VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Imbabura - Carchi

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VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Imbabura - Carchi

El hallazgo de una bodega con armas de guerra, explosivos y droga en Caranqui evidencia que los Lobos operan con su infraestructura criminal dentro de Ibarra y alerta a las autoridades por el avance del grupo criminal en Imbabura. 3


María Emilia
Sánchez es la nueva reina de Quito
POLÍTICA
Diálogo que propone el Gobierno necesita un propósito 4
POLÍTICA
Asamblea: enmiendas a la Constitución son inviables 5

Dos expresidentes de Perú condenados a prisión 11


ANTONIO RICAURTE
En esta sociedad líquida, en medio de la revolución de las comunicaciones, nadie lee. Las personas solo consumen imágenes rápidas. Por eso hoy escribiré poco, para sintonizar con el ser humano moderno.
El ser humano moderno es un homo phone sapiens. El teléfono inteligente se ha convertido en la parte más importante de nuestro cuerpo.
A través del teléfono tenemos todo e l conocimiento y toda la información que necesitamos.
El 93% de la comunicación actual son imágenes ; lo que se dice o se escribe ya casi no importa.
El ser humano moderno solo consume vídeos cortos. En los primeros tres segundos decide si se queda o pasa al siguiente. Si se engancha, rara vez aguanta más de 40 segundos.
El cerebro humano solo es capaz de concentrarse realmente —y solo si la persona es muy fanática del tema— un máximo de 14 minutos.
Si el ser humano moderno solo consume imágenes rápidas, ¿quién lee hoy un texto, un análisis, un comentario o un editorial largo ? Nadie o casi nadie. Lo máximo que leen las personas son los titulares o los encabezados en redes sociales.
Una sugerencia sería hacer comentarios visuales, rápidos y potentes, que realmente lleguen con fuerza a la mayoría de la población.

WELLINGTON TOAPANTA wtoyos@gmail.com
Hacia un buen país
Mientras ‘expertos’ no cesan de conjeturar sobre la adversidad de la consulta popular y el referéndum y reiterar que hubo “una derrota aplastante”, otros concluyen que
Los archivos del narcoguerrillero Calarcá, que han sido difundidos por la prensa colombiana, se han convertido en otro de los mayores escándalos políticos del presidente Gustavo Petro.
Antes ya ha enfrentado críticas y denuncias por el financiamiento ilegal de su campaña, tráfico de influencias, graves fallas en la gestión contra el narcotráfico por el crecimiento de cultivo y del procesamiento de cocaína, apoyo incondicional al dictador venezolano Nicolás Maduro, supuestos excesos con drogas y alcohol y un enfrentamiento con Donald Trump, que le significó entrar en la lista OFAC (la muerte societaria destinada a personas, empresas e instituciones relacionadas con delitos).
Sin embargo, los presuntos vínculos de alias Calarcá con altos funcionarios de absoluta confianza de
Petro dejan ver a un Gobierno que colabora con quienes mantienen el control de sembríos de coca, campamentos de procesamiento de cocaína y de la salida de cocaína fuera de ese país. Droga que llega a Ecuador y que deja una estela de asesinatos y corrupción.
Así, el Gobierno de Petro, según la grave denuncia, estaría colaborando en los propósitos criminales de los narcos al entregar información militar y de Inteligencia. Además, la Justicia quedaría en entredicho porque las pruebas las tenía hace un año.
Ecuador sufre por la inacción de Petro contra el narcotráfico y su pelea con EE.UU. pone en riesgo la ayuda para Colombia, los beneficios para su propio país y los vecinos.
La salida de Gustavo Petro del poder se está convirtiendo, también, en una necesidad ecuatoriana. Las votaciones serán en mayo de 2026.

“no perdió (Daniel) Noboa Perdimos todos” la oportunidad de hacer un buen país de buen futuro. Es que, generalmente, los moldes añejos de ‘experticia’ casi son huérfanos de narrativas sobre gobiernos de retórica austera, se llenan de los de palabrerías, quienes, desde el poder, entretejían pelos y señales desde menús alimenticios hasta minucias sobre procesos de seguridad interna y externa, de conductas electorales, visibilizando particularidades
presidenciales, por lo que los ‘expertos’ no cesan sus arritmias esperando mutaciones del sobrio, no verboso Daniel Noboa que se mostró en el Parlamento y hoy en ejercicio presidencial, conducta que parece sostendrá pese a ser rociado de adjetivos y posverdades devueltas con sus verdades.
Por ello, el revés del evento del 16 de noviembre no solo fue consecuencia de la austeridad comunicacional, también por integrar más correistas pancistas a su gestión, por preten-

EDUARDO F. NARANJO C. eduardofnaranjoc@gmail.com
La música fue y es aliciente vital, suaviza la tensión del espíritu y acaricia las neuronas, su voz impulsó a muchos pueblos a crear, amar y crecer. Dos semanas atrás tuvimos la oportunidad de asistir al concierto inaugural de la orquesta sinfónica Cosmundo en la Casa de la Música. Esta novel organización es resultado de un gran esfuerzo de la conocida y prestigiosa directora Andrea Vela Mosquera y el maestro ruso Leonid Kolessov, que deleitaron al público con “La Sinfonía del Nuevo Mundo” de Dvorak y la presentación de dos jóvenes artistas del baile y la guitarra eléctrica.
Satisface saber que la Capital tiene un público interesado en la música culta que casi colmó el escenario, pese que esa noche la capital ofrecía el masivo concierto de Shakira, interesante y alentador percibir esta actitud de jóvenes y adultos seguidores de esta clase de arte.
La creación de Cosmundo, gigantesco esfuerzo de su directora, que con el apoyo generoso de un grupo de personas que contribuyeron de todo, para consolidar el proyecto y sacarlo adelante, creación que sin duda seguirá aportando con el arte sinfónico e incentivando la apreciación cultural de los ciudadanos.
Importante señalar que la maestra Vela, profesional de talla internacional pone énfasis en lo que le corresponde, como líder cultural asume compromisos por la cultura musical que incluye la promoción de jóvenes talentos y no deja de pensar en el desarrollo cultural de Ecuador.
Esfuerzos de calidad como este, deberían asumirse frontalmente por los gobiernos de turno, permitiendo abrir nuevos horizontes a la juventud en tiempos difíciles y conflictivos, considerando el efecto que la música tiene en las colectividades, es de esperar que el Ministerio de Cultura tome en cuenta estos valores que se pueden promover como estratégicos, puesto que la calidad del espíritu colectivo se empodera y suaviza. Crear normativas motivadoras a los grandes contribuyentes fiscales para fomentar la creación cultural, como lo muestra este proyecto donde lo privado mostró su participación.
der mudar el servicio médico del IESS a la salud pública, por expandir subsidios inmediatamente después de cesar el del diésel. Así se excluyeron votos anticorreistas, de jubilados, de quienes vieron infectar la higiene fiscal, los que obviaron logros en dos años de Gobierno, como reducción de más de 1.400 puntos el riesgo país (571 el último miércoles), caer la tasa activa de interés a 7,84 %, bajar pobreza en 3%, inflación en 0,69 %, lle-
gar a casi $ 10.000 millones en reservas internacionales, vitales para sostener la dolarización, abrir nuevos mercados; pero, la adversidad debe potenciar legislación que posicione seguridad jurídica, explotación petrolera, minera, agroindustria, infraestructura; inducir salud preventiva, empleo, educación alimentaria, eficiente sistema educativo, esenciales para ir hacia un buen país, con sanos índices macro y microeconómicos.
El reciente hallazgo de un arsenal de uso bélico en Caranqui, en Ibarra, confirma la presencia operativa de los Lobos en Imbabura.
IMBABURA.- La ubicación de un centro de acopio de armas, explosivos y droga en el sector de Caranqui, en Ibarra, abrió un nuevo escenario de preocupación para las autoridades locales y policiales.
El operativo ejecutado el 26 de noviembre de 2025 no solo derivó en el decomiso de armamento bélico de última generación, sino que confirmó, en palabras del propio mando policial, que la ciudad se usa como refugio y punto logístico por estructuras delictivas como los Lobos y otros grupos armados
El general de Policía, Víctor Herrera Leiva, detalló que el operativo se desarrolló a las 15:30, cuando los equipos investigativos ubicaron un domicilio donde permanecía un ciudadano extranjero sin antecedentes, pero que “se autodefine como parte de la estructura de los Lobos”.
La casa funcionaba como bodega para fusiles, granadas, municiones de alto calibre, chalecos balísticos de nivel militar y un surtido de explosivos que, según Herrera, no tiene precedente en la provincia.
“Lo que más nos llama la atención es el decomiso de alrededor de cuatro armas de fuego, armas de fabricación industrial de uso bélico, el calibre es 223 y 762, así como miles de municiones que fueron incautadas. Y dentro de eso también nos llama la atención los tipos de chaleco. Son prendas de protección corporal de nivel cuatro . Estos son chalecos que ni siquiera la Policía los tiene, porque son para protección de armas largas”, explicó.


Herrera también expuso su preocupación ante la gravedad del material explosivo encontrado: “Fueron alrededor de 37 granadas que son utilizadas para los lanzagranadas. Además, se encontraron alrededor de otras 22 granadas de mano, que también son de uso bélico, de uso militar, que son de alto poder”. Según el oficial, este arsenal evidencia no solo la presencia, sino la capacidad operativa del grupo criminal en Imbabura. El operativo permitió, además, el decomiso de una motocicleta y una furgoneta blanca con una ca-

leta oculta
La Policía afirmó que la fachada que tiene la furgoneta es de transporte escolar, pero tiene la caleta en la parte posterior, así como decenas de indicios relacionados con el transporte y procesamiento de droga. Ante el hallazgo, la Policía mantiene abiertas varias pericias para trazar la procedencia del armamento y de los chalecos, de fabricación estadounidense. “Va-
advirtiendo desde meses atrás: Ibarra se va convirtiendo en zona de refugio y movimiento para diferentes organizaciones armadas. El general recordó un antecedente clave: la detención en la ciudad de alias ‘El Gringo’, identificado como objetivo de alto valor del Frente Oliver Sinisterra , uno de los grupos armados guerrilleros más activos en la frontera norte, como en ese entonces lo reportó LA HORA.
“Eso nos hace ver que la ciudad de Ibarra está sirviendo justamente como el lugar donde estos delincuentes se esconden ”, señaló Herrera.
Precisamente, este hallazgo de un arsenal de uso militar en una vivienda urbana refuerza la alarma institucional y constituye una alerta directa sobre la magnitud del riesgo que enfrenta la provincia, por su cercanía con zonas donde opera minería ilegal , así como con la frontera con Colombia.
En esta ocasión, la Policía identificó al responsable de custodiar el inmueble , pero la investigación apunta a una estructura más amplia. “Con esto, el golpe es contundente. Identificamos que es el grupo delictivo los Lobos. Estamos investigando, porque hay una persona detenida que se le ubicó en flagrancia en vigilia de la casa”, añadió. El alto mando policial destacó que la cantidad de droga y el tipo de armamento decomisado sugieren operaciones transprovinciales y líneas de abastecimiento que conectan con otros países.
mos a trabajar en la trazabilidad porque es importante identificar para qué iban a ser utilizadas. Nos llama la atención porque son calibres mayores, son armas de hombro que nosotros llamamos, utilizadas normalmente para operaciones rurales”, añadió Herrera.
Guarida para estructuras criminales Para la Policía, este caso confirma lo que ya venían
“Hemos podido identificar que los fusiles como los M4 son comercializados como arma de cacería en nuestro vecino país del Perú. Queremos saber cuál es el origen y cómo llegan las armas acá”, dijo Herrera. Enfatizó en que las autoridades policiales mantienen su preocupación por este último hallazgo, que revela que Imbabura no es sólo territorio de tránsito , sino un espacio donde grupos criminales han instalado presencia operativa. (DLH)
La titular del Ministerio de Gobierno y algunas autoridades locales se han reunido esta semana, tras el anuncio del diálogo. Pero este debe ser plural y el proceso debe tener ciertas características, indican dos analistas.
“Vamos a abrirnos al diálogo ”, pero “no diálogos con personas que están siendo procesadas por la Justicia”, dijo Nataly Morillo el 24 de noviembre de 2025.
LA HORA consultó a la ministra cuál es la estrategia para impulsar el diálogo anunciado o si habrá un acercamiento diferenciado con las organizaciones sociales que impulsaron el No en la consulta popular, por ejemplo. No hubo respuesta.
Morillo se reunió el 25 de noviembre con Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). El 26 se reunió con Mónica Loza, viceprefecta de Chimborazo. El 27 de noviembre participó en el III Encuentro Internacional de la Red de Mujeres Autoridades Municipales “Los municipios conocen
de primera mano cuáles son las necesidades y aspiraciones que tiene nuestra gente. Ustedes son el primer contacto con la realidad y el espacio de cada uno de los habitantes, en cada cantón, donde es posible hacer una democracia directa , que escucha, que dialoga y que actúa con sentido humano”, expresó Morillo en ese evento.
El diálogo debe ser plural César Ulloa, docente y politólogo, señala que “todo proyecto de diálogo requiere un plan, recursos y un equipo, lo que el Gobierno ha hecho es una invitación, pero todavía no quedan claros estos tres elementos”. El Gobierno debe aclarar esos puntos para saber cómo se construirán los “grandes acuerdos”. También señala que “todo proceso de diálogo tiene un
código de ética y un protocolo ”. Morillo dijo inicialmente que no habrá diálogo con “delincuentes”. Ulloa considera que la ministra fijó líneas rojas para evitar que cualquier proceso de diálogo sea contaminado por personas que tengan sentencia ejecutoriada en casos de corrupción.
“Habrá que ver a quiénes está invitando al diálogo. Tiene que ser generosa, amplia, plural, pero sobre todo, no debe inventarse nada, hay procesos de diálogo exitosos en los últimos seis años que puede retomar”, subraya.
Ulloa defiende que los actores que deben intervenir en un diálogo tienen que ser la mayor parte de sectores de la sociedad civil . “Habría un error si interpretan que el diálogo es solo con la política (…), el objetivo no

es conversar solo con los aliados, sino también con la gente con la que hay alguna dificultad, alguna controversia. El diálogo no es un tema de amigos, es un diálogo entre varios sectores”.
¿Cómo dar legitimidad al diálogo?
Juan Fernando Páez, abogado y experto en temas de Mediación, observa que el término diálogo se ha desgastado y no logra el impacto que debería. Dialogar implica un proceso para transformar una confrontación en una cooperación, el reconocimiento mutuo de todos los actores y la búsqueda de intereses comunes, resume.
El experto enfatiza en que el diálogo debe servir para reducir la polarización a la que está acostumbrado el país. “El diálogo tiene que estar debidamente institucionalizado. Esto es establecer reglas, procedimientos, protocolos claros, transparentes. Proponer una metodología, contar con personas que actúen como neutrales, establecer mecanismos de verificación de lo que se llegue a acordar. Esto le dará legitimidad al diálogo. Y, finalmente, la obtención de resultados concretos a corto, mediano o a largo plazo”, expone Páez.
Al igual que Ulloa, coincide en que un punto im-
En 2020 se realizó el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que convocó a varios sectores en Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil, donde se dialogó para identificar los temas de mayor preocupación en Ecuador y presentar una propuesta.
La importancia de un diálogo verdadero es tratar de cohesionar a la sociedad, evitar que la sociedad llegue a los extremos”
PÁEZ
portante es que el Gobierno, como promotor del diálogo, plantee una agenda de temas. Estos deben ser los más “acuciantes que vivimos: de seguridad, empleo, salud , prestación adecuada de servicios públicos”.
Subraya que poner en práctica todos esos elementos será favorable para demostrar la validez de que el diálogo genera cambios y que con el diálogo institucionalizado se reconoce la legitimidad del Ejecutivo y del resto de actores.
Recalca que el diálogo, que produce un cambio, es un instrumento válido para que la sociedad se pueda “recomponer” y no opte por la violencia para obtener el cambio que necesita. “El diálogo no puede ser un bombero apagando incendios, tiene que ser sostenido, permanente”.
Eficiencia del diálogo, por verse Francisco Jiménez, abogado y exministro de Gobierno, evalúa que la apertura al diálogo y el cambio de posición por parte del Gobierno tiene como antecedente inmediato los resultados electorales del 16 de noviembre.
“Habrá que ver si frente a esta primera reacción del Gobierno, de que es necesario dialogar, se producen otras acciones a mediano y largo plazo que hagan que este diálogo sea productivo y eficiente , que al final del día es lo que se busca”, señala.
Jiménez además apunta que si el Gobierno en realidad tiene ese compromiso de escuchar a la ciudadanía debe delimitar ciertos aspectos, a fin de que el diálogo arroje resultados.
“El diálogo es sentarse a cruzar ideas sobre una temática definida, con unos objetivos planteados para recibir los insumos, en este caso de las organizaciones a las cuales se invita, que son las que representan a la ciudadanía. En función de eso, sacar después conclusiones que se vayan a implementar y que se trace un horizonte de tiempo para esta implementación. Solo así se puede llevar a cabo un diálogo productivo”, advierte. (KSQ)
Para ADN, el correísmo no es una alternativa. El oficialismo confía que seguirá contando con los votos de sus aliados. Pero, un sector de independientes, de Pachakutik y del PSC se reúnen frente a la posibilidad de generar una propuesta tanto para ADN como para la RC.
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) marcó la cancha de lo que serán sus futuras decisiones políticas y actuaciones en la Asamblea Nacional, después de la derrota de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025 y el fracaso del diálogo con la Revolución Ciudadana (RC).
Desde el 14 de mayo de 2025, ADN se perfiló como la primera fuerza política de minoría. El Gobierno llegó con 67 curules, pero se vio obligado a pactar con una facción de Pachakutik (PK ) y un sector de independientes. Esto le permitió consolidar votaciones entre 77 y 80 respaldos para aprobar proyectos de ley, proyectos de resoluciones, etc.
Después del triunfo del No en las cuatro preguntas de iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa , una de las cuales buscaba modificaciones a la Constitución, el panorama político cambió y ADN se ha fijado nuevas metas: seguir manteniendo el apoyo de sus aliados para aprobar leyes que requieren el mínimo respaldo (77 votos). En el oficialismo reconocen que será difícil emprender, desde el Legislativo, en enmiendas (modificar la estructura del Estado) a la Constitución.
Para este propósito, ADN

OFICIALISMO. Parte de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional. (Foto: archivo)
requiere 101 votos que tampoco alcanza a reunir con el respaldo de sus socios políticos a los que incluso, en los últimos meses, se sumaron cinco disidentes de la bancada correísta: Mónica Salazar, Carlos Vargas, Sergio Peña, David Arias y Jhajaira Urresta.
La bancada oficialista sabe que con esto se cierra cualquier oportunidad de aprobar enmiendas constitucionales desde el Legislativo y que no se pudo con-
Roger Celi: ‘La coyuntura electoral cambió para ADN’
° Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), recordó que la mayoría oficialista fue frágil y depende de la coyuntura. “La coyuntura electoral cambió para ADN”, y para hacer efectivas las enmiendas necesita de los votos del correísmo. Celi cree que deberían enfocarse en la gestión que implica la asignación de recursos, en una legislación eficiente y efectiva, el trámite de proyectos de ley que están pendientes de tramitar y la búsqueda de consensos con la oposición.
cretar en las urnas.
Solo los votos de la RC (que suman 62) le permitirán a ADN abrir la puerta a una enmienda. Pero dicha posibilidad está descartada.
“Trabajaremos con lo que tenemos. Lo que podemos es avanzar con reformas vía ordinaria que necesitan mayoría simple (77 votos), para poder reformar algunos códigos necesarios y urgentes en materia de combate al crimen organizado , y lo que sea materia constitucional que siga su proceso”, declaró la coordinadora de bancada, Valentina Centeno.
Aunque no hay los votos para respaldar una eventual propuesta, en la planificación de ADN también está plantear enmiendas a la Constitución en materia de seguridad.
Cuando Valentina Centeno fue consultada sobre cuál es la estrategia que tienen
ADN buscará avanzar en reformas vía ordinaria que necesita de mayoría simple (77 votos), entre ellos, leyes en materia de combate al crimen organizado.
minorías.
Contó que con los legisladores Alfredo Serrano (PSC ), con Mariana Yumbay (PK) y parte de los independientes preparan una propuesta que permita a estos sectores políticos, no solo ser visibilizados, sino ser actores y partícipes de una agenda enfocada en el tratamiento de reformas constitucionales o proyectos de ley.
“La intención es generar una tercera vía, ADN presenta una posición no tan clara, la Revolución Ciudadana plantea la suya, y los independientes, Pachakutik y el PSC podemos jalar la unidad para definitivamente ponernos de acuerdo en una agenda país. Sobre esta base tendremos que ir definiendo los acuerdos”, dijo.
para aprobar una enmienda que requerirá de los votos del correísmo, respondió:
“Tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos y, luego, el pueblo ecuatoriano deberá juzgar quiénes se oponen a las reformas en materia de seguridad, allí le corresponde al pueblo juzgar”.
Aliados piden agenda de consenso ADN confía en seguir contando con los votos de sus aliados. Pero un sector de minoría agrupados en independientes, una facción de Pachakutik e incluso del Partido Social Cristiano (PSC) mantienen reuniones frente a la posibilidad de generar una propuesta, tanto para ADN como para la RC. Juan Gonzaga, independiente (Sucumbíos), pidió que la agenda de ADN y de la RC también esté alineada con las necesidades de las
Para estos sectores de minoría, una de las prioridades es ir hacia una nueva reforma al Código de la Democracia para reemplazar el método de asignación de escaños D’Hondt que visibiliza a las mayorías, y se retome el método Webster, para que las minorías tengan la posibilidad de representación.
En la agenda del grupo de minoría también se contemplan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
“El problema también se gener a por la operatividad que tienen los jueces y fiscales, por lo que la agenda de fiscalización debe estar sobre la mesa, sin importar que el Consejo de la Judicatura sea o no parte de un plan de gobernabilidad con el Ejecutivo o el resto de poderes del Estado y, a partir de esto, saber qué tipo de reformas se requieren para resolver el problema de seguridad”, afirmó Gonzaga. (SC)
La mayor parte de la evasión no está en los grandes grupos económicos, sino en la enorme economía informal que el propio Estado ha hecho casi imposible de formalizar.
Durante años, políticos de todos los colores, especialmente desde la izquierda , han señalado que los problemas económicos de Ecuador desaparecerían si se cobrara “todo lo que evaden los grandes grupos económicos ”. Señalan a bancos, corporaciones y fortunas como si ahí estuviera el tesoro oculto capaz de financiar hospitales, carreteras y subsidios
Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de la evasión de impuestos está en la economía informal que sostiene a más de la mitad de los trabajadores del país.
En un Ecuador donde formalizar un negocio es caro y lleno de trabas, producto de un Estado diseñado en la Constitución de 2008 para supuestamente asegurar infinidad de derechos, más de 6 de cada 10 trabajadores en la Población Económicamente Activa (PEA) viven de actividades informales. Peor aún, solo 1 de cada 10 empresas en Ecuador registra ventas ante el SRI . El resto opera en una zona gris que no es criminal, pero sí precaria, de subsistencia, alejada de la burocracia porque no puede costear la formalidad.
En ese universo atomizado de vendedores autónomos, microemprendimientos y negocios que sobreviven día a día, está la verdadera base de la evasión. No en las torres corporativas.
Por eso, de acuerdo con Roberto Vera, economista y microempresario, si se quiere recaudar, hacer que la economía crezca, y que haya más dinero para obra pública y otros beneficios desde el Estado, “lo que se necesita es más facilidades para ser formal, un Estado más eficiente y que asfixie

menos a los negocios, y menos discursos políticos”.
Un mito de la evasión El discurso político suele apoyarse en la estimación que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) hizo hace varios años y que sostiene que Ecuador pierde cada año el equivalente al 7% del PIB en evasión, más de $7.000 millones.
Pero esa cifra, según el economista Andrés Pacheco , está construida sobre metodologías que sobrestiman el fenómeno al menos en un 40%. La Cepal basa sus cálculos en el método Múltiples Indicadores Múltiples Causas, un modelo que intenta detectar señales indirectas de la economía sumergida o informal para estimar su tamaño. El problema: incluso sus propios autores reconocen que la aproximación tiende a inflar los números.
Si se corrige el cálculo con supuestos más realistas, la economía sumergida no sería el 17% o 18% del PIB, sino cerca del 11%. Y si además se considera que subir
impuestos o perseguirlos demasiado reduce la actividad económica, como demuestra el estudio de Raj Chetty de Harvard, que concluye que por cada 1% más de carga tributaria la gente trabaja hasta 1% menos, la supuesta “recaudación perdida” se desploma aún más. El resultado final, según Pacheco, es que la evasión cobrable real bajaría del 7% del PIB a apenas el 1,47%, unos $1.140 millones anuales.
Una cifra importante, sí; transformadora, no. Sobre todo, cuando el país enfrenta un déficit fiscal de más de 5.400 millones para 2026 y necesitará más de $16.000 millones de nueva deuda para cubrir todos los gastos, deudas y obligaciones del próximo año.
Es decir, si se intentara cobrar impuestos a todo el mundo, incluyendo a los informales, pero sin antes haberles dado incentivos y facilidades para que ser formales no sea tan costoso y tortuoso, se podría recaudar más, pero el monto sería mucho menor a las grandes expectativas de los $7.000
vos : ISD en consumos con tarjeta, revisión de ganancias en venta de acciones, IVA e impuesto a la renta de profesionales y empresas, entre otros. Gracias a eso y al mayor movimiento económico de un año de rebote, se reporta un incremento del 3% en ingresos tributarios dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) y más de $100 millones adicionales solo por controles. Esfuerzos necesarios, pero dirigidos siempre al mismo pequeño grupo: los que ya pagan algo, es decir, el 30% formal o semiformal. En el Gobierno de Guillermo Lasso también aumentaron los controles a influencers y otros grupos.
Mientras tanto, el 70% restante, que implica todo el universo informal, sigue fuera de cualquier radar, no por malicia, sino por supervivencia.
millones de la Cepal.
Razones detrás de la evasión
La evidencia internacional confirma lo que muchos prefieren ignorar: el dinero oculto de grandes corporaciones en paraísos fiscales representa apenas 0,33% del PIB mundial, según la Unión Europea
En cambio, la mayor parte de la evasión ocurre en el segmento más frágil del tejido productivo: microempresas, trabajadores autónomos e informales , que simplemente no pueden absorber los costos de un sistema diseñado para empresas grandes y robustas.
Y mientras más pobre es un país, más grande es su economía sumergida. Como explica la economista Lorena Carrillo, “la economía sumergida funciona como un alivio para una sociedad de bajos recursos”, no como una conspiración de grandes fortunas.
La raíz del problema Durante 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ha intentado aumentar la recaudación a través de controles masi-
Para Patricia López, economista, la clave no está en perseguir, sino en transformar: “Hay que hacer que ser formal sea buen negocio. Para eso se necesitan subsidios directos de capacitación, asesoría legal y tributaria para microempresas, y eliminar trabas a la inversión y a la competencia”.
La batalla es con la informalidad
Si el Ecuador quiere recaudar más, crecer más y reducir la pobreza, no basta con exprimir a los pocos que ya cumplen. Ni tampoco con repetir la narrativa romántica de que la corrupción de las grandes empresas lo explica todo.
El país necesita una estrategia inteligente que: Baje los costos de formalizarse.
Simplifique trámites. Deje de manipular políticamente el salario básico. Genere servicios reales a las microempresas. Profesionalice a los emprendedores.
Construya un ecosistema donde ser formal sea más barato y rentable que ser informal.
Solo entonces la evasión disminuirá de verdad. No por persecución, sino porque la economía tendrá espacio para crecer dentro de la legalidad. (JS)
Las festividades y reuniones que se dan en el último mes del año hacen que los consumidores busquen negocios o emprendimientos que satisfagan sus necesidades instantáneas.
Debido a la cantidad de festividades que trae, diciembre es uno de los meses favoritos e ideales para que los emprendedores materialicen y hagan brillar sus ideas.
Negocios relacionados con la venta de decoración navideña, alimentos y postres o regalos personalizados son las opciones que se visibilizan con fuerza, tanto en las calles como en redes sociales.
Y aunque “lanzarse” a la aventura de emprender puede sonar sencillo, para el entrenador empresarial y coach ontológico, Gabriel Bolaños, hay aspectos fundamentales que se debe tomar en cuenta antes de hacerlo.
Para él, en el mundo del emprendimiento existe necesidad de conocimiento, estructura, orden y agenda, por ello es importante contar con un hilo conductor para iniciar y desarrollar un negocio.
“Desde octubre, la gente le apuesta al sector de la diversión y el entretenimiento, porque los datos indican que en esa época se da una mayor dinamización de la economía”, indica.
Pasos para emprender
Para iniciar, el emprendedor debe aterrizar sus ideas e identificar cuál es el nicho de mercado al que quiere atender, satisfacer su necesidad o resolver su problema, porque “no todos los productos y servicios son para todos”.
Bolaños asegura que en esta temporada la gente busca premura y rapidez, es decir, un consumismo inmediato y ese es precisamente el plus que hay que ofrecer en cualquier emprendimiento para cerrar la venta de manera exitosa.
Esto va de la mano con generar una propuesta de valor, indicando el elemento diferenciador, es decir, por qué el cliente debe comprar en mi negocio y no en la competencia.
Al momento de lanzar el producto o servicio, se debe pensar en las herramientas como por ejemplo, e infaltable en esta época, las redes sociales.
“A través de redes sociales si se
NEGOCIOS: Decoración navideña, alimentos y regalos son los emprendimientos preferidos para diciembre.
Ideas de emprendimiento para diciembre
° Decoración y ambientación: Decoración de árboles y espacios con motivos navideños. Venta de adornos y arreglos decorativos personalizados. Servicios de limpieza antes y después de las fiestas o reuniones.

° Alimentos y bebidas: Elaboración de ponches, postres y platos típicos de la temporada. Venta de canastas navideñas con productos gourmet o caseros. Servicios de catering o delivery express de comida para fiestas o reuniones.
° Regalos y productos: Venta de juguetes, especialmente populares en esta época. Creación de regalos personalizados como tazas, camisetas o joyería. Elaboración de ropa de temporada, como pijamas o conjuntos temáticos.
° Servicios para eventos y festividades: Organización de fiestas y eventos sociales. Servicio de fotografía con escenarios y personajes navideños. Servicio de organización de viajes o planificación de vacaciones para Fin de Año.
° Otros servicios: Cuidado de mascotas durante las vacaciones de sus dueños. Servicio de asistente de compras para la temporada.
puede vender de todo, pero sabiéndolas manejar e implementando campañas que funcionen y, sobre todo, con estrategia”, comenta. Para Bolaños no solo se debe publicar, sino también prospectar, contactar y dar seguimiento. Ya que a muchas publicidades de las redes sociales “se las lleva el viento” por falta de estrategia.
Sugiere apoyarse en un experto digital que analice y direccione, a través de métricas y datos, el emprendimiento hacia el nicho de mercado al que se quiere llegar.
Añade que si el emprendimiento cuenta con una estructura desde el inicio, lo más probable es que haya ganancia, sin embargo, indica que siempre habrá un margen de error.
“Sabemos que, en ocasiones, el talento no basta, la buena intención tampoco. El entrenarse es la clave para transformar un emprendimiento temporal en un negocio sostenible”, asegura.
Además, alienta a los emprendedores a aprovechar las oportunidades y no emprender solo bajo la figura de una necesidad. Incentiva a romper bloqueos y creencias limitantes, pero sobre todo a recordar que los emprendedores son en gran parte quienes dinamizan la economía del país. (ECA)
Los homicidios han aumentado en el país, llegando a 7.700 en lo que va de 2025. Atado a esta ola de violencia, los femicidios también se han incrementado y llegan a 349. Expertas en género destacan que hay un abandono estatal para enfrentar el problema.
Ecuador aún experimenta una ola de violencia creciente. Datos de la Policía Nacional confirman que, desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre, se han registrado 7.700 homicidios en todo el país. Atado a esta problemática, Fundación Aldea publica cifras de los femicidios en Ecuador que dan cuenta de 349 muertes violentas por género con corte al 15 de noviembre. De estas estadísticas de femicidios , al menos 224 han sido cometidos en sistemas criminales y se ha incrementado el porcentaje al 78% en este 2025, sobre el uso de armas de fuego para cometer estos crímenes.
Según los datos de la Policía, Guayaquil es una de las ciudades que más acumula homicidios con 2.643. Esto está relacionado a que también en temas de femicidios, Guayas es la provincia con un índice elevado, pues acumula 119 casos.
Relación entre homicidios y femicidios
Lizi Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres , explica que los 224 femicidios cometidos en los sistemas criminales, de acuerdo con las cifras de Aldea, corresponden a la tercera parte del total de femicidios. “Esa es una cifra realmente alarmante, porque demuestra que las mujeres son una especie de botín de guerra”.
Ernest dice que en muchas ocasiones lo que hacen los líderes de las bandas criminales es amenazar a las personas con asesinar a sus familiares.
“Entonces, las mujeres se convierten en esa amenaza que resulta en su muerte. En otro caso, puede ser que ellas estén involucradas en estos grupos de delincuencia organizada y no cumplir con

las expectativas que tienen los líderes de las bandas y por eso también son asesinadas, por eso hay esa vinculación tan directa”, detalla.
Para Geraldine Guerra, de Fundación Aldea , “la ola criminal es también una ola femicida, porque en situación de conflicto armado interno, que es en el que estamos ahora y en donde los sistemas criminales se consolidan, también los cuerpos y vidas de mujeres, niñas y adolescentes son los más vulnerables”.
“Son estos cuerpos de despojo o desechables que se usan por bandas criminales para enviar mensajes aleccionadores en barrios, para enviar amenazas o venganzas y todo eso configura un mensaje de que esos cuerpos no valen nada, se pueden asesinar, violar o descuartizar”, indica.
También alerta que el 78% de los casos son perpetrados con armas de fuego, “lo que quiere decir que en
el país circulan este tipo de armas impunemente”.
Ana Gómez, de la organización Megamujeres, afirma que la expansión de la delincuencia organizada, entre otros representa dos grandes peligros para las mujeres: referente a sus parejas, cuando entran a formar parte de las bandas delictivas y que tienen mayor facilidad de uso de armas de fuego por el desempeño de sus actividades ilícitas, “lo que las pone en mayor riesgo de violencia letal frente a ellos”.
Agrega que el segundo riesgo es el reclutamiento de
Los femicidios han aumentado
° Del 1 de enero al 15 de noviembre se registraron 349 femicidios.
° 224 femicidios se han dado en sistemas criminales.
° Guayas registra la mayor cantidad de casos: 119
frente a esta forma de criminalidad.
Romero destaca que hay una falta de voluntad política, y habla de un abandono estatal y falta de recursos para lo social, falta de inversión en la implementación en la Ley de erradicación de violencia contra la mujer y que se manifiesta en el incremento de muertes violentas que se registran este año.
Así, Geraldine Guerra asegura que no hay una política pública real para enfrentar el problema de la violencia de género, lo que existe es una “naturalización de la violencia”. “Nos volvemos ciudadanía expectante y amarillista que solo está esperando la próxima noticia de las muertes y hasta ahí se queda”.
Para la experta en género no hay un interés de lo que ocurra con las mujeres, pues se eliminó el Ministerio de la Mujer, lo que es un indicador.
Medidas contra la ola de violencia
mujeres dentro de los grupos delincuenciales , pues “esto genera que sean blanco de diferentes tipos de violencia, con mayor índice de violencia sexual. También provoca que sean víctimas directas o indirectas de ataques armados en contexto de actividades ilícitas”.
¿Qué está haciendo mal el país?
Gómez insiste en la falta de investigación de parte de las autoridades respecto a las relaciones de poder que influyen para estas muertes , pues provocan que no haya estadísticas institucionales reales respecto a la judicialización de estos delitos y que dicha judicialización no sea abordada con perspectiva de género.
“Sin duda nos encontramos en un momento histórico (de violencia)”, dice. Sonia Romero, directora de la organización Warmikuna defensoras, expone que hay una falta de control
La presidenta de la Coalición nacional de mujeres apela a que desde los gobiernos locales debe haber una responsabilidad para que haya prevención sobre esta problemática, pues son ellos los que están más cerca de la población.
“Fortalecer al movimiento de mujeres , de niños y adolescentes, y también al sistema educativo”, es una de las medidas de lucha que indica Lizi Ernest.
“Lo primero que hay que hacer es tener una política pública para poder operativizar y se requiere entregar presupuestos”, asegura Geraldine Guerra.
Por su parte, Sonia Romero resalta que es necesario tener un ente rector encargado de implementar la Ley de erradicación de violencia contra la mujer, y a ese ente rector asignarle el presupuesto. “Necesitamos que se implemente el registro de estadísticas públicas, porque necesitamos saber qué es lo que pasa y tener cifras claras. También necesitamos que se capacite a fiscales, jueces y que esa capacitación venga acompañada de un proceso de sensibilización”, señala. (PSR)
Un ciudadano suizo, radicado en Ecuador desde 1989, documenta fallas, ilegalidades y abusos en el sistema de transporte público. Su activismo le ha generado enemistades con los buseros y el Municipio.
El suizo Claude Roulet llegó a Ecuador en 1989 para trabajar en una fundación, pero nunca imaginó que tres décadas después su vida estaría marcada por una lucha permanente contra las irregularidades del transporte público quiteño. “Me quedé porque me enamoré, porque investigué el país y porque sentí que aquí se podía construir otro tipo de sociedad”, dice.
Ese optimismo inicial es el que le da fuerza para seguir con su lucha. Hoy asegura que enfrenta un “poder intocable” dentro del sistema municipal y del sector del transporte. Lo que empezó como una mirada curiosa hacia la movilidad urbana terminó convirtiéndose en una cruzada que libra a diario.
De Suiza a la capital ecuatoriana
Su primer acercamiento al tema fue desde la movilidad sostenible . En Suiz a estaba familiarizado con modelos eficientes y pensaba que Quito podía avanzar en esa dirección.
La bicicleta se convirtió en su forma de movilizarse y, al mismo tiempo, en un símbolo de lo que considera una deuda histórica: infraestructura segura para que más ciudadanos puedan usarla en sus actividades diarias y no solo los domingos en el ciclopaseo. “Hay ganas, pero no hay condiciones”, resume.
A esa conclusión llegó tras recorrer rutas, contar accidentes, registrar invasiones y alertar a las autoridades

sobre puntos críticos que, según él, se repiten año tras año sin corrección.
Documentar, insistir y presionar
Lo que comenzó como observación ciudadana se volvió una tarea diaria: oficios, denuncias, pedidos de control, inspecciones y llamadas al 911 . Claude dice que ha tocado puertas durante las administraciones de Augusto Barrera, Mauricio Rodas, Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pabel Muñoz.
En todas, asegura, encontró promesas sin cumplimiento y un patrón que se repite: aplazar decisiones que afectan a los grupos de poder ligados al transporte.
“En el Municipio ya nadie quiere hablar conmigo. Me bloquean”, afirma.
Pese a las negativas, continúa remitiendo informes, adjuntando fotografías, videos y referencias legales, incluso si sabe que no recibirá respuesta.
La relación con las autoridades se volvió más tensa durante la alcaldía de Jorge Yunda . Claude describe un episodio en 2019 como “el quiebre”. Mientras filmaba la negativa de un agente de la AMT a controlar a un bus que cometía infracciones, se produjo un altercado con el conductor de la unidad, que terminó en su detención.
Pasó una noche en flagrancia, perdió la cámara y, según dice, las grabaciones fueron borradas en criminalística.
“Perdí el juicio. Ese día entendí que enfrentaba algo

CLAUDE Roulet, el suizo que lucha contra las fallas del transporte público. (Foto: Claude Roulet)
más grande”, recuerda. En total envió nueve oficios al exalcalde Yunda sin recibir respuesta, lo que alimentó su convicción de que el sistema no solo no funciona, sino que “se protege a sí mismo”.
Choque con la realidad
Su caso más emblemático es el del Corredor Central Norte, donde descubrió que los buses articulados operaban sin revisión técnica vehicular desde 2017, sin matrícula y, en algunos casos, sin placas. En 2019, casi por azar, obtuvo el número de chasis de una unidad sancionada. Con esa pista reconstruyó la flota: 19 unidades en igual situación. Más tarde, con datos entregados por un ciudadano,
completó la lista: ninguno de los 70 buses cumplía con las obligaciones del contrato de operación, renovado al final de la administración de Mauricio Rodas.
Las inspecciones continuaron. En enero de 2021 logró ingresar al taller del consorcio. “Era un chiquero”, describe: aceite regado, trampas de grasa usadas como basureros, piezas amarradas con alambre, articulados sin piso, puertas dañadas, motores sin mantenimiento básico. Las imágenes se difundieron en redes, pero, relata, varios medios que inicialmente lo entrevistaron “decidieron no publicar nada”. Su denuncia, sin embargo, llegó a ma-
nos de autoridades ambientales y obligó a ejecutar una limpieza del lugar, una de las pocas acciones concretas derivadas de su trabajo. Aun así, sus acciones tuvieron efectos. A través de denuncias ambientales, la Prefectura de Pichincha obligó al consorcio a intervenir el taller. Y, junto con un pequeño grupo de ciudadanos, llegó a detener buses en vía, documentar fallas y forzar su retención.
La irregularidad también alcanzó al SRI. En 2021 descubrió que solo ocho buses del corredor figuraban en el sistema tributario y que debían $13.000 en matrícula. Sin embargo, la deuda disminuyó con los años sin que se registraran pagos. El SRI llegó a pedir a la AMT que retuviera las unidades, pero, según Claude, las autoridades de entonces no cumplieron y, por el contrario, liberaron a cuatro sin sustento legal, lo que reforzó su percepción de que existe “un blindaje” que opera a distintos niveles.
“Es un poder que no se explica. No es solo el Municipio: es Fiscalía, es el sistema completo. Es como si los transportistas tuvieran un blindaje”, afirma. Las consecuencias para él han sido personales: enemistades, desgaste, procesos judiciales, amenazas, golpes y puertas cerradas.
Claude sigue pedaleando por la ciudad que adoptó hace 36 años. Cree que Quito podría tener un transporte digno, ciclovías funcionales y una movilidad sostenible, pero advierte que, sin voluntad política real, todo seguirá igual. “Cada administración promete cambios. Pero ninguna toca lo importante”, concluye. (EC)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacha de “terrorismo” el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca contra dos miembros de la Guardia Nacional y lo atribuye a un afgano.

MADRID. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca ha sido “un acto de odio y un acto de terrorismo ”, y ha identificado al principal sospechoso como “un extranjero que entró desde Afganistán” en los vuelos de la retirada estadounidense durante la Administración del expresidente Joe Biden,
a la que sucedió el ascenso al poder de los talibán.
“Este atroz ataque ha sido un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo. Ha sido un crimen contra toda nuestra nación”, ha deplorado en una intervención grabada y difundida en su cuenta en la red que “el guridad Nacional e vencido de que el sospechoso detenido es un extranjero que
entró en nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, una identificación manifestada también por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su cuenta en la red social X.
este ataque bárbaro a una pronta ejecución”.
Crítica a políticas migratorias de Biden “Fue trasladado por la Administración Biden en septiem-
“nadie sabía quién entraba”. El magnate republicano ha alegado que el estatus del sospechoso en Estados Unidos “fue extendido en virtud de la legislación firmada por Biden”. “La última administración dejó entrar a 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo, de lugares de los que ni siquiera queremos saber nada”, ha denunciado, colocando la inmigración producida en este período como “la mayor amenaza a la seguridad nacional” del país.
“Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, ha manifestado. “Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, ha añadido.
Por ahora, los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen heridos en estado crítico.
Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha anunciado a través de X que, “con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido a la espera de una revisión más





El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado a más de once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. El expresidente peruano Martín Vizcarra también fue declarado culpable de cohecho pasivo.


Los expresidentes de Perú, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, fueron condenados a prisión por diferentes causas y, según la sentencia, tendrán que cumplir condenas de de 11 y 14 años, respectivamente.
En el primer caso, un tribunal de Perú ha condenado este 27 de noviembre de 2025 a más de once años de prisión al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de conspiración para rebelión, al considerar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo le ha sentenciado a once años, cinco meses y 15 días de prisión por dicho delito, y le ha absuelto del delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía había pedido 34 años de cárcel en su contra.
Castillo, que en sus alegatos finales ha asegurado ser inocente de los delitos que se le imputaban, ha presentado
antes de conocer su sentencia una solicitud de nulidad absoluta del proceso, denunciando la parcialidad de los magistrados, según recoge el diario peruano ‘La República’.
De igual forma, la entonces primera ministra, Betssy Chávez, y el exministro de Interior Willy Huerta han recibido la misma condena impuesta a Castillo, que lleva en prisión preventiva desde diciembre de 2022. En cambio, el exministro Aníbal Torres ha sido condenado a seis años y ocho meses.
En el caso de Chávez, que está asilada en la Embajada de México, se ha emitido una orden de detención a nivel nacional e internacional. En cuanto a Huerta y Torres, la pena está suspendida hasta que sea confirmada en una instancia superior.
Vizcarra corrió con peor suerte
Un día antes, un tribunal de Perú condenó a 14 años de prisión al expresidente
peruano Martín Vizcarra (2018-2020) al haber sido declarado culpable de co -

hecho pasivo propio en el marco de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Mo-
quegua’ cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
El juzgado consideró que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechándose de su cargo , por lo que se lo condenó a seis años de pena privativa de la libertad por ‘Lomas de Ilo’, y ocho años por ‘Hospital de Moquegua’. Además, decidió inhabilitarle durante nueve años y deberá pagar una multa de 94.900 soles (alrededor de 28.179 dólares).
La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, explicó durante la lectura de la sentencia que “se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal” de Vizcarra “en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”. Vizcarra ha asegurado que este fallo “no es justicia, es venganza”. “Me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. (...) Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, ha expresado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X. (EUROPA PRESS)

Las denuncias por contaminación se mantienen y las autoridades insisten en mejorar el tratamiento y la corresponsabilidad ciudadana.
El Ministerio de Ambiente y Energía ejecuta un muestreo nacional para medir los niveles de contaminación en los ríos del país En Santo Domingo de los Tsáchilas , donde existen 2 56 cuerpos de agua, el deterioro se evidencia tanto en el sector urbano como en el rural.
La Comisaría Ambiental del Gobierno Provincial mantiene un promedio de cuatro denuncias mensuales por descargas en ríos, quebradas y esteros.
Su titular, Polivio Flores, detalló que las afectaciones provienen de descargas domiciliarias y, sobre todo, de actividades económicas como granjas.
El control se aplica por tres vías: de oficio, seguimiento a actividades reguladas y denuncias ciudadanas. Las sanciones pueden llegar hasta 92.000 dólares, dependiendo del daño y de la capacidad económica del infractor. “Independientemente de ello, todas las actividades están obli -

PROBLEMA. La contaminación de los ríos continúa siendo un tema crítico y sin solución definitiva.
gadas a reparar y restituir el daño”, mencionó Flores.
Solución a futuro
La empresa pública municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Epmpa) de Santo Domingo opera la planta de tratamiento de aguas residuales, descrita por su gerente, Édison Narváez, como una de las más grandes del país. “El agua bien contaminada de la zona B sale con el 98%
El río Toachi es uno de los 19 afluentes afectados, según la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
de pureza al río. Es prácticamente un agua completamente clara”, aseguró. La planta actualmente
procesa entre 7.000 y 8.000 m³ diarios, pero su capacidad total llegará a 20.000 m³ conforme se conecten más interceptores que evitarán descargas directas a los ríos Pove y Code.
Narváez explicó que el sistema de alcantarillado está dividido en zonas A, B y C. La C ya cuenta con tratamiento; la B está siendo atendida; y la zona A será intervenida mediante un préstamo de 100 millo-
nes de dólares, destinado a completar la infraestructura pendiente. “Allí sí estaríamos descargando casi el 100% de las aguas residuales tratadas”, añadió. Las autoridades recuerdan que el tratamiento y control no serán suficientes sin la colaboración de la ciudadanía . Piden a los santodomingueños evitar conexiones clandestinas y denunciar cualquier descarga irregular. (DLH)


El robo de vehículos aumentó en comparación con 2024 y preocupa a la ciudadanía ante la cercanía de diciembre.
Muchas familias se han visto afectadas económicamente por el constante robo de carros y motocicletas en Santo Domingo de los Tsáchilas. Son delitos que reflejan en un notorio incremento en comparación al 2024. Las bandas tienen diferentes modus operandi, entre los principales: forzar seguridades de transportes estacionados en sitios deso-
lados e intimidando a conductores para retirarlos del volante.
Según versiones de la Policía Nacional diariamente se reporta el robo de 4 a 5 medios de transporte, principalmente en la jurisdicción del cantón Santo Domingo.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, con corte del 1 de enero de 2025 has-
A casi un año de la clausura de los radares en las vías estatales de Santo Domingo, los 30 equipos continúan fuera de funcionamiento. La medida, ejecutada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a inicios de 2025, respondió a irregularidades como la falta de calibración certificada y la ubicación inadecuada de los dispositivos.
Rodrigo Paucar, director técnico de tránsito de la empresa pública municipal de Transporte, (EPMT), confirmó que los equipos siguen inactivos. “Estamos en cumplimiento de la reso-
Todos no denuncian
° Algunas víctimas no ponen la denuncia y en varios casos acceden pagar para recuperar los transportes por cuenta propia. Los valores de recompensas varían de acuerdo a las características del vehículo, pero como mínimo son 2.000 dólares.
ta el 7 de noviembre se han sustraído 526 motocicletas y 491 carros de diferentes marcas.
Entre ambos casos suman el 64% de la incidencia delictiva en la provincia, situación que preocupa a la ciudadanía porque ya no se sienten muy seguros de salir en sus medios de transporte.
Riesgo en diciembre Se aproxima una época muy dinámica debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo, donde disminuyen los estacionamientos seguros
en el centro de la ciudad por el incremento de familias que salen de compras. El comandante Alex Silva pidió precaución a las personas para que dejen sus vehículos en estacionamientos seguros y no en sitios desolados, ya que un delincuente se demora pocos segundos para llevárselo con rumbo desconocido.
De la misma manera indicó que se implementan nuevas estrategias para minimizar este delito y se desplegarán a uniformados en puntos estratégicos con el
propósito de evitar novedades adversas.
Contraataque
En el transcurso del 2025 también se han identificado varios deshuesaderos y predios que son utilizados como puntos de acopio para ocultar transportes robados. Uno de los últimos procedimientos ocurrió el miércoles 26 de noviembre en la cooperativa Santa Martha. Félix Solórzano, jefe del Distrito Este , confirmó la recuperación de varios carros con reporte de robo. “A través del grupo motorizado hemos recuperado cuatro vehículos . que habían sido robados durante el fin de semana”, manifestó. (JD)
lución de la ANT, de volver a homologarlos, con miras de pronto a ponerlos a funcionar en el futuro”, indicó. El proceso de mantenimiento empezó a comienzos de octubre, razón por la cual varios radares fueron retirados temporalmente de sus postes. Paucar fue claro, “ningún radar está funcionando todavía”.
Para el gremio del transporte pesado provincial, la clausura fue necesaria. Ramón Vera, representante del sector, sostiene que los dispositivos operaban fuera de norma. “Los radares venían cometiendo una ilega-
lidad en cuanto al funcionamiento”, afirmó.
Según su versión, no contaban con la calibración de laboratorios autorizados por la ANT, lo que invalidaba sus registros. Vera descarta que los radares tuvieran un efecto positivo en la seguridad vial y califica su uso como recaudatorio.
Aumento de accidentes
Paucar asegura que se ha incrementado en un 40% la accidentabilidad en los tramos donde antes operaban. Agregó que los equipos, aunque impopulares, “sí evitan accidentes, está estadís-

SITUACIÓN. Los radares se encuentran en proceso de mantenimiento.
ticamente demostrado”.
La concejal Diana Saltos coincide en que el problema no es la ausencia de radares, sino otras fallas estructurales. “Los semáforos no funcionan, cambian de verde a rojo de inmediato o están intermitentes en las vías estatales”
La Hora solicitó una entrevista a la ANT, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (DLH)
Ciudadanos valoran el apoyo de las Fuerzas Armadas y también solicitan reforzar los controles en sectores de alto riesgo.

SEGURIDAD.- Militares recorrieron las avenidas Bolívar y 7 de Octubre en el centro de Quevedo.
QUEVEDO. La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las calles de Quevedo, gestionada recientemente por el gobernador de Los Ríos, Galo Lara, generó diversas reacciones entre la ciudadanía. Este lunes, los militares fueron observados realizando recorridos a pie y en vehículos tácticos por el centro de la ciudad, especialmente en las avenidas 7 de Octubre y Bolívar, lo que llamó la atención de quienes transitan diariamente por
esta zona. Aunque para la mayoría de habitantes la intervención militar contribuye a fortalecer la sensación de seguridad, varios ciudadanos consideran que su despliegue debería extenderse hacia otros puntos estratégicos del cantón. Entre ellos se encuentra Mario Zambrano, quien opina que concentrar a los uniformados únicamente en el centro no es suficiente, ya que este sector está mayormente ocupado por tra-
bajadores y comerciantes.
“Sería ideal que también estén en los terminales de las cooperativas de transporte hacia El Empalme y Valencia, en la entrada al cantón Mocache y en los lugares donde suben pasajeros y donde, según la comunidad, ocurren eventos delictivos”, indicó. También señaló que, en la parada del mercado número 3 —donde aborda el bus a la parroquia San Camilo—, es frecuente observar a vendedores ambulantes que,
según dijo, intimidan a los usuarios, por lo que considera oportuno reforzar los operativos en ese punto.
Solicitan más operativos
Para Glenda Moreira, la presencia militar brinda mayor tranquilidad, especialmente tras los meses en que Quevedo fue catalogado como uno de los cantones más violentos de Los Ríos. Sin embargo, considera necesario mantener controles constantes en los barrios de alto riesgo.
“No queremos que solo pasen y se retiren; lo ideal es una presencia permanente y coordinada con la Policía”, señaló.
De igual forma, Joffre Coello recuerda que el anillo vial sigue siendo uno de los tramos más sensibles por el alto flujo vehicular y las rutas de ingreso y salida del cantón. Por ello, propone reforzar los operativos en estos accesos.
“Es clave fortalecer los controles en el anillo vial y en los barrios donde, según los vecinos, se esconden delincuentes. Cuando los uniformados solo pasan, todo vuelve a lo mismo; se necesita constancia y operativos que no se anuncien”, afirmó.
Zonas críticas de Quevedo La Policía ha identificado varios sectores de Quevedo como zonas “calientes” por su alta incidencia delictiva. Entre ellos están 20 de Febrero (Venus del Río Quevedo), Nicolás Infante Díaz, Isla del Río —El Pantano—, El Desquite (todas sus etapas, Viva Alfaro), Galo Plaza (24 de Mayo), la parroquia San Cristóbal, 15 de Noviembre, Los Chapulos (San Camilo), Divino Niño y La Olla, entre otros.
En este escenario, los testimonios ciudadanos coinciden en que, si bien la presencia militar gestionada por la Gobernación ha devuelto tranquilidad al centro de la ciudad, solicitan que estos operativos se extiendan a los sectores mencionados y a las cooperativas de transporte, donde consideran necesaria una vigilancia permanente y coordinada para reducir los hechos delictivos que aún generan preocupación.
QUEVEDO. La Gobernación de Los Ríos informó que, por disposición del presidente Daniel Noboa, la semana anterior iniciaron los trabajos de reemplazo de luminarias que se encontraban dañadas en el anillo vial de Quevedo. Esta intervención busca fortalecer la seguridad y la movilidad en uno de los tramos más transitados del cantón.
El último martes, autoridades de la Gobernación realizaron una inspección en la zona para verificar el avance de la obra y constatar el cumplimiento de la disposición presidencial. Durante el recorrido se observó el reemplazo progresivo, como parte del plan de mejora de la infraestructura pública. En total, se han instala-
do 1.550 luminarias LED de 250 y 400 vatios en varias etapas desde la habilitación del anillo vial. Estos trabajos, ejecutados en coordinación con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), forman parte de los compromisos del Gobierno Nacional para mejorar la iluminación en los principales corredores viales del cantón.



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Investigadores del proyecto científico Frontera Cantábrica (España) han hallado los primeros restos en cuevas de la provincia leonesa de osos cavernarios, concretamente, de un bebé y dos adultos que actualmente se encuentran en fase de documentación e investigación. Se estima que los osos de las cavernas se extinguieron hace unos 20.000 años. EUROPA PRESS

AUTOR. YANDRY M. LOOR LOOR
El derecho de propiedad es el derecho humano que tiene toda persona para gozar, disponer y usar un bien que forme parte de su patrimonio. Se traduce, entonces, en el poder directo sobre una cosa o bien, por el que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo y que no puede ser afectada por un acto del Estado sino mediante un procedimiento previo, debidamente justificado y mediante oportuna y justa indemnización. Aunque está sujeto a los límites que establezca la ley, los mismos no pueden vaciar de contenido este derecho o hacer imposible su ejercicio. Los bienes, por su parte, pueden ser definidos como to-
das aquellas cosas materiales o inmateriales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; esto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor.
Ejemplo de uso: «Cualquier impuesto que haga imposible el mantenimiento de un bien inmueble es confiscatorio, y por tanto violatorio del derecho de propiedad».
Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente
Nadie será privado arbitrariamente de su propie-
dad.”
Artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho de Propiedad
Caso Ivcher Bronstein vs Perú
“…121. Corresponde a la Corte valorar, entonces, si el Estado privó al señor Ivcher de sus bienes e interfirió de alguna manera su derecho legítimo al “uso y goce” de aquéllos. (…) Del testimonio del señor Ivcher se desprende que en 1985 tenía participación en las acciones de la Empresa y que en 1986 aquélla alcanzaba el 49,53% del capital. En 1992 su participación ascendió al 53,95%, siendo así accionista mayoritario de la Compañía. Es evidente que esta participación en el capital accionario era susceptible de valoración y formaba parte del patrimonio de su titular desde el momento de su adquisición; como tal, esa participación constituía

¿Qué procedimiento corresponde aplicar en las medidas de protección, CONA o COGEP?
Las medidas de protección impnen al Estado, sus funcionarios y empleador o cualquier particular, incluido los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescente, determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus derechos.
El COGEP establece en su Art.332.3 que los asuntos de la materia (Niñez y Adolescencia) se tramitarán por procedimiento sumario, involucrando inclusive a las medidas de protección administrativas. Por lo que, la remisión que hagan las Juntas Cantonales de Derecho, por custodia emergente seguirá el trámite del procedimiento sumario.
Cuando se trate de la remisión por apelación de la resolución administrativa, se procederá de acuerso al Título IV, capítulo III, libro III, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la autoridad judicial que las impulso, siendo su responsabilidad hacer el seguimiento revisión, evaluación y de ser necesario su revocatoria. ( Art.219 CONA)
Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
un bien sobre el cual el señor Ivcher tenía derecho de uso y goce.
Para precisar si el señor Ivcher fue privado de sus bienes, la Corte no debe limitarse a examinar únicamente si se produjo una desposesión o una expropiación formal, sino que debe además comprobar, más allá de la apariencia, cual fue la situación real detrás de la situación denunciada. Se ha probado que en julio
de 1997 el título de nacionalidad del señor Ivcher fue declarado sin efecto legal. Con base en este acto y conforme a la legislación que requería la nacionalidad peruana para ser propietario de un medio de telecomunicación, en agosto del mismo año el Juez Percy Escobar: a) dispuso una medida cautelar que suspendió el ejercicio de los derechos del señor Ivcher como accionista mayoritario y Presidente de la Empresa, y revocó su nombramiento como Director de la misma; b) ordenó convocar judicialmente a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para elegir un nuevo Directorio e impedir la transferencia de las acciones del señor Ivcher, y c) otorgó la administración provisional de la Compañía a los accionistas minoritarios hasta que se nombrara nuevo directorio (supra párr. 76.s.3).
Las consecuencias de la medida cautelar dispuesta fueron inmediatas y evidentes: se impidió al señor Ivcher Bronstein a actuar como Director y Presidente de la Compañía, por lo que no pudo continuar dirigiendo la línea informativa del Canal 2; e igualmente quedó privado de la posibilidad de participar en las reuniones de la Junta Directiva, en las que los accionistas minoritarios tomaron decisiones importantes, tales como la remoción de los miembros del Directorio,
entre los que figuraba el señor Ivcher, el nombramiento de nuevos miembros e, inclusive, un aumento del capital de la Compañía; finalmente, no pudo transferir sus acciones, recibir dividendos derivados de éstas y ejercer otros derechos que pudieran corresponderle como accionista de la Compañía.
La Corte Internacional de Justicia ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el momento de su liquidación, entre otros. Este Tribunal observa que la medida cautelar mencionada obstruyó el uso y goce de esos derechos por parte del señor Ivcher Bronstein; además, cuando la esposa de éste trató de hacer valer los mismos como copropietaria de las acciones de su esposo, resultaron infructuosos los procesos que intentó al efecto. Consecuentemente, la Corte concluye que el señor Ivcher fue privado de sus bienes, en contravención de lo establecido en el artículo 21.2 de la Convención.
Corresponde ahora al Tribunal determinar si la mencionada privación fue conforme a la Convención Americana. Para que la privación de los
bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la Convención, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas establecidas por la ley.
En el caso que se examina, no existen prueba ni argumentos algunos que acrediten que la medida cautelar ordenada por el Juez Percy Escobar tuviera su fundamento en una razón de utilidad pública o interés social; por el contrario, los hechos probados en este caso concurren a demostrar la determinación del Estado de privar al señor Ivcher del control del Canal 2, mediante la suspensión de sus derechos como accionista de la Compañía propietaria del mismo.
Tampoco hay alguna indicación de que se hubiese indemnizado al señor Ivcher por la privación del goce y uso de sus bienes, ni que la medida que lo afectó se hubiera adoptado conforme a la ley. Por otra parte, cabe recordar que la Corte concluyó, en esta misma Sentencia, que los procesos relativos a la limitación de los derechos del señor Ivcher con respecto a la Compañía, entre los que figura el proceso mediante el cual el Juez Percy Escobar ordenó la medida cautelar, no satisficieron los requisitos mínimos del debido proceso legal
(supra párr. 115). La Corte observa al respecto que cuando un proceso se ha realizado en contravención de la ley, también deben considerarse ilegales las consecuencias jurídicas que se pretenda derivar de aquél. Por consiguiente, no fue adecuada la privación del uso y goce de los derechos del señor Ivcher sobre sus acciones en la Compañía, y este Tribunal la considera arbitraria, en virtud de que no se ajusta a lo establecido en el artículo 21 de la Convención. Como consecuencia de lo expresado, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein…”
Por otra parte, tenemos que: Los preceptos del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, instauraron el régimen comunitario en el derecho a la propiedad, en la Constitución de 1998, aunque en el marco de los derechos colectivos 1 . No fue sino hasta octubre de 2008 cuando, con el nuevo esquema constitucional, se configuró a la forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra como elemento integrador de una relación de pertenencia que no gira en torno al individuo, sino que se centra en el grupo y la comunidad.




La base fundamental de la vida, la cultura y la espiritualidad comunitaria se asienta sobre la conexión existente entre los habitantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y pueblo montubio2. Esto se debe a que, como lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 149 de la sentencia dictada en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua: «Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras»3 . Nuestra carta fundamental de 2008 dedica el capítulo cuarto del título «Derechos» para consagrar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y especí -
ficamente destina los art. 57 —núm. 4, 5, 6, 8 y 11—, 58 y 59 para impetrar los preceptos relativos a la propiedad comunitaria, conforme lo establecido en los pactos, convenios, declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos. De esta manera, se reconoció y garantizó el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, declarándolas como inalienables, inembargables e indivisibles. Se consagró el carácter ancestral de los territorios de propiedad comunitaria y el derecho a mantener su posesión y a obtener su adjudicación gratuita de parte del Estado, preconizando el derecho a conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. Además, se aseguró la permanencia de estos colectivos en sus tierras ancestrales, sin que puedan ser desplazados por ninguna causa, en concordancia con el segundo inciso del art. 60, que reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial, con capacidad de constituir circunscripciones territoriales para su preservación cultural. Se destaca también el derecho instituido en el núm. 7 del art. 57 (concordante con el art. 398), en virtud del cual las comunidades en cuyos territorios se encontraren recursos no renovables cuya prospección, explotación y comercialización puedan afectarles ambiental y culturalmente, deben ser previamente consultadas, en forma libre e informada, con el consiguiente derecho a participar en los beneficios de esos proyectos y a ser indemnizados por el daño social, ambiental y cultural causado. Asimismo, cabe mencionar el núm. 12, que instituye el derecho comunitario sobre los conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, donde se prohíbe cualquier forma de apropiación sobre aquellos, al igual que sobre sus innovaciones y prácticas. El esquema constitucional
“Habiéndose puesto en nuestro conocimiento el extravío del certificado de depósito a plazo N° 11201DPV009958-9 emitido por el Banco Bolivariano C.A. con vencimiento 10/23/2025”.
citado ut supra adhiere el concepto de ancestralidad, que con antelación ha desarrollado la doctrina de los derechos humanos, en virtud del cual el reconocimiento del derecho que tienen los pueblos indígenas y, en general los pueblos ancestrales, sobre sus tierras no es un acto estatal discrecional, sino que es de obligación del Estado respetar, reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad comunal, mediante el dictado de políticas y medidas destinadas a asegurarlo. En este sentido, en consonancia con el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 82 de los «Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales» declara que: «los pueblos indígenas y tribales son titulares de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que han ocupado históricamente, y por lo tanto tienen derecho a ser reconocidos jurídicamente como los dueños de sus territorios, a obtener un título jurídico formal de propiedad de sus tierras, y a que los títulos sean debidamente registrados».4
En esa misma línea, el art. 3 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales5 define a la tierra y al territorio en posesión y propiedad ancestral como «el espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral ha generado históricamente una identidad a partir de la construcción social, cultural y espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de producción en forma actual e ininterrumpida». De igual forma, el art. 77 cataloga a la posesión ancestral como «la ocupación actual e inmemorial de un territorio, en donde se da la reproducción de la identidad, cultura, formas de producción y vida de varias generaciones de personas miembros de comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades que sustentan su continuidad histórica». Mediante Resolución n.º 016, del 21 de octubre de 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca reguló que para que el derecho a la propiedad le sea reconocido a la comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, se debe demostrar una posesión ancestral de más de cincuenta
años.
Además, estableció que solamente por excepción la posesión puede no ser actual, cuando se compruebe conforme a derecho que ha existido desalojo violento o desplazamiento forzoso de los territorios de posesión ancestral de alguna comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena 6 . Entonces, la propiedad comunitaria constituye un derecho real autónomo de fuente constitucional (con características patrimoniales especiales: perpetuidad, imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e indivisibilidad) oponible frente a terceros, con asistencia de acciones reales efectivas para defenderla de cualquier turbación7, y a la que el Estado está obligado a proteger para asegurar su integridad.
En este sentido, desde el enfoque intercultural y plurinacional del Estado del cual forman parte las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas, la propiedad comunitaria más allá de la titularidad del derecho de propiedad que a cada uno de sus integrantes les asiste, no es individual-patrimonial sino comunitaria-fundamental, por lo que en tanto derecho constitucional, su vulneración por un acto u omisión de autoridad pública no judicial, o por políticas públicas que priven su acceso, goce o ejercicio, o por el daño grave ocasionado por un particular, amerita su amparo directo y eficaz mediante la garantía jurisdiccional de la acción de protección.
El derecho de propiedad privada como derecho natural
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 instituye a «los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre» y funda a los poderes Ejecutivo y Legislativo como entidades con poder de creación normativa y de situaciones jurídicas, en las que el derecho fundamental de la libertad es asociado con el derecho de propiedad, esto es, formando parte de los derechos públicos subjetivos fundados por el Estado. En el art. 2 se declara que «la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión». En otras palabras, esos cuatro constituían derechos por ser instituidos por el derecho del Estado. La equiparación del derecho de propiedad con el derecho fundamental de libertad, pero su consagración como un instituto jurídico creado por el derecho positivo derivado del Estado —con lo cual este, como producto del contrato social entre iguales, no se funda desde y a partir de los hombres y sus derechos inmanentes, sino que funda un nuevo régimen en el que otorga los derechos a los ciudadanos— subvierte la relación deónticamente contradictoria entre patrimonio y libertad, y modela otra en la que, con la ley del Estado, el derecho subjetivo se constituye en un derecho de apariencia fundamental. Así, pues, la legitimación política del Estado ha sido la que ha otorgado al derecho subjetivo de propiedad una patente iusnatural axiológica de un instituto jurídico creado por el Estado, sin que por la justificación política de ese origen le corresponda, ni terminológicamente, un origen fundamental o atributivo de la personalidad del ser humano. En este escenario ideológico, la realidad es, en verdad, una realidad jurídica (ser), en la que la relación entre sujeto (el titular) sobre el objeto (el bien) es creada, persiste, muta o desaparece, en fin, existe a causa de un vínculo (la ley) impuesto desde y por el Estado como representación política de la voluntad humana (deber ser).
El derecho de propiedad es un «derecho-poder»8 creado por el derecho del Estado y definido en un axioma de derecho positivo que supone, necesariamente, un orden jerarquizado de voluntades; en otras palabras, de supra ordinación del derecho subjetivo sobre cualquier otro, que faculta a su detentador a disponer del bien hasta abusar de él. Así lo configuró el derecho positivo de la Ilustración: Ese derecho era casi sagrado. Estaba considerado como uno de los derechos naturales del hombre, esto es, de los derechos inherentes a su condición humana y, por tanto, anteriores y superiores al Estado, junto con el derecho a la libertad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión.
El Código de Napoleón de 1804, siguiendo esta línea de pensamiento, definió la pro -
piedad en su art. 544 como el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. 9 En estricto sentido, esto es, desde la perspectiva normativista, 10 el derecho de propiedad no supondría más límite para su ejercicio que el dispuesto por la norma, por ser fruto de la voluntad humana, sin que haya hecho social fundante que determine su alcance. En efecto, el jus utendi, fruendi et abutendi que caracterizaba a la propiedad para usar, gozar y disponer de ella, en el derecho romano no otorgaba al propietario derechos absolutos sobre el bien, ya que estaba «obligado a ejercer sus derechos legalmente [...], a respetar los intereses de su familia, a considerar los intereses de sus vecinos y a tener en cuenta, sobre todo, el interés público (salud pública suprema lex)». 11
Con la Revolución Francesa y, más precisamente, con
el Código de Napoleón (que entró en vigencia a inicios del siglo XIX), el dominio mutó en derecho para gozar y disponer de los bienes, pero con fuerte incidencia del concepto «utilidad pública» y «orden social», con el propósito de derrocar el sistema feudal monárquico del Ancient Régime. En el que, por cierto, no se puede comentar que existía una «ausencia de derecho», sino que sobre la base del « jusinvoluntarium » (no definido ni codificado en norma escrita) se garantizaba a los señores territoriales «iura y libertates, derecho y libertades»12 .
El art. 544 del Código de Napoleón decía: «La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos».13 La
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUNDA CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 236 y 237 de la Ley de Compañías y de lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia la Compañías, Valores y Seguros, se CONVOCA a los/las accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrarse el viernes 12 de diciembre de 2025, a las 08h30 en la Sede ubicada en la calle De las Belladonas E13-435 y De los Trigales, Barrio El Edén, del Distrito Metropolitano de Quito.
En cumplimiento de la disposición del Art. 237 de la Ley de Compañías, se deja expresa constancia que por tratarse de SEGUNDA CONVOCATORIA la Junta General Extraordinaria se reunirá con el número de accionistas presentes y en ella se conocerá y resolverá sobre los mismos puntos del orden del día de la primera convocatoria; esto es:
1. Informe de la administración de la compañía con respecto a las denuncias y procesos judiciales incoados en contra de la compañía y sus administradores, conforme solicitud presentada por la ex Comisaria Ing. Patricia Díaz (año 2024) y a la petición de información sobre el mismo tema formulada por algunos accionistas;
2. Informe, análisis y explicación de los procesos de contratación pública en los que interviene o participa la compañía; y,
3. Informe, análisis y resolución sobre el mantenimiento de los puntos de emisión, su utilización, beneficio para la compañía y requerimiento de cobro.
• Facultad de incluir puntos adicionales y realizar correcciones (de forma) a la convocatoria: Se deja a salvo el derecho de los accionistas a solicitar a la representante legal de la compañía, la inclusión de puntos adicionales que consideren procedente y de manera motivada deban ser tratados en la junta general de accionistas o realizar correcciones (de forma) en la convocatoria. Este derecho podrá ejercerse por parte de los accionistas por una sola vez hasta 72 horas después de haberse publicado esta convocatoria.
• Solicitud de información y/o aclaraciones sobre los asuntos del orden del día de la convocatoria: Se deja a salvo de los accionistas el derecho a solicitar de los administradores de la compañía, la información y/o las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria; tal petición podrá realizarse por medio físico o digital hasta el tercer día anterior al previsto para la celebración de la junta.
• Correo electrónico para asuntos vinculados a la Junta General de Accionistas: La señora representante legal de la compañía recibirá en el correo electrónico: uniproca@hotmail.com, las solicitudes de los accionistas para el ejercicio de los derechos referidos o para recibir los instrumentos de representación en caso de que el accionista compareciere a través de una tercera persona.
Conforme establece el artículo 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Comisaria Principal de la compañía señora Marcia Cordero Sánchez.
D.M. Quito, 25 de noviembre de 2025
Atentamente,
Sra. María Fernanda Villacis
GERENTE GENERAL
UNIPRO C.A.
original concepción napoleónica de la propiedad buscaba «de la manera más absoluta» —como se definía en la norma— «terminar las estructuras propietarias del antiguo régimen, pero autorizando la intervención del Estado bajo el signo de la igualdad»;14 para la cual al abuso de la propiedad no le correspondía actos que supongan daño social o perjuicio al orden público. Sin embargo, la tricotomía característica de la propiedad a lo largo del siglo XIX como derecho subjetivo «exclusivo, perpetuo y absoluto» de íntima correspondencia con el individuo, fundamentado en la libre voluntad de la persona en tanto propietario que aprehende la cosa y se vincula con ella en una relación sujeto-objeto, fue producto de un vaciamiento del contenido normativo original napoleónico.
La norma del art. 544 fue llenada por una interpretación basada en el concepto kantiano de que el individuo es el centro de todo. Este ideario liberal alemán fue concentrado en el Sistema del Derecho Romano Actual (1839-1847), de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), quien, a la cabeza de la escuela histórica del derecho, revisó la concepción francesa del derecho propietario, fundiendo como sinónimos a la propiedad y al dominio. Este autor afirmó sobre este último que no es solo «el dominio absoluto e ilimitado que una persona tiene sobre una cosa», sino que la propiedad «extiende el dominio de nuestra voluntad sobre un trozo del mundo exterior».15
A lo largo del siglo XIX, la doctrina francesa (Aubry y Rau, Troplong, Demolombe), impulsora del liberalismo económico hegemónico a partir de la restauración monárquica pos napoleónica, recogió este elemento ideológico de la filosofía liberal kantiana sistematizado por Savigny en su doctrina; esta se extendió en los subsistemas americanos de la familia romano-germánica. Un ejemplo de esto es la codificación del Código Civil chileno (promulgado a fines de 1855), trabajada por Andrés Bello quien, citando a Savigny como fuente y a los jurisconsultos franceses liberales, definió en el art. 582 «dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno».16 Esa misma línea fundada por
el juspositivismo liberal se aprecia, por ejemplo, en la definición original del art. 669 del Código Civil colombiano, que asimismo le atribuía al titular del bien la facultad de disponer de él «arbitrariamente»17 —lo cual supuso la declaratoria de inexequibilidad del adverbio, a la luz del paradigma del Estado social de derecho instituido con la Constitución de 1991, por parte de la Corte Constitucional—.
En otras palabras, primaba el ejercicio individualista de disposición del bien, subordinando al dominio la configuración social de la propiedad. De ahí es que en la denominación constitucional al derecho de propiedad se lo haya asimilado como un derecho natural y, por tal, se lo haya considerado un derecho fundamental —y así se lo haya normativizado, es decir, denominado e instituido en el derecho constitucional—. Ferrajoli opina que esto se da como un «vicio de origen» de patente iusnaturalista iniciado por Locke, basado en el principio de auto propiedad, en el que el trabajo sobre la cosa que no es de nadie la hace apropiable (apropiación originaria) con un límite que se extiende en tanto haya para los demás «suficiente cantidad de la misma calidad»18 (Segundo Tratado de Gobierno, 1690).19 Esto se puede observar en las constituciones ecuatorianas del siglo XIX hasta mediados del XX, por ejemplo, y en las actuales española y chilena, si bien con la reserva de ley de que el interés privado cede ante el interés público, lo que erosiona, de este modo, el concepto absolutista de propiedad, con la función social que le es inherente.
En todo caso, la fundación del derecho patrimonial como derecho constitucional se evidencia en dos instrumentos políticos elementales que irradiaron el pensamiento jurídico del Estado liberal burgués en el mundo occidental, y obviamente en los subsistemas jurídicos pertenecientes a la familia romano-germánica, como el ecuatoriano: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución de Weimar de 1919. Con el proceso de transformación económica y tecnológica que produjo el cambio social y político de la revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII, la propiedad fue mutando en su concepción filosófica, acepción jurídica e instrumentación política. Desde su concepción fisiográfica medieval sustentadora del po-
der monárquico, llegó hasta su reivindicación a cargo de la naciente burguesía industrial; floreció a la par que cualquier otro derecho civil, como una institución de raigambre e importancia constitucional de inspiración liberal.
El art. 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 concibe a la propiedad como un «derecho inviolable y sagrado», del que «nadie puede ser privado [...] salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización».20 En la Europa de la primera mitad del siglo XX, la Constitución de Weimar de 1919 instituyó, en el art. 153 —integrante de la sección V «La vida económica», de la parte segunda «Derechos y deberes fundamentales de los alemanes»—, al derecho de propiedad con ciertas limitaciones al titular en función de la utilidad pública, y sin afectar a los principios de la economía de mercado: La Constitución garantiza la propiedad, cuyo contenido y límites fijarán las leyes. No puede procederse ninguna expropiación sino por utilidad pública y con sujeción a la ley. Se realizará mediante indemnización adecuada, a menos que una ley del imperio disponga otra cosa. Respecto a la cuantía de la indemnización, cabrá en caso de discordia el recurso ante los Tribunales ordinarios, solo que por leyes del Imperio se ordene lo contrario. La expropiación que en [sic] favor del imperio se realice con respecto a Países, Municipios y establecimientos de utilidad pública solo podrá efectuarse mediante indemnización. La propiedad obliga. Su uso ha de constituir al mismo tiempo un servicio para el bien general.21
En un breve recorrido historiográfico de la normativa constitucional ecuatoriana que se hará en el acápite siguiente, se podrá apreciar el influjo de las doctrinas de los derechos naturales desarrolladas en los siglos XVII y XVIII,22 y el triunfo de las ideas de la burguesía liberal del siglo XIX, que sistematizó el dogma jurídico como paradigma filosófico sustentador de los conceptos políticos, jurídicos e institucionales incorporados en las sucesivas cartas políticas revisadas, y entre los que se destaca la propiedad y su aparente sinonimia con la libertad, construida por el pensamiento revolucionario francés de 1789, que la inscribió como un derecho natural.23
1.Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 1, 11 de agosto de 1998, tít. III, cap. 5, art. 84, ‹https:// www.oas.org/juridico/spanish/ mesicic2_ecu_anexo15.pdf›
2.Si bien en la Constitución de 2008 se emplea el término montubio, la forma correcta para referirse al «campesino de la costa» ecuatoriana es montubio, con uve, según lo determina el diccionario de la Real Academia Española (RAE), en su vigésima tercera edición de octubre de 2014. Cuando estaba vigente la vigésima segunda edición de 2001 y al momento de haberse dictado y aprobado la Constitución de Montecristi, las acepciones de montubio con be eran: «1. Dicho de una persona: montaraz, grosera. 2. Col. y Ec. Campesino de la costa». Susana Cordero de Espinosa, «Montubio, no: montubio», El Comercio, 11 de enero de 2015, ‹www.elcomercio. com/opinion/columna-susanacorderodeespinosaopinion -idioma-montubio.html›.
3.Corte Americana de Derechos Humanos, Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 31 de agosto de 2001.
4.Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2009, ‹cidh.org/countryrep/ TierrasIndigenas2009/ Tierras-Ancestrales.ESP. pdf›.
5.Ecuador Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA), Registro Oficial 711, 14 de mayo de 2016, 3-20.
6.Ecuador Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Resolución n.º 16 para el reconocimiento y legalización de territorios de posesión ancestral a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, Registro Oficial 396, 15 de diciembre de 2014, art. 4.
7.El art. 85 de la LOTRTA define a la propiedad comunitaria como la «que ha sido adjudicada y titulada a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades», y el art. 86 establece un régimen especial de garantía de las tierras rurales basado en la obligación estatal de protegerlas en casos de «invasión, usurpación u otras formas que perturben o impidan el ejercicio pleno de propiedad o posesión sobre la tierra» y en los «procesos de adjudicación, legalización y redistribución de tierras rurales; así como lo relacionado con el trámite de sucesión y transferencia de derechos de posesión», de conformidad con la ley, amén de otras medidas 8.Rodrigo Borja, Enciclopedia de la política (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 2:1141
9.Rodrigo Borja, Enciclopedia de la política (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 2:1141
10.Witker y Larios Velasco, Metodología, 177 11.Eduardo Carrión Eguiguren, Curso de derecho civil de los bienes (Quito: Ediciones de la Universidad Católica, 1982), 112.
12.Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales: Apuntes de historia de las constituciones (Madrid: Trotta, 2003), 27-8.
13.Enrique Brahm García, «El concepto de propiedad en el Código Napoleónico. Una nueva interpretación de su art. 544 en la historiografía jurídica alemana», Revista chilena de derecho 23, n.° 1 (1996), 7, ‹https://www.jstor.org/stable/ 41609373?seq=1#page_scan_tab_contents›. El autor del art. resume lo que el estudioso alemán Alfons Bürge propone como opción para interpretar con una aproximación más cercana el contenido del art. 544 del Código de Napoleón para «distinguir claramente el dominio del usufructo, haciendo imposible el restablecimiento de formas feudales de propiedad amparadas en esta figura»
14.Ibídem.
15.Ibídem
16.Ibídem
17.Antes de la declaratoria de inexequibilidad del adverbio arbitrariamente, por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-595/99, de 18 de agosto de 1999, el art. 669 del Código Civil rezaba: «El dominio (que se llama propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad». Colombia Congreso de la República, Código Civil, art. 669, ‹https:// www.oas.org/dil/esp/codigo_Civil_Colombia.pdf›.
18.Guido Pincione, «Filosofía de la propiedad», en Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, ed. Jorge Fabra Zamora y Ezequiel Spector (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015), 3:2411, ‹http://biblio.juridicas.unam.mx/ libros/8/3876/1.pdf›.
19.Ferrajoli, Derecho y razón, 912-50. 20.Francia Asamblea, Declaración de derechos, art. 17.
21.Alemania Asamblea Nacional de Weimar, Constitución de Weimar, 1919, art. 153, ‹http:// www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php›.
22.Ferrajoli, Derecho y razón, 912.
23.Según Hans Kelsen, «con el triunfo de la burguesía liberal en el siglo XIX se produce una enérgica reacción contra la metafísica y contra la teoría iusnaturalista. De la mano del progreso de las ciencias empírico-naturales y con la crítica de la ideología religiosa tiene lugar un giro en la ciencia jurídica burguesa, que pasa del jusnaturalismo al positivismo». Hans Kelsen, Teoría pura del derecho (Madrid: Trotta, 2011), 53. Por definición, el jusnaturalismo «sostiene que existen principios morales y de justicia universalmente válidos que conforman el derecho natural». En realidad, no existe un solo jusnaturalismo sino varios que incluso se excluyen entre sí: el teológico, en el que prima el principio de imputación y que considera que el derecho natural es parte del orden eterno originado en Dios y asequible a la razón humana; y el racionalista, basado en los principios de imputación y causalidad, que sostiene que el derecho moral no deriva de Dios sino de la naturaleza o la razón humana. Witker y Larios Velasco, Metodología, 167-8.

SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará a cabo el día sábado, 6 de diciembre del 2025 a las 11:00 am en las instalaciones de la oficina de TRAVANOR S.A., ubicada en Barrio Chaupimolino, frente a la empresa Sigmaplast
Orden del día:
1. Análisis y resolución sobre la remoción del Gerente General por presunta suplantación de identidad y vulneración de funciones del Comisario.
Se recuerda a todos los accionistas que de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la compañía en el Art. Décimo Quinto“Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas, en la primera convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum, habrá una segunda convocatoria, mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera reunión,y la Junta General se instalará con el número de accionistas presente o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresará en la convocatoria”.
Sin otro particular, agradezco de antemano su compromiso y participación.
Atentamente,
Ing. Stefany Jijón Presidenta TRAVANOR S.A.

Juicio No. 15951-2025-00853
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, martes 25 de noviembre del 2025, a las 12h26.

EXTRACTO JUDICIAL
CITO: Con el contenido de la demanda, en cumplimiento de lo que estipula el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.
JUICIO : NOMBRAMIENTO DE TUTORA O TUTOR O CURADORA O CURADOR
NUMERO : 15951-2025-00853
ACTOR : QUINGAGUANO CALLAN SEGUNDO MANUEL, AMADOR FERNANDEZ NINFA CLEOTILDE, CERDA CERDA DOLORES BEATRIZ
DEMANDADO : GUADALUPE AGUILAR WILMER ARMANDO Y A LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE QUINGAGUANO AMADOR KLEVER FERNANDO Y GUADALUPE CERDA KELY MISHEL.
TRAMITE : VOLUNTARIO
CUANTIA : INDETERMINADA
JUEZ (E) : DR. MARCOS GUERRERO FUENTES, JUEZ ENCARGADO
SECRETARIA (E) : AB. VILMA SUQUISUPA QUIGUANGO
“UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, miércoles 5 de noviembre del 2025, a las 14h21. VISTOS: Ab. Marcos Vinicio Guerrero Fuentes, en mi calidad de Juez Encargado de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la ciudad de Tena, dependencia de la Corte 276877124-DFE Provincial de Napo, según Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 214, de 27 de noviembre de 2017 y Acción de Personal Nro. 0683-UPTH2025-MA del 05 de noviembre de 2025, AVOCO conocimiento de la presente causa, en lo principal dispongo: 1) La presente demanda de tutoría, reúne los requisitos de ley; por lo que se le admite a trámite mediante procedimiento VOLUNTARIO, conforme el Art. 334 último inciso del COGEP.- 2) CÍTESE a GUADALUPE AGUILAR WIMPER ARMANDO, con el presente auto, la demanda y documentación probatoria adjunta a la misma en el lugar señalado a través de la oficina de citaciones de esta Unidad Judicial, la parte demandada prestará las facilidades del caso para la obtención de copias.- 3) CÍTESE a los presuntos herederos y desconocidos, de quien en vida fueron los señores QUIGUANGO AMADOR KLEVER FERNANDO y GUADALUPE CERDA KEY MISHEL, a través del diario de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres publicaciones en tres días distintos, para lo cual se elaborará el correspondiente extracto de la demanda y el presente auto por medio de secretaría, la parte actora prestará las facilidades del caso.- 3) Referente al anuncio y solicitud de prueba, la misma será admitida el día de la audiencia única, con observancia de lo prescrito en los Art. 160 y 161 del COGEP; 4) Tómese en cuenta la designación de su abogado defensor, la autorización conferida en su favor, los correos electrónicos señalados; incorpórese los documentos adjuntos a la demanda. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.” “…” UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, viernes 7 de noviembre del 2025, a las 14h55. VISTOS: Ab. Marcos Guerrero Fuentes en mi calidad de Juez Encargado de la Unidad Judicial de Familia con sede en el Cantón Tena, mediante Acción de personal Nro. 0683-UPTH-2025-MA, de fecha miércoles 5 de noviembre del 2025; AVOCO CONOCIMIENTO de la causa N° 15951-2025-00853, en lo principal: 1.- Agréguese al proceso el escrito presentado por el actor, proveyendo el mismo, de conformidad con el Art. 130 numeral 8 del C.O.F.J, se aclara el auto inmediato anterior, que por un error se hizo constar: “…CÍTESE a GUADALUPE AGUILAR WIMPER ARMANDO…” “…QUIGUANGO AMADOR KLEVER FERNANDO y GUADALUPE CERDA KEY MISHEL…” CUANDO LO CORRECTO ES: CÍTESE a GUADALUPE AGUILAR WILMER ARMANDO con el presente auto, la demanda y documentación probatoria adjunta a la misma en el lugar señalado a través de la oficina de citaciones de esta Unidad Judicial, la parte demandada prestará las facilidades del caso para la obtención de copias; y, QUINGAGUANO AMADOR KLEVER FERNANDO y GUADALUPE CERDA KELY MISHEL, a través del diario de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres publicaciones en tres días distintos, para lo cual se elaborará el correspondiente extracto de la demanda y el presente auto por medio de secretaría, la parte actora prestará las facilidades del caso. Por lo tanto, se encuentra atendido su pedido, dejando los demás datos inalterables. F).- Dr. Marcos Guerrero Fuentes Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Napo..-CERTIFICO


SUQUISUPA QUIGUANGO VILMA ALEXANDRA SECRETARIA