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VIERNES 20 DE ENERO DE 2012
s dramático. Un rumor que resultó falso vuelve a poner a la vista de todos una verdad que la mayoría conoce pero había olvidado: los pueblos indígenas de México, los rarámuris de Chihuahua entre ellos, viven una hambre crónica. Muchos no los ven, tal vez porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para poder hacerlo, pero hay demasiadas evidencias de ello, como la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren, enfermedades que ya se creían superadas, derivadas de la desnutrición, entre otras. Son datos que se resaltan siempre que algún personaje público quiere medrar con ellos, o para alarmarnos a todos como si fuera un caso excepcional, pero ahí han estado siempre. En su tiempo, Vicente Fox declaró a Coycoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca, el municipio más pobre del país. Se dijeron muchos discursos sobre la situación, pero nada en concreto se hizo por ayudarlos a salir de la pobreza; otro tanto sucedió después con los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, también de población mayoritaria mixteca. Ahora se dice que los rarámuris son los que en realidad están sufriendo la hambruna, pero igual pueden ser los nahuas de Veracruz, los tzeltales de Chiapas, los mayos de Sinaloa, o cualquier otro pueblo indígena de México. Todos ellos viven en la misma condición de pobreza, abandono, aislamiento, marginación y rechazo. Sobreviviendo como pueden y resistiendo para no desaparecer. No es necesario ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. A principios de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su Informe de la evaluación de la
l 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza. 1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el “derecho a matar”, como lo documentan múltiples casos. 2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada “política antiterrorista” del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta “capturó a miles de sospechosos” (para ella) de ser terroristas “y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo”, en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales “en lugar de intentar capturarlos con vida” (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos. 3. Ese “derecho de matar” a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente “una violación del derecho internacional”. Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico
OPINIÓN
Rarámuris: entre el hambre y el saqueo FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Corto, pero contundente, el informe asienta que 79 por ciento de los indígenas –esto es, ocho de cada diez– se encuentran en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni dedicando todos sus ingresos a lograrlo. Pero eso no es todo: también se afirma que 40 por ciento de ese porcentaje se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a reconocer que no cuentan con ingresos para satisfacer esas necesidades. La situación es dramática. De nada ha servido la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas, realizada hace 20 años; ni la reforma al artículo 2 constitucional de agosto de 2001 –hace más de 10 años–, donde supuestamente se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decidir su propio desarrollo. En la reforma constitucional, incluso, el gobierno mexicano se comprometió a crear instancias de planeación y ejecución de programas de desarrollo; de igual manera se comprometió a que cada nivel de gobierno destinara una partida específi-
La prerrogativa LUIS JAVIER GARRIDO internacional, sino un mero imperio de la fuerza. 4. La doctrina Obama sobre “el derecho a matar” a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman “eje del mal”) y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de “estados” a los países que albergan los que a su juicio son “terroristas”, todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México. 5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del “derecho a matar”. Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior. 6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la
ca para la ejecución de esos programas. Nada de eso ha sucedido, los programas se siguen aprobando en las oficinas burocráticas de acuerdo con los intereses de quienes las dirigen. La pobreza de los pueblos indígenas contrasta con la riqueza de los territorios que habitan, explotados por personas con intereses ajenos a los suyos. Es el caso de los rarámuris. Los desplazamientos de sus asentamientos ancestrales, que los colonizadores impulsaron para dominarlos, continuaron con la reforma agraria, bajo el argumento de formar “núcleos de población” a los cuales titularles la tierra. Poco después llegaron los rancheros para apoderarse de las tierras que quedaban deshabitadas o disputándoles las que se les habían titulado: por eso muchos pueblos como Baqueachi y Choreachi siguen defendiendo sus tierras en los tribunales agrarios. Pero no es el único despojo que sufren: a la irracional explotación forestal, que en nada los ha beneficiado, ahora se une la explotación minera y el proyecto turístico Barranca de Cobre, de los cuales ellos sólo ven la contaminación y la basura que van dejando. Esta situación no se resuelve poniendo el grito en el cielo por la hambruna que sufren, sino cambiando la relación de colonialismo que el estado y la sociedad en su conjunto mantienen con ellos. Las despensas alimentarias, con foto y todo, pueden salvar su situación inmediata, pero las causas de ella requieren otras medidas. La primera, reconocer que son pueblos, con todo lo que esto implica; la segunda, que tienen derechos colectivos, entre ellos el de diseñar su propio desarrollo. En otras palabras, reconocerles su derecho a la autonomía, como el Estado mexicano se comprometió en los acuerdos de San Andrés hace 15 años. Y que a la fecha no ha cumplido. ■
Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado “gabinete de seguridad” –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México. 7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado “seguir estrechando” (¿aún más?) los lazos en materia “de seguridad”, no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también “de común acuerdo” con Washington, en función de un “memorando de entendimiento”. 8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto. 9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar. 10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de “¡Ya basta!” debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación. ■