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e t n e i n e v n o inc

LA LEY DE COMUNICACIĂ“N Inconstitucional S Restrictiva Discriminatoria S Represiva Autoritaria S Intimidatoria Regresiva S Absurda


VARGAS LLOSA

Mario Vargas Llosa, Premio Nóbel de Literatura 2010

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"Es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al Gobierno e inmunizarlo contra las críticas independientes». (En Diario El Universo, 04.07.2013).


n ó i c a m r o f n i ¿Es la ? o c i l b ú p n e i un b

DICE LA LEY Art.- 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. NUESTRO PUNTO DE VISTA Es equivocado considerar a la comunicación como un servicio público. La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información son valores intangibles inherentes a la persona, por ello la Constitución no los incluye entre los servicios públicos mencionados en el Art. 314. Esta “confusión” de los autores de la Ley da paso al control y regulación gubernamentales de la comunicación, tal como lo hace, por ejemplo, con los servicios de agua potable y de energía eléctrica. Y, medios y periodistas se convierten en una especie de oficinas y de funcionarios públicos, controlados por una Superintendencia. TIENE QUE VER CONTIGO Esta Ley despoja al ciudadano de derechos y libertades, lo que reduce sus facultades como protagonista de una sociedad democrática moderna. Si la información se trans-

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forma en un bien público, los contenidos serán únicamente los que permite el control gubernamental, o los que el poder político considere por su cuenta y riesgo que son los “políticamente correctos”, adecuados para usted. Si ocurre igual con el acceso a la información, el ciudadano verá limitadas sus posibilidades de conocer los hechos que a él le importan y le interesan, porque ahora eso lo decidirán quienes controlen ese acceso, como si fuera cuestión de colocar un garita de control y un centinela, o un “medidor” para regular la provisión información y de opinión. A más control, menor calidad informativa.

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s é r e t n i l e ¿Qué es co? públi DICE LA LEY Art.- 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. Art.- 18.- Prohibición de censura previa.- (Segundo inciso): Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. (Tercer inciso): Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera Indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarlos básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. NUESTRO PUNTO DE VISTA Interés público es lo que interesa a la sociedad en su conjunto. No lo que concierne al sector público, o únicamente lo que hace el gobierno: obras, discursos, inauguraciones… Información no es propaganda, interés publico no es interés gubernamental. ¿Quién determinará qué información es de interés público? ¿Y, la que no lo es? ¿Algún orga-

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nismo político, como el Consejo de Regulación, que crea la ley? Si es así, se suprime la libertad de información, garantía constitucional con la que cada medio valora con independencia las noticias y las opiniones y las presenta a sus audiencias, de manera jerarquizada. TIENE QUE VER CONTIGO Si en una sociedad se impone el estado de propaganda, el ciudadano estará limitado a recibir solamente las informaciones escogidas por el gobierno. Tendrá, así, una versión sesgada e interesada de los hechos noticiosos, y se formará una idea distorsionada de lo que ocurre en su entorno, de lo que se hace en su nombre, de cómo se manejan los recursos públicos, de cómo proceden las autoridades y funcionarios. No conviene a la salud cívica del ciudadano el que se imponga un solo punto de vista para interpretar los complejos procesos sociales, económicos, políticos, culturales, deportivos, ambientales, tecnológicos e internacionales, que constituyen el mundo moderno. La diversidad informativa es el sustento de una sana comunicación democrática, construida para el ciudadano.

Es el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina.

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Sociedad Interamericana de Prensa -SIP(en Diario El Universo, 18.06.2013)


. s v r e d o p Ética del odística ética peri

DICE LA LEY Art.- 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley... Art.-10.- Normas deontológicas.- (Último inciso): El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la

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veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. NUESTRO PUNTO DE VISTA Las normas deontológicas, es decir, los deberes éticos y morales que orientan una actividad no pueden ser impuestos por el Estado, menos aún tratándose de la libertad de expresión, que es el fundamento de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información. Los códigos de ética deben ser dictados por los propios actores de los procesos comunicacionales, compendian los principios éticos y los valores morales de la información y comunicación que orientan la conducta de cada medio, en armonía con valores y principios universalmente aceptados en las sociedades modernas.

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TIENE QUE VER CONTIGO El Art. 10 de la Ley ddice, por ejemplo, que los medios de comunicación deben “abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático”. Esa es una “norma deontológica” extraña, que la ley impone con una definición vaga de tal figura. Y, no obstante, debe constar en los códigos de ética de cada medio de comunicación. Si un medio es denunciado por cometer “linchamiento”, la Superintendencia de Comunicación sancionará por violación a un “principio ético” gubernamental que, en verdad, es un ardid para proteger a funcionarios públicos y autoridades, y para despojar a los ciudadanos del acceso a informaciones que necesita conocer. A menor transparencia, mayor impunidad, más abusos de autoridad, menos control ciudadano sobre los funcionarios.


e d n ó i c a z “ D e m o c r a t ii e d a d ” la prop

DICE LA LEY Art.-12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información. NUESTRO PUNTO DE VISTA Una democracia será más sólida si se fortalecen los medios comunitarios, públicos y privados. Ocurriría, si esos medios comunitarios no dependen del poder político y si esos medios públicos son verdaderamente públicos y no gubernamentales, es decir, dotados de una real autonomía editorial e informativa. El Art. 12 encierra una amenaza contra la existencia y fortalecimiento de los medios privados. La referencia a “profundizar la democratización de la propiedad” conduce a la inseguridad jurídica, contrariando a la Constitución de Montecristi, que garantiza la propiedad privada de los medios de comunicación (Art. 17, 66 y 321).

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TIENE QUE VER CONTIGO Esta Ley es perjudicial no sólo para las empresas privadas de comunicación. Va en contra del ciudadano, que requiere recibir información plural, diversa, veraz y confiable. Si el camino tomado conduce a la extinción de los medios privados, único espacio donde se realiza el periodismo independiente de Ecuador, el ciudadano perderá la posibilidad de acceder a noticias de calidad, construidas con diversas fuentes, no sólo con las versiones oficiales. Por ahora, únicamente en los medios privados es posible encontrar revelaciones fiables y opiniones críticas sobre la gestión de autoridades y funcionarios, en especial si ponen al descubierto casos de corrupción o de manejos indebidos de los recursos públicos.

Alertamos que al establecer inaceptables controles gubernamentales a través de la creación de una Superintendencia de Información y del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y medios, el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo.

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ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), ANP (Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia), ANJ (Associação Nacional de Jornais), Asociación Nacional de la Prensa de Chile, Andiarios de Colombia y Consejo de la Prensa Peruana (en Diario El Universo, 20.06.2013)


o t n e i m a h c n “Li ” o c i t á i d e m DICE LA LEY Art.- 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de Información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiara una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Art.-10.- Normas deontológicas.- (4.j.) (Los medios deben…) abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. NUESTRO PUNTO DE VISTA El “linchamiento mediático” prohíbe la difusión de información con criterios vagos y subjetivos. Así, los funcionarios públicos quedan exonerados del legítimo y necesario control ciudadano y periodístico, sin el cual no existe una verdadera democracia. Para evitar sanciones, los medios y periodistas podrían preferir no publicar investigaciones periodísticas. Y, podrían restringir el seguimiento periodístico a informaciones re levantes, sobre todo de aquellas relacionadas con hechos de corrupción. Esta figura alienta conductas forzadas de

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censura previa, expresamente prohibidas por el Art. 18 de la Constitución.

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TIENE QUE VER CONTIGO El periodismo de investigación posibilita que los ciudadanos accedan a informaciones incómodas para quienes ostentan cualquier forma de poder. Desvela una parte de la realidad que, de otro modo, permanece ignorada por la colectividad. Sin investigación periodística, con censura previa forzada, usted ya no podrá enterarse, por ejemplo, de nuevos casos parecidos a “El Gran Hermano”, al “Comecheques” o a la “Narcovalija”; tampoco de noticias como las que descubrieron la entrega fraudulenta de licencias para conducir automotores. No va a saber cómo proceden ciertos jueces que violentan procedimientos para satisfacer al poder político. Y, se quedará sin saber qué ha ocurrido con recursos públicos si un nuevo Gastón Duzak se beneficia de un irregular préstamo otorgado por un organismo del Estado.


e d a i c n e d n e Superint ación Inform DICE LA LEY

Art.- 55.- Superintendencia de la Información y Comunicación.- La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación. La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa que para el efecto emita. La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. NUESTRO PUNTO DE VISTA Las atribuciones que la ley otorga a este organismo disciplinario implican el establecimiento de una poderosa instancia administrativas, con autoridad para establecer controles, límites y sanciones cuya actividad afectará sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, contrariando garantías establecidas por de la Convención Americana. Sin

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La Superintendencia de Telecomunicaciones puede apagar el micrófono. La Superintendencia de Información puede apagar la voz y el pensamiento que la voz expresa. duda, la creación de esta Superintendencia, Con “amplias atribuciones para hacer cumplir esta inconveniente Ley” está destinada a suprimir la independencia de la gestión editorial y administrativa de los medios de comunicación del sector privado.

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TIENE QUE VER CONTIGO La vigilancia, auditoria, intervención y control sobre la libertad de prensa reducirán la calidad noticiosa de la información y limitarán la opinión crítica que se difunde por los distintos medios. Esto, porque la Ley establece un régimen de obligaciones para los medios de comunicación que podría dar lugar a sanciones de diverso tipo, que aplicará esta Superintendencia. Como consecuencia, en general, usted va a recibir noticias y opiniones sometidas a un régimen de sanciones y control siempre que no sean incómodas para quien sanciona y controla: el poder político, la administración pública, las autoridades del gobierno.


d a d i l i b a s Respon or ulteri DICE LA LEY Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. (...) Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. NUESTRO PUNTO DE VISTA La Ley prohíbe expresamente la autocensura. Sin embargo, establece incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten restricciones desproporcionadas para evitar ser objeto de las sanciones. Si bien la Ley indica que los directivos de los medios deben respetar la independencia de sus periodistas, hace responsables a los propios medios por la difusión de la información de todo tipo de contenidos, descontextualizada, imprecisa, o insuficientemente verificada o la que pueda

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lesionar: derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado. TIENE QUE VER CONTIGO Igual contradicción se produce al regular la responsabilidad de los medios de comunicación por los comentarios de los usuarios. En efecto, de una parte la Ley establece que los medios deben respetar la libertad de opinión y expresión de todas las personas y, de otra, hace responsable a los medios en los ámbitos administrativo, civil y penal por la publicación de comentarios de terceros que violen los derechos consagrados en la Constitución y la ley, cuando a juicio de las autoridades, los medios no hubieren adoptado suficientes previsiones para filtrarlos. Si usted, en ejercicio de sus derechos de ciudadano, envía un comentario a un medio, podría no verlo publicado debido a la obligación que tiene el medio de “filtrarlo”, como establece esta Ley, a riesgo de graves sanciones.

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e d a v r e s e r La la fuente DICE LA LEY Art.- 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. NUESTRO PUNTO DE VISTA Esta Ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Pero, al restringirlos podría generarse un fuerte efecto intimidatorio. Cuando el Art. 40 dice que esta garantía no lo exime de responsabilidad ulterior, se le desconoce su derecho. Y, en el inciso segundo del artículo se expresa que carece de valor jurídico la información respecto de una fuente obtenida de manera “ilegal”, lo cual significa que bajo presión de superintendentes o jueces, el periodista estará obligado “legalmente” a revelar sus fuentes de información. En el Art. 41 inmediato siguiente, a pretexto de definir el secreto profesional, se ratifica en las restricciones a este principio.

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TIENE QUE VER CONTIGO La reserva de la fuente es una valiosa herramienta del periodismo de calidad, pues permite difundir informaciones que sólo pueden hacerse públicas si se protege en el anonimato quien las hace conocer al periodista. En algunos países, periodistas han sido encarcelados por negarse a revelar sus fuentes. En Ecuador, la reserva de fuente hizo posible que usted se informara sobre los negocios del hermano del presidente Rafael Correa con el Gobierno; asimismo, de cómo COFIEC entregó un préstamo, en condiciones irregulares al argentino Gastón Duzak. Si no se garantiza la reserva de la fuente, las personas que tienen conocimiento de manejos turbios en la administración pública preferirán el silencio y guardarán documentos o testimonios en una “congeladora”. Y, usted desconocerá lo que ocurre con la gestión pública.

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LA RUE

Frank La Rue, relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión (Constan en la Ley) “elementos que gravemente

afectan la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, tales como la creación del concepto de ‘linchamiento mediático’ que, por supuesto, no existe, y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”. (En Diario El Universo, 20.06.2013)

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Felipe Burbano de Lara

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“La ley de Comunicación retrata de modo perfecto las contradicciones ideológicas que persiguen a la revolución ciudadana entre el creciente activismo del Estado, en todos los campos, y la defensa de libertades y derechos, como en este caso los de información y expresión. La Ley afirma y promueve lo mismo que limita y restringe. Los ejemplos abundan: prohíbe expresamente la censura previa, pero introduce disposiciones que conducen inevitablemente a imponerla. La información se define como un derecho de los ciudadanos y a la vez como un servicio público, promueve el ejercicio de ese derecho, pero lo inscribe en un amplio campo de intervención, regulación y control estatal. Define como una de las responsabilidades de los medios la crítica a los poderes públicos y privados, pero a la vez crea mecanismos de rectificación y réplica tan amplios que inevitablemente tienden a limitarla”. (En Diario Hoy, 09.07.2013)


e r b o s n ó i c a “Inform mos” sí mis DICE LA LEY Art.- 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y comunicación..- Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación: (...) 3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, información sobre sí mis mos que fuere necesaria para el cumpli miento de sus atribuciones; (...) NUESTRO PUNTO DE VISTA Esta Ley convierte en ciudadanos despojados de derechos fundamentales a quienes optan por trabajar profesionalmente en la comunicación: periodistas, editores y propietarios de medios. Es que otorga a la Superintendencia de Comunicación la atribución de requerir “información sobre sí mismos” a “ciudadanos, instituciones y actores”, sin que medie acción de un juez que responda a un legítimo interés público. Según se desprende del texto de este artículo, quien incumpla la obligación de enviar la información “sobre sí mismo”, solicitada por la Superintendencia, estará sometido a las correspondientes sanciones aplicables por incumplimiento de una orden de dicha autoridad.

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TIENE QUE VER CONTIGO La Constitución consagra el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (Art. 11) y que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En esta ocasión son los periodistas y los medios de comunicación. Mañana, ¿será usted...? “...luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío... luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista... luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante... luego vinieron por mí pero, para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada". El memorable texto es del pastor protestante Martin Niemöller, aun cuando se lo suele atribuir al poeta alemán Bertolt Brecht.

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s a m r o n n o c Ley riñe cionales interna Comentarios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington D.C., 28 de junio de 2013 Excelentísimo Señor Dr. Ricardo Patiño Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República de Ecuador Ministerio de Relaciones Exteriores Excelentísimo Señor Ministro: En esta oportunidad tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en mi calidad de Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relación a la recién aprobada Ley Orgánica de Comunicación. Durante los últimos tres años, la Relatoría Especial ha tenido la oportunidad de poner en conocimiento de su Ilustrado Estado sus principales preocupaciones respecto del contenido de los distintos proyectos de ley presentados.

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En esta oportunidad, y en atención a la importancia que la Constitución de la República del Ecuador confiere a las normas, la doctrina y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, la Relatoría Especial se permite, muy respetuosamente, hacer referencia a algunas disposiciones de la Ley que podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en la materia. La falta de alusión a algunas de las disposiciones contenidas en la Ley no significa necesariamente que éstas se adecuen a los estándares interamericanos. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el pasado 14 de junio y sancionada por el Presidente de la República el 22 de junio de 2013. En su articulado la Ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios la Ley establece gravosas restricciones que hacen que resulten prácticamente ineficaces. En las páginas que siguen me permito explicar a Su Excelencia las razones en las cuales se fundamenta la Relatoría Especial para sustentar este aserto. 1.

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Ámbito de aplicación de la Ley

La Ley impone un número importante de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir su formato o tamaño. En consecuencia, la gran mayoría de las obligaciones que establece se aplica de la misma manera a los medios impresos, la radio y la televisión, las empresas que prestan los servicios de audio y video por suscripción, y a los medios anteriores que pueden generar o replicar sus contenidos a través de Internet (Art. 5). Asimismo, la Ley no distingue si se trata de medios de circulación amplia o


BOTERO

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, de la OEA

“La Relatoría Especial debe hacerse eco de los esfuerzos de los Estados en encontrar mejores garantías para asegurar el pluralismo y la diversidad en el proceso comunicativo. Sin embargo, ello debe ser hecho respetando las garantías que el derecho internacional establece para asegurar plenamente el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

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Es fundamental que los órganos encargados de aplicar políticas y fiscalizar el cumplimiento de la regulación en materia de radiodifusión sean independientes, tanto de la influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

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más restringida, si son medios especializados, como los medios que difunden información cultural y artística, o medios alternativos. Según esta Ley, todas las personas que se sirvan de cualquiera de estos medios para expresar sus ideas u opiniones, están prestando un servicio público, “que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas” (Art. 71). Dado que al parecer la Ley entiende que corresponde al Estado asegurar la calidad de la información o las opiniones que circulen a través de los medios de comunicación mencionados, la Ley impone a quienes utilicen dichos medios decenas de obligaciones relacionadas con la forma como deben presentar los contenidos; la prohibición de omitir o dejar de publicar información que las autoridades consideren de interés público; la obligación de emitir juicios críticos (o negativos) de valor, cuando presenten infor-


mación sobre conductas que afecten bienes jurídicos como “el medio ambiente”; la obligación de circular exclusivamente información “verificada, contrastada, precisa y contextualizada”; y de que las opiniones no ofendan la honra de las personas –o colectivos- y otros bienes constitucionales, entre otras obligaciones. En un comentario posterior, la Relatoría Especial se referirá al alcance de las obligaciones legales antes mencionadas. No obstante, esta oficina debe poner de presente que el derecho a expresarse por cualquier medio es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, cualquier límite que los Estados pretendan imponer, debe sujetarse estrictamente a lo establecido en dicha norma de derecho internacional. Asimismo, como lo ha puesto de presente esta oficina en reiteradas oportunidades, cualquier regulación legal sobre esta materia debe atender muy cuidadosamente a la naturaleza de cada medio, para no incurrir en restricciones innecesarias que comprometan de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión. En efecto, como ya lo había manifestado esta oficina, resulta problemático el establecimiento de un régimen de obligaciones o un régimen administrativo sancionatorio único que abarque a todos los medios de comunicación sin realizar diferenciaciones pertinentes. En este sentido, lo que podría resultar legítimo en el limitado ámbito de la radiodifusión – dado el uso de un bien público como las frecuencias de radio y televisión abierta –, puede no resultar legítimo cuando se aplica a la televisión por suscripción, a la prensa escrita general, a los medios escritos especializados o a los que se producen y difunden a través de Internet. En consecuencia, cualquier regulación debe atender muy cuidadosamente a la natura-

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VIVANCO

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas

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“El riesgo principal que veo es que esta ley otorga a las autoridades de fiscalización poderes amplísimos para regular contenidos, lo cual abre la puerta para la censura previa. A su vez, la amenaza de sanciones de todo tipo, incluso penales, es un fuerte disuasivo a la libre expresión y lleva inevitablemente a la autocensura”. (En Diario El Universo, 04.06.2013)


leza de cada medio para no incurrir en restricciones innecesarias o desproporcionadas del derecho a la libertad de expresión. Como se explica adelante, la Ley que se comenta no se detiene en tales diferenciaciones e impone a todos los medios, obligaciones, cargas y responsabilidades similares, sin que se hubiere demostrado que tal tratamiento resulta necesario en una sociedad democrática en los términos establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos. 2. De la autoridad de aplicación Para la aplicación de las sanciones y la supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley, este instrumento crea tres instancias1. Esta falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de éstas. En particular, la Ley crea una entidad administrativa llamada “Superintendencia de Información y Comunicación” (Art. 55), definida como el “organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria” sobre todos los medios de comunicación mencionados en el aparte anterior. El titular de esta agencia administrativa será nombrado por un órgano administrativo colegiado2, de una terna enviada por el Presidente de la República. Este funcionario administrativo 1. El artículo 47 crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; el artículo 54 crea un “Consejo Consultivo”; y el artículo 55 crea la Superintendencia de la Información y Comunicación. 2. El Superintendente es elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por el Presidente de la República. Art. 55 de la Ley.

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tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a los medios de comunicación e imponer sanciones a cualquier medio que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o que deje de cumplir alguna de las múltiples obligaciones que establece (Art. 55 y ss). En su Declaración Conjunta de 2001, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE remarcaron que, “[l]as entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales”3. Dada la importancia de las funciones que deben cumplir, es fundamental que los órganos encargados de aplicar políticas y fiscalizar el cumplimiento de la regulación en materia de radiodifusión sean independientes,

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3. Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU), Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y Relator Especial para la Libertad de Expresión (OEA). Declaración Conjunta sobre Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo. Aprobada el 20 de noviembre de 2001. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=48&l ID=2. En el mismo sentido, la Recomendación Rec(2000)23 del Comité de Ministros del Consejo de Europa indica que las “reglas que rigen a las autoridades de regulación del sector de la radiodifusión, en particular su composición, son un elemento clave de su independencia. Estas reglas deberán estar definidas de manera que estén protegidas de toda injerencia, particularmente de parte de fuerzas políticas o de intereses económicos”. Council of Europe. Committee of Ministers. Appendix to Recommendation Rec(2000)23 of the Committee of Ministers to member states on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector. Provision 3. 20 de diciembre de 2000. Disponible en: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75


tanto de la influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos. Ahora bien, la Superintendencia sería un órgano que no se limita a la aplicación del régimen de radiodifusión. En consecuencia, tendría competencia sobre todos los medios de comunicación con independencia de su formato o alcance, lo cual resulta problemático por las razones ya mencionadas en el aparte anterior de esta carta y que se desarrollan más adelante. Como lo ha explicado la Relatoría Especial en cartas anteriores remitidas a su Ilustrado Estado, el establecimiento de instancias administrativas, con autoridad para establecer controles, límites y sanciones que puedan afectar sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión para todos los medios de comunicación, sin distinción de su formato o alcance, resulta problemático desde la perspectiva de los artículos 13, 8 y 25 de la Convención Americana. En efecto, a este respecto es relevante señalar que, según el artículo 8.1 de la Convención Americana, “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación […] o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana establece que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun

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cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. La Ley no incluye un recurso con estas características y los comunicadores y medios de cualquier naturaleza, formato y alcance tendrían que soportar afectaciones a su derecho a la libertad de expresión impuestas por autoridades administrativas durante todo el tiempo que dure un proceso judicial, dado que las decisiones de los órganos creados por la Ley surten efecto inmediato. 3. Comentario sobre el régimen de faltas y sanciones Como ya fue mencionado, la Ley establece un régimen de obligaciones para los medios de comunicación que podría dar lugar a sanciones de diverso tipo. En primer lugar,

La Ley prohíbe expresamente la autocensura. Sin embargo, establece incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la propia Ley establece.

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Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH


es importante anotar que cada uno de los límites (u obligaciones) impuestos a los medios de comunicación que sean parte de un régimen sancionatorio deben reunir los requisitos del artículo 13.2 de la Convención, esto es: la restricción debe estar definida en forma clara y precisa a través de una ley en sentido formal y material; debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana y deben ser límites necesarios, en una sociedad democrática, para proteger alguno de los bienes jurídicos mencionados en dicha norma y que resulten estrictamente proporcionados para esa protección. La Relatoría Especial desea poner de presente que algunas de las obligaciones que impone la Ley sobre los medios de comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes. Lo anterior resulta especialmente importante dado que, por las razones que se explican a continuación, la falta de precisión o claridad en el régimen de obligaciones o la existencia de obligaciones desproporcionadas (excesivamente costosas o verdaderamente innecesarias), podría impedir, de manera injustificada, la operación o incluso la propia existencia de medios de comunicación que no puedan soportar las obligaciones impuestas o crear un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. En efecto, es fundamental que el marco legal provea seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas, y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las condiciones de ejercicio y las limitaciones a las que está sometido el ejercicio del derecho a la libertad de expresión4. 4. En el mismo sentido se expresa la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en virtud de la cual, la expresión “previsto en la ley”, contenida en los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “no sólo re-

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Asimismo, es importante recordar que el Estado debe ser neutral respecto a los contenidos emitidos por los medios de comunicación, salvo las restricciones expresamente autorizadas en el artículo 13 de la Convención Americana, en consonancia con las normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos y en los términos establecidos por dicha disposición. Por las razones advertidas, la redacción de la norma debería procurar evitar vaguedades o ambigüedades. Así por ejemplo, la Ley establece una falta que denomina “linchamiento mediático”, que prohíbe “la difusión de información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública” (Arts. 26 y 10.4.j). En este sentido, cualquier denuncia sostenida de corrupción, que pueda conducir a la reducción de la credibilidad pública del funcionario involucrado, podría ser calificada por el órgano administrativo competente como “linchamiento mediático” y ser objeto de las correspondientes sanciones. Dicha falta no requiere que el comunicador tenga conocimiento sobre la eventual falsedad de la noticia o que se hubiere conducido con manifiesta negligencia en la bús-

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quiere que una interferencia a los derechos consagrados en estos artículos esté basada en la ley nacional, sino que también se refiere a la calidad de la ley en cuestión. Dicha ley debe ser accesible a las personas involucradas y debe estar formulada con suficiente precisión para permitirles, de ser necesario, preveer, de manera razonable, las consecuencias que una acción determinada pueda implicar”. Glas Nadezhda Eood and Elenkov v. Bulgaria, No. 14134/02, § 45, E.C.H.R (11/10/2007). Disponible en: http://echr.ketse.com/doc/14134.02-en20071011/view/


Esta ley coloca en situación de grave riesgo la libertad de prensa al crear el marco jurídico para imponer restricciones al trabajo periodístico. Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa: Asociación Mundial de Periódicos y Editores (WAN/IFRA), Asociación Mundial de Revistas (FIPP), Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reportero Sin Fronteras (RSF) y Sindicato de Prensa del Commonwealth (CPU)- (en Diario El Universo, 28.06.2013)

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queda de la verdad o falsedad de las mismas. Asimismo, la Ley establece la obligación de todos los medios de comunicación, con independencia de su formato y contenido, de elaborar un código de ética cuyo contenido básico establece el propio texto legal (Arts. 9 y 10). Así por ejemplo, los códigos de ética de todos los medios de comunicación deben incluir, entre otros, la obligación de “evitar difundir, de forma positiva o avalorativa (sic), las conductas irresponsables con el medio ambiente” (Art. 10.4.h). De esta manera, los medios de comunicación se encontrarían obligados, ellos mismos, a calificar cuando una conducta resulta “irresponsable” con el medio ambiente y no podrían limitarse a presentar la información relevante, sino que estarían obligados por ley a emitir un juicio negativo de valor al respecto. De la misma forma, la Ley consagra la obligación de todos los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” e indica que “[l]a omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa” (Art. 18), que estará sometido a las correspondientes sanciones. La multa será impuesta por la Superintendencia de la Información y la Comunicación. En consecuencia, en cualquier caso que la autoridad administrativa encuentre que un medio de comunicación ha dejado de publicar información que para la autoridad revista interés público, el medio estaría incumpliendo su obligación legal y procederían las sanciones establecidas en la propia Ley, “sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral” (Art. 18). Igualmente, como ya se mencionó, la Ley reitera la obligación de que la información difundida sea “verificada,


Fabian Corral

“Con la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que ‘transformó’ en servicio público a la información y comunicación, se plantea un evidente problema conceptual y jurídico frente las normas constitucionales que, contrariando tal tesis, declaran y consagran como derecho de las personas (...) a la ‘comunicación’, y a todo lo que ella contiene (generar, recibir, intercambiar y difundir información; y, el derecho a opinar y expresar libremente su pensamiento). No existe ninguna disposición constitucional que atribuya la calidad de servicio público a la comunicación, tampoco se la incluye entre los sectores estratégicos reservados al Estado (arts. 313, 314, 315), ni se alude a ella como actividad que corresponda a la Administración Pública (arts. 225, 226). (En Diario El Comercio, 11.07.2013)

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contrastada, precisa y contextualizada”, asignando obligaciones específicas en cada una de estas materias a todos los medios de comunicación (Arts. 22 y 10.3.a). Quien califica si la información reúne los requerimientos previos mencionados es la entidad administrativa citada (Art. 56). Los anteriores son algunos ejemplos de la forma como la

La figura del defensor del lector es de gran relevancia y colabora de manera notable al cumplimiento de los principios éticos del periodismo, también es cierto que es una decisión de cada medio la adopción de su código de ética y de los mecanismos para hacerlo efectivo. Más preocupante aún es que la Ley pueda introducir en los medios de comunicación personas elegidas mediante concursos diseñados e implementados por el Estado, con el poder de vigilar e intervenir en los contenidos de dichos medios.

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Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH


Ley consagra el marco de acción y las obligaciones y prohibiciones de las personas que ejerzan su libertad de expresión a través de cualquier medio de comunicación y que podrían resultar problemáticos a la luz de los estándares mencionados. 4. Comentarios sobre la obligación de los medios de comunicación de contar con un “veedor de la audiencia” elegido por el Estado, cuyas funciones serán definidas por el propio Estado La Ley establece la obligación de todos los medios de comunicación de contar con un “defensor de sus audiencias y lectores” (Art. 73). El veedor de cada medio será designado mediante concurso público organizado por una instancia administrativa estatal denominada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La posibilidad de que el Estado le imponga a los medios de comunicación la obligación de incluir en su nómina y sala de redacción a una persona elegida a través de un procedimiento diseñado e implementado por el Estado, cuyas atribuciones y responsabilidades podrían ser fijadas por el propio Estado y a quien los medios podrían tener que otorgar espacios para la publicación de errores y correcciones (Art. 73), resulta de enorme preocupación para esta oficina. Si bien es cierto que la figura del defensor del lector es de gran relevancia y colabora de manera notable al cumplimiento de los principios éticos del periodismo, también es cierto que es una decisión de cada medio la adopción de su código de ética y de los mecanismos para hacerlo efectivo. Más preocupante aún es que la Ley pueda introducir en los medios de comunicación personas elegidas mediante concursos diseñados e implementados por el Es-

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tado, con el poder de vigilar e intervenir en los contenidos de dichos medios. No encuentra la Relatoría Especial en el derecho internacional en materia de libertad de expresión una sola razón para justificar una decisión de esta naturaleza. 5. Comentario sobre condicionamientos previos

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La Ley incluye requisitos adicionales a los exigidos por el artículo 13 de la Convención Americana a la hora de ofrecer protección a la circulación de informaciones. En efecto, la Ley establece la obligación de que la información que circule a través de los medios de comunicación, sea “verificada, contrastada, precisa y contex= tualizada”, y asigna obligaciones específicas en cada una de estas materias a los medios de comunicación (Art. 22). La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH establece en su Principio 7 que los “[c]ondicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. Asimismo, cuando se trata de la ofensa a funcionarios públicos, el Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Requisitos adicionales como condición para proteger informaciones que aparejan denuncias sobre asuntos de interés público podrían conducir a limitar de manera desproporcionada la existencia de un debate vi-


Hernán Salgado

“Aquí hay una gran confusión al querer pensar que los derechos humanos tengan la calidad de funciones públicas. Cuando hablamos de función pública estamos enfocando al Estado. Cuando hablamos de derechos humanos estamos invocando a las personas. Los derechos humanos son propios de las personas y no del Estado. El Estado debe cuidar que todos los ciudadanos tengamos la libertad de expresión, que todos podamos informar y recibir información. No debe intervenir en el derecho mismo de la gente”. (Ex presidente de la CIDH, en Diario El Comercio, 01.07.2013)

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La combinación de poderes excesivos y falta de garantías en torno a su independencia convierten a los dos nuevo órganos de regulación en una herramienta susceptible de ser utilizada para atacar a los medios de comunicación y periodistas. Las salvaguardias que podrían prevenir dicho abuso están alarmantemente ausentes de la Ley. Numerosas acciones y resoluciones por parte del Consejo no parecen estar bajo escrutinio jurídico. Instituto Internacional de la Prensa -IPI- (en Diario El Universo, 11.07.2013)


goroso, desinhibido y verdaderamente plural sobre todos los asuntos públicos. 6. Comentario sobre la obligación de que ciertos cargos sean de desempeño exclusivo de “periodistas profesionales” La Ley establece que sólo comunicadores y periodistas “profesionales” podrán ejercer las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas por los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo. Se exceptúa a quienes mantienen programas o columnas especializados o de opinión y a quienes realizan actividades periodísticas en las “lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas” (Art. 42). Esta disposición parecería contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus primeros pronunciamientos en los que ha interpretado el artículo 13 de la Convención Americana señaló que la imposición de requisitos especiales para el ejercicio del periodismo, como la colegiación obligatoria de periodistas, es una restricción ilegítima a la libertad de expresión5. Desde este punto de vista, la Ley es muy similar a la regulación de “colegiación obligatoria” de periodistas que el Estado de Costa Rica sometió a la competencia consultiva de la Corte en 1985. En esa oportunidad, el Estado de Costa Rica preguntó a la Corte si “existe o no pugna o contradic-

5. Cfr. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr.

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ción entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la actividad de periodista en general y, en especial, del reportero […] y las normas internacionales”6 . La Corte consideró que ese tipo de regulación es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, ya que “la colegiación obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo requerido por el artículo 13.2 de la Convención, porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad”7. Por eso, la Corte decidió en forma unánime que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”8. Aplicando expresamente esta doctrina, las más altas cortes de Brasil y Colombia han declarado incompatibles con la Constitución la exigencia legal de diploma para trabajar

6. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 11. 7. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 79.

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8. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Punto Resolutivo Primero.


ESPINOSA

Simón Espinosa, maestro universtario y columnista

“La ley de incomunicación es de por sí un panóptico de miradas cochinas y grilletes de intestinos secados al sol de la más tonta y cacasena prepotencia (...). Rodean el panóptico las horcas de la injusticia. Todo está volviéndose ‘in’ en esta asfixiada república. La comunicación se vuelve incomunicación. La justicia se ha vuelto injusticia. Vigilados los periodistas por gallinazos, y juzgados los periodistas por iscariotes, la vida se ha vuelto poco amable, asustadiza, cuarto oscuro y bajo cero”. (En Diario Hoy, el 13.07.2013)

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en los medios de comunicación9. Como surge de los precedentes citados, el establecimiento de requisitos profesionales para ejercer actividades periodísticas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, restringe indebidamente el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, ya que limita los ámbitos de ejercicio de ese derecho a un grupo específico de ciudadanos que ejerce el periodismo en forma “profesional”. La Relatoría recuerda que el Principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “[t]oda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. 7. Autocensura La Ley prohíbe expresamente la autocensura. Sin embargo, establece incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones desproporcionadas como medida de

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9. Ver en ese sentido, Sentencia C-087/98 de 18 de marzo de 1998 de la Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-087-98.htm; Sentencia de 17 de junio de 2009 del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinario 511.961. São Paulo. Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=60 5643&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=511961&siglaRecurso=&classe=RE


protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la propia Ley establece. Así por ejemplo, si bien la Ley indica que los directivos de los medios deben respetar la independencia de sus periodistas, hace responsables a los propios medios por la difusión de la información de todo tipo de contenidos, descontextualizada, imprecisa, o insuficientemente verificada o la que pueda lesionar: derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado. La misma contradicción se produce al regular la responsabilidad de los medios de comunicación por los comentarios publicados por los usuarios. En efecto, de una parte establece que deben respetar la libertad de opinión y expresión de todas las personas y de otra hace responsable a los medios en los ámbitos administrativo, civil y penal por la publicación de comentarios de terceros que violen los derechos consagrados en la Constitución y la ley, cuando a juicio de las autoridades, los medios no hubieren adoptado suficientes previsiones para filtrarlos (Art. 20).

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Lolo Echeverría

“La Ley de Comunicación que ha sido sancionada, sin pérdida de tiempo, por el Presidente de la República y enviada al Registro Oficial desoyendo el clamor nacional e internacional, pasando por alto los instrumentos internacionales y negándose a debatir incluso entre quienes están de acuerdo con ella, nos coloca en el riesgo de iniciar una etapa en la que tendremos dos relatos históricos, la historia oficial, que será el relato cuya publicación está permitida y la historia verdadera, que estará constituida por las noticias cuya publicación ha sido negada, no importa si es por censura o por autocensura”. (En Diario El Comercio, 22.06.2013)

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En este sentido, es importante indicar que la autocensura es un fenómeno altamente preocupante que debe combatirse con un marco jurídico que proteja el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas, asegurando que no serán objeto de sanciones inciertas o desproporcionadas o de ningún tipo de violencia o represalia por ello. En consecuencia, los Estados comprometidos con la lucha contra la autocensura, deben proteger a los periodistas y asegurar que su marco legal no establece obligaciones desproporcionadas que puedan generar este efecto intimidatorio. 8. Comentario sobre el derecho de rectificación o respuesta La Ley establece que “[t]odas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública” (Art. 23). No exige, sin embargo, que la información publicada sea falsa. Asimismo, la Ley establece que es información “de relevancia pública” aquella que trata de asuntos públicos y de interés general o a través de la cual “se viola el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos” (Art. 7). Según la Ley, los medios de comunicación tienen la obligación de publicar dentro de las 72 horas después de la presentación de un reclamo, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, las rectificaciones a que haya lugar. Asimismo, según la Ley, tiene derecho a la réplica “[t]oda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma

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que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación”. Esta persona o grupo “tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales, y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido” (Art. 24). En este sentido, basta con que la persona se sienta ofendida por cualquier referencia o nota editorial, para que el medio de comunicación tenga la obligación de publicar, en el mismo espacio, su opinión al respecto. La autoridad de aplicación encargada de definir si se produjo o no una vulneración que conduzca a la obligación de publicar la réplica o la rectificación, es la Superintendencia de la Información y Comunicación, dirigida por un funcionario administrativo seleccionado de una terna enviada por el Presidente de la República y sin control judicial previo.


Por las razones que se explican a continuación, la Relatoría Especial considera que el derecho de rectificación o respuesta, tal como está regulado en la Ley, excedería la regulación del mismo derecho prevista en el artículo 14 de la Convención Americana10. Ello es problemático ya que el derecho de rectificación o respuesta es, al mismo tiempo, un importante mecanismo de protección de ciertos derechos y una forma de restricción del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ciertamente, el derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención es una de las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión si se la compara con las sanciones civiles o penale11. Sin embargo, a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no desea publicar, y si no existe una adecuada y cuidadosa reglamentación, ello podría dar lugar a abusos que terminen comprometiendo de manera desproporcionada e 10. El artículo 14 de la Convención Americana indica: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. 11. CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). Párr. 80. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf

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innecesaria la libertad de expresión. A este respecto, es preciso mencionar que la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los medios a difundir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean impuestos contenidos ajenos. En función de ello, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión debe ser compatibilizado con el derecho de rectificación o respuesta, de modo tal que este último sea ejercido en condiciones de equidad, cuando resulte absolutamente imprescindible para proteger derechos fundamentales de terceros12. Para ello, es necesario partir de un muy cuidadoso desarrollo legal. Desde este punto de vista, la regulación de este derecho prevista en la Ley es problemática. En este sentido, la Relatoría considera que la Ley debería respetar los límites estrictos del artículo 14 de la Convención, con el objeto de evitar ambigüedades que puedan lesionar en forma desproporcionada la libertad de expresión. La posibilidad de rectificar informaciones sólo porque la autoridad administrativa encuentra que la misma es descontextualizada, imprecisa o que fue “insuficientemente

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12. Corte IDH. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7. Párr. 25. Dicha Opinión Consultiva establece que: “La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1”.


Cecilia Velasco

“No se puede pensar que la Ley (… ) tiene la función de proteger a lectores, televidentes y radioescuchas, porque ha sido concebida desde un Gobierno que sistemática se ha encargado de atacar a la prensa, al entablar juicios millonarios contra periodistas de investigación, como los autores de El gran hermano; autores de artículos de opinión, como Emilio Palacio y periódicos como El Universo; que ha exhibido fotos de editorialistas en las sabatinas identificándolos como enemigos y convocando a un enardecido auditorio a linchamientos: ‘Conózcanlos. Esos son’; que ha escrito sobre los rostros de periodistas frases como ‘Mentira comprobada’, que los ha insultado y denigrado de múltiples maneras”. (En Diario Hoy, 25.06.2013)

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contrastada” es problemática, ya que lo que exige el artículo 14 de la Convención es que la información sea falsa o inexacta. Los términos utilizados por la Ley y la amplia facultad de la autoridad administrativa para interpretarlos preocupan a la Relatoría, pues pueden terminar autorizando un severo control de contenidos de la administración en los medios de comunicación. Asimismo, para la Relatoría resulta de la mayor importancia recordar que el artículo 14 de la Convención, si bien se refiere al derecho de “rectificación o respuesta”, tiene el objetivo de ofrecer un mecanismo para responder a informaciones falsas y agraviantes, no a opiniones, críticas o juicios de valor. Si fuera posible responder todas las opiniones o críticas que se plantean en un medio de comunicación, más allá de las informaciones falsas y agraviantes, se desvirtuaría la opinión editorial de los columnistas, pues los medios se verían obligados a otorgar todos los pedidos de respuesta o réplica que pudieran recibir en función de las opiniones y críticas que éstos canalizan. Cabe reiterar, en este sentido, que las opiniones se encuentran ampliamente protegidas por la Convención Americana, incluso las que son ofensivas, perturbadoras o chocantes. Tal como dijo la Corte Interamericana en el caso Kimel, las opiniones no pueden ser objeto de sanción13. Finalmente, la Relatoría Especial considera de suma importancia anotar que, en todo caso, la decisión de imponer a un medio de comunicación la obligación de publicar contenidos ajenos en defensa de derechos de terceras personas, sólo puede provenir de un órgano y un procedimiento que

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13. Cfr. Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 93.


reúna la totalidad de las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 9. Comentarios sobre el deber de observar buenas prácticas periodísticas La Ley establece la obligación de todos los medios de comunicación, con independencia de su formato y contenido, de elaborar un código de ética cuyo contenido básico establece el propio texto legal (Art. 10). En dicho texto se consagran decenas de obligaciones que deben constar en el citado código de ética en calidad de “normas mínimas” y cuya aplicación será fiscalizada por las autoridades administrativas que establece la Ley. Los medios de comunicación y los periodistas, para cumplir cabalmente con el importante rol que les corresponde jugar en las sociedades democráticas, deben ajustarse a es-

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Diego Araujo

“La Ley responde a un espíritu vengativo y de retaliación. No a la obligación de garantizar a plenitud el derecho a la comunicación y la libertad de expresión y de prensa, como corresponde a una construcción democrática. (…) La nueva Ley adolece de ambigüedades y contradicciones. Al leerla se evidencia que se ha preparado un suelo resbaladizo y lleno de trampas para el trabajo periodístico. En ese terreno arraigan los poderes discrecionales de la burocracia controladora y las sanciones, por un lado; y los temores, la censura y autocensura y mayores obstáculos para el desarrollo del periodismo, por otro”. (En Diario Hoy, 24.06.2013)

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trictos parámetros éticos de conducta. Sin embargo, para evitar una injerencia indebida de los Estados en el contenido de la información que los medios deciden publicar, la implementación de esos estándares éticos y el control sobre su cumplimiento no pueden quedar en manos de organismos estatales. En ese sentido, el Principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. El principio de autorregulación no se limita sólo a la fijación de esos estándares éticos, sino que se extiende necesariamente al control y a los mecanismos de implementación de los mismos. Los Estados no pueden asumir el rol de guardián de la ética periodística sin crear con ello un mecanismo de control de contenidos incompatible con la Convención Americana. 10. Comentarios sobre las cláusulas que establecen sanciones para quien publique información que ha sido considerada reservada por el Estado y que adjudican a los órganos administrativos encargados de fiscalizar a los medios, la facultad de solicitar información personal a las personas relacionadas con los medios de comunicación Para la Relatoría Especial resulta de particular preocupación que la Ley extienda el deber de reserva respecto de información pública clasificada, tanto a terceros no vinculados al Estado, como a los medios de comunicación. Asimismo, preocupan a esta oficina los términos en exceso amplios y vagos empleados por la referida Ley al atribuir facultades a la autoridad administrativa para acceder a información privada de actores relacionados con medios de

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comunicación. En efecto, la referida Ley establece cuatro causales que obligan a cualquier persona, y particularmente a los medios de comunicación, a mantener en reserva información considerada de “circulación restringida”. Si bien la cuarta causal se refiere legítimamente a la protección de niñas, niños y adolescentes, las otras tres establecen lo siguiente: “No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información: 1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley; 2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; 3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa; […]” (Art. 30). Al respecto, la Relatoría Especial considera necesario reiterar que, como lo ha expresado en sus declaraciones conjuntas sobre Wikileaks (2010) y sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión (2013), es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, deben ser sometidos a sanciones por violación del deber de reserva. Frente a este tipo de circunstancias, resultan especialmente útiles los mecanismos de autorregulación periodística y los códigos de ética que de manera autónoma los medios adopten.


Asimismo, esta Relatoría pone de presente que los órganos del sistema interamericano han reconocido que para garantizar la eficacia de la administración de justicia es admisible la reserva de diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en un proceso penal. Sin embargo, de conformidad con el principio de máxima divulgación, la prohibición de acceso y divulgación por un tercero de este tipo de información debe estar definida en forma precisa y clara por la ley, y ser necesaria para evitar la generación de un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la prevención, investigación y sanción de delitos14. En todo caso, se advierte que, de conformidad con los estándares internacionales sobre la materia, existe un interés público imperativo en conocer información relativa a la investigación de graves violaciones de derechos humanos o de delitos contra la humanidad15, por lo que no sólo la reserva de este tipo de información debe presumirse prohibida, sino que el Estado tiene la obligación de divulgarla ampliamente. Diversos países de la región han adoptado normas en este sentido16. 14. Cfr. Asamblea General de la OEA. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). Aprobada el 8 de junio de 2010. Artículo 40. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O10_esp.pdf 15. Cfr. Asamblea General de la OEA. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). Aprobada el 8 de junio de 2010. Artículo 44. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O10_esp.pdf 16. Véase, Decreto No. 4/2010 de la Presidenta de la Nación Argentina, el cual establece, inter alia, que “corresponde relevar el secreto y con-

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La Relatoría Especial debe hacerse eco de los esfuerzos de los Estados en encontrar mejores garantías para asegurar el pluralismo y la diversidad en el proceso comunicativo. Sin embargo, ello debe ser hecho respetando las garantías que el derecho internacional establece para asegurar plenamente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Finalmente, el Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH dispone que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe

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dencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”; Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, art. 14, la cual establece que, “[n]o podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”; República del Perú, Ley No. 27806—Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 15-C, la cual establece que “no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona”; República Oriental del Uruguay, Ley No. 18.381 Derecho de Acceso a la Información Pública, art. 12, la cual establece que: “Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.


probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Por otra parte, preocupa a esta Relatoría Especial que, al tiempo que establece las restricciones antes señaladas, la misma Ley confiere a la Superintendencia de la Información y Comunicación la atribución de “[r]equerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, información sobre sí mismos que fuera necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones” (Art. 56). Para tales efectos, la Ley no exige intervención judicial ni control de ningún tipo. Según se desprende del texto legal, quien incumpla la obligación de enviar la información “sobre sí mismo” solicitada por la Superintendencia estaría sometido a las correspondientes sanciones aplicables por incumplimiento de una orden de dicha autoridad (Art. 55). En otras ocasiones, esta Relatoría ha reconocido la estrecha relación entre la protección del derecho a la intimidad de las personas y el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión17. Este vínculo resulta más evidente tratándose de periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, cuya labor puede verse amedrentada por una interferencia arbitraria o abusiva en su vida privada, 17. Véase, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión. 21 de junio de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926 &lID=2

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incluida su correspondencia. En tal sentido, el Principio 8 de la citada Declaración de Principios reconoce que “[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. En consecuencia, le asiste al Estado el deber de establecer claramente en la ley las causales bajo las cuales resulta permisible ordenar una interferencia a la vida privada de las personas, especialmente de periodistas, a fin de protegerlos contra solicitudes arbitrarias o abusivas. En igual sentido, la ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza y alcance de este tipo de medidas, las autoridades competentes para autorizarlas y ejecutarlas, así como los mecanismos legales para su impugnación. En todo caso, la ley debe ofrecer garantías suficientes de debido proceso y control judicial previo. Comentarios finales

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En los párrafos precedentes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puso de presente algunos puntos que encuentra problemáticos de la Ley aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente de la República, y que en criterio de esta oficina, deben ser revisados a la luz de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. La Relatoría Especial debe hacerse eco de los esfuerzos de los Estados en encontrar mejores garantías para asegurar el pluralismo y la diversidad en el proceso comunicativo. Sin embargo, ello debe ser hecho respetando las garantías que el derecho internacional establece para asegurar plenamente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, la Relatoría Especial quisiera expresar a las


autoridades del Estado su disposición de colaborar y prestar asistencia técnica a Su Ilustre Estado en iniciativas relacionadas con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Los estándares interamericanos a los que se ha hecho referencia en esta comunicación son la guía de la Relatoría Especial para sus actuaciones, y se encuentran contenidos en los Capítulos III y VI del Informe Anual 2009 de esta Oficina, aprobados por la CIDH e incorporados al Informe Anual de la Comisión. Dicho informe se encuentra en la página Web de la Relatoría Especial: www.cidh.org/relatoria. Aprovecho la oportunidad para expresar a Su Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. Catalina Botero Relatora Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de los Estados Americanos

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Emilio Romero Parducci

“Son totalmente inconstitucionales en su fondo todas las novedades de la nueva Ley Orgánica de Comunicación que de cualquier manera restringieren la libertad de expresión de la que ya gozaban los medios de comunicación social antes de que dicha ley fuera parida y festejada; empezando por la más que arrogante viveza criolla de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que se lleva el premio mayor, y terminando con la trampa del famoso ‘linchamiento mediático’, sin pasar por alto el ardid aquel de convertir el “derecho” a difundir información, garantizado como tal en el art. 18 de la Constitución, en un ‘deber’ de los medios, para el aplauso obligado del régimen de turno. Y mientras esa ley esté vigente, lo que tendremos en el Ecuador, en vez de una Ley de Comunicación, sería un ‘policía del pensamiento’, como diría el genial Bill Watterson, en boca de Calvin”. (En Diario El Universo,

07.07.2013)

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ANEXO

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ECUADOR Publicada en el Registro Oficial Nro. 22, el 25 de junio de 2103 TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. Art. 2.-Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. Art. 5.- Medios de comunicación social.Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

Art. 6.-Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance poblciones de dos o más regiones naturales del país. Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional. Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.

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Art. 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en forma gene ral, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I Principios Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 1. Referidos a la dignidad humana: a. Respetar la honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discrimina torios; y, c. Respetar la intimidad personal y familiar. 2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamien tos perjudiciales o peligrosos para su salud;

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b. Abstenerse de usar y difundir imá genes o menciones identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves

patologías o discapacidades; c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, en concordan cia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 3. Concernientes al ejercicio profesional: a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general; b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos si milares; e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda realizarla; g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profe-


sional; i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener beneficios personales; j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como falsas o erróneas; c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo; e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias; f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material comercial o publicitario; h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el medio ambiente; i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. Art. 11.- Principio de acción afirmativa.Las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto. Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información. Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos naciona-

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lidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del público. CAPÍTULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de libertad Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

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Art. 18.- Prohibición de censura previa.Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera

indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad es-


tablecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El medio de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verficar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística.

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente. Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas: 1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la información no demostrada, falsa o inexacta; 3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de cumplir

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lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no tengan facturación, la multa será del 10% de la doceava parte de su presupuesto anual. El cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones judiciales a las que haya lugar por la difusión de i nformación no demostrada, falsa o inexacta. Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente.

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La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de

lo cobrado en cada ocasión anterior. Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas: 1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información. 2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales.- En todos los casos en que los medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas. Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas las partes involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer sus argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica contar con la presencia de las partes o su representante de manera simultánea o consecutiva en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para exponer sus argumentos. Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los medios de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está debidamente cumplida con haber extendido la corres-


pondiente invitación, lo cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las partes, cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo en cualquier momento posterior, dentro de un año contado a partir de su negativa inicial, en los mismos términos que establece esta Ley en el caso del derecho de réplica. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de las partes al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previo a la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar fundadamente copias de los programas o publicaciones. Los medios de comunicación tienen la obligación de atender favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito. La falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 4 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia solicitada. Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos funda-

mentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. Art. 30.- Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información: 1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley; 2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; 3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa; y, 4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. La persona que realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan co-

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nocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley.

igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley.

La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley.

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

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La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos,


lenguaje de señas y sistema braille. El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y comunicación. Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. SECCIÓN III Derechos de los comunicadores Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera motivada a: 1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación; 2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación. El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del comunicador social. En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio medio. Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda in-

formación de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice actividades de comunicación social podrá ser obligada a revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. Art. 43.- Composición laboral de los medios de carácter nacional.- Los medios de comunicación social de carácter nacional

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conformarán su nómina de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Las y los comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen los siguientes derechos: 1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores; 2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y competencias; 3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, o fuera de ella; 4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso; y, 6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley. TÍTULO III Sistema de Comunicación Social CAPÍTULO I Alcance

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Art. 45.- Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de acuerdo al reglamento de esta Ley. Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional

de Comunicación tiene los siguientes objetivos: 1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano; 2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de comunicación; 3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en esta Ley; y, formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la comunicación; y, 4. Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley. CAPÍTULO II De la institucionalidad para la Regulación y el Control Art. 47.- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación es un cuerpo colegiado con person lidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad. Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Art. 48.- Integración.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado de la si-


guiente manera: 1. Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. 2. Un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad. 3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 4. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 5. Un representante del Defensor del Pueblo. Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información; 2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información; 3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con orientac ión a programas educacionales y/o culturales; 5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento; 7. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido de los medios de información y comunicación; 8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción;

9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones en el proceso de aplicar la distribución equitativa de frecuencias establecida en el Art. 106 de esta Ley; 10. Elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones proceda a resolver sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por la causal de incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional; 11. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y, 12. Las demás contempladas en la ley. Art. 50.- Requisitos.- Los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cumplirán los siguientes requisitos: 1. Tener nacionalidad ecuatoriana o ser extranjero legalmente residente en el Ecuador; 2. No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes sean o hayan sido socios o accionistas en un porcentaje superior al 6% del capital social, o con propietarios, directivos y administradores de medios de comunicación social, durante los dos años anteriores a la fecha de su designación; 3. No ejercer funciones de administración o gerencia de ‘los medios de comunicación social o trabajar bajo relación de dependencia en medios de comunicación social, ni haberlo hecho durante los dos años anteriores a la fecha de su designación; y, 4. Estar en goce de los derechos políticos y de participación. Art. 51.- Destitución.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación podrá destituir a una de sus consejeras o consejeros por la comisión de una falta grave, sólo con el voto favorable de al menos tres de sus integrantes. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación conocerá y resolverá sobre la destitución de las consejeras o consejeros por las causas estable-

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cidas en esta Ley, a través de un procedimiento que garantice el cumplimiento de las reglas del debido proceso. La resolución de destitución podrá impugnarse en efecto devolutivo ante la justicia ordinaria. Art. 52.- Causales de destitución.- Son causas de destitución, sin perjuicio de las acciones y sanciones penales y civiles a que haya lugar: 1. Recibir dádivas o aceptar la promesa de su entrega a cambio de condicionar sus decisiones en el ejercicio de su cargo; 2. Realizar actividades de proselitismo político en el ejercicio de sus funciones; 3. Encontrarse comprendido en una de las causales de incompatibilidad, que existiendo al momento del nombramiento no fue advertida, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación; 4. Inasistencia injustificada a más de tres sesiones consecutivas del Consejo; y, 5. Las demás que contemple la ley para los funcionarios públicos en general. Art. 53.- Financiamiento.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tendrá financiamiento del Presupuesto General del Estado. Art. 54.- Consejo Consultivo.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tendrá un Consejo Consultivo como mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante, en los procesos de formulación de políticas en materia de información y comunicación. Estará conformado por: 1. Un representante de los realizadores audiovisuales; 2. Un representante de los comunicadores sociales;

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3. Un representante de organizaciones ciudadanas relacionadas a la promoción de la cultura; 4. Un representante de los catedráticos universitarios de las facultades de comunicación; y,

5. Un representante de los estudiantes de comunicación. El Consejo Nacional Electoral conformará los colegios electorales para la elección de representantes establecidos en los numerales del 2 al 6. Art. 55.- Superintendencia de la Información y Comunicación.- La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación. La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa que para el efecto emita. La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito de su competencia son de obligatorio cumplimiento. Art. 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación : 1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación; 2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de derechos de la comunicación; 3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;


4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación que emita la autoridad reguladora; y,

los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en:

5. Las demás establecidas en la ley.

1. Informativos -I;

Art. 57.- Procedimientos administrativos.- Los procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación, así como los procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a los administrados el cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

2. De opinión -O;

Además de las sanciones o medidas administrativas fijadas en esta Ley, para cada caso específico, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá realizarcomunicaciones y amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación. Art. 58.- Resoluciones de la Superintendencia.- Las resoluciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación son vinculantes y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la ley o en dichas resoluciones. En caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de la Superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez competente la suspenda o la revoque definitivamente. Art. 59.- Caducidad y prescripción.- Las acciones para iniciar el procedimiento administrativo caducarán en ciento ochenta días a partir de la fecha de comisión de la presunta infracción contemplada en esta Ley. La potestad para sancionar las infracciones prescribirá en tres años a partir del inicio del procedimiento. TÍTULO IV Regulación de contenidos Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de

3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P. Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia. Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reco-

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nocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.

de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos;

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discrimi- natorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio;

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción; 2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación. Art. 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas:

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1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la Superintendencia

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida administrativa sobre actos de discriminación. Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y,


3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en

que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. TÍTULO V Medios de comunicación social Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados; y, 3. Comunitarios. Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitu-

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ción, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general; 3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas; 4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo; 5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las personas; 8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; 9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y, 10. Propender a la educomunicación.

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Art. 72.- Acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.- Durante la campaña electoral, los medios de comunicación propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones en los debates, entrevistas y programas de opinión que realicen con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, programas y propuestas para alcanzar los cargos de

elección popular. El Consejo Nacional Electoral promoverá que los medios de comunicación adopten todas las medidas que sean necesarias para tal efecto. Art. 73.- El Defensor de las audiencias.Los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores, designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el medio, quien cumplirá sus funciones con independencia y autonomía. Además contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores, y espacios para la publicación de errores y correcciones. Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: 1. Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad; 2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin; y, 3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías


con competencia en estas materias. Art. 75.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción suspenderán su programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin, en los casos de estado de excepción previstos en la Constitución. Art. 76.- Transmisión de señal abierta por los sistemas de audio y video por suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción tienen la obligación de transmitir en su sistema los canales de televisión abierta nacional, zonal y local que sean calificados previamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación para tal efecto, considerando la calidad de sus contenidos y programación, siempre que satisfagan las condiciones técnicas que establezca la autoridad de telecomunicaciones. La transmisión de televisión abierta por parte de los sistemas de audio y video por suscripción dentro del territorio nacional, estará exenta de pago de derechos de retransmisión a la estación de televisión o al operador del sistema y tampoco será cobrada a los abonados o suscriptores de estos sistemas. En la transmisión de las señales de televisión abierta por parte de los sistemas de audio y video por suscripción, se respetará la programación original y no se podrá alterar ni incluir publicidad que no cuente con la autorización del propietario de la programación. Art. 77.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: 1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente; 2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la Constitución;

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y, 4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la libertad de información y establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. SECCIÓN I Medios de Comunicación Públicos Art. 78.- Definición.- Los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de derecho público. Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea. Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de administración, de control social y participación de los medios públicos se establecerán en el instrumento jurídico de su creación. Sin embargo, la estructura de los medios públicos siempre contará con un consejo editorial y un consejo ciudadano, salvo el caso de los medios públicos de carácter oficial. Se garantizará su autonomía editorial. Art. 79.- Empresas públicas de comunicación.- Si dos o más medios públicos se

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agrupan por razones estratégicas, de optimización de costos o para facilitar su gestión, éstos se constituirán en una empresa pública de comunicación al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En estos casos, cada medio de comunicación público deberá contar necesariamente con un consejo editorial. Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos: 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza; 2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y pluralismo; 3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;

3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. Art. 82.- Consejos ciudadanos.- Los consejos ciudadanos de los medios públicos se conformarán obligatoriamente atendiendo las normas previstas en la Ley de Participación y Control Social. Los miembros de estos consejos no serán remunerados. Art. 83.- Medios de comunicación públicos de carácter oficial.- Las Funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados están facultados a crear medios de comunicación públicos de carácter oficial, los cuales tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes a todos los medios de comunicación establecidas en el Art. 71 de esta Ley.

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo;

Los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta de publicidad a instituciones del sector público.

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;

SECCIÓN II Medios de comunicación privados

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel nacional e internacional;

Art. 84.- Definición.- Los medios de comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad social.

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del país; y, 9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir.

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2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; y,

Art. 81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los medios públicos oficiales, se financiarán con recursos de la institución respectiva. Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad;

SECCIÓN III Medios de comunicación comunitarios Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social.


Art. 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan competencias específicas en cada caso concreto. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. Art. 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen. A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos

concursables para la difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. SECCIÓN IV Transparencia de los medios de comunicación social Art. 88.- Registro público.- Los medios de comunicación social se registrarán obligatoriamente en un catastro a cargo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación dicho catastro deberá contener datos generales que se determinarán en el reglamento. Este registro no constituye una autorización para el funcionamiento del medio de comunicación. Los medios de comunicación que no cumplan con la obligación de registro no podrán pautar publicidad de ninguna entidad del Estado. Art. 89.- Actualización.- Los medios de comunicación deberán notificar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo cambio en la información registrada. Art. 90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a la información. La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrá auditar en cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y comprobar la veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de precautelar los derechos de los lectores del medio, de sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten publicidad o propaganda en ellos. En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la cifras de circulación de ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de la Información y la Comunicación ordenará que el medio publique en la primera interfaz de su página web y en la primera plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a siete días consecutivos, el reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden

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a la realidad, así como la correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas que pautaron publicidad o propaganda en dicho medio. Quien se considere afectado patrimonialmente por la falsedad en las cifras de circulación de ejemplares por un medio podrá ejercer las acciones legales que correspondan. Art. 91.- Archivo de soportes.- Toda la programación y la publicidad de los medios de comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se conservará hasta por ciento ochenta días a partir de la fecha de su emisión. SECCIÓN V Publicidad Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial.

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Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal. Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se publicará en la página web de cada institución. La falta de cumplimiento de esta obliga-


ción por parte del titular de cada institución pública se sancionará por la Super- intendencia de la Información y la Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique el informe en el plazo de treinta días.

pendiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de televenta.

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la institución.

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios profesionales.

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación de cobertura local o regional. Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. SECCIÓN VI Producción nacional Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función de la programación total diaria del medio.

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional.

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral.

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual.

Art. 99.- Concentración del espacio para la producción nacional.- Un solo productor no podrá concentrar más del 25% de la cuota horaria o de la cuota de adquisiciones de un mismo canal de televisión.

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y nacional inde-

Art. 100.- Producción nacional.- Una obra audiovisual se considerará nacional cuan-

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do al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en el país hayan participado en su elaboración. Art. 101.- Productores nacionales independientes.- Productor nacional independiente es una persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni vinculación societaria o comercial dominante con el medio de comunicación audiovisual al que licencia los derechos de difusión de su obra. Se entenderá que existe vinculación societaria o comercial dominante cuando: 1. El productor nacional independiente y el medio de comunicación audiovisual pertenezcan al mismo grupo económico; 2. Una misma persona sea titular de más del 6% del capital social del medio de comunicación audiovisual y de la empresa productora. Habrá vínculo entre el productor nacional independiente y los propietarios, representantes legales, accionistas o socios mayoritarios del medio de comunicación audiovisual, cuando haya parentesco de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Las sociedades productoras, de capital extranjero o que dependan de una empresa extranjera en función de sus órganos ejecutivos, su capital social o su estrategia empresarial, no se considerarán productores nacionales independientes.

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Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente.- Los medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que tengan dentro de su grilla de programación uno o más canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de producción nacional independiente. Cuando la población residente o el número de suscriptores en el área de cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes, los dos largometrajes se exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de difusión deberán adquirirse con anterioridad a la iniciación del rodaje.

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción nacional independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los montos facturados y percibidos por el medio o sistema y que hubiesen declarado en elejercicio fiscal del año anterior. Cuando la población residente en el área de cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes, el valor que destinará el medio de comunicación no podrá ser inferior al 5% de los montos facturados y percibidos por el medio o sistema. Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, el cálculo para la determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión se realizarán en base a los ingresos percibidos por la comercialización de espacios publicitarios realizados por medio de los canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano. En el caso de medios de comunicación públicos, este porcentaje se calculará en relación a su presupuesto. Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a cubrir la cuota prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la suplirán, en consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de las mismas. Para los canales de televisión que no sean considerados de acuerdo a esta ley como medios de comunicación social de carácter nacional, la producción nacional independiente incluye la prestación de todos los servicios de producción audiovisual. Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de au- tor conforme se establece en la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones de carácter temático o especializado. SECCIÓN VII Espectáculos públicos


Art. 104.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por las autoridades locales y nacionales que ten- gan competencia, en su respectiva jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos públicos. TÍTULO VI Del espectro radioeléctrico Art. 105.-Administración del espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de telecomunicaciones. En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante: 1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles; 2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución; 3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o fines para los

que les fueron concesionadas, y su posterior redistribución; 4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la ley; y, 5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. Art. 107.- Reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas.- Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, cuyo plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente respetando la distribución que haga la autoridad de telecomunicaciones para medios privados y comunitarios. A estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio de comunicación. Art. 108.- Modalidades para la adjudicación de concesiones.- La adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la autoridad de telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades: 1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos. 2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y comunitarios. Art. 109.- Adjudicación directa.- La adjudicación directa de autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social públicos se realizará previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad de telecomunicaciones mediante el correspondiente reglamento que, sin perjuicio de otros requisitos, necesariamente incluirá la presentación de la planificación estratégica del

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medio de comunicación.

la correspondiente adjudicación.

En caso de que dos o más instituciones del sector público soliciten la autorización de una misma frecuencia, la adjudicación se definirá por el informe vin- culante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación en el que, previo a la evaluación de la planificación estratégica de los respectivos medios de comunicación, se definirá a quien de ellos debe otorgarse la concesión de a- cuerdo con una priorización social, territorial e institucional.

Art. 111.- Inhabilidades para concursar.Se prohíbe la participación en los concursos públicos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y televisión de señal abierta a las personas naturales o jurídicas postulantes que se hallen incursas en las siguientes circunstancias:

Art. 110.- Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- La adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radio y televisión de señal abierta se realizarán mediante concurso público abierto y transparente en el que podrán intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o prohibiciones legales. Los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público serán definidos mediante reglamento por la autoridad de telecomu- nicaciones, teniendo en consideración las normas establecidas en la presente Ley y la Ley de Telecomunicaciones; sin perjuicio de lo cual en todos los casos el solicitante deberá presentar: 1. El proyecto comunicacional, con determinación del nombre de medio, tipo de medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social que proyecta generar; 2. El plan de gestión y sostenibilidad; y, 3. El estudio técnico. Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación los expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor puntuados.

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El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación volverá a revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación emitirá el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con el cual la Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para

1. Quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; 2. Quienes estén asociados o tengan acciones o participaciones superiores al 6% del capital social en una empresa en la que también son socios cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación o la autoridad de telecomunicaciones; 3. Quienes personalmente se encuentren en mora o estén impedidos de contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público; 4. Quienes tengan acciones o participaciones de una empresa que se encuentre en mora o esté impedida de contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público; 5. Quienes personalmente o como accionistas de una empresa hayan sido concesionarios de una frecuencia de radio o televisión y se la haya revertido al Estado por las infracciones determinadas en la ley; y, 6. Las demás que establezcan la ley. Art. 112.-Terminación de la concesión de frecuencia.- La concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por las siguientes causas: 1. Por vencimiento del plazo de la concesión; 2. A petición del concesionario;


3. Por extinción de la persona jurídica; 4. Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la sociedad concesionaria; 5. Por incumplimiento comprobado de las disposiciones que impiden la concentración de frecuencias y medios de comunicación; 6. Por hallarse incurso de manera comprobada en alguna inhabilidad o prohibición para concursar en los procesos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta, que no fue detectada oportunamente; 7. Por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión; 8. Por incumplimientos técnicos o falta de pago de las obligaciones de la concesión; 9. Por incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional; y, 10. Por las demás causas establecidas en la ley. La autoridad de telecomunicaciones, previo el debido proceso, resolverá la terminación de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión. En el caso del numeral 9 de este artículo, será necesario contar previamente con un informe del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación para tales efectos. Art. 113.- Prohibición de concentración.Está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Quien sea titular de una concesión de

radio, ya sea en AM o FM, puede participar en los concursos públicos para la adjudicación de no más de una frecuencia de onda corta. En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Art. 114.- Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.- Para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y televisión privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha adjudicado una concesión para el funcionamiento de una estación matriz de radio o de televisión pueden participar en los concursos públicos organizados por la autoridad de telecomunicaciones, y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz en otras provincias. Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se concurse por la concesión de una frecuencia de radio o televisión, tendrán prioridad las solicitudes para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso en relación a las solicitudes para el funcionamiento de estaciones repetidoras. Art. 115.- Autorizaciones para repetidoras de medios públicos nacionales.- La autoridad de telecomunicaciones reservará del tercio de frecuencias asignadas a los medios públicos el número necesario de frecuencias para que operen las repetidoras de los medios públicos de alcance nacional. Art. 116.- Plazo de concesión.- La concesión para el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión se realizará por el plazo de quince años y será renovable para el mismo concesionario por una vez mediante concesión directa, debiendo para las posteriores renovaciones ganar el concurso organizado por la autoridad de telecomunicaciones. Art. 117.- Intransferibilidad de las concesiones.- Las concesiones de frecuencias

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que sean adjudicadas a cualquier persona natural o jurídica para el funcionamiento de medios de comunicación no forman parte de su patrimonio, y por lo tanto está prohibido todo acto que esté orientado a que otra persona natural o jurídica distinta disfrute o se beneficie del uso de dichas concesiones de frecuencias. Si alguna persona natural o jurídica, usando cualquier formato legal, pretende vender, revender, trasladar, transferir o alquilar las concesiones de frecuencias otorgadas en su favor por el Estado, tales transacciones serán nulas y no generan ningún derecho para quien supuestamente las adquiere; por el contrario, esto será causa suficiente para que las concesiones queden inmediatamente revocadas y las frecuencias concesionadas vuelvan a la administración del Estado. Los propietarios de las acciones de la persona jurídica concesionaria, no podrán transferir o ceder sus acciones sin la autorización previa y por escrito de la autoridad de telecomunicaciones. El beneficiario de la concesión deberá además pagar una multa al Estado equivalente al 50% de todo lo que hubiese obtenido o pactado obtener por la supuesta venta, transferencia o alquiler de la frecuencia concesionada, sin perjuicio de responder civil y penalmente por los perjuicios ocasionados a los particulares que aparentemente adquirirían derechos por estas transacciones ilegales. Art. 118.- Concesiones al sector comunitario.- Dado que las concesiones de frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias se otorgan a organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de lucro, cuyos directorios cambian periódicamen- te, se establece que dicho cambio no afecta el derecho de concesión que la organización ha adquirido al ganar el correspondiente concurso público, ni puede interpretarse como una transferencia de la concesión de unas a otras personas.

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Art. 119.- Enlaces de programación.- Para asegurar la comunicación intercultural y la integración nacional, los medios de comunicación podrán constituirse, sin necesidad de autorización, en redes eventuales o permanentes que libremente compartan una misma programación hasta por dos

horas diarias. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Las instituciones y autoridades que deben designar miembros para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cumplirán esta obligación en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. SEGUNDA.- Los contratos privados relacionados con el uso y aprovechamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico de radio y televisión abierta, legítimamente celebrados de conformidad con las normas legales y constitucionales anteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, serán respetados hasta la terminación del plazo del contrato de concesión. TERCERA.- Las personas que consten como concesionarios de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora y de televisión abierta, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, deberán presentar a la Autoridad de Telecomunicaciones una declaración juramentada en la que conste que la persona natural o jurídica concesionaria es quien utiliza la concesión y/u opera la estación autorizada por lo menos en los dos últimos años. El incumplimiento a esta disposición dará lugar al inicio del proceso de reversión de la concesión de frecuencia por la Autoridad de Telecomunicaciones. Las declaraciones juramentadas serán entregadas por la Autoridad de Telecomunicaciones al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en cuanto éste entre en funcionamiento. CUARTA.- El registro de los medios de comunicación social ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación deberá cumplirse en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de su conformación. QUINTA.- El Ministerio de Finanzas, en un plazo no mayor a 90 días desde la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, provisionará los recursos del Presupuesto General del Estado para que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información


y Comunicación pueda funcionar; y transferirá dichos recursos una vez que los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación sean posesionados. SEXTA.- Los medios de comunicación audiovisual deberán alcanzar de forma progresiva las obligaciones que se establecen para la producción nacional y producción nacional independiente en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, empezando en el 20 % en el primer año, 40% en el segundo y 60 % en el tercero. La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, empezando en el 20% en el primer año, 35% en el segundo, 50% en el tercero. SÉPTIMA.- Los medios de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales que adoptaron la figura jurídica de empresas o corporaciones de derecho privado para obtener frecuencias de radio y televisión podrán convertirse en medios comunitarios en el plazo de hasta 180 días, luego de expedida la correspondiente reglamentación por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tiene un plazo no mayor a 60 días a partir de su conformación para expedir la reglamentación correspondiente. OCTAVA.- Dentro del plazo de hasta 180 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial, las personas naturales que son concesionarias de una frecuencia de radio o televisión de señal abierta podrán constituirse en una compañía mercantil o una persona jurídica sin finalidad de lucro, la cual previa autorización de la autoridad competente pasará a ser titular de dicha concesión de frecuencia, en los términos y plazos previstos en el contrato original de concesión a nombre de la persona natural; para tales efectos la autoridad de telecomunicaciones elaborará el reglamento respectivo. NOVENA.- Los trámites y procesos administrativos que se encuentren en conocimiento del CONATEL y la Superinten-

dencia de Telecomunicaciones que tengan relación con las competencias del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, o de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, establecidas en la presente ley, serán sustanciados y resueltos por el CONATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta la conformación de dichas entidades. Una vez conformadas las entidades previstas en esta ley, se les remitirá todos los trámites y procesos administrativos que sean de su competencia. DÉCIMA.- De conformidad con el informe presentado el 18 de mayo de 2009 por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, creada por disposición constitucional las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente; las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión; las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante seis meses consecutivos; las que se hayan arrendado por más de dos años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros; y, las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa, serán revertidas al Estado por la autoridad de telecomunicaciones, aplicando el debido proceso establecido en el reglamento que para estos efectos dicte la autoridad de Telecomunicaciones. UNDÉCIMA.- A efectos de avanzar progresivamente en la redistribución de las frecuencias de radio y televisión de señal abierta, las estaciones de radio y televisión, cuya concesión de frecuencia se extinga dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el Registro Oficial, quedarán prorrogadas hasta la fecha en que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca el procedimiento para optar por una nueva concesión. Dicha prórroga no podrá ser mayor a un año contado desde la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. DUODÉCIMA.- Las concesiones de radio y televisión abierta que han sido otorgadas a personas jurídicas de derecho público para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión continuarán funcionando hasta que se cumpla el plazo establecido en el respectivo contrato de conce-

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sión. En lo futuro se someterán a las reglas establecidas para la conformación de medios públicos establecidos en esta Ley. DÉCIMA TERCERA.- La publicidad que hasta la fecha en que se publique esta Ley en el Registro Oficial haya sido producida y difundida en los medios de comunicación en territorio ecuatoriano, que no cumpla las reglas para la producción de publicidad establecidas en esta ley, podrá seguirse difundiendo hasta por un plazo de un año. Una vez promulgada la Ley Orgánica de Comunicación se establece el plazo de 30 días para que productores y medios de comunicación cumplan con las normas establecidas para la producción y difusión de publicidad en el territorio ecuatoriano. DÉCIMA CUARTA.- En caso de fallecimiento de una persona natural concesionaria de una frecuencia de radio o televisión de señal abierta, el o la cónyuge y sus herederos continuarán haciendo uso de los derechos de concesión hasta que finalice el plazo de la misma. Si estas personas quieren participar en el concurso para renovar la concesión de la frecuencia se constituirán en una persona jurídica, en un plazo de hasta 180 días, y recibirán el beneficio del 20% del puntaje total al que hace referencia el Art. 105 de esta Ley. DÉCIMA QUINTA.- Los medios de comunicación incluirán en su programación o ediciones, contenidos en las lenguas de relación intercultural, en un porcentaje de al menos el 5% de su programación en un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. DÉCIMA SEXTA.- Quienes estén trabajando en medios de comunicación social o entidades públicas tienen plazo de 6 años para cumplir las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del Art. 42 de esta Ley. Los medios de comunicación y las entidades públicas otorgarán las facilidades de horario y de cualquier otra índole que se requieran para tal efecto.

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DÉCIMA SÉPTIMA.- Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas, podrán transformarse en concesiones comunitarias, sin fines de lucro. Dentro de estas organizaciones, las personas jurídicas que sean concesionarias de más de una matriz, a partir de la fecha en

que esta ley sea publicada en el Registro Oficial y hasta que terminen los contratos de concesión suscritos anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, podrán solicitar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación que, las frecuencias que corresponden a la o las matrices, sean asignadas a entidades que tengan u obtengan personería jurídica, y pertenezcan a la misma familia religiosa que las estaba operando, siempre que estas frecuencias sean destinadas por la organización religiosa al funcionamiento de medios de comunicación locales o provinciales. DÉCIMA OCTAVA.- A efectos de canalizar la prohibición establecida en el inciso final del Art. 6 de esta Ley, los medios de comunicación de carácter nacional que pertenezcan a organizaciones o compañías extranjeras; que tengan accionistas, o socios extranjeros; y, aquellas personas jurídicas extranjeras que se hayan domiciliado en el Ecuador para gestionar medios de comunicación social de carácter nacional; aplicarán, dependiendo de su situación el siguiente procedimiento: 1. Los accionistas, socios o propietarios extranjeros de los medios de comunicación social de carácter nacional, ya sean personas naturales o jurídicas que no residan legalmente en el territorio ecuatoriano tendrán que enajenar la totalidad de sus acciones, participaciones o equivalentes, a personas naturales o jurídicas que residan legalmente en el Ecuador. 2. Las compañías extranjeras que únicamente se encuentren domiciliadas en el Ecuador y a cuyo cargo esté la gestión de un medio de comunicación social de carácter nacional, deberán transferir el patrimonio del medio de comunicación a personas naturales o jurídicas ecuatorianas o personas naturales extranjeras que residan legalmente en el país, con la correspondiente autorización de la autoridad de telecomunicaciones cuando se trate de medios audiovisuales que sean concesionarios de una o más frecuencias de radio o televisión. El plazo para ajustarse a esta norma es de dos años contados a partir de la publicación de la presente ley en el Registro Oficial. En caso de que se incumpla con esta dis-


posición transitoria, la autoridad competente aplicará las siguientes medidas, según el caso: Las compañías ecuatorianas se encontrarán en causal de disolución de pleno derecho y seguirán el procedimiento establecido en el artículo 367 y siguientes de la Ley de Compañías. El Estado Ecuatoriano procederá a cancelar el permiso de operación concedido a la compañía extranjera siguiendo el procedimiento contemplado en los artículos 406 al 410 de la Ley de Compañías. DÉCIMA NOVENA.- Las compañías que tengan a su cargo la gestión de medios de comunicación social en las que el Estado, a través de las instituciones definidas en el artículo 225 de la Constitución de la República, sea accionista mayoritario, adoptarán en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial, cualquiera de las figuras jurídicas establecidas en la presente Ley para la conformación de medios de c0municación públicos o empresas públicas de comunicación. Los accionistas o socios privados minoritarios de compañías que tengan a su cargo medios de comunicación deberán enajenar de forma obligatoria su porción del capital social a favor de los accionistas o socios estatales que tienen la mayoría del paquete accionario o de las participaciones. Si dicha venta no se concreta por voluntad de las partes en el plazo establecido en el inciso anterior, la titularidad de las acciones o participaciones en cuestión pasará a un fideicomiso constituido por la Superintendencia de Compañías y administrado por la Corporación Financiera Nacional, previa resolución de incautación de dicho organismo de control. En un plazo adicional de hasta 120 días, un perito designado por la Superintendencia de Compañías fijará el justo precio de las acciones o participaciones transferidas al fideicomiso, precio que deberá ser cancelado al fideicomiso por parte de los accionistas mayoritarios. Una vez cumplido lo anterior, el fideicomiso transferirá la titularidad de las acciones o participaciones a los accionistas estatales mayoritarios y entregará a los antiguos accionistas privados minoritarios los fondos recibidos por su justo precio. Se exceptúan de esta disposición las com-

pañías cuyo paquete accionario ha sido incautado por el Estado ecuatoriano con posterioridad al año 2007 y que se encuentren en proceso de venta. VIGÉSIMA.- El número de nuevas frecuencias y señales de radio y televisión que se obtengan de la transición de la tecnología analógica a la digital será administrado por el Estado. VIGÉSIMA PRIMERA.- Todas las concesiones de frecuencias que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la administración de la autoridad de telecomunicaciones una vez que ésta haya realizado el debido proceso. En todos los casos en que se declare judicialmente la ilegalidad de una concesión, el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, reclamará obligatoriamente la reparación integral de los daños causados y la devolución al Estado de todos los beneficios económicos generados por el usufructo de una concesión ilegalmente obtenida. El incumplimiento de esta obligación será causal de juicio político de la o el Procurador General del Estado. Los terceros afectados por las transacciones ilegales realizadas con frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán reclamar por la vía judicial a quienes los perjudicaron. VIGÉSIMA SEGUNDA.- Todas las personas que recibieron frecuencias de forma ilegal hasta la entrada en vigencia de esta ley podrán devolverlas voluntariamente al Estado en el plazo de seis meses. En estos casos, el Estado se abstendrá de reclamar reparación alguna ni devolución de los beneficios obtenidos por los concesionarios. Esta exención no afecta el derecho de terceros para formular los reclamos judiciales que consideren convenientes. VIGÉSIMA TERCERA.- Hasta la fecha en que se conformen los Consejos Nacionales de Igualdad, el o la presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia actuará temporalmente en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Una vez que sean conformados los Consejos Nacionales de Igualdad, sus titulares elegirán su representante al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en un plazo no mayor de 30

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días. VIGESIMA CUARTA.- Las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión para el CONARTEL que no hayan sido expresamente atribuidas por esta ley al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación o a la Superintendencia de la Información y Comunicación, serán asumidas y ejercidas, en los términos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 8, del 13 de agosto de 2009, por el CONATEL hasta la expedición de una nueva Ley de Telecomunicaciones o una reforma de este cuerpo legal, por medio de la cual se legisle permanentemente sobre la administración estatal de las frecuencias del espectro radioeléctrico destinado a los servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción. DISPOSICIONES REFORMATORIAS PRIMERA.- Se suprime la expresión: “delitos y”, del Art. 4 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. SEGUNDA.- Se suprime la expresión “su transferencia a otros concesionarios, el arrendamiento de las estaciones y la cancelación de las concesiones” del literal d) del quinto artículo innumerado, añadido a continuación del Art. 5 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. TERCERA.- Se suprime la expresión “Administrar y”, del literal a) del sexto artículo innumerado, añadido a continuación del artículo 5 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. CUARTA.- Se añade “y económicos” al final del Art. 37 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. QUINTA.- Se añade “y administrativo” del literal d) del Art. innumerado añadido a continuación del Art. 5 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. SEXTA.- Se sustituye el 1er párrafo del Artículo 3 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, por el siguiente:

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“Art. 3.- Con sujeción a esta Ley, las personas naturales concesionarias de canales o frecuencias de radiodifusión y televisión, deben ser ecuatorianas o extranjeros residentes legalmente en el Ecuador. Las per-

sonas jurídicas deben ser ecuatorianas.” DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA.- Deróguense las siguientes disposiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión: El artículo 5; Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto innumerados, añadidos a continuación del artículo 5; Los literales f), g), h) e i) del quinto artículo innumerado, añadido a continuación del artículo 5; Los literales b) y c) del sexto artículo innumerado, añadido a continuación del Art. 5; Los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y el primer artículo innumerado, añadido a continuación del Art. 10; El último párrafo del Art. 14; Los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; El segundo párrafo del Art. 27; Los artículos 35, 39, 40, 41, 43, 43-A, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; Los tres últimos párrafos del artículo innumerado, añadido a continuación del artículo 55; Los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66; Los literales a), b), c), f), g), h) y j) y los párrafos penúltimo y último del Art. 67; y, Los artículos 68 y 69. SEGUNDA.- Deróguense la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 16 y 31 de la Ley de Defensa Profesional de Artistas, y todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que creen preasignaciones a favor de la Sociedad General de Autores y Compositores -SAYCE- y la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador -FENARPE-. DISPOSICIÓN FINAL La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de junio de dos mil trece. f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta.


f.) DRA. LIBIA RIVAS O., Secretaria General.

f.) Rafael Correa Delgado, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.

PALACIO NACIONAL, EN SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.Quito, 24 de junio de 2013.

SANCIÓNASE Y PROMÚLGASE.

f.) Dr. Alexis Mera Giler, SECRETARIO NACIONAL JURÍDICO.

El REGISTRO OFICIAL no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales,los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo. Asimismo, los editores de esta publicación no se responsabilizan por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contiene la Ley de Comunicación.

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Sí, un estado de propaganda en vez de un Estado constitucional de derechos y justicia. Con la Ley de Comunicación esa será la principal política pública. Consiste en callar a todos y solo dejar que hable el poder; silenciar la disidencia, abolir la crítica y poner todos los parlantes a la propaganda gubernamental. César Montúfar (en Diario El Comercio, 17.06.2013)

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Esta es una publicación de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Julio de 2013 Las viñetas son de Asdrúbal (Hoy), Bonil (El Universo), Chamorro (La Hora), Pancho (El Comercio, Roque (El Comercio) y Rafa (El Mercurio).


ARIAS

Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, Premio Nóbel de la Paz 1987

“Cortar las libertades individuales es un fenómeno que se da siempre. Lo primero que hace alguien cuando quiere tomarse el poder es evitar la crítica, es restringir la libertad de prensa, por ejemplo, y eso, ciertamente, pienso que es lo que ha pasado en Ecuador con la nueva Ley de Comunicación, que ha sido aprobada. Eso es un retroceso para el Ecuador”. (En Diario El Comercio 04.07.2013)

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