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MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2012

MANIPULACIÓN EN LA LUCHA ANTICRIMEN

■ Antes se ha acogido a más de 250 personas, algunas de las cuales han mantenido ese estatus a lo largo del tiempo sin que se conozca de manera pública todos los beneficios que han obtenido, y que se relacionan con el pago de colegiaturas para sus hijos, pago de rentas de inmuebles para alojar a sus familias, pago de viajes y hospedaje. Asimismo, el programa de testigos protegidos de la PGR ha presentado fallas desde su puesta en marcha, ya que algunos de ellos han sido asesinados o se “suicidaron” en instalaciones de seguridad de la propia PGR. En esos casos se encuentran Édgar Bayardo del Villar (Tigre), ex inspector de la Policía Federal Preventiva, quien fue detenido por estar presuntamente vinculado con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada y sirvió para acusar al jefe de esa corporación, Gerardo Garay Cadena, de mantener vínculos con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

ASESINATOS Y “SUICIDIOS”, ENTRE LAS FALLAS DEL PROGRAMA A CARGO DEL

MPF

Bayardo del Villar fue asesinado en diciembre de 2009 en una cafetería de la colonia Del Valle, a pesar de que estaba supuestamente bajo custodia de la PGR. En noviembre de ese año “se suicidó” en instalaciones de la PGR Jesús Zambada Reyes (Rambo III), hijo de Jesús El Rey Zambada Niebla. El joven fue detenido en octubre de 2008 y fue utilizado como testigo de cargo en averiguaciones previas iniciadas contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la PGR en la llamada Operación Limpieza. Otro testigo, identificado como Noé, y quien había delatado la relación del cártel de La Familia con José Manzur Ocaña, ex delegado de la PGR en el estado de México, fue ejecutado en agosto de 2008 en La Marquesa, junto con los dos agentes que lo escoltaban. Antes que todos ellos, en 1997 fueron asesinados Tomás Colsá McGregor, considerado el joyero de los narcos y testigo protegido en casos contra miembros del cártel de Juárez; en agosto de 1998, el chofer de Amado Carrillo Fuentes, Jaime Olvera Olvera, fue ejecutado; y en 2000 fue asesinado en la ciudad de México –cuando viajaba en un microbús– Humberto Cappelletti González, uno de los principales testigos en el proceso penal contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

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de la reforma de 2008 “no había régimen de excepción” para procesar el crimen

La falta de regulación propicia que desde el anonimato se acuse a inocentes, dice Cossío ■

El ministro habla del caso de la ex agente Claudia García; fue condenada y no supo quién la acusó

JESÚS ARANDA

La Constitución federal y la legislación aplicable contra la delincuencia organizada “no regulan debidamente la figura jurídica del testigo colaborador” –conocidos como testigos protegidos–, lo que permite el uso arbitrario de esa prueba por el Ministerio Público. Sostiene lo anterior el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, quien enfatiza que “la Constitución anterior a la reforma no establece un régimen de excepción para la persecución y procesamiento de la delincuencia organizada”, y el cambio aprobado en junio de 2008 “me parece que es un tema que requiere discusión”, la cual hasta la fecha no se ha dado en el máximo tribunal. Agrega que la discrecionalidad en el otorgamiento de la figura de testigo protegido a quienes aportan datos para capturar a líderes criminales o para desmembrar bandas delictivas –prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada– da lugar a que el beneficiario pueda “mentir o falsear su dicho para involu-

crar a personas inocentes”. En su voto particular contra la reciente decisión de sus compañeros de la primera sala de negar el amparo solicitado por Claudia García Castillo, ex integrante de la Agencia Federal de Investigación que fue consignada en 2009 con base en el testimonio anónimo de un testigo colaborador, Cossío señala que la legislación que regula a los testigos colaboradores “no establece con claridad” la forma en que debe aplicarse dicha figura,” a quién es aplicable, la manera y el momento en que se deben recibir los testimonios”. Y hace una serie de cuestionamientos que quedaron sin respuesta al no discutir los ministros el fondo del amparo: “¿la secrecía de la identidad del testigo protegido es válida en las etapas de averiguación previa y el proceso penal? ¿Tal secrecía vulnera el derecho de defensa adecuada? ¿La regulación para la aplicación de esa figura es constitucional? ¿El testimonio puede utilizarse únicamente en una averiguación o en diversas? La primera sala negó el amparo a la ex agente federal Claudia García Castillo, a quien en 2009 le fue dictado auto de

formal prisión por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, a pesar de que no fue enterada de la identidad de los testigos colaboradores que la acusaron en el proceso penal que se le sigue. Cossío señala que “por más que se pretenda preservar la seguridad pública de la sociedad frente a la delincuencia, eso de ninguna manera implica que el control judicial sea “complaciente” al revisar la restricción de derechos de defensa adecuada, en este caso, del acusado por un testigo protegido. Cuestiona la decisión mayoritaria: “lo que está queriendo decir el proyecto (presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo) es que la actuación del Estado mexicano ha resultado ineficaz en el combate a la delincuencia, y el medio para recobrar la confianza ciudadana, a fin de no perder legitimidad, es mediante la regulación de un derecho de excepción que admita la restricción de derechos y la clasificación de delincuentes como enemigos del Estado y enemigos ordinarios. “Se pretende justificar la aplicación de reglas de derecho penal de excepción a partir de

la configuración legislativa, para el endurecimiento de la tradicional política criminal contra la delincuencia común”, indica. El dictamen da por sentado –insiste Cossío– la aceptación de los postulados “defensistas” de la sociedad y del Estado mismo, que justifica la existencia de figuras como arraigo, prisión preventiva oficiosa, imprescriptibilidad del propio delito y existencia del testigo protegido o colaborador. El amparo solicitado por la ex agente impugnaba los artículos 14, 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, referentes a la facultad del Ministerio Público de mantener bajo reserva la identidad del testigo hasta el ejercicio de la acción penal, la obligación de la PGR de proteger a dichos testigos y los beneficios que otorga la ley a los integrantes de la delincuencia organizada que presten “ayuda eficaz” para perseguir a otros miembros de su mismo grupo criminal.

Trámites en Santa Martha Acatitla ■

Foto Jesús Villaseca

La Jornada, 04/04/2012  
La Jornada, 04/04/2012  

Edición impresa de La Jornada: 04/04/2012