Para la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), proyecto que impulsó la administración anterior, se argumentó que estaba plagada de corrupción, que era inviable por el suelo fangoso de la zona, que aun pagando los costos de la cancelación se ahorrarían 100 mil mdp y que el proyecto terminaría con el ecosistema del lugar y con toda esperanza de recuperación del lago de Texcoco. El problema es que no hay certeza de que el proyecto alternativo de AMLO en la zona militar de Santa Lucía tenga viabilidad, hay una cerrazón a explorar nuevas posibilidades. Además se contempla la posibilidad de entregar la administración del proyecto a la Sedena, una responsabilidad que no le corresponde. La Guardia Nacional es otro proyecto que ha causado gran polémica. La propuesta inicial de AMLO era un incomprensible seguimiento de la estrategia que comenzó Felipe Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto y que terminó en un desastre de alrededor de 250 mil homicidios dolosos. Era meter a la Constitución la militarización de la seguridad pública que 12 años se hizo de manera informal. Afortunadamente la mayoría de Morena en el senado escuchó las críticas de organizaciones civiles especializadas en el tema y de algunos sectores de la oposición y llegaron al acuerdo de establecer un periodo de 5 años para el retiro de militares en las calles, un mando civil y controles jurídicos para la protección de los derechos humanos en el actuar de la Guardia Nacional. La sombra de la militarización sigue en pie. De la implementación de esta nueva ley depende en muy buena medida el éxito o fracaso del gobierno de López Obrador y de la continuidad de Morena.
El Tren Maya es otro proyecto en entredicho. Aunque el gobierno pretexta el desarrollo del sur del país, no se han presentado estudios de impacto ambiental, además de que es un proyecto que parece más enfocado a grandes consorcios de turismo privados en lugar de desarrollar empresas sociales que tengan el control del proyecto y beneficie directamente a las zonas que abarque la obra. Recientemente el Congreso aprobó la aplicación de prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza para enfrentar el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento mediante actos corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se reconoce la intención de enfrentar decididamente estos delitos, pero se ha alertado que la reforma es poco precisa y abre la posibilidad de cometer atropellos en su aplicación. El gobierno tendrá que ser en extremo cauteloso para poner en operación esta nueva ley y modificarla para evitar injusticias en su desarrollo. Sus famosas consultas abren una nueva oportunidad de participación ciudadana en los asuntos públicos, pero se deben mejorar sus mecanismos conforme a la ley aprobada para que estos ejercicios cobren una auténtica vocación democrática y no sean una mera herramienta de legitimación política. Ahora las malas. Hay variados recortes en varias áreas de la gestión gubernamental que no se entienden. Es comprensible que un gobierno que está haciendo ajustes de aus-
teridad para consolidar grandes proyectos de infraestructura tenga recortes en gastos innecesarios, pero hay recortes que no se justifican, por ejemplo, en la investigación contra el cáncer y otros casos en el sector salud. El caso de la nueva estrategia presupuestal de las Estancias Infantiles también es emblemático. Es válido combatir a la corrupción detectada y erradicar la visión de estos espacios como un mero negocio privado, pero el gobierno está evadiendo una responsabilidad al entregar dinero directo a las familias en lugar de generar infraestructura pública. El caso de la termoeléctrica de la Huexca en Morelos es otro desacierto. El gobierno lopezobradorista parece empeñado en imponer la planta e ignorar 10 años de lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Los opositores alertan que el paso de los gasoductos atraviesa la zona sísmica y volcánica del Popocatépetl, además del daño ecológico. A pesar de que su consulta ciudadana arrojó un resultado favorable a la continuidad del proyecto, hay elementos suficientes para pensarlo dos veces o, al menos, replantearlo, alejado de intereses privados. El asesinato del activista Samir Flores es inaceptable. Desde 2012 fue amenazado constantemente y su pérdida es irreparable. Muchas cosas, buenas y malas, han pasado en sólo cien días. Este gobierno tiene prisa porque sabe que tiene poco tiempo para enfrentar las desastrosas condiciones en las que lo entregaron sus predecesores. La administración lopezobradorista parece a veces improvisada, precipitada o poco coordinada. Urge una mejor planeación en todos sus niveles y escuchar a las voces de la gente y los especialistas en los casos donde no lo estén haciendo.
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