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Revista digital

Hacia la legalizaciรณn del aborto FUNDAMENTOS

LA TOSCO DOCENTE Santa Fe


La información es un derecho humano al cual debemos tener acceso todes, durante la vida escolar y quienes debemos garantizar ese derecho somos les docentes, en nuestro rol como democratizadores del saber y de la cultura. En el contexto de ajuste que vive nuestro país ya es de público conocimiento los recortes en educación que se han llevado adelante en los cuales, no por casualidad, sino por decisión política se ha recortado el presupuesto para trabajar los contenidos y aplicar la ley de educación sexual integral en las escuelas. La lucha por la efectivización de la ESI es una bandera que llevamos adelante muches docentes desde hace varios años. Creemos que es necesario y urgente que se implemente la ESI con perspectiva de géneros, haciendo énfasis en la sexualidad como una actividad que genere placer y disfrute y no desde una perspectiva heteronormativa y biológicista que le imprime un tinte solamente reproductivo. Queremos que nuestres estudiantes con capacidad de gestar no sean condenades a una maternidad no deseada y proyectada. Es por esto que somos conscientes de que la penalización y la negación sobre el debate de la interrupción del embarazo atenta contra la vida de les estudiantes. Negar el debate en las escuelas de la provincia y del país sobre la despenalización del aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y todas las temáticas que pretende abordar la educación sexual integral es alejar a la escuela de la realidad en la que está inmersa, es antidemocrático, es una práctica que no condice con las necesidades de les educando y, nosotres como agentes del Estado, tenemos la responsabilidad de brindar toda la información que sea necesaria para que nuestres estudiantes puedan acceder a una salud pública de calidad, que contemple todos sus derechos sexuales y reproductivos. Ningún acto pedagógico puede partir de la negativa de un debate necesario e innegable en la actualidad. Como contenido curricular y como parte fundamental de la vida escolar, el debate democrático debe ser propiciado constantemente. A la vez, el tratamiento en el Congreso y el Estado público del tema torna insoslayable su abordaje en la escuela. La ley 26.150 de Educación Sexual Integral propone el abordaje del aborto como contenido transversal a tratarse en todas las instituciones. El impulso y la necesidad de ese debate

sobre el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito parte casi exclusivamente de una demanda estudiantil. Son sus vidas, sus cuerpos y sus decisiones las que se debaten hoy en el Congreso. La voz de las adolescentes debe ser escuchada, respetada y generar espacios de reflexión es nuestra responsabilidad. No podemos dejar el tratamiento de la ESI a la buena voluntad de directivos o docentes, por eso es que también exigimos tener una ley ejemplar de educación sexual integral, que refleje el arduo trabajo que llevamos a delante docentes de toda la provincia para que llegue a las cámaras de diputados y senadores y que con toda la intencionalidad política y la presión religiosa de les antiderechos ha perdido estado parlamentario, no queremos que la ESI sea nombrada por encima en párrafos en la ley de educación provincial, queremos una ley integral, que abarque la gravedad de los problemas con respecto a la violencia de género, a la sexualidad de les niñes y jóvenes y al acceso a sus derechos sexuales y reproductivos con implementación urgente. Aborto legal es vida. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.


Intervención de la Secretaria General de CTERA, en el Congreso de la Nación, 31 de mayo de 2018

"Buenos días señores diputados, señoras diputadas, buenos días compañeras con quienes compartimos las luchas en defensa de los derechos de las mujeres. Quiero plantear que estamos aquí dando este debate tan importante gracias a la lucha ininterrumpida de miles de mujeres a lo largo y ancho del país. Y por la valentía, el compromiso y la convicción de las mujeres de la Campaña Nacional por el derecho al aborto que de forma transversal y plural ha construido consensos y posibilitado este debate en todos los sectores de la sociedad. Desde los primeros Encuentros Nacionales de Mujeres , muchos de los temas de la Agenda Feminista se han incorporado a la agenda legislativa. Y se han consolidado en leyes. Hablo en nombre de CTERA, de las trabajadoras y trabajadores de la CTA y de la Internacional de la Educación, organización que nuclea a treinta y tres millones de docentes de más de 170 países del mundo. Quiero señalar que en sucesivas declaraciones y congresos sostuvimos “Que las mujeres tenemos el derecho inalienable a decidir de acuerdo con nuestros valores y creencias sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas como parte de los Derechos Humanos que son universales, indivisibles e interdependientes”. Que es un tema de Derechos Humanos la libertad de decidir cuándo, cuántos y con quienes tener o no hijos, construyendo una democracia laica e inclusiva”. Como mujeres trabajadoras reafirmamos que la pelea por los derechos de las mujeres son parte de la lucha por la justicia social. Por representar a un colectivo mayoritariamente femenino quiero plantear dos ejes para el aporte a este debate.


El primero es su perspectiva histórica y el segundo es el abordaje sobre nuestra perspectiva sobre la Educación Sexual Integral. Desde el fondo de los tiempos las mujeres hemos defendido nuestros derechos, en contra de la tutela ejercida por los estados, por las iglesias y el patriarcado. Quiero mencionar aquí al Derecho Romano, donde las mujeres teníamos menos derechos que los menores púberes varones. Mencionar también a la Iglesia Católica que por cientos de años nos consideró seres inferiores, a las legislaciones de muchos países en los que las mujeres no tuvimos derechos civiles, ciudadanos, y mucho menos a disponer sobre nuestros cuerpos. A lo largo de la historia fuimos perseguidas, quemadas, desaparecidas, llamadas, inferiores, brujas y locas. En el mundo y en nuestro país cada derecho conquistado ha sido parte de una larga lucha de las mujeres por la justicia social. En Argentina, durante décadas, las mujeres fuimos consideradas inferiores para disponer de nuestro dinero, para tener un salario igual al de los hombres , para elegir y ser elegidas, para el divorcio, para la ley de identidad de género y para defender la autonomía sobre nuestros cuerpos. Pero también para vivir nuestra sexualidad en forma plena de acuerdo a nuestras creencias. A lo largo de la historia siempre fuimos mujeres tuteladas, y siempre luchamos contra ello. No puedo dejar de nombrar la lucha de mujeres como Julieta Lantieri, Alicia Moreau de Justo, y Eva Perón. Lucharon las mujeres médicas, y curanderas en la edad media, las mujeres consideradas inferiores por la iglesia, así lo hicieron las sufragistas en todo el mundo, las educadoras que se negaron a ser consideradas apóstoles y debatieron su condición de trabajadoras intelectuales y las trabajadoras que pelearon por la jornada laboral, la jubilación y las vacaciones pagas para tener una vida plena y un salario justo. Desde CTERA resaltamos la importancia que le damos a la lucha que llevamos adelante por la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y los contenidos curriculares desarrollados que representan un avance con respecto a la mirada sobre la sexualidad, a la prevención del abuso y las violencias de género. Apoyamos también la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En este debate, muchos de los que estuvieron en contra de la Educación Sexual Integral, se opusieron también a la autonomía que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos. Así mismo, rechazaron el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. El presupuesto que prevé la Ley de ESI y los programas han disminuido notablemente del presupuesto nacional. De hecho, también se ha despedido a docentes que trabajaban en dichos programas. Si estudian el presupuesto nacional a partir del año 2016 los fondos para ESI han disminuido o se han sub-ejecutado. También hemos tenido problemas en muchas provincias porque el estado que es el que debe garantizar Políticas Públicas no está llevando adelante estos programas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir no son exigencias por sí mismas suficientes sino que cada una y de conjunto son condición necesaria para la protección de la vida y la salud de las mujeres. (continúa en la próxima página)


No podemos ser hipócritas, los mismos sectores que durante años nos negaron a las niñas y niños, a los docentes las Leyes de Educación Sexual Integral, hoy se niegan al debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo . Hablo como mujer, como feminista, como sindicalista, como madre, como trabajadora, hablo desde una central que promueve activamente en todo el país las leyes en defensa de los derechos de las mujeres. Vengo de una central a la que no le es indiferente los miles de mujeres que mueren por violencia doméstica, o por abortos clandestinos. Sostenemos que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es un problema de justicia social, porque a pesar de que todas estamos criminalizadas, quienes mueren o enferman son las más pobres, las jóvenes, de poblaciones de sectores populares, de bajo nivel educativo. Sostenemos que la clandestinidad no es un problema moral, es un grave problema de salud pública. Soy parte de un colectivo que lucha junto a otras mujeres por el NI UNA MENOS. Hay un cambio cultural inmenso que se ve en las calles, en las escuelas, en las universidades, ese cambio no se detendrá. Esas mujeres, esas jóvenes están en nuestros barrios, en nuestras escuelas, tienen derechos, tienen nombre , cara, y cuerpo. No aceptamos tutelas, ya conquistamos el voto, la participación ciudadana, el matrimonio igualitario, la identidad de género, los derechos reproductivos y junto a miles de mujeres vamos a conquistar este derecho al aborto legal , seguro y gratuito. No admitimos tutelas, el estado debe garantizar nuestro derecho, las mujeres tenemos el derecho a decidir. De ustedes depende."


Intervención de la militante de la Corriente Nacional Lohana Berkins y del Partido Comunista, en el Congreso de la Nación, 24 de mayo de 2018

“Buenos días Medio millón de mujeres abortamos por año. Medio millón de mujeres que no queremos aceptar el mandato sobre nuestros cuerpos y nos animamos a desoírlo. Medio millón de mujeres que por no tener acceso nos enfrentamos a la posibilidad real de que la vida se nos vaya por el colador, sólo porque nuestro deseo no cumple con la moral patriarcal impuesta. Medio millón de mujeres que el Estado heteropatriarcal y capitalista decide nombrarnos desde el delito y arrojarnos a las sombras del mercado, donde nuestros cuerpos son la mercancía desechable. Medio millón de mujeres quedamos entrampadas en el aparato de dominio que nos impone este sistema, donde las instituciones que reproducen la lógica patriarcal y androcéntrica, empezando por las eclesiásticas, aportan el basamento cultural y moral, limitando nuestro ser a una mera función reproductora. Se nos niega la posibilidad de planificar y decidir nuestros proyectos de vida, porque el Estado ha decidido que nuestros cuerpos son el territorio de disputa donde se garantizará el sostenimiento de un sistema alienante, enajenante, esclavizante, colonizador, convirtiéndonos en máquinas reproductoras de mano de obra barata, o peor aún, gratuita. Una de las instituciones históricas que ha negado nuestra vida es la Iglesia Católica, que nos imprime el sello de herejes. La misma Iglesia que apaña a los abusadores. La misma Iglesia que apoyó la última dictadura militar y genocida en nuestro país, abalando el robo de bebés, el asesinato y violación de nuestras compañeras. Desde diciembre de 1983, con la recuperación democrática, estimamos que han muerto más de tres mil mujeres. No contamos con un número oficial, porque el Estado no tiene registros. Sólo sabemos de esto por la cantidad de mujeres hospitalizadas por complicaciones en abortos clandestinos y, porque el aborto es la primera causa de muerte de personas gestantes.


Las mujeres, lesbianas y varones trans de nuestra clase rara vez somos prioridad de los gobiernos. La mayoría de nosotras precarizadas y desempleadas, vivimos en la contradicción permanente, de que si nos encontramos con empleo y decidimos llevar un embarazo a término, podemos quedar en la calle porque eso le genera un gasto a la patronal. Y si nos encontramos desempleadas y llevamos un embarazo en curso, sabemos con certeza que nos será imposible conseguir un empleo digno. Corremos la misma suerte que todos los sectores populares. Somos medio millón de mujeres, pero para el Estado y los medios hegemónicos de comunicación, nuestras vidas se vuelven invisibles cuando no nos amoldamos a lo que el sistema quiere. El mismo Estado que usa nuestro cuerpo para reproducir la lógica de la explotación, silencia nuestras muertes para seguir oprimiéndonos, imponiéndonos cómo es que debemos vivir nuestra sexualidad. El aborto, lejos de ser un debate moral y religioso, es para nosotras una cuestión de clase, una cuestión política. Somos nosotras, las mujeres trabajadoras y mujeres pobres, las que no accedemos a realizarnos la intervención con los cuidados que requiere. Somos nosotras, las que aun habiendo decidido no ser madres, no contamos con los recursos o con la información necesaria. Para nosotras legalizar el aborto es también hablar de justicia social. La interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. Negar estas condiciones es no solamente promover la clandestinidad, es negarnos a las más empobrecidas nuestra condición de humanas y ciudadanas. En este contexto, los logros que alcanzamos con años de organización y lucha en el movimiento feminista argentino, se ven amputados por el desfinanciamiento que este gobierno lleva adelante desde hace dos años, mediante la subejecución de los presupuestos de la Ley de Educación Sexual Integral y de los programas de salud sexual reproductiva. Derechos que para nosotras son fundamentales e integrales. De donde vengo, la provincia de San Luis, el aborto también es parte de nuestra cotidianeidad. No somos de otro país. Sufrimos igual que el resto del pueblo trabajador, la no implementación de las leyes de Educación Sexual Integral y la escaza financiación de programas de salud sexual reproductiva. El 17% de los partos registrados en la provincia corresponden a niñas y adolescentes menores de 19 años. El 80% de esas adolescentes no desearon gestar, no lo eligieron. A pesar de que esos embarazos son considerados embarazos de alto riesgo por no tener la madurez física ni psíquica para poder llevarlos adelante, somos una de las pocas provincias que no tiene protocolo de interrupción voluntaria por causales, aunque este sea nuestro derecho desde el año 1922 en el Código Penal y haya sido ratificado por el fallo F.A.L en el año 2012 y, que a nivel nacional contemos con un protocolo desde el año 2010 y actualizado en el año 2016. La provincia de San Luis, también cuenta con los laboratorios públicos para producir desde el Estado, misoprostol. El único medicamento que es considerado por la Organización Mundial de la Salud para interrumpir un embarazo de manera segura. Sin embargo, nuestras vidas dependen de la creencia, la objeción de conciencia y la voluntad política.


Venimos a decirles que por cada mujer que aborta en la precariedad, por cada mujer trabajadora que se nos muere en el intento de vivir por fuera de la normatividad impuesta, por cada mujer que termina presa porque decide ejercer la soberanía sobre su cuerpo, por cada una de ellas, somos millones a su lado sosteniendo, luchando. Somos nosotras las que acompañamos cuando el Estado nos niega, se ciega y vulnera. Venimos a exigirles a ustedes diputadas y diputados que nos escuchen y de una buena vez por todas, reconozcan nuestro derecho a vivir libremente y con dignidad. Desde el Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins queremos decirles que es ahora, ahora es el momento de dejar de lado sus creencias religiosas y morales y legislar en pos de nuestros derechos. Ahora, ahora es el momento de ponerse en nuestra piel y entender que se trata de nuestra vida, nuestra salud, nuestra autonomía y soberanía a decidir sobre nuestros cuerpos. Parafraseando nuestra querida comandanta de mariposas, Lohana Berkins, el tiempo de legalizar el aborto es AHORA. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para decidir y no morir. “


Intervención de la pastora de la Iglesia Dimensión de Fe, en el Congreso de la Nación, 17 de abril de 2018

“Buenas tardes a todas. Mi nombre es Gabriela Guerreros, soy pastora pentecostal. Agradezco el poder participar de esta jornada con ustedes y, a la vez, traer nuestra voz como parte de la Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe. Quisiera antes que nada traer presente, a través de mi voz, a cuatro personas que ya no están con nosotras, que nos han dejado su testimonio de vida y compromiso militante. Para nosotras fueron hermanas, compañeras y camaradas. Todavía las lloramos, las extrañamos y, sin duda, estarían acá o afuera, orgullosas y organizadas con esa rebeldía que las caracterizaba, ante este hecho histórico como lo es el debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo: Fanny Edelman, militante por la paz mundial, militante de la Unión de Mujeres de Argentina, co-fundadora del Encuentro Nacional de Mujeres, feminista y comunista, participante del primer proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito; Verónica Marsano quien nos decía “soy lesbiana peronista y vengo a traerles el aborto”, integrante del Colectivo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, fundadora de la línea gratuita de teléfono “Más información, menos riesgos”; también traer a Amancay Diana Sacayán, militante travesti por los Derechos Humanos, impulsora de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Cupo Laboral Travesti-

Gabriela Guerreros


Lohana Berkins Trans y, traer a Lohana Berkins activista travesti, católica, feminista y comunista, referente mundial por los Derechos Humanos, también impulsora y una de las autoras de nuestra hermosa Ley de Identidad de Género. Los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte de las personas gestantes en Argentina: mujeres, lesbianas y varones trans. Esta realidad nos toca de cerca ya que la mayoría de las comunidades pentecostales históricamente han hecho base en los sectores más pobres y olvidados de nuestra sociedad. Creemos que la despenalización y legalización del aborto tiene que ver con la ampliación de derechos y, aportaría al respeto y la libertad de los cuerpos gestantes. Interpretamos al pentecostalismo como un gran movimiento popular. Es obvio que como todo movimiento popular existe una variada corriente de orientaciones teológicas. Es un hecho, que la pulseada viene siendo favorable a los sectores reaccionarios y conservadores, los que nosotras nombramos los antiderechos. Para ellos, según su tradición, su dogma, la mujer debe estar situada en casa, la mujer debe ser el baluarte de los valores familiares, la mujer debe casarse y tener hijas e hijos, la mujer debe ser el sostén de esas hijas e hijos, del marido. La mujer, entonces, se convierte en la virtuosa casta y casi virginal de un mito. Iglesias o comunidades, que a nuestro entender, aceptan estos dogmas y estas tradiciones, reproducen la espiritualidad del capitalismo y el patriarcado. Nos despojan de nuestros cuerpos y nuestras decisiones con un mito casi fanático, donde prima la dominación masculina, donde a través de una serie de normas, principios y valores relacionados con la propiedad privada, la Iglesia como institución y las funciones del Estado. Por otro lado, existen las que velan y preservan sus raíces protestantes, contestatarias, las de que una ideología pentecostal latinoamericana y de liberación y, sobre todas las cosas, feminista, construyen poder popular desde la fe, acompañan a los pueblos por el largo camino por su liberación. Las mujeres son las testigos privilegiadas del fundamento de nuestra fe. Son ellas, las que de manera desafiante y decidida, hacen propio el camino trazado por Jesús. Sin la vida digna y justa para las mujeres, el proyecto de Jesús no es posible. Los relatos bíblicos dan cuenta de que las mujeres son las activas protagonistas comprometidas con la construcción de un


mundo nuevo, de una sociedad igualitaria, en la que el amor es la base de toda las relaciones humanas y en eso, también está, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso decimos que la vida abundante, que tiene que ver para nosotras es porque es conceptualizar de manera integral, como acción, fundamento del evangelio, que Jesús proclamó la vida en plenitud para todo el ser humano. Juan 10:10 nos dice “he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. Como militantes del Evangelio, como personas de fe y desde nuestra identidad pentecostal, defendemos el derecho al aborto seguro y gratuito, porque amamos y defendemos la vida en su abundancia. Nuestros cuerpos son territorio sagrado y, por eso, nuestra autodeterminación y nuestra libertad de conciencia. Jesús promovía la libertad de conciencia, cuando anteponía la vida humana a la ley y a las tradiciones de su época. La reforma protestante del siglo XVI promulgó, desde sus inicios, la libertad de conciencia a la no imposición de ninguna autoridad moral-religiosa sobre los creyentes. Queremos decir, que para nosotros, el único aborto que mata la vida es el aborto del deseo y el capitalismo es el gran quirófano social. Esto lo dice Rafael Villegas, teólogo y psicólogo, hermano y compañero de camino. Hoy les toca a ustedes escuchar discernir, ya que el Estado debe legislar por el bien común, mientras cada confesión religiosa es responsable de su propia ética y conducta de acuerdo a sus dogmas y sus prácticas y doctrinas. Nos lo deben señores diputados y diputadas: el aborto seguro y gratuito. Para terminar queremos traer a nuestro entender lo que ya es una oración popular que se ora, que se reza, que se grita en las calles, en los templos y en nuestros cuerpos: EL TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN ES AHORA, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estamos convencidas que el motor del cambio es el amor y, el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo, con las manos en el arado siempre. Aborto legal, seguro y gratuito. Amen”


Hacia la Legalizaciรณn de la Interrupciรณn Voluntaria del Embarazo en la Argentina


Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboramos el presente documento para contribuir a los debates actuales sobre aborto en Argentina. Contamos con argumentos científicos, sanitarios, legales y bioéticos para sostener que el 2018 debe ser el año de aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por séptima vez ante el Congreso Nacional.

1.¿En qué casos está permitido el derecho a una Interrupción Legal del Embarazo en la actualidad? En la Argentina, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo según los mismos estándares de calidad que rigen para otros servicios de salud, cuando: -El embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; -El embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios. En este caso, la salud debe ser interpretada como un concepto integral con tres dimensiones: física, mental-emocional y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS, y el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No se requiere la constatación de una enfermedad ni una intensidad de peligro determinada. -El embarazo proviene de una violación; -El embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental. A pesar de ello, en muchas situaciones en las que se solicita una interrupción legal del embarazo (ILE), los servicios de salud tienden a obstaculizar y/o judicializar los casos, lo cual redunda en numerosas violaciones a los derechos de las mujeres y niñas. Como forma de contrarrestar esta sistemática violación a nuestros derechos, y por la presión que desde el movimiento de mujeres ejercimos, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último intérprete de todo el sistema normativo del país, dictó lo que se conoce como “fallo F., A. L.”. Este fallo establece que quien se encuentre en las condiciones descritas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”.


2.¿Cómo debería garantizarse el acceso a la ILE? Según el Protocolo para las interrupciones legales del embarazo, rige el principio de autonomía de las personas, según el cual, las interrupciones implican necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona usuaria. En el caso de las niñas y adolescentes menores de catorce años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta. En el caso de que la persona que lo solicita tenga discapacidad psicosocial o mental, es fundamental que el equipo de salud la acompañe durante todo el proceso de atención fortaleciendo su autonomía. La calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE deben ser los mismos para establecimientos públicos y privados, así como la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas. Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente. La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los servicios de salud que practiquen ILE deberán garantizar su realización. Ofrecer una atención integral para la interrupción legal del embarazo implica: -brindar un trato humanitario que incluya la recepción y orientación de las personas para responder a sus necesidades de salud emocional y física; -garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los criterios éticos, legales y médicos en vigencia; -intercambiar información amplia y completa con las personas involucradas para que exista efectivamente un proceso de consentimiento informado; -ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento. El procedimiento debe ser realizado acorde a los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y ginecología (FLASOG) y la International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Para el primer trimestre, estos métodos son el uso de medicamentos (mifepistrona y misoprostol, o misoprostol sólo si la mifepristona no estuviera disponible) y la aspiración manual endouterina (AMEU). Solo en caso de que estos métodos no estén disponibles, se acepta la utilización del raspaje o legrado, pero no es el método recomendado porque presenta mayor posibilidad de complicaciones. En casos de embarazos de segundo trimestre, se recomienda nuevamente el uso de mifepristona en combinación con misoprostol, o misoprostol sólo si la primera no estuviera disponible. Si existe personal especializado en la técnica, puede utilizarse el método de dilatación y evacuación.


3. ¿Se garantiza el acceso en las instituciones de salud? Durante los años 2000, las dificultades de acceso a los abortos no punibles se hicieron públicas en Argentina y eran habituales las noticias sobre mujeres a las que se les negaba el acceso a un derecho consagrado. Dos casos paradigmáticos de las dificultades de acceso son el de Ana María Acevedo - una mujer de 20 años que falleció en 2007 por la negación de profesionales del Hospital Iturraspe, Santa Fe, a realizarle tratamiento oncológico por estar embarazada de 13 semanas - y el de L.M.R - una joven de 19 años con un retraso madurativo, (que cursaba un embarazo de 14 semanas producto de una violación por parte de un familiar) a quién se le negó el acceso a la interrupción judicializando el pedido, en 2006-. Este caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y Argentina recibió un dictamen indicando que el país debía cumplir su propia normativa y realizarle el aborto en tiempo y forma. Este dictamen fue retomado posteriormente por la CSJN en el Fallo F.;A.L. En ambos casos, los gobiernos provinciales reconocieron su responsabilidad, pidieron disculpas públicas a las familias y presentaron resarcimiento económico para las mismas. Hoy, luego del fallo F.A.L., el acceso a la interrupción legal del embarazo sigue encontrando barreras en Argentina y es muy desigual entre provincias. En 2012, dicho fallo instó a las provincias argentinas a elaborar protocolos acordes al mismo. Para 2018, nueve jurisdicciones no cuentan con protocolos (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán). Ocho jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles (Ciudad de Buenos Aires -cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial-, Córdoba suspendido parcialmente por orden judicial-, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta). Ocho jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la CSJN (Chaco, Chubut, Jujuy, Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). En 2017, el caso de “Juana” puso de manifiesto una vez más las desigualdades de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo entre provincias y las mayores dificultades para niñas, adolescentes y mujeres de zonas rurales. La salud pública salteña le negó el acceso a un aborto a “Juana”, una niña wichí de 12 años que sufría una discapacidad y cursaba un embarazo producto de una violación. Además, se descubrió que el feto era anencefálico. Sin embargo, la niña fue forzada a continuar con el embarazo y ser sometida a una cesárea.


4.¿Le penalización del aborto disuade a las personas de abortar? Hoy, según datos del Ministerio de Salud se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1300 abortos por día. Según datos del Ministerio de Salud en la Argentina, anualmente, se inducen entre 370.000 y 520.000 abortos. Teniendo en cuenta la magnitud de estos datos sostenemos que la penalización del aborto no disuade de su práctica, pero pone en riesgo a la persona que aborta. Según un informe de Amnistía Internacional: “[...] las regiones donde las leyes de acceso al aborto son restrictivas (29 y 32 abortos por cada 1000 mujeres, en África y América Latina respectivamente), existen tasas mayores de terminación de embarazos que en las regiones donde su acceso no se criminaliza (12 por 6 cada 1000 mujeres en Europa Occidental).”


5. ¿De dónde salen las cifras sobre abortos, tratándose de una práctica clandestina? Como en nuestro país el aborto es una práctica mayormente realizada de manera clandestina, no existen estadísticas exactas, sino estimaciones. Sin embargo, estas estimaciones no son números caprichosos sino que se sustentan en metodología científica. En 2005, el Ministerio de La Nación solicitó a dos reconocidas profesionales, Edith Pantelides y Silvia Mario, que calculen la magnitud de abortos voluntarios en Argentina. A partir de la cantidad de internaciones por complicaciones médicas derivadas de un aborto en hospitales públicos, a la que se aplica una metodología especial para estimar la cantidad de abortos totales, estimando la proporción de abortos que tiene posibilidades de presentar complicaciones, y por ello terminan en servicios de salud pública, se llegó a la conclusión de que por cada aborto que llegaba al hospital público, se practican 6,8 abortos. En 2005, el estudio utilizó la cifra de las 65.735 hospitalizaciones relacionadas con abortos del año 2000 (período durante el cual se hizo el estudio), que multiplicada por 6,8 arrojó la cifra que estima 447 mil abortos inducidos ese año. Otro de los métodos que se utilizan para realizar estas estimaciones es el llamado “método residual”. Mediante este método, se compara la diferencia entre la cantidad de bebés que deberían nacer considerando la forma en que se usan los anticonceptivos en nuestra sociedad, el tipo de anticonceptivos elegidos y su eficacia, las costumbres sociales -como la edad de inicio de las relaciones sexuales de las mujeres- y el tiempo de infertilidad antes y después del embarazo, y los bebés que efectivamente nacen. La diferencia se explica por la cantidad de abortos que se realizan. En nuestro país esta estimación ronda los 520.000 abortos. Ambos métodos ofrecen estimaciones pero no pueden dar una número exacto (de allí su diferencia) puesto que, al tratarse de una práctica clandestina, no existen estadísticas precisas sobre la cantidad de abortos. Sin embargo, según Amnistía Internacional, las estimaciones realizadas dan cuenta de la magnitud de la práctica.


6.¿Por qué hablamos de legalización y no sólo de despenalización? En materia de derecho al aborto hay posicionamientos que plantean la despenalización o la legalización del aborto. Desde la Campaña exigimos al Estado su legalización y su despenalización. La despenalización del aborto significa modificar lo que actualmente está penalizado y contemplado como delito en el Código Penal (Arts. 85 y 86). El Código permite que se efectúe el aborto por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer, si existe riesgo para la vida, riesgo para la salud de la gestante o violación, pero lo castiga en el resto de los casos. Desde la Campaña, abogamos por la despenalización del aborto para que nuestro sistema jurídico no penalice ni criminalice a las mujeres por interrumpir un embarazo en ningún caso. La pregunta que debemos hacernos en relación a la despenalización es: “¿Usted está de acuerdo con que una mujer vaya presa por practicarse un aborto?”. Sin embargo, la simple despenalización no es suficiente. Si se despenaliza, el aborto deja de ser un delito, pero su acceso no se garantiza para todas las mujeres y personas gestantes que lo soliciten. Esto establece una desigualdad de hecho entre quienes tienen más y menos recursos económicos, al permitir la regulación del acceso al aborto por una economía mercantilizada. Además, sostiene el negocio de prestadores y laboratorios, a la vez que desresponsabiliza al Estado del derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La legalización del aborto significa diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que garanticen su realización efectiva y segura en todos los niveles y subsistemas de salud, de acuerdo a los artículos 5 y 6 del proyecto de ley de la Campaña. Entendiendo que la actual penalización del aborto no impide la realización de la práctica pero mata y enferma a las mujeres y personas con capacidad de gestar más jóvenes y de menores recursos, su garantía desde la salud pública es la única herramienta para afrontar esta desigualdad. Para que el Estado lo garantice como derecho, de manera segura en todos los niveles y sectores del sistema de salud, para toda persona que así lo solicite, sin desigualdades por razones socio-económicas, el aborto debe estar legalizado y retirado del código penal. Asimismo, en países donde el aborto se ha legalizado por plazos (por ejemplo, en el primer trimestre) pero se mantuvo su penalización, aquellas mujeres que están por fuera del acceso efectivo a ese derecho (por ejemplo, por ser migrantes o por estar por fuera del plazo establecido) son criminalizadas y penalizadas por abortar. Por eso, desde la Campaña, insistimos en la importancia de legalizar y despenalizar el aborto en Argentina.


7.¿Por qué el plazo de las 14 semanas, salvo por causales específicos?

Diversos países poseen un marco jurídico que legaliza el aborto hasta una determinada cantidad de semanas. La mayoría de los modelos regulatorios de estos países establece el límite entre las 12 y las 14 semanas de gestación, salvo que exista un riesgo para la vida o la salud (entendida desde una perspectiva integral) de la persona gestante, o bien una malformación fetal grave, en cuyo caso el límite tiende a quedar sin efecto. El plazo de las 12-14 semanas, es decir el primer trimestre, se asocia al menor riesgo que estas interrupciones implican para la salud y la vida de la gestante, a la vez que la mayor simplicidad de los métodos. Al colocar el plazo de la catorceava semana nuestro proyecto delimita legalmente un plazo razonable, desde el punto de vista del derecho comparado, para la interrupción de una gestación que no fue planificada y/o deseada. En otros países, en cambio, el límite se establece entre las 20 y 24 semanas. En Inglaterra, por ejemplo, el plazo es de 24 semanas, salvo en casos de riesgo para la vida, anormalidad fetal, o lesiones graves físicas o psíquicas de la gestante, en los que no se establece límite. El plazo de las 24 semanas sigue criterios bioéticos que se relacionan con la capacidad de 7 supervivencia extrauterina del feto. En concordancia con el marco jurídico de la mayoría de los países que tienen aborto legal, nuestro proyecto de Ley sostiene la legalidad del aborto hasta la semana 14 para todos los casos, salvo en casos de violación, peligro para la salud o vida de la persona gestante, o malformaciones fetales graves, en que este límite queda sin efecto.


8.¿Por qué nuestra consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” es integral y no etapista ni excluyente en sus términos? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir no son exigencias por sí misma suficientes sino que cada una y de conjunto son condición necesaria para la protección de la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes. Es habitual escuchar que con mayor acceso a la educación sexual y a la anticoncepción no se debería llegar al aborto. Sin embargo, encontramos necesidades de anticoncepción insatisfechas (personas en edad reproductiva que mantienen relaciones heterosexuales y quisieran cuidarse pero no lo hacen) y fallas en los métodos anticonceptivos. Sólo por dar un ejemplo, la píldora anticonceptiva tiene una efectividad del 99% pero en su uso efectivo se calcula que baja al 92%.13 También se debe tener en cuenta que la responsabilidad anticonceptiva recae únicamente sobre las mujeres y que las desigualdades de género también dificultan el acceso de muchas mujeres a la anticoncepción y al uso de preservativo. Por último, en Argentina, la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Reproductiva presenta diversas dificultades en la actualidad. Nuestra consigna se debe implementar de modo integral porque, a largo plazo, la legalización del aborto disminuye la tasa de abortos, dado que quienes ingresan al sistema de salud solicitando un aborto pueden egresar con un método anticonceptivo de su elección, si así lo desean. Esta tríada de derechos brinda a las personas mayor capacidad de decisión y de planificación sobre su vida reproductiva. Además, el derecho al aborto tal cual lo contempla nuestra legislación es un contenido de la Educación Sexual Integral en tanto derecho sexual y reproductivo. El ejercicio de estos derechos es parte de los contenidos de la Educación Sexual Integral científica, laica y con perspectiva de género, tal cual establece la ley 26.150 de Educación Sexual Integral.


9.¿Por qué sostenemos que debe ser gratuito? El aborto clandestino implica un riesgo mucho mayor para la vida y la salud de las personas las personas de menores recursos materiales y simbólicos. Si se despenaliza el aborto pero no lo garantizamos de forma gratuita, esta desigualdad persistirá. Por ello, la legalización del aborto no sólo es un asunto de salud pública y de derechos humanos, sino también de justicia social. Su práctica debe ser una práctica más dentro del sistema de salud. Para aquellos que sostienen que el aborto no debe ser costeado por la salud pública y las obras sociales, respondemos que los derechos no deben ser considerados en términos de costo/inversión. Aún dentro de esta lógica, costear una interrupción de embarazo desde el sistema de salud, tanto público como privado, podría implicar un costo significativamente menor al de tratar las actuales complicaciones por abortos inseguros que exigen a menudo internaciones e intervenciones por hemorragias e infecciones.


10.¿Por qué exigimos abortos seguros? Durante años, la Organización Mundial de la Salud consideró que los abortos inseguros son aquellas prácticas llevadas a cabo por personas que carecen de la preparación necesaria, o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez. En los últimos años el paradigma para clasificar los abortos ha cambiado y hoy hablamos de un espectro de prácticas más o menos riesgosas. Los abortos menos riesgosos son aquellos provistos por integrantes de equipos de salud con métodos recomendados por la O.M.S. (los métodos recomendados son la A.M.E.U. -Aspiración Manual Endouterina- y el aborto medicamentoso, con mifepristona y misoprostol o misoprostol solo), pero también aquellos realizados utilizando medicamentos en la casa con asesoramiento de profesionales de la salud o a través de organizaciones especializadas. Diversos estudios señalan que los abortos sin riesgos se ampliaron a aquellos realizados en la casa también con asesoramiento de líneas telefónicas y sitios web especializados. Sin embargo, en estos casos se puede dificultar el acceso a los medicamentos abortivos y es crucial contar con la posibilidad de acudir a un servicio médico de guardia donde se reciba un trato respetuoso y confidencial. En el otro extremo, se encuentran los abortos más riesgos o inseguros, es decir, aquellos que utilizan métodos inseguros e invasivos. En Argentina, hoy conviven una diversidad de prácticas que van de las más seguras a las más inseguras. Las prácticas inseguras se mantienen por las dificultades de acceso a los abortos legales, a los medicamentos e información abortiva, por las desigualdades de acceso a la información, por los maltratos persistentes en hospitales y guardias a mujeres que solicitan abortos o atención por complicaciones de aborto. La persistencia de estas prácticas se expresa en las elevadas tasas de morbi-mortalidad materna por complicaciones de aborto que no descienden. Por esto, sólo la legalización y despenalización del aborto - y la garantía de su implementación - van a garantizar la erradicación de los abortos inseguros y riesgosos para las mujeres y personas con capacidad de gestar.


11.¿Por qué hablamos de Interrupción Voluntaria del Embarazo? La decisión o voluntad de la mujer o persona con capacidad de gestar es causa suficiente para decidir. No obligamos a nadie a abortar como tampoco obligamos a nadie a gestar, parir ni ser madre. Proponemos una reforma de las causales vigentes hasta hoy. La reforma que proponemos se ancla en este aspecto. La voluntariedad de la persona. En el modelo actual por causales, la autonomía de las mujeres está cercenada y el acceso a una práctica segura depende de la opinión de profesionales, lo que se transforma en una forma de tutela del cuerpo de las mujeres.


12.¿Por qué hablamos de que el aborto legal es una cuestión de salud pública? Desde la recuperación de la democracia se han muerto 3030 mujeres por abortos inseguros. Entre 2013 y 2015, el aborto representó el 18% de las muertes maternas.19 Por esto, las complicaciones por aborto son la primera causa individual de mortalidad por gestación desde 1980. ¿Qué es la mortalidad materna? Es el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio (en un plazo de 42 días a partir de la terminación del embarazo), independientemente de la duración o lugar del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o su tratamiento, o agravada por ellos, con exclusión de las causas accidentales. Esta mortalidad se divide, a su vez, entre causas directas (aquellas vinculadas directamente a la gestación, como complicaciones en el parto, puerperio, aborto, hemorragias, sepsis, entre otras) y causas indirectas (resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, que se agrava por los efectos fisiológicos del embarazo). Las causas indirectas representaron, para ese mismo período, 26% de la mortalidad materna. El libre acceso al aborto, de manera segura y gratuita, no sólo permitiría prevenir el 18% de las muertes por complicaciones de aborto, sino también, incidir sobre el 26% de muertes por causas obstétricas indirectas. En estos casos, se debe ofrecer a todas las mujeres consejería integral sobre los riesgos del embarazo en curso y la posibilidad de interrumpirlo. No es posible estimar cuantas de esas muertes podrían haberse evitado, pero podemos sostener que la legalización y despenalización del aborto y el correcto acceso a la información podrían prevenir no sólo las 10 muertes por complicaciones de abortos clandestinos, sino también, algunas de aquellas producidas por enfermedades agravadas por el embarazo. Además, la evidencia demuestra que la legalización del aborto reduce la mortalidad materna. En Uruguay, desde la legalización, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 37% a 8%. Sin embargo la fatalidad no es el único riesgo con el aborto clandestino. La morbilidad materna, es decir, la afección de la salud de la persona gestante, también presenta datos alarmantes. En 2013 - último año del que se disponen datos oficiales de egresos hospitalarios- 49.000 mujeres egresaron de hospitales públicos luego de una internación por complicaciones de aborto. Es decir, 135 mujeres por día.


13.¿Por qué hablamos de que el aborto legal es una cuestión de justicia social? La penalización del aborto y el bajo acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en el sistema público de salud empujan a las mujeres a practicarse abortos en la clandestinidad. Según cifras de egresos hospitalarios por aborto del año 2013, de los 48.701 egresos hospitalarios por aborto, sólo el 1% (362) fueron codificados como abortos legales. Esto genera situaciones de desigualdad en función de la zona de residencia y de los recursos económicos y simbólicos de las mujeres, donde las mujeres de menores recursos enfrentan mayor exposición a prácticas inseguras y, por lo tanto, riesgosas. La tasa de aborto en condiciones de riesgo en América latina y el Caribe es de 31 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, mientras que en el resto del mundo es de 22 por 1.000. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) debida al aborto en condiciones de riesgo es tres veces mayor en América latina y el Caribe que en las regiones desarrolladas: 10 en comparación con 3 por 100.000 nacidos vivos, respectivamente. En Argentina, encontramos grandes disparidades entre las provincias. Las razones de muerte materna son muy desiguales. Más de la mitad de las provincias (13 de 24) superan la RMM nacional y 4 llegan a duplicarla o triplicarla (Chaco, Formosa, Jujuy y Misiones). Esto indica un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en diferentes jurisdicciones. El riesgo acumulado de muerte materna indica que las mujeres de Formosa y Jujuy tienen 16 y 14 veces más riesgo de morir a lo largo de su vida reproductiva por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio que las mujeres que residen en la Ciudad de Buenos Aires.24 Dado que al aborto es la primera causa individual de muerte materna desde el retorno democrático, los datos presentados dan cuenta de las inequidades en el acceso a abortos seguros y, por lo tanto, del impacto de penalización sobre la salud y la vida de las mujeres y personas de menores recursos.


14.¿Por qué hablamos de que el aborto legal es una cuestión de derechos humanos? El derecho internacional de los Derechos Humanos ha considerado el derecho al aborto como parte del derecho a la salud de las mujeres, reflejándose en numerosos tratados y conferencias. Estas han establecido: 1) Que los derechos humanos de las mujeres son universales, (Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, 1993); 2) Que las mujeres tienen derechos reproductivos (Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, 1994);y que los derechos reproductivos son derechos humanos (Conferencia de Beijing sobre la Mujer, 1995). 3) Que la negativa de un Estado Parte a proveer la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria (Recomendación General N°24, Comité de seguimiento de la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer - CEDAW-, ratificada por Argentina en 1985 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994. 4) Que las leyes restrictivas de acceso al aborto - y la consiguiente falta de acceso a abortos seguros y muertes por complicaciones - son una violación al derecho a la vida y la salud de las mujeres, exigiendo la revisión de las leyes restrictivas a los Estado miembro para garantizar el acceso de las mujeres a abortos seguros (Comité de seguimiento de la CEDAW, Comité y Declaración de Plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer). La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, visitó el país durante 7 días en noviembre 2016 y se pronunció sobre la situación en Argentina. Denunció, en una rueda de prensa en Buenos Aires, que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una "violación de los derechos humanos" y "contribuye a la alta tasa de mortalidad materna" en el país. Simonovic exigió al Gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo; instó al Ejecutivo a facilitar el acceso de las mujeres "a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto". Asimismo, el informe conjunto sobre la situación del aborto en la argentina, elaborado en 2017, en el marco de la 60 sesión del Comité Contra la Tortura, también señaló las barreras y obstáculos en la atención de los abortos legales, haciendo especial hincapié en la penalización del resto de los abortos, así como en “el recurso abusivo y arbitrario a la objeción de conciencia”. Este informe recomendó al Estado no sólo la garantización de los abortos legales sino también el tratamiento y aprobación de una ley de interrupción legal del embarazo.

EDUCACION PARA DECIDIR. ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR. ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.


El debate del aborto. Su contexto histórico y político en la Argentina Desde la formación de los Estados modernos, con las revoluciones burguesas de fines del S. XVIII, la Iglesia ha sido una institución que ha sido apartada de la constitución de los Estados. Sin embargo, como un poder establecido por milenios, la influencia de la Iglesia en los status quo y los cánones y patrones sociales siguieron siendo muy fuertes. Sobre todo en los patrones de lo que constituye el formato de las familias, las costumbres y sobre el gobierno de los cuerpos. Como bien afirma Foucault y un poco Gramsci en sus teorías, la sociedad sobre todo y más profundamente en el marco de la sociedad capitalista, no sólo gobierna o intenta controlar a las personas desde los consensos, sino también en la disciplina y control de los cuerpos. La historia argentina no sólo no escapa a esto, sino que además suma al panorama el componente de no haber logrado separar a la Iglesia del Estado, con la carga simbólica que eso conlleva. Si bien es cierto que la institución Iglesia es un mundo donde como en la sociedad existen diferentes corrientes algunas más populares y otras más conservadoras, sí es cierto que sobre ciertos patrones mantiene, como corresponde a una religión, un dogma predominante. En este marco es que hoy en la Argentina estamos inmersos en un debate como el aborto que atraviesa a todo el arco de la sociedad y donde las construcciones de los discursos se vinculan fuertemente y, se disputan los sentidos, no sólo sobre la sexualidad sino también en todo sentido sobre la soberanía de los cuerpos propios de las mujeres y ese control y disciplina que el sistema exige. En este sentido, el debate en que nos encontramos, debe ser entendido no sólo como una reivindicación sectorial del movimiento de mujeres que ha sabido instalar una agenda de reivindicaciones sectoriales y sociales; sino como algo más profundo que pone en cuestionamiento la hipocresía social que no solo excluye y establece los patrones de conducta, sino que además responde a los intereses de clase. Poner entonces el debate del aborto como una cuestión social, no sólo es una lectura acertada sino que, además pone en el tapete las contradicciones de clases existente y muchas veces borradas por el moralismo y los patrones de lo establecido. Más aun, queda claro que es una temática de clase cuando la historia ha demostrado que estos debates son atrasados si tomamos, por ejemplo el gobierno de los Soviet en 1920, en la URSS legalizando el aborto. Por tanto, no es exagerado decir que el debate por el aborto legal, seguro y


gratuito es un debate de clase al cual los sectores dominantes no han podido escapar pero que sí cuestiona su estatus quo y, que por tanto, intentan recurriendo a los fundamentos mismos de la Iglesia para respaldar esos viejos privilegios. Claramente, la Iglesia como institución, más allá de sus contradicciones internas, en la historia Argentina ha actuado como un factor más del poder establecido. El debate del aborto legal, seguro y gratuito, pone en relevancia otros aspectos necesarios de analizar para las luchas venideras. La articulación del campo popular y los movimientos sociales en unidad, que ha logrado construir el movimiento de mujeres y puntualmente este tema, demuestra además que las capacidades de presión que puede ejercer el pueblo y la organización popular si se fija un horizonte. En este sentido, el cuestionamiento que supone la legalización del aborto a los privilegios de clase, nos debe dar el camino para la construcción de las articulaciones necesarias del campo popular que no sólo hagan retoques de derechos, sino que den otro sentido al Estado y la economía, que profundice a favor de las mayorías populares. La construcción de la unidad del campo popular que enfrente un programa político que lleve como norte una profunda transformación social donde las desigualdades que genera el propio sistema capitalista sean superadas. Donde la cultura patriarcal capitalista sea transformada en post de una sociedad de mujeres y hombres libres sin explotades ni explotadores. Ezequiel Páez


"Están lloviendo mujeres, Un vendaval de polleras, Risas, lágrimas, banderas, Desafiando a los poderes. Están lloviendo mujeres Se asustan las tradiciones. Las viejas en los balcones No se mojan de mujer; No se animan a coger Sus nuevas obligaciones. Llueven sin parar mujeres mojan las plazas repletas. A cántaros llueven tetas Que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres Y enfrentan la guerra santa. La lluvia de nenas canta Reclama torrencialmente Con un pañuelo valiente Desatado en la garganta. Las columnas torrenciales Empiezan a caer de a gotas. Pisan las baldosas rotas Y saltan las catedrales. Las columnas torrenciales Avanzan regando el suelo. La lluvia se suelta el pelo Frente al altar sacrosanto Y parece mientras tanto Que se está cayendo el cielo.


Están matando las lluvias, Por más que se quieran vivas, Porque son provocativas, Porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias Y por eso están reunidas. Para salvarse las vidas Hacen lo que se les cantan. Y por eso se levantan, Por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas Se vienen fuertes crecientes Mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas Son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta martes, Hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces Libertad por todas partes. Está lloviendo mujer. Nos están mojando a todos. Felices codos con codos Son el amor con poder. Está lloviendo mujer, Dicen que no va a parar El tiempo va a mejorar. Están lloviendo gurisas. Están lloviendo las risas Que ya no van a matar. Wilson el payador - Wilson Saliwonczyk


"La amiga que sueña un marido que la mantenga el pibe que escribe el reggaetton de moda la madre que educa machitos y princesas el jefe que escupe: es que está en día femenino la compañera que te dice: así no vas a conseguir novio la boluda que aclara: soy femenina, no feminista la mamá que la viste sólo de rosa, porque es nena el papá que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena y pelotas y aviones y juegos de química al varón el novio que te revisa el teléfono y el facebook la mina que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa la mamá que sueña un príncipe azul para yerno el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija


el novio que no coge con la novia por respeto y sale de putas después de acompañarla a casa los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir en la reunión, te piden que sirvas el café o hagas el mate la marca de detergente que sólo te habla a vos, mujer el médico que te hace cesárea sin necesidad o el que te hace la episiotomía de rutina la enfermera que te grita: bancátela, bien que te gustó hacerlo o la que te ata a la camilla para parir el marido que te prohíbe trabajar o el que te esconde los documentos y la plata o el que te controla los ingresos y egresos la caricatura política diaria el chiste de mierda, las propagandas,


Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza el que te obliga a hacer algo en la cama que no deseás, el que se fija sólo en su placer el que te dice: ahora no me podés dejar así el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia el que te caga a trompadas el que te aisla, te controla, te cela, te sigue el que me dijo el primer piropo grosero a los doce años, el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda, en todos los boliches de moda el compañero que te manda a barrer el piso del local del partido el compañero que no cuestiona sus privilegios el que recibe un cheque más gordo sólo por tener pene y se calla y se lo guarda en el bolsillo el pelotudo que pregunta y el día del varón, eh? la mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones la pelotuda que rápido vuelve a aclarar


pero mirá que yo soy femenina, no feminista la que se burla de que no me pinto la que se burla de que vos no te depilás la que se burla de que no calzás tacones la que se ríe de que compro libros y no carteras el compañero que me mira las tetas Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina.”


Una historia presente (Página/12)

Por Paula Condrac* Tengo el orgullo de venir de la provincia invencible de Santa Fe, y de pertenecer a la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Soy abogada y psicóloga social. Acompañamos humana y legalmente a la familia de Ana María desde semanas antes de su muerte. Quisiera compartir con ustedes su historia. Los hechos son conocidos: en octubre del 2006 operan Ana María Acevedo de cáncer en el maxilar izquierdo, en el Hospital Cullen, y la derivan al Hospital Iturraspe para iniciar allí radio y quimioterapia en diciembre. Cuando se encontraba internada esperando el tratamiento, detectan un saco gestacional sin embrión de 4 semanas (HC). Fue suficiente para no hacerle el aborto terapéutico, ni la quimio, ni los rayos, ni un tratamiento contra el dolor acorde a la magnitud insoportable del mismo. Ante la insistencia desesperada de la familia, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe dice por escrito "el tratamiento indicado para la patología de la paciente es radioterapia y quimioterapia, pero se encuentra cursando un embarazo y está contraindicado con el mismo. En este hospital y en Santa Fe, por cuestiones culturales, por convicciones religiosas y morales, no se hacen abortos".


Ana María es obligada a sostener en su cuerpo, simultáneamente, la gestación forzada y el cáncer que retorna por falta de tratamiento, junto con dolores tortuosos y la deformación progresiva de su rostro. En abril se encontraba en estado pre mortem y con falla de órganos internos (HC) y aunque la gestación no alcanzaba los 5 meses, los médicos apuran el nacimiento por cesárea para que no muriera embarazada. Tal era su gravedad que no conoce a quien nace, que pesa 450 gramos y sobrevive 17 horas. Ana María muere el 17 de mayo de 2007, a los 20 años, dejando 3 niños huérfanos, de 1, 3 y 4 años de edad. En Santa Fe de la Vera Cruz reaccionan las instituciones del estado laico y se desata un escándalo político. El gobernador desplaza del cargo al director del Hospital Iturraspe. La Cámara de Diputados interpela a la Ministra de Salud. El obispo declara a los medios que "a los médicos se les debe un reconocimiento porque actuaron con mucha responsabilidad". En 2008, el juez penal Eduardo Pocoví, sentando el principio de que no hacer un aborto legal es un delito, procesa al director del Hospital Iturraspe, a los Jefes de Servicio de Oncología, y de Ginecología y Obstetricia, al radioterapista, a la Directora del SAMCO de Vera y al Presidente del Consejo de Administración. En 2008 la agencia canadiense AWID (Asociattion por Women in Development, Asociación por el Desarrollo de las Mujeres) selecciona el caso de Ana María entre más de 200 casos de fundamentalismos religiosos alrededor del mundo, para ser expuesto en la sesión de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, juntamente con casos de lapidación de mujeres, ablación de clítoris y persecución de mujeres lesbianas, entre otros. La muerte de Ana María resultó el caso más aberrante de Occidente en materia de fundamentalismos religiosos. En octubre de 2015, durante la gestión del ex gobernador socialista Antonio Bonfatti, la provincia asume su responsabilidad, pide disculpas a la familia, la indemniza económicamente, y asume el compromiso de evitar que estos hechos se repitan, honrando así el recuerdo de su ciudadana y rescatando su legado (palabras textuales del dictamen del fiscal de estado) Es así como la provincia de Santa Fe asume


su responsabilidad y evita la responsabilidad de Argentina frente a Cortes Internacionales. La reparación se basa en una pericia psicológica practicada a los familiares por profesionales de la Dirección de Salud Mental de la Provincia, que concluye en forma categórica que la madre, el padre y los hijos de Ana María se encuentran en estado de duelo patológico crónico. Relata la pericia que frente a la negativa rotunda de hacer el aborto terapéutico, Aroldo Acevedo recuerda que el oncólogo le dice: "no tiene nada tu hija", "tu hija se va a salvar", "te las vamos a salvar a las dos". La pericia cita la reflexión de Aroldo frente a estas palabras: "Yo confié en el doctor, po rqué el doctor me iba a engañar". Sucede que mientras los Acevedo Cuevas los escuchaban como médicos, los médicos les hablaban como profetas bíblicos y como pastores medievales. "Te las vamos a salvar a las dos", les decían, a contrapelo de la verdad, de la ciencia y de la ley, adelantándose 11 años al actual "salvemos las dos vidas" y dando cuenta con anticipación de la falsedad mortal del slogan. Dice textualmente la pericia: "según lo referido, ante la negativa a sus pedidos de un aborto terapéutico y con la promesa de que ambas se iban a salvar, esto los habilita a pensar el nacimiento de la primer hija mujer de Ana María". Es así como los médicos tratantes, partiendo de un saco gestacional sin embrión, crean un sujeto humano, lo dotan de subjetividad y lo inscriben en el estatuto familiar, dejando a la familia en estado de duelo patológico crónico cuando se produce la muerte anunciada de Ana María y esa hija, nieta, hermana... resultó solo ser una promesa. Norma Cuevas en la pericia dice: "Para mí están las dos todavía en el Iturraspe". Acuerdo, matar es contrario al arte de curar y deja secuelas en la salud mental de los familiares de las muertas. El caso de Ana María desnuda el argumento central del debate: el salto sin escalas del saco gestacional a la persona humana ("el ingeniero") al servicio de transformar a una mujer en un frasco donde germina un poroto, para exigirle maternidades forzadas y conductas heroicas. Lo cierto es que cuando la Convención Interamericana de DDHH en su artículo 4.1. dice que "se protege la vida humana, en general, desde la concepción" significa que dicha protección no es absoluta, sino gradual e incremental, de acuerdo al mayor o menor grado de desarrollo


del embrión o del feto, y en tensión con los derechos de la mujer gestante, tal como lo interpreta la Corte Interamericana de DDHH en el caso Artavia Murillo C/ Costa Rica. Quienes se oponen a la legalización y despenalización del aborto, hoy esgrimen en este recinto muchas de las ideas que se impusieron en el caso de Ana María para incumplir la ley, y que culminaron con su muerte. Los hechos demuestran que no son pro vida, y que no salvan las dos vidas. Ellos llevan en andas un feto de papel desproporcionado e inviable fuera del cuerpo de una mujer, mientras nosotras acompañamos a una familia real a un cementerio real de un pueblo real y llevamos a pulso el féretro con los huesos y con la carne muerta de una mujer real. Diputadas y diputados: que no los duerman con cuentos de hadas, como hicieron con los Acevedo Cuevas. Para cerrar, quiero imaginar con ustedes a la Ana María veinteañera, la que tenía sueños, la que andaba en bicicleta por las calles de su pueblo, la que gritaba los goles de Boca, la que hacía el pan casero en el horno de barro con su mamá, la que hacía tortas fritas los días de lluvia. Pero sobre todas las cosas quiero reivindicar a la mujer que en noviembre del 2006 escapó del tormento del cáncer por un rato para amar a un hombre, sin sospechar que la pobreza invencible y la inaccesibilidad a la educación sexual resultarían pésimas aliadas a la hora de quedar embarazada y caer en manos de médicos que antepondrían su religión a los principios del estado laico, a los principios de la ciencia y a la ley civil y penal. ¡Ana María Acevedo Presente! ¡Aborto legal Ya! ¡Vamos con Irlanda! *Ponencia presentada ante el plenario de comisiones del Congreso de la Nación el 29 de mayo pasado.

Norma, Aroldo, mamá y papá de Ana junto a sus hijos


Mercedes Sosa sobre el aborto: “No es fácil vivir y mucho menos siendo mujer. Imaginemos las jovencitas y no jovencitas que empujadas por la miseria, el hambre y la desocupación tienen que abortar. Las flagelan en lugares clandestinos y sórdidos. Cuando me pidieron de la UNICEF que trabajara para ellos, se los dije: Voy a hablar por los niños y por las mujeres. Diré que estoy a favor de la despenalización del aborto. En contra de la hipocresía, de la mentira y de la clandestinidad terrorífica a la que son empujadas las mujeres pobres y marginales. Porque una cosa es estar abortando en una clínica con calefacción y anestesia y música funcional, y otra cosa es abortar en cualquier rincón inmundo con unos fierros terribles que te meten ahí, adentro, para arrancar un cuajo de vida que, si se la dejara vivir, se la condenaría al analfabetismo, al hambre. –Pregunto yo a los hipócritas que están contra la despenalización: ¿acaso ellos no provocan millones de abortos cada día?... Abortos cuando cierran fábricas y dejan sin trabajo, abortos cuando condenan a chicos al hambre que los descerebra y hasta los mata. No me cansaré de decirlo: hay que educar, enseñar a usar anticonceptivos... Que se dejen de joder las madres que quieren tener la nena virgen hasta el casamiento. ¡Hipócritas de mierda! ¿Cuándo van a reconocer que la hija puede de repente enamorarse y acostarse y hacer eso tan bello que es el amor y quedar gruesa por culpa de tanta pacatería, de tanta educación para la hipocresía? Realmente, quienes crean las siniestras condiciones para el aborto son los que impiden la legalización. Ellos provocan más abortos fomentando la ignorancia, condenando a las mujeres pobres a eso tan terrible que se multiplica por la falta de trabajo y de educación. Yo, como tantas mujeres, no quiero promover el aborto; lo que quiero es que cada mujer sea realmente dueña de su cuerpo y de sus ovarios y de su destino… Conozco señoras que públicamente opinan contra la despenalización, pero ellas se los hacen. La iglesia manipula las cosas. Mientras frenan esto no se ocupan de resolver de una vez que los curas puedan amar y casarse para que no hagan las macanas que están haciendo. Alguien, un poeta, dijo que aquí la hipocresía funciona como ideología. Estamos manejados por hipócritas. ¿Cuánto falta para que nos saquemos la careta? Aquí el único modo de estar contra los abortos es evitar las causas que los provocan. Se está contra el aborto reabriendo fábricas, generando trabajo, educando. Esto es lo que pienso: esos que impiden las leyes que saquen al aborto de la marginalidad y para posibilitar que cada mujer sea realmente dueña de sus ovarios y de su vientre, son los que matan gente, matan mujeres, matan niños de hambre. ¡Hipócritas! A ver, ¿quién tiene derecho a impedirle a una mujer de Tucumán, o de La Matanza o de donde sea que decida abortar sabiendo que el hijo que trae al mundo estará condenado a morirse de hambre? ¿Acaso no es un aborto cada niño que se muere a los cinco a los siete años? Hipócritas, ¡pero que se vayan a la puta que los parió.” (Extractos del libro “Mercedes Sosa. La Negra” de Rodolfo Araceli, Ed. Sudamericana.)


Lxs que somos de pueblos o ciudades chicas sabemos cuánto cuesta empezar a decir, a hacernos oír ante tanta siesta y silencio clerical, ante tanto miedo a escuchar. Pero por fin empezamos a soltar las lenguas de a poquito… Hace demasiado tiempo, demasiadxs asesinadxs,encasillamientos, binarismos y luchas que llevamos marcados. El patriarcado nos sometió a roles de procreación demasiado tiempo, castigando la decisión y desobediencia de no querer convertirnos en madres. En nuestro país, los colectivos feministas hace más de 10 años venimos luchando por la aplicación real de la educación sexual integral y ese mismo tiempo luchamos también por una ley que suprima la inequidad entre lxs que pueden y lxs que no pueden pagar por un aborto, una ley que nos de dignidad a todxs por igual, que cambie las condiciones en las que los abortos se llevan a cabo. Una ley que nos piense, que priorizar nuestras vidas plenas, porque humanizar la vida de un embrión es deshumanizar las nuestras. La lucha no termina hoy ni mañana. Junto a lxs de siempre y a esas nuevas generaciones que no temen levantar el pañuelo verde hasta que sea ley, hasta que todxs nos reconozcamos en los mismos derechos y entendamos que las decisiones son nuestras, que la soberanía es nuestra, porque son nuestrxs y de nadie más lxs cuerpxs con capacidad de gestar. BASTA de condicionarnos por una moral religiosa cuestionable. BASTA de robarnos palabras. BASTA de machiexplicaciones. HASTA que sea ley: educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Eugenia Regue Secretaria de Género CTA Coronda

Revista digital "Hacia la legalización del aborto. Fundamentos". LA TOSCO DOCENTE Santa Fe, junio de 2018

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Hacia la legalización del aborto. Fundamentos  

Revista digital de la agrupación La Tosco Docente Santa Fe - La Violeta CTERA

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