aPro / Mathieu tourliere

SEDENA Leaks: Gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y jueces de Morelos ligados al narco

/ Mathieu tourliere

Morelos se encuentra controlado por gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces coludidos con los grupos criminales que operan en la región, ya sea Los Rojos, Guerreros Unidos –originarios del colindante estado de Guerrero– o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con dos informes demoledores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Unidad de Inteligencia Naval elaborados a principios de 2019.

En un “Panorama Delictivo de Morelos”, el grupo de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) señaló que el grupo criminal de los Beltrán Leyva cuenta “con protecciones de autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez”, y señaló que el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG.

El informe –que fue extraído entre los millones de documentos hackeados a la SEDENA por el colectivo Guacamaya– estableció que José Manuel Saénz Rivera, José de Jesús Guizar Nájera, Uriel Carmona Gándara y Samuel Soto Salgado, respectivos jefe de Oficina de Blanco, subsecretario de Gobierno, fiscal general y consejero jurídico están vinculados con Los Rojos –o Gente Nueva–, y además con el CJNG para los primeros dos.

También señala que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Cámara de Diputados local, tiene nexos con los grupos de la delincuencia organizada de Guerrero, al igual que varios diputados, el senador Ángel García Yáñez –del PRI–, así como de nueve jueces locales que han liberado a delincuentes por “supuestas” faltas de pruebas.

En este contexto, marcado por la relación sinérgica entre gobierno y crimen organizado, fue asesinada ayer la diputada local Gabriela Marín Sánchez, del partido Morelos Progresa, en Cuernavaca. La política de 37 años había tomado posesión apenas el pasado 15 de julio, después de ganar un proceso judicial contra el político Roberto Yáñez Moreno, quien le había robado la diputación plurinominal.

Según el informe de inteligencia, a principios de 2019 operaban varios grupos criminales, principalmente Los Rojos, encabezado por Santiago Mazarí Hernández “El Carrete” –detenido en agosto de 2019 y condenado a 20 años de cárcel– y aliado con el Cártel del Sur, y Guerreros Unidos, que operaba en alianza con el CJNG y con La Familia.

El informe de inteligencia identificó a un grupo de por lo menos 12 presidentes municipales aliados con Los Rojos: Alberto Sánchez Ortega, expresidente municipal de Xochitepec y ahora diputado por Morena; Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jiutepec por la coalición PT-Morena-PES, así como los alcaldes de toda la zona suroeste de Morelos –de los municipios de Tlaltizapan, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Jojutla, Amacuzac, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala, Xoxocotla y Coatetelco–, sin importar su color político, ya sea del PRI, Morena, PAN o PSD. También planteó que la política priista Rosalinda Mazarí Espín tiene nexos con Los Rojos, pues es tía de Santiago Mazarí Hernández, “El Carrete”, el líder de los Rojos. Mazarí fue tres veces diputada federal por Cuernavaca y una vez diputada local.

El informe señala a otros políticos priistas vinculadas con Los Rojos, en el vecino estado de Guerrero: Francisco Javier García González, el expresidente municipal de Chilapa de Álvarez; Mario Moreno Arcos, otrora presidente municipal de Chilpancingo, y Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, el exalcalde de Leonardo Bravo, también en Guerrero.

El informe de la Semar señaló que los presidentes municipales de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez (PRD/PSD); Cuautla, Jesús Corona Damián (Morena/PT/PES); Yecaptixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala (PAN-MC); Temoac, Valentín Lavín Moreno (PVEM) y Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega (Morenta/PT/PES) estuvieron vinculados con Guerreros Unidos y el CJNG.

El informe de la SEDENA indicó, por su parte, que “seis presidentes municipales de la región Oriente tienen vínculos con el CJNG, representado por Raymundo Isidro Castro Salgado, “El Ray’”, mientras que en Yautepec “el alcalde colabora con el líder del delictivo ‘Comando Tlahuica’”. Continuó: “Temoac, el alcalde es yerno del secuestrador Antonio Aparicio. En 2018 ejecutaron a tres mujeres de su familia, y fue amenazado en mantas por el ‘Comando Tlahuica’ al considerarlo su contrario político-delictivo”, y “Cuautla. Samuel Corona Damián, hermano del presidente municipal fue detenido por secuestro, en la casa de seguridad había mantas con mensajes de narco-política”.

México presenta en la ONU resolución que condena a gobiernos que espían a periodistas

/ Gabriela SotoMayor

En medio del escándalo por la investigación #EjércitoEspía, que reveló espionaje a periodistas y activistas mediante el spyware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), México auspició una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide a los gobiernos abstenerse de espiar a periodistas utilizando técnicas de vigilancia ilegales.

Además deplora la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. La resolución adoptada por consenso urge a los gobiernos “abstenerse de interferir con el uso de tecnologías como herramientas de encriptación y anonimato, y de emplear técnicas de vigilancia ilegales o arbitrarias, incluso a través del hackeo”.

El texto, llama a “garantizar que las tecnologías de vigilancia específicas se utilicen únicamente de conformidad con los principios de derechos humanos de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad, y que los mecanismos legales de reparación y recursos efectivos estén disponibles para las víctimas de violaciones y abusos relacionados con la vigilancia”.

Igualmente expresa su preocupación “por la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, y propagar el odio, el racismo , la xenofobia, los estereotipos negativos o la estigmatización y la incitación a la violencia, la discriminación y la hostilidad, y destaca la importante contribución de los periodistas para contrarrestar esta tendencia”.

México, junto a medio centenar de países, expresaron su “alarma por los casos en que líderes políticos, funcionarios públicos y/o autoridades denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, incluidos periodistas individuales, lo que aumenta el riesgo de amenazas, represalias y violencia contra los periodistas y socava la confianza del público en la credibilidad del periodismo”

Le preocupa que el trabajo de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación “a menudo los expone a un riesgo específico de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, expulsiones arbitrarias, violencia física, sexual y de género, como así como la intimidación, las amenazas y el acoso de todo tipo, incluso dirigiéndose a sus familiares o allanando y registrando arbitrariamente sus residencias, lo que a menudo disuade a los periodistas de continuar con su trabajo o fomenta la autocensura, privando en consecuencia a la sociedad de información importante”. Acusa los incidentes “de ataques extraterritoriales contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, hostigamiento y vigilancia”. El texto patrocinado por México pide “proteger en la ley y en la práctica la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, incluidos los denunciantes, en reconocimiento del papel esencial de los periodistas y de quienes les brindan información para fomentar la rendición de cuentas del gobierno y una sociedad inclusiva y pacífica, sujeto solo a limitaciones limitadas y excepciones claramente definidas previstas en los marcos jurídicos nacionales, incluida la autorización judicial, en cumplimiento de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

La resolución aboga por “tomar medidas para proteger a los periodistas y trabajadores de los medios de juicios estratégicos contra la participación pública, cuando corresponda, incluso mediante la adopción de leyes y políticas que prevengan y/o alivie dichos casos y brinden apoyo a las víctimas”

Asimismo, pide garantizar la rendición de cuentas mediante la realización de investigaciones imparciales, rápidas, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los presuntos casos de violencia, amenazas y ataques contra periodistas y trabajadores de los medios que estén dentro de su jurisdicción.

“Siguiendo y agotando las líneas de investigación que determinen si la violencia, amenazas y ataques resultantes de las actividades periodísticas de las víctimas, llevar ante la justicia a los perpetradores, incluidos los que mandan, conspiran para cometer, ayudan e instigan o encubren tales crímenes, y garantizan que las víctimas y sus familias tengan acceso a una reparación adecuada, compensación y asistencia”.

Por otra parte, urge “desarrollar e implementar estrategias para combatir la impunidad de los ataques y la violencia contra periodistas, incluso mediante la creación de unidades especiales de investigación o comisiones independientes. Así como “designar un fiscal especializado, adoptar protocolos y métodos específicos de investigación y enjuiciamiento que estén en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, tengan en cuenta las cuestiones de género y tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos pertinentes.

Llama a considerar “la designación de un punto focal gubernamental para coordinar políticas y servir de enlace con otras partes interesadas relevantes en el tema de la seguridad de los periodistas”

Finalmente pide a los gobiernos “cooperar con los periodistas, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para evaluar el daño que la pandemia de covid-19 estaba y sigue causando en la provisión de información vital al público y la sostenibilidad de los entornos de los medios, y considerar, siempre que sea posible, diseñar mecanismos apropiados para brindar apoyo financiero a los medios, incluido el periodismo local y los reportajes de investigación y garantizar que se brinde apoyo sin comprometer la independencia editorial”