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Año 3, N°17

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Contenido de edición Lic. Aníbal Mauricio Paz

Abogado e internacionalista. Egresado de PUCMM-STI. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Miembro e investigador del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales (CDRI) y del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI).

“Las razones del otorgamiento de asilo a Julian Assange” Pág. 8

Luisa M. Lantigua C.

Estudiante de Derecho PUCMM-STI

“La propiedad intelectual: un mecanismo efectivo para el desarrollo nacional” Pág. 1

Lic. José A. Grullón Especialista en Derecho Tributario y Administrativo, profesor de la PUCMM

“El Derecho de acceso a la justicia administrativa en la República Dominicana” Pág. 1O

Lic. Gustavo J. Mena G.

Abogado, consultor y prestador de servicios ambientes, fue el 1er Consultor Jurídico y Director Legal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Rep.Dom. (20002005), profesor de la en la universidad PUCMM, autor de la obra “Temas de Derecho Ambiental Dominicano”.

“Constitución política de la República Dominicana. Norma fundamental e instrumento de la gestión ambiental” Pág. 12

Dr. Cándido Simón

Director del Bufete de abogados Simón y Simón, encargado de asuntos internacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Corredactor del Código Procesal Penal. Ha sido docente en PUCMM en el área de postgrado y de UNIBE.

“La Contrarreforma de la Reforma Procesal Penal” Pág. 17

Roberto Medina

Estudiante de Derecho PUCMM-CSTA

“La libertad limitada de los internos” Pág. 3

Rosa Antuña

Estudiante de Derecho PUCMM-STI

“La política ambiental y las energías renovables” Pág. 5

Henry Manuel Herrera

Estudiante de Derecho PUCMM-STI

“Discúlpenme, pero “darle pa’bajo” no es la solución” Pág. 6


Editorial Comité Editorial

-Carta a los lectores-

Daylin Méndez

“La verdadera tragedia es la del hombre que nunca en su vida se impulsa para un esfuerzo supremo, nunca utiliza todo su potencial, nunca llega a su estatura plena.”

Henry Manuel Herrera Paloma Núñez Leonte Read

-Arnold Bennett

Desde el primer momento en que la luz se filtra por sus pupilas, adquiere el

hombre responsabilidades. Ligeras algunas, pesadas muchas otras, pero todas valiosas para conformar su carácter; ser triunfador o mediocre es pues una decisión propia. Le Journal, como medio informativo, toma conciencia de que los sacrificios impuestos por la vehemencia de nuestras almas y la serenidad de nuestras mentes, resultan necesarios cuando la meta a que se aspira es la superación constante. Nuestro mayor compromiso, aquel que nos impulsa a obviar trabas y acoger quehaceres, es para con ustedes, estimados lectores; porque las destrezas que puedan o no cultivar, despejarán los horizontes de las generaciones venideras o bien entorpecerán su marcha. Así, nos encontramos con esta nueva edición de Le Journal que, sin hacer uso exagerado de la modestia, esperamos sea de su agrado. Agradecemos el apoyo que hasta ahora nos han brindado y, en estas fiestas navideñas, les extendemos un caluroso abrazo y les deseamos que en su corazones figure la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de que el año próximo sea mejor y más productivo. Recuerden prendar la alegría en sus espíritus para que las bendiciones fluyan en sus vidas, el Comité Editorial.

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A nuestros queridísimos lectores: Las palabras no constituyen meros fonemas o conjuntos de grafías. En ellas radica el poder del ser humano, como criatura que se eleva por encima de todas las formas de vida de las que se tiene conocimiento, porque es a través de la comunicación con sus semejantes que el hombre adquiere las destrezas que otorga la razón y la capacidad para dirigir los designios que ha de seguir durante su corta existencia. Pensar sobre algo en determinado, agrupar las frases que sucesivamente surgen en nuestras mentes, estructurarlas y plasmarlas en papel para que otros las juzguen y de ellas se enriquezcan… ¡Ah sencillo y distinguido placer! Hay pocas satisfacciones que son más gratas que la de liberarnos de los pensamientos que discurren en nuestro espíritu y hacernos entender, que el mundo vea quiénes somos y qué tenemos para decir. En los últimos años, nuestro país, la tierra que acunó nuestros primeros llantos, ha sido agobiado por problemas de naturaleza diversa, pero eso ustedes ya lo saben. Lo que quizá desconocen es que el poder para cambiar las realidades adversas reside en sus manos, en la gracia de sus sonrisas, en la tenacidad de sus ideales, en el filo de sus plumas. Por tal razón, les exhortamos a que sean proactivos y expresen lo que sienten, recordando siempre que el respeto a otros es vital. Le journal, abrazará sus ideas y si así lo permiten, será eco de sus voces para que retruenen más alto y más lejos. Pueden enviar sus escritos a nuestra dirección electrónica: lejournalsti@gmail.com O contarnos en facebook y Twitter: @LeJournalSTI; Le Journal STI. Los artículos deberán cumplir con los siguientes requisitos: Temas: Los tópicos analizados deben estar relacionados con el derecho, en cualquiera de sus formas, o deben referirse a problemáticas sociales de momento. Extensión: Los artículos contarán con una extensión máxima de 5 páginas o 3000 caracteres; en letras Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple. Referencias bibliográficas: Las fuentes utilizadas en la redacción de los artículos, deberán ser citadas conforme a lo establecido por el modelo de la APA. Autor: La semblanza y una fotografía del autor deberán ser incluidas junto con el material del artículo. Anexos: Los artículos pueden acompañarse de material anexo que contribuya a una mayor comprensión por parte de los lectores. Ejemplos: fotos, mapas, gráficos, etc. Las fuentes de donde se extrajeron los anexos deberán ser citadas. Importante: Los artículos presentados deberán ser fruto de las reflexiones y consideraciones originales del autor. El plagio, en cualquiera de sus vertientes, es responsabilidad exclusiva de los redactores.


Resumen de actividades 1

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1. “Estudio Jurídico de la Ley y Reglamento de Migración”, a cargo del Lic. José Ricardo Taveras, Director General de Migración. 2. “Taller de Plan Binario”, a cargo del Juez del Tribunal Constitucional y antiguo Director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Dr. Víctor Joaquín Castellanos Pizano. 3. “Jornada de Reforestación”. Fecha: sábado 13 de octubre de 2012. 4. “Cine fórum con la película 12 hombres sin piedad”, el análisis y comentarios estuvieron a cargo del profesor de Derecho Penal Especial, Lic. Juan Santos. 5. Conversatorio: “La Ley de Administración Pública y los Proyectos Pendientes sobre Procedimiento Administrativo y de Salarios”, a cargo de las autoridades del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana. La actividad fue coordinada por los profesores de Derecho Administrativo, Lic. Josefina Almánzar y Lic. José Grullón y por el profesor de Derecho Tributario, Lic. José Octavio Reinoso. 6. Puesta en circulación de la obra: “El lenguaje de la constitución dominicana” del Lic. Fabio Guzmán Ariza, presidente del Consejo Editorial y Director de publicaciones de Gaceta Judicial. El prólogo estuvo a cargo del Director de la Academia Dominicana de la Lengua, Dr. Bruno Rosario Candelier y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora del Dpto. de Ciencias Jurídicas, Lic. Ylona de la Rocha. 7. Los estudiantes de Derecho de PUCMM STI junto al destacado jurista, Lic. José Lorenzo Fermín, en el seminario: “Análisis del Proyecto de Ley del Nuevo Código Penal Dominicano”, celebrado en el auditorio del Poder Judicial de la República Dominicana. (Suprema Corte de Justicia). El Lic. José Lorenzo Fermín es uno de los redactores del nuevo código penal. Los redactores fueron designados por el Poder Ejecutivo a través del decreto 104-97. 8. Etapa final de la “IV Edición de la Competencia de Derecho Penal, Lic. Leoncio Ramos”, en la foto se muestran quienes llegaron a la final tras un arduo desempeño a lo largo de la competencia y las rondas de eliminación previas. El jurado estuvo compuesto por expertos, jueces, abogados y profesores del Derecho Penal. 9. Charla: “Tenencias de las tierras”, a cargo de la magistrada Ana Evelyn Luciano, Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original. 10. Actividad navidena con los niños de Acción Callejera organizada por el Decanato de Estudiantes y las asociaciones estudiantiantiles de la PUCMM . (Ver contraportada)


La Propiedad Intelectual: un mecanismo efectivo para el Desarrollo Nacional Por: Luisa M. Lantigua C. errónea cultura de pensar que los derechos de Propiedad Intelectual son un canal para imponer costos más altos para la sociedad; cuando, muy por el contrario, han surgido pensando en y para ella. Tanto la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial como la Ley 65-00 sobre Derechos de Autor, específicamente en uno de sus considerandos, atribuyen como causa de su establecimiento la necesidad de la adecuación legislativa e institucional, teniendo en Los Derechos de Propiedad cuenta el mejor interés nacional. Intelectual (PI) fueron establecidos El siguiente paso radica en crear a nivel internacional en el siglo XIX1 políticas públicas favorables y tan, como un mecanismo de restricción gibles que materialicen dichas ideas. al acceso al conocimiento y la creLa República Dominicana ación privada, pero también como un medio para alcanzar el bienestar aún no se ha percatado de la imporsocial. Lamentablemente, este úl- tancia y el papel de las instituciones timo aspecto de la balanza ha pas- vinculadas a este sector; por lo tanado a segundo plano, obviándose to, su sistema de innovación y cresu merecido carácter igualitario. ación constituye una pieza en plena formación. No obstante, debemos Por tal motivo, realizamos reconocer los esfuerzos realizados el presente espacio con la finalidad por algunas instituciones, así como de que todos seamos capaces de los avances económicos y sociales reconocer el papel inminente que en las últimas dos décadas, confijuegan tales derechos en el desar- ando plenamente en que allanarán rollo nacional, exigiendo un sistema el camino para mejores proyectos. efectivo donde exista el equilibrio El Estado dominicano debe entre el control privado y el acceso comprometerse con el impulso social. Debemos terminar con la

de la innovación, la creatividad y la transferencia de tecnología, teniendo como fin último garantizar que el sistema de Propiedad Intelectual produzca beneficios sociales y económicos, al servicio de todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros en el país. ¿Cómo se puede lograr esto? Definitivamente, el primer paso es el diálogo. Un diálogo abierto que involucre a la comunidad para que exponga sus ideas e incorpore sus opiniones, seguido de una serie de campañas tendientes a romper con la creencia popular antes referida, para que el público conozca y respete mejor estos derechos. Una vez canalizados tales objetivos, podremos hablar de programas más ambiciosos que procuren la colaboración del gobierno y las empresas privadas. La Propiedad Intelectual puede servir de gran a ayuda al combate contra grandes problemas de la esfera pública, tales como: el cambio climático, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud. La clave está en cómo la manejamos. En este sentido, si bien es cierto que entendemos que refugiarse detrás de las fronteras nacionales no es la mejor opción, ya que se tratan de problemas que enfren-

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Ver la Convenio de Paris de 1883 y la Convenio de Berna de 1886.

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tan todos los países del mundo, no debemos esperar que alguien más se ocupe de nuestros intereses en la esfera jurídica internacional. La República Dominicana cuenta con personas capacitadas y con una gran cantidad de jóvenes prometedores, ventaja que, combinada con la adecuada utilización de los recursos, puede lograr la consecución de obras de considerable envergadura para la sociedad ¡Imagínense todo lo que se puede lograr con un mayor incentivo en la agricultura y agroindustria en el país! Y ni hablar de nuestros precarios sistemas de salud y educación… Esperamos que nuevos proyectos sean tomados en cuenta paulatinamente, tanto en el sector público como privado y que con la superación de la ineficiencia del sistema y la reducción de las barreras, se reconozcan los beneficios que aporta la Propiedad Intelectual. Tal como dijo David Lammy: “Debemos creer en el sistema, que este puede y hará la diferencia.”2

Éstas son las últimas estadísticas de la pasada Edición Verano 2012. Ayuda a Le Journal a crecer regando la voz accede a:

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David Lammy. En su discurso en la Conferencia Internacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Cuestiones de Política Pública, celebrada en Ginebra los días 13 y 14 de julio 2009. 2

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La libertad limitada de los internos Las personas privadas de libertad poseen un status jurídico particular… Por: Roberto Medina Reyes

todos los reclusos deben gozar de los derechos y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, tales facultades subjetivas deberán extenderse, en caso de que el Estado al que se pertenece sea signatario, a aquellas señaladas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo; al igual que los demás instrumentos u organismos de las Naciones Unidas1.

Durante los

últimos años, hemos sido parte de una gran polémica sobre la protección de los derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios. Sentencias recientes, emitidas por el Tribunal para la Ejecución de la Pena, han establecido que los internos poseen derechos que le son inherentes al ser humano, independientemente de que hayan sido declarados culpables de la comisión de un ilícito penal. Por consiguiente, con excepción de las limitaciones necesarias para el encarcelamiento,

Si bien es cierto que, según lo estipulado en el Artículo 436 del Código Procesal Penal, “el condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y el código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley”; no menos cierto es que la persona privada de su libertad posee un status jurídico particular, ya que es un sujeto titular de derechos fundamentales pero también estos derechos contienen limitaciones derivadas de su situación de reclusión. La regla es la protección de esos derechos fundamentales y la excepción, la restricción de alguno de ellos.

En esta ocasión, haré una pequeña introspección en el derecho a la libertad de expresión, cuya restricción va a depender del contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Resulta obvio que la comunicación con el exterior es una manera de que el condenado pueda seguir formando parte de la colectividad, y así evitar su desarraigo social. No obstante, uno de los objetivos primordiales de las penas y medidas preventivas de libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. El derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado, desde un principio, en la Constitución de la República Dominicana cuando establece que “el disfrute de esas libertades se ejercerá respetando el derecho de honor, a la intimidad, a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”. Existen crímenes que, por su magnitud, afectan de manera directa a la moral de la sociedad y por ende, generan desconcierto entre los ciudadanos. Por tal razón, considero que el derecho de libre expresión debe estar esmeradamente supervisado y limitado para las personas

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Artículo 5 del Manual de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República.

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que incurren en tales acciones delictivas y que se encuentran privadas de su libertad, hasta tanto cumplan con la pena asignada a su comportamiento antijurídico. Como afirma el afamado biólogo francés, Alexis Carrel, “el sentido moral es de gran importancia, pues cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe”. Las comunicaciones de los internos, especialmente cuando son establecidas a través de medios masivos: redes sociales, periódicos y programas de televisión, pueden ayudar a concientizar a las personas para que no desarrollen un comportamiento inapropiado; no obstante, también pueden ser utilizadas para influen-

ciar negativamente el accionar de la cen publicaciones sin la autorización población, contribuyendo con el au- de las instituciones encargadas. Una mento de conductas adversas a la ley. forma en la que puede ser condicionado este derecho fundamental Los centros penitenciarios sin violentar su ejercicio, es a través deben respetar el derecho de expre- de la intervención y la suspensión sión que tienen los reclusos, y sobre o restricción de algún comunicado todo, garantizar que el mismo sea il- concreto, ya que, evidentemente no imitado e íntimo en ocasiones, para es necesario ser un psicólogo para que puedan disfrutar de la confi- comprobar que el estado mental de dencialidad de la comunicación con una persona que roba o que comete familiares, amigos, abogados o con un homicidio voluntario por alguna otros profesionales; empero, cuando causa en determinado, es el mismo se trata del intercambio con medios estado que ostenta una persona que masivos que influyen en la opinión y incendia su propiedad con sus hijos el criterio popular, deben supervisar dentro o que propicia a un niño una las informaciones y/o opiniones que gran cantidad de puñaladas. puedan generar intranquilidad en la sociedad y no permitir que se reali-

Conmenmora el bicentenario de Duarte escribiendo... Haz que tus palabras perduren. Revive su memoria enviando tu artículo a lejournalsti@gmail.com antes del 20 de enero 2013 Edición de Enero dedicada a Juan Pablo Duarte. 26 enero 2013

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La política ambiental y las energías renovables Por: Rosa Antuña Actualmente, el mundo se encuentra subsumido en un proceso de cambio y reestructuración que, en vista de los problemas que plantea el posible agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales, debe encaminarse hacia la seguridad integral y el desarrollo sostenible de las naciones. La crisis energética que sufre la República Dominicana representa, a todas luces, un obstáculo para los sectores de producción, y por tanto, para el desarrollo de nuestra economía y los ámbitos social y político sobre los que ella ejerce su singular influencia. A raíz de esto, nuestras industrias y empresas de menor tamaño (PYMES) luchan contra una desventaja competitiva en el mercado laboral internacional, que las legislaciones se han proyectado superar con la puesta en vigor de ciertas medidas de protección innovadoras.

Así, el 7 de mayo del 2007 se promulga la Ley de incentivo No. 57-07 que establece los aspectos necesarios para introducir, de manera eficiente, este tipo de energía renovable y que prevé la concesión, por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de exenciones fiscales. De tal forma, se pretende contribuir al objetivo nacional de ser un ‘’país carbono neutral’’, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, el Estado dominicano ha ratificado convenciones y acuerdos internacionales, como son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Es de conocimiento general que el país no cuenta con fuentes fósiles en cantidades comerciables y por ende, debe recurrir a la importación de las mismas. Resulta pues de vital En los últimos años, la República Dominicana interés para el Estado promover la creación ha dado los primeros pasos para la creación de de nuevas tecnologías energéticas que le imun cuerpo jurídico que regule lo concerniente pulsen a alcanzar un desarrollo sostenible, al uso y explotación de energías renovables. avalado y protegido por normas jurídicas.

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Discúlpenme, pero “darle pa’bajo” no es la solución “La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas”. Juan Pablo II

no obstante, es ese mismo procedimiento el que permite garantizar que no se irrespeten ni los principios que rigen el ordenamiento jurídico ni los derechos fundamentales.

La delincuencia ha per-

meado nuestra sociedad, que no quepa la menor duda; si tomamos un periódico y lo exprimimos chorreará la sangre de cientos de ciudadanos que cayeron abatidos por las crueles y despiadadas manos de bandidos. Los ejemplos abundan, sólo basta encender la radio o la televisión, leer la prensa o escuchar los relatos de quienes nos rodean; siendo esto un indudable presagio de que las medidas que se han tomado para combatir la violencia y la criminalidad han fallado, y que debemos implementar otra estrategia encaminada a solucionar este infierno dantesco del diario vivir.

La medicina para curar la enfermedad delincuencial debe ser de tipo preventiva, puesto que es más fácil evitar que algo ocurra que tratar de solucionarlo una vez que el daño esté cometido. Aumentar los niveles de represión traerá más odio y daño (y esto se puede sustentar con filosofía); ¡no nos engañemos! Es inútil aumentar las penas del código penal y/o del código del menor sin una política dirigida a corregir los problemas sociales que acarrean que un joven, con un futuro por delante, caiga en las garras de la delincuencia; y si no existe esta prevención, entonces las penas no resocializarán; mas, sólo seguirán aumentando la marginalidad.

Empero, para quienes están obligados a dar el ejemplo, es más fácil apostar a la represión y ordenar a los encargados del “orden público” a que acaben con la vida de los delincuentes. Quienes, aunque suene extraño para algunos, tienen derecho a ser reintegrados a la sociedad, si No hay una sola persona nuestras cárceles les ofrecieran un que no se sienta indignada ante es- sistema de reinserción óptimo; pero tos hechos sangrientos; sin embargo, ese es otro tema fallido y del cual tomar justicia por nuestras propias nos ocuparemos en otro momento. manos no es la solución. La Ley del La ciencia, entendida como Talión ya no está vigente. Existe la el máximo saber en todas las ramas, justicia, aunque a veces es injusta por todo el procedimiento que conlleva; ha demostrado que existen circun-

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Por: Henry Manuel Herrera stancias que causan que un hombre delinca, cabe destacar algunas escuelas cuyos aportes a la humanidad son extraordinarios, verbigracia, la escuela positivista, que tuvo como exponentes a los italianos Cesare Lombroso con su teoría del delincuente nato, teoría que, a mi juicio, ya no se corresponde con la realidad; Enrico Ferri con su tesis de que el hecho de delinquir se debía a la conjugación de 3 factores: físicos, individuales y sociales y Raffaele Garofalo, quien acuña por vez primera el término criminología, con su planteamiento de la anomalía moral y trastornos psicológicos. A esta escuela le siguen las escuelas antropológicas y sociológicas, las cuales encuentran en Vidal y Magnol el núcleo de su planteamiento, el cual consiste en que la acción no se debe a la voluntad libre, sino a elementos tanto externos como internos que condicionan la conducta del ser humano, y esto es lo que conviene destacar, los elementos externos (sociales) que hacen que el hombre delinca. La sociología considera esos últimos como los fundamentales y de hecho yo también. Antes de juzgar debemos analizar a profundidad lo que mueve a una persona a delinquir. Y en esa ponderación o investigación, si se quiere decir así, encontraremos que existen nexos comunes entre los delincuentes, tales como: problemas económicos, conflictos familiares, pobreza, desempleo, bajos niveles de educación y situa-

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ciones que torcieron la conducta del niño, hoy adulto, y lo condujeron a no distinguir entre el bien y el mal y a no buscar la virtud, virtud de la que hablaban los griegos. Resulta irónico que quienes están llamados a defender y a legislar a favor de la Carta Magna (ojo, no todos) sean los que propugnen que se lesione el bien jurídico (sagrado) que es la vida. Que no solo está vigente en el art. 37 de nuestra Constitución, sino que también está consagrado en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y por una gran cantidad de Tratados Internacionales que nuestra República ha firmado y ratificado y que, por ende, está obligada a respetar. La doctrina francesa utiliza la locución bloc de constitutionnalité para referirse a este conjunto de normas supraconstitucionales1. ¿Quién no se ha sentido impotente al ver como sufren nuestros seres queridos por los actos delincuenciales?; ¿cuántas lágrimas no se han derramado por parte de quienes han perdido a alguien por culpa de este mal?; pero, a pesar de todo, es al Estado y no a nosotros, a través de uno de sus poderes, a quien le corresponde juzgar a los transgresores de las normas, porque no vivimos en una selva, hemos hecho un contrato social con el Estado para que sea éste el garante de nuestros derechos; Ahora bien, lo que sí debemos exigir es que se cumplan las leyes y

que se invierta en medidas preventivas para que se regulen los factores que pueden incidir, aunque de manera indirecta, en el aumento de los crímenes, por ejemplo, el morbo televisivo, los programas radiales de chabacanería, la cultura musical (la letra de las canciones, incluyendo videos musicales, los cuales, en su mayoría, solo promocionan la discriminación de género, el sexo, la violencia y las drogas y que se convierten en prototipos para la juventud), los videojuegos violentos2, las películas morbosas que dominan el mercado y más recientemente las telenovelas de narcos que convierten en mártires a quienes en el pasado fueron monstruosos criminales y van penetrando poco a poco en el subconsciente de nuestros jóvenes, confundiéndoles la mente.

está interconectado, como si fuese un círculo vicioso del cual muchos no pueden salir, a menos que le tendamos la mano y mientras no lo hagamos seguiremos siendo víctimas de este sistema que nosotros mismos hemos creado con nuestras acciones, omisiones e indiferencias. Más que fomentar la represión y aumentar las penas, mejor aumentemos la igualdad, fomentemos las oportunidades, garanticemos un sistema óptimo de salud, educación, sobre todo a quienes vienen subiendo, porque como dijo Pitágoras (sic) “educad al niño y no será necesario castigar al hombre”. En un próximo artículo destacaremos cómo la indiferencia social pueda llegar a afectarnos y el peligro que conlleva que veamos todos estos hechos de sangre como algo normal, debido a la frecuencia con que ocurren y a Así pues, como se ha podido la cual nos tienen acostumbrados. esbozar a lo largo de este artículo, el tema de la delincuencia es más complejo de lo que parece, no se soluciona con “dar pa’bajo” ni con aumentar las penas, eso es lo más fácil y muchas veces el camino más fácil hace que nos cueste más “la sal que el chivo”. Esto requiere de un estudio pormenorizado de nuestro entorno social y si logramos corregir dicho entorno, lograremos no solo disminuir la delincuencia, sino también corregir un sinnúmero de males como la desigualdad social, la pobreza, el analfabetismo, la indiferencia social, el pesimismo colectivo que provoca que se cumplan las profecías del efecto Pigmalión, entre otros; porque todo queridos amigos

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Véase al respecto, Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. I. Santo Domingo, República Dominicana. 2010, p. 214. Tras la cruel matanza de Newtown, Connecticut, el senador estadounidense por el Partido Demócrata, Jay Rockefeller, ha propuesto al congreso norteamericano la realización de un estudio encabezado por la National Academy of Sciencies (Academia Nacional de Ciencias) para determinar el impacto que tiene en la mente de los jóvenes los videojuegos con violencia. Quien cometió el crimen, Adam Lanza, pasaba horas muertas en el computador y jugaba videojuegos sangrientos y de guerra. 1

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Las razones del otorgamiento de asilo a Julian Assange Por: Lic. Aníbal Mauricio Paz El caso de Julian Assange, fundador y editor del controversial portal Wikileaks parecería el libreto de una película de Hollywood o una novela de conspiración y persecución. Sin embargo, se trata de una situación real con un amplio crisol de consecuencias para los actores directos y para la comunidad internacional en el sentido más amplio. Actualmente, Assange enfrenta varias acusaciones por parte de la fiscalía de Suecia por alegadas violaciones. En el ínterin del conocimiento de la acusación ante los tribunales suecos, logró trasladarse a Reino Unido donde más tarde la justicia británica ordenó su extradición a Suecia, rechazando los alegatos de su defensa que afirmaban que Assange no tendría un debido juicio por causa de intereses políticos y presiones de los medios de comunicación.

rogarnos ¿Por qué Julian Assange eligió este país? ¿Qué interés tiene el gobierno de Rafael Correa al otorgarle el asilo? A continuación intentaremos, desde nuestra perspectiva, dar posibles respuestas. La República del Ecuador tiene una conocida tradición de otorgar asilo y refugio internacional. De hecho, se trata de un reconocimiento constitucional establecido en el Art. 41 de su Carta Magna (2008) que declara que: “Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia”.

Es así como el Ecuador se ha convertido en la nación con la población de refugiados más alta de América Latina. La mayoría la constituyen personas que huyen del conflicto armado colombiano; aunque también se han beneficiado personas de distintas partes del mundo. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Esta decisión del Ecuador hasta finales de 2011 Ecuador había llama la atención y nos lleva a inter- recibido más de 150,000 solicitudes En una inesperada y arriesgada movida, el 19 de junio del presente año, Assange se refugió en la embajada de la República del Ecuador en Londres, donde solicitó asilo diplomático. Tras varios meses de estudio de la petición y teniendo a Assange refugiado en la embajada, el gobierno ecuatoriano decidió acoger la solicitud.

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de asilo y reconocido más de 55,000. Es importante resaltar que mediante el Decreto N° 3.301 del 6 de mayo de 1992, el Ecuador ha incorporado las disposiciones contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, así como la definición ampliada de «refugiado» según la Declaración de Cartagena de 1984. De esta forma, además de la concepción contenida en la definición tradicional, el Ecuador reconoce como refugiados a: las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras

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circunstancias que hayan pertur- legal el artículo 230 del código pebado gravemente el orden público. nal ecuatoriano que impone multas y hasta dos años de prisión para el De tal manera, encontramos causante que exprese “amenazas la respuesta a la primera pregunta o injurias que ofendan al presi¿Por qué Julian Assange eligió este dente”, mientras que la demanda país? Por su larga tradición de otor- contra El Universo se basó en el gamiento de asilo a refugiados y por artículo 489 del mismo código que adoptar el concepto ampliado de define a la injuria calumniosa como esa figura, dentro de la que se en- la “falsa imputación de un delito”. marcó la situación particular de Assange, según la interpretación dada Las reacciones nacionales e por las autoridades ecuatorianas. internacionales no se hicieron esperar. Human Rights Watch declaró No obstante, que el que “las acciones del presidente CorEcuador aceptara la solicitud de rea, destinadas a iniciar procesos peasilo lleva de trasfondo una razón nales contra sus críticos, constituyen política especial, por encima de una ofensiva directa contra la libersu tradicional acogida a refugia- tad de expresión”. La Organización dos y el interés de proteger los de los Estados Americanos (OEA) derechos del creador de Wikileaks. y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un El gobierno de Rafael Correa llamado a eliminar los artículos ha recibido duras críticas por parte del Código Penal sobre el desacato de la opinión pública internacional (230, 231, 232, 233), por considerar y de la comunidad internacional por que constituyen violaciones a los los choques que ha tenido con los derechos humanos. Los medios demedios de comunicación naciona- mandados recibieron un gran apoyo les. De hecho, muchos acusan a su de otros medios nacionales e intergobierno de coartar la libertad de nacionales, gremios de periodistas prensa y opinión. Mientras que Cor- y comunicadores y de una buena rea se defiende, alegando que los parte de la población ecuatoriana. medios con los que ha habido conflictos forman parte de la oposición Para febrero del presente y que por lo mismo, distorsionan año, Rafael Correa decide perdonar las informaciones para presentar a los acusados y desistir de los prouna mala imagen de su gestión. cesos en curso; pero el daño a su gestión, tanto a nivel nacional como La situación llegó a un frente a la comunidad internacional, nivel tan intenso, que los tribu- ya estaba hecho. Muy tarde cayó nales ecuatorianos conocieron de en cuenta de que el nivel de aprodos demandas interpuestas por el bación de su gestión disminuiría propio presidente Correa contra considerablemente, lo que de forma los diarios La Hora y El Universo. indudable influye en su interés de Asimismo, entabló una demanda ser reelegido como presidente en contra los autores del libro El Gran las elecciones de febrero de 2013. Hermano por supuestas calumnias. Así, encontramos la respu La demanda contra La Hora esta a la segunda interrogante ¿Qué tuvo como principal fundamento interés tiene el gobierno de Correa

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al otorgarle asilo a Julian Assange? Es una oportunidad de oro para limpiar su imagen internacional, otorgando el asilo a una persona perseguida por publicar informaciones sensibles de alegado interés público. Irónicamente, se trata de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa por la que el gobierno de Correa ha sido criticado. Como podemos apreciar, las buenas intenciones del Ecuador traen consigo más intereses que la mera protección de los derechos de Julian Assange. Si bien le ha sido otorgado el asilo diplomático, Assange necesita recibir un salvoconducto por parte de Reino Unido con el cual se garantice su traslado de Londres a Quito. Mientras tanto, la historia continúa.

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El Derecho de acceso a la justicia administrativa en la República Dominicana Lic. José A. Grullón

dible con la disertación “Los Principios del Proceso Contencioso–Administrativo en la Constitución de la República Dominicana’’. Llamó la atención su afirmación de que en la República Dominicana no puede haber una tutela judicial efectiva mientras sólo haya un único Tribunal Contencioso Administrativo con sede en la Capital de la República.

Este artículo no pretende ser un ensayo sobre el derecho de acceso a la justicia, más bien es una reflexión o una inquietud que deseo compartir con ustedes.

Con motivo del congreso internacional administrativo Doctor Raymundo Amaro Guzmán, celebrado en Santo Domingo del 12 al 14 de Septiembre del 2012, con la participación de cincuenta de los mejores publicistas de toda Iberoamérica, incluyendo Francia, se trataron temas como: los fundamentos constitucionales del Derecho Administrativo, el procedimiento administrativo, la organización administrativa, la contratación pública, el servicio público, la responsabilidad del Estado, el arbitraje y la justicia administrativa. Sobre este último tópico debo resaltar la ponencia del venezolano Víctor Hernández Men-

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Ciertamente, el artículo 69 de la Constitución dominicana se refiere a la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso y considera entre las garantías mínimas el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. ¿Existe una verdadera tutela judicial para un ciudadano del interior del país que, para interponer un recurso de primer grado en contra de la administración, debe acudir a un tribunal ubicado en la capital de la República?, ¿A qué oficina de abogados acudiría preferentemente el ciudadano del interior del país que va a litigar por primera vez en contra del Estado Dominicano? ¿Cuál es el costo que representa trasladarse a Santo Domingo en comparación a un residente en la sede del tribunal? ¿No crea este desequilibrio ciudadanos privilegiados, en violación al principio de igualdad previsto en el Artículo 39 de la Constitución? ¿No inhibe el ejercicio del derecho de defensa y de acción ante la justicia administrativa? ¿No es en conse-

cuencia una verdadera y absoluta denegación de justicia? En realidad, nos encontramos frente a reminiscencias del viejo Estado de Policía en contraposición al Estado de Derecho. En este sentido, Agustín Gordillo, el publicista argentino, comenta: ‘‘la cantidad de jueces es tan exigua en materia administrativa como para cuestionarse si en verdad existe jurisdicción a la cual acudir en procura de justicia contra la administración pública’’. Las consecuencias ¿O motivos quizá? De este estado de cosas saltan a la vista: se reafirma la irresponsabilidad del Estado y su inmunidad frente a posibles demandas; aunque la Constitución, la ley y la jurisprudencia dispongan todo lo contrario. Pero lo que más preocupa es el silencio y la desidia de sectores vinculados al ejercicio del derecho administrativo que, en lugar de promover la creación de tribunales administrativos en todo el territorio nacional, justifican a la administración con argumentos que van desde la falta de recursos a la disgregación o debilitamiento de la justicia administrativa, o peor aún, a la insuficiencia de conflictos administrativos en las provincias del país, reafirmando con esto nuestra condición de ciudadanos de segunda. Según ellos, nos basta con los tribunales de primera instancia competentes para conocer de las controversias de naturaleza

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contencioso-administrativa que surjan entre los ayuntamientos y los particulares, en virtud de la ley No. 13-07 que modifica la ley 1494 de 1947 que instituyó el Tribunal Superior Administrativo. Debemos promover y exigir el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos a nivel nacional, pues lo contrario sería perpetuar la condición del Estadopolicía, una denegación de justicia solapada y una abierta violación al principio de igualdad. Me solidarizo con la propuesta de la Dra. Rosina De La Cruz Alvarado con la creación de tribunales contenciosos a nivel departamental, uno por cada corte de apelación, que faciliten a los ciudadanos un acceso verdadero a la justicia administrativa. Debemos reclamar este derecho constitucional porque al parecer, a otros destacados e influyentes sectores privados del área administrativa ni les afecta ni les interesa.

Novedades de la Suprema La solicitud de una medida conservatoria es, a diferencia de la materia civil, conocida en forma judicial, pública y contradictoria, tiene un canon de reforzamiento de las garantías procesales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Tomado de: http://www.suprema.gov.do/portada/todaslasnovedades.

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Constitución Política de la República Dominicana. Norma Fundamental e Instrumento de la Gestión Ambiental Por: Lic. Gustavo J. Mena G. en este caso) y cuya supremacía y jerarquía la preside la Constitución 1 . Y como instrumento jurídico es la norma, como indica el maestro JUAN MANUEL PELLERANO GOMEZ, “inicial en la jerarquía del ordenamiento jurídico. Siendo superior a las demás, todas se derivan de ella”.2 (Ver arts. 2, 5, 6 68, 69 y 74 de la Constitución, Reforma 2010).” Es la norma de mayor jerarquía estatal, y en ella se fundamenta el individuo, sociedad, colectividad. Éstos, a su vez, se organizan en órganos del Estado, donde todas las PRELIMINAR actividades del poder estatal “tienen lugar en virtud y en el marco de la Ya establecimos en el artícu- Constitución” , siendo por esto el lo anterior de este medio informa- derecho a modificar, completar e tivo especializado (“Constitución (en caso de polémica) interpretar Ambiental Dominicana” Le Jour- la Constitución considerado como nal, Boletín Informativo de los Es- prerrogativa del poder constituyente. tudiantes de Derecho (PUCMM), Esta subordinación de las año, 3, No. 16, Verano 2012, pág. demás normas a la constitución es 15 al 18.), que nuestra “Constitución es el vértice superior del manto nor- lo que produce la cohesión necesaria mativo ambiental u ordenamiento de las mismas para convertirse en un jurídico (un conjunto o sistema de ordenamiento jurídico, el cual originormas), las cuales existen y se vin- na la razonabilidad y la debida mateculan en un contexto, relacionadas o rialización de un Estado de derecho vinculadas entre sí y que conforma sujeto a sus preceptos constituciouna fuente del derecho (ambiental nales. Ante una insubordinación de una norma a estos preceptos se

justifica su aniquilamiento jurídico. La subordinación a la Constitución no es solo normativa, sino que tiene además como fin limitar las atribuciones de las instituciones y los poderes del Estado que ejercen nuestra representación4 y la vida política de nuestra nación. Esta supremacía constitucional ha prevalecido en las 38 reformas y en la actual la encontramos en los artículos 6 y 74, como vemos: “Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.” Este artículo establece la supremacía constitucional y en el art. 74, los cuatro principios para la aplicación y la interpretación de la Carta Magna: “1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales,

_______________________________________________________________________________________________________

1 A tales fines ver Suárez González, Carlos y Adriano Miguel Tejada, “El Concepto del Derecho y sus Principios Generales”, Contenido en el Manual Práctico para el Ejercicio de la Defensa “Constitución y Garantías Procesales”, PARME, Sto. Dgo., Rep. Dom., Edit. Amigo del Hogar, 2003, págs. 25 y 27. 2 Pellerano Gómez, Juan Ml. “Constitución y Política”, Sto. Dgo., Ediciones Capeldom, 1990, Op. Cit. Págs. 48 y 49. 3 González Rivas, Juan José “La Interpretación de la Constitución por el Tribunal Constitucional. Comentario Sistemático de la Constitución”. Pamplona, España, 2011 pág. 34 4 Pellerano Gómez, Juan Ml., Op. Cit. Ibíd. Citamos: “…las disposiciones constitucionales tiene como fin imponer limitaciones al poder político al establecerle normas y cortapisas a su ejercicio, y al hacerlo así, procede a la consagración indirectas de dicho poder.”

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respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad; 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.” La supremacía constitucional en nuestro país no se basta solamente de la Constitución (esto de la lectura de los arts. 3 y 10 de nuestra anterior Constitución), que la actual, mantiene en los arts. 26 y 68, sino que “asegurada mediante la jurisdicción constitucional y la primacía de la Constitución exige una limitación en cuanto al contenido de esta causa de la libertad política de formación del legistivo, lo que no significa que la Constitución tenga que limitarse a normas organizativa y regulaciones de competencias y procedimientos pues los derechos fundamentales como límites de los poderes del Estado o sea como frontera de la formación política son también parte integrante clásica del Derecho Constitucional”5. Esto ha sido acogido e interpretado por nuestra Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como Corte Constitucional y Cámara del

stitución se convierte en una realidad mediante el ejercicio del Control de la Constitucionalidad que en nuestro país, hasta la Reforma Constitucional de 1994, solo era posible por vía del sistema difuso, es decir como excepción en el curso de un proceso judicial entre partes. Con la indicada reforma se logra que mediante el control concentrado de la Constitución. Antes de esa reforma nuestra SCJ sentó como criterio jurisprudencial que “La disposición del artículo 46 de la Constitución de la República, lo que manda, en cuanto al orden judicial, es que todo tribunal o corte, en presencia de una ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución, surgido con motivo de un proceso, en cualquiera de las materias de su competencia, debe pronunciar su nulidad, aunque no lo hayan promovido las partes envueltas en el mismo, Muy temprano en nuestra esto es, de oficio, sin el cumplimienvida republicana esos preceptos to de ninguna formalidad, de cufueron interpretados y ratificados alquier naturaleza que sea”8. por nuestra SCJ como corte de caGESTIÓN AMBIENTAL sación cuando establece que: “La Constitución es la ley suprema del (GA) país, a la cual están subordinadas, en su formación, en su publicación, La gestión ambiental es el en sus aplicación e interpretación fruto de una coherente vinculación las demás leyes de la República, a e integración de una trilogía concualquier orden que pertenezcan, a formada por las normas (que nos la que están sujetos, en sus obliga- indican el qué, cómo y dónde hacciones y en su protección, indígenas er), las instituciones (que ejecutarán y extraños, así las personas públi- el hacer) y las políticas (que son cas como las particulares”. (Ver Su- todas las medidas y acciones para prema Corte de Justicia, 26 de mayo poder logra el hacer). Por eso, antes 1901, Gaceta Oficial No. 1431)7. queremos conceptualizar objetivamente el término gestión ambien Y la supremacía de la Con- tal o gestión del ambiente como el

Consejo que vemos en dos ocasiones, I) la sentencia sobre el Recurso de Amparo del 24 de febrero del 1999 (caso Productos Avon) y II) la Resolución 1920-1993 del 13 de noviembre del 2003 (que contiene Medidas Anticipadas al Nuevo Código de Proceso Penal) donde nos establece un sistema constitucional constituido por la normativa constitucional conformada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional nacional o local y la normativa internacional conformada por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)6. Denominándose este sistema como “bloque de la constitucionalidad” y condicionando éste la validez formal de la legislación adjetiva o secundaria.

_______________________________________________________________________________________________________ González Rivas, Juan José, Op. Cit. Pág. 37. 6 Meléndez, Florentín “Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. Aplicables a la Administración de Justicia. Estudio Constitucional Comparado:, San Salvador, Salvador, Imprenta Criterio, Págs. 27 y 28, cito aquí: “Puede notarse a este respecto la importancia de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que interpreta la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, y lo que es más relevante en el desarrollo jurisprudencial, incorpora dichos tratados dentro del “bloque de constitucionalidad, “ y le otorga igual importancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso, a las Opiniones Consultivas emanadas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos constituyendo todo ello un precedente en la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.” 7 Ver Gatón Richiez, Lic. Carlos “La Jurisprudencia en la República Dominicana. Doctrina y Legislación 1865-1938”, Sto. Dgo., Rep. Dom., Impresora Soto Castillo, 1989, Págs. 254 y 255. 8 B. J. 812, julio 1978, pág. 1476-77 5

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conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Queremos enfatizar sobre el término integral, de la misma manera que el ambiente en su conceptualización es un conjunto de elementos que de manera integral, como un todo, facilita el resultado de la gestión, así de esa misma manera la gestión del ambiente debe ser integral. Pues esto viabiliza el uso y manejo de los recursos y en la ejecución esperada. Y lo integral se refiere no solo al elemento objeto de la gestión (ambiente, recursos naturales o APs) o las decisiones que se tomen sobre objetos difusos y colectivos y del cual todos somos detentadores de derechos, sino que necesitan también de la participación de todas las fuerzas nacionales; esto es, Estado, sociedad e individuo. La gestión ambiental eficaz es un objetivo que debe lograr el vértice de la normativa ambiental: el Derecho ambiental como ciencia jurídica, esto como consecuencia de prevalecer el principio de prevención en las acciones del ser humano, en su interacción con el ambiente y junto al otro objetivo de lograr que ese ambiente de manera sostenible sea usado por las diferentes

generaciones. Esto propicia que el accionar del hombre sea racional, sostenible, preventivo, sistemático; es decir con un propósito y plan previo a su desarrollo y ejecución. Eso es gestión ambiental, dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. La norma, o la composición normativa de la gestión, forman un cuerpo sistémico de normas que de manera organizada, sistematizadas y con objetivos comunes regulan, en este caso, una materia con la finalidad de obtener objetivos precisos. Esa composición normativa constituye un ordenamiento jurídico o estatuto normativo (en este caso ambiental). El cual se entiende como “un conjunto normativo que gobierna determinada actividad o ramo especializado, y que puede hallarse integrado por normas de diferente naturaleza”9.

En cuanto a la GA como actividad de ordenamiento y actividad económica

Esa composición normativa, a partir de este siglo y nuevo milenio, sufre de las reformas que le permiten una cohesión y una sistematización verdaderamente ambiental. Ya contábamos con la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (LGMARN), y a partir del 2010 contamos con una Constitución Ambiental que junto a la LGMARN, los Tratados, Convenios, otras leyes y normas ambientales, perfectamente crean un campo coherente que permite en estos momentos hablar de un Derecho constitucional ambiental dominicano. Esta unidad del sistema parte necesariamente de la norma principal y básica de la sociedad, de la Constitución Política dominicana y sobre todo coincidimos con el español Raúl Canosa Usera cuando establece que esta “unidad y coherencia necesarias de la regulación ambiental arranca, como ocurre en casi todas las ramas del derecho, de la Constitución; ésta contiene los epígrafes generales de dicha regulación, a la que, de esta manera, dota de unidad de sentido. Toda la normativa ambiental y toda la acción pública en la materia quedan así dirigidas hacia los fines contemplados en la Constitución.”10 INSTRUMENTO DE LA GESTION AMBIENTAL La Constitución como norma principal constituye la base fundamental de donde se origina la Gestión Ambiental dominicana y que luego se delimita con las normas adjetivas (entre estas la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00 del 18 de agosto del 2000. Es por esto que de los artículos de nuestra Constitución verificamos las normas sustantivas de la gestión ambiental entre las que podemos destacar:

_______________________________________________________________________________________________________ Sentencia C-126/98, La Corte Constitucional de la República de Colombia, Santa Fé de Bogotá, primero (1) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), pág. 21. Canosa Usera, Raúl “Aspectos Constitucionales del Derecho Ambiental”, España, Revista de Estudio (Nueva Época), 94, Octubre – Diciembre, 1996, pág. 74.

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En cuanto al ambiente como bien jurídico y objeto de la gestión ambiental

En cuanto a la Gestión Ambiental (GA) como actividad en si y de las actividades que las componen

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Como vemos nuestra Constitución Política (2010) no es un pedazo de papel, es una norma que fundamenta, traza los lineamientos a seguir del quehacer y entre estos la Gestión Ambiental o GA tanto pública o privada en la República Dominicana.

BIBLIOGRAFIA

Canosa Usera, Raúl “Aspectos Constitucionales del Derecho Ambiental”, España, Revista de Estudio (Nueva Época), 94, Octubre – Diciembre, 1996. Cuaresma T., Sergio y Luciano Pichardo, Rafael (Coord.) “Nuevas Tendencias de Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional”, Sto. Dgo., Rep. Dom. INEJ, 2011. González Rivas, Juan José “La Interpretación de la Constitución por el Tribunal Constitucional. Comentario Sistemático de la Constitución”. Pamplona, España, 2011. Mena G., Gustavo J. “Constitución Ambiental Dominicana” Le Journal, Boletín Informativo de los Estudiantes de Derecho (PUCMM), año, 3, No. 16, Verano 2012, pág. 15 al 18. Pellerano Gómez, Juan Ml. “Constitución y Política”, Sto. Dgo., Ediciones Capeldom, 1990, Suárez González, Carlos y Adriano Miguel Tejada, “El Concepto del Derecho y sus Principios Generales”, Contenido en el Manual Práctico para el Ejercicio de la Defensa “Constitución y Garantías Procesales”, PARME, Sto. Dgo., Rep. Dom., Edit. Amigo del Hogar, 2003.

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La Contrreforma de la Reforma Procesal Penal Por: Dr. Cándido Simón Premisa. El Código Procesal Penal dominicano fue concebido, inspirado e instaurado, a principios de este siglo, como una especie de ley sombrilla para generar la transformación de todo el sistema de justicia penal, y garantizar a la gente un servicio de prevención, investigación y procesamiento pronto, oportuno, eficiente y eficaz de los delitos; pero respetando los derechos y garantías fundamentales de las víctimas y los imputados, establecidos explícita o implícitamente en las normas constitucionales. Evaluación del Código Procesal Penal. En este momento tendríamos que preguntarnos si esos objetivos centrales han sido logrados, pues la ciudadanía percibe que se ha incrementado la criminalidad en el país, de suerte que en las calles cada persona tiene su propia historia que contar. La gente está acusando al Código de ser el responsable del incremento de los crímenes, por las facilidades que ofrece para salir de la cárcel o escabullirse del sistema, debido a las exigencias del régimen de pruebas. Así, mientras que las cárceles están repletas de presos, la justicia penal se está empantanando y continúa aplicando la preventiva como regla.

sultan unas 66 personas en conflicto con la ley penal. Esto, sin contar los imputados en libertad por visitas periódicas, impedimentos de salida u orden de protección, más los 40 mil deportados de otros países por violación de sus leyes penales, que deben ser sujetos del sector justicia hasta su plena reinserción social. Esto refleja que, a pesar de la reforma del proceso, la justicia penal aún no es eficiente ni garantista, lo cual ha servido como caldo de cultivo para que los sectores conservadores, especialmente de la comunidad jurídica, exacerben la critica pública contra el Código y la reforma.

Lo cierto es que tenemos que impulsar la superación de las debilidades que ha evidenciado el Código para confrontar la contrarreforma orientada por las teorías finalistas, tanto conservadoras como autoritarias, de unos legisladores espoleados por la opinión publicada de aquellos eunucos que conciben la ley como un fin en sí mismo, y asumen que incrementando las penales, reduciendo derechos y suprimiendo garantías, resuelven el problema social de la criminalidad violenta. Sobre el Proyecto de Reforma al Código Procesal Penal. En ese sentido, es evidente que en Estadísticas de la realidad el Congreso Nacional hay vocación, penal. En el país tenemos 40 recin- voluntad y decisión política de retos penitenciarios con 21 mil presos, formular el Código. Todo ello, reflede los cuales el 65% son preventivos. jado en el hecho de que la Cámara Hay 30 mil imputados en libertad de Diputados acaba de aprobar un bajo fianza y 15 mil condenados en proyecto de ley de Contrarreforma libertad condicional, de lo que re- que no es autoría del Diputado Víctor

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Suarez, sino de la CONAE a través del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; pero deformado de tal manera que si el Senado lo ratificare así, entraría en graves confrontaciones con la Constitución de la República, con varios Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con múltiples precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia, lo que augura una ardua labor del venidero Tribunal Constitucional a fin de que decrete por sentencia su inconstitucionalidad, tal como ha sucedido en países como Costa Rica. Resumen ejecutivo de la Contrarreforma. Extiende los plazos procesales, restando la garantía constitucional, tanto de las victimas como de los imputados, de tener una respuesta rápida del conflicto en la justicia penal (art.69.1); re-

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instaura la prisión preventiva como regla, cuando intervenga sentencia condenatoria a pena de reclusión, lo cual es contario a la Constitución (arts. 40.9 y 69.3) y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art.74.3) lo prohíben porque viola la presunción de inocencia; establece la “requisa domiciliaria de al lado” sin orden judicial cuando un fiscal, autorizado por el juez, en un domicilio determinado, “por necesidad” deba hacerlo en otro recinto o residencia “sin autorización”, lo cual es contrario a la Constitución porque viola el derecho a la seguridad personal y al domicilio (art.40); establece el “Procedimiento Penal Directo”, semejante al anterior Apoderamiento Directo en materia correccional, que cercena el derecho constitucional a la defensa integral (art.69.4), pues el ministerio púbico podría apoderar al juez de la instrucción para conocer de una medida de coerción y en la misma audiencia, sin aviso previo, presentar la acusación que el juez conocerá de inmediato, y se haría lo que se denomina “Elevación Directa a Juicio”, sin darle al imputado el chance de preparar su defensa, eliminando la Audiencia Preliminar y obligándolo a defenderse en el juicio; excluye a las víctimas como actores principales del proceso penal debido a que permite su “representación legal” en justicia, lo que reinstauraría los llamados abogados “mau-mau” o buscones, en violación del principio de inmediación y transparencia judicial que obligan al juez a conocer el proceso en presencia de todas las partes, no sólo de sus abogados.

como enemigo, contraria a la Constitución de la República que esos mismos legisladores aprobaron, lo cual constituye una subversión al orden constitucional que lo hace nulo de pleno derecho por ser un acto emanado de la autoridad usurpada, debido a que el legislador ordinario se está arrogando funciones propias de la Asamblea Nacional. Conclusiones. El Código marcha bien, pero hay que hacerle cambios. Tales cambios no pueden ir en retroceso, sino que deben mejorar lo que hemos logrado. El Retroceso afectaría la Constitución y lo haría nulo. La Reforma de leyes no resuelve la realidad delictiva, más hay que reformularlas conforme a esa realidad pues aunque no la cambian, de ella se nutren las normas jurídicas. Las reformas de las normas legales, las penales entre estas, son necesarias, pertinentes y apropiadas conforme a la realidad tornadiza de la sociedad en que estas se aplican y cuya convivencia regulan para asegurar la paz. El Código Procesal Penal, como parte hegemónica del servicio de justicia penal, amerita una reformulación para superar las fallas que se han evidenciado durante estos 7 años de implementación.

o garantías de su vigencia efectiva. La reforma de la reforma de la Justicia Penal debe ir orientada a: (1) fortalecer el papel de la víctima como dueña del conflicto penal, en vez de suprimir o limitar su participación; (2) establecer que los derechos del imputado se activen desde el primer acto de procedimiento que le haga considerar sospechoso de un hecho punible; (3) facilitar la admisión y conocimiento en segundo grado de los recursos constitucionales; (4) reorientar los plazos procesales, de suerte que el ejercicio de los derechos del imputado no se interprete en su contra, como ha venido haciendo la sala penal de la Suprema Corte de Justicia y con ésta, los jueces de fondo; (5) reactivar el derecho constitucional a la garantía judicial del habeas corpus; (6) establecer parámetros para la terminación de los juicios en casos de recursos de casación con envío a nuevo juicio, de manera que este sea ordenado por la Suprema Corte directamente ante otro Tribunal de Primera Instancia; (7) reformular los plazos del imputado y la víctima para contestar los actos conclusivos del ministerio público, de forma que estos sean más equitativos.

Recomendaciones. Hay que aceptar que la ciudadanía está reclamando, con justa razón, que el Estado y las organizaciones sociales y comunitarias asuman el incremento de la criminalidad violenta como una situación vivida en el día a día. La reforma del Código Procesal Penal tiene que ser acorde a la Constitución de la República y a los Tratados En resumen. El Proyecto Internaciones de Derechos Humade Reforma al Código Procesal nos que lo orientan, por lo tanto, no Penal es una propuesta conser- pueden establecerse normas provadora, propia del derecho penal cesales que violen derechos fundade autor que concibe al imputado mentales, derechos constitucionales

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