Página 12 / Guatemala, 22 DE octubre de 2021
CONTRAVÍA
OPINIóN
Dos puntos y…
¿Por qué nadie quiere invertir en Guatemala? Militares retirados atacan el Marco Trejo Congreso nacional
E
Factor Méndez Doninelli
E
l pasado 19 de octubre del presente año, una caterva de militares retirados asaltó con violencia y lujo de fuerza las instalaciones del Congreso nacional, para exigir la aprobación de una ley que les otorgue indemnización por supuestos servicios prestados a las Fuerzas Armadas durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996) y que según su demanda exigen un pago de Q120 mil, equivalente a unos 15 mil dólares estadounidenses para cada quien. Ese día, los militares derribaron por la fuerza el portón del lugar que sirve de parqueo para vehículos de diputados y trabajadores de ese Organismo de Estado. La acción violenta e ilegal de los militares retirados ocasionó cuantiosos daños, destrucción del portón de entrada, incendio de cinco vehículos, tres motocicletas y varias oficinas. Además, no menos de ocho periodistas que cubrían los hechos fueron agredidos, golpeados, lesionados y sus equipos fotográficos, grabadoras y celulares destruidos. Por los hechos hay dos individuos capturados. El ataque al Hemiciclo ocurrió ante la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil PNC, quienes no intervinieron y cuando lo hicieron fue extemporáneo, pues los hechos se habían consumado. Llama la atención que en otras ocasiones, como sucedió en noviembre de 2020 durante una manifestación pacífica de ciudadanos y organizaciones sociales, la PNC la disolvió violentamente con saldo de heridos, lesionados, intoxicados por efecto de los gases lacrimógenos y varias personas capturadas entre mujeres y hombres. Una clara diferencia de actuación de la PNC con respecto al trato hacia los ciudadanos pacíficos y con los militares retirados que actuaron con uso de fuerza, sembraron el caos y provocaron claros actos terroristas. Es de esperar que el Ministerio Público actúe en consecuencia. Los ataques contra periodistas han levantado un re-
pudio generalizado debido al incremento de las agresiones y la intolerancia al derecho de informar y ser informados. Las principales entidades de prensa del país manifestaron su rechazo a este tipo de conductas criminales y terroristas. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), mediante la Comisión de Libertad de Prensa expresó: “También esperamos que se investigue el actuar cuestionable de la policía que permitió que la manifestación se volviera violenta y se agrediera a los periodistas. Usualmente la policía despliega decenas de elementos cuando existen protestas en cercanías del Palacio Nacional o del Congreso, pero en esta ocasión los agentes se habrían retirado pasada la mañana y su respuesta luego de los incidentes fue tardía”. Por su parte, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) condenó las agresiones contra periodistas y rechazó los actos “…que vulneran la libertad de expresión del pensamiento”. También el Instituto de Previsión Social del Periodista se sumó al repudio por los ataques y urgió a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, que muestre resultados concretos de la investigación iniciada. Asimismo, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) rechazó los actos violentos provocados por los militares retirados, anunció que abrió de oficio un expediente sobre los incidentes y que presentará una denuncia penal. La preocupación del gremio periodístico es por la desvalorización de los derechos y libertades de expresión, pensamiento, investigación e información, manifestada a través de ataques a periodistas, a medios de comunicación independientes, acusaciones espurias contra comunicadores amenazas, intimidaciones y en algunos casos hasta judicialización de casos. Todo con el afán de acallar las voces críticas contrarias a los abusos, intolerancia y autoritarismo de los gobernantes de turno.
l Estado de Derecho es definido por la Organización Naciones Unidas (ONU), como: “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. En este tema Guatemala es considerada en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), en una mala posición con respecto a los demás países centroamericanos, lo cual provoca que nadie quiera invertir en un país donde no se respetan las leyes y mucho menos que no se hacen cumplir las mismas. Sí a esto le aunamos que para registrar una empresa hay que hacer más de 250 trámites, esto ahuyenta a cualquiera. Según el reporte publicado en el 2020 por la entidad internacional, en 2019 Guatemala obtuvo una puntuación de 0.45 sobre 1 (la puntuación más alta), lo que nos coloca a nivel mundial en la posición 101 de 126 países evaluados. En comparación a la evaluación anterior, el país empeoró en 0.1 puntos y bajó 5 puestos en el ranking global. El WJP en el Rule of Law Index 2020 presenta un retrato del Estado de Derecho en 128 países y jurisdicciones calificando ocho factores: Restricciones sobre los Poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad,
Aplicación de las Regulaciones, Justicia Civil y Justicia Penal. Aspectos en los que tenemos serios problemas y afrontamos grandes retos que nos colocan en la posición anteriormente mencionada. Los datos que nos colocan en esa mala posición es el puntaje sobre la administración de justicia, la cual no es efectiva y mantiene una mora judicial muy alta, hablamos de millones de casos sin resolver, por razones injustificadas (0.13/1), la investigación penal es deficiente (0.23/1), el Sistema Penitenciario no provoca una reinserción social (0.09/1), los gobernantes utilizan el Organismo Legislativo para su interés personal (0.08/1) y el gobierno no publica información pertinente y actualizada y esta tampoco es de fácil acceso (0.3/1). Esto es muy fácil de constatar, una persona procesada pasa 2 años y medio sin que se resuelva su caso, cuando deberían de ser 5 meses, incluso muchos cumplen encarcelados la pena máxima del delito sindicado, sin ser sentenciados por tribunal competente, lo cual es totalmente absurdo y deja muy mal visto al país, porque se viola la presunción de inocencia y eso hace que tengamos una muy mala calificación. Regionalmente, Guatemala se encuentra en el puesto 14 de 19 países latinoamericanos. El promedio de ellos es 0.53/1, situando a Guatemala por debajo
del mismo (0.45/1). El primer lugar es para Estados Unidos (0.72/1), seguido de Uruguay (0.71/1) y Costa Rica (0.68/1). Los peores puntajes los tienen Venezuela (0.27/1), Bolivia (0.38/1) y Nicaragua (0.39/1). Aunque los números son fríos tenemos que analizar estadísticas y en ese aspecto las entidades que administran la justicia (Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Ministerio Público y Organismo Judicial), se encuentran en serios problemas, sus cabezas se dedican más a ver temas políticos, que trabajar para que en Guatemala se dé una justicia pronta y efectiva. Este es un problema que se ha dado desde hace algunos años y todo ha sido porque los políticos han metido sus manos en los entes que administran la justicia, incluso las campañas políticas han sido judicializadas y vemos cada vez más, una pugna de poder en las judicaturas, lo cual afecta nuestra imagen internacional, que aleja a los inversionistas, quienes prefieren irse a otros países donde el Estado de Derecho si ha sido fortalecido y es respetado. Tal es el caso de El Salvador que de seguro van a subir sus bonos con el trabajo que han realizado sus gobernantes. Guatemala si quiere salir del atolladero en el que nos encontramos, su población (empresarios, autoridades y sociedad civil), deben dar muestras de querer hacer mejor las cosas y todos juntos trabajar para forjar un mejor país, donde la gente, en vez de emigrar, tenga mejores oportunidades de vida para desarrollarse, en una tierra bendita, como lo es esta bella nación.
El choque de insurrección
E
l choque al que quiero referirme, del que nos habla nuestra historia, acaecido hace cerca de 500 años, se resume en dos palabras: existencia y destino. Si hojeamos los libros épicos de esas culturas que chocaron: La Biblia y el Popol Vuh; ambos nos conducen a un pasado que nos habla de la creación del mundo, de nuestra formación y origen; y a los pueblos de ello surgido, le dan normativa para comportarse y gobernarse y determinan el castigo del trasgresor. En ambos libros encontramos ejemplos y actuaciones al margen y dentro de la ley, que se nos enseñan desde la infancia, y en sus páginas discurren temores sobre el porvenir y la sumisión ciega y el poder y la injusticia, pero nunca acaba la narración, esa lucha entre la ambición y la sumisión. Un choque entre posibilidades y razones de vivir y existir, de ser y desarrollar; dos formas de entender y hacer existencia que nunca se fusionan y aunque conviven no se aceptan; aunque se toleren dentro del mismo territorio, generan en unos sumisión y en otros explotación y en esos libros sin final aprendemos que jamás se
Alfonso Mata
ha podido eliminar una atmósfera cargada de hostilidad, por una de compasión y comprensión. Un colonizado vive más que luchar, creando un modo de vida propio de saberes y cultura en busca de adherirse a una supervivencia por mezquina que esta sea. Si hay algo que desenredar de ese choque es tanto de su aspecto cultural como sus consecuencias, que a la larga y mayoritariamente han producido un estilo de vida que da origen a miserias en todos sus aspectos. En buena parte, el guatemalteco actual, vive buscando un mundo intelectual y moral que ya no encaja en ninguna de las culturas de su origen (hispánico, indígena) y que en estos tiempos es controlado, conquistado y sometido por la grandeza técnica y tecnológica puesta al servicio de la ambición y la corrupción, más no del desarrollo humano.
En medio de este caos ético y tecnológico, sobresale como tabla de salvación para muchos el egoísmo: ser YO y YO viendo y haciendo del medio social, un lugar que me brinde la seguridad de realizar mi yo, independiente del comportarse y ser del otro; la colonización no termina. Hay entonces una búsqueda de unirse a la comunidad o como su jefe o explotador y bajo ese movimiento, los libros épicos culturales mencionados se cierran y se deshojan. Las jerarquías se han roto, ya no se es parte del Estado sino se busca ser el Estado; ya no se busca compartir sino arrebatar; detrás de ello se va y de esa cuenta y para conseguirlo, desde la adolescencia y la juventud, se está firmemente decidido en pactar con cualquiera en cualquier momento para protegerse y echar andar la existencia a como dé lugar y como dice Burckhardt “se venera la propia vida y los bienes que se tienen y desean y por ello se abdica a todo y se generan concesiones y posiciones que se hacen para evitar lo peor: diluirme y desvanecerme”. Tenemos choque por delante y para bastante.