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POLITICA LA GACETA
SABADO 30 DE MARZO DE 2013
›› COLETAZOS DEL CASO VERÓN | DISPUTA JUDICIAL En diciembre, la sala II de la Cámara Penal absolvió a 13 acusados en el caso de María de los Ángeles Verón. Ahora, los magistrados son investigados, a raíz de una denuncia de la madre de la víctima, por su presunto mal desempeño. La Legislatura avanza en la primera etapa del proceso, pero uno de los vocales será apartado, por ahora, gracias a una cautelar
Apartarán a Herrera Molina del proceso de Juicio Político
LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO (ARCHIVO)
La Provincia planteó un recurso de casación
El trámite continuará contra dos magistrados La decisión de la Justicia de que se aparte al juez Emilio Herrera Molina del proceso acusatorio efectuado por la comisión de Juicio Político de la Cámara ha cambiado, en parte, los planes del comité parlamentario. Con el renunciante magistrado de la sala II de la Cámara Penal más cerca de la jubilación, el cuerpo legislativo avanzará -al menos por ahora- sólo contra los otros dos vocales del tribunal, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, a quienes se investiga en el comité por su presunto mal desempeño en el juicio oral por el caso de María de los Ángeles Verón. “Si la Justicia lo dice, él (por Herrera Molina) queda afuera del juicio (político). El proceso, de todas maneras, continuará y será idéntico, sobre las mismas bases, pero en lugar de ser tres magistrados (los investigados por su labor), serán dos”, le explicó a LA GACETA el legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente de la comisión de Juicio Político. En diciembre, tras unos 10 meses de debate oral y público, la sala II de la Cámara Penal absolvió, por falta de pruebas, a 13 acusados en el caso de “Marita” Verón, quien fue secuestrada en abril de 2002 y hasta ahora no fue rescatada. Tras el fallo, la madre de la víctima, Susana Trimarco, acusó al tribunal ante la Legislatura porque, según su versión, entre otras presuntas irregularidades, no se respetaron las convenciones internacionales que establecen parámetros de protección para víctimas de trata de personas que prestan declaración. La comisión de Juicio Político del
parlamento, presidida por el ex vicegobernador mirandista Sisto Terán, tiene 11 integrantes de la bancada alperovichista y sólo uno de la oposición. Las versiones en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento indican que, desde Casa de Gobierno, se habría repetido una directiva enviada desde La Rosada: si existe la chance de avanzar en la acusación -y en la posible destitución- de los tres magistrados, se los debe expulsar del Poder Judicial. Esto, cuentan esas versiones, está vinculado a las repercusiones políticas que tuvo el caso Verón a nivel nacional. Trimarco, quien tiene “línea directa” con la presidenta, Cristina Fernández, ya ha anunciado que hará lo que esté a su alcance para remover a los jueces. Esto, por ahora, no será posible en el caso de Herrera Molina. El magistrado, a través de sus abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo, consiguió que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordene al PE que revea el rechazo al pedido de renuncia del juez. Y que no desatienda su delicado estado de salud. Los defensores del vocal avanzaron, y el jueves obtuvieron una resolución favorable en la cautelar que dictó el juez Carlos Eugenio Giovanniello. Así, el proceso contra Herrera Molina quedó suspendido por ahora, más allá del contraataque del alperovichismo en los Tribunales. “El jueves recibimos la notificación de la Justicia, poco después del mediodía. Sabemos que se ha interpuesto la cautelar, y aceptaremos lo que dijo la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, advirtió Gassenbauer. Y aclaró que los
¿ADIÓS DEFINITIVO? Herrera Molina fue saludado en Tribunales en diciembre.
El proceso, de todas maneras, continuará (...). Pero en vez de ser tres los jueces (cuya labor se investiga), serán dos GUILLERMO GASSENBAUER
LEGISLADOR (PJ) - VICE DE JUICIO POLÍTICO
días hábiles para la comisión vuelven a correr el próximo miércoles a las 8. Ese día, a las 18, se espera que Terán dé lectura a la resolución del comité legislativo. Así las cosas, el alperovichismo ya trabaja en el escrito definitivo sin tener el cuenta el nombre de Herrera Molina. Pero algunos ofi-
cialistas no descartan que la Justicia dé vuelta la situación antes de que termine el feriado largo, le otorgue la razón a la Fiscalía de Estado y posibilite que el grupo parlamentario avance en la acusación contra este magistrado. En ese caso, la comisión sí podría decidir parte del futuro del juez.
ALGUNOS PROCESOS EN CURSO ◆ JUICIO POLÍTICO EN EL PARLAMENTO.- Una comisión integrada por 11 alperovichistas y un opositor tiene plazo hasta el 4 de abril (se expediría un día antes) para resolver si corresponde la acusación de Susana Trimarco contra los vocales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
◆ PEDIDO DE APARTAMIENTO.- La Justicia benefició a Herrera Molina al entender que su estado de salud es delicado y el proceso en el parlamento puede perjudicarlo. Por eso, a pedido de sus abogados, fue separado de ese trámite. ◆ LAS RÉPLICAS DEL GOBIERNO.- La Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Posse Po-
◆ LA DISPUTA POR LA RENUNCIA.- En diciembre, tras el debate oral por el caso de Marita Verón, el camarista Emilio Herrera Molina presentó la renuncia condicionada con el objetivo de acogerse a la jubilación. El gobernador, José Alperovich, rechazó la dimisión del magistrado, debido a que existe un proceso en curso en su contra en la Legislatura. Esto motivó que Herrera Molina, a través de sus representantes legales, hiciera un planteo judicial. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo favoreció con un fallo.
El PE reprocha que la Justicia no le haya permitido denegar la jubilación al juez
nessa, contraatacó en los Tribunales, y busca dejar sin efecto las medidas que favorecieron procesalmente a Herrera Molina.
◆ OTROS FALLOS VINCULADOS AL CASO VERÓN.- La Corte Suprema de justicia de Tucumán debe resolver aún la casación de la causa penal. Además, se encargará del planteo de Eduardo Romero Lascano contra el Jury de Enjuiciamiento, quien cuestiona los actos de integración del jurado.
Las últimas decisiones judiciales que favorecieron al camarista penal Emilio Herrera Molina generaron preocupación en Casa de Gobierno. Pero allí, donde está tomada la decisión política de avanzar en la destitución de los tres jueces del caso María de los Ángeles Verón, no piensan quedarse de brazos cruzados. Por eso, la Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación ante la sala II en lo Contencioso Administrativo, que entiende en este proceso, con el objetivo de que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJT). El plan del oficialismo es que el alto tribunal analice si el gobernador, José Alperovich, actuó sobre la base de la normativa constitucional al rechazar el pedido de renuncia de Herrera Molina para acogerse a la jubilación. Esta disputa jurídica se produce en el marco del proceso que se realiza en el parlamento contra los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, acusó a los magistrados ante la comisión de Juicio Político de la Cámara por su presunto mal desempeño en el proceso que culminó con la absolución de 13 acusados en el caso de “Marita”. Como los camaristas del fuero administrativo, Rodolfo Novillo y Hebe López Piossek, dispusieron que Alperovich revisara el decreto que rechazó la renuncia de Herrera Molina y contemplara su grave estado de salud, los abogados de la Fiscalía de Estado -cuyo titular es Jorge Posse Ponessa- formularon un escrito para tratar de torcer la historia. Sobre todo, luego de que un vocal de la sala interviniente, Carlos Eugenio Giovanello, ordenara la exclusión del magistrado renunciante en el proceso que realiza la comisión permanente de Juicio Político del paramento. En el escrito de la Provincia, se argumenta que la sentencia judicial “resulta arbitraria”. “Prescinde, de manera evidente, de la facultad constitucional del PE de rechazar la renuncia de un magistrado judicial”, indica el texto, al que accedió LA GACETA. Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno provincial es que, según su versión, Herrera Molina no está en condiciones de jubilarse ya que no se ha desempeñado durante 30 años como magistrado,
PARA ENTENDER EL CASO
1
¿Puede otra vez el gobernador rechazar la dimisión? Sí. El
2
¿Qué ocurrirá si el PE acepta la renuncia? En ese caso
3
¿Puede otro vocal jubilarse? Alberto
4
¿Cómo sigue la pugna? El fuero
fallo no obliga a aceptar la renuncia, sino a ajustar el decreto del PE.
Herrera Molina podrá jubilarse y sorteará el proceso de destitución.
Piedrabuena, titular del tribunal, está en condiciones. Pero no Romero Lascano.
administrativo, si da lugar al planteo del PE, elevará el expediente a la Corte Suprema.
sino durante 26. Además, los letrados del PE remarcaron que el precario estado de salud del juez Herrera Molina no había sido citado como argumento por los abogados del camarista a la hora de contrariar el decreto gubernamental.
Vicios en la causa
En el escrito de la Fiscalía de Estado, también aparece un apartado titulado “vicio en la causa”, en el que se tratan los cuestionamientos de la Justicia respecto al polémico caso de un dictamen -no vinculante- de Posse Ponessa, quien aconsejaba a Alperovich concederle el beneficio jubilatorio a Herrera Molina. Esas hojas, según la resolución judicial, no aparecían en las copias del expediente que habían sido remitidas a los Tribunales desde la sede del PE. Y consideró que el Gobierno provincial había tenido una actitud “reticente”. La Fiscalía de Estado, en el recurso de casación, descartó que haya habido un intento de ocultamiento, y argumentó que ese texto nunca había sido contemplado siquiera por los representantes de Herrera Molina. “Cuando ese dictamen fue firmado, la situación del juez era otra, ya que aún no había sido denunciado ante la Legislatura. El contexto no es el mismo”, afirmó una fuente del PE.
Según opositores, es grave la omisión del dictamen del fiscal Posse Ponessa “La omisión de esas hojas no parece una casualidad”, dijo Federico Romano Norri (UCR) La polémica desatada por la cuestionada omisión de un dictamen -no vinculante- firmado por el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, en un expediente que había sido remitido a la Justicia generó el rechazo de la oposición. En ese texto, el representante de la Provincia le aconsejaba al gobernador, José Alperovich, que le concediera la renuncia al camarista penal Emilio Herrera Molina, con el fin de que este se jubilara. Pero el mandatario escogió la opción contraria, y su decisión generó la queja del peticionante ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los votos de Rodolfo Novillo y Ebe López Piossek (la vocal de la sala III integró la sala II por la disidencia parcial que formuló Carlos Giovanniello) obligan al titular del PE a revisar aquel decreto. Pero, a la vez, el tribunal “retó” a los
letrados del Gobierno provincial. “Llama la atención la reticencia reiterada en dar a conocer la existencia de un antecedente administrativo (por el decreto) y la absoluta falta de merituación en que incurrió la demandada (por el PE)”, señalaron. La Unión Cívica Radical (UCR), a
teará este tema la próxima vez que la UCR local se reúna, con el objetivo de formular alguna acción conjunta. “Es un hecho nuevo, en cuanto a que tomó trascendencia hace pocos días. El radicalismo seguramente adoptará una postura, porque es una cuestión absoluta-
“Esto puso en grosera evidencia la total falta de seriedad y de transparencia con que se mueve Alperovich, y la total impunidad de la que goza”, advirtió el legislador Ricardo Bussi (FR). través del legislador opositor Federico Romano Norri, mostró su preocupación por el caso del escrito. “La omisión de esas hojas no parece casualidad”, disparó el jefe de una de las bancadas radicales de la Cámara. A la vez, anunció que plan-
mente irregular”, afirmó. Y añadió que no le parece una mera coincidencia que el dictamen del fiscal Posse Ponessa no apareciera en las primeras copias que se le envió a la Justicia. “Estamos hablando de un instrumento público. Esto es grave
y serio, porque se hizo con la intención de no mostrarlo”, dijo el opositor. El republicano Ricardo Bussi advirtió que el fallo en la causa Herrera Molina demostró, según su opinión, posibles irregularidades que se producen durante la gestión actual. “Esto puso en grosera evidencia la total falta de seriedad y de transparencia con que se mueve Alperovich, y la total impunidad de la que goza”, indicó el titular de Fuerza Republicana. “El gobernador no sólo desobedeció un dictamen de su propio fiscal de Estado, que aconsejaba conceder el beneficio de la jubilación, sino que lo ocultó maliciosamente al ser requerido por la Justicia provincial. Este es el mismo mandatario que ha gastado $ 60.000 millones de todos los tucumanos (en su gestión)”, advirtió el legislador Bussi.