La educación en la política; entre deudas y laberintos

Es así como la publicación de la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, viene a resolver esta dificultad estableciendo que la pensión de alimentos debe ser expresada en Unidades Tributarias Mensuales, medida tributaria, cuyo monto en pesos es determinado por ley y que se actualiza mensualmente según el IPC, reflejando así la variación del costo de la vida. A mayo del 2023 una UTM equivale a $63.074 pesos. De esta forma, todas las pensiones de alimentos tendrán la misma unidad de pago, haciendo por un lado innecesarias las solicitudes de reajustabilidad y por otro facilitando el cálculo del monto actualizado. Es importante destacar que todas las medidas que buscan resolver los conflictos que producen los incumplimientos o las dificultades para cumplir en el pago de las pensiones de alimentos, solo son aplicables para aquellos casos que han obtenido una resolución de un Tribunal, ya sea al aprobar un acuerdo entre las partes o al obtener una sentencia judicial. Existiendo una causa judicial de alimentos, se podrá obtener esta medida que entregará más justicia a niños, niñas, adolescentes y el padre que tenga el cuidado personal.

El discurso de rendición de cuentas y presentación de proyectos por parte del Presidente Gabriel Boric para el siguiente año de trabajo gubernamental es un momento de reflexión y análisis, donde siempre se espera con inquietud qué se dirá en cada área y con esperanza sobre que soluciones se presentarán a los problemas sociales que nos aquejan. En este sentido, lo señalado en materias de Educación se fijó en puntos que son importantes, pero limitados: las deudas y el laberinto de la deserción escolar. Y es que, postpandemia, hemos sido testigos de un aumento sostenido de niños, niñas y adolescentes que han optado por la deserción escolar, donde, lamentablemente la inmensa mayoría de ellos pertenece a los sectores más vulnerables de nuestra población. Organismos internacionales y distintos estudios sitúan a la pandemia como uno de los gatillantes de esta situación, pero lo cierto en nuestro país es que ella solo permitió observar de manera cuantitativa una realidad que estaba disfrazada en el ausentismo escolar, es decir, antes de la pandemia los estudiantes figuraban en la matrícula, pero no asistían con un mínimo de regularidad a clases debido al sistema de financiamiento basado en la subvención por asistencia escolar. Y acá es donde nos encontramos en un laberinto.

Postpandemia,

Hace un tiempo el Ministerio de Educación convocó a un consejo para la reactivación educativa, una buena señal, pero un mal augurio. Esto porque la composición carecía de quienes, a nuestro juicio, debían ser los principales partícipes de la discusión, investigadores e investigadoras, directores de los colegios, docentes y trabajadores sociales de establecimientos de alta vulnerabilidad, tanto los exitosos como los no exitosos en prácticas de retención estudiantil, e incluso la defensoría de la niñez que desde hace meses viene trabajando la relación entre deserción escolar y delincuencia juvenil, cuyo resultado es catastrófico, porque para un segmento de la sociedad la vía de su desarrollo social no está siendo el camino institucional, sino vías alternas que nos deberían llamar a profundas reflexiones sociales, siendo la delincuencia solo una de las existentes.

De ahí que parezca poco profundo el abordaje en la educación, pues hay necesidades que requieren ser presagiadas y pensadas desde la experiencia adquirida como, por ejemplo, la discusión de las vacaciones de invierno. Este tema no es nuevo, y debería estar buscándose una alternativa de flexibilidad a las planificaciones del calendario escolar, pues no es posible que este se dictamine desde el Ministerio de Educación de forma homogénea en un país tan diverso como el nuestro. Ello, debería ser una medida local o a lo menos regional respondiendo a las realidades, incluso climáticas de cada zona. Pues el invierno no es el mismo en el norte del país que en la zona sur, donde las enfermedades respiratorias colapsan el sistema hospitalario.

Del mismo modo, los establecimientos deberían tener protocolos de virtualización en periodos complejos y de alto índice de contagios, tal como lo tuvimos durante la pandemia o en su defecto, condiciones preestablecidas por organismos competentes para tomar decisiones extraordinarias al respecto. Y eso, es también mejorar la calidad de la educación porque es dar tranquilidad y seguridad a las familias de que el sistema responde a sus necesidades y no a la inversa. Aunque es valorable la disposición de diálogo y la apertura para tomar decisiones, hay que seguir buscando de qué manera fortalecemos en conjunto el camino para salir del complejo laberinto en el que está la educación hoy en día postpandemia.

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