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LUNES 29 DE AGOSTO DE 2011

NARCOVIOLENCIA

■ Hay

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA M.

En un operativo de inspección a ocho casinos de Monterrey y tres del Distrito Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó siete de cada diez máquinas de juego y apuestas revisadas en estos establecimientos, por no acreditar la legalidad de su importación o el cumplimiento de la norma oficial mexicana en la materia, informó el jefe de este organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El funcionario indicó que se revisaron 5 mil 56 máquinas de juego y apuestas instaladas en 11 casinos, de las cuales 3 mil 541 fueron embargadas “a efecto de que continúe con el procedimiento administrativo en materia aduanera y determinar, a través del mismo, su propiedad y legal estancia en el país”. Las casas de apuestas disponen de 10 días para demostrar la propiedad e introducción legal al país de las máquinas embargadas; en caso contrario, pasarán a poder de la Federación. El trabajo de campo ha concluido; ahora se inicia el de gabinete, el cual determinará la necesidad de realizar auditorías para ir a mayor profundidad y determinar incluso la presunción de lavado de dinero, explicó el funcionario. Del total de 3 mil 541 máquinas de juego y apuestas embargadas por presuntas irregularidades, 3 mil 197 se encontraban en establecimientos ubicados en Monterrey, esto es, 90.3 por ciento. El resto, 344, operaban en el Distrito Federal. Se trató, dijo, “de tiros de precisión y no de disparos de escopeta”, realizados después de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el campo de acción y determinar por anticipado lo que se iba a encontrar. Se logró también, agregó, “la detención de tres personas que portaban

MARÍA ALEJANDRA ARROYO ANDRÉS T. MORALES

Y

Corresponsales

El desempeño del magistrado de la primera sala ordinaria del tribunal de lo contencioso administrativo de Nuevo León, José Alfonso Solís Navarro, quien otorgó la suspensión que permitió al casino Royale reanudar operaciones, luego de que el ayuntamiento de Monterrey lo clausuró en mayo pasado, será estudiado para analizar “la fundamentación de las resoluciones” que emitió y permitieron la operación de centros de apuesta, dio a conocer el gobernador neoleonés, Rodrigo Medina. El magistrado, quien renunció el sábado, fue cuestionado por autoridades de Monterrey y San Pedro Garza García por “amparar” casinos y bares que operan fuera de los reglamentos municipales. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, dio a conocer que el apoderado de la empresa Cymsa Corporation, que opera el casino Royale, En-

que realizar auditorías para determinar si hay lavado de dinero: Gutiérrez Ortiz

Embarga el SAT más de 3 mil máquinas de apuestas en operativos en Monterrey y DF armas de fuego y una granada. Tanto la mercancía como los detenidos se pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que en todo momento acompañó la ejecución de estas acciones”. En conferencia de prensa, precisó que el Operativo Casinos, llevado a cabo del 26 al 27

de agosto, fue preparado en su logística con 10 días de anticipación, y participaron en su desarrollo unos 700 elementos de cuatro dependencias federales: 100 de la Secretaría de Seguridad Pública, 150 del SAT, 90 entre Ministerio Público y policía ministerial de la Procuraduría General de la República, y

360 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Respecto de los hechos violentos que culminaron con la muerte de más de 50 personas en el casino Royale, el jefe del SAT manifestó: “quien se proponga actuar afectando a los mexicanos, a sus familias y a la seguridad de la sociedad se en-

frentará con una respuesta enérgica y contundente del gobierno federal”. Por su parte, el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, puntualizó que en todo el país operan 435 establecimientos como casinos, de unos 50 grupos de 25 permisonarios.

En los accesos al palacio de gobierno de Nuevo León, decenas de regiomontanos exigieron ayer el cierre de los centros de apuestas ■ Foto Víctor Camacho

■ Autoridades

municipales ya habían presentado queja contra él

Revisarán la actuación del magistrado que amparaba casinos y bares en NL rique Hernández, presentó una demanda de amparo ante el tribunal de lo contencioso en mayo anterior, luego de que el municipio intentó supervisar una ampliación del inmueble. Solís Navarro otorgó la protección judicial que impidió a las autoridades de Desarrollo Urbano y Protección Civil inspeccionar las obras de ampliación de sus instalaciones. Según el magistrado, la empresa no requería de un permiso municipal, ya que sólo realizaba una remodelación interna. En abril, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, denunció ante el Congreso de Nuevo León que el magistrado permitió la opera-

ción del casino Alegre, que el municipio clausuró por operar sin permiso, además que se ubicaba frente a dos colegios. Solís Navarro también permitió la operación de bares irregulares. De los 23 procesos de amparo en favor de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, 19 son llevados por el tribunal de lo contencioso, 18 de ellos radicados en la primera sala ordinaria, hasta el sábado a cargo del magistrado. El otro se encuentra en la sala segunda, a cargo de la magistrada Aurora Gámez Cantú. El director jurídico de Monterrey, Adrián González Navarro, informó que en lo que va de la administración, el municipio

no ha logrado que se revoque la suspensión otorgada por los magistrados, pese a las múltiples violaciones a los reglamentos, particularmente al Municipal de Alcoholes. El 18 de mayo pasado la administración municipal de Monterrey presentó ante el Congreso estatal una queja, por considerar irregular la actuación de los magistrados del tribunal de lo contencioso en las suspensiones otorgadas a bares, pues en ellos se detectaron actividades relacionadas con el crimen organizado. Del mismo modo, el 17 de junio anterior el edil Mauricio Fernández solicitó a la legislatura estatal juicio político con-

tra la presidenta de dicho tribunal, Juana María Treviño Torres, y de los otros dos magistrados integrantes del pleno –Solís Navarro y Gámez Cantú–, por “actos u omisiones que dañan el interés público”. Por otra parte, en Jalisco, el secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, informó ayer que como parte de un operativo de revisión de medidas de seguridad en casinos de la ciudad, se clausuraron cinco de los 10 establecimientos de ese tipo que operaban en la localidad. En Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que a las 23 horas del sábado comenzó la verificación de casinos en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, con el propósito de corroborar si “cumplen con las normas de seguridad y los permisos necesarios para su correcto funcionamiento”. La dependencia no informó sobre anomalías localizadas en los centros de apuestas.

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La Jornada, 08/29/2011  

Edición impresa de La Jornada: 08/29/2011

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