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para quienes se introducen criterios de proporcionalidad que harán más coherente la aplicación de la política criminal.

Población reclusa La reforma también trata de dar respuesta a un problema, el de la reincidencia de los autores de pequeños hurtos, alrededor del cual se ha generado un interesante debate sobre la eficacia de las diferentes políticas criminales en el que los defensores de posturas opuestas han respaldado sus propuestas con varias cifras de récord. Por ejemplo, la tasa de población reclusa española es la más alta de Europa, con 164 presos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, los índices de criminalidad son equiparables a los del resto de países (47 delitos por cada 1.000 habitantes mientras que la media europea se sitúa en 70). Además, los delitos cometidos por los presos que llenan las cárceles de nuestro país no son precisamente los más graves, al contrario, la mayor parte cumple condena por delitos contra la propiedad y contra la salud pública. El nivel punitivo de España no ha hecho más que crecer en los últimos años y la doctrina Parot, fijada por el Tribunal Supremo, que permite sumar las penas que acumula una misma persona, ha elevado a límites desconocidos la población reclusa. Los 87 centros penitenciarios del Estado albergan hoy a 76.000 internos frente a los 33.000 de 1990, una cifra que representa un incremento de un 130% en las dos últimas décadas. En estos años, se ha producido un incremento medio de 3.000 presos más anuales. Finalmente, el Estado español se sitúa entre los de la Unión Europea en los que el periodo medio de estancia en la cárcel es mayor de 13 meses, frente a los 8 meses del resto de países. Todas estas cifras avalan la postura de un importante sector de juristas, expertos y políticos que creen que tenemos un Código Penal suficientemente estricto con los delincuentes «de poca monta» y con quienes infringen la norma pero están a su vez estigmatizados y marcados por la exclusión social.

Percepción de inseguridad Sin embargo, y a pesar de estos datos, el 90% de los ciudadanos cree que España es un país inseguro y que los delincuentes no cumplen las penas impuestas. La razón, de nuevo, se puede encontrar en las estadísticas y en la percepción que la población tiene de cómo afectan a su vida cotidiana determinados problemas de inseguridad ciudadana como los hurtos, sistemáticamente repetidos en algunos barrios céntricos de Barcelona o Madrid. La modificación del Código busca dar una solución al problema de la multirreincidencia de las faltas de hurto, casi es-

pecíficamente a la situación de la ciudad condal, donde, en el año 2008, las detenciones por faltas de hurto crecieron un 20% y alcanzaron las 80.000 actuaciones. En una veintena de casos, los detenidos acumulan más de 400 detenciones en un año. El sistema vigente ha fracasado en estos casos y para mejorarlo se han planteado dos alternativas: endurecer la respuesta para castigar al reincidente o buscar el fenómeno social que está en la raíz del problema para trabajar en el campo de la prevención y la reinserción. Finalmente, el texto aprobado en el Congreso —actualmente en el Senado— ha optado por endurecer la respuesta a la multirreincidencia para los hurtos que no llegan a 400 euros con determinadas medidas pactadas entre el Grupo Socialista y el Grupo Catalán que también fueron respaldadas por Esquerra Republicana de Catalunya, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

ÓSCAR MORALES Abogado «Castigar la reiteración con estancias en prisión los fines de semana no tiene efecto disuasorio»

Entre las principales modificaciones destaca el mayor protagonismo otorgado a la pena de localización permanente, que deberá imponerse como pena principal en todos los casos de faltas de hurto reiteradas.

Localización en prisión Lo más llamativo es que el juez podrá disponer que esa localización permanente se cumpla en un centro penitenciario, en régimen de fin de semana y días festivos. «Se trata de ofrecer una mayor dureza en la respuesta frente a la reiteración de la infracción, que sea al tiempo compatible con la naturaleza leve de la sanción», justifica la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley. Su aplicación se restringe a las faltas reiteradas de hurto y la reiteración se hace depender del número de faltas cometidas ya haya recaído condena por todas ellas en un solo proceso o en procesos distintos. En el caso de la acumulación de faltas de hurto no juzgadas, siempre que el importe total sustraído supere los 400 euros, la conducta será considerada delito cuando se sumen más de tres actos y no cuatro, como está previsto actualmente en el artículo 234 del Código Penal. La necesidad de que las faltas no hayan sido juzgadas para poder acumularlas ha complicado la aplicación práctica de este precepto, que coincidió prácticamente con la puesta en marcha de los juicios rápidos en nuestro país. La pena de prisión prevista en estos casos es de entre seis y dieciocho meses.

iuris junio 2010

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21/05/2010 11:35:29

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Revista Iuris-Junio 2010  

Revista para abogados con novedades del mundo de la abogacia y jurisprudencia

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