30 CAPITAL • MARTES 14 DE MARZO DE 2017
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Las indagatorias por presuntos actos de corrupción siguen abiertas
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El porcentaje solicitado, obstáculo, señala
Ningún funcionario de Cuauhtémoc Aún no hay acuerdo para ha sido exculpado, dice Contraloría subir tarifas, dice Semovi ■
Son acusados de conflicto de intereses en la adjudicación de contratos
ALEJANDRO CRUZ FLORES
La Contraloría General de la Ciudad de México informó que no ha exculpado a ningún funcionario de la delegación Cuauhtémoc, incluido su titular, Ricardo Monreal Ávila, por presuntas irregularidades y conflicto de intereses en la adjudicación de contratos de obra y bienes, toda vez que las investigaciones siguen abiertas. Tras las declaraciones del jefe delegacional, el pasado domingo, de que la dependencia capitalina había determinado que no existen irregularidades, conflicto de intereses ni corrupción en contratos asignados por 266 millones de pesos, el director de Contralorías Internas en Delegaciones, de la Contraloría General, Pedro Cruz Ortiz, señaló que las dos indagatorias iniciadas por esos hechos están en etapa de análisis de la información recabada sobre dichos actos. El mismo Monreal Ávila reconoció que la investigación continúa abierta, por lo que, dijo, esperará a que ésta concluya
para presentar la demanda por daño moral que anunció contra la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual denunció los supuestos actos de corrupción en los que involucró a la hija del titular de la demarcación. Cruz Ortiz explicó que son dos los expedientes abiertos por la adjudicación de obra pública a empresas de Zacatecas sin experiencia y que no eran las propuestas más económicas, y otro relacionado con contratos por bienes inmuebles otorgados a personas, “con las que presuntamente había un vínculo con la hija del delegado”. Recordó que el jefe delegacional solicitó información del estatus de la investigación a la contraloría interna, a lo que se le respondió el expediente estaba en trámite y que a esa fecha no se había determinado alguna irregularidad. De hecho, en el oficio CIC/QDR/1019/2017, fechado el 7 de marzo pasado, que envió la contraloría interna al director de administración de la Cuauhtémoc, Salvador Loyo Arechandie-
ta –el cual fue proporcionado por la misma delegación–, se señala que el expediente en cuestión “se encuentra en trámite; asimismo, hasta el momento no se ha detectado irregularidad administrativa alguna”. Por otra parate, Ricardo Monreal hizo una nueva solicitud al Servicio de Administración Tributaria para que audite y aclare las donaciones que han recibido las asociaciones Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y Únete, encabezadas por el empresario Claudio X González.
LAURA GÓMEZ FLORES
El secretario de Movilidad, Héctor Serrano, afirmó que “no está aprobado ningún incremento a la tarifa del transporte público concesionado”, y siguen las mesas de trabajo con los diferentes representantes del sector, que proponen aumentos de 20 a 60 por ciento. Dicho porcentaje ha impedido llegar a un acuerdo para garantizar el servicio y que signifique un menor impacto económico al bolsillo de los usuarios, por lo que se han revisado algunas alternativas que mitiguen el impacto causado por el aumento a los combustibles e insumos.
La B. Juárez convoca a vecinos a mesa de diálogo Tras realizar una manifestación sobre la avenida Cuauhtémoc por la falta de agua en la colonia Santa Cruz Atoyac, por diversas construcciones en la zona, la delegación Benito Juárez convocó a los quejosos a una mesa de diálogo para el viernes a las 12 horas. Citará también a la Seduvi (autoridad que
otorga el uso de suelo y las licencias de construcción) y al Sacmex, a fin de garantizar el servicio de agua potable a los vecinos de Benito Juárez. Lo que se busca es que todas las partes involucradas, desde sus competencias, resuelvan y garanticen el suministro del líquido, señaló.
La entrega de incentivos fiscales, como descuentos o exenciones en el pago de algunos trámites, ha sido uno de los temas a revisión, ante la imposibilidad de subsidiar el transporte colectivo, debido al recorte presupuestal que la Federación hizo a la ciudad, señaló. La administración capitalina, dijo, insistirá ante su homóloga federal en recibir apoyo presupuestal que amortigüe el impacto por el incremento a los hidrocarburos y la devaluación del poder adquisitivo de la moneda. El funcionario aclaró que no existe una fecha límite para alcanzar acuerdos en materia de tarifas, por lo que las mesas de diálogo se mantendrán hasta encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y afectar lo menos posible el bolsillo de los capitalinos. Los transportistas han presentado propuestas diversas, las que, a juicio de la Semovi, impactarían de forma contundente la economía de los capitalinos, pues los aumentos que proponen van de 20 a 60 por ciento, lo que no ha permitido alcanzar algún acuerdo.
CIUDAD PERDIDA ◗ Andanada contra la Constitución local ◗ El asunto no es de ahora ◗ Las muchas piedras en el camino n esta historia sólo había una consigna: impedir, de cualquier forma, que la capital de México tuviera su Constitución. Pero el asunto se les fue de las manos; no pudieron controlarlo. Ya hay Constitución en la Ciudad de México y ahora la consigna se renueva: hay que destruirla. Con alarma que llega al espanto, el poder conservador manifiesta desde la Procuraduría General de la República su indignación porque el texto constitucional “quede impregnado de contenidos ideológicos” y reniega de que pudiera poseer “un profundo trasfondo político-social”. Las consideraciones de índole ideológica que hace la PGR suponen que lo discutido y aprobado por la Asamblea Constituyente está tan cercano a lo que los habitantes de la ciudad requieren, que causa miedo, terror y angustia a quienes pretenden mantener a la gente de la Ciudad de México limitada en sus derechos respecto de los ciudadanos de otras entidades del país. Hoy, a la luz de los hechos, todo parece formar parte de una celada en la que se pretendía demostrar que no era posible, en las condiciones que se dieron, redactar, discutir y aprobar una ley superior; sin embargo, se hizo, y el comando que encabezaba César Camacho fracasó en su intento de impedirlo.
MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ Y si al final de cuentas el PRI, más que ningún otro partido, decidió “otorgar” a la gente del entonces Distrito Federal la posibilidad de conseguirse una ley fundamental que definiera sus derechos y sus libertades, nunca le ofreció, aclara la PGR, la posibilidad de igualarse a las otras entidades de la República. Se impusieron tantas condiciones, para empezar, que se apostaba en el papel, es decir, antes de iniciar cualquier acción, que quienes negociaban en favor de la idea de un texto fundacional para la Ciudad de México rechazarían los términos que se imponían, por ejemplo, para la integración de una Asamblea Constituyente, pero se aceptó. El PRI buscaba montar vigilancia, policías políticos, en la Asamblea, de tal forma que, llegado el momento, impidieran que lo imposible se realizara. Para ello, desde Los Pinos y el PRI se aseguraron de arrebatar a los ciudadanos la oportunidad de decidir, con su voto, quiénes serían sus representantes. Por dedazo –en contra de cualquier precepto democrático– se designó a los diputados que nunca hubieran podido ocupar una curul mediante el voto, y que serían el cuerpo (21 personajes) de contención frente a las ambiciones po-
legislativo, pero hubo acuerdos.
líticas de las izquierdas. Ninguna concesión. Se pretendía que el texto sólo fuera algo así como un reglamento atado al artículo 122 de la Constitución General de la República, pero se concedía (a los ciudadanos) poder llamar al reglamento: Constitución. Y no sólo eso, para limitar el acceso a la Asamblea se negó cualquier salario para quienes participaran en la labor, y se limitaron los gastos de operación. Con ello se impedía que los participantes pudieran trabajar de tiempo completo en las discusiones y en la construcción del texto, pero al final se hizo el esfuerzo y se trabajó, a veces sin descanso, para tener el documento final. Pero también se levantó un muro en el tiempo. Sólo habría cuatro meses para fijar las reglas de convivencia en una ciudad con las complejidades de la capital del país. Nadie estaba obligado a realizar lo imposible, pero todos tenían ganas y, pese a todo, se logró. La pretensión de hacer que fracasara la intentona impuso, a sabiendas de la composición perversa de la Asamblea, que los artículos se aprobaran por mayoría calificada, lo que obligaba a consensos que parecían imposibles entre las diferentes doctrinas políticas que componían el cuerpo
Pese a todo, el texto constitucional se entregó en tiempo y forma, y ahora se le ataca considerando dos aspectos: primero, que se convirtió en una verdadera Constitución, que no reglamento; y segundo, que con ella se pretenda igualar en derechos a los ciudadanos de la capital con los de otras entidades de la República. Si llegara a triunfar la inconformidad de la PGR –es la única que conocemos–, bien valdría la pena preguntar –por los métodos jurídicos que nos permita el conservadurismo– si deseamos seguir siendo la capital de México, porque a fin de cuentas lo que pretende el reclamo oficial es excluirnos, marginarnos, y eso sí va en contra de los derechos humanos. Por eso ahora habrá que preguntarnos si queremos seguir siendo la capital de México, con esas condiciones de marginación, discriminación y aislamiento.
DE
PASADITA
Vaya que en el ámbito electoral de esta ciudad trota sin fatiga un caballo negro, que si bien no aparece en los primerísimos lugares de las encuestas que señalan a quienes podrían sustituir a Miguel Ángel Mancera, si este dejara la jefatura de Gobierno para lanzarse en pos de la candidatura a la Presidencia de la República, sí se sabe señalado por mucha gente como uno de los posibles, pero él sigue tan campante.
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