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TULSA, OK • 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2011 www.lasemanadelsur.com

Comisión Interamericana de Derechos Humanos fustigó la ley de Alabama La OEA teme discriminación cuando entre en vigor la ley HB 56

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB 56, que entre otras medidas criminaliza la estadía indocumentada, para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos. "Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado. La HB 56, inspirada en la también polémica y cuestionada SB 1070 de Arizona –promulgada el 23 de abril del año pasado y cuyas partes más polémicas se encuentran suspendidas temporalmente por una corte federal-, otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y munici-

L

pal) para que sus agentes exijan papeles de estadía migratoria en Estados Unidos a individuos detenidos por cualquier otra ley vigente o si tienen sospechas razonables que se trata de indocumentados. También obliga a las escuelas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes y castiga severamente el transporte y/o alojamiento de extranjeros indocumentados. La CIDH conminó a las autoridades estadounidenses "a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes y ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos". La HB 56 no define ni especifica cuál es la "sospecha razonable" que permitiría a un policía a pedir papeles migratorios un individuo, por lo que puede conducir a que

los agentes usen "perfiles raciales", señaló la CIDH, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, penalizar "el transporte o alojamiento de migrantes podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes", indicó. Los derechos a la libertad, integridad personal y no discriminación no pueden subordinarse a leyes migratorias, estimó la comisión. La polémica ley de Alabama entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.

Además de criminalizar la estadía sin papeles, la HB 57 obliga a los comerciantes a verificar el estado migratorio de sus trabajadores, convierte en delito estatal no llevar consigo documentos de identificación y las empresas con más de 25 empleados están obligadas a inscribirse en el programa federal E-Verify. La HB 56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”. Cesar Marfil Rubio, un periodista y activista comunitario en Birmingham, dijo que la ley fue promulgada "ahora que hay más trabajo en Alabama", empleos creados para reconstruir el estado tras el paso de mortales tornados en mayo que dejaron cientos de muertos cuantiosos daños materiales. "Los eventos de entrenamiento ya no son masivos como antes. La gente tiene miedo. Muchos inmigrantes tienen sus casas en Alabama, sus hijos que aquí nacieron y están muy nerviosos. La mayoría son mexicanos, casi el 65%. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños. La mayoría de los trabajos están en las polleras (criaderos de pollos), la construcción y los servicios", señaló. Con excepción de Arizona –el primer estado en aprobar una ley de este tipo- la estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla. "Antes del 1 de septiembre nosotros tendremos lista una demanda para ponerle un alto O para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley", dijo el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU. "Estamos en proceso de buscar personas que tengan derecho a demandar basado en lo que la ley dice". "Por ejemplo iglesias que tengan

miembros o feligreses indocumentados y que la iglesia tenga que transportarlos, o abogados que tengan clientes indocumentados y que deban transportarlos a la Corte. Estamos revisando cada sección de la ley para encontrar personas que tengan derecho a demandarla", explicó. En abril, tras la aprobación de la HB 56 en la Cámara de Representantes y antes de los acuerdos alcanzados posteriormente con el Senado, Rubio dijo que la ley era “inconstitucional” y anticipó que la entidad, junto con otras organizaciones estatales y nacionales, demandará judicialmente la iniciativa en el caso que sea promulgada. “No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”. Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos. “Pero obviamente esa cifra está por debajo del 30% del número real”, indicó Rubio. Además de la ACLU, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center advirtieron que también presentarán demandas en contra de la polémica HB 56. A finales de junio del año pasado la CIDH emitió un informe en el que concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado". "La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

Jueza federal bloquea la ley migratoria de Indiana La medida se inspiró en la polémica ley SB 1070 de Arizona Al igual que sucedió con la polémica ley SB 1070 de Arizona, una jueza federal bloqueó el viernes las martes más controvertidas de la nueva ley migratoria de Indiana. La jueza federal de distrito, Sarah Evans Barker, accedió a una petición de una orden que bloqueara provisiones de la ley, reportó The Associated Press. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), mediante su rama en Indiana, y el National Immigration Law Center, demandaron en mayo al estado. Argumentaron que la ley da a la policía poderes amplios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos. "Estamos complacidos con que la corte reconoció que Indiana no puede hacer políticas de inmigración, y estamos contentos porque se reivindicaron los derechos constitucionales de los residentes de Indiana", dijo Ken Falk, un abogado de ACLU de Indiana. La oficina del secretario de Justicia del estado argumentó que esos temores resultaban exagerados, pero Barker había señalado que le preocupaba la forma en que los agentes harían que se cumpliera la nueva ley. "La determinación de hoy puede ser vista como una recusación del fracaso del gobierno federal para promulgar y aplicar una política de inmigración", dijo el viernes en un comunicado el secretario estatal de Justicia, Greg Zoeller. "Subraya el reto de Indiana y de legisladores de otros estados que han tratado de responder al fracaso de Washington". La ACLU ha señalado que la redacción de

la ley permitiría el arresto de cualquier persona contra quien hubiera una nota de acción presentada por autoridades de inmigración, un trámite que afecta virtualmente a cualquiera que solicite estar en Estados Unidos por cualquier razón. Barker había señalado que puede tomar hasta dos semanas el tener respuesta de funcionarios federales de inmigración sobre casos específicos, tiempo que una persona arrestada bajo la ley estatal podría pasar en una cárcel en espera que funcionarios de inmigración actualizaran el procedimiento en su caso. La otra parte bloqueada de la ley fue una medida que prohibiría a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad. La ACLU calcula que el consulado mexi-

cano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición. La embajada de México acreditada en Estados Unidos dijo a Univision.com que entre 2001 y 2010 sus consulados han extendido 8.3 millones de matriculas, se aceptan en 265 condados, 437 concejos la consideran un documento válido de identificación, 1,426 departamentos de policía y alguaciles la permiten, la aceptan 276 instituciones financieras y en 43 estados al menos una entidad la acepta. La ley de Indiana, promulgada por el gobernador Mitch Daniels el pasado 10 de mayo, forma parte de un paquete de al menos 80 proyectos aprobados por la legislatura estatal. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles no están rechazando todas las provisiones de la ley amplia, que despojará también de ciertas deducciones fiscales a los patrones que contraten a indocumentados. El principal punto de controversia es el poder de las autoridades para realizar arrestos. La nueva ley permite que la policía detenga a inmigrantes bajo ciertas condiciones, como si enfrentan una orden de expulsión emitida por un tribunal de inmigración. Sin embargo, la demanda presentada el mes pasado señala que algunas de las condiciones son demasiado amplias, pueden aplicarse a discreción a miles de inmigrantes y violan el requisito constitucional de una causa probable. Por ejemplo, la ACLU señaló en la deman-

da que la redacción de la ley permitiría la detención de cualquiera a quien se ha emitido una notificación de las autoridades migratorias, un trámite que afecta prácticamente a toda persona que solicita estar en Estados Unidos por cualquier motivo. "El estatuto autoriza a la policía de Indiana para arrestar a personas pese al hecho de que no exista causa probable de que esas personas hayan cometido delitos", señalaron los grupos en un informe presentado este mes. La ley migratoria de Indiana, además de otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a inmigrantes que no lleven consigo documentos de identificación, convertiría en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana. Entre las legislaciones aprobadas por la legislatura de Indiana, una niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. Otra, revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados. El Senado de Indiana también aprobó una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos. Otra de las leyes emitidas, la SB 590, permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.

La Semana del Sur  
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