20
MARTES 7 DE MAYO DE 2013
OPINIÓN
Consultar a los pueblos indígenas: el forismo simulador
Aprender a ser JOSÉ BLANCO
MAGDALENA GÓMEZ stá en curso la llamada consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los foros están en boga. Igual se realiza uno sobre educación normal sin participación directa del gremio que de manera cotidiana trabaja en la formación de maestros, que se establece un itinerario de foros nacionales, regionales y comunitarios dirigidos a la clientela, ciertamente indígena, de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI) y no sólo eso, también las dependencias del sector correspondiente han sido “consultadas”. La CDI dice que van más de mil 300 propuestas, sin precisar su contenido. Conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se está practicando la consulta de manera idónea, simplemente en cuanto a la representatividad de los pueblos se ha señalado desde la OIT que “si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumpliría con los requisitos del Convenio” (Consejo de Administración, 282ª reunión, 2001, GB.282/14/2). Y agregan: “Lo importante es que éstas [sus instituciones] sean el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas” (consejo de administración, reunión 289, 2004, documento GB.289/17/3). Cabe recordar que una de las distorsiones que sufrió en 2001 la iniciativa denominada Cocopa que pretendería cumplir los Acuerdos de San Andrés, fue que el derecho a la consulta se alineó con el sistema de planeación democrática previsto en el artículo 26 de la Constitución Política al establecer en el apartado B, fracción novena dentro de las obligaciones del Estado “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. El derecho a la consulta es mucho más amplio que los planes sexenales; sin embargo, la CDI puede alegar la constitucionalidad de su distorsión de ese derecho, ello hasta 2011, pues. Después de la reforma en materia de derechos humanos, el Convenio 169 resulta equiparado con la Constitución. Precisamente la Suprema Corte de Justicia tiene en estudio una controversia donde el municipio de Cherán alega violación al derecho de consulta al emitirse legislación estatal, ojalá que esta vez el máximo órgano interprete de manera adecuada un instrumento
internacional de derechos humanos como es el Convenio 169 de la OIT. Ya es hora de que difunda resoluciones propias favorables a los pueblos indígenas. También existe el antecedente de las reclamaciones de la parte indígena presentadas a la OIT en ocasión de la contrarreforma de 2001 por violación al derecho a la consulta, durante su desahogo. El gobierno mexicano contestó que sí consultó a los pueblos indígenas, “antes y durante el procedimiento de aprobación de la reforma constitucional, señaló que el hecho de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) defendieran la iniciativa de la Cocopa en la Cámara de Diputados constituye una consulta al más alto nivel institucional, mediante el cual los representantes del Congreso Nacional Indígena y del EZLN tuvieron la oportunidad de hacerse oír antes de que fuera aprobada la reforma constitucional. Afirmó además que la citada reforma da aplicación a los acuerdos de San Andrés”. En este aspecto el comité de expertos de la OIT desestimó tales valoraciones, pues señaló “que se les escuchó en una sola oportunidad” (GB289/17/3/2004-02-0047-3ES. Doc. Numeral). Más allá de que las recomendaciones de la OIT no tienen carácter vinculatorio, el Convenio 169 de la OIT sí lo tiene. En fin, la dimensión de los derechos palidece ante la orientación política del regreso del PRI. Está claro que el gobierno federal y los partidos firmantes tienen más interés en cumplir su Pacto por México que en atender a la Constitución y tratados internacionales. Basta con observar la visión en el mismo sobre pueblos indígenas que se traduce en la llamada cruzada contra el hambre y ni qué decir de su actual propuesta de reforma a la ley minera procesada sin consulta (porque realizaron un foro en el Senado hace días, cuyos participantes, supongo, estaban conscientes de que no ostentaban la representatividad de los pueblos). La línea está marcada: revisar pago de derechos de los concesionarios, supuestamente en beneficio de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras y realizar “mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión”. Los derechos están para que se ejerzan, no para ser concertados. El contraste del forismo simulador con la agenda de resistencia indígena frente a concesiones y megaproyectos no marca puntos de encuentro. ■
e mediados de diciembre a la fecha he escrito en este espacio 14 artículos (este incluido), sobre la educación, en sus diversos niveles. Continúo con mis reflexiones sobre la materia, esta vez surgidas del diálogo por la reforma que las autoridades de la UNAM, en particular la del CCH Naucalpan, tendrán con presuntos estudiantes que tomaron la rectoría, cometieron destrozos, y presuntamente robaron objetos de empleados y trabajadores del edificio de la rectoría, actos todos ellos constitutivos de delitos. Es difícil imaginar ese diálogo bajo las ineludibles condiciones indicadas por el rector Narro: el diálogo del 9 de mayo será mediante identificación personal y escolar, y con la información necesaria. Parece claro que previo al diálogo, las autoridades del plantel tendrán que acordar agenda, forma de trabajo, número de alumnos participantes. Aquí está la primera dificultad. Los encapuchados actuaron por su cuenta, no con la representación de los más de 5 mil alumnos del plantel, menos aún con la de los más de 50 mil del CCH. Los alumnos tendrán que resolver el problema de su representatividad a nivel de plantel. Suponiendo que los encapuchados lograran la hazaña de constituir una comisión representativa, les queda el problema de contar con la información suficiente y actualizada de lo que ocurre en el mundo en la segunda parte del nivel secundario, que en México llamamos bachillerato o preparatoria. Porque el problema es la revisión y reforma del plan de estudio ¿no es así? En 1973 la Unesco publicó un informe que encargó a Edgar Faure, ex ministro de Educación de Francia, y a otras seis personas sobresalientes por sus conocimientos sobre el fenómeno educativo, de diversas partes del mundo. El informe se publicó posteriormente como libro con el título de Aprender a ser. Difícilmente hubo en el siglo XX otra obra de contenido educativo con el impacto sobre la educación del mundo. En ella se contienen prácticamente todos los temas, enfoques, métodos, organización, que hoy se debaten como nunca en el pasado, y que desde su origen fueron resumidos en tres cláusulas: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser; que es, nada menos, el lema del CCH. De mil formas se ha dicho en los últimos 20 o 25 años, en todas partes del mudo, que la universidad ha de dar a sus estudiantes valores, conocimientos y destrezas profesionales. Una forma operativa del lema referido. Cuando hoy discutimos las vías para que la universidad no imparta conocimientos sino genere aprendizajes, o si lo expresamos diciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, estamos diciendo que es preciso “aprender a aprender”. Los estudiantes adquieren aprendizajes significativos, cuando se los apropian por sí mismos; lo que no ocurre si los convertimos en sujetos pasivos que oyen al maestro, toman notas, leen alguna bibliogafía, y procuran retener todo eso para obtener una nota aprobatoria. Esta es la antipedagogía del siglo XXI. Y es lo que hemos hecho en América Latina o en España o en Italia, durante dos siglos. Cuando decimos que un método sobresaliente para alcanzar ese logro es el aprendizaje por competencias, decimos que ese es un modo altamente eficaz de “aprender a aprender”. ¡Ah!, pero como el mundo hoy está pletórico de desconfianza, quienes no se han adentrado en estos saberes y en estos debates, si oyen o leen “competencias” les es imposible oír un sinónimo de capacidades, aptitudes, destrezas, o pericias, sino una palabra maldita vinculada con el diablo: el mercado. Por ende creemos que hablamos de una educación pro empresarial (dicho sea de paso, como si ésta no fuera necesaria). Psychosocial skills se tradujo como competencias o habilidades para la vida, referidas a la necesidad de fomentar el desarrollo personal de los alumnos; fomentar su potencial para disfrutar de una vida privada y social exitosa, y life skills se tradujo, ya con un sentido ampliado, como capacidades o competencias que conllevan saberes/habilidades/aptitudes/know-how, valores, actitudes, comportamientos, para enfrentar exitosamente contextos y problemas de la vida real privada, social y profesional, así como situaciones excepcionales (como ya hemos expresado en este espacio). La universidad debe dar a sus estudiantes valores. ¿Qué valores? La ONU ha hablado de valores universales relativos a la dignidad humana y los derechos humanos, la equidad y el cuidado del medio ambiente. El “desarrollo sostenible” lleva estos valores un paso más adelante y los extiende de la generación del presente a las generaciones del futuro. Pero tenemos muchos más valores que hemos de contribuir a construir –por supuesto que es posible hacerlo mediante el aprendizaje por competencias–, como los valores de la democracia, de la tolerancia, de la admisión efectiva de la pluralidad, de la igualdad de géneros, de la hospitalidad, de la solidaridad. Cada sociedad tiene un mundo de valores propios, pero también de antivalores que es preciso corregir. ¡Qué duda cabe que en México es microscópica la cultura de la legalidad! E inmensa, por ende, nuestra práctica de la impunidad. Miles de actos de impunidad se cometen cada día por esa incultura: como romper vidrios y cometer destrozos y robos, y creer que se tiene derecho a pedir que no se apliquen la leyes generales de la Republica o los reglamentos particulares de una institución como la universidad. “Aprender a hacer”. ¿Se puede ser un escritor sin las destrezas o competencias del caso? ¿Sirve para algo un médico o un ingeniero incompetente? ■