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COLEGIO PADRE LUIS VARIARA Hijas de los Sagrados Corazones GUIA CIENCIAS ECONOMICAS

GA-PC-1.7 R-01. 02/09/011 Versión 01

LA VIOLENCIA La Violencia es un período histórico de Colombia, comprendido entre 1930 y 1953 (comúnmente se relaciona el inicio con 1948 aunque en realidad inició en el año 1945 y no con el Bogotazo). Se caracterizó por el enfrentamiento entre los partidos Liberal y Conservador, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Algunos autores sitúan este periodo hasta 1953. El detonador del enfrentamiento fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948; en respuesta a ese hecho ocurrió una serie de protestas y actos violentos a los que se conoce como Bogotazo. Algunos factores que contribuyeron a la prolongación de La Violencia fueron las ideologías anticomunistas de la clase dirigente, la privación económica de los sectores populares y un rígido sistema de partidos que solo permitía la participación de dos partidos políticos. En el año 1953, el Partido Liberal y el Partido Conservador formaron una coalición llamada el Frente Nacional para poner fin a la violencia. Mediante este acuerdo los dos partidos acordaban apoyar a un único candidato presidencial y se dividían todos los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró estabilidad política por 16 años. Una oposición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no habían sido involucrados en el acuerdo, como la Anapo o Alianza Nacional Popular organizado por el depuesto general Gustavo Rojas Pinilla.

La Violencia (1930-1953) Después de finalizar la República Liberal (1930-1942), con el nuevo puesto de Alfonso López Pumarejo a la Presidencia de la República debido a la presión política de varios sectores liberales que criticaban su segundo periodo por su mal desempeño en materias económicas y por supuesta corrupción, López Pumarejo permitió que el Designado de la República tomara el poder y convocara elecciones para junio de 1946. Durante el gobierno del Designado de Pumarejo, el Partido Liberal se vio afectado por la ausencia de su líder natural, Alfonso López, y entró en una pugna interior por su liderazgo. Mientras tanto las toldas conservadoras, que no llegaban al Palacio de San Carlos desde 1930, se concentraban alrededor del presidente del directorio nacional conservador, Mariano Ospina Pérez. El discurso sosegado de la nueva tendencia conservadora encontró asidero en la convulsionada sociedad colombiana, mientras que el liberalismo finalmente se declaró dividido entre Turbayistas y Gaitanistas. El turbayismo representaba a las élites comerciales y al viejo liberalismo elitista que instauró la República Liberal, eran los representantes de la continuidad del proyecto de las Presidencias de Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera. Por otro lado, el Gaitanismo se instauró una corriente nueva dentro del Liberalismo que se originó en Jorge Eliécer Gaitán, el líder del extinto partido UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria), que aunque ni Marxista o radicalmente revolucionario, concentraba diversos matices del pensamiento original del Manifiesto Liberal de Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal. Gaitán manejaba bien a las masas, mientras que Turbay era muy lejano. Para mediados de 1945, la Dirección Nacional Liberal escogió la candidatura de Turbay como la oficial, dejando el Gaitanismo como una tendencia independiente. En este clima político, Mariano Ospina encabezaba un conservatismo unido que arrasó en las Elecciones Presidenciales de 1946. En el discurso de la toma de posesión, realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Mariano Ospina Pérez pidió comprensión a la extrema derecha conservadora y a los sectores representantes de la tendencia Gaitanista que sellaran diferencias, y que con su voluntad él formaría un gobierno de Unidad Nacional. El gabinete fue distribuido igualmente entre ambas tendencias, pero los Ministerios más importantes fueron retenidos por el Partido Conservador, dejando las ideas de una supuesta unión nacional en el aire.


A pesar de las diferencias y crispaciones políticas del Gobierno de Mariano Ospina Pérez, su gobierno tuvo resultados positivos, como la Ley de Hidrocarburos, la creación de Telecom y organización de Ecopetrol, leyes de trabajo y el Instituto de Seguros Sociales. En las ciudades, el ambiente que se respiraba guardaba cierto orden y concordia, pero la situación en el campo empeoraba cada día más. El creciente caciquismo, retenido por los hacendados conservadores, se convirtió en motivo de graves discordias y resentimientos para los ahora empobrecidos comerciantes liberales, que se fueron extinguiendo paulatinamente. La crispación Liberal se convierte en violencia en forma de leves escaramuzas públicas entre liberales y conservadores, pero el gobierno afirma que en realidad las peleas no tenían fundamento alguno. El gobierno se equivocó, Gaitán sabía que él era el jefe natural del Partido Liberal, y lentamente su ideología se fue desradicalizando, entrando también en las mentes de la clase media trabajadora, que crecía abrumadoramente. Encabezando numerosas protestas, como la famosa protesta del Silencio, Gaitán adquirió más fama, hasta ser conocido en todas partes. El Conservatismo estaba preocupado, pues veía a Gaitán como una seria amenaza al poder Conservador, reconociendo su verdadero poder y popularidad. En la mañana del 9 de abril de 1948, Gaitán salió de su casa para la Oficina, cerca de la Av. Jiménez, trabajó, y cuando salió a almorzar, un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba, que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del magnicida, Juan Roa Sierra. Condenó el imperialismo, el elitismo y arrasó con todo lo que vieron a su paso. Años de esas rabias reprimidas desde las Guerras Civiles del S. XIX salieron a la luz: hijos contra padres, hermanos contra hermanos, ni las más duraderas amistades resistieron la efervescencia y calor de esos momentos: ya no eran ideologías ni partidos, ahora, era el fanatismo. Colombia se desangró en una noche. El asesinato, aún sin resolver concluyentemente, del líder progresista y populista de extracción liberal Jorge Eliécer Gaitán provoca un estallido de cólera de las masas populares dando origen al Bogotazo, una serie de revueltas y saqueos en la capital Bogotá que termina a los pocos días tras un baño de sangre. Los liberales vencidos se retiran al campo y organizan la resistencia con el apoyo del Partido Comunista. Los propietarios por su parte organizan partidas armadas para luchar contra los liberales, que degeneran rápidamente en grupos de bandidos. Este periodo es conocido como "La Violencia" y varios personajes de ambos bandos enfrentados se harán famosos por sus acciones atroces. Más de doscientos mil muertos es el saldo de este periodo. En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla toma el poder y ofrece el final de la guerra. Por medio de las amnistías, cinco mil guerrilleros liberales dejan las armas. El Bogotazo El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán Jefe Único del Partido Liberal (después de haber tenido despejado el camino tras la extraña muerte de Gabriel Turbay en París) ocurrió el 9 de abril de 1948 a la 1:05 pm, tuvo como consecuencia inmediata una sangrienta revuelta popular, en Bogotá y otras ciudades de Colombia, conocida como el Bogotazo. El presunto asesino Juan Roa Sierra, fue linchado por la multitud. A partir de este suceso, la violencia política rural que había comenzado con la posesión del gobierno de Mariano Ospina Pérez se traslada a las ciudades. Tuvo lugar cuando en la ciudad se celebraba la IX Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la OEA teniendo como presidente de esta al diplomático Alberto Torres . Toma del Palacio de Justicia La Toma del Palacio de Nariño por los Derechos miércoles 6 de guerrilleros del del Palacio de Justicia, Bolívar de Bogotá, de la Casa de Nariño, la seguida de la reacción Colombiano, rodeando retoma del mismo que noviembre de 1985. El magistrados, empleados y visitantes

Justicia, también llamada Operación Antonio del Hombre fue un asalto perpetrado el noviembre de 1985 por un comando de Movimiento 19 de abril (M-19) a la sede ubicado en el costado norte de la plaza de frente a la sede del Congreso y a una cuadra residencia presidencial. Dicha incursión fue de la Policía Nacional y el Ejército el edificio e iniciando una operación de se extendió hasta el jueves 7 de M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre consejeros de Estado, servidores judiciales, del Palacio de Justicia.


Los hechos culminaron 28 horas después, dejando un saldo de 95 muertos, entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidos al no conocerse su paradero, número que se reduciría a 10 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común. Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública , han sido detenidos dos coroneles y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. En un video revelado en 2007 por Noticias Uno se puede observar que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas sale vivo del Palacio de Justicia a pesar de que un día más tarde se le encontraría muerto dentro del Palacio con una bala 9 mm en la cabeza disparada a contacto. La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), por lo que a los hechos también se le denomina Holocausto del Palacio de Justicia.

LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA: MÚLTIPLES NEGOCIACIONES, MÚLTIPLES ACTORES

Los esfuerzos para poner fi n al largo conflicto interno armado en Colombia por medio de negociaciones políticas siguieron enfrentando grandes obstáculos en 2006. En agosto, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez logró desmovilizar al último contingente de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal coalición paramilitar. Esto dio una cifra total de 31.671 hombres y mujeres desmovilizados como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno, que se iniciaron en julio de 2003. Este singular logro ha sido reducido a lo largo del año, sin embargo, por disputas con los líderes paramilitares sobre los términos de su desmovilización y por los escándalos que resaltan que las AUC han estado continuamente involucradas en asesinatos, narcotráfico e infiltración en las instituciones del gobierno, entre las el aparato de inteligencia y la legislatura. Entretanto, las esperanzas de que un modesto acercamiento con el grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llevaría a un intercambio de rehenes en poder de las FARC por presos en poder del gobierno se truncaron a finales de octubre; el Presidente Uribe suspendió las conversaciones después de culpar a las FARC por un carro bomba en la escuela de guerra en Bogotá, que resultó en aproximadamente doce heridos. Al mismo tiempo, los negociadores del gobierno y los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño, continuaron reuniéndose en La Habana, Cuba. A pesar de una atmósfera de buena voluntad y muchas expectativas, ambas partes parecían mantenerse distanciadas en el contenido real de la agenda de negociación así como en si el inicio del diálogo formal estaría o no condicionado a un cese al fuego. EL PROCESO DE LAS AUC Aun antes de estallar el nuevo escándalo político a finales de 2006 sobre la infiltración paramilitar en el Congreso de Colombia y, como se detalló en publicaciones anteriores, las conversaciones de paz del gobierno de Uribe con las AUC permanecían atrapadas en la controversia. En julio de 2005, y después de un largo debate interno e internacional, el Congreso de Colombia había aprobado la Ley de Justicia y Paz para servir de marco para la desmovilización de los paramilitares. Casi un año después, sin embargo, surgieron nuevas tensiones sobre la interpretación de la ley. Estaba en cuestión el fallo de mayo de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia, la institución encargada de garantizar que las leyes y decretos ejecutivos del país sean consistentes con las garantías constitucionales. Este ello tumbó algunos aspectos de la Ley de Justicia y Paz: la Corte discrepó con varias estipulaciones consideradas demasiado benevolentes con los paramilitares y demasiado comprometedoras del principio de justicia en medio de la búsqueda de la paz.


Por ejemplo, la Corte incrementó las penas y las consecuencias de mentir a los fiscales sobre implicaciones anteriores en atrocidades y otros crímenes, extendió el tiempo para que los fiscales realicen sus investigaciones de los líderes paramilitares y falló que, además de devolver los activos obtenidos ilegalmente, se podía obligar a los paramilitares a pagar reparaciones a las víctimas con sus bienes adquiridos ilegalmente. Los líderes de las AUC denunciaron el fallo de la Corte—el cual no se hizo público sino hasta julio—como un “golpe mortal al proceso de paz”, amenazando implícitamente con retirarse del proceso si se mantenía la interpretación más rigurosa de la Ley de Justicia y Paz. En un intento por mantener en marcha la desmovilización de las AUC, el gobierno trató, por un lado, de satisfacer las protestas de los líderes de la AUC mientras, por el otro, de no parecer demasiado complaciente con sus demandas. Como ejemplo de lo primero, un borrador del gobierno, que se filtró, de un decreto para ejecutar la Ley de Justicia y Paz al parecer proponía que se les permitiera a los comandantes paramilitares cumplir hasta dos terceras partes de cualquier condena en sus fincas, en lugar de la cárcel La Embajada de EE.UU. en Colombia al parecer también objetó a un primer borrador, diciendo que equivaldría a un “perdón legal” para los paramilitares involucrados en narcotráfico. Como ejemplo de la estrategia más dura, y para reforzar la credibilidad del proceso ante la opinión pública colombiana e internacional, el Presidente Uribe ordenó en agosto de 2006 la detención de los comandantes paramilitares de más alto rango y de nuevo surgió el espectro de que aquellos que no cumplieran con los términos de la desmovilización enfrentarían la extradición a los Estados Unidos. Cincuenta y nueve comandantes que estaban detenidos o que se habían entregado fueron trasladados a una cárcel en las afueras de Medellín cuando se aproximaba el fi n del año. Un jefe paramilitar—Vicente Castaño, acusado del asesinato de su hermano, por mucho tiempo jefe de las AUC, Carlos Castaño—andaba suelto al momento de escribir este texto. A lo largo del 2006 surgieron dudas persistentes acerca del rearme de los paramilitares desmovilizados, su participación en el crimen organizado y la penetración de los grupos paramilitares en las instituciones del gobierno y en la economía legal. Los informes de la POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La cooperación militar estadounidense ha ayudado a consolidar la política de seguridad democrática en Colombia. Imagen: Visita del ex presidente estadounidense George W. Bush a Colombia. La política de seguridad democrática en Colombia es una política gubernamental del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del estado y de sus órganos de seguridad frente a la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales. La política de "seguridad democrática" plantea que existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros. Entre las propuestas mencionadas, se incluye la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional.



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