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Tema Central fiscal 2011, 216 mil tenían antecedentes penales. Por otra parte, al menos cinco mil 100 niños, hijos de padres deportados o detenidos en proceso de deportación, viven separados de sus familias y mantenidos en albergues de cuidado temporal en Estados Unidos, según un informe publicado el miercoles. Elaborado por el Centro de Investigación Aplicada (ARC, por sus siglas en inglés), el informe “Familias destrozadas” estableció que si se mantiene esta tendencia en los próximos cinco años “al menos otros 15 mil niños enfrentarán esta amenaza”. Los menores en esta situación además “enfrentan barreras formidables para reunificarse con sus familias”, que pueden pasar años en su país de origen sin poder saber de sus hijos en Estados Unidos. “Sin políticas explícitas ni criterios para proteger a las familias, los niños continuarán perdiendo a sus familias a tasas alarmantes”, alertó el ARC. El documento pronosticó que en las comunidades donde la policía local implementa leyes de inmigración, los hijos de personas que no son ciudadanos “posiblemente serán separados de sus padres y enfrentarán barreras para reunificarse”. Indicó que en los condados donde la policía local ha firmado convenios 287(g) –para aplicar políticas migratorias federales–, los niños en cuidado de crianza temporal tienen 29 por ciento más probabilidad de tener un padre detenido o deportado. El estudio estableció también que las inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica y otras formas de agresiones de género están bajo un riesgo particular de perder a sus hijos en los sistemas de custodia en Estados Unidos, debido a que las autoridades migratorias a menudo las arrestan en vez de asistirlas. “Cuando las víctimas de violencia son arrestadas, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muy frecuentemente las detiene y sus hijos son sujetos a un cuidado de crianza temporal”, afirmó el organismo. El ARC también manifestó que los departamentos de bienestar infantil carecen de políticas proactivas para reunificar a los niños con sus padres deportados, y que sólo si los consulados extranjeros están involucrados las familias logran reunirse. El informe consignó el caso de una madre mexicana, a la que llama Josefina, detenida pese a que no se comprobaron las acusaciones de que tenía

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droga en su hogar, en el estado de Nuevo México. La mujer fue separada de su hijo cuando éste tenía nueve meses, hace un año. “Yo no sé dónde está mi hijo; no tengo contacto con mi bebé. No hice nada malo para que alejaran a mi hijo de mí”, aseguró Josefina por teléfono desde México.

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 / LP-1001

Erosiona protecciones fundamentales ley antiinmigrante de Alabama Dos estatutos poco analizados de la anti-

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inmigrante ley HB 56 de Alabama sobre transacciones y contratos de negocios erosiona las protecciones legales fundamentales, señaló un informe del Centro de Políticas de Inmigración. Las estatutos 27 y 30 de esa ley, en efecto desde el 30 de septiembre, también pueden resultar en una creciente explotación de trabajadores y la negación del acceso a servicios básicas y actividades de los gobiernos estatales y locales, señaló. La estatuto 27 niega a los inmigrantes indocumentados el acceso a las cortes para hacer cumplir los contratos en tanto que la estatuto 30 convierte en un delito grave que los indocumentados intenten realizar transacciones de negocios con las autoridades estatales y locales. Una corte federal de apelaciones indicó el mes pasado que no se puede forzar a que las escuelas verifiquen el estatus legal de los alumnos ni tampoco penalizar a inmigrantes que no porten documentos. Sin embargo, mantuvo en vigencia estatutos que requiere que una persona detenida, así como la prohibición a los indocumentados establecer alguna transacción de negocios con una agencia o dependencia gubernamental. Las actividades que nunca antes se habían considerado como relevantes para la ley de inmigración, como acceso al agua, un lugar donde vivir o acceso a servicios básicos del gobierno, son ahora más difíciles, por no decir imposibles, de obtener, indicó el informe elaborado por la abogada Joan Friedland. Dijo que existen serias implicaciones para la salud pública y la seguridad, y una creciente probabilidad de que los empleados estatales cometan errores costosos y violen los derechos civiles incluso de ciudadanos estadunidenses y residentes legales. En el caso de la estatuto 27, el informe citó el caso de víctimas indocumentadas de violencia doméstica que contratan un abogado para solicitar un estatus legal pero no tienen un recurso legal si el abogado no cumple con su trabajo. Casos similares pueden ocurrir con los que alquilan vivienda a los indocumentados, porque los inquilinos no podrán exigir el cumplimento del contrato. El informe indicó que una compañía de alquiler de apartamentos comenzó a pedir prueba de residencia legal para renovar un contrato y la firma de electricidad de Alabama también ha hecho una petición familiar para restablecer el servicio. En el caso de la estatuto 30, esa medida puede afectar a una mujer que solicita el cambio de nombre tras divorciarse de su

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