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haber sido interpuesto una vez transcurrido el plazo previsto para recurrir en vía judicial contra la desestimación presunta. Esa declaración de extemporaneidad presupone la obligación del administrado de reaccionar en vía jurisdiccional contra la desestimación presunta, por silencio administrativo negativo, sin tener en cuenta que la Administración ha incumplido su obligación legal de resolver expresamente. Ahora bien, si en estos casos no es aceptable constitucionalmente la inadmisión del recurso jurisdiccional, por extemporáneo, cuando ha sido interpuesto más allá del plazo específicamente previsto para el caso por el legislador, ello hace absolutamente inaplicable en la práctica dicho plazo. No obstante, debe precisarse que la doctrina constitucional no concluye directamente que no exista plazo alguno para impugnar en vía contenciosoadministrativa las desestimaciones presuntas por silencio administrativo o que el de seis meses previsto legalmente no sea aplicable a estos casos.

El plazo existe: el de seis meses, previsto en el segundo inciso del artículo 46.1 LJCA. Lo que se concluye de la doctrina constitucional es la fijación del dies a quo para el cómputo de ese plazo como si se tratara de una notificación defectuosa que contuviera el texto íntegro del acto. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 58.3 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cómputo del plazo comenzará a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. De este modo, el día inicial del cómputo del plazo para interponer el recurso, igual que sucede en el caso de las notificaciones defectuosas, dependerá de la propia actividad del interesado. La consecuencia práctica es que el recurso contencioso-administrativo nunca será extemporáneo o si se prefiere (con una cierta imprecisión) que no habrá plazo para recurrir en vía

contencioso-administrativa las desestimaciones presuntas por silencio administrativo. Con esta interpretación, el TC salva la contradicción ya mencionada que resulta del distinto régimen aplicable a las notificaciones defectuosas y a los supuestos de silencio negativo. Sin embargo, choca frontalmente con lo previsto por el legislador. En el artículo 46.1 LJCA, el legislador no se limita a fijar el plazo de seis meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo contra actos presuntos. Señala, también, el dies a quo para el cómputo de dicho plazo estableciendo que se computará, sin añadir ninguna consideración, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Si esto es así, los reproches de inconstitucionalidad no deberían recaer sobre las resoluciones judiciales que aplican la legislación en los términos establecidos por el legislador, sino sobre los preceptos legales que originan la contradicción.

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21/05/2010 11:42:32

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Revista Iuris-Junio 2010  

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