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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA VOLUMEN I, Nº 1 MARZO, 2017

REVISTA

 ¿Como funciona la

Administración Pública?

 Estructura de la

Administración Pública

Retos y realidad de

la Administración Pública en el Estado Venezolano

Principios Jurídicos de la Organización Administrativa


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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

CONTENIDO

EDITORIAL

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Infografía

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Principios Jurídicos de la Organización Administrativa

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Realidades y retos de la Administración Pública Venezolana

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Venezuela, tierra fértil para el Nepotismo y la Corrupción

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GLOSARIO

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MANCHETAS

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EDITORIAL Este número de la Revista de opinión, está dedicado exclusivamente a la función de la Administración Pública en especial dentro del Estado Venezolano. En tal sentido, y a modo de acercar a lector a su fácil comprensión, se abordara su estructura organizativa, principios, realidades y retos. Ello así, dada la importancia del estudio de la función Administrativa como la actividad del Estado, que tiene como fin decidir y operar. Ya que es necesario de un órgano como este que ejecute la ley, que la concrete y que la actualice cuando sea necesaria. En otras palabras, son las acciones por parte del estado para ejecutar la ley. Es innegable que la función administrativa es una de las funciones jurídicas del Estado, ya que a diferencia de lo que sucede en el Derecho Constitucional, en el Derecho Administrativo, se analizan las distintas funciones del Estado y no los distintos Poderes del Estado, pues el poder es uno sólo y radica en el Estado, en cambio, las funciones son distintas como también los órganos que llevan a cabo esas funciones. Se ha sostenido que el poder del Estado se actualiza en la función asignada a cada uno de los órganos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estas funciones estatales pueden ser clasificadas de distinto punto de vista, el sustancial o material, el orgánico o subjetivo, y el formal. Desde el punto de vista sustancial o material, se analiza el contenido de la función. Lo importante, lo trascendente, es analizar la naturaleza de la función. Desde el punto de vista orgánico o subjetivo, la distinción se hace teniendo en cuenta el órgano del que emana la función, y; desde el punto de vista formal tiene en cuenta el para su dictado y la forma propiamente dicha del acto con prescindencia del órgano del que emane. La función de la Administración Pública encuentra su basamento legar en los artículos 156, 157, 159, 160, 168, 169, 185, 186, 187, 225, 226, 253, 254, 273, 274, 292, 293, 294 Constitución Nacional De modo que, la función administrativa es función creadora del derecho, la producción de una norma de derecho está regulada por una norma jurídica superior, y al mismo tiempo la norma inferior creada por aquella. Regula el modo de creación de otra norma jurídica subordinada a ella, “Teoría de la formación del derecho por grado”, ejemplo: pirámide de Kelsen.


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PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

“El principio de la competencia es esencial en toda organización. Pero además de este principio...responde a otra serie de principios jurídicos esenciales y generales como: la jerarquía, la descentralización y la coordinación…” Según Brewer C. (1991), el término Administración Pública, puede ser definido desde el punto de vista material, o desde el punto de vista orgánico, como el conjunto de órganos del Estado dispuestos para cumplir un determinado fin. En esta forma, la Administración, configurada como un grupo de órganos dispuestos para un fin, implica que esos órganos tienen que estar ordenados en una forma determinada, por lo que en ese proceso de ordenación se incluyen, básicamente, las reglas o las normas que distribuyen las competencias y las atribuciones, y que regulan el funcionamiento de los órganos del Estado. Por ello, el principio de la competencia es esencial en toda organización. Pero además de este principio, la disposición de los órganos y sus atribuciones dentro de la Organización Administrativa responde a otra serie de principios jurídicos esenciales y generales como: la jerarquía, la descentralización y la coordinación, sin los cuales puede decirse que no habría organización.

De modo que el presente artículo está destinado al estudio de estos principios jurídicos.

I.

LA COMPETENCIA

Concebida como el conjunto de facultades, de poderes, y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas a los órganos de la Administración para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares, es decir, vendría a ser la aptitud que tiene un órgano del Estado para actuar. Sin embargo, la competencia no solamente concede la facultad de actuar, sino que también constituye una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano. Por tanto, no sólo es atributiva de facultades sino también limitativa; tiene esa doble característica y por eso, la competencia, como concepto de Derecho Público, se distingue de la capacidad de Derecho Privado.

La competencia, aun cuando en la organización administrativa cumple una función similar a la capacidad de las personas jurídicas en el derecho privado, tiene notables diferencias con ésta, dado que la competencia debe estar expresamente prevista en la constitución, y demás fuentes de la legalidad, o derivarse de alguno de los principios generales del derecho administrativo; al contrario la capacidad en derecho privado es la regla, siendo las incapacidades la excepción, por lo que estas son las que deben estar previstas expresamente en la ley. Las leyes que regulan la competencia son aquellas denominadas de orden público, lo que implica que no pueden relajarse ni derogarse por convenios entre particulares, ni por voluntad del funcionario público a quien corresponde su ejercicio. En cambio contractualmente puede renunciarse al ejercicio de determinados derechos derivados de la capacidad en el campo privado.


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Es necesario señalar que la competencia es constitutiva del órgano que debe ejercitarla, forma parte integrante de él, por lo que este no se concibe sin competencia. Por lo tanto, la competencia es una noción esencial de la organización del Estado, y como consecuencia de la Administración. En lo que respecta a su clasificación, la competencia, puede enfocarse desde diversos ángulos, como lo son: 1. La competencia en el ámbito de las funciones del Estado. De lo cual se desprende la separación orgánica de poderes y la coincidencia con la separación de funciones, por ejemplo en Venezuela existe una separación orgánica de poderes que no coinciden con una separación absoluta de funciones que estén atribuidas exclusivamente a dichos órganos. En efecto, la separación de poderes a de entenderse en el sistema Venezolano como una separación orgánica entre los órganos del poder público y como una asignación de funciones propias a cada uno de dichos órganos. En otras palabras mediante este principio se reserva a ciertos órganos el ejercer una función en una forma determinada, lo que no excluye la posibilidad de que otros órganos ejerzan la misma función en otra forma; por otra parte se puede observar la delimitación negativa, pues la constitución reserva a los órganos el ejercicio de ciertas funciones en una forma determinada. El ejerció de la función normativa mediante leyes, corresponde exclusivamente a las Cámaras Legislativas, el ejercicio de la función de gobierno mediante actos de gobierno corresponde exclusivamente al Presidente de la República, y el ejercicio de la función jurisdiccional mediante sentencia corresponde exclusivamente a los Tribunales.

“La competencia es una noción esencial de la organización del Estado, y como consecuencia de la Administración…” 2. La Competencia en el ámbito Ejecutivo: Gobierno y Administración. Varios de los artículos de la Constitución reflejan una diferenciación entre actividad de gobierno y actividad administrativa, por lo que el poder ejecutivo realiza dos actividades y ejerce dos competencias: gobierno y administración. Un ejemplo de ello se aprecia en el artículo 236 de la referida Norma, en las atribuciones del presidente, donde se observa claramente la diferencia entre actividades de gobierno y de administración, donde el ordinal 4 estipula que dirigir las Relaciones Exteriores de la República, es una competencia propia de la actividad de gobierno; en cambio en el ordinal 11 se estipula administrar la Hacienda Pública Nacional, es una competencia administrativa .

3. Competencia en la Administración Pública. La forma en que está asignada la competencia en la administración pública, puede venir dada por diversos factores, a saber: La Materia, entendida como el contenido propiamente dicho de la competencia, determinado por el conjunto de actividades, funciones o tareas que la ley asigna a un órgano del estado, por lo que define la competencia, por ejemplo: Ministerio de Salud es competente por la materia en el campo de protección de la salud. El Territorio, La materia sobre la cual se va a ejercer la competencia está circunscrita a un ámbito territorial determinado. En los Órgano Nacionales la competencia se ejerce en todo el Territorio Nacional; y en el caso del Ministerio de Salud su competencia abarca todo el Territorio Nacional, y las divisiones de dicho Ministerio a nivel regional o territorial tiene un ámbito territorial específico. El Grado, que está determinado en la posición que ocupan en la jerarquía Administrativa los diversos órganos del Estado. La organización de la Administración Pública y Ministerial en Venezuela es vertical y piramidal. En cada nivel jerárquico hay una serie de competencias atribuidas, lo que implica que no puede un inferior asumir competencia que le sean asignadas a un superior, ni viceversa. El grado que se ocupa en la jerarquía, condiciona el ámbito de competencia que se puede ejercer en una materia determinada. Y por último, el Tiempo, el cual es también un factor influyente, pues las competencias pueden ser de ejercicio temporal, por ejemplo, las potestades de control en la época de veda (prohibición de caza) de determinadas especies de animales. Siempre hay competencia por la materia, la variable es el tiempo, el territorio y grado en la jerarquía.


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Por otra parte, existen también diversos tipos de competencia en la Administración Pública, como lo son: la Necesaria y Eventual, que es la asignada normal y obligatoriamente a un órgano del Estado, conforme a las competencias definidas por la ley; en cambio un funcionario puede ejercer una suplencia de otro, y en este caso ejerce una competencia en forma eventual. La Interna y Externa, en este caso si el ejercicio de la competencia tiene relevancia para los particulares, sería una competencia externa, que es normal en el ámbito administrativo. Esta se contrapone a la

competencia interna, cuyo ejercicio no afecta a los particulares sino que se concreta solo al interior de la Administración. Propia y Conjunta, es propia cuando solo está asignada a un órgano administrativo, y es conjunta, cuando para ejercerla, es necesario que dos o más órganos actúen conjuntamente. General y Especial, es general cuando se atribuye a un órgano competencia en diversas materias, y es propia de los entes territoriales, como por ejemplo el Alcalde tiene competencia general. En otro sentido, la competencia especial se identifica dentro de cada uno de los

órganos. Dentro de las Gobernaciones de estado. Hay direcciones con competencia especial, pero a la cabeza de esos órganos está el Gobernador de Estado, quien tiene competencia general. Y, Exclusiva y Concurrente, cuando es atribuida a un órgano en la escala administrativa o a varios, ejemplo, el Director de Salud tiene asignada la competencia en forma exclusiva, solo para la salud. Se contrapone la forma concurrente, donde se distribuye la competencia entre varios órganos, ejemplo la policía, distribuida en los tres niveles territoriales: nacional, estadal y municipal.

“Existen también diversos tipos de competencia en la Administración Pública…Necesaria y Eventual...Interna y Externa...Propia y Conjunta...General y Especial...Exclusiva y Concurrente...” Dentro de las características, de la competencia se pueden significar: en primer lugar, La obligatoriedad e improrrogabilidad, dado que no admite relajamiento por parte del funcionario público ni restricciones voluntarias. El funcionario no puede renunciar a ejercerla. Cuando se dice que la competencia es irrenunciable, hay que distinguir el tipo de competencia; si es de carácter reglado la obligatoriedad y la renunciabilidad es absoluta, pero si es discrecional, la ley le da mayor libertad de apreciación al funcionario para ejercerla, y depende de su apreciación, el ejercicio de la misma. Por otra parte, implica la improrrogabilidad, por lo que no puede libremente delegarse su ejercicio, salvo autorización expresa de la norma atributiva de la misma. En segundo lugar, La asignación formal en actos jurídicos, lo que normalmente se produce mediante actos de efectos generales, es decir,

que tengan carácter normativo, la constitución es la primera fuente de competencia en todos los niveles del Estado.. Por otra parte, la Ley Orgánica y las Leyes Ordinarias son otras de las fuentes de competencia. Pero estas no podrían incluir todas las competencias de todos los órganos del Estado. Por eso se

complementan por disposiciones reglamentarias y administrativas. En efecto la ley no puede agotar atribuciones de competencia a todos los órganos administrativos; por lo que normalmente remite a actos administrativos para completar la asignación. En tercer lugar, La regulación de la resolución de los conflictos de competencia, es la previsión o regulación de los conflictos de competencia que puedan presentase entre varios de los órganos que se consideren competentes en una misma materia. Dentro de la Organización ministerial venezolana, por ejemplo, si el conflicto se plantea en el seno de un Ministerio, corresponde al ministro la resolución del conflicto; pero si el conflicto es externo, esto es, entre Ministerios o entre un ministerio y un instituto autónomo, o entre autoridades nacionales, estadales y municipales, la resolución del problema.


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Es importante señalar que dado el carácter de irrenunciabilidad e improrrogabilidad de la competencia, el órgano al cual es atribuida está obligado a ejercerla y este no puede libremente desprenderse de ella o delegarla en un inferior. Tampoco puede un funcionario superior, libremente, asumir la competencia de un inferior. Ambas figuras se refieren a la Desviación de competencia, y requieren texto legal expreso que las prevea y autorice. Por lo que la desviación de competencia a través de la delegación de atribuciones, es mediante la transferencia del ejercicio de determinadas competencias que un superior jerárquico puede hacer en un funcionario inferior. Otra forma de desviación de la competencia es la avocación, siendo la posibilidad que puede tener el superior jerárquico de asumir la competencia que corresponde al inferior. En este mismo orden de ideas, se pueden citar además aquellas formas de distribución de la competencia, entre las cuales tenemos: La Delegación, entendida como las atribuciones que puede realizar el superior, en este caso el Ministro está autorizado por ley e delegar atribuciones en sus Directores Generales normalmente, esta delegación esta vinculadas a la persona titular del órgano delegado y no al órgano mismo, ya que es un acto de confianza, pero puede ser realizada directamente al órgano, independientemente de quien sea el titular. La Desconcentración, que es permanente, general y abstracta, y puede ser de dos tipos: Funcional, tipificada por el supuesto señalado de la Contraloría. La Ley ha permitido al contralor distribuir la competencia en los órganos internos de la Contraloría, de manera funcional, es decir por funciones y atribuciones; y

Territorial, cuando determinado Ministerio tiene a nivel de cada una de las regiones del país, una Dirección Regional. Puede haber desconcentración de competencias en estas direcciones en forma permanente y abstracta no podrá haber distribución de competencia por vía de delegación de atribuciones a esos niveles, por no permitirlo la ley. Ahora bien, el ejercicio de la competencia tiene diversos límites, que vienen dados por los siguientes principios: El Principio de la Especialidad, implica que cada órgano tiene que actuar dentro de la competencia que le ha sido específicamente asignada, y no puede realizar funciones distintas a las que le han sido señaladas. De lo contrario habría extralimitación de atribuciones. El Principio de la Legalidad, referente a que solo pueden ejercerse competencias que estén consagradas de forma

expresa en la ley. Toda actividad realizada por un órgano que no esté previsto en la ley es ilegal, por incompetente. Y El Principio de Finalidad, solo puede ejercer la competencia para los fines específicamente establecidos por la ley y que motivan su asignación. Toda competencia ejercida para finalidades distintas da origen al vicio de desviación de poder.

“El ejercicio de la competencia tiene diversos límites, que vienen dados por…El Principio de la Especialidad...El Principio de la Legalidad...Y el Principio de Finalidad...”


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II. LA JERARQUÍA Implica la distribución de la competencia por razón del grado, pudiéndose imponer la voluntad del superior sobre el inferior. La característica fundamental de este principio es el hecho de que los órganos entre los cuales se establece la relación deben tener la misma competencia por razón de la materia. Si no existe la misma competencia por razón de la materia, no puede hablarse de jerarquía; puede existir una relación de coordinación, pero en ningún caso una relación jerárquica. Por ejemplo, entre el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el Director de Salud Pública, existe una relación jerárquica, pero no así entre el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el Director de Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por tanto, la jerarquía tiene que ver Con la competencia y la distribución de ésta, por el grado dentro de la misma organización.

Entre los efectos de la jerarquía, destacan: El predominio del Superior Jerárquico, quien puede modificar, revisar, anular, dirigir y controlar los actos del inferior. La jerarquía implica siempre la posibilidad del superior de coordinar, dirigir y planificar, los actos de los órganos inferiores. La Conducta y dirección de la actividad de los inferiores,

que es la potestad normativa interna que tiene el jerarca para establecer cual órgano va a realizar una determinada actividad dentro de la organización, y como deben los funcionarios cumplir sus funciones. La potestad disciplinaria, el superior jerárquico es quien dentro de una organización determinada, nombra, remueve e impone sanciones a los funcionarios. El ejercicio de las competencias genéricas, es la posibilidad que tiene el Ministro de dictar actos que le son propios, como es la posibilidad de suscribir los contratos. La posibilidad de delegar competencias, es la posibilidad que tiene el Ministro de delegar atribuciones a los directores generales y en otros funcionarios. La potestad de control, que tiene el superior jerárquico sobre los órganos inferiores. Y por último, la resolución de conflicto, es la posibilidad que tiene el superior de resolver los conflictos que se establezcan entre los diferentes órganos que integran la jerarquía.

III. LA DESCENTRALIZACIÓN Consiste en la transformación de competencias decisorias de una persona político territorial a otra u otras personas jurídicas distintas del ente público territorial transferente. Es una distribución de competencias, pero no dentro de una misma organización jerárquica, sino una transferencia de competencia hecha a personas jurídicas distintas del ente quien transfiere. La descentralización se caracteriza por el supuesto de aun cuando hay transferencia de poderes a otros sujetos de derecho, todos estos sujetos, en

una forma u otra, quedan enmarcados dentro de la estructura organizativa general del Estado. Por ello, puede decirse que cuando se habla de "sector público", la expresión se utiliza en el sentido de abarcar, en el campo nacional, a la República con todos sus Ministerios y demás órganos de su administración central, y a la administración descentralizada funcionalmente, tenga forma de derecho público o de derecho privado. Por tanto, la descentralización es una transferencia de competencia a sujetos de derecho distinto, lo que la distingue de la desconcentración que es

una distribución de competencia dentro de la organización de un sujeto de derecho público.

“Es una distribución de competencias, pero no dentro de una misma organización jerárquica, sino una transferencia de competencia hecha a personas jurídicas distintas del ente que transfiere…”


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Existen dos tipos de descentralización, como lo son: La territorial, es cuando la transferencia de competencia se realiza en favor de algunas de las personas de derecho público de carácter político-territorial: los estados o los municipios. Y la funcional, que implica la transferencia de competencia a un ente público no territorial, por razones de servicio, y no por razones políticoterritorial. Las consecuencias derivadas de la descentralización, resultan ser: La autonomía, que viene a ser la facultad que

tienen los entes de crear su propio ordenamiento jurídico, esto es de dictar sus propias normas. Puede afirmarse que la autonomía propiamente dicha existe en la administración descentralizada territorialmente. En los estados la asamblea legislativa tiene como función dictar leyes sobre las materias de competencia estatal, igualmente sucede con los municipios. En el caso de la descentralización político o territorial, la autonomía es mayor que en el caso de la descentralización funcional; y paralelamente, en tanto en cuanto la autonomía es mayor, el control es menor. Otra

consecuencia es el control de tutela en la descentralización funcional, es un tipo de control que se establece, en el campo administrativo, entre órganos pertenecientes a personas jurídicas distintas, y por tanto, sustancialmente distinto al control jerárquico. El principio del control de tutela en materia de entes públicos, se da, básicamente, en la administración descentralizada funcionalmente, fundamentalmente en los Institutos Autónomos.

“Existen dos tipos de descentralización…La territorial… Y la funcional...” IV. LA COORDINACIÓN Es de la esencia de la organización, porque materialmente no hay organización sin coordinación. Desde el momento en que la Administración Pública está compuesta por variados y diversos órganos, como unidades complejas, se hace necesario establecer ciertos mecanismos de coordinación entre los diversos órganos del Estado, para lograr una determinada voluntad administrativa. Básicamente hay muchos niveles para la coordinación, entre los que resalta el nivel jerárquico, ya que por lo general el superior jerárquico de la organización tiene la potestad coordinadora y la obligación de coordinar la acción de los inferiores. No obstante, la coordinación administrativa depende del tipo de organización que exista para cumplir determinados fines por el Estado. Cuando se está,

por ejemplo, en presencia de una Administración Pública que asume nuevos cometidos y fines, distintos a aquellos que tenía cuando se organizó, es indudable que esa organización debe readaptarse a los nuevos cometidos, y si no se adapta, inevitablemente surgirá un problema grave de coordinación. Habrá necesidad de recurrir aún más a mecanismos de coordinación. La aplicación del principio de la coordinación, consecuencia de esta situación de dis-

la nuevas teorías para la organización de a Administración Pública, y entre ellas se destaca el criterio de sistemas. En efecto, se tiene la conciencia de que la Administración Pública es compleja, pues está integrada por una serie de organismos que es necesario coordinar, a los efectos de obtener un determinado resultado; pero también de que la coordinación no puede agotarse en sí misma, sino que se justifica en tanto en cuanto se puedan obtener determinados resultados.


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REALIDADES Y RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENEZOLANA En este sentido, es indudable que en la Administración Pública Venezolana, en la práctica, sigue imperando hasta la actualidad, la centralización, no solo política, sino también administrativa pese a la forma federal del Estado, pues se ha concentrado en el centro y en la Administración Nacional, todo el poder político, administrativo y jurídico de la Nación.

A partir del año 1990 la administración pública implementó en teoría un modelo descentralizado, con miras a la consecución de los llamados planes regionales y programas sectoriales de desarrollo, buscando acercar la acción de gobierno a los ciudadanos con miras a fortalecer el sistema democrático. Para ello se aprobó en 1989 la elección de gobernadores y alcaldes a través del sufragio. Como bien es sabido, la Administración Pública se entiende como aquel conjunto de personas, organizaciones, reglas, capacidades y prácticas, que tienen por objetivo transformar las políticas públicas, la legislación y el presupuesto, en servicios útiles para la sociedad, esto es, la Administración Pública convierte las expectativas y deseos que tienen los ciudadanos sobre la forma en que opera el Estado (Echebarría y Cortazar; 2007).

En efecto, Echebarría y Cortazar (op. cit.), sostienen que la Administración Pública “está subordinada a los designios del Estado, que se manifiestan en las personas que ejercen el gobierno o el control de los otros poderes públicos. A pesar de ello, la Administración Pública ha adquirido una “dimensión institucional” propia que le coloca más allá de la política y de la economía. La centralización nacional tiene su origen en la distribución peculiar de competencias que establece la Constitución Nacional. Materialmente, el artículo 156 de dicho texto concentra en manos del Poder Nacional casi todas las competencias públicas, salvo algunas de carácter municipal y que, en todo caso, no son exclusivas del Municipio, pues todas son concurrentes con el nivel nacional.

Ha habido entonces, una tendencia centralizadora, en la práctica administrativa, en las relaciones entre el poder central y el ámbito local. En efecto, la Constitución asigna a los Municipios diversas competencias enumeradas en el artículo 178; pero todas esas competencias constitucionales asignadas, son competencias que además, se asignan en forma concurrente al poder Nacional. Así, toda esa larga lista de competencias enumeras en dicho artículo; Urbanismo, Policía, Asistencia Social, Turismo, etc., son competencias que se asignan, también, concurrentemente al Poder Central. Por ello, en definitiva, depende de lo que el Poder Nacional establezca. La primera y más destacada consecuencia del centralismo administrativo ha sido un excesivo paternalismo del Estado Nacional, no sólo frente al ciudadano y al particular que no participa sino que sólo recibe, sino frente a los diversos niveles de la estructura del Estado. En efecto, los Estados y Municipios también, sólo reciben, no participan, ni en el poder político ni en el poder administrativo. Reciben talvez migajas, pero no competencias, poderes o atribuciones.

“La Administración Pública “está subordinada a los designios del Estado, que se manifiestan en las personas que ejercen el gobierno o el control de los otros poderes públicos..”


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Esta situación ha conducido a una excesiva dependencia de los Estados y Municipios respecto de Poder Central, tanto desde el punto de vista financiero, como del administrativo, con otra consecuencia: el debilitamiento progresivo de la administración Estadal y de la Administración Municipal. Por otra parte ha provocado también, el alejamiento de la Administración respecto del ciudadano. Indudablemente, este centralismo produce, también, otra consecuencia, como lo es la corrupción, por el excesivo poder concentrado a nivel de ciertos funcionarios y por la irresponsabilidad de éstos. Si la decisión administrativa depende de un solo centro del poder, no controlado o mal controlado, será más fácil el desarrollo de prácticas ilícitas. Ahora bien, además de la centralización administrativa, el segundo problema de la Administración Pública en Venezuela, es la de la concentración administrativa. Si bien es cierto, todo está

centralizado a nivel nacional, no es menos cierto que, todo está concentrado a los niveles superiores del Poder Ejecutivo. En efecto, nuestro sistema presidencia se ha deformado, y se ha convertido en no en presidencialismo sino en una concentración presidencial, lo cual ha dado un poder excesivo al Presidente de la República, es decir, el Presidente ha tenido un poder más allá de lo que exige una sana administración. En todo caso la concentración presidencial ha llevado también a la concentración ministerial. Esta concentración administrativa tiene una serie de consecuencias, como los son, por una parte, la excesiva lentitud administrativa provocada por el hecho de que todo tiene que llegar al poder superior para la obtención de una decisión. De allí la gran tragedia del ciudadano común al enfrentar la administración: la ausencia de decisión. Como resultado de esa complejidad, la ineficiencia consecuencial, y la sombre de la corrupción que aparece cuando se clama por una decisión rápida.

En bases a las consideraciones antes esbozadas, se estima entonces que la única forma de atender efectivamente un país que se ha tornado complejo, es descentralizando el Poder Administrativo. Pero esta decisión de descentralización, es una decisión que debe tomarse conscientemente. No se puede descentralizar improvisando; por lo que se requiere un amplio estudio e investigación de la realidad administrativa de un país, lo cual difícilmente se esté haciendo en Venezuela, ya que aun cuando el principio de la descentralización administrativa, es un principio constitucional, expresamente previsto en el artículo 157 de la Norma Suprema, éste curiosamente no es usado. Por otra parte, frente a la concentración administrativa, también se impone como solución, una transferencia de poderes y competencias de los niveles superiores hacia los niveles inferiores. Por ello, una gran política de delegación de atribuciones de los niveles superiores a los inferiores y de desconcentración de niveles nacionales hacia los niveles regionales, es, también, otro reto que tiene la administración pública Venezolana. Del mismo modo, la nueva estructura de la administración pública, concebido bajo el modelo de una democracia ideológicamente socialista, debe dar respuestas a las necesidades humanas colectivas, y vincular las posibilidades de solución a problemas por la vía de las decisiones políticas con la participación activa de los ciudadanos, es decir, toda gestión pública exige una participación y planificación previa, y una serie de decisiones que finalmente se convierten acción política con lo que el gobierno podrá enfrentar cualquier problema social.


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Por ello, la administración pública, debe tener un nuevo enfoque de aplicación, que necesita del carácter multidisciplinario e incluyente, además tener una coherencia entre lo político y lo ideológico con el proyecto de desarrollo nacional, pretendiendo superar las limitaciones de los tradicionales sistemas administrativos, de finanzas, políticas públicas, entre otros, que asumen como incontestable el mito weberiano de una burocracia puramente ejecutiva y políticamente neutral, y se centran en la descripción de las estructuras políticoadministrativas y de los procedimientos. Sobre este particular, ha señalado Lora. (2007), que las reformas dentro de las Administraciones Públicas en América Latina han estado relacionadas, por una parte, con mayores espacios de participación política, sobre todo en aquellos países con democracias monopartidistas o bipartidistas. Estos procesos de apertura y profundización de la democracia permitieron oxigenar el mundo político con nuevos actores participando en la gestión pública. Por otro lado, siendo las Administraciones Públicas la fracción más grande del Estado en términos de personal y de recursos materiales, las reformas se han dedicado a tratar de resolver el problema de su tamaño y la eficiencia o no del mismo de acuerdo con sus responsabilidades. Echebarría y Cortazar (op. cit.). En este sentido, es indudable que en la Administración Pública Venezolana, en la práctica, sigue imperando hasta la actualidad, la centralización, no solo política, sino también administrativa pese a la forma federal del Estado, pues se ha concentrado en el centro y

en la Administración Nacional, todo el poder político, administrativo y jurídico de la Nación. El objetivo de todas las reformas es alcanzar un Estado de menor tamaño y con unos objetivos más acotados, pero que al mismo tiempo tenga un mayor grado de legitimidad, que sea menos burocrático y descentralizado, y que juegue un papel de promotor de la iniciativa empresarial en lugar de protector de la industria nacional a toda costa. Este planteamiento está en línea con el llamado Consenso de Washington, donde se plantea una mayor disciplina fiscal para el Estado y una cesión parcial de sus funciones a los mercados. Lora (op. cit.). Se trata de un Estado que se dedique a la prestación eficaz y eficiente de los servicios básicos, como educación, salud, seguridad policial y seguridad social, y que su responsabilidad política por los asuntos de bienestar social sean mayores ante la ciudadanía. Echebarría y Cortazar (op. cit.).

“La administración pública debe tener un nuevo enfoque de aplicación, que necesita del carácter multidisciplinario e incluyente, además tener una coherencia entre lo político y lo ideológico..” Ahora bien, para lograr este objetivo, las reformas de las Administraciones Públicas se han centrado en tres aspectos: el tamaño de la burocracia, los criterios de mérito para la selección de funcionarios, y la flexibilización de la gestión de personas (Lora, 2007). Para el cumplimiento de tales fines, las reformas tratan de incorporar en la Administración Pública nuevos modelos organizacionales y de gestión basada en la Nueva Administración Pública, que incorporan la racionalidad económica al análisis, que supone no solamente la eficacia sino también la eficiencia. Echebarría y Cortazar (op. cit.).


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Así las cosas, la Administración Pública, debe tener una conexión de significado con lo político y la vida política, y la toma de decisiones debe basarse en el consenso y la participación de los ciudadanos y los administradores del poder público. Una gestión pública eficiente en este sentido, consiste claramente en una red de planificación, decisiones y acciones que distribuyen valores que busca influir en la conducta de otros para resolver problemas de acción colectiva. De allí, se desprende el hecho que las políticas públicas centren su atención en el enfoque sistémico y flexible de toma de decisiones del gobierno,

a la luz del criterio imperativo que han de ser decisiones correctas u óptimas, causal y económicamente eficientes en la producción de beneficios públicos para la comunidad. Por último, el reto del nuevo modelo de administración pública pasa por construir un nuevo marco de responsabilidad en la gestión, legitimando los valores de participación, corresponsabilidad, transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia y calidad. Para ello, también se hace importante, consolidar la cultura de la planificación y evaluación que garantice el verdadero

compromiso en la gestión de lo público, en los términos más convenientes para que se haga efectivo el control social democrático. De ahí, es necesario elaborar las herramientas para la planificación con participación activa de los ciudadanos, como los mecanismos de control técnico y social, y la evaluación posterior. Desde el punto de vista de los requisitos necesarios para ello, las herramientas de planificación y de control no deben ser instrumentos diferentes sino las dos caras de la una misma moneda.

“El reto del nuevo modelo de administración pública para por construir una nuevo marco de responsabilidad en la gestión, legitimando los valores de participación, corresponsabilidad, transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia y calidad..”


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VENEZUELA,TIERRA FÉRTIL… PARA EL NEPOTISMO Y LA CORRUPCIÓN Antonio María Delgado

Febrero 10, 2017

“ La concentración de poderes y la resultante ausencia de mecanismos para fiscalizar la administración estatal han convertido a Venezuela en una meca para la corrupción y el nepotismo, dijo Mercedes De Freitas, directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional..” @DelagadoAntonio M

Es una situación que ha quedado fuera de control durante los 18 años que ha gobernado el chavismo, manifestó. “La magnitud de la corrupción es absoluta” en Venezuela, dijo De Freitas el jueves por la noche en un foro organizado en Doral por la firma Xoffices. “El nepotismo ha adquirido niveles insospechables”. Es una práctica tan generalizada que en la Contraloría General de la República, el ente encargado de vigilar que no haya nepotismo en la administración pública, “el ciudadano Contralor, Manuel Galindo, tiene 13 familiares” trabajando en el organismo. “Y no están limpiando los baños, ni tampoco llevando los archivos, sino que son directores, y son hermanos, primos cuñados o hijos” del contralor. El fenómeno, que se ha esparcido por toda la administración pública en Venezuela, está calificado como delito pero hoy en

día no tiene sanción, señaló De Freitas. Transparencia Internacional —que cataloga a Venezuela como el país más corrupto de América Latina en su clasificación mundial— también identificó que familiares de los altos jerarcas del chavismo ocupan los más apetecibles cargos en la Cancillería venezolana, que hoy es manejada por pocos diplomáticos de carrera y por muchos personajes de confianza. El nepotismo está presente incluso en la propia cúpula del ministerio. La canciller, Delcy Aloína Rodríguez Gómez es hermana de Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas y directivo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una de las principales columnas del chavismo, resalta Transparencia Venezuela en un informe. Pero Transparencia Internacional detectó decenas de casos adicionales de nepotismo dentro de la Cancillería, entre ellos el del director del despacho

de la canciller, Rolando Corao, quien es esposo de Jacqueline Faría, ex ministra, integrante de la plana mayor del PSUV y presidenta de la estatal de telefonía celular, Movilnet. Asimismo, la directora general del despacho del viceministro para Europa es la internacionalista Andrea Gabriela Corao Faría, hija de Rolando Corao y Jacqueline Faría. Por otro lado, el cónsul de Venezuela en Nueva York es Calixto Ortega, sobrino del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que lleva el mismo nombre, agrega el informe. La jefa de la sección consular en Suiza es la segunda secretaria María Gabriela Mendoza Istúriz, sobrina del vicepresidente Aristóbulo Istúriz. En el consulado de Madrid trabaja Jordana Emilia Ramírez Santos, hija de la ex ministra de Comunicación y actual directora del diario Correo del Orinoco, Desirée Santos A.


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El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, tiene a su hermano Sergio Ramón encargado del consulado en Cúcuta, al tiempo que su hijo Jesús Javier Arias Fuenmayor es embajador en Costa Rica. Glenna Cabello, ministra consejera de la embajada de Venezuela en Francia, es hermana del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mismo parentesco que comparten el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, y la jefa de la legación criolla ante Holanda, Haifa Aissami, reportó el informe.

Transparencia Venezuela, cuya labor es frecuentemente obstaculizada por los permanente esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por ocultar la información, ha emprendido una campaña para concientizar a la población sobre los efectos de la corrupción. Según De Freitas, el fenómeno es responsable no sólo de la pérdida de miles de millones de dólares en la nación sudamericana, sino también de miles de vidas al año, ya que es una de las principales causas de los graves problemas de desabastecimiento en el país y de la falta de recursos para luchar contra la delincuencia.

“La corrupción mata […] La medicina no llega a los hospitales porque alguien se la agarró para venderla más cara a alguien por allí”, manifestó De Freitas. Algo similar sucede con el Hospital de Niños en Caracas. El centro hospitalario tiene nueve quirófanos pero sólo uno de ellos funciona intermitentemente, porque a veces se contamina y tienen que cerrarlo, explicó. “Se ha pagado 20 veces la reconstrucción de esos quirófanos”, pero actualmente se desconoce a dónde fueron a parar esos fondos.

Fuente: http://www.abcdelasemana.com/2017/02/10/venezuela-tierra-fertil-para-el-nepotismo-y-la-corrupcion/


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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

GLOSARIO DE TÉRMINOS Administración del Estado: Es aquélla parte de la Administración Pública, identificada con el poder ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión en todo el territorio nacional de aquellas funciones y servicios que se consideran fundamentales para la existencia misma de la comunidad nacional. Actúa bajo la dirección del Gobierno y sirve con objetividad los intereses generales.

Centralización: Forma de organización pública en la que una sola Administración, la del Estado, obviamente, asumen la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general, y, consecuentemente, se atribuye todas las potestades y funciones necesarias para ello.

la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares, reguladas por el interés general y bajo un régimen de policía o control.

Jerarquía: La técnica más elemental, y tradicional, de distribución de las comDescentralización: Proceso histórico de petencias en una organización es su signo contrario a la centralización y que reparto y adecuación al principio de Avocación: Técnica de signo y dirección se inicia, prácticamente, cuando el pro- jerarquía; es decir, con arreglo a un siscontraria a la delegación: el superior por ceso centralizador ha sido completo. tema de estructuración escalonada, y disposición legal se hace cargo de las normalmente piramidal, de los diversos Desconcentración: La transferencia por competencias del inferior. órganos y en virtud del cual los del nivel norma expresa de la titularidad de las superior mandan sobre los del inferior, Competencia: Medida de la capacidad competencias de un órgano superior a cuya actividad dirigen y controlan para jurídica de cada órgano o conjunto de otro inferior dentro de un mismo Ente reducir a unidad y coordinar hacia un funciones y potestades que el ordenapúblico. Como la finalidad de la descondeterminado fin la actividad del conjunmiento jurídico le atribuye y que por centración es sencillamente descongesto. ello está autorizado y obligado a ejerci- tionar el trabajo de los órganos superiotar. res. Órgano Administrativo: Estructura administrativa con atribución de compeCoordinación: Función que pretende Función Administrativa: Es la actividad tencia y con posibilidad de dictar resoluconjuntar diversas actividades en el que normalmente corresponde al Poder ciones con efecto sobre terceros. logro de una misma finalidad, evitando Ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídila reduplicación de esfuerzos y las accio- co y limita sus efectos a los actos jurídines divergentes e, incluso, contradicto- cos concretos o particulares y a los acrias. tos materiales, que tienen por finalidad


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