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Mes de Febrero2012

Des del mes de novembre portem realitzant mobilitzacions sostingudes en el temps i amb caràcter indefinit davant l'agressió creixent contra els serveis públics

P REN DR E C ONSCIÈNC IA i ACTUAR Al maig de 2010, amb el decret que va suposar la primera tisorada als nostres butxaques, els empledas i empleades públics comencem a prendre consciència del que s'acostava. Tot i això, molts companys i companyes no acabaven d'entendre que aquell atac no era una cosa puntual, sinó que seria succeït per altres mesures d'ajust similars o pitjors. Aquell pronòstic que ens va portar a convocar la Vaga en el sector públic del 8 dejuny de 2010, malauradament s'ha confirmant amb el temps. Un temps com l'actual en el que aquells que regeixen els destins de l'Estat, conseqüència de les eleccions de novembre,

són precisament els que no entenen alló públic si no és sota el prisma del mercat. Aquells que han arribat al govern anunciant que venien"a podar", a reduir, aprimar, esqueletizar l'Estat i la seva administració a la mínima expressió, el que suposa, no només la depauperació de les nostres condicions de treball i salarials, sinó la destrucció dels drets de ciutadania que tenim. És hora de deixar de buscar excuses per justificar la inacció, la passivitat, o la resignació. És hora de lluitar, de lluitar amb decisió per allò que ens pertany, allò al que tenim dret com a treballadors i treballadores, però també com a ciutadans i ciutadanes.

1º.-Nueva campaña de asambleas informativas a lo largo del mes de febrero en los centros de trabajo, lo mas amplia posible. Allí donde sea posible, hospitales, centros educativos, etc se acuerda que las asambleas se hagan abiertas a pacientes, familiares, comunidad educativa, etc.... 2º.-Los JUEVES continúan las concentraciones en los centros de trabajo. 3º.-Nota para entregar a los usuarios, por parte del personal, explicando los recortes, como les afectan y sus consecuencias, para que sean conscientes de lo que esta ocurriendo. 4º.-Los DIAS 6 y 20 ENCIERROS de 24 horas por parte de las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegadas/os sindicales...., ANIMANDO A INCORPORARSE A QUIEN QUIERA. 5º.-DIA 11: Se realizaran marchas en las tres provincias a sitios emblemáticos del despilfarro y ejemplo de saqueo y mala gestión. 6º.-El DIA 15 dirigiremos un escrito a los Alcaldes y grupos políticos de todos los ayuntamientos del País Valencia, en el que le exponemos las consecuencias de los recortes en los servicios públicos, e instándoles a que aprueben una moción de apoyo en contra de los recortes 7º.-DIA 23, Continuando con la extensión de la campaña al ámbito local, concentraciones del personal afectado y de la ciudadanía a las 19 horas delante de todos los ayuntamientos del País Valenciano 8º.-Del día 20 a 24 caravanas de coches. 9º.-SABADO 25 A LOS 18 HORAS MANIFESTACIONES EN ALICANTE, VALENCIA Y CASTELLON.


Información de interés sobre la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en base a la Circular que ha emitido la Federación Española de Municipios y Provincias.

n su escrito, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) orienta la obligación de las AALL de aplicar, para el personal funcionario exclusivamente, la jornada laboral mínima de 37,5 horas en cómputo semanal que se establece en el artículo 4 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

E

Sin embargo, para la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, el contenido del artículo 4 del Real Decreto Ley del 30 de diciembre reconoce que se regula expresamente para el ámbito competencial del Estado, no otorgándole el carácter de básico para el resto de administraciones públicas (AAPP). El Estado, en consecuencia, carece de capacidad normativa en la materia con fuerza vinculante para el conjunto de las AAPP. Ante el hecho, no obstante, de que algunas AALL convoquen la correspondiente mesa de negociación,

NOTA:

por supuesta obligación legal de aplicar al personal funcionario la jornada anual mínima de la Administración del Estado, el Gabinete Jurídico de FSCCCOO insiste en que no hay tal obligación legal. Esta federación estudiará la impugnación, en el supuesto de que la corporación adoptase la modificación en pleno, con o sin acuerdo en vigor. Según este gabinete jurídico la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), contemplan el régimen de determinación de la jornada de trabajo en las Administraciones Públicas, excluyéndolo de la consideración de norma básica estatal, al integrarla en la autonomía de cada Administración.  En cuanto al establecimiento de la jornada, en el supuesto del personal laboral, el artículo 51 del EBEP la remite a la legislación laboral y el 47 a la autonomía de las distintas AAPP. Caso de estar incorporada a un pacto o acuerdo, en el ejercicio de esta autonomía, su contenido se encuentra garantizado durante su vigencia, en los términos del EBEP.

No están obligadas a aplicar la jornada a 37,5 horas  La controvertida medida de ampliar la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas fue aprobada en el último Consejo de Ministros de 2011 dentro de un primer paquete de medidas económicas para la reducción del déficit, y está generando una gran tensión al aplicarla de manera unilateral e impositiva en las corporaciones locales. Por lo que CCOO insiste en que las AALL no están obligadas a aplicar la medida, ya que su aplicación su aplicación es de carácter supletorio, esto es, allá donde no tengan nada regulado. Y en esos casos ya eran de aplicación las 37,5 horas. El sindicato incide en que allí donde existen convenios o acuerdos donde se recoge la duración de la jornada laboral, son estos los que deben de prevalecer. Para FSC-CCOO, al no ser la jornada laboral norma básica, no es tampoco de aplicación directa a las comunidades autónomas.

Visto lo publicado en el DOCV nº 6698, Decreto 16/2012 del Consell, por el que se distribuyen competencias en materia de CONTRATACIÓN centralizada en el ámbito de la Administración de la GV, sus entidades autónomas, entes del sector público empresarial y fundacional y se crea la CENTRAL DE COMPRAS DE LA GV para los contratos de suministros y servicios (a excepción de los sanitarios de uso común), se pone pues de manifiesto a través del art. 12.1.c) las entidades locales de la CV y sus organismos autónomos y entes dependientes de ellas (Ayuntamientos, Diputaciones.......) "podrán adherirse" (voluntariamente, claro.... mediante acuerdo corporativo...), pero claro,  esto significa, o bien, una duplicidad competencial respecto a aquellos entes que disponen de una CENTRAL DE COMPRAS, o bien, que pretenden "suprimir" dichas centrales para ser asumidas por la GV. Si es lo primero, es un absoluto despropósito, con la que esta cayendo y visto lo manifestado por el presidente Fabra respecto a la duplicidad competencial entre la Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales. Y ya veremos cual es la respuesta real de los entes públicos locales con centrales de compra en vigor. Francisco Serrano Vidal


Notas sobre complementos retributivos a la prestación por IT. Incidencia del RDL 20/2011 Responsable: Rosa G. Rozas Gabinete Técnico FSC-CCOO (24 de enero de 2012). Se requiere con fecha 23 de enero aclaración sobre el contenido y alcance de las modificaciones que las distintas Administraciones pudieran adoptar relativas a la regulación contenida en acuerdos y convenios en vigor en cláusulas que establecen complementos retributivos a las prestaciones de incapacidad temporal. En primer lugar, hemos de advertir que cualquier alteración que se produzca en esta materia no trae causa del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, pues no contiene disposición alguna a estos efectos. Por tanto, no cabe invocar habilitación alguna basada en esta norma para suspender o anular los acuerdos existentes. La regulación convencional de las cláusulas por las que se establecen complementos retributivos a las prestaciones de incapacidad temporal discurre, en términos generales, por los mismos parámetros que la Ley General de Seguridad Social utiliza en sus artículos 128 y siguientes para diseñar el régimen jurídico de esta prestación pública: Determinación de las contingencias objeto de protección. Requisitos para causar derecho. Nacimiento y duración. Determinación de la base de cálculo y su cuantía. Habida cuenta no sólo de la existencia de acuerdos en la materia en las distintas Administraciones (estatal, autonómica y local), sino de la heterogeneidad de entidades, organismos y empresas dependientes de las mismas, el nivel de protección y contingencias para las que se establecen los complementos económicos presenta gran diversidad: desde modelos que protegen las mismas contingencias que el citado artículo 128.1 a) LGSS, estableciendo el derecho al

complemento económico con independencia del origen de la incapacidad temporal, tanto para contingencias comunes (accidente no laboral y enfermedad común) como para contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) hasta modelos que instauran el derecho al complemento exclusivamente para un tipo determinado de contingencias, pasando por modelos intermedios que reconocen el derecho a los complementos económicos tan sólo cuando la incapacidad temporal deriva de determinados tipos de enfermedades y/o accidentes, sin olvidar que en algunos casos se contemplan presupuestos adicionales para percibir el complemento (hospitalización, reconocimiento médico, comunicación a la empresa de la lesión o enfermedad sufrida, duración mínima del proceso de incapacidad temporal, etc.) Esta diversidad obedece a la plasmación de las distintas realidades de la negociación colectiva en cada ámbito, así como la consecución de objetivos tendentes al control de los procesos de IT, la reducción del absentismo o la mera circunscripción del pago del complemento a los procesos de IT más severos. Pero con independencia del contenido de los pactos, interesa diferenciar los instrumentos en que éstos se contienen: Acuerdos y Convenios colectivos, por su respectiva aplicación a personal funcionario/estatutario y laboral y, asimismo, los instrumentos de carácter normativo por los que aquéllos se suspenden o modifican, por las distintas consecuencias jurídicas que pudieran darse. 1. Suspensión/modificación de preceptos aplicables a personal laboral contenidos en convenios colectivos Hay que recordar que el artículo 38.10 del EBEP, que a menudo se invoca como precepto legal habilitador para suspender o modificar convenios en vigor, establece lo siguiente: Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las

circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.” Y a renglón seguido, su apartado 8 establece que: Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. En el ámbito del personal laboral y tratándose de acuerdos contenidos en instrumentos convencionales, nos encontramos ante la fuerza vinculante de un Convenio Colectivo negociado conforme al Título III ET, con carácter normativo como así reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoce que el personal laboral se rige por la legislación laboral estrictamente considerada, y en concreto por el artículo 82 del ET, de tal modo que no cabe modificación unilateral por parte de la Administración de que se trate. Esto supone que las Administraciones locales y entes de ellas dependientes, al carecer de capacidad legislativa, no podrán, con sujeción a la legalidad, modificar la percepción de los complementos que nos ocupan contenidos en Convenios colectivos, no pudiendo invocar (por inexistente) habilitación alguna dispuesta en una Ley estatal. La única excepción vendría dada por la existencia de legislación sobre función pública en la Comunidad Autónoma correspondiente que tuviera un contenido regulador de la materia aplicable tanto a los empleados públicos autonómicos como a los entes locales, de tal forma que el contenido de los acuerdos en vigor resultara contrario a lo dispuesto en la Ley, en cuyo caso, salvo que el contenido regulador exceda del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, nos encontraríamos con la obligatoriedad de aplicación de la ley.


Notas sobre ....... 2. Suspensión/modificación de preceptos aplicables a personal funcionario contenidos en Acuerdos En principio, y con carácter general, habrá que estar a lo dispuesto en las respectivas leyes de función pública. Cabe citar a este respecto, como prueba de la posibilidad de regular estos complementos de forma diferenciada a la ley estatal y su remisión a la LFCE, el Dictamen 152/2010, de 17 de marzo de 2010, del Pleno del Consejo Consultivo de Canarias, a solicitud del Presidente del Gobierno canario, en relación con el proyecto de Decreto por el que se regula la ampliación del derecho a la percepción de la prestación económica complementaria al subsidio por incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que dice lo siguiente: El complemento por incapacidad temporal es materia de Función Pública y no estrictamente presupuestaria. Como señala el Tribunal Constitucional “la sede normativa natural y técnicamente más correcta de las regulaciones de los conceptos retributivos de los funcionarios es el de las disposiciones generales que disciplinan el régimen jurídico aplicable a todos los funcionarios (...), pero el legislador goza de un margen de libre configuración (...) y en el presente caso, no cabe negar en modo alguno la relación directa del precepto cuestionado con los gastos previstos en el Presupuesto” (SSTC 67/2002, de 21 de marzo y 32/2000, de 3 de febrero). En consecuencia, en el presente caso, podría considerarse que el Gobierno de Canarias hace uso, además, de la habilitación legal de desarrollo y aplicación de la Ley de Función Pública de Canarias (disposición final). Lo primero que hay que destacar es la naturaleza jurídica de los Acuerdos, carentes por sí mismos de fuerza vinculante hasta que son aprobados, en su caso, por el órgano competente. Siendo esto así, al contrario de lo que veíamos en el apartado anterior, el artículo 38.10 del EBEP, con la preceptiva motivación, podría invocarse para suspender estos Acuerdos aplicables al personal funcionario. La situación se complica, si cabe en mayor medida, para el personal funcionario de las Administraciones locales; por un lado, porque la expresión “legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma

respectiva” del artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, ha llevado a algunos Tribunales a declarar que debe entenderse referida a Ley en sentido formal al existir en la materia reserva legal, que no necesariamente habrá de ser estatal, por lo que se considera ilegal cualquier regulación de permisos por vía reglamentaria que exceda de la pormenorización legal – estatal o autonómica-, salvo que regulen aspectos procedimentales. Si bien es cierto que el artículo 69 de la LFCE fue derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, no es menos cierto que continúan vigentes tanto la Disposición Final Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece lo siguiente: 1. Los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la Administración del Estado y estará integrada en el sistema de Seguridad Social. 2. La aportación de los funcionarios de la Administración local para la financiación de su Seguridad Social será la misma que se establezca para los funcionarios públicos de la Administración del Estado, cuando sea idéntica la acción protectora. Así como la Disposición Adicional Sexta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que dispone la extensión de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado al resto de funcionarios: Sin perjuicio de la integración en el régimen general de la Seguridad Social del régimen especial de los funcionarios de la Administración Local y de la integración en dicho régimen de los funcionarios de la Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas en los casos en los que así proceda, todos los funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad Social, sea cual sea la administración en la que prestan sus servicios, cuando se encuentren en la situación de incapacidad temporal, durante los tres primeros meses, tendrán la misma protección en dicha situación que la prevista para los funcionarios

civiles del Estado en el artículo 21.1.a) del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio. Lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá vigencia indefinida y retrotraerá sus efectos a la fecha de entrada en vigor de la disposición derogatoria primera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. En consecuencia, y a falta de regulación autonómica en la materia, la prestación económica en situación de IT aplicable a los funcionarios de Comunidades Autónomas y Corporaciones locales sería la prevista en el citado RDL 4/2010: Durante los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en esta situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos presupuestarios por los que se venían percibiendo dichas retribuciones. Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya cuantía, fija e invariable mientras dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes: El 80 % de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes al tercer mes de licencia. El 75 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia. Ello no obsta para que se deba discutir en sede judicial, a falta de jurisprudencia consolidada al respecto, si nos encontramos ante una disposición básica, de carácter indisponible para las partes mediante instrumentos negociadores, o bien ante preceptos que establecen mínimos de derecho necesario, en cuyo caso podrían negociarse condiciones más favorables.


LA CRISIS ECONOMICA EN LOS AYUNTAMIENTOS. CONTROL Y FE PÚBLICA. El control y la independencia de los funcionarios de carácter estatal en el ámbito de las corporaciones locales españolas

Por Francisco Serrano Vidal. (Mediador FSC CCOO-PV)

¿Qué falló para que se desencadenara la crisis?

sufrido una efectiva pérdida de independencia, por tres vías:

Simplificando: falló el sistema. No hubo una única razón. Incluso, como se ha comentado, todos seguimos el camino que se nos indicaba, al que nos apuntamos con entusiasmo reproduciendo el fenómeno del efecto manada.

1) los nombramientos (en los que se posibilita la libre designación y el amplio margen de los baremos específicos).

Pero conviene detenerse en una de las causas que concitan mayor unidad de criterio por su relación con los problemas sistémicos del ámbito local: falló el control. Desde luego falló el control en los departamentos de riesgo de los bancos, en los organismos internacionales de regulación, en las agencias de rating o de calificación crediticia, en el Banco Central Europeo o en el Banco de España, lo que algún prestigioso economista ha venido en adjetivar como «la exuberancia irracional de los mercados y reguladores, tanto públicos, como privados». Pero nos vamos a detener en el "control municipal" por su características especiales, por el papel muy relevante que puede jugar en el control del déficit público (véase el Artículo 104 del Texto Consolidado del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea). El control de las entidades locales, tanto en su aspecto fiscalizador como en su vertiente económico-financiera, tanto en la disposición y distribución de fondos como en la eficaz recaudación de los ingresos, reside en los funcionarios con habilitación de carácter estatal (FHCE), cuerpo que durante las últimas tres décadas ha

2) los complementos retributivos que fija voluntariamente la corporación local de destino (negociándose muchas de las veces con el funcionariado) y, por último, 3) el régimen disciplinario. Con la reforma operada por la disposición adicional segunda del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), aprobado por la Ley 7/2007 de 12 de abril, el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitación de carácter estatal se regulará por lo dispuesto por cada comunidad autónoma, con la única salvedad de atribuir al Ministerio con competencias en materia de administraciones públicas la resolución de expedientes disciplinarios en los que el funcionario se encuentre destinado en una comunidad distinta a aquella en la que se le incoó el procedimiento. La primera manifestación de esa potestad en una comunidad autónoma fue el hoy afortunadamente derogado Decreto 96/2009 de 17 de julio, del Consell de la Comunidad Valenciana, que determinó que de los órganos competentes para la incoación, nombramiento de instructor y resolución pudieran ser el presidente de la corporación en las dos primeras fases y la resolución corresponder al Pleno cuando la sanción no fuera de separación del servicio. Para ilustrar la situación me remito a un trabajo que calificaría de importante de Antonio Serrano Pascual, secretario general de la Diputación de Huesca, titulado «El régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal» (en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, número 24, 2008):

«La perversión que supone en los regímenes democráticos que quien controla sea libremente nombrado y cesado por el controlado —tentación siempre presente en quienes ostentan el poder— evidencia en el ámbito de las Entidades locales una clara crisis del sistema de mérito y capacidad, confundiendo una vez más la autonomía local con una administración instrumentalizada y vicaria, que no se compadece con el mandato de la Constitución española de 1978. Cuando se retomen los impulsos necesarios para la aprobación de la futura Ley básica de Régimen Local — se llame de los poderes locales, de los gobiernos locales, del Gobierno y de la Administración Local...— asistiremos ante otro momento decisivo en la historia de los vigentes y necesarios Cuerpos estatales, y se pondrá a prueba nuevamente la tensión entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por un lado, y la fuerza del viejo caciquismo local, por otro. Este será un nuevo test para la democracia local.» El artículo, recuerda las ideas de ese ilustre intelectual oscense Joaquín Costa, (expresadas en Oligarquía y caciquismo, colectivismo agrario y otros escritos, Alianza Editorial), impulsor de la corriente filosófica llamada regeneracionismo del siglo XIX. Regeneración como antónimo de corrupción. Se trata de un autor recordado y citado con frecuencia en los últimos meses (sobre todo por la prensa económica) de cuya muerte se cumple el primer centenario. ¿De qué sirve la clase ilustre sin virtud?, se pregunta Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos, el principal representante de la Ilustración en España, nació en Gijón en 1744 y murió en 1811, fue jurista y escritor, nombrado ministro de Justicia, aunque también conoció la prisión y el destierro. En el bicentenario de su


LA CRISIS ECONOMICA EN LOS AYUNTAMIENTOS...... fallecimiento, sirva este recuerdo como homenaje a dos intelectuales y políticos cuya vida y obra deberían ser una constante inspiración. Pero también ahora, incluso ahora más que nunca, prestigiosos economistas españoles del ámbito académico internacional nos recuerdan el "problema español". Recomiendo la lectura del artículo de Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia, en la London School of Economics, titulado «La transición económica pendiente. Acabar con la cultura del pelotazo». Publicado en el blog Nadaesgratis.es de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En definitiva, el sistema de control debe ser garantizado reforzando la independencia de los FHCE, a quienes el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición adicional segunda: Funcionarios con habilitación de carácter estatal) reconoce 1.2. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, entre otras: a. La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación

Esto se pude conseguir, no sólo reforzando el acceso independiente a los puestos reservados, sino también acercándonos al modelo organizativo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Por varias razones, entre las cuales, y muy relacionada con la crisis, estaría la homogeneidad de criterios para las cuentas económicas del sector público según la metodología SEC 95, como país miembro de la Unión Europea sometido a su control y disciplina. Como conclusión, aquí van algunas propuestas de cambio del sistema de control, máxime si tenemos en cuenta la situación agravada en los ayuntamientos por disminución de ingresos y el aumento de la demanda de gastos asistenciales, cuya consecuencia más visible es la falta de liquidez con abultados pendientes de pago reflejo de un aumento del déficit real. Para ello hay que reforzar la independencia de los habilitados estatales, fortalecer la función fiscalizadora y posibilitar que se ejerza el control de eficacia, eficiencia y economía. Varias son las vertientes habría que abordar: 1) Garantizar la independencia de estos funcionarios, terminando con la libre designación y con los baremos de méritos específicos hechos como "trajes a medida" para ocupar los puestos de secretarios, interventores y tesoreros, así como su dependencia directa de los ayuntamientos, creando para ello un

cuerpo jerarquizado con criterios comunes similar a la Intervención General del Estado. 2) En relación con los pequeños municipios el cambio debe pasar por separar las funciones de la Secretaría de la Intervención, y que ésta la haga un ente externo como sería ese cuerpo jerarquizado. 3) Acabar con los nombramientos interinos y accidentales de interventores y tesoreros. 4) Dotar de efecto a los informes para acabar don la insana sensación de impunidad generalizada porque "nunca pasa nada", regulando por ley la exigencia de responsabilidad en los supuestos tan extendidos de reconocimientos extrajudiciales de crédito desorbitados (perniciosa práctica sin cobertura legal, sino reglamentaria), junto a condenas judiciales por decisiones arbitrarias. En definitiva, se trata de cambiar la estructura del control y la fe pública sobre la actuación de la Administración Local, puesto que el control actual está basado en una realidad de hace más de 20 años, ineficaz hoy más que nunca, con el objetivo de reducir el déficit tanto económico-financiero como el déficit de credibilidad democrática en las instituciones locales, es decir, en nuestros ayuntamientos, más de 8.000 en España. Fuente: B. J. G. «La crisis económica y las AA LL: causas, consecuencias y posibles reformas», El consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, número 23, diciembre de 2011.

FSC-CCOO presenta queja ante la OIT por violación de derechos fundamentales. 14.12.2011.- La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha registrado, en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, una queja dirigida al Comité de Libertad Sindical por la actuación del Gobierno de España al aprobar el RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El sindicato solicita la tutela del organismo por la vulneración de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos en la actuación del Gobierno de España mediante la aprobación unilateral del recorte salarial de 2010. Los convenios de la OIT 87, 91, 95, 98, 151 y 154, ratificados por España, se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a nuestra Constitución. En aplicación de los mismos, la propia OIT ha resuelto que "el ejercicio de las prerrogativas de la autoridad pública en materia financiera" (1) y "las facultades presupuestarias reservadas a la autoridad legislativa" (2), impidiendo el cumplimiento de los convenios colectivos y pactos, no es compatible con el principio de la libertad de negociación colectiva. Con la actuación unilateral del Gobierno, mediante el recurso a disposiciones con rango de ley y en claro abuso de sus prerrogativas, se incumplieron los convenios y pactos suscritos en el sector público español, con efectos temporales indeterminados, vulnerándose, en consecuencia, los derechos fundamentales a la libertad sindical y la negociación colectiva del personal asalariado del sector público. FSC-CCOO demanda de la OIT una resolución por la que declare la actuación del Gobierno de España infractora de los convenios internacionales suscritos y se le inste a la adopción de medidas tendentes al inmediato restablecimiento de los derechos violados, reponiendo en su totalidad los contenidos de cuantos pactos y convenios colectivos fueron derogados de facto.


I ncid en cia de l R e a l D e c r e t o- Le y 20 /2 0 11 en ma t e r i a d e P r e vi si ó n So c i al Com ple men t a r ia : CA R T A AL S E CR E T A R I O D E E ST ADO DE ECON O MI A Fernando Jiménez Latorre Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ministerio de Economía y Competitividad Madrid, 13 de enero de 2012 Estimado Secretario de Estado: El anuncio de congelación salarial de los empleados públicos, establecido en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ha llevado aparejado un segundo recorte respecto a la suspensión de las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la contingencia de jubilación realizadas por las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del artículo 2. Este supone algo más que una congelación, significa una reducción retributiva adicional de las personas que trabajan en el sector público, definido de forma extensa tal y como hace el propio Real Decreto Ley y, con ello, intentando proyectar sus efectos a múltiples entidades, organismos y sociedades mercantiles, más allá de las estrictas administraciones públicas. Así, el apartado tres de este mismo artículo recoge: Tres. Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Se establece una prohibición para hacer aportaciones a planes de pensiones y seguros con contingencia de jubilación, de carácter genérica. No se tiene en consideración la diversidad de la naturaleza de dichas aportaciones, que han sido originadas en distinto momento, respondiendo a compromisos adquiridos con anterioridad o de nueva creación, que forman parte de las aportaciones corrientes o primas anuales o, por el contrario responden a la subsanación de déficits de financiación, pago de compromisos por planes de reequilibrio, o simplemente para el pago de prestaciones causadas.

Desde nuestro punto de vista la distinta naturaleza de estas aportaciones, contribuciones o primas, necesita de distinto tratamiento, para recuperar un mínimo de seguridad jurídica en estos instrumentos de previsión social complementaria. Particular y urgente tratamiento merecen las aportaciones a algunos de los instrumentos concernidos por esta norma cuya finalidad responde a la cobertura de prestaciones de riesgo, incapacidad y fallecimiento. Si se impone una interpretación literal del precepto y, por tanto no se pueden hacer aportaciones de ningún tipo, no se podrán satisfacer los requisitos de las coberturas de seguro previamente contratadas desde estos instrumentos. Lo que significa que los trabajadores afectados por la suspensión indiscriminada de aportaciones podrían haber perdido la cobertura de las contingencias de riesgo. Además, se ha generado una discriminación, ya que si la cobertura de las prestaciones de riesgo se ha realizado directamente a través de un contrato de seguro, normalmente con periodicidad anual renovable, es factible continuar haciendo aportaciones. Por el contrario, la cobertura de las mismas prestaciones realizada a través un plan de pensiones o de un seguro que contemple al cobertura de jubilación, sería imposible con la nueva norma. Con el objeto de poner en común estas circunstancias, y subsanar las citadas situaciones de discriminación e inseguridad jurídica, te solicitamos una reunión, lo más urgente posible. Esperamos noticias para fijar la fecha concreta. Atentamente. Carlos Bravo Fenández Secretario Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria CCOO Antonio Ferrer Sais Secretario Confederal Acción Sindical UGT

C.E.S. Los sindicatos europeos rechazan el proyecto de Tratado sobre gobernanza económica y convocan una jornada de movilización el 29 de febrero El borrador de Tratado, examinado en la reunión, ha sido rotundamente criticado y rechazado por la CES y sus organizaciones afiliadas, por las siguientes razones: Por ser profundamente antidemocrático, en su elaboración y en el modo futuro de gobierno económico de Europa, sin control alguno del Parlamento europeo o de los parlamentos nacionales. Se cede la soberanía económica y presupuestaria a funcionarios no controlados.  Por sus contenidos: se trata de la elevación al máximo nivel jurídico de las políticas de austeridad, los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales – los seis reglamentos del Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro plus- que han fracasado en todos sus objetivos y han llevado a la UE a una nueva recesión. Por lo que no dice: el crecimiento, el empleo, la armonización fiscal, las políticas energéticas y sectoriales están totalmente ausentes del gobierno económico en esta fórmula impuesta por los presidentes Merkel y Sarkozy. Porque promoverá un deterioro aún más profundo de la Europa social. Para manifestar este rechazo la CES ha convocado para el 29 de febrero (víspera de la cumbre de primavera en la que se firmaría este Tratado) una jornada de acción europea descentralizada bajo el lema "¡BASTA YA! ¡EXISTEN ALTERNATIVAS! ¡POR EL EMPLEO Y LA JUSTICIA SOCIAL! . Teniendo en cuenta los diferentes contextos sindicales y socio-económicos nacionales se realizaran diferentes tipos de acción: manifestaciones, paros durante la jornada laboral, huelgas, concentraciones, acciones variadas, distribución de folletos, redes sociales, etc. Paralelamente a las acciones nacionales, la CES organizará una acción principal en Bruselas el 29 de febrero y/o el 1 de marzo frente del edificio del Consejo.


In icia tiva l egi sl a t iva po p u la r : P ro pos ición de L e y pa ra e l e m p le o est able y con de re chos Iniciada la X legislatura, la Mesa del Congreso ha reactivado la tramitación de la Iniciativa legislativa popular Proposición de Ley para el empleo estable y con derechos, presentada por CCOO y UGT. El trámite parlamentario de la ILP en estos momentos ha retrocedido hasta el momento en que la Mesa del Congreso da traslado al Gobierno de la mencionada ILP. El gobierno dispone de tiempo hasta el 3 de Marzo para contestar. Una vez transcurrido este plazo, la Mesa tendrá que incluirla en el orden del día en los 6 meses siguientes.

S’ha presentat recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El recurs es presenta contra l’acte d’aprovació de les mesures urgents per a la reducció del dèficit: retallades salarials, de jornada i de drets a tots els empleats públics del País Valencià, amb les greus conseqüències que això comporta als serveis essencials, com ara l’educació o la sanitat. Com a mesura cautelar, s´ha demanat la suspensió del Decret llei 1/2012 de 5 de gener del Consell.


2012-01-01