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POLÍTICA

LA JORNADA 2 de enero de 2019

Recorte presupuestal a la Semar afecta sus proyectos transexenales GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La reducción presupuestal para este ejercicio fiscal afectará programas trascendentes para la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), como la construcción de Patrullas Oceánicas de Largo Alcance (POLA) y la producción de aeronaves. Altos funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador señalaron que algunos programas considerados prioritarios se suspenderán al contar con alrededor de 2 mil millones de pesos menos. En 2018 a la Semar se le asignaron 31 mil 305 millones 775 mil 196 pesos, y para este año la Cámara de Diputados le destinará 29 mil 583 millones 375 mil pesos. La construcción de patrullas oceánicas era considerada en ad-

Construcción de patrullas oceánicas y compra de helicópteros

ministraciones anteriores como uno de los proyectos transexenales, ya que “al contar con este tipo de unidades, la Semar queda en posibilidades de realizar operaciones de búsqueda y rescate de largo alcance, de mantenimiento de la paz, para la seguridad y defensa nacional, así como participar en ejercicios multinacionales”. La fabricación de este tipo de embarcaciones –que de manera inicial fue acordada con el grupo de construcción naval Damen– permitiría a la Semar obtener transferencia de tecnología, conocimientos para que sus integrantes participen en la modernización de la flota y realizar procesos especializados en la fabricación de embarcaciones para la institución, explicaron los funcionarios entrevistados.

En astilleros En ese contexto, en los astilleros de la Semar se construyeron 14 buques: ocho patrullas costeras, dos buques de vigilancia oceánica, un par de patrullas interceptoras y dos buques de apoyo logístico, así como una POLA, la cual iniciará operaciones formales en aguas nacionales en los próximos meses. El recorte también afectará la adquisición de helicópteros para transporte de personal y carga; el desarrollo de aeronaves para búsqueda y rescate, así como la adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima.

Gertz tiene un año para definir estrategia de transición en la FGR GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La transformación de la Fiscalía General de la República (FGR) podría tomar hasta un año, en lo que se adecuan las estructuras actuales, ya que desaparecerán las ahora subprocuradurías y se pondrán en marcha las unidades de investigación. La Ley Orgánica de la FGR señala que a partir de la fecha en que Alejandro Gertz Manero fue designado “contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un plan estratégico de transición”. Los lineamientos del Congreso señalan que Gertz Manero deberá priorizar, “en orden de importancia, el establecimiento del Servicio

Profesional de Carrera y su estatuto, la consolidación del sistema de información y el análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal”. Desde que llegó como encargado de despacho –el primero de diciembre de 2018–, Gertz Manero no ha realizado cambios de titulares de la subprocuradurías ni en la estructura de lo que hasta diciembre pasado se denominaba Procuraduría General de la República. De acuerdo con la Ley Orgánica de la FGR sólo existirán cuatro fiscalías especializadas: la encargada de derechos humanos, contra delitos electorales, de combate a la corrupción y la relativa a asuntos internos. Las actuales subprocuradurías se transformarán en las coordinaciones de Investigación y Persecución Penal; de Métodos de Investigación, así como de Planeación y Administración.

EN MENTE ● HERNÁNDEZ

NUEVO REPARTO A ESTADOS

Mecanismo de “fórmula base cero” regirá gasto para seguridad pública La inversión no tuvo el impacto esperado: Inegi FABIOLA MARTÍNEZ

El gasto para la seguridad pública no ha tenido el impacto esperado en la reducción de la incidencia delictiva, dijo Adrián Franco Barrios, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante una reunión privada del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) entre funcionarios federales y enviados de 16 entidades del país el viernes pasado. La fórmula anterior, subrayó, fue un incentivo perverso para los estados que lograban bajar los índices delictivos. El Inegi elaboró una nueva fórmula de reparto de recursos para entidades, aprobada esta semana por los gobernadores, aun cuando algunos –como el estado de México– recibirán menos que en 2018. El citado mecanismo, publicado ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, tuvo consenso por ser considerado una “fórmula base cero”, a fin de restructurar los procesos entre gobierno federal y estados, indicaron fuentes consultadas. Un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en ocho años (de 2000 a 2018) se ha entregado a los estados, en conjunto, 66 mil 500 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El nuevo método para el reparto

(este año de 7 mil millones de pesos, el mismo nivel que en 2018) otorga 25 por ciento para certificación, equipos y áreas forenses, todo ello dentro del capítulo de “fortalecimiento de las capacidades institucionales”. Otro tanto se dará para compras y acciones en materia de tecnología e información (aquí se incluye lo relativo a la Red Nacional de Telecomunicaciones). Además se asignará 15 por ciento para el fortalecimiento de centros de reclusión, rubro clasificado como “población en privación de la libertad”, ya que hasta el año pasado sólo se destinaba 5 por ciento a esta área. El resto de los recursos se deberá canalizar a problemas específicos de cada estado, por ejemplo, atender la investigación de homicidios dolosos o la incidencia delictiva de robos. Autoridades estatales advirtieron a la Federación de los graves

Asignan 15% a fortalecer centros de reclusión

problemas que enfrentan con la delincuencia organizada, incluido el robo de combustible. Otros pidieron apoyo para atender los asuntos fronterizos, la violencia familiar y la trata de personas. Funcionarios federales les respondieron que habrá un apoyo sin precedente con la Guardia Nacional (aún no aprobada por el Legislativo), así como de otros programas sociales para los jóvenes. El secretario ejecutivo del SNSP, Franco Fabbri, pidió a los estados trabajo conjunto y “orientarse a los resultados”. Al encuentro asistió el auditor superior de la Federación, David Colmenares, quien se refirió a los mecanismos de control y transparencia en el gasto de la bolsa general de 11 mil millones de pesos, tanto los citados 7 mil del FASP como del subsidio a municipios, cuyo detalle se concluirá la semana entrante. Al respecto se analizan las 266 regiones marcadas por la Secretaría de Seguridad federal, pero sobre todo se exploran vías de “compras consolidadas” con el propósito de obtener mejores precios de los proveedores de equipos para la seguridad pública. Eunice Rendón, secretaria general adjunta del SNSP, les dijo que la inseguridad es multicausal, de ahí la importancia de trabajar con una estrategia intersecretarial, especialmente en aquellas poblaciones y zonas de mayor vulnerabilidad delictiva.

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La Jornada Maya · lunes 28 de enero de 2019  

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