MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019
Investigación, contrato y programas federales Alberto Vélez Rodríguez Y Rolando Alvarado Flores
anuel Reta, coordinador de investigación y posgrado de la UAZ, informó en agosto de 2018 (La Jornada Zacatecas, 11/08/19) que la maestría y doctorado en historia de la universidad salió del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) debido a una “confusión administrativa”. Según sus declaraciones, tenía confianzaque en la convocatoria de septiembre u octubre podría reingresar. Sin embargo, en noviembre de 2018 (La Jornada Zacatecas, 08/10/18) el responsable de esa maestría y doctorado en historia, Arturo Burciaga, confirma que el posgrado no reingresó al PNPC debido a que “al parecer hubo la indicación del equipo de gobierno electo para detener convocatorias o programas que implicara recursos para 2019”. Será, entonces, hasta en la convocatoria que emita el PNPC en enero de 2019 que se evalúe, por lo que sin problemas habrá de reingresar en agosto de ese año. Consecuencia inmediata es que no se inscribirá una nueva generación de esa maestría y doctorado hasta agosto, es decir, pasarán ocho meses sin nuevos alumnos y, por ende, sin clases frente a grupo. Para agosto del 2019 se anuncia que no solo la maestría y doctorado queda fuera del PNPC, sino 11 posgrados más de la UAZ (La Jornada Zacatecas, 21/08/19) no son admitidos. De acuerdo a las declaraciones del secretario académico de la universidad, Alejandro Aguilera, no fue por cuestiones de calidad, sino por recorte al presupuesto del PNPC y deberán concursar en la convocatoria del 2020. Por lo visto todos esos programas no tendrán nueva generación de alumnos, si es que se aplica la misma regla usada con la maestría y doctorado en historia, que para enero de 2020 cumplirá un año sin que sus docentes impartan clases frente a grupo. Carecer de clases no es grave, pero sí irregular: ¿bajo que condiciones un programa académico de la UAZ puede disculparse de abrir nuevos grupos sin que sus docentes sufran repercusiones por ello? La pregunta no es ociosa porque ha habido ocasiones en que la baja matrícula es causal de amenazas de clausura, incluso se condiciona a los nuevos programas a incorporarse al PNPC o resignarse a desaparecer. Se puede obtener una orientación para responder esta pregunta si se consulta el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT). Ahí encontramos que las labores cotidianas de la universidad son docencia, extensión e investigación, por lo que cualquier académico puede dedicarse a estas actividades bajo ciertos requisitos mínimos. Conviene citar la cláusula 20-I: “Los profesores podrán ser de asignatura o de carrera y podrán tener parte de su carga asignada a labores de investigación y extensión previa autorización del Consejo de Unidad Académica respectivo y coordinados por las autoridades universitarias correspondientes. Los investigadores serán únicamente de carrera”. Enfaticemos las ambigüedades de la cláusula: no define qué parte de la carga podrá ser de investigación o extensión, así que podría pensarse, desde un punto de vista patronal, que deben tener al menos un grupo los investigadores y extensionistas, pero desde el punto de vista sindical podría defenderse que toda la carga puede ser asignada a cualquiera de las actividades sustantivas mencionadas. Sin embargo, la discusión parece inútil porque la patronal decidió que toda la carga se puede asignar a investigación en una Unidad Académica, como se hizo con los docentes de la maestría y doctorado en historia. Este precedente se debería incorporar al CCT en la cláusula citada, que diría: “Los profesores podrán ser de asignatura o de carrera y podrán dedicar íntegramente su carga asignada a labores exclusivas de docencia, extensión o investigación…”. Por supuesto, algunos requisitos adicionales son necesarios porque un investigador puede, en algún momento, ya haber agotado su arsenal de ideas, o un docente podría alumbrar una brillante hipótesis que merece ser investigada por lo que una variación en su carga debería ser posible. Y lo es de acuerdo al CCT, lo que no existe es la transparencia y operatividad de los Consejos de Unidad para facilitar esos cambios que mejoran la vida académica. De las reflexiones anteriores queda claro que el CCT tiene los medios para mejorar las condiciones de trabajo si se acepta que la realidad universitaria cambia día con día, por lo que modificaciones a lo contratado son necesarias para evitar las confusiones, los privilegios y el deterioro de la vida institucional. Reiteramos aquí una tesis que siempre hemos sostenido: la política de no “abrir” el contrato es equivocada porque lo que se debe evitar es modificarlo para disminuir los derechos de los agremiados, pero para ampliarlos sí debe revisarse. También es un error creer que se privilegian, en el CCT, los derechos laborales por sobre los criterios académicos (Véase “Deconstrucción esperada” de Miguel Moctezuma Longoria NTR 25/08/19) porque eso es confundir las arbitrariedades, violaciones y embustes que algunos comités ejecutivos vuelven moneda corriente con una actitud auténtica de sindicalismo universitario, además de que muestra que no se dominan los procedimientos jurídicos del CCT y se ignora la diferencia entre la patronal y el sindicato. Como remate queda por decir que los procesos de admisión en los programas federales, mal entendidos, son causa, en muchos casos, de violaciones a la norma, privilegios indebidos, corrupción y “estafas maestras”.
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El G7, la cumbre de los mentirosos Fernando Luengo
caba de concluir la cumbre del G7, que reúne a los dirigentes políticos de algunos de los países más poderosos del planeta (Alemania, Francia, Canada, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido), que junto a representantes de otras instituciones y algunos invitados, entre los que figuraba Pedro Sánchez, se han encontrado en Biarritz en estos días. El eslogan de la agenda económica es “Trabajando por un capitalismo más justo”. Puede parecer un sarcasmo, y lo es, pero cuando ya es habitual utilizar la propaganda sin escrúpulos, nada sorprende, todo vale, incluso las mentiras más obscenas. Dicen trabajar por un capitalismo más equitativo, quienes desde sus responsabilidades políticas están contribuyendo a que la desigualdad haya alcanzado las mayores cotas de la historia reciente. Y han trabajado, por llamar de alguna manera a lo que hacen, rodeados de lujo y de comodidades que sólo están al alcance de unos pocos privilegiados. Eso sí, protegidos por miles de policías y militares de la justificada indignación de los manifestantes. Trump y compañía, y los que se han ocupado de concretar la agenda económica, a lo suyo: pomposas declaraciones y pronunciamientos genéricos, sin ningún compromiso concreto, ¿para qué aterrizar en los problemas de la gente?. En definitiva, aparentar que estas cumbres son útiles y, quizá lo más importante, lanzar el mensaje de que los reunidos en Biarritz y la clase política que representan participan de un consenso: parecer preocupados por la desigualdad, que se esfuerzan en corregir. Mentira, todo lo contrario. Ellos, que dicen querer buscar en estos encuentros soluciones a la inequidad, pertenecen a una elite que se ha enriquecido sin el menor escrúpulo con la misma; que no sólo ha hecho caja con la crisis, sino que antes del crack financiero formaba parte de un entramado oligárquico que ha concentrado una parte creciente de la renta, la riqueza y el poder. Las políticas que llevan a cabo estos “campeones de la equidad” en sus respectivos países, y que trasladan a las instituciones internacionales donde, por cierto, gozan de una posición dominante, apuntan justamente en la dirección de una inequidad creciente, enquistada, sistémica. Cabe marear la perdiz con el tema, como hacen quienes no tienen otro objetivo que preservar y fortalecer el actual estado de cosas, pero la reducción de la desigualdad pasa, entre otras cosas, por aplicar una política tributaria decididamente progresiva y eliminar los paraísos fiscales, reducir los privilegios y las prebendas de las empresas transnacionales, elevar sustancialmente el salario mínimo y garantizar una prestación por desempleo digna, revertir las políticas austeritarias y aumentar el gasto social público, crear las condiciones para que los trabajadores puedan ejercer los derechos civiles y sindicales dentro de las empresas, elevar las retribuciones de los asalariados y limitar las de las elites empresariales, activar un plan de emergencia que abra un horizonte de sostenibilidad en el planeta y detener el cambio climático, comprometerse con una decidida política de equidad de género y proteger los derechos y las condiciones de vida de las personas migrantes. Lo anterior no pretende ser una relación exhaustiva de objetivos a alcanzar por una política orientada hacia la igualdad. Pero si quiere marcar una línea divisoria entre los que hablan y los que hacen, entre los que defienden los intereses de los de arriba y los que estamos convencidos de que ha llegado el momento de caminar hacia un mundo más justo, equitativo y solidario. Nada espero de los que se han reunido en Biarritz, no me interesa su postureo. El verdadero punto de interés no estaba allí, sino en la cumbre alternativa y en las manifestaciones que han tenido lugar en Hendaia e Irún. El mensaje es claro, hay alternativas y hay una urgente necesidad de que la ciudadanía se movilice para poner en su sitio a los de arriba.
Cumbre G7 ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS