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op i n ión  R E F OR M A -  Domingo 8 de Agosto del 2010

Krauze La Historia de Bronce, útil en la infancia, es nociva después.

Herrán Ávila La legalización es una batalla que valdría la pena librar por los efectos positivos de “cascada” que podría tener sobre la manera en que vivimos el problema del narco.

editorial@reforma.com

Usos de la historia heroica

Templo Mayor

Enrique Krauze

F. B artolomé EN EL TEMA del combate al crimen organizado y la propuesta de una Policía Única, varios gobernadores insisten en proponer modelos que suenan impactantes, pero no se ve que les hagan caso a los expertos, quienes afirman que lo fundamental no es el modelo, sino la calidad del personal. COMO EJEMPLO de lo válido de ese argumento está la muerte de 14 reos del cereso de Matamoros en una riña entre miembros de cárteles,hecho que da la dimensión de quiénes y cómo gobiernan los penales de Tamaulipas. PERO AHÍ NO para la cosa, pues está el caso de los internos de Durango que salían por la noche a “ejercer” de sicarios o las fugas y matanzas en penales de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y las que se acumulen. Y SI los gobernadores no pueden siquiera controlar al crimen en los penales, nomás no se ve cómo le van a hacer para que las policías únicas enfrenten al narco en las calles si sus integrantes siguen siendo los mismos agentes de siempre, pero con diferente uniforme. EN CIUDAD JUÁREZ ayer surgió a la luz pública lo que pareciera ser un nuevo modelo de crimen organizado. TODO INDICA que, cuando llegó la PFP a la ciudad, sus mandos no sólo se hicieron del control del orden público, sino también del desorden público. AHORA nos enteramos por la tropa, que salió a protestar a las calles, que sus jefes controlaban actividades ilegales relacionadas con armas, drogas, extorsiones y protección a delincuentes. COMO QUIEN DICE, los federales que llegaron para evitar que las fuerzas estatales y municipales fueran infiltradas por los criminales ¡se apropiaron del negocio! MAÑANA varios gobernadores van a estar muy pendientes de lo que ocurra en la Suprema Corte de Justicia con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. MÁS ALLÁ de que los ministros ya decidieron que esas uniones son legales y no violan la Constitución, ahora debatirán si el resto de las entidades está obligado a reconocer esas bodas en los términos del artículo 121 de la Carta Magna. EL TEXTO señala que “en cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”. ENTRE los mandatarios estatales más preocupados por el asunto seguro estará el jalisciense Emilio González, quien presentó su propia controversia, la cual estaría prácticamente perdida si la Corte decide que debe respetar el pacto federal en esa materia. ASÍ ES QUE, si ven nervioso o malhumorado a Emilio mañana, no se lo tomen a mal. EL GOBERNADOR de Campeche, Fernando Ortega, presentó su primer informe acompañado por la plana mayor del PRI y un grupo de mandatarios tricolores. Y QUIZÁS lo que más llamó la atención de los invitados, incluido el secretario de Gobernación, Francisco Blake, fue una intensa y laaarga conversación entre el mandatario veracruzano, Fidel Herrera, y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes. POR CIERTO, quien estaba en la fila de atrás, y a lo mejor le tocó escuchar algo, era el dirigente del llamado sector popular, Emilio Gamboa. PUES, ¿de qué habrán estado hablando? Es pregunta que campechanea entre la duda y el morbo.

Año 17, Número 6,073

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Alejandro Junco de la Vega E.

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E

l culto a los héroes es tan antiguo como la humanidad. Está en los griegos y romanos, en el Renacimiento y la Ilustración. En el siglo XIX, la idea del “gran hombre” y su consiguiente representación pictórica y estatuística tomó vuelo con la representación de Napoleón. En América Latina, donde Napoleón tuvo varios imitadores, prosperó la “Historia de Bronce”, género de exaltación histórica que contribuyó a la formación y consolidación de los estados y las identidades nacionales. “Mi padre decía que el catecismo ha sido reemplazado por la historia argentina”, escribió Borges. La frase vale, en mayor o menor medida, para todo el continente. Las historias patrias (con sus respectivos panteones de héroes) legitimaron la construcción del nuevo orden republicano, laico y constitucional, adoptando muchas veces las formas de devoción del antiguo orden religioso que habían desplazado. Frente al cielo católico –poblado de santos–, apareció el cielo cívico –poblado de santos laicos: caudillos, libertadores, tribunos, estadistas, presidentes, rebeldes, reformistas. En el siglo XX, el “culto a la personalidad” –fanática variedad del culto a los héroes– llegó a extremos delirantes en los países totalitarios de izquierda o derecha. Y como soles inextinguibles en la noche de la Historia, aparecieron los íconos modernos y postmodernos de la teología política: los santos revolucionarios. En México practicamos con fervor la “Historia de Bronce”. Desecharla es imposible y quizá indeseable. Si bien ya no aparece con tonos exaltados en los libros de texto gratuito, la inercia de la vieja

historia oficial (maniquea, solemne, unidimensional) y el prestigio mágico de la palabra “Revolución” han probado ser más fuertes que la letra impresa. Los ritos y los mitos nacen, crecen y desaparecen cuando ellos quieren, no cuando los historiadores lo dictaminan. Así como “cada santo tiene su capillita”, cada héroe tiene su callecita... su plaza, su mercado, su pueblo, su ciudad, su estado, su poema, su estampita, su altar, su canción, su estatua, su óleo, su mural, su escuela, su institución, su cantina, su parque, su paseo, su leyenda y hasta su club de futbol. Vivimos inmersos en una nomenclatura heroica. Al mismo tiempo, cumplimos religiosamente con el santoral cívico: natalicios, muertes, batallas. En el día de la patria, los viejos ritos (el grito, la fiesta, la campana, el ondear de la bandera, el desfile) han seguido y seguirán celebrándose, con variantes, como cada 16 de septiembre desde 1825. Son nuestra humilde ración de sacralidad cívica en un mundo desacralizado. No hacen daño y, hasta cierto punto, hacen bien. Si se me permite una anécdota personal, yo mismo descubrí por esa vía el amor a la historia. De niño, en el México radiofónico de los años cincuenta, fui –y lo confieso sin rubor– un emocionado escucha de “La Hora Nacional”. A las diez de la noche en punto, enmarcada por la música de Moncayo, una voz grave pronunciaba las palabras sagradas: “Soy el pueblo, me gustaría saber”; en seguida venía la anécdota histórica de la semana. Recuerdo varias: Nicolás Bravo perdona a los asesinos de Leonardo, su padre; el niño

artillero rompe el sitio de Cuautla; Guillermo Prieto antepone su cuerpo al de Juárez y exclama ante el pelotón que pretendía fusilarlo: “¡Los valientes no asesinan!”. Entre las narraciones de la Revolución había una que me conmovía: en medio de una lluvia de balas, el maestro de literatura Erasmo Castellanos Quinto cruzaba el Zócalo para cumplir sus deberes en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya en la adolescencia, mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a recorrer la Ruta de la Independencia. Fue mi bautizo en la historia. No veo cómo el cumplir con esos rituales o memorizar algunos (idealizados) episodios nacionales pueda afectar negativamente la sensibilidad y la imaginación de un niño. Suministrados en pequeñas dosis antes de la adolescencia, pueden favorecer el cultivo de una actitud que los ideólogos suelen confundir con el nacionalismo: el patriotismo. Agresivo o defensivo, el nacionalismo presupone la afirmación de lo propio a costa de lo ajeno. Es una actitud que pertenece a la esfera del poder. El patriotismo, en cambio, es un sentimiento de filiación: pertenece a la esfera del amor. Pero una vez pasado el umbral de la infancia, plantada la semilla del amor por este país, debe sobrevenir un sano y paulatino desencanto. La duda metódica y la búsqueda de la verdad deben desplazar a la admiración sentimental. La Historia de Bronce debe someterse a una crítica severa, en varias direcciones que exploraré en futuras entregas como un pequeño antídoto frente a los posibles delirios que traiga consigo el sonoro y rugiente mes de la patria.

Colaborador Invitado

Legalización: ¿frente de batalla? Luis Alberto Herrán Ávila

H

ace unos días el presidente Calderón dio a conocer la posición favorable del Ejecutivo para abrir el debate sobre la legalización de las drogas en México, evitando sutilmente adoptar una postura al respecto. La invitación llega en un momento de grandes dificultades para la ahora llamada “lucha por la seguridad”: el gravísimo episodio en el penal de Gómez Palacio, el secuestro de periodistas y la cifra de 28 mil muertos relacionados con el crimen organizado, dada a conocer por el Cisen. Las declaraciones de Calderón pretenden apuntalar la ligera inflexión que ha mostrado la estrategia del gobierno federal ante la presión de la opinión pública, en el sentido de buscar la colaboración de los distintos actores políticos y sociales del país no sólo para denunciar los actos del crimen organizado, sino también para elaborar esquemas que vayan más allá de la “lucha frontal” (policiaca y militar), específicamente en los rubros legal-penal y financiero. Aunque falta esperar el tono y la profundidad con que se darán los aún hipotéticos debates sobre la legalización, se pueden vislumbrar algunos obstáculos y puntos polémicos. No hay que descartar que el llamado loable, pero ambiguo, del Ejecutivo nos conduzca al vacío argumentativo al cual ya nos tienen acostumbrados los partidos políticos, más preocupados por posicionar a sus alfiles presidenciables sin definir en temas cruciales. Y es que el tema de la legalización de estupefacientes es uno delicado y espinoso, con mil posibles variaciones, matices y candados. Por lo típicamente rústico del discurso y acciones de nuestros legisladores, se contempla la posibilidad de que algunas de las discusiones se den en términos de absolutos; es decir, de un “sí” o un “no” definitivos a la legalización, sin sopesar con prudencia las implicaciones de abrir un frente más o menos inédito (y arriesgado) en la batalla contra el narco. Sería deseable que, tomando en cuenta experiencias en otros países y las condiciones de nuestro caso, se plantearan distintas vías bajo la premisa de que exista una efectiva reelaboración de la “estrategia integral” que se viene prometiendo desde la visita de Hillary Clinton a nuestro país. La legalización obligaría a quienes toman decisiones a entrar de lleno en la elaboración de políticas complementarias de salud pública y de educación, hasta ahora ausentes. Avanzar en esta dirección, evitando posiciones radicalizadas, apaciguaría, de paso, las voces mojigatas de quienes, comparando la propuesta de legalización con el tema de los matrimonios

homosexuales bajo la idea ramplona de que ambas equivalen a dar rienda suelta a la “inmoralidad”, profetizan una escalada en el consumo y las adicciones. Aquí cabría adelantar que la idea de la legalización no se traduce (o no debería traducirse) en una promoción o invitación al consumo, sino precisamente a su inclusión dentro de esquemas regulatorios parecidos a los que rigen la circulación de fármacos controlados, continuando con la prohibición de drogas “fuertes” (heroína, metanfetaminas, crack) y contemplándose incluso la posibilidad de un impuesto federal a ciertos estupefacientes de uso recreativo. Se trata de minar la exclusividad de la distribución, atacando el aspecto financiero del narcotráfico a través de la disminución del valor agregado proporcionado por su condición de ilegalidad, y los tremendos gastos operativos (materiales y humanos) en que incurren estos grupos para llevar sus “productos” a los consumidores. Esto, aunado a una deseable ofensiva contra los narcos de cuello blanco (empresas e instituciones que lavan dinero de los cárteles) y una reforma penal que ponga freno a la expansión de las penas contra delincuentes menores, que llenan las cárceles con materia cautiva para las mafias que controlan algunos reclusorios. Además de la expectación por lo que pueda ocurrir en materia legislativa, falta aún sopesar las posibles reacciones dentro del Ejército y los cuerpos de seguridad, quienes quizá perciban la legalización como una medida contradictoria, a contracorriente con la estrategia militar y de expansión del discurso criminalizante hasta hace unos días enfatizada por el Ejecutivo y sus colaboradores, y socializada a través de su impacto mediático. Habrá que esperar que las iniciativas desprendidas de la sutilísima invitación hecha por el Presidente logren desplazar la inercia de la militarización como única solución, y como paradigma para entender lo que sucede en el país. Sin ser una panacea, con todo y sus posibles limitaciones, y más que una “solución” a la complejidad del problema, la legalización no es sino una pequeña batalla que quizá valdría la pena librar por los efectos positivos de “cascada” que podría tener sobre el rubro de política social, y en la manera en que los ciudadanos vivimos y percibimos el problema del narcotráfico, más allá del estéril discurso de “los buenos” y “los malos” mexicanos. El autor es maestro en ciencias políticas por la New School for Social Research, en Nueva York.

el lector escribe

No se Trata de Salarios Por primera vez un funcionario de primer nivel reconoce que la delincuencia complementa los ingresos de policías municipales, pues los sueldos que reciben son de miseria y que por ello protegen a los delincuentes. Es infantil pensar que con aumentarles el sueldo se corrigen, pues la corrupción es un problema cultural. Además, nadie se atreve a presentar pruebas para depurar los cuerpos policiacos por los vínculos internos y externos que permiten seguir operando a la delincuencia. ¿Quién garantiza que con el aumento de sueldos se corrige el problema; sucedió lo mismo con los elementos de aduanas hace décadas y el contrabando siguió y sigue a pesar de todo? La solución, señor García Luna, está en aplicar la ley con todo rigor y no de emitir más leyes, sino obligar a los responsables a actuar y dejarse de aventar la “bolita”, pues todos se hacen de la vista gorda. Metan a la cárcel a los policías y políticos corruptos involucrados sin derecho a fianza, y verán cómo se empiezan a enderezar las cosas. Arturo Díaz

Coyoacán, Distrito Federal

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Legalizacion: un frente de batalla?