que establezcan fechas. Quizá una manera de hacerlo sería, al margen de lo que decida este Consejo, darle un mandato, a través de la Junta General Ejecutiva, a la Dirección Ejecutiva para que pueda informar de cuál podría ser una estrategia para dar certeza a la petición del Consejero Electoral Marco Antonio Gómez; es una propuesta alternativa, pero no encuentro todavía una vía para poder someterlo a votación. Entonces yo quisiera preguntar cuál sería esa vía para poder hacerlo. Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Disculpen, aclaro la propuesta, que sea el último día hábil de mayo. El C. Presidente: Hay una propuesta que sea el último día hábil de mayo. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Arturo Sánchez.

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El C. Maestro Arturo Sánchez: Entiendo que estamos en la tercera ronda todavía y que estamos siguiendo el orden de las rondas. El C. Presidente: Sí, se han acabado los oradores. El C. Maestro Arturo Sánchez: Bien, entonces yo no he usado mi tercera ronda. El C. Presidente: Así es. El C. Maestro Arturo Sánchez: Nada más para, dada la propuesta que se dice, yo sí creo que tenemos aquí, en efecto, coincido, la necesidad de hacernos de un calendario que vaya desahogando temas, pero me da la impresión de que el inciso c) establece claramente que se cumplirán en orden primero el inciso a), después el inciso b), y a partir de estos dos, se invitarán a los dirigentes de cada uno de los partidos, para seguir esta cadena de desahogo de posibles actividades de educación cívica. La Consejera Electoral Teresa González Luna decía: Bueno, este calendario depende no de un proyecto integral de todos los partidos, sino con cada uno de los partidos se seguirá una dinámica específica, con base en el Convenio que se firme con cada instituto político. ¿Por qué? Porque yo no creo que podamos definir o poner una fecha para definir qué es lo que queremos que los partidos hagan. No creo que ese sea el camino. Creo que lo que podemos hacer es, en efecto, darle seguimiento a esto en el propio calendario de desahogo del Programa de Actividades de Educación Cívica, del PEEC, digamos, que tiene su propia dinámica, que tiene contenidos de lo que definimos que debe ser la educación cívica, ese objetivo al que queremos ir y, en ese sentido, en esa carrera ya estamos; los objetivos están definidos. Lo que falta es iniciar una serie justamente de encuentros con los partidos políticos. Y dice el c): a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo. Arranquémonos; la fecha está puesta a partir, si se vota ahora, de hoy, están comandados ya, perdón, obligados ya la Dirección Ejecutiva y la Comisión y empezar a trabajar sobre este punto. Entonces, no veo la necesidad de ponernos una fecha, como el 30 de mayo, cuando ya lo pondría yo es a partir de hoy, en virtud de que hoy firmaremos o votaremos este Proyecto de Acuerdo. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Lourdes López. La C. Maestra María Lourdes del Refugio López: Gracias. En el mismo sentido, ya lo había señalado el Consejero Electoral Rodrigo Morales, de definir si este es o no el lugar y el espacio para hacer ese tipo de clarificaciones y también...

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Inicia 19ª Parte

...espacio para hacer este tipo de clarificaciones, y también, citándolo a él, bueno, y a la Consejera Electoral González Luna ¿cuáles son los alcances de este Proyecto de Acuerdo? Se ha centrado la discusión en asuntos particulares que tienen que ver con las condiciones en las que estaríamos colaborando en materia de Educación Cívica con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Pero este Proyecto de Acuerdo comprende a todos aquellos actores que ya han estado colaborando con el Instituto, y es un propósito de reordenar y sistematizar un trabajo en el marco de un programa integral de educación cívica para dar consistencia a todas nuestras acciones. Hacer precisiones particulares, no comparto que este sea el espacio, que sea urgente, y que tengamos que encontrar, a como dé lugar, una oportunidad para satisfacer el planteamiento del Consejero Gómez. Hacer precisiones nos lleva a que las disposiciones análogas contenidas en el Proyecto de Acuerdo y que atienden a otras instancias, pues también tendrían que requerir esta especificidad. Entonces dimensionemos lo que aquí se está aprobando ahora, reconozcamos que es un propósito de reordenar lo que ya se ha estado trabajando y felicitemos lo que ya, como se ha señalado aquí, que se está formalizando una colaboración en materia de Educación Cívica, que esa es la gran novedad de este Proyecto de Acuerdo con las agrupaciones políticas y los partidos políticos nacionales. Porque el estado de colaboración en el que ya se han desarrollado acciones, ponía al Instituto en una condición de lectura de parcialidad en estos esquemas de colaboración. Estamos regularizando lo que, de facto, ya se está haciendo. Entonces avancemos, construyamos efectivamente y no contaminemos lo que esta disposición pretende hacer para la institución, que es regularizar la colaboración en materia de Educación Cívica, no solamente con partidos políticos y agrupaciones políticas, sino con instituciones públicas, privadas y organizaciones ciudadanas. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Bueno, habiendo concluido la deliberación, le pido a la Secretaria del Consejo tome las votaciones correspondientes. Perdón, tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sólo quiero preguntar si se agendó, para votación, la propuesta del Consejero Marco Gómez. El C. Presidente: Sí, está agendada. Sí, claro, nos va a presentar la Secretaria del Consejo los puntos que se votarían, incluido el de que en el último día del mes de mayo se puedan presentar estos avances. ¿Es correcto?

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El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Sí, pero toda vez que creo que mi propuesta no tuvo mucha aceptación yo la retiro. El C. Presidente: La retira. Retirada la propuesta de votación del Consejero Electoral, Marco Antonio Gómez. Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a tomar las votaciones correspondientes. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, propongo, entonces, someter a su consideración la aprobación de este punto del orden del día, en lo general, y posteriormente en lo particular, las siguientes votaciones de acuerdo a las propuestas del Consejero Morales, en el sentido de modificar el Punto de Acuerdo Cuarto, inciso d), respecto a la incorporación de la Comisión de Prerrogativas Partidos Políticos y Radiodifusión. La propuesta del Consejero Andrés Albo, para eliminar la segunda oración del inciso e), del Punto Cuarto de Acuerdo; la propuesta del representante del Partido de la Revolución Democrática y la Consejera Teresa González Luna, en el sentido de modificar el inciso a), del Punto de Acuerdo Cuarto, para establecer que, previa consulta con los partidos políticos y agrupaciones políticas, y de acuerdo a las definiciones particulares de cada Convenio, se elaborarán los programas correspondientes. Asimismo, la propuesta del representante del Partido de la Revolución Democrática, que retoma el Consejero Andrés Albo, en el sentido de modificar el inciso b) del Punto de Acuerdo Cuarto, consistente en que se diseñará una propuesta de convenio tipo que, en su caso, se suscribirá con los partidos políticos y agrupaciones políticas. Por lo tanto se consulta, en lo general, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los Criterios y Lineamientos Generales y Criterios Específicos que deberán observarse en la celebración de Convenios de Apoyo y Colaboración en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral que suscriba el Instituto Federal Electoral con diversas Instituciones Públicas y Privadas, Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales, Asociaciones Civiles y Organizaciones Diversas. Los que estén por la afirmativa, en lo general, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad el Acuerdo, en lo general, señor Presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba, en lo particular...

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Inicia 20ª. Parte

…si se aprueba en lo particular las modificaciones al Proyecto de Acuerdo respecto a la propuesta hecha por el Consejero Electoral Rodrigo Morales en el sentido de modificar el punto cuarto, inciso d), respecto a la incorporación de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. En contra. Abstención. No se aprueba la propuesta por 5 votos en contra, 3 a favor, y 1 abstención. Se consulta, señoras y señores consejeros, en lo particular si se aprueba la propuesta del Consejero Electoral Andrés Albo, en el sentido de eliminar la segunda oración del inciso e) del punto cuarto del Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad la modificación presentada por el Consejero Electoral Andrés Albo. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba en lo particular la propuesta de modificación presentada por el Partido de la Revolución Democrática y la Consejera Electoral Teresa González Luna, en el sentido de modificar el inciso a) del punto de Acuerdo cuarto para establecer que previa consulta con los partidos políticos y agrupaciones políticas y de acuerdo a las definiciones particulares de cada convenio se desarrollarán, se diseñará el conjunto de estrategias, talleres y actividades de educación cívica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad esta propuesta. Y finalmente, se consulta si se aprueba en lo particular la propuesta hecha por el representante del Partido de la Revolución Democrática y el Consejero Electoral Andrés Albo, para modificar el inciso b) del punto de Acuerdo cuarto, consistente en diseñar una propuesta de convenio tipo que en su caso se suscribirá con los partidos y agrupaciones políticas nacionales. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada la propuesta en lo particular por unanimidad, señor Presidente.

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El C. Presidente: Muchas gracias. Le pido a la Secretaria del Consejo General proceda a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Dictamen de la Comisión de Reglamentos del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la iniciativa que presenta el Consejero Presidente del Consejo General por la que se propone la reforma a diversos artículos del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, la modificación del Acuerdo de creación del Centro de Formación y Desarrollo, así como de la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Latapí Renner para la fusión de las Comisiones de Asuntos Internacionales y Comunicación Social y la creación de la Comisión de Relaciones Institucionales. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, como ustedes saben, en 1998 se creó el Centro de Formación y Desarrollo como la unidad técnica dedicada a realizar actividades especializadas en los ámbitos de formación, capacitación, actualización y desarrollo institucional para el mejor cumplimiento de las funciones de las diversas áreas del Instituto Federal Electoral. El año pasado los consejeros electorales consideraron necesario modificar el diseño y operación originales de esta unidad para dar mejor respuesta a una serie de nuevas necesidades y retos del instituto, particularmente en tareas relacionadas con la difusión, la investigación y la generación de información para el desarrollo institucional. En este sentido, la Junta General Ejecutiva aprobó por unanimidad en octubre de 2004 la reestructuración organizacional del Centro de Formación y Desarrollo, la propuesta contenida en el Dictamen que hoy se somete a su consideración constituye la última etapa de dicho proceso de reestructuración. El Dictamen propone cambiar el nombre del Centro de Formación y Desarrollo por el de Centro para el Desarrollo Democrático para hacer explícita una nueva etapa en su evolución y un cambio de visión en su actividad. El Dictamen propone además cambiar su adscripción de la Junta General Ejecutiva a la Presidencia del Consejo General. Este cambio de adscripción ayudará a mejorar la coordinación del centro con las diversas áreas del Instituto y las proveerá de información, conocimiento aplicado y capacidad de análisis e investigación de los temas sustantivos de la agenda político-electoral del país. La readscripción del Centro contribuirá a proveer al IFE de un mecanismo eficaz de coordinación entre las distintas áreas que realizan labores de capacitación…

Sigue 21ª. Parte

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....de coordinación entre las distintas áreas que realizan labores de capacitación e investigación, solucionando así problemas que en ocasiones se presentan de duplicidad de tareas y esfuerzos. Asimismo, se busca que el Centro se vincule más a las necesidades del Consejo General del Instituto, dotando a los integrantes de esta mesa del apoyo para su proceso decisorio en áreas estratégicas. Me gustaría mucho resaltar, que uno de los objetivos centrales de la reestructuración del Centro, es fortalecer el vínculo del IFE con los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en actividades relativas a la capacitación y la divulgación de temas de su interés en materia político-electoral. El Dictamen que hoy se somete a su consideración, es resultado de los acuerdos, observaciones, valoraciones y propuestas generados por la Comisión de Reglamentos que preside el Consejero Electoral Virgilio Andrade, y están presentes los representantes de los partidos políticos a lo largo de varias sesiones de trabajo, mismas que iniciaron en febrero del presente año El Dictamen intenta incluir las observaciones realizadas, y en su búsqueda fortalece, además, los mecanismos de control, supervisión y vigilancia del Centro. Se crea y se somete al Centro al proceso de revisión y de discusión con los partidos políticos al formar, a pasar parte, de una Comisión de la cual antes estaba excluido. En suma, se trata de un esfuerzo para que el acervo intelectual y analítico acumulado por el IFE a lo largo de tres lustros, se traduzca en mejores prácticas institucionales y contribuya al logro de nuestros objetivos. Por todo lo anterior, me permito someter a su consideración el Dictamen que propone la modificación del Acuerdo de creación del Centro de Formación y Desarrollo. Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Quiero referirme a la propuesta de creación de la Comisión de Relaciones Institucionales. Esta propuesta representa un primer eslabón en la reorganización del trabajo de comisiones que tiene dos características fundamentales: una, relativa al fondo, puesto que establece un nuevo paradigma para reestructuración institucional, ya que pasa por un proceso de evaluación crítica en el cual se privilegian criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad y transparencia, a fin de determinar la modificación, supresión o permanencia del diseño institucional al margen de modelos preconcebidos. 42


El otro rasgo es el relativo al aspecto formal, ya que denota una manera novedosa de procesar las iniciativas sobre la organización del trabajo en comisiones, al abrir espacios para la participación y desarrollo de un proceso más rico y creativo en razón de que la Comisión de Reglamentos, órgano en el cual se presenta y analiza la propuesta, tiene una composición más plural al estar integrada por representantes de los partidos políticos, los consejeros del Poder Legislativo y los consejeros electorales. En la propuesta se plantea el seguimiento por una sola Comisión de las actividades de tres unidades técnicas, las Coordinaciones de Asuntos Internacionales y de Comunicación Social, así como el Centro para el Desarrollo Democrático, actualmente denominado Centro de Formación y Desarrollo. Esta medida resulta natural o lógica si se considera la proximidad y cercanía de algunos objetivos o tareas que tienen asignadas las áreas involucradas. Cuando se atiende a los objetivos generales que dichas unidades técnicas tienen establecidos en las Políticas y Programas institucionales para 2005, así como sus atribuciones, se concluye que son áreas con responsabilidades estratégicas porque sus actividades inciden de manera transversal en el quehacer institucional. Esta razón obliga a reafirmar la pertenencia de su adscripción a la Presidencia del Consejo General. Estas unidades contribuyen al cumplimiento de fines institucionales, a través del desempeño de atribuciones que de manera preponderante están dirigidas al fortalecimiento de la presencia del Instituto Federa Electoral en el exterior, mediante su vinculación permanente con diversas instituciones, organismos públicos, privados, sociales y educativos, tanto nacionales como extranjeros, así como con líderes de opinión, comunicadores, concesionarios y propietarios de medios de comunicación. El establecimiento de una sola Comisión permite atender dos objetivos fundamentales: la transparencia, en la medida en que la supervisión y la vigilancia de las tareas de las unidades mencionadas se depositan en una Comisión con una integración amplia e incluyente en la cual convergen representantes de los partidos políticos, los consejeros del Poder Legislativo y los consejeros electorales; y la eficiencia institucional, porque en aras de privilegiar una supervisión integral o coherente de las tareas de dichas áreas, ahora una sola instancia da seguimiento a las actividades que realizan las unidades técnicas involucradas que según lo anticipé comparten algunos objetivos estratégicos. Estoy convencida de que con esta propuesta, por una parte, se fortalece la supervisión sobre las áreas ejecutivas y, por la otra, se propicia una mayor coordinación de esfuerzos...

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...se propicia una mayor coordinación de esfuerzos. Sin duda, el funcionamiento de la Comisión tendrá un reflejo en la operación de las áreas involucradas a partir de las recomendaciones y observaciones que aquélla formule a los programas y estrategias de trabajo de las áreas. La composición de la Comisión de Relaciones Institucionales, con seis consejeros electorales, los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de todos los partidos políticos nacionales, así como la concurrencia del Consejero Presidente, aseguran que la supervisión y vigilancia de las actividades de las áreas precisadas se vea enriquecida con las diversas percepciones de sus integrantes y propicia un desempeño más ágil de las atribuciones del Consejo General, porque permite que todos sus integrantes, sobre todo los representantes de los partidos políticos se involucren en una actividad de supervisión desde los trabajos primigenios que se originan en una de sus comisiones. En lo que respecta al caso particular del Centro, el establecimiento de esta Comisión permite dar un seguimiento puntual a sus tareas específicas, las que por su naturaleza no están dirigidas de manera inmediata al electorado y que tienen que ver principalmente con la sistematización de la información generada por el Instituto, el desarrollo de estudios e investigaciones para apoyar la toma de decisiones y el apoyo al establecimiento de vínculos interinstitucionales. De esta forma, se remedia la ausencia de una supervisión constante y efectiva para las responsabilidades encomendadas al Centro que no estuvieran relacionadas con el desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo del IFE, ya que el control del resto de las actividades del Centro se dejaba a cargo de “la Comisión del ramo que correspondiera”, lo cual, insisto, propiciaba la ausencia de una debida vigilancia de este Consejo General, pues el seguimiento que se ejercía era difuso y eventual. Por lo que atañe a las unidades de Comunicación Social y Asuntos Internacionales, en mi calidad de presidenta de las comisiones correspondientes y habiendo destacado las razones que justifican la propuesta, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a la actitud permanente de profesionalismo y compromiso que he constatado por parte de los titulares y el resto de los servidores electorales adscritos a dichas unidades técnicas del ramo, lo que sin duda alguna continuará siendo un ingrediente fundamental en esta nueva forma de acompañamiento y orientación para las tareas que realizan estas áreas ejecutivas. Estoy convencida que esta propuesta se suma a las numerosas iniciativas que están dirigidas a garantizar la vigencia de los principios que nos rigen y que nos permitirán llevar a buen puerto los procesos electorales y establecer condiciones para la realización y fortalecimiento de un estado social y democrático de derecho.

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Finalmente, sometería a su consideración dos propuestas de modificación al Dictamen que se nos presenta. La primera, respecto de agregar a la denominación de la Comisión la palabra “internacionales”, para quedar como “Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales” a partir de las distintas formas de vinculación de las unidades técnicas involucradas. La segunda propuesta está relacionada con el cambio de ubicación de la integración de la Comisión, para efecto de incluirla al inicio del punto segundo, del acuerdo tercero del Dictamen y no en las disposiciones transitorias por la naturaleza misma de esta disposición. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Este Proyecto tiene como origen una iniciativa del Consejero Presidente y fue trabajado en el seno de la Comisión de Reglamentos. En ese sentido, en el carácter de Coordinador de dicha Comisión, quisiera en primer lugar manifestar satisfacción por la colaboración y el involucramiento que tuvieron los consejeros electorales y sus asesores, así como los propios partidos políticos. Varias de las propuestas que finalmente aterrizaron en el Proyecto son producto de los comentarios y de las críticas que los partidos políticos arrojaron. Y me parece que en el diálogo que se estableció, pudimos llegar a un producto razonable en relación con el objetivo que se buscaba con esta iniciativa. Por otra parte, en relación con las propuestas de la Consejera Electoral Alejandra Latapí, manifiesto que por supuesto enriquecen el Proyecto y mejoran algunos aspectos de técnica legislativa de los mismos. Destaco la preocupación porque este Consejo General continúe enviando mensajes de reciprocidad en el ámbito internacional...

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Inicia 23ª. Parte

...continúe enviando mensajes de reciprocidad en el ámbito internacional y, en ese sentido, por eso me sumo a ambas propuestas de la Consejera Electoral Alejandra Latapí. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Gracias. También para reconocer, como se ha hecho aquí y sobre todo por el Consejero Electoral Virgilio Andrade, su sensibilidad y su disposición a recibir las propuestas de los partidos políticos, en particular del Partido de la Revolución Democrática. Tuvimos un intercambio frecuente, rico, interesante, de puntos de vista y debo reconocer que no todas, pero sí muchas de las propuestas fueran incluidas y que espero que esto haya servido para darle a este trabajo la claridad y el rigor que nosotros aspirábamos y también para que el centro tenga la misión que se ha dispuesto. Entonces, hacer este reconocimiento a todos los consejeros y a este trabajo que hemos hecho conjuntamente. Creo que podrá verse en el cuerpo del Dictamen cómo de la propuesta original a la propuesta final, hay transformaciones muy importantes que, insisto, hay que reconocer y que agradecemos y que creo que es parte del diálogo que tenemos que mantener en este Instituto. Hay todavía algunas cosas que se quedaron, pero espero que la práctica, la historia y el desempeño del centro muestre que efectivamente el mejor camino se tomó o que, en un momento dado, podamos rectificar, pero demos oportunidad a que las cosas sucedan y a que el centro trabaje y pueda desempeñar su misión. Yo quisiera también adherirme a las propuestas de modificación que hizo la Consejera Electoral Alejandra Latapí; me parecen sensatas y creo que todo mundo estará de acuerdo y también señalar que en las comisiones hubo un Acuerdo que se refiere, en la página 21, al Acuerdo segundo, el punto tercero, en donde dice que habla del Acuerdo para fusionar las comisiones; el segundo punto que dice: el Secretario Técnico será el titular del Centro para el Desarrollo Democrático. Originalmente se había estado manejando otra propuesta que decía que “en dichas sesiones participarán los titulares de las referidas unidades técnicas, según la materia que se trate, pudiendo desahogarse en una misma sesión temas relativos a las diferentes áreas ejecutivas referidas. El presidente de la Comisión designará para cada sesión al titular de la unidad técnica que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión.”

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Esta propuesta nos parecía más adecuada a la situación que estamos viendo en estos momentos, dado que como se trata de una fusión, pues intervienen distintas áreas del Instituto, distintas direcciones y esta podría ser una forma más correcta, más eficiente, de resolver el problema de la Secretaría Técnica, para no recargar de trabajo o de responsabilidades y para evitar confusión en la línea de mandos, en cuanto a encargarle a una sola persona, la Secretaría Técnica, que además fungirá como titular del Centro del Desarrollo Democrático. Esta propuesta se discutió en la Comisión, hay que reconocerlo; no se..., se cambió sin mucha discusión, según me relatan, pero yo quisiera comentarlo aquí porque me parece que pudiera ser mejor solución la que originalmente se había planteado y que el Secretario Técnico de la Comisión pudiera cambiar, de acuerdo a como dice el Acuerdo previo, la materia que se trate, pues para que las líneas de mando, insisto, funcionen de mejor manera y pudiera evitarse que el titular del Centro para el Desarrollo Democrático se recargara de responsabilidades y para evitar, entonces, que la Comisión referida pudiera desempeñarse con mayor eficacia y pudiera desempeñarse también con más fluidez en sus trabajos. Yo recuerdo este Acuerdo previo, con la idea de que pudiera comentarse en esta sesión e insisto, con la idea de que esta Comisión y, por lo tanto, el Centro, puedan trabajar de mejor manera. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias.

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Inicia 24ª parte

...muchas gracias. Yo quiero comentar lo que acaba de comentar el representante del PRD, porque yo fui la persona que propuso, por una cuestión de orden y no de sobresaturación. Efectivamente, esta Comisión abarca tres unidades técnicas, todas adscritas, si se aprobara esto, a la oficina de la Presidencia. Y si se asignara la Secretaría Técnica, de acuerdo al tema que se tratase, sucedería que de manera, cada tema nuevo en un orden del día iría cambiando la Secretaria Técnica, y eso podría generar un problema de seguimiento, no necesariamente. En este esquema yo lo que imaginaba, más que la Secretaría Técnica que lleve los puntos, los presente, que sea el responsable de convocar por instrucciones de la Presidencia de la Comisión a sesiones, llevar los archivos, pero serían los titulares de las unidades, los responsables de plantear los puntos, de explicarlos, de someterlos y finalmente la Secretaria Técnica de llevar el seguimiento, la convocatoria de esto. No se pretende sustituir, bajo ninguna manera, a los titulares de las otras dos unidades en su función relevante de explicar los temas, de justificarlos, de dar respuesta a las preguntas de los consejeros y de los representantes de los partidos, y esa es la naturaleza de la propuesta. No se trata de un ejercicio, es un ejercicio heterodoxo por una Comisión sui generis, y esa es la cuestión. Yo quisiera saber si hay alguna otra opinión sobre este tema en la mesa. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: A ver, yo tengo la impresión de que dar las características y el papel que juegan los secretarios técnicos, no solamente es el de llevar convocatorias y demás, sino que, como aquí se dijo, también son los responsables de llevar los temas a las comisiones, en muchos casos, y después de ello darle seguimiento a los acuerdos que de las comisiones se deriven, yo creo que lo sensato, más que una rotación por sesión, sería una rotación por temas. Digo, me parece que eso le daría mucha más congruencia y más responsabilidad. Porque si no, si de todas maneras el seguimiento y la exposición va a quedar en cada uno de los titulares de cada una de las tres unidades, y en la práctica así va a funcionar, creo que sería recogiendo la propuesta del representante del PRD, sería más consistente que estuviéramos, dado también lo sui generis de la Comisión, el Secretario Técnico disperso en estos tres titulares. Veo además, o comparto además, este riesgo en términos de líneas de mando. Porque si uno de los tres funcionarios es el que va a fungir y tener la responsabilidad de la 48


Secretaría Técnica, es decir, no sólo que las funciones se repartan sino que concentremos la responsabilidad en uno solo, me parece que sí pudiera llegar a generar confusión en las líneas de mando. De manera que creo que se podría plantear que la Secretaría Técnica dependerá de la materia que se trate y, en efecto, podrá haber sesiones de la Comisión en donde haya tres Secretarios actuando de manera consecutiva. Gracias. El C. Presidente: Muy bien, me parece que es una propuesta que habrá que explorar. Entonces, retomando la propuesta del Consejero Electoral Rodrigo Morales y del representante del PRD, yo propondría a los consejeros electorales que se hiciera una modificación para establecer que la Secretaría Técnica se iría rotando, de acuerdo a los temas que se traten en cada sesión. Si en una sesión hay sólo temas internacionales, queda claro, pero seguramente en todas las sesiones de la Comisión habrá temas de las tres unidades y, por lo tanto, la Secretaría Técnica será rotativa. Entonces yo pido que se proponga esto como un cambio adicional a esta cuestión, si ustedes están de acuerdo. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Perdón, Consejero Presidente. Lo que pasa es que la propuesta original decía así: el Presidente de la Comisión designará, para cada sesión, al titular de la Unidad Técnica que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión. Previamente se había dicho que participarán los titulares de las referidas unidades técnicas según la materia de que se trate. Lo dijo porque aparentemente, según lo que usted dijo, de acuerdo al tema se va cambiando al Secretario Técnico en una misma sesión. Cuando la propuesta original era que, en cada sesión podría haber, no necesariamente tendría, que haber un Secretario Técnico diferente. Nada más lo retomo porque es una propuesta que ya está por escrito, que se sometió a consideración de los participantes en este debate y para que se tome en cuenta a la letra y, si no, pues ahí está propuesta. El C. Presidente: No, claro que sí. A mí me parece que es, en términos operativos, más adecuado que la rotación sea por tema...

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…que la rotación sea por temas más que por sesión, porque si es por sesión caeríamos en el mismo problema original de que los otros dos titulares de unidad no llevan el recuento de sus temas. Entonces, simplemente de manera automática se va rotando la Secretaría de acuerdo al tema que se presente y cada titular de unidad llevará el seguimiento de los acuerdos correspondientes. Entonces, esa sería la propuesta para que quede plasmada en el texto. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, me parece que en este ejercicio de seguir avanzando por aproximaciones sucesivas la solución de una Secretaría Técnica temática nos da un principio de mayor lógica, sobre todo si se toma en cuenta que la premisa en una Comisión de esta naturaleza es darle seguimiento a los temas. Entonces, yo me adheriría a una propuesta sin tener aún plena claridad de la redacción que pudiese darle solución. Me parece que con eso también se atiende el espíritu de lo que propone el representante del PRD, y entonces me parece que sí, que poner que cada titular de unidad fungirá como Secretario Técnico de acuerdo a la competencia y agenda temática en las sesiones lo puede resolver. El C. Presidente: Muy bien. Le pediría a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Dictamen de la Comisión de Reglamentos del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la iniciativa que presenta el Consejero Presidente del Consejo General por la que se propone la reforma a diversos artículos del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, la modificación del Acuerdo de creación del Centro de Formación y Desarrollo, así como de la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Latapí Renner para la fusión de las Comisiones de Asuntos Internacionales y Comunicación Social y la creación de la Comisión de Relaciones Institucionales. Con las propuestas de modificaciones presentadas por la Consejera Electoral Alejandra Latapí en el sentido: La primera, del cambio de denominación de la Comisión para quedar como “Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales”. La segunda propuesta que hace la Consejera Electoral Alejandra Latapí consiste en el cambio de ubicación de la integración de la Comisión para efecto de incluirla al inicio

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del punto segundo del acuerdo tercero del Dictamen y no en las disposiciones transitorias, por la naturaleza de esta disposición. Y finalmente, la propuesta presentada por el Consejero Presidente y por el Consejero Electoral Virgilio Andrade, en el sentido de que se modifique lo correspondiente a la Secretaría Técnica de dicha Comisión, tomando en cuenta que los secretarios técnicos que actuarán serán de acuerdo a la naturaleza de los asuntos de que se traten, sin perjuicio que en una misma sesión se desahoguen temas relativos a las unidades técnicas respectivas. Quienes estén por la afirmativa, les ruego levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para publicar el Dictamen en términos del octavo transitorio en el Diario Oficial de la Federación. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la designación del titular del Centro de Formación y Desarrollo. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, como mencioné en la presentación del punto anterior, este Consejo General promovió el año pasado un cambio en la misión y la estructura del Centro de Formación y Desarrollo, desde ahora Centro para el Desarrollo Democrático. Los consejeros electorales y un servidor hemos coincidido en que el éxito de este proceso de reestructuración dependerá de la continuidad que se le dé a los nuevos proyectos del ahora Centro para el Desarrollo Democrático. Es necesario seguir avanzando en programas tales como el nuevo esquema para capacitación de personal de la rama administrativa y la nueva metodología para medir el desempeño institucional entre otros. Estos programas han sido impulsados por un equipo de personal con el perfil técnico y académico que permitirá generar los productos y servicios que demandan las labores de planeación estratégica del IFE. Se trata de un Proyecto sumamente promisorio que requiere, como lo he mencionado, de continuidad en el tiempo para desarrollar…

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...promisorio que requiere, como lo he mencionado, dé continuidad en el tiempo para desarrollar todo su potencial en beneficio del Instituto. El Proyecto fue conceptualizado e impulsado por un equipo de trabajo dirigido por Blanca Heredia Rubio. Blanca Heredia Rubio por razones de carácter personal y familiar presentó la renuncia como Directora del Centro de Formación y Desarrollo y quiero aprovechar esta ocasión para reconocer en su estancia, breve pero sustanciosa, la aportación de Blanca Heredia para poder fortalecer al Centro de Formación y Desarrollo. En este contexto me permito someter a su consideración la propuesta de designación del Licenciado Antonio Cervantes Guerrero quien desde el año pasado se había desempeñado como Director de Desarrollo Institucional de este Centro y que actualmente funge como encargado de despacho de la Coordinación General. Antonio Cervantes cursó las licenciaturas en Derecho y en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como parte del equipo de trabajo de Blanca Heredia, Antonio Cervantes contribuyó a construir la nueva estructura del Centro. Conoce muy bien el proyecto desde el inicio, sus antecedentes, su situación actual y sus posibilidades de desarrollo a futuro. Antonio Cervantes ha cumplido en el pasado con responsabilidades relevantes demostrando capacidad de análisis y ejecución. Su experiencia profesional en el sector público incluye haber sido Coordinador de Asesores del Subsecretario de Política y Desarrollo de Energéticos y Asesor del Secretario de Energía. En el sector privado fue socio fundador de un despacho de Consultoría Especializada en Derecho Corporativo y Planeación Estratégica. En el ámbito académico Antonio Cervantes ha participado en varios proyectos relevantes. Fue miembro del equipo que diseñó y puso en marcha la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue, además, coautor del material docente en el área de Derecho Mercantil y profesor de las asignaturas de Derechos Mercantil y de Derechos y Economía en la misma Institución. Dentro de este proyecto participó en el diseño de programas académicos con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford y con la Universidad Diego Portales, en Chile. Desde que ingresó al Instituto Federal Electoral Antonio Cervantes ha demostrado en todo momento una gran eficiencia y un elevado compromiso institucional para impulsar y desarrollar los proyectos del Centro.

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En este tiempo Cervantes ha trabajado en diversos proyectos con Directores Ejecutivos, Titulares de Unidades Técnicas y miembros de este Consejo General, así como con los órganos desconcentrados. Por estas razones y para garantizar la continuidad del Centro para el Desarrollo Democrático, me permito someter a su consideración la propuesta de Antonio Cervantes como nuevo titular de esta Unidad a partir del 1º de mayo. Tiene la palabra el Consejero Electoral Andrés Albo. El C. Maestro Andrés Albo: Muy brevemente sobre Antonio Cervantes Guerrero, que es un funcionario joven, con experiencia como lo señalaba el Consejero Presidente en distintas áreas de la Academia, la asesoría en dependencias públicas y consultorías en el campo privado. Su perfil, tengo la impresión, le va a imprimir, en caso de ser aprobado, empuje y vitalidad a este Centro y yo nada más señalaría que me parece adecuada la propuesta que nos hace el Consejero Presidente por dos razones: es el funcionario que mejor conoce el proyecto que hoy se propuso a consideración de este Consejo y creo que puede garantizar la incorporación de un enfoque estratégico a lo que, bueno, este enfoque estratégico será una de las características distintivas de lo que ahora es el Centro para el Desarrollo Democrático. Entonces, yo me adheriría a la propuesta hecha por el Consejero Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: En los mismos términos que el Consejero Electoral Andrés Albo se valora la propuesta del Consejero Presidente por dos razones: primero, por razones de continuidad en virtud de que acaba de transformarse la misión y es conveniente darle constancia a este inicio de una nueva etapa del Centro para el Desarrollo Democrático. Quien mejor que aquel que estuvo involucrado plenamente en la elaboración de los ejercicios correspondientes. La segunda cuestión que quisiera destacar, similar, como lo dijo el Consejero Electoral Andrés Albo, la vitalidad. Me parece que es un valor fundamental que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de poderlo reconocer....

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INICIA 27ª PARTE

...en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de poderlo reconocer y poderlo palpar, y por lo tanto, me parece una propuesta muy adecuada para esta circunstancia. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo, tome la votación correspondiente. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba la designación del Licenciado Antonio Cervantes Guerrero como titular del Centro para el Desarrollo Democrático. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, de las Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral en la parte relativa a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para el año 2005. El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, están a su consideración las Políticas y Programas Generales mencionadas. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Ortíz. El C. Rafael Ortíz: Gracias, señor Presidente, eminentemente solamente, con fines de congruencia. Acabamos ahora en el punto anterior de aprobar las diferentes reformas al Reglamento Interno del Instituto. Entre ellas tocamos la del artículo 68, y es el caso que en la página número uno del documento que se pone a nuestra consideración, se habla del artículo 68, párrafo 1, inciso g), como era anteriormente. Es en virtud de que hemos ya aprobado hace un momento las reformas a los reglamentos, entonces sería aconsejable que el último párrafo de la página uno desapareciese, para darle congruencia al documento, solamente con ese fin. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Habíamos comentado que en lo que se refiere justamente al punto anterior, la necesidad de revisar algunos asuntos relacionados con este punto en cuanto a políticas y programas, nos parece que habría que reforzar la parte que se refiere a esta línea de colaboración entre partidos políticos y el Centro. 54


Y, bueno, la idea era reforzar esta colaboración que no está reflejada en las políticas y programas, incluso lo comentamos ya el día de ayer, con el que es ahora el nuevo titular del Centro, con el Licenciado Cervantes, y entendíamos que aquí iba a enriquecerse este programa. Yo quisiera que se tomara en cuenta este punto de vista del Partido, tanto así que -no traigo el documento- teníamos una propuesta específica sobre el asunto que yo quisiera que se tomara en cuenta. Si me permite la Presidencia, pues lo puedo hacer por escrito en un momento más. El C. Presidente: Por supuesto. Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Sí, hacer una aclaración en virtud de que fue circulado de acuerdo a las fechas establecidas por nuestro Reglamento con anterioridad este documento, y en virtud precisamente de la aprobación que hicimos tanto a las modificaciones al Centro, hoy de Desarrollo Democrático y a la creación de la Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales, se está sometiendo solamente a la consideración la parte relativa a las políticas y programas que tienen que ver con la Coordinación Nacional de Comunicación Social, fue bajado el punto del Centro debido a que deberá de ser revisado y replanteado si hubiera necesidad, una vez que se instale y se reúna la Comisión. Entonces en ese momento serán revisadas no solamente esas cuestiones de nombre, sino podremos atender las solicitudes y los comentarios de todos los integrantes de esta Comisión. Y en tal virtud, preguntaría al representante del PRD si sus comentarios...

SIGUE 28ª PARTE

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Inicia 28ª. Parte

...preguntaría al representante del PRD si su comentario se refiere a los dos temas incluidos en el documento, o solamente en lo que se refería al Centro, porque si es solamente lo que se refiere al Centro, no lo estamos revisando ni aprobando, no lo estaríamos revisando en este momento. Se prestó a la confusión en que quizá no hubiéramos señalado que se bajaba del orden del día, la parte de Políticas y Programas del Centro, aunque viene en la última versión del orden del día, pero el documento continúa adjunto. El C. Presidente: Muchas gracias. El C. Saúl Alfonso Escobar: Sí había esa confusión, y entonces ya reconozco pues, y agradezco la aclaración, para desahogar este punto en el orden del día. El C. Presidente: Muy bien. Entonces le pediría a la Secretaria del Consejo tomara la votación correspondiente, con la solicitud del representante del Partido Revolucionario Institucional. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta, perdón... La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Es que la solicitud del representante para, una moción, nada más aclarar que la solicitud del representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene que ver con el documento sobre Políticas y Programas del Centro, que no estamos atendiendo en este momento; solamente solicitaría se sometiera a aprobación las Políticas y Programas relativas a la Coordinación Nacional de Comunicación Social. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Ortíz. El C. Rafael Ortíz: Estoy hablando concretamente en el tema de la presentación del documento. En la presentación del documento, el último párrafo de la página, no es congruente en virtud de que acabamos; solamente esa era la promoción, no se trata de otra cosa, Consejera Electoral Alejandra Latapí, sino que ya no es congruente este párrafo, y solicitaba que desapareciera el mismo, para razones de congruencia del capítulo de presentación; eso es todo. El C. Presidente: Tiene la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Latapí. La C. Licenciada Luisa Alejandra Latapí: Siendo así, pido una disculpa por la confusión y sí, efectivamente, entiendo ya ahora la propuesta y me sumo a la misma. El C. Presidente: Muy bien. Le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación correspondiente. 56


La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban las Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral en la parte relativa a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para el año 2005, suprimiendo el párrafo último de la presentación del documento circulado a los integrantes de este Consejo General. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: El siguiente punto del orden del día, se refiere a los dictámenes de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y aplicación del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, mismo que se compone de dos apartados. El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día? Muy bien, si no fuese el caso, le pido a la Secretaria del Consejo tome la votación de ambos apartados. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y aplicación del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, señaladas puntualmente como los apartados 11.1 y 11.2 del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señor Presidente. El C. Presidente: Le pido a la Secretaria del Consejo proceda a lo conducente para publicar las resoluciones aprobadas en los estrados del Instituto. Le pido a la Secretaria del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, el siguiente punto del orden del día, se refiere a los dictámenes de la Junta General Ejecutiva y proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera, constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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El C. Presidente: Señoras y señores consejeros y representantes, ¿alguien de ustedes desea reservar para su discusión, en lo particular, algún apartado del presente punto del orden del día? El C. Erik Iván Jaimes: El apartado 12.11, por favor. El C. Presidente: El 12.11. Si no hubiese otro...

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Inicia 29ª parte

...si no hubiese otro apartado, le pediría a la Secretaria del Consejo procediéramos a votar aquellos que no fueron apartados. La C. Secretaria: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera, constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalados puntualmente como los apartados número 12.1 al 12.10, 12.12 y 12.13. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señor Consejero Presidente. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Eric Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Muchas gracias, Consejero Presidente, señores consejeros electorales, representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos asistentes a esta sesión. Se presenta a consideración de este órgano colegiado una queja, una Resolución mejor dicho, una Resolución que tiene que ver con una queja interpuesta por el partido político que represento, en la que se desecha por improcedente en función de, según se advierte de los considerandos del propio Dictamen y Resolución, por no tener interés jurídico en la causa. Sin embargo, se me hace erróneo el sustento que realiza la Junta General Ejecutiva para resolver, como lo está haciendo, en función de que primero que nada invoca una tesis relevante que no es aplicable al caso concreto, además de que una tesis relevante no puede estar por encima de una tesis de jurisprudencia. En función de ello, lo que se advierte es que el Partido de la Revolución Democrática, cuando nosotros presentamos oportunamente la queja que estoy comentando, tuvo una discusión al interior de ese partido por diversos, y entiendo, destacados militantes de ese Instituto Político, en el que denunció un endeudamiento al que llevó Rosario Robles al PRD y que el mismo fue irregular. Además de haber asegurado que la deuda que se contrajo, en algunos casos lo calculaban en 258 millones de pesos y, otros más, en 654 millones. Lo cierto es que diversos militantes de ese partido, como acabo de comentar, dentro de ellos la ahora gobernadora de Zacatecas, Amalia García, dijo que la deuda se llevó a cabo sin estar autorizada para ello. De suerte tal que esto implicaba, de forma evidente, una violación a la normatividad interna que rige obviamente la vida del Partido de la Revolución Democrática.

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La Resolución sustenta, entre otras cosas, que no existe interés jurídico del PRI para haber denunciado este hecho y que, en consecuencia, resuelve como acabo de comentar. La verdad es que me parece que resulta jurídicamente insostenible lo que se pretende hacer valer en la Resolución, puesto que existe la tesis de jurisprudencia, como dije hace un momento, que establece el rubro específico: partidos políticos nacionales pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos de preparación de las elecciones, bueno, en términos generales. Y una parte de la tesis de jurisprudencia, que es muy larga, y que solamente me voy a concretar a lo que quiero destacar, establece que en la legislación Electoral Federal Mexicana no existen posibles obstáculos porque no sólo se exige el hecho de tener, o acreditar, un interés que derive de un derecho subjetivo, o que el promovente recienta un perjuicio personal y directo, sino que se entiende que los partidos políticos son entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, que yo creo que muchos la tenemos presente. El Reglamento correspondiente, y que incluso se cita en el Proyecto de Resolución establece, entre otras cosas que: En el caso que la...

Sigue 30ª parte

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Inicia 30ª. Parte

…establece, entre otras cosas, que en el caso de que la queja o denuncia, dice: “Verse sobre presuntas violaciones a normatividad interna de un partido político o agrupación política, el quejoso o denunciante deberá acreditar su pertenencia a éste o su interés jurídico en el escrito con el que comparezca”. ¿Qué quiere decir? Que esto obviamente es una norma: es la fracción IV, del inciso a), del párrafo 1, del artículo 10 del Reglamento correspondiente, una norma que implica una conjunción disyuntiva o que implica contraposición, alternancia, en función de eso, o se acredita la pertenencia al partido político o se acredita el interés jurídico. En el caso particular me parece se actualiza de forma clara el interés jurídico porque somos entes de interés público, y en función de eso advertimos en el caso particular que se trastocó la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática que además el propio Tribunal ha señalado en algunas tesis que es parte integrante del ordenamiento jurídico electoral mexicano; en función de eso creo que la tesis que sustenta para decir que es improcedente la queja, no aplica. Primero que nada porque es una tesis relevante a un caso específico. ¿Cuál? El registro de candidatos, y ahí sí ha sido claro el Tribunal al decir que no se puede invocar o no se puede traer como alegato algún tipo de irregularidad que tenga que ver con la postulación de los mismos por haber violado una normatividad interna, pero es un caso específico, y vuelvo a repetir, es una tesis relevante, no es una tesis de jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia, en cambio, sí nos dice que los partidos al ser entes de interés público, tenemos la posibilidad de presentar algún tipo de denuncias, pues así está construido el sistema administrativo sancionador, precisamente para proteger intereses difusos o colectivos. Y la Resolución me parece que es endeble en ese sentido, por lo que yo solicitaría que el Proyecto sea devuelto a la Junta General Ejecutiva para que sí entre a conocer el fondo de esta situación, el fondo de este asunto. Vuelvo a repetir, no es el hecho nada más de decir que es una normatividad interna y que debemos respetarla como tal, cuando el propio Tribunal ya ha entrado a conocer sobre violaciones a la normatividad interna, cierto, en aspectos donde los propios militantes o simpatizantes acuden a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero esto no es óbice, no es óbice para que un partido al advertir un debate público que se ha dado en torno a un endeudamiento que se llevó o que se contrajo ilegalmente por la anterior presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Rosario Robles, como los propios militantes lo denunciaron, me parece que sí es un interés colectivo saber si un partido que tiene a cargo diversas obligaciones, dentro de ellas la prevista en el inciso a) del artículo 38 del COFIPE, que es conducir sus actividades dentro de los cauces legales, saber si 61


efectivamente se violó o no ese inciso de ese párrafo, de ese artículo del Código Electoral vigente en materia federal. Así las cosas, señores consejeros, habría que estudiar con detenimiento este caso, no es un caso menor, no es un asunto de que es una normatividad interna y ahí que pase y a ver quién la denuncia internamente en el PRD, cuando la propia denuncia se hizo pública y que esas denuncias públicas se adjuntaron oportunamente en tiempo y forma a la queja que nosotros presentamos en su oportunidad. Es una deuda que en algunos casos dicen que supera los 600 millones de pesos, lo que además implica en todo caso tres veces más en términos generales al financiamiento ordinario que recibe el propio Partido de la Revolución Democrática y que debe ser estudiado, no es un caso menor. Me queda claro y sí lo tengo que señalar que por la vía correspondiente se está estudiando el aspecto del financiamiento, pero no significa que no se pueda de alguna manera estudiar, entrar al fondo, discutir, analizar que sí se están trastocando aspectos que tienen que ver estrictamente con el ámbito de competencia…

Sigue 31ª. Parte

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Inicia turno 31

...discutir, analizar, que sí se están trastocando aspectos que tienen que ver estrictamente con el ámbito de competencia de la Junta General Ejecutiva, son cosas que debemos claramente señalar. Eso es todo en esta intervención. Gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, damos aquí la bienvenida al Maestro Iván Jaimes y agradecemos la propuesta inicialmente presentada en la mesa, y creo que sí, como él dice, no es un asunto menor hablar sobre cuál es el alcance de los intereses jurídicos de un partido político, cuando se detectan presuntas violaciones en otro partido, de las disposiciones estatutarias. Creo que es un asunto precisamente de gran relevancia porque marca justamente cuál es la pauta de los intereses jurídicos que se tienen entre partidos para poder, en ese caso, dar cauce a lo dicho por el artículo 40 del COFIPE, y además a lo dispuesto por nuestro propio Reglamento en materia de quejas administrativas. El interés jurídico es un elemento que tiene que llegar a conclusión mediante la evaluación de un conjunto de criterios y de un conjunto de variables, y esas variables están dadas por supuesto por distintos precedentes y diversas tesis relevantes que nos pueden dar, por supuesto, orientación al respecto. Efectivamente, no repetiré el punto de partida respecto de la norma que nos conduce a desechar el artículo 15 en su párrafo 2, inciso b), que tiene relación con lo que leyó el Maestro Iván Jaimes diciendo que tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido, el quejoso o denunciante no acredite su pertinencia o su interés jurídico. ¿Cómo evaluamos el interés jurídico? Primero, nuevamente reiterar el asunto de la pertenencia o no al partido. Al no tener pertenencia pasamos a otros criterios, y los criterios específicamente son los siguientes: primero ¿cuál es el prejuicio causado al partido político que está haciendo la denuncia específica? segundo ¿cuál es el acto conculcatorio a través del cual se pudiese conferir una acción de daño personal o directo al denunciado? y en ese sentido, con base en esos dos elementos, sentimos que el Instituto Federal Electoral como autoridad en la materia está estableciendo con claridad cuáles son las fronteras, y hemos concluido que en el caso particular que el señor representante o los representantes del Partido Revolucionario Institucional invocan, es un caso que tiene prioridad, preponderancia y es un asunto exclusivo del interés jurídico de los militantes del Partido de la Revolución Democrática en su caso. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Alfonso Escobar.

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El C. Saúl Alfonso Escobar: Yo desde luego, agradecer a nuestros compañeros del PRI que sigan con tanta puntualidad nuestros debates internos, que sigan con tanta atención el desenvolvimiento de nuestro Partido, el desarrollo de nuestro Partido y que estén en general tan interesados en el PRD y sus problemas. Yo quisiera que fuera un interés solidario, pero también entiendo que es un interés crítico. En el caso que nos ocupa, debo aclarar que efectivamente este tema fue de debate interno, ha sido de debate interno, incluso se trató en el último Congreso Nacional que se realizó el fin de semana pasado, que concluyó el sábado pasado, y también se presentó en ese pleno del Congreso Nacional, un Informe de una comisión especial contra la corrupción, que fue nombrada, había sido nombrada anteriormente, para investigar varios casos denunciados por los propios militantes del Partido. En el caso que nos ocupa del endeudamiento hay dos consideraciones que me parecen fundamentales: no toda violación a un Estatuto de un Partido es un acto ilegal. Esto es una cosa que debemos tener clara porque si no, resulta que porque algún militante o algún...

(Sigue 32ª parte)

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INICIA 32 PARTE

...quedar claro, porque si no resulta que porque algún militante o algún miembro de la Dirección del partido viola una norma estatutaria, pues se va a convertir en un delincuente. Y eso no es cierto, eso no es el caso. Entonces no confundir una cosa con la otra, la violación de las normas estatutarias con las violaciones de la ley. Yo creo que esta frontera puede estar muy clara a veces, pero a veces no, pero yo llamaría la atención sobre que se hiciera esta distinción. Y la segunda situación es que, en efecto, yo creo que muchos de los problemas que vivimos dentro del partido son de interés jurídico de los miembros del partido y mientras no violen la Ley Electoral, mientras no violen las normas electorales, creo que son fundamentalmente de interés de los propios miembros del partido. Si en algún caso hay una violación de la ley, pues ésta deberá efectivamente investigarse, pero no es el caso hasta ahora que nos ocupa. La Comisión Anticorrupción, cuando rindió su informe, efectivamente encontró algunos problemas, algunas violaciones estatutarias. Una de ellas es que la Secretaria de Finanzas cedió sus facultades mediante poder notarial al Oficial Mayor del partido, y esto es una violación estatutaria, porque según el Estatuto del partido no debió haber cedido estas facultades. Entonces, yo creo que este es un caso, un ejemplo de cómo una violación de una norma estatutaria no necesariamente convierte a estas personas en delincuentes, ni por lo tanto da pie a que se abra un interés jurídico distinto a otros miembros del partido, más que a los miembros del PRD que consideramos que por ejemplo, está cesión de facultades y de responsabilidades, pues no debió haberse producido. Igualmente en el caso del endeudamiento el Comité Ejecutivo no respetó un Acuerdo previo del Consejo Nacional, el Consejo Nacional le dio un tope de endeudamiento al Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo no respetó este tope y, por lo tanto, hay una responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional. Esta violación estatutaria no convierte al Comité Ejecutivo Nacional en delincuentes ni en violadores de la ley, violan nuestras normas internas, violaron un acuerdo interno de no respetar el tope, pero, insisto, no viola la ley. Entonces, yo creo que no hay que confundir estas cosas, porque entonces efectivamente no tiene claridad el interés jurídico que pudiera tener otro partido. Hasta donde sabemos entonces y hasta donde entiendo la intervención del compañero del PRI, pues me parece que la Resolución que estamos escuchando, que se nos ha presentado de la Junta General Ejecutiva, es una Resolución que efectivamente es correcta porque efectivamente otros partidos políticos no tienen interés jurídico, sino los 65


propios miembros del PRD, porque -insisto- hay violaciones a nuestro Estatuto, pero de ahí no se ha desprendido hasta ahora una violación a la ley ni mucho menos una violación a la Ley Electoral. Entonces con todo lo difícil y triste que ha sido para nosotros reconocer que ha habido violaciones estatutarias, no creemos que éste deba ser parte de un litigio que tenga que ir a los tribunales y que, por lo tanto, estamos tomando las medidas necesarias para corregir estas violaciones al Estatuto, para prevenir que se vuelvan a repetir y para sancionar con nuestras normas internas a quienes hayamos considerado que violaron estas normas estatutarias. Yo creo que este es el caso, esto es como debemos operar y, por lo tanto, creo que las preocupaciones y el interés que ha mostrado el compañero del PRI, es un interés que insisto, se agradece por su atención, nosotros también seguimos con interés las discusiones internas del PRI, pero desde luego no a tal grado que pensamos que debamos corregir desde fuera lo que los priístas deciden desde dentro, algunas cosas también han sido materia de debate externo, pero no pensamos que haya que preocuparnos tanto como para inmiscuirnos a ese grado. Entonces, creo que la Resolución es correcta y que es también correcta que haya sido desechada. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Gómez. El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Gracias. Simplemente para manifestarme, de acuerdo con el sentido del anteproyecto de Resolución, toda vez que mi interpretación para estar de acuerdo se basa en lo siguiente: “El artículo 40 establece que un partido político aportando los elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto, se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de agrupaciones políticas cuando incumplan sus obligaciones de manera grave y/o sistemática”. En este artículo se basa la pretendida acción del PRI. No obstante, yo estaría de acuerdo en su interpretación...

SIGUE 33ª PARTE

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Inicia 33ª. Parte

...yo estaría de acuerdo en su interpretación, si no existiése una legislación secundaria que es el propio reglamento para la tramitación de los procedimientos de este tipo de quejas, en los cuales en el artículo 10 y 15 sí distingue en el sentido de, menciono el 15, que tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político o agrupación política, el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia a estos o su interés jurídico. Por lo que tiendo a estar de acuerdo con la exposición establecida por Saúl Escobar, en el sentido de que toda violación estatutaria sólo puede ser reclamada por sus militantes y no aplicando el artículo 40, toda vez que éste no distingue, cosa que sí lo hace el reglamento respectivo ya mencionado. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Rogelio Carbajal. El C. Licenciado Rogelio Carbajal: Gracias, Consejero Presidente. Sólo me preocupa la interpretación que da el Representante del PRD cuando se dice que no todas las violaciones estatutarias son violaciones a la ley. Debo aceptar que no todas las violaciones a un Estatuto son un delito, efectivamente; eso es cierto. No por violar el Estatuto de un partido se es delincuente, no, pero por violar el código electoral se es delincuente. Violar algunas de las disposiciones que establece el COFIPE, el propio COFIPE señala eso puede derivar en responsabilidades penales. Pero lo que no me parece cierto es que una violación estatutaria no sea una violación a la ley. Que el propio partido viole el Estatuto de su partido y que una Comisión del partido acepte que el partido violó el Estatuto, pues por supuesto que es una violación a la Ley Electoral. Claro que es una violación a la ley, porque todos los partidos políticos tenemos, por primera obligación, hacer respetar nuestras normas estatutarias y hacerlas cumplir, y a eso deben dedicarse, en buena parte, los órganos del partido. Y me refiero también un poco a la argumentación que hace el Consejero Electoral Virgilio Andrade, y asumiéndola sin conceder, suponiéndola sin conceder que es correcto que no existe el interés jurídico de parte de un partido político, para interponer una queja por la violación estatutaria que otro partido ha cometido, de sus propios estatutos; asumiéndola, me parece que el IFE en esta queja tiene elementos como para iniciar oficiosamente una investigación. Hay aquí ya la afirmación del Representante del Partido de la Revolución Democrática que una Comisión que ellos mismos han creado, de que efectivamente hubo violaciones al estatuto de ese partido. Yo creo que hay elementos suficientes como para que el IFE, si nos acogemos a la tesis del Consejero Electoral Virgilio Andrade, de que no existe interés jurídico de otro partido político, de iniciar una queja y de que esta queja llegue a una sanción, pues creo 67


que sí hay elementos para que el Instituto Federal Electoral oficiosamente inicie esa investigación. Y no sería la primera vez que lo ha hecho; lo ha hecho con todos los partidos y en diversas ocasiones ha sancionado a todos los partidos políticos por investigaciones que, de oficio, inicia la autoridad electoral. Simplemente yo recordaría, justamente, y con eso concluyo mi intervención, de que el Reglamento de quejas establece esa posibilidad, que todas las investigaciones pueden ser o a petición de parte o de oficio. Será de parte, cuando el quejoso o denunciante haga del conocimiento del Instituto la presunta comisión de una falta administrativa, y de oficio, cuando algún órgano o servidor del Instituto, en ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta e informe de ello al Secretario Ejecutivo o cuando éste lo haya iniciado. Creo que hay elementos suficientes en la queja que ha presentado el PRI, como hay elementos suficientes en toda la serie de debates públicos que se dieron en diversos medios de comunicación, para que el Instituto Federal Electoral, conozca de oficio la violación estatutaria a los estatutos de un partido político, esto, por supuesto, sin dejar de mencionar la investigación que respecto del financiamiento está haciendo el propio Instituto en este caso. Estas serían mis consideraciones y yo creo, que el Instituto Federal Electoral debería, asumiendo la tesis del Consejero Electoral Virgilio Andrade, que no comparto, pero asumiéndola, en esta misma Resolución señalar que oficiosamente se inicie una investigación. Así lo ha hecho en diversas quejas. Desecha porque no hay interés, pero oficiosamente determina, en la misma Resolución, iniciar una investigación oficiosa. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera del Poder Legislativo, la Senadora Martha Sofía Tamayo. La C. Consejera Martha Sofía Tamayo: Gracias, Consejero Presidente. Yo creo que no se trata aquí de una queja nutrida en el interés por un escándalo. Se trata aquí de una queja nutrida por el legítimo interés de cómo un partido político está violentando no nada más las normas internas, sino que la violación a una...

Sigue 34ª. Parte

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Inicia 34ª parte

...no nada más las normas internas, sino que la violación a una norma interna, en este caso, trasciende a ese ámbito. Tendríamos que ver si el financiamiento privado, en este caso recibido por vía de crédito, es o no un asunto de interés público y un asunto del interés de la autoridad electoral. El Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ya fijó alcances y límites en relación hasta dónde puede considerarse interés legítimo de parte de un militante de otro partido y hasta dónde no. El IFE no puede ignorar esos límites; fijados por el Tribunal en una jurisprudencia que claramente refiere al caso. Cuando los partidos políticos, ahí mismo se analiza que los partidos políticos por su naturaleza específica, determinada en la Constitución, vienen a constituir órganos intermedios entre la ciudadanía común y la aplicación de las normas constitucionales. Se trata de salvaguardar el orden constitucional. Los partidos políticos, debido a su carácter monopólico del ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, debido a que utilizan recursos públicos y tienen normas que observar respecto de los recursos privados, son los primeros obligados a garantizar ese orden, los partidos políticos. Luego, entonces, se está violando una norma al interior del partido político. Comparto en que cualquier violación a una norma a un régimen interior, tendrá que estar referida a la transgresión de alguna norma en el régimen exterior porque finalmente debe de haber una concordancia entre todos los niveles dispositivos. No comparto la opinión del Consejero Electoral Marco Antonio Gómez en relación a que una norma secundaria pueda ir por encima de una norma de mayor envergadura y, mucho menos, en una interpretación exegética en la que estamos obligados disociar la trascendencia de la obligación primaria de los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, y que claramente están definidos en esta tesis en relación a un interés difuso. Los intereses difusos cada vez cobran una mayor presencia en el mundo jurídico. En nuestro país hemos sido timoratos, hemos sido tibios para irlos admitiendo. Pero en el tema electoral, el Tribunal ya se expresó y estuviera probablemente en acuerdo en valorar si la violación se refiere al análisis de un derecho de un militante al interior del Partido. Si lo que está en juego es que se está violentando el Estatuto en perjuicio de un militante del Partido, tuviéramos que hacer una valoración desde otro punto de vista. Pero aquí no se trata de eso, se trata de la violación de una norma que trasciende a todos los militantes del PRD interesados en que se aplique su Estatuto, su norma interior, pero también a todos los ciudadanos que desde el exterior estamos queriendo ver una congruencia entre la acción de ese partido político, el orden 69


constitucional y el apego a la norma que tiene que ver con el financiamiento, en este caso privado por vía del crédito. Entonces, no se trata de que se exija que sólo los militantes puedan impugnar una violación, cuando esta trasciende al ámbito del partido político. Es muy clara la jurisprudencia del Tribunal, es muy clara la interpretación del interés difuso en esta materia; es muy claro que la obligación de los partidos políticos primero es salvaguardar el orden constitucional y en esta forma se concatena una violación a ese orden que, cuando menos como bien se dijo aquí, deberá de motivar a este Instituto a su investigación. No es otra la motivación de los priístas en esta queja. Queremos la claridad que compete no al escándalo, sino a los números fríos que tienen que ver con el financiamiento privado. El C. Presidente: Bien, si no hubiese otro orador para la primera ronda, le daré la palabra al...

Sigue 35ª parte

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Inicia 35ª. Parte

…para la primera ronda, le daré la palabra el Consejero Electoral Virgilio Andrade. El C. Maestro Virgilio Andrade: Creo que la intervención de la Senadora nos permite aclarar precisamente de qué manera está abordado el caso desde el punto de vista jurídico procesal. El propio Partido Revolucionario Institucional hace un planteamiento en dos dimensiones: La dimensión de la presunta violación de la normatividad interna específicamente refiriéndose a un supuesto, el hecho de que personas no autorizadas habían dado lugar o habían aprobado dentro del Partido de la Revolución Democrática dado paso a la adquisición de ciertos pasivos en materia de financiamiento, esa es la violación específica que se está apuntando en términos de la normatividad interna. Pero existe otra dimensión muy importante que fue planteada no nada más aquí, sino en una queja de fiscalización que también presentó el propio Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este caso está siendo abordado por las dos dimensiones, la dimensión administrativa fue la dimensión que el Partido Revolucionario Institucional está ofreciendo a través de la presentación de esta queja, pero también la dimensión en materia de Financiamiento, en donde coincidiría con la Senadora Tamayo que se trata evidentemente de un asunto relevante que rebasa la órbita interna y la órbita de las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática, y ahí estamos abordando situaciones que tienen que ver con la normatividad electoral federal. En ese sentido, el Proyecto de Resolución que se presenta aquí a la consideración, distingue bien estos dos universos, respecto del universo de la presunta violación estatutaria se establece el criterio específico del interés jurídico, pero se aclara en el Proyecto de Resolución que está en curso, de hecho dice textualmente que está siendo estudiado en el ámbito de fiscalización de este Instituto Federal Electoral la materia que tiene que ver con el asunto del financiamiento a través de la queja 25/04, y más aún ,al final del Proyecto de Resolución se establece que esta decisión que toma el Instituto Federal Electoral no está prejuzgando ni en un sentido ni en otro sobre lo que tiene que ver con las normas relacionadas con el financiamiento. Derivado del tipo, y con esto término, del tipo de supuesto presuntamente violado es que llegamos a la conclusión de que el interés jurídico sigue quedando en la órbita de los militantes del Partido de la Revolución Democrática, pero es de interés general lo que ha sucedido en materia de Fiscalización y por ello la queja está en curso y evidentemente tendrá su resolución correspondiente y se traerá a esta mesa. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Andrés Albo.

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El C. Maestro Andrés Albo: Nada más para comentar alguna información que ya ciertamente por las intervenciones de algunos representantes de partidos y del Poder Legislativo que me han precedido, denoto que ya tienen esta información, únicamente precisaría que actualmente la Comisión de Fiscalización se encuentra sustanciando el expediente 25/04, a la que se acumuló una queja, la 04 de 2004 y una investigación preliminar. Dada la similitud de las conductas presuntamente violatorias en el origen y destino de los recursos del Partido aludido, se acumularon el mes de enero estos tres expedientes y, bueno, pues yo me reservaría, por otro lado, cualquier comentario nada más para preservar el artículo 14, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a Información y el artículo 6, párrafo 2, fracción I, del Reglamento de este Instituto, que señala que esta información, desde luego, es reservada hasta que no termine, hasta que no concluya el proceso de fiscalización. El C. Presidente: Muchas gracias.

Sigue 36ª. Parte

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Inicia turno 36

...El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Arturo Sánchez. El C. Maestro Arturo Sánchez: Sí, señor Presidente, muchas gracias. Solamente dos comentarios muy breves. En efecto, uno es reiterar el asunto no ha muerto, el asunto sigue en estudio, en la vertiente que bien definió el Consejero Electoral Virgilio Andrade del área de fiscalización. Me da mucho gusto que el Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización nos precise incluso el número de expediente que está abierto ahí y seguramente en alguna sesión de la Comisión, en el seguimiento de este asunto, se irá desahogando. El segundo asunto, nada más para el Acta, me preocupó una afirmación de que 600 millones pudieran significar 3 veces el financiamiento del partido. No es tal, pero es una cantidad de cualquier manera importante. Mis datos me dan que con dificultad llegarían al doble del financiamiento. En todo caso, lo que a mí me gustaría enfatizar en este punto, tiene que ver con el hecho de que la discusión seguramente se volverá a dar en esta misma mesa porque el asunto regresará en la vertiente que sí es de interés público de lo que pueda encontrar la Comisión de Fiscalización en sus pesquisas, de lo que pueda derivarse del ingreso y egreso de los recursos del Partido de la Revolución Democrática en este periodo con base en la queja interpuesta por el propio Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor Presidente. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Representante del Partido Revolucionario Institucional. El C. Erik Iván Jaimes: Gracias Consejero Presidente. Para hacer unas precisiones en función de lo que han comentado algunos que me han precedido en uso de la voz. El primero de ellos es que el Tribunal ha dicho que el cumplimiento de los Estatutos es una obligación legal de los partidos políticos. Tan es así que creo, y digo unos puntos más adelante y como ha acontecido con otros partidos, el propio Instituto Federal Electoral y, en su caso, cuando se recurra al Tribunal, hacemos o se realice todo un procedimiento para declarar la constitucionalidad y la legalidad de los Estatutos. Por eso el Tribunal ya ha dicho que los Estatutos son parte del Sistema Jurídico Electoral Mexicano en diversos criterios. Por otra parte, me parece que sí hay que distinguir entre lo que es ilegal y lo que es ilícito, ahí sí estoy de acuerdo con el Representante del PRD al decir obviamente que podrá no ser ilícito, pero sí es ilegal. Tan es así porque el Tribunal lo ha comentado.

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Señor Consejero Electoral Virgilio Andrade, usted señala que esta Resolución, según entendí, la sustentan en diversos criterios y tesis. Yo nada más veo una y la verdad, insisto, no es aplicable al caso, tiene que ver estrictamente con un procedimiento de postulación y sí tengo la tesis de jurisprudencia que está por encima de esa tesis relevante, que fíjese usted señor Consejero Electoral Marco Gómez, el interés que deriva el Tribunal para los partidos políticos, que es el interés, como entidades de interés público, perdón, lo deriva del artículo 41 Constitucional y el encabezado, si usted tiene a la mano la tesis de jurisprudencia, dice que de la interpretación sistemática, así lo dice, de disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación y del COFIPE, más el artículo 41, se advierte que existen intereses difusos o colectivos que los partidos pueden, precisamente, proteger a través de diversos medios de impugnación. Entonces, no es necesario acudir al COFIPE porque este interés, vuelvo a repetir, lo deriva en todo caso del propio precepto constitucional que nos rige. Por otra parte, y quiero recordar un precedente aquí y particularmente citar, en aquella exposición, si me lo permite por supuesto, la Consejera Electoral Alejandra Latapí. En aquel entonces, en el presente que espero no lo hayan olvidado de Sheila, el Sheilazo, que se dio en unas anteriores sesiones, se advirtió que se trataba de buscar el interés, siempre proteger el interés colectivo o difuso, y no personal y directo. En función de eso me acuerdo perfectamente, por lo que acaba de citar el señor Representante del Partido Acción Nacional que, cuando se diera a conocer algún aspecto que si bien es cierto fue planteado, digámoslo así, lo pongo entre comillas “erróneamente”, por una vía equivocada, en este caso a la violación estatutaria, lo cierto es que al darse a conocer en la mesa bien se podría seguir el procedimiento oficioso además de que si a eso le sumamos, fíjense ustedes, lo que ha confesado el señor Representante del PRD, dice que sí hay violaciones estatutarias porque así lo ha dicho un órgano interno de su partido. Entonces, ustedes ahora están teniendo conocimiento de que sí existe una violación estatutaria, a confesión expresa....

(Sigue 37ª parte)

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INICIA 37ª PARTE

...estatutaria, a confesión expresa relevo de prueba. En consecuencia, me parece que ahora lo que debe proceder, puesto que se ha protestado cumplir la Constitución y las leyes que de ella derivan, pues es iniciar o reencauzar el procedimiento debidamente. Me parece que es lo que debe de proceder, si es el caso y se insiste, entrecomillado, que se equivocó la vía, que para mí no es, insisto, porque la tesis de jurisprudencia que está por encima del criterio en el que se sustenta la causal de improcedencia nos da las bases legales, los criterios específicos para darle adelante a este asunto, investigar efectivamente lo que denunciaron diversos distinguidos militantes del PRD. Lo dijo Amalia García, no lo dice Iván Jaimes, lo dijo Amalia García, ahora Gobernadora del estado de Zacatecas: “El endeudamiento al que llevó Rosario Robles al PRD fue irregular, ya que no fue consultado ni autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Fiscalizadora o el Consejo Nacional”, denunció Amalia García. Y como ella, lo denunció un Diputado Federal de nombre Espinosa, lo denunció Ricardo García Sainz y entiendo que por ahí también en alguna ocasión el exconsejero electoral Jaime Cárdenas también ha tenido algún tipo de intervención pública y denuncia en ese sentido. Por lo tanto, me esperaré a mi tercera ronda. Gracias. El C. Presidente: Claro que sí. Tiene la palabra el Consejero Electoral, Rodrigo Morales. El C. Rodrigo Morales: Gracias, Consejero Presidente. A ver, yo creo que son tres asuntos que habría que discutir. Primero está la discusión de la vía, que yo estoy convencido de que violaciones a normatividad interna no solamente pueden ser investigadas si las presentan los miembros del Partido; en efecto, hay otros supuestos que el Tribunal ha sostenido, que sean incluso ciudadanos que no sean militantes, pero participan en algún proceso de selección interna y en aquellos casos se ha entrado al examen de las presuntas violaciones a la normatividad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la conclusión es que no se estaba acreditando la legitimidad activa del Partido Revolucionario Institucional, en términos de que no tenía interés jurídico para promover esa parte: violación a normatividad interna. Pero como se ha dicho, eso no era el asunto. El asunto de fondo era el decir que había irregularidades relacionadas con el financiamiento y que producto de ello se podrían estar obteniendo ventajas indebidas, etcétera. Esa es la parte que está siendo investigada en la Comisión de Fiscalización, de manera que ahí sí se está entrando a investigar de fondo si, en efecto, las afirmaciones de estas irregularidades, etcétera, son ciertas; y ese es el fondo, me parece, de la queja. 75


En todo caso si del desahogo de esa queja se desprendiera con alguna claridad alguna presunta violación a normatividad interna, se podría hablar de iniciar un procedimiento oficioso. Pero está todavía en curso el desahogo de la queja por cuanto hace al fondo. Entonces me parece que hasta en ese entonces se podría entrar a una, si fuera el caso, a una investigación de oficio. Hacerlo en este momento creo que estaríamos interrumpiendo todo el seguimiento que se le está dando al asunto. Entonces lo que estamos resolviendo, reitero, es solamente desechar, como decía el representante del PRI, porque acaso resulta la vía inadecuada respecto del interés que ese Partido tiene para que esta autoridad entre al examen de las presuntas violaciones a la normatividad interna, lo cual no quiere decir que está resuelto el fondo del asunto. Creo que eso es importante no perderlo de vista. Esos serían mis comentarios, Consejero Presidente. El C. Presidente: Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar. El C. Saúl Alfonso Escobar: Yo creo que han sido pertinentes las aclaraciones que se han hecho, porque para decirlo de una manera, y se lo comentaba aquí al representante del PRI, se equivocó de ventanilla. La ventanilla que tiene que ver con la posibilidad de que de aquí se desprenda una violación a la ley...

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...de que de aquí se desprenda una violación a la ley en materia de Financiamiento o de gasto de los partidos políticos, se sigue investigando, no como ustedes mismos han dicho, esto no ha muerto; este es el fondo del asunto y se sigue investigando. Y ya lo discutiremos en su momento y el Partido obviamente tratará de defender, si es el caso, esta causa. Pero lo que estamos discutiendo aquí es una queja genérica, es decir, un asunto que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos, que no tiene que ver con el financiamiento. Entonces, a mí me parece que es incongruente lo que ustedes están haciendo. Ustedes se han quejado reiteradamente que, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se mete en los asuntos internos de los partidos, entonces no nos vengan aquí a proponer, el Consejo General, que discutamos los problemas internos de los partidos. Los discutimos y está bien que se discuta cuando esto tiene que ver con violación de otras normas, en particular el problema del financiamiento y gasto de los partidos políticos pero, insisto, esta parte está viva y se va a seguir investigando y ya se dijo repetidamente que este problema, que es el fondo del asunto, se va a discutir posteriormente. Entonces, me parece incongruente que el PRI, que se queja que el Tribunal se mete en la vida interna de los partidos en demasía, para decirlo de alguna manera, venga a proponer aquí el Consejo General del IFE los problemas internos del PRD. Bueno, entonces mañana vamos a discutir el problema de por qué Elba Esther Gordillo no cumple sus funciones como Secretaria General del Partido y si eso la convierte o no en una violadora de la ley o si es ilegal o ilegítimo. Y, bueno, pues no es el caso. A mí sí me interesa discutir el problema de Elba Esther, y por qué no cumple sus funciones estatutarias, pero no creo que sea el espacio que lo discutamos aquí; yo creo que lo podemos discutir en otro lado, y los compañeros del PRI ya dirán su punto de vista y ahí habrá seguramente distintos puntos de vista sobre este asunto, pero no creo que deba ser el caso de meternos a esta discusión en el Consejo General del Instituto. Y así, efectivamente, hay veces que los militantes o los órganos de dirección violan una norma estatutaria, o los dirigentes en lo particular, pero no todos esos casos tienen que traerse aquí, ni todos esos casos representan un interés jurídico para otros partidos, ni necesariamente el Instituto Electoral o el Tribunal tiene que sancionar estas faltas. Para eso son, precisamente, los estatutos, que no sólo señalan esas normas, sino qué pasa cuando se violan esas normas y qué órganos internos de los partidos se ocupan

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de sancionar a los dirigentes o militantes u órganos del Partido que sancionan esas violaciones al Estatuto. Entonces, confundir esto, me parece que está sucediendo en estos momentos y yo por eso creo que es correcta la decisión del Dictamen de la Junta General Ejecutival, del Dictamen que se nos presenta aquí, y que finalmente, como se ha dicho aquí, el asunto de fondo ya lo veremos más adelante y, en todo caso, esa es la sustancia y lo que está pendiente de resolver. Lo demás, el PRD lo está resolviendo. Ha, efectivamente, reconocido estas fallas internas, ha reconocido quiénes las cometieron; estamos previniendo el asunto, estamos sancionando a ese tipo de conductas y creo que eso es suficiente para el conocimiento y la información que ustedes deben tener sobre el Partido. Muchas gracias. El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Erik Iván Jaimes. El C. Erik Iván Jaimes: Sí, gracias, Consejero Presidente. Para hacer, de nueva cuenta, algunas precisiones. Me centro a una argumentación estrictamente jurídica, no quisiera entrar yo en el debate de lo que ha planteado el señor representante del PRD; digo, centrar la discusión estrictamente jurídica. El señor Consejero Electoral Rodrigo Morales ha planteado una preocupación. Sin querer, ventiló una preocupación y yo de ahí me voy a tomar, porque resulta que dice el señor Consejero que si en su oportunidad, por supuesto está la queja pendiente, viva, ahí, discutiéndose y analizándose de forma exhaustiva en la Comisión de Fiscalización, que seguramente se está haciendo, lo cierto