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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO Apelado CASO NUM. Vs. NARDEN JAIME ESPINOSA Demandandos Apelante

____________________________ APELACIÓN Procedente Del Tribunal Primera Instancia, Sala de Humacao Caso Núm.: HU2019CV01709 Sala 205 Sobre: Descalificación de Aspirante Art. 8.020 Ley 78-2011

INDICE DE MATERIAS Comparecencia ............................................................................................................................ 1 Base Jurisdiccional...................................................................................................................... 1 Sentencia objeto revisión ............................................................................................................ 1 Circuito Regional ante el cual se interpone ................................................................................ 1-2 Breve Introducción.....................................................................................................................2 Relación Procesal y Hechos Materiales .....................................................................................2-5 Señalamiento de Errores ...........................................................................................................5 ▪

Erró el TPI al determinar que el candidato Narden Jaime Espinosa omitió información pertinente.

Erró el TPI al determinar que la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante CEE), no es parte indispensable, conforme la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil vigentes y la jurisprudencia aplicable en el presente caso.

Erró el TPI al entender que el PPD ante supuestas violaciones reglamentarias imputadas al candidato certificado Narden Jaime Espinosa, garantizó el debido proceso de Ley para solicitar su descalificación.

Erró el TPI al no cualificar y sopesar adecuadamente los derechos en controversia, a saber, el de los partidos políticos de reglamentar candidatos, frente al de los electores de votar por los candidatos de su preferencia.

Derecho aplicable.......................................................................................................................5-8 Discusión del Derecho Aplicable y los Errores .........................................................................8-18 Súplica......................................................................................................................................18 Notificación..............................................................................................................................19 Índice Apéndice .......................................................................................................................20-21


INDICE LEGAL

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA JOSE ANGEL ALVAREZ su esposa ____________________________ BRENDA M. CINTRÓN OLIVERI y la APELACIÓN Sociedad De Bienes Ganaciales CASO NUM. Procedente Del Tribunal Primera compuesta por ambos Instancia, Sala de Carolina Demandantes Apelado Caso Núm.: FDP2013-0074 Sala 402 Vs. Sobre: RAMÓN DÍAZ GÓMEZ; JOHN DOE y DAÑOS Y PERJUICIOS RICHARD ROE demandados desconocidos Demandandos Apelante

INDICE DE LEGAL

Jurisprudencia Estatal

Página

- Villanueva v. Vilanova 2012 TSPR 53

7, 13

- García v. Sucesión de Gabriel González 178 DPR 527 (2010)

7, 13

- Romero v. Reyes 164 D. P. R. 721 (2005)

7, 13

- Consejo de Titulares v. Jetter Klare, 169 DPR 643 (2006)

7, 13

- McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, pág. 591 (2007)

8, 17

- P.A.C. v. P.I.C. 163 D.P.R 775

8, 18

- P.A.C. v. E.L.A. I 150 D.P.R 359

8, 18

- P.R.P. v. E.L.A 115 D.P.R 631

8, 18

- P.S.P. v. E.L.A 107 D.P.R. 590

8, 18

- Fuster v. Busó 102 D.P.R. 327

8, 18

- P.N.P. v. De Castro Font II 172 D.P.R. 883 (2007)

18

JURISPRUDENCIA FEDERAL

Legislación


INDICE LEGAL - Ley de Judicatura - Regla

de Puerto Rico de 2003

52.2 de Procedimiento Civil

1 1

- Regla 23(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 2004 1 TSPR 121 - Artículo 4.002, Ley 78-2011 conocida como Código Electoral

1

- Artículos 4.002 y 4.006 (a) de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 1 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. §22 t. seq. - Regla 16.1 de Procedimiento de Civil

2, 7, 12

- Artículo 2.003 del Código Electoral de Puerto Rico, Ley 78-2011

3, 6

- Ley 222-2011 conocida como Ley para la Fiscalización del 3, 9 Financiamiento de Campañas Políticas - Descalificación de Aspirante Articulo 8.020 Ley 78-2011

4, 7

- Sección 2 del Articulo II de nuestra Constitución conocida como la 6, 16, 17 Carta de Derechos - Artículo 2.002 de la Ley 78-2011 conocida como Código Electoral

6, 17

- Artículo 6.001 en el inciso 2 y el inciso 11 de la ley 78-2011 6, 17 conocida como Código Electoral - Artículo 5.016 de la Ley 222-2011 conocida como Ley para la 10 Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas - Incisos 3 y 9 del Artículo 196 del Reglamento del Partido Popular 16 Democrático

LIBROS

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APELACIÓN |1 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO Apelado CASO NUM. Vs. NARDEN JAIME ESPINOSA Demandandos Apelante

____________________________ APELACIÓN Procedente Del Tribunal Primera Instancia, Sala de Humacao Caso Núm.: HU2019CV01709 Sala 205 Sobre: Descalificación de Aspirante Art. 8.020 Ley 78-2011

APELACIÓN AL HONORABLE TRIBUNAL: Comparece la parte apelante, NARDEN JAIME ESPINOSA por conducto de su abogado quien con sumo respeto expone, alega y solicita:

I.

BASE JURISDICCIONAL

Este Honorable Tribunal posee jurisdicción y competencia de conformidad con las disposiciones de la Ley de Judicatura de Puerto Rico de 20031, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil y la Regla 23(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (en adelante “Reglamento”), 2004 TSPR 121 y el Articulo 4.002 de la Ley 78-2011 conocida como Código Electoral.

II.

SENTENCIA OBJETO DE REVISION

Se solicita la revisión de la Sentencia dictada y notificada el 6 de noviembre de 2019 (Se marca como Anejo 1 del Apéndice, páginas 1-22), en la que la Honorable Juez María Teresa Ubarri Baragaño dictó sentencia en la que declara HA LUGAR la Querella presentada por el Partido Popular Democrático (en adelante PPD).

III.

CIRCUITO REGIONAL ANTE EL CUAL SE INTERPONE EL RECURSO

1

Artículos 4.002 y 4.006 (a) de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. §22 t. seq.


APELACIÓN |2 De conformidad con las disposiciones de Artículo 4.003 de la Ley de la Judicatura de 1994 se interpone el presente recurso ante el Circuito Regional que comprende la Región Judicial de Humacao.

IV.

BREVE INTRODUCCIÓN

Este Honorable Tribunal Apelativo debe determinar si el señor Narden Jaime Espinosa “omitió información pertinente” al PPD, conforme a lo requerido por dicho partido en el formulario conocido como “Formulario Informativo de Aspirantes” (Véase las páginas 128-123 Anejo 7 del apéndice sobre Al Expediente del Tribunal), que requería proveer información sobre cualquier procedimiento relacionado a su persona y no a su comité de campaña. El señor Jaime contestó todas las preguntas con la verdad y no venía obligado a dar información que, al evaluar la totalidad de las preguntas del formulario, ninguna persona “prudente y razonable” puede entender que dicha información era pertinente. Así también este Honorable Tribunal de Apelaciones tiene ante su consideración en el presente recurso la evaluación de si la exclusión como parte de la Comisión Estatal de Elecciones en la Querella incoada contraviene lo dispuesto en la Regla 16.1 de Procedimiento de Civil, la cual dispone la acumulación de partes indispensables. Además, compete a este Alto Foro judicial determinar si el proceso llevado a cabo por el PPD de imputación de supuestas violaciones al reglamento del señor Jaime, siendo este ya un candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, con el objeto de su descalificación, se llevó a cabo cumpliendo con el Debido Proceso de Ley consignado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América. Finalmente se presenta la oportunidad de evaluar la preeminencia de dos (2) derechos en controversias: La capacidad y/o potestad reglamentaria del PPD, de excluir un candidato certificado de la papeleta frente al derecho al voto de los electores considerado del más alto rango constitucional.

V.

RELACION PROCESAL Y HECHOS MATERIALES

1. El día 15 de septiembre de 2019 falleció el alcalde de Humacao, Hon. Marcelo Trujillo Panisse. Como consecuencia de ello, el Partido Popular Democrático convocó a una Elección Especial programada para el día 10 de noviembre de 2019.


APELACIÓN |3 2. El Querellado cumplimentó y sometió, en el término establecido, todos los documentos requeridos por la Ley y los reglamentos para participar en dicha Elección Especial que específicamente es para llenar la vacante de Alcalde. 3. Como resultado del cumplimiento de los requisitos aplicables a los candidatos de dicha Elección Especial, la Comisión Calificadora de Aspirantes emitió una recomendación favorable al Secretario General del P.P.D., Lcdo. José Ariel Nazario, recomendando su certificación, lo que ocurrió el 7 de octubre de 2019. Habiendo completado el proceso antes señalado, a satisfacción del Partido Popular Democrático y de la Comisión Estatal de Elecciones, el Sr. Jaime Espinosa pasó de ser “aspirante” según definido en el inciso (6) del Artículo 2.003 del Código Electoral de Puerto Rico, Ley 78-2011, a ser “candidato” según definido en el inciso (8) del artículo antes mencionado. A saber, en dicho artículo se define “candidato” como “toda persona certificada como tal por la Comisión Estatal de Elecciones”. 4. Conforme a esto, el candidato certificado Narden Jaime Espinosa participó del sorteo de posición en la papeleta figurando en ésta como el número DOS de la misma. Como cuestión de hecho, al día de hoy las papeletas están impresas y el Sr. Jaime Espinosa ocupa el referido número DOS. 5. Luego de todo este trámite se informó, por parte del P.P.D. que el Secretario General envió una comunicación, con fecha de 31 de junio de 2019, al Contralor Electoral, Sr. Walter Vélez Martínez, solicitando informara “… de cualquier aspirante a una candidatura bajo la insignia del Partido Popular Democrático, ya sea para cualquier elección especial o las elecciones generales de noviembre de 2020, que esté bajo investigación por posibles violaciones al ordenamiento, y en particular a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, Ley 222-2011”. 6. Es importante señalar que aún teniendo el Contralor Electoral la petición por escrito del secretario General del P.P.D., con fecha de 31 de julio de 2019, el 2 de octubre de 2019 su Oficina emite una Certificación de Cumplimiento como Humacao por el P.P.D al Sr. Narden Jaime Espinosa.

aspirante a alcalde de


APELACIÓN |4 7. El 11 de octubre de 2019 la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) comunicó al Sr. Narden Jaime Espinosa, mediante correo electrónico, que su notificación de intención de candidatura fue aprobada ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código Electoral de Puerto Rico.

8. El 29 de octubre de 2019, el PPD presentó al Tribunal de Primer Instancia, Sala Superior de Humacao Querella sobre Descalificación de Aspirante Articulo 8.020 Ley 78-2011 contra la parte compareciente. (Se marca como Anejo 2 del Apéndice, páginas 23-83). 9. El 30 de octubre de 2019, la parte querellante presentó ante el TPI escrito “Solicitud Urgente al Tribunal”. (Se marca como Anejo 3 del Apéndice, páginas 84-86). Al día siguiente, es decir el 31 de octubre de 2019, nuevamente el PPD presentó ante el TPI “Segunda Solicitud Urgente al Tribunal” (Se marca como Anejo 4 del Apéndice, páginas 87-88)

10. El TPI dictó y notificó Orden de Citación el 31 de octubre de 2019, esto sin aún haber sido emplazado la parte aquí compareciente y en la que señaló Vista Pública para el 4 de noviembre de 2019 en el Salón 205, a las 10:00 a.m. (Se marca como Anejo 5 del Apéndice, páginas 89-90)

11. El TPI dictó sentencia el 26 de septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre de 2016 (Se marca como Anejo 1 del Apéndice, páginas 1-6).

12. La parte compareciente fue emplazada el 1 de noviembre de 2019 y logró contestar la Querella el mismo día de la Vista Pública señalada, es decir, el 4 de noviembre de 2019 (Se marca como Anejo 6 del Apéndice, páginas 91-120).

13. El 4 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Vista Pública y posterior a la misma la parte querellante presentó escrito al Tribunal “Al Expediente del Tribunal” en donde incluyó los documentos presentados en dicha vista, los trece (13) Exhibits estipulados y tres (3)


APELACIÓN |5 identificaciones de la parte querellante (Se marca como Anejo 7 del Apéndice, páginas 121-204).

14. La Honorable Juez María Teresa Ubarri Baragaño dictó y notificó sentencia en el presente caso el 6 de noviembre de 2019 (Se marca como Anejo 1 del Apéndice, páginas 1-22) y en la que declara HA LUGAR la Querella presentada por el Partido Popular Democrático (en adelante PPD). Además ordenó “la revocación de la certificación a las aspiraciones como candidato en la Elección Especial del Partido Popular Democrático para Alcalde de Humacao”; “La notificación a la Comisión de Elección Especial de Partido Popular Democrático, por conducto del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático en la Comisión Estatal de Elecciones para que proceda a la corrección de la papeleta de la Elección Especial del Partido Popular en el Precinto 094 de Humacao, el 10 de noviembre de 2019, eliminando el nombre del candidato #2 Narden Jaime Espinosa, como candidato a Alcalde de Humacao.

VI.

SEÑALAMIENTO DE ERRORES

 Erró el TPI al determinar que el candidato Narden Jaime Espinosa omitió información pertinente.  Erró el TPI al determinar que la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante CEE), no es parte indispensable, conforme la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil vigentes y la jurisprudencia aplicable en el presente caso.  Erró el TPI al entender que el PPD ante supuestas violaciones reglamentarias imputadas al candidato certificado Narden Jaime Espinosa, garantizó el debido proceso de Ley para solicitar su descalificación.  Erró el TPI al no cualificar y sopesar adecuadamente los derechos en controversia, a saber, el de los partidos políticos de reglamentar candidatos, frente al de los electores de votar por los candidatos de su preferencia. VII. DERECHO APLICABLE


APELACIÓN |6 Específicamente la Sección 2 del Articulo II de nuestra Constitución conocida como la Carta de Derechos dispone lo siguiente: “Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.”

El Articulo 2.002 de la Ley 78-2011 conocida como Código Electoral, establece: “Artículo 2.002.-Declaración de propósitos. … … Tal garantía de expresión electoral representa el más eficaz instrumento de expresión y participación ciudadana en un sistema democrático de gobierno. La expresión electoral puede organizarse a través de los partidos políticos a los que se les reconoce una serie de derechos, que sin embargo están, sujetos a los derechos de los electores individuales reconocidos al amparo del Artículo 2.001 de esta Ley. … …”

El Articulo 2.003 en el inciso 6 y el inciso 8 de la Ley 78-2011 conocida como Código Electoral, establece: “Artículo 2.003.-Definiciones.A los efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa: … … (6) “Aspirante” – Toda aquella persona que interese obtener la nominación formal de una candidatura a un puesto electivo por un partido político. Este término incluirá a las personas que razonablemente se pueda inferir que intentan obtener la candidatura o que realizan actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ese fin. … (8) "Candidato" - Toda persona certificada como tal por la

Comisión Estatal de Elecciones. (9) …”

El Articulo 6.001 en el inciso 2 y el inciso 11 de la ley 78-2011 conocida como Código Electoral: Artículo 6.001.-Derechos y Prerrogativas de los Electores.Reconocemos como válidos y esenciales los siguientes derechos y prerrogativas a los efectos de garantizar el libre ejercicio de la


APELACIÓN |7 franquicia electoral, así como lograr la más clara expresión de la voluntad del pueblo: 1. … 2. la garantía a cada persona del derecho al voto, igual,

libre, directo y secreto; 3. … … 11.

12. …”

la preeminencia de los derechos electorales del ciudadano sobre los derechos y prerrogativas de todos los partidos y agrupaciones políticas;

El Articulo 8.020 de la Ley 78-2011 conocida como Código Electoral establece: “Artículo 8.020.-Descalificación de Aspirantes y Candidatos.Cualquier aspirante o candidato debidamente nominado podrá ser descalificado como tal por el Tribunal de Primera Instancia cuando no hubiere cumplido con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos. El aspirante o candidato impugnado deberá contestar bajo juramento dicha querella dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada. Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo IV de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista pública a ser celebrada dentro de los diez (10) días de haber el querellado presentado su contestación. Dicho término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso.”

En la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil sobre Acumulación Indispensable establece: “Regla 16.1. Acumulación indispensable Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada.”

La jurisprudencia del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado dicha regla como que el interés, tiene que ser tan sustancial, que impida que una sentencia que se dicte deje de afectarlo. En otras palabras, lo afecta de cualquier manera que se dicte. Villanueva v. Vilanova 2012 TSPR 53, García v. Sucesión de Gabriel González 178 DPR 527 (2010). Sabido es que la parte indispensable tiene que ser traída al pleito porque, de lo contrario, la sentencia que se dicte sería nula. Romero v. Reyes 164 D. P. R. 721 (2005). La omisión de una parte indispensable es motivo para desestimar un pleito.

En Consejo de Titulares v. Jetter Klare, 169 DPR 643 (2006), el Tribunal Supremo de

Puerto Rico, expresó lo siguiente:


APELACIÓN |8 “donde se definió ¨parte indispensable¨ como aquella persona cuyos intereses podrán quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada, a pesar de que esa persona está ausente de ese litigio.” En McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, pág. 591 (2007), el Tribunal Supremo de

Puerto Rico, expresó lo siguiente: “Nuestra democracia representativa es la piedra angular de nuestra vida colectiva como pueblo. Así lo recoge diáfanamente el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al enfatizar el carácter democrático de nuestra sociedad donde el orden político emana del pueblo y se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta en las urnas. Elementos básicos de este proceso democrático son, necesariamente, los partidos políticos porque son estos los mecanismos mediante los cuales se canaliza el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, viabilizando la elección periódica del gobierno del país. Son como hemos dicho los vehículos de la voluntad electoral.”

Según lo dispuesto en el caso McClintock v. Rivera Schatz, Supra, es reconocida la función y facultad de los partidos políticos para evaluar y presentar sus candidatos. El lenguaje de dicho caso es especifico al ¨delegar en los partidos políticos la importante y delicada encomienda de velar por el eficaz manejo del aparato electoral, considerando que estos desempeñan una función pública al presentar candidatos a puestos públicos y formular programas de administración. Todo ello tomando en cuenta que el gobierno contribuye económicamente al mantenimiento de los partidos. Basado en ello concluyen de forma razonable que, en Puerto Rico, los partidos políticos son, en estos extremos entes cuasi gubernamentales (énfasis nuestro). Ese ha sido el criterio reiterado en la jurisprudencia ver: P.A.C. v. P.I.C. 163 D.P.R 775; P.A.C. v. E.L.A. I 150 D.P.R 359, P.R.P. v. E.L.A 115 D.P.R 631; P.S.P. v. E.L.A 107 D.P.R. 590, Fuster v. Busó 102 D.P.R. 327”

VIII. DISCUSIÓN DEL DERECHO APLICABLE Y LOS ERRORES

 Erró el TPI al determinar que el candidato Narden Jaime Espinosa omitió información pertinente. Tras el fallecimiento del pasado Alcalde del Municipio de Humacao, Marcelo Trujillo surge una vacante para dicha posición, la cual el PPD por este ser miembro de dicho partido, debe ocuparla conforme al Código Electoral. En el mes de septiembre de 2019, el PPD abrió candidaturas para seleccionar el nuevo alcalde en primarias a ser celebrada el próximo 10 de


APELACIÓN |9 noviembre de 2019, a esos efectos el señor Jaime acudió para solicitar ser evaluado como candidato para participar en las mencionadas primarias. El PPD le solicitó al señor Jaime una serie de documentos y además le incluyó dos (2) formularios para ser contestados por este proveyendo cierta información, conforme a los requerimientos del partido. El señor Jaime entregó el “Formulario Informativo para Aspirante a Puestos Electivos” y el “Formularios Informativo de Aspirantes”, este último llenado, firmado y juramentado por el señor Jaime el primero de octubre de 2019. El 7 de octubre de 2019, el PPD certificó que dicho candidato cumplió con todos sus requisitos con el fin de aspirar a la candidatura de alcalde junto con sus legisladores en Humacao. Posterior a dicha certificación, el PPD advino en conocimiento que del Informe de Auditoría del año eleccionario 2016 presentado por la oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico se desprendió que este último se refirió al Departamento de Justicia para que “evalué la situación comentada”. El señalamiento, en síntesis, refiere a que una factura presentada por un suplidor “se identificaba un descuento por los servicios prestado”.

El Contralor Electoral

estableció que dicho descuento se considera un donativo contrario a la ley, realizado por dicha corporación a la campaña del aspirante, debido a que la corporación no estaba establecida y organizada como un comité de fondos segregados. Es importante destacar que el Contralor Electoral no establece que artículo del Código Electoral contiene dicha disposición, tampoco que reglamento, si alguno. De una mera lectura de la Ley se desprende que la mencionada situación no está contemplada en el Código Electoral, tampoco en el Reglamento del Contralor Electoral. Una vez realizado dicho señalamiento fue sometido una nueva factura eliminando el descuento, por lo que el Contralor Electoral entendió que dicha acción constituía una violación del Código Penal sobre falsificación de documentos, archivo de documentos falsos y presentación de documentos falsos, procedió a referir dichos hallazgos al Departamento de Justicia, según se desprende del Informe de Auditoría Final fechado el 26 de marzo de 2019. Es significativo mencionar que en el Informe Final del Contralor Electoral, este no se percató que para el mes de diciembre de 2018, se enmendó la Ley 222-2011 conocida como Ley Para La Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, con el fin de añadir, entre


A P E L A C I Ó N | 10 otros, el Articulo 5.016 que establece la política pública para asuntos similares al previamente señalado. Dicho artículo establece los siguiente: “Artículo 5.016.- Otorgación de crédito por parte de comerciantes no incorporados Un comerciante no incorporado, que realice negocios como persona natural, puede vender bienes o brindar sus servicios a crédito a un comité político, candidato, aspirante o funcionario electo. Esta extensión de crédito no será considerada como un donativo al comité político candidato, aspirante o funcionario electo, siempre y cuando la transacción surja en el curso ordinario de los negocios y los términos sean sustancialmente similares al crédito otorgado a otros clientes con obligaciones de igual tamaño y riesgo. Si por motivo de la extensión de crédito la deuda se convierte en líquida y exigible, y el comité no realiza el pago correspondiente, la misma podrá ser considerada como un donativo por parte del comerciante, sujeta a los límites y prohibiciones establecidos en la Ley. La Oficina del Contralor Electoral, establecerá la reglamentación necesaria para la evaluación de estas deudas, hacer cumplir estas disposiciones y establecer cuándo y cómo se entenderá que una deuda se convierte en líquida y exigible.”

Como vemos, la nueva política establece y por analogía que, en casos de descuentos a un aspirante, conforme a las prácticas normales de un negocio, dichos descuentos no deben ser considerados donativos. Así que una vez posterior a la Certificación del Partido al señor Jaime y adviniendo en conocimiento del referido al Secretario de Justicia, el PPD comenzó un proceso de descertificación, alegando en síntesis que el señor Jaime “había omitido información pertinente” en los formularios que llenó como requisitos del PPD para ser certificado como candidato.

Las cláusulas más relevantes contenidas en el Formulario Informativo de Aspirantes, donde se alega se omitió información son las siguientes: “NOVENO:

DÉCIMO:

No he sido acusado(a) o convicto(a) de delito grave alguno, o de delito menos grave que implique depravación moral. Certifico, además, que no he sido imputado o encontrado(a) incurso mediante sentencia final y firme por un Tribunal de actos intencionales o deliberados constitutivos de hostigamiento sexual o discrimen por sexo. De haber sido acusado(a) o convicto(a), indique delito, determinación judicial, pena impuesta y número de caso. Contestación: NO En los últimos 10 años ninguna sentencia (civil y/o criminal),que haya advenido final y firme, dictada por un Tribunal con competencia, tanto en Puerto Rico y/o los ERstados Unidos de América, ha recaído contra mi persona, ni contra ninguna corporación, negocio, entidad o institución de la cual sea o fui dueño(a), accionista principal, director(a) ejercido control o haya


A P E L A C I Ó N | 11 utilizado para hacer negocio o beneficiarme. De existir sentencia indique el asunto civil o criminal, determinación judicial y número de caso. Contestación: NO UNDECIMO: Me comprometo, como aspirante a una candidature del Partido Popular Democrático, a declarar y divulgar toda la información que me sea requerida por el Partido y sus organismos; así como aquella que aunque no me sea requerida, sea pertinente para que se lleve a cabo la más completa y cierta evaluación de mis calificaciones, carácter y reputación. Además, me comprometo a enmendar los documentos e información suministrada de surgir algún cambio con posterioridad a la radicación de mi aspiración. DUODECIMO: Declaro bajo juramento, y sin reserva mental que no he dejado de divulgar o retenido información o datos relacionados con alguna acción, omisión o condición sobre mi persona, mi cónyuge, descendientes o ascendientes o terceras personas que residan conmigo, y que pueda afectar o incidir sobre la certificación de mi buen carácter, reputación y calificación para aspirar al cargo antes mencionado. DECIMO TERCERA: Reconozco que si dejare de divulgar o retuviese información pertinente, estaría faltando a la verdad, en cuyo caso consiento a que el Partido Popular Democrático no me certifique o me descalifique como aspirante a la posición a la que aspiro, este compromiso constituye un contrato el cual suscribo libre y voluntariamente.”

Basado en lo anterior, el PPD determinó que el señor Jaime “había omitido información pertinente” y procedió a iniciar ante el TPI el proceso de descertificación en el presente caso. Con estos hechos se debe evaluar la frase “omitió información pertinente”. La primera pregunta que se debe hacer es ¿Qué significa información pertinente” en el contexto de formulario requerido por el PPD. Sobre la cláusula NOVENO se refiere a si ha sido acusado o convicto de delito grave alguno o delito menos grave que implique depravación moral o si ha sido imputado o incurso mediante sentencia final y firme por actos de hostigamiento sexual o discrimen por sexo y la contestación a dicha pregunta fue no, toda vez que no existe nada en su expediente que indique que cometió algo de lo contenido en dicha cláusula. Sobre la cláusula DÉCIMO indica que, si en los últimos 10 años el candidato tuvo una sentencia final y firme dictada por un tribunal con competencia en algún asunto civil y/o criminal y la contestación fue no, toda vez que no existe sentencia final y firme alguna.

Ahora bien, la claúsulas UNDÉCIMO y DUODÉCIMO se refieren a información pertinente. Bajos los requisitos de información de este formulario la pregunta a hacerse es; ¿si


A P E L A C I Ó N | 12 por el informe final del Contralor Electoral referir al “Departamento de Justicia para que evalúe la situación comentada” constituye una omisión de información pertinente? El formulario inclusive descarta cualquier sentencia de más de 10 años civil o criminal, ni tampoco exige se notifique algún referido y solo requiere si ha sido acusado o convicto de delitos graves o menos graves que implique depravación moral, o acto de hostigamiento o discrimen por sexo. Como es posible que se determine “omitió información pertinente” cuando asuntos más pertinentes, como haber sido convicto por delitos penales de sentencia de más de 10 años no lo es, conforme a las claúsulas de dicho formulario, ¿puede considerarse un referido de informe del comité de campaña sin señalamiento especifico al candidato como información pertinente?, no, aún más, cuando el propio PPD imputa que intencionalmente se provee información falsa en dicho formulario, situación que carece de veracidad y no es sostenible con la evidencia sometida. El PPD no puede ir contra sus propios actos, si el PPD entendía que el referido de una agencia administrativa para evaluación de un comentario de este al Departamento de Justicia es importante debió haberlo incluido como clausula en su propio formulario. El señor Jaime contestó todas las preguntas con la verdad y no venía obligado a dar información que al evaluar la totalidad del contenido del formulario, ninguna persona “prudente y razonable” puede entender que dicha información era pertinente. El PPD no puede descansar en que un aspirante pueda interpretar que un mero referido es información pertinente, cuando el propio partido en su formulario descarta como información pertinente asuntos de mayor jerarquía como las de convicciones de delitos de más de 10 años. El TPI se negó a evaluar el aspecto fundamental que es si es o no información pertinente que justifique la descalificación del candidato. Claramente el TPI erró al descalificar a dicho candidato al concluir que se omitió información pertinente.

 Erró el TPI al determinar que la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante CEE), no es parte indispensable, conforme la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil vigentes y la jurisprudencia aplicable en el presente caso. En la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil sobre Acumulación Indispensable establece: “Regla 16.1. Acumulación indispensable Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda


A P E L A C I Ó N | 13 adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada.”

La jurisprudencia del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado dicha regla como que el interés, tiene que ser tan sustancial, que impida que una sentencia que se dicte deje de afectarlo. En otras palabras, lo afecta de cualquier manera que se dicte. Villanueva v. Vilanova 2012 TSPR 53, García v. Sucesión de Gabriel González 178 DPR 527 (2010). Sabido es que la parte indispensable tiene que ser traída al pleito porque, de lo contrario, la sentencia que se dicte sería nula. Romero v. Reyes 164 D. P. R 721 (2005). La omisión de una parte indispensable es motivo para desestimar un pleito. En este caso alegamos que indudablemente la Comisión Estatal de Elecciones, así como el Contralor Electoral de Puerto Rico, son partes indispensables sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia. En Primer lugar, la Comisión Estatal de Elecciones es la entidad gubernamental que fundamentalmente tiene a cargo la celebración de esta Elección Especial y todo el procedimiento relacionado a la misma se rige por el Código Electoral, Supra. La Comisión pasa juicio sobre el cumplimiento de los requisitos legales de los candidatos, certifica su idoneidad a tenor con los criterios y requisitos que establece el Código Electoral, imprime las papeletas de votación, aprueba el Reglamento de Primarias que le someten los partidos políticos, el procedimiento el día de la Elección Especial se hace conforme lo establece el Código Electoral y el escrutinio y recuento, de ser necesario, también es responsabilidad legal de la Comisión Estatal de Elecciones. Ante esa realidad fáctica y jurídica resulta inconcebible que en un pleito donde se cuestiona la idoneidad de un candidato que participa en una Elección Especial la Comisión Estatal de Elecciones no sea parte. La función ministerial de ese organismo electoral se afecta por el resultado de este caso y ella, la Comisión, no está presente en el mismo. Esto trunca lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en Consejo de Titulares v. Jetter Klare, 169 DPR 643 (2006) donde se definió ¨parte indispensable¨ como aquella persona cuyos intereses podrán quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada, a pesar de que esa persona está ausente de ese litigio.


A P E L A C I Ó N | 14 Además, debemos hacer la meritoria e importante distinción de que aquí se trata de un candidato certificado por la CEE y no un mero aspirante. La decisión del TPI afecta una determinación de carácter jurídico tomada como parte de la función ministerial de la CEE y esta no tuvo la oportunidad de ser oída, expresarse y defender la validez de su certificación. El no tener como parte indispensable a la CEE sería contrario al ordenamiento vigente, lesiona las facultades, atribuciones y prerrogativas de dicho organismo electoral y podría ser contrario a lo dispuesto en Código Electoral de Puerto Rico, Ley 78-2011.

 Erró el TPI al entender que el PPD ante supuestas violaciones reglamentarias imputadas al candidato certificado Narden Jaime Espinosa, garantizó el debido proceso de Ley para solicitar su descalificación. La sentencia objeto de la presente revisión dictada por el TPI, dispone que el PPD proveyó al candidato certificado Narden Jaime Espinosa el debido proceso de ley, pertinente para casos en los que, como este, un partido político lleva a cabo una determinación interna, ya sea de carácter disciplinario o meramente selectiva. Para ello cita disposiciones jurisprudenciales que disponen tareas electorales, realización de actividades políticas, financieras y administrativas y que, este tipo de colectividad (partidos políticos) poseen amplia libertad para seleccionar a las personas que públicamente evocan sus principios básicos. Confunde el TPI la función de los partidos políticos de establecer criterios para seleccionar y calificar sus candidatos con la prerrogativa de sancionarlos y aplicarles sus reglamentos. En ese sentido, el análisis es más riguroso de lo que contempló el TPI, ya que se trata de la imputación de supuestas violaciones al reglamento del candidato certificado Narden Jaime Espinosa, gestión que conllevaba la más alta garantía de sus derechos constitucionales y del debido proceso de ley.

No se trata simplemente de que un partido político alegue que cumplió con el

debido proceso de ley al aplicar criterios de calificación de candidatos, ya que en el presente caso es más que ello. Es despojar a un candidato certificado por la CEE de un interés propietario como candidato, sin la garantía de elementos básicos de juego limpio,


A P E L A C I Ó N | 15 formulación de cargos, vista ante funcionario imparcial, desfile de prueba y determinaciones consistentes a dicha prueba. La realidad es que aquí no se trata meramente de revisar criterios o documentos de una candidatura, es, aunque el PPD se resista en reconocerlo, la alegación e imputación infundada de violaciones reglamentarias e incluso constitutivas de delito, porque, aunque el PPD quiere dar la impresión de que llevó a cabo un proceso de revisión de un expediente y una recalificación de dicho candidato, la verdad es que imputó faltas reglamentarias y las adjudicó sin cumplir con el debido proceso de ley.

Como hemos mencionado anteriormente, el P.P.D. y sus organismos, entiéndase la Comisión Calificadora de Aspirantes, no tiene jurisdicción, ni autoridad legal para adjudicar una descalificación de un candidato certificado como lo es el Sr. Narden Jaime Espinosa. Así lo planteó el propio candidato, en la comparecencia personal en el P.P.D. el día 28 de octubre de 2019 donde esbozó dichos planteamientos de falta de jurisdicción y autoridad legal y se refutó por escrito las alegaciones del P.P.D, que a fin de cuentas fueron circunscritas a que supuestamente no proveyó información de que tenía un referido al Departamento de Justicia, planteamiento que no es cierto ni correcto. ¿Por qué manifestamos que el proceso fue uno de imputación y adjudicación de violaciones reglamentarias? ¿Qué nos lleva a la convicción de que el P.P.D no cumplió con el debido proceso de ley en este asunto? Veamos. No existe referido alguno a la persona del Sr. Jaime al Departamento de Justicia. No existe investigación administrativa o de alguna autoridad competente sobre la persona del Sr. Jaime. No se puede informar lo que no existe. El Secretario del P.P.D. posteriormente utilizó la Comisión Calificadora de Aspirantes, la que está adscrita a su oficina para que supuestamente evalué una determinación previamente tomada por éste de que se había omitido información al partido. El Secretario actuó aquí como juez y parte. Tanto es así, que, en los medios de comunicación de Puerto Rico, el Secretario General, antes de la determinación de esa Comisión Calificadora hizo expresiones adjudicando esta controversia. En Puerto Rico, el debido proceso de ley requiere unas garantías mínimas entre las que se mencionan, que la audiencia a celebrarse debe llevarse a cabo ante un ente imparcial.


A P E L A C I Ó N | 16 Nos preguntamos: ¿Será esa Comisión Calificadora ese ente imparcial para dilucidar posibles violaciones al reglamento imputadas por el Secretario al Sr. Jaime Espinosa? Esa Comisión actuó con parcialidad cuando el funcionario al que está adscrita adelantó criterios de lo que él mencionó ¨engaño al partido¨. Más aún, la notificación al Sr. Narden Jaime no es una simple citación notificando imputaciones, es más que eso, es una resolución para que se muestra causa por la cual el candidato no deba ser descalificado. Ambos elementos, la falta de un ente imparcial para atender este asunto y la notificación insuficiente, vulneran el debido proceso de ley al Sr. Jaime, por lo que la determinación del P.P.D. no debe validarse y sostenerse en los Tribunales. En síntesis, la querella fundamenta la descalificación del aspirante a base de violaciones a los incisos 3 y 9 del Artículo 196 del Reglamento del Partido Popular Democrático titulado Criterios de Calificación. Los mismos disponen lo siguiente: “(3) Una persona que no somete ante la Secretaría del Partido Popular Democrático todos los documentos requeridos para formalizar una candidatura” “(9) Una persona que intencionalmente (énfasis nuestro) provea información falsa con relación a los hechos y el contenido de la información requerida a todo candidato por los organismos oficiales o por el Partido Popular Democrático o cualquiera de sus organismos”. De una simple lectura de los incisos del artículo antes citado vemos que son criterios que se exigen en la etapa de calificación de aspirantes y no aplican al caso del querellado que ha sido evaluado y fue certificado por la CEE.

 Erró el TPI al no cualificar y sopesar adecuadamente los derechos en controversia, a saber, el de los partidos políticos de reglamentar candidatos, frente al de los electores de votar por los candidatos de su preferencia. “Nuestra democracia representativa es la piedra angular de nuestra vida colectiva como pueblo. Así lo recoge diáfanamente el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al enfatizar el carácter democrático de nuestra sociedad donde el orden político emana del pueblo y se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta en las urnas. Elementos básicos de este proceso democrático son, necesariamente, los partidos políticos porque son estos los mecanismos mediante los cuales se canaliza el ejercicio del sufragio de los ciudadanos,


A P E L A C I Ó N | 17 viabilizando la elección periódica del gobierno del país. Son como hemos dicho los vehículos de la voluntad electoral” McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, pág. 591 (2007) Así que es del más alto valor la función de los partidos políticos como vehículos de la voluntad electoral. Por ello al momento de aplicar criterios a sus candidatos que son parte de la oferta electoral tienen que garantizar la libre selección entre los candidatos de su preferencia propiciando así el libre ejercicio del derecho al sufragio consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta máxima impide que los partidos políticos amparados en su reconocida función de selección y presentación de candidatos coarten el derecho del elector. Específicamente la Sección 2 del Articulo II de nuestra Constitución conocida como la Carta de Derechos dispone lo siguiente: “Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” Estos principios constitucionales son parte esencial de nuestro Código Electoral, supra,

recogidos en el Artículo 2.002 conocida como Declaración de Propósitos. Específicamente debemos citar dicho artículo cuando se refiere al derecho al voto: “Articulo 2.002 Declaración de propósitos …Tal garantía de expresión electoral representa el más eficaz instrumento de expresión y participación ciudadana en un sistema democrático de gobierno. La expresión electoral puede organizarse a través de los partidos políticos a los que se les reconoce una serie de derechos, que sin embargo están, sujetos a los derechos de los electores individuales reconocidos al amparo del artículo 6.001 de esta ley”. (énfasis nuestro)

Ese Artículo 6.001 del Código Electoral reconoce esenciales derechos y prerrogativas a los fines de garantizar el libre ejercicio de la franquicia electoral, así como lograr la más clara expresión de la voluntad del pueblo. Entre estas la garantía a cada persona del derecho al voto, igual, libre, directo y voluntario; el derecho del elector a afiliarse al partido de su preferencia y endosar las candidaturas de aspirantes a puestos bajo dicho partido, conforme se ha definido en la propia Ley Electoral y la preeminencia de los derechos electorales del ciudadano sobre los derechos y prerrogativas de todos los partidos y agrupaciones políticas. Según lo dispuesto en el caso McClintock v. Rivera Schatz, Supra, es reconocida la función y facultad de los partidos políticos para evaluar y presentar sus candidatos. El lenguaje de dicho caso es especifico al ¨delegar en los partidos políticos la importante y delicada


A P E L A C I Ó N | 18 encomienda de velar por el eficaz manejo del aparato electoral, considerando que estos desempeñan una función pública al presentar candidatos a puestos públicos y formular programas de administración. Todo ello tomando en cuenta que el gobierno contribuye económicamente al mantenimiento de los partidos. Basado en ello concluyen de forma razonable que, en Puerto Rico, los partidos políticos son, en estos extremos entes cuasi gubernamentales (énfasis nuestro). Ese ha sido el criterio reiterado en la jurisprudencia ver: P.A.C. v. P.I.C. 163 D.P.R 775; P.A.C. v. E.L.A.I 150 D.P.R 359, P.R.P. v. E.L.A 115 D.P.R 631; P.S.P. v. E.L.A 107 D.P.R. 590, Fuster v. Busó 102 D.P.R. 327” Esto contrasta con lo alegado en la querella de epígrafe, en el Resumen donde citando a P.N.P. v. De Castro Font II 172 D.P.R. 883 (2007) se argumenta erróneamente como único criterio de los partidos políticos para descalificar y expulsar a sus candidatos, el cumplimiento con el debido proceso de ley. La sentencia aquí apelada carece de elementos legales y jurisprudenciales que sostengan que su determinación no está en perjuicio del sagrado derecho al sufragio universal de todos los electores consignado en la Constitución del estado Libre Asociado de Puerto Rico y que el derecho de los partidos políticos a solicitar la eliminación de una papeleta de un candidato certificado, como lo es Narden Jaime Espinosa, esté por encima del citado derecho de los electores. La determinación del TPI frustra dramáticamente el derecho de los electores a ver en la papeleta a un candidato en quien ellos han depositado su esperanza y expectativa para el logro de sus aspiraciones. La simpleza de la sentencia en relación a la discusión de estos dos (2) derechos no puede, ni debe ser un precedente sostenido por este Honorable Tribunal de Apelaciones.

IX.

SUPLICA

Al amparo de lo anterior se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal Apelativo deje sin efectos las determinaciones del TPI en cuanto a revocar la certificación como candidato del señor Narden Jaime Espinosa para la elección especial a ser celebrada el próximo 10 de noviembre de 2019 en el Municipio de Humacao, Precinto 094 y revoque la determinación del TPI de ordenar a la CEE la eliminación del nombre y la foto de Narden Jaime Espinosa de la papeleta, con los demás pronunciamiento que en derecho proceda.


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INDICE APENDICE Número 1 2 3 4 5 6 7

Descripción SENTENCIA dictada y notificada el 6 de noviembre de 2019 Tribunal de Primera Instancia Sala Superior Humacao Querella fechada el 29 de octubre de 2019 Solicitud Urgente al Tribunal presentada por la parte querellante el 30 de octubre de 2019 Segunda Solicitud Urgente al Tribunal por la parte querellante el 31 de octubre de 2019 Orden de Citación del TPI presentada y notificada el 31 de octubre de 2019 Contestación a Querella presentada por la querellada el 4 de noviembre de 2019. Al Expediente del Tribunal presentado por la parte querellante el 4 de noviembre de 2019: - Exhibit 1: Carta del 16 de septiembre de 2019 de Anarilis Cruz Vellón, Secretaria de la Legislatura Municipal de Humacao dirigida al Presidente del PPD, Hon. Aníbal José Torres Torres - Exhibit 2: Carta del 17 de septiembre de 2019 del Presidente del PPD, Aníbal José Torres Torres, a el Hon. Juan Ernesto Dávila Rivera, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante “CEE”). - Exhibit 3: Convocatoria a Elección Especial y Apertura de Radicación de Candidaturas del 27 de septiembre de 2019 firmada por el Hon. Juan E. Dávila Rivera y el Lcdo. Lind O. Merle Feliciano, Comisionado Electoral del PPD. - Exhibit 4: Carta del 31 de julio de 2019 del Lcdo. José Ariel Nazario Álvarez, Secretario General del PPD a el Hon. Walter Vélez Martínez, Contralor Electoral. - Exhibit 5: Formulario Informativo para Aspirantes a Puestos Electorales de la CEE del Sr. Narden Jaime Espinosa de 3 de octubre de 2019. - Exhibit 6: Formulario Informativo de Aspirantes del PPD juramentado por el Sr. Narden Jaime Espinosa con fecha de 1 de octubre de 2019. - Exhibit 7: Certificación de Narden Jaime Espinosa para aspirante a la candidatura de Alcalde de Humacao de 7 de octubre de 2019 firmado por el Secretario General del PPD. - Exhibit 8: Resolución Sobre Certificación de Candidato de 28 de octubre de 2019. - Exhibit 9: Carta del Contralor Electoral de 16 de octubre de 2019 dirigida al Secretario General del PPD refiriendo el Informe de Auditoría OCE-17329 publicado el 5 de abril de 2019. - Exhibit 10: Recomendación de la Comisión Calificadora de Aspirantes al Secretario General del PPD de 28 de octubre de 2019 en relación a Narden Jaime Espinosa. - Exhibit 11: “Documento intitulado Comparecencia Especial Sometiendo Argumentación Escrita Mostrando Causa por la cual el Candidato Narden Jaime Espinosa no debe ser descalificado e impugnación de Resolución y

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Acción de la Comisión por Falta de Jurisdicción y Autoridad Legal” firmada por el Sr. Narden Jaime Espinosa y su representante legal Lcdo. José Ramón Castro Acevedo. Exhibit 12: Certificación de Cumplimiento de Narden Jaime Espinosa con los adiestramientos sobre la Ley 222-2011, según enmendada y cumplimiento de deudas e informes de 2 de octubre de 2019 firmado por la secretaria de la Oficina del Contralor Electoral, Lcda. Karla C. Fontánez Berríos. Exhibit 13: Copia de Correo Electrónico de la CEE al Sr. Narden Jaime, con fecha de 11 de octubre de 2019, sobre Notificación de Intención de Candidatura Aceptada Condicionalmente por la CEE.

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