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TULSA, OK • 11 AL 17 DE MAYO DE 2011 www.lasemanadelsur.com
La Cámara de Representantes de Florida rechazó la ley antiinmigrante Proyecto republicano no fue incluido en agenda el último día de sesión legislativa ras dos meses de largas batallas entre quienes apoyaban y detractores de una ley similar a la polémica SB 1070 de Arizona, la legislatura de Florida (sureste de Estados Unidos) abandonó un proyecto que mantuvo en ascuas a cerca de un millón de inmigrantes indocumentados por casi nueve semanas. El liderazgo republicano de la Cámara de representantes, en el último día de sesión legislativa, optó por no incluir en la agenda de debate y votación el proyecto de ley HB 7089 que, entre otras disposiciones, criminalizaba la estadía indocumentada en este estado. Hasta ahora sólo Arizona tiene vigente una ley que sanciona severamente la estadía sin papeles, un acto que en el resto de los estados sigue siendo una falta de carácter civil no penal. "Agradecemos a Dios y a la comunidad que nos apoyó durante estos dos meses en esta batalla por impedir que la legislatura aprobara el proyecto de ley republicano", dijo a Univision.com Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante (CODI). "Vivimos muchas horas de agonía, pero al final ganó la honestidad y el sacrificio. Ganó el pueblo". La fuerte presión ejercida por la Cámara de Comercio, agricultores, el sector turístico, organizaciones de derechos civiles y los activistas, entre otros, fue determinante para hundir el proyecto. A media tarde y cuando todavía no se tenían datos acerca de la estrategia republicana sobre la agenda en el último día de sesión legislativa, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes permanecían en los pasillos y en las afueras del Capitolio en una vigilia permanente para convencer al mayor número de congresistas que no respaldaran la medida. "Nadie sabía qué iba a pasar con esta legislación", dijo Natalia Jaramillo, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. "El martes el Senado estatal había aprobado su versión y estábamos esperando a ver qué decidía la Cámara. Al final, la Cámara optó por no llevar a votación el proyecto y dejó que el tiempo legal para el debate finalizara hoy viernes, a las 22:16 horas locales". La versión del senado mencionada por Jaramillo, la SB 2040, eliminó puntos polémicos de la iniciativa, entre ellos la obligatoriedad del uso del programa federal E-Verify por parte de los empleadores, pero mantuvo otorgar poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes pidieran pruebas de estadía legal a personas detenidas por la comisión de delitos. El proyecto de la Cámara, sin embargo (HB 7089), además de criminalizar la estadía indocumentada, imponía severas sanciones a empleados y personas que contrataran o transportaran a inmigrantes sin papeles. De haber sido aprobada la HB 7089, un
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comité de conferencia hubiese tenido que armonizarla con la versión del Senado para redactar una ley final que iba a ser enviada para la firma del gobernador, el republicano Rick Scott, quien el primer día de su mandato advirtió que la firmaría sin contratiempos. "Si hubiese pasado habría afectado a por lo menos un millón de inmigrantes indocumentados", reiteró Pereira. "La mayoría de ellos está en el sur del estado y trabajan en el área de la construcción y la agricultura. Pero también hay miles que laboran en el turismo, en las cafeterías, los supermercados y los restaurantes. El daño hubiese sido enorme para nuestro estado". "Yo creo que los republicanos que controlan la cámara hicieron lo que tenían que hacer", dijo Tirso Moreno, director de la Asociación de Trabajadores de Florida Central. "Si la hubieran pasado, las repercusiones hubiesen sido enormes. Habrían afectado la economía de Florida, a las familias, hubiese dividido a mucha gente y perjudicado a miles de trabajadores. Y no solo eso. La ley antiinmigrante de Florida iba a violar los derechos civiles de nosotros. La HB 7089 hubiese convertido a Florida en un estado peor que Arizona". La Coalición de Inmigrantes de Florida había dicho hace unas semanas que tanto el proyecto HB 7089 de la Cámara como el plan SB 2040 del Senado "eran una copia directa de la Ley de Arizona", promulgada el 23 de abril de 2010 y que entró en vigor el 29 de julio. En caso que la Cámara hubiese aprobado la ley, se hubiese desatado una larga batalla en los tribunales de justicia, al igual que sucede en Arizona. John De León, presidente de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en el condado de Miami-Dade, explicó que la organización estaba lista para "actuar y adoptar las medidas que hubiesen sido necesarias para evitar que entrara en vigor. Hubo bastante cabildeo en ese sentido. Los intereses de los negocios del estado estaban unidos con las organizaciones de derechos civiles que nos oponemos a estas iniciativas". El estado de Florida es considerado el "granero" de Estados Unidos y cuenta con una gran industria agropecuaria que emplea a miles de trabajadores extranjeros, muchos de ellos sin papeles que aguardan desde hace años a que el Congreso federal apruebe una reforma migratoria comprensiva que les permita legalizar sus permanencias. "Nosotros creemos que (los proyectos de ley en manos de la legislatura) no eran constitucionales (…) Se consideraba que tenían perfil racial”, agregó De León. Agregó que la entidad estaba preparada para “Tomar las medidas pertinentes para que no pudiera entrar en vigencia" la ley antiinmigrante inspirada en la polémica ley de Arizona. Un día antes de entrar en vigor, una corte federal suspendió temporalmente las partes
más polémicas de la SB 1070 (entre ellas la autorización para que las policías locales indaguen el estado migratorio de los individuos), en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia. El gobierno de Washington argumentó que el tema de la inmigración sólo puede ser tratado por el gobierno federal de Estados Unidos, y que la ley de Arizona viola la Constitución y lesiona los derechos civiles. La segunda semana de abril de este año una corte federal de apelaciones ratificó la suspensión temporal dictaminada el 28 de julio del año pasado por la jueza Susan Bolton. El fallo le acertó un duro golpe a las aspiraciones de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana) de liberar la ley para que todas las medidas aprobadas por la legislatura estatal entren en vigor y se incremente la batalla contra la inmigración indocumentada en ese estado fronterizo con México. Respecto al costo de movilización para batallar en contra de la aprobación de la ley de Florida, Pereira dijo que "nos costó bastante dinero", pero no aportó cifras. "Fueron casi dos meses, ocho semanas intensas. Contratamos buses, pagamos estadías, alimentación y otros gastos de infraestructura. Todo esto requiere inversión". Agregó que en todo el tiempo que duró la movilización "muchos colaboraron con el movimiento. Iglesias de distintas denominaciones nos abrieron sus puertas para descansar, los ministros nos cuidaron y nos dieron ánimo y los restaurantes locales nos sirvieron. Esto es un ejemplo para toda la nación y a todo el país le estamos diciendo claro que nosotros no somos Arizona" (en referencia a la ley SB 1070). A la pregunta si el proyecto de ley antiinmigrante se encontraba sepultado, el activista dijo que "no. El gobernador puede convocar a una sesión de emergencia y en un plazo de 20 días el legislativo tendría que emitir un voto. Pero no creo que se llegue a
ese extremo". Sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cuestionaron desde un comienzo el proyecto de ley y dijeron estar preocupados que, de ser aprobado, cientos de miles de indocumentados quedaran expuestos a serdetenidos y expulsados de Estados Unidos. "Hubiese sido como en Arizona", dijo Nora Sándigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami."La policía hubiese tenido autoridad para parar a cualquier inmigrante, con o sin causa, y le hubiese pedido papeles. Y si descubría que no tenía permiso para estar en el país, lo hubiese arrestado y entregado al servicio de inmigración para que lo deporten". La activista también dijo que otra de las preocupaciones de la comunidad inmigrante es el futuro de entre 4 y 5 millones de niños ciudadanos hijos de padres indocumentados, quienes podrían quedar desprotegidos si sus padres son arrestados y deportados del país. Un informe publicado recientemente por Perryman Group indicó que si todos los indocumentados fueran deportados de Florida, el estado perdería unos $43 mil millones por concepto de actividad económica, además de 262,436 trabajos. Hasta finales de marzo, legisladores en 30 estados barajaron al menos 52 propuestas basadas en la SB 1070, y en 41 estados republicanos amenazaron con presentar iniciativas para cambiar la Enmienda 14 de la Constitución y negar la ciudadanía automática a los hijos de indocumentados que nacen en territorio estadounidense. "Si los republicanos piensan que con atacarnos conseguirán más votos en noviembre de 2012”, dijo Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU), “están equivocados. Y los demócratas no deberían sentirse tan seguros si no escuchan nuestras demandas, sobre todo la petición de una reforma migratoria comprensiva", aseguró.
Solicitud de visas de chilenos a Estados Unidos aumentó en 22%
El alza se experimentó entre 2009 y 2010. En la mayoría de los casos se trata de personas que viajan por turismo o negocios. ejores perspectivas económicas y mayores posibilidades para crear negocios han gatillado un aumento en la cantidad de solicitudes de chilenos de la visa -de no inmigrante- para viajar a Estados Unidos entre 2009 y 2010. Según cifras consulares, el incre-
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mento se vio reflejado en que durante 2010 se entregaron 57.176 visas. Este número equivale a un 22% de alza respecto de 2009, cuando se entregaron 46.644 permisos. Según el cónsul general de la embajada de Estados Unidos, Mark Leoni, el interés por viajar a ese país ha sido una tendencia al alza durante los últimos años.
"La tendencia general en los últimos cinco años ha sido de crecimiento. La excepción fue en 2009, cuando la crisis económica mundial influyó en una reducción de la demanda de visas", explicó Leoni.
En lo que va del año, según el organismo consular, la tendencia hacia el crecimiento también se ha mantenido. Las visas para no inmigrantes tienen un costo de US$ 140 dólares y se solicitan en cate-
gorías de turismo, negocios, tránsito, tripulantes, estudiantes, entre otros. De acuerdo con Leoni, los requisitos para obtener la visa de no inmigrantes se han mantenido en el tiempo.Congreso reformara la ley.