E
MARZO
DE
2012
no sigan perjudicando a la gente y las autoridades judiciales les impongan sentencias privativas de libertad ejemplares, entre ellas la cadena perpetua para que jamás vuelvan a las calles a cometer tan terrible felonía”, aseveran las féminas, las que, aunque la mayoría lo niega, se congratulan de que a sus violadores, al llegar a cualquiera de los más de 400 penales del país, les apliquen la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente y falo por falo. Con base en reportes oficiales de las Procuradurías Generales de Justicia, organizaciones civiles y gubernamentales, recopilados por el Sistema nacional de Seguridad Pública, el que “brillara intensamente” bajo la dirección del penalista y ex subprocurador de la República, Juan Miguel Alcántara Soria, revelan que en los últimos 10 años, en los regímenes panistas, se han iniciado más de 130 mil averigua-
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ciones previas por la comisión del multimencionado ilícito, “el que debería avergonzarnos a todos como sociedad y supuestamente como hombres civilizados, cuando en realidad nos comportamos peos que animales”. “Mensualmente se denuncian en promedio mil 200 ataques sexuales, la mayoría de ellos con violencia y bajo amenazas de muerte”, acotaron autoridades ministeriales, las que reconocieron que un elevado porcentaje de los casos de violación quedan impunes por temor de las víctimas hacia sus victimarios, quienes por lo general son extremadamente violentos y vengativos. “La tendencia respecto de las denuncias no ha variado mucho”. Como resultado de investigaciones especiales se estableció que la mayoría de las violaciones son cometidas, por desgracia, por padres, padrastros, tíos, primos, sobrinos, padrinos, hermanos
y otros parientes de las afectadas, “quienes con ese hecho son doblemente criminalizados, independientemente del maltrato que por lo general se les da en las agencias ministeriales al cuestionarlas respecto del ataque de que fueron objeto. Las victimizan de manera impune”. Resulta imperativo que las procuradurías generales de justicia, apoyadas por la General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación, dispongan de un archivo que contenga fotografías y datos de esos degenerados, la mayoría de ellos altamente peligrosos, por lo que pueden recurrir a otros delitos, entre ellos el homicidio, para no ser denunciados”. Entrevistadas sobre el particular, trabajadoras sociales, psicólogas y penalistas, entre otras profesionistas, sostuvieron que “resulta indescriptible el dolor, angustia y zozobra en que
viven las víctimas de ataques sexuales, por lo que es imperativo que tanto el Poder Ejecutivo Federal y Estatal, como el Poder Legislativo y Judicial, cumplan cabalmente con su cometido y ataquen el grave y creciente problema por todos los flancos. Por otra parte y de acuerdo a estudiosos y estudiosas de la materia, la “cifra negra” de violaciones, en comparación con la oficial, podría duplicarse, más ello resulta imposible de comprobar de manera fehaciente debido a que miles de esas víctimas no denuncian los “terribles hechos”, ya sea por temor o bien por que fueron cometidos por alguno de sus parientes o “gente muy poderosa”, como serán empresarios, políticos, industriales y otros acaudalados ciudadanos sin escrúpulos. “Si bien es cierto que ningún sector social escapa a este flagelo de la delincuencia, también lo es el hecho de que el mismo se repite y multiplica en la mal e injustamente llamada “clase baja”, donde prevalece la pobreza e ignorancia.