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Del 13 al 26 de septiembre de 2009

Análisis

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Venezuela: vuelve la opción violenta MIGUEL LOZANO

V

enezuela se prepara para un posible "septiembre caliente", dado por planes de grupos opositores preocupados por la incapacidad de vencer en las urnas a los seguidores del presidente Hugo Chávez, que reactivan la opción violenta. El punto de rompimiento es la nueva ley de Educación, aprobada en agosto en la Asamblea Nacional, que enfrenta las críticas de las instituciones privadas de enseñanza, la oposición política y sus medios de difusión y la jerarquía católica nacional. La legislación establece elementos encaminados a asegurar la educación a estudiantes de menores recursos, al eliminar en establecimientos públicos los exámenes de ingreso y neutralizar el crecimiento desproporcionado de los egresados de liceos privados. Asimismo se equipara el voto de estudiantes y profesores para la elección de consejos universitarios (que era de 60:1) y se abre la posibilidad del control por el Estado del uso que se hace de los recursos financieros entregados a universidades autónomas. La nueva ley saca la religión del el currículo y, aunque no prohíbe su enseñanza, establece que debe ser en horarios extracurriculares, tal como es la tendencia mundial. De lo que se trata, explicó el ministro de Educación, Héctor Navarro, es de dejar al ser humano el derecho a escoger si practicará una creencia y cual será, más allá del intento de identificar religión con catolicismo exclusivamente. Para muchos observadores, sin embargo, más que una crítica verdadera a la Ley de Educación, se trata de una excusa de los sectores más radicales de la oposición para llevar adelante un plan de acciones encaminadas a desestabilizar el país. Con 57,3 por ciento de respaldo de la población a Chávez — según una encuesta dada a conocer en agosto por la firma privada Datanálisis— es evidente el nerviosismo de sectores opositores ante las pobres previsiones para las elecciones

parlamentarias de 2010. A ello se suma que la oposición no termina por estructurar un anunciado frente único, ni de elaborar un programa alternativo al de transformaciones de corte socialista que impulsa Chávez. Adicionalmente, la oposición venezolana carece de una figura que se acerque a los niveles de popularidad de Chávez, un líder carismático, con grandes dotes de comunicador, que ha crecido como político de talla mundial en los últimos 10 años. Entre otros, el ex alcalde del municipio capitalino Chacao Leopoldo López, recién expulsado de su cargo de presidente del área metropolitana en el partido Un Nuevo Tiempo, explicó que hoy las protestas callejeras son la opción de la oposición. Para las autoridades se trata realmente de un intento de provocar la represión policial con actos violentos en manifestaciones convocadas como demostraciones pacíficas, tal como sucedió el pasado agosto en la capital y el occidental

estado Táchira. Al respecto el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por Chávez, alertó que posee informes sobre la intención opositora de impedir el inicio del curso docente el próximo 16 de septiembre, con el pretexto de protestar contra la nueva ley. Coincidentemente diputados del Distrito Capital denunciaron la participación de altos funcionarios de la Alcaldía Metropolitana en esas acciones, incluyendo el financiamiento de grupos armados. Al respecto, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que 11 detenidos por los disturbios junto al prefecto de Caracas, Richard Blanco, forman parte de un grupo de "cabilleros" que anteriormente había golpeado a dirigentes juveniles comunistas. Como preámbulo a las manifestaciones, líderes opositores acusaron a la Fiscal General, Luisa Ortega, de "criminalizar las protestas", es decir prohibir las demostraciones pacíficas. En realidad Ortega fue clara en la advertencia de aplicar la

ley a quienes cometan hechos violentos y consideró que lo que se busca es la realización de disturbios como los que precedieron al golpe de estado de abril de 2002 contra Chávez. Al respecto ratificó el derecho de los venezolanos a realizar manifestaciones de forma pacífica y recordó que la Constitución obliga al Ministerio Público a investigar los hechos punibles. La Fiscal General apuntó que todavía no conoce el primer caso en la historia reciente del país de alguien apresado por manifestarse pacíficamente. Al mismo tiempo el PSUV pidió al cardenal Jorge Urosa aclarar si es suya una carta que circula en Internet con conceptos de una educación excluyente que margina a los sectores populares. Darío Vivas, integrante de la dirección nacional del PSUV, explicó en rueda de prensa que la carta refleja un concepto discriminatorio para los sectores de menores ingresos. El pasado 31 de agosto el PSUV entregó a la prensa el texto atribuido a Urosa, según

el cual "los hijos de las familias pudientes están llamados a ir a las universidades" para ocupar cargos de gerencia y posiciones relevantes. Sólo el 4 de septiembre Urosa, en una carta dirigida al diario Ciudad CCS desmintió la autoría de la carta, según la cual "los niños que por su origen socioeconómico, tienen desventajas, deben ser educados en la diligencia, en la modestia, en el respeto hacia la autoridad y sobre todo en el mensaje cristiano del amor". Independientemente de la autoría, la carta expresa posiciones defendidas tradicionalmente por la Iglesia Católica, al menos en América Latina, en cuanto a la educación, con conceptos encaminados a priorizar a los hijos de los sectores de más poder económico. La posición de la jerarquía católica en términos generales apuntala una proyección de convocatoria a manifestaciones pacíficas que, como demuestran los hechos recientes, abren una posibilidad de violencia en el inicio del otoño venezolano.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que 11 detenidos por los disturbios junto al prefecto de Caracas, Richard Blanco, forman parte de un grupo de “cabilleros” que anteriormente había golpeado a dirigentes juveniles comunistas.

Periódico La Cumbre  

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