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19 de noviembre de 2016 • Número 110 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE TEMA DEL MES

ABANDONADOS Incapaces de regresar a su país, incapaces de continuar su viaje, miles de centroamericanos se encuentran atrapados en México

Joseph Sorrentino


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LA PUERTA DEL VIENTO VOCES DESDE LA MONTAÑA Suplemento informativo de La Jornada 19 de noviembre de 2016 • Número 110 • Año X

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Lourdes E. Rudiño Subcoordinadora Enrique Pérez S. Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL

Según data la historia, a nosotros nos mandaron a los cerros, a las partes altas y quebradas porque los poderosos ambicionaban las tierras de labor que están allá abajo. Pero ahora resulta que la riqueza buena se encuentra aquí mero, en las montañas a donde nos aventaron. Entonces me pongo a pensar: ¿por qué tenemos tanta migración? ¿Por qué tanta? Y luego malpienso: ¿no será una táctica del gobierno y de los ricos para otra vez echarnos fuera? ¿No será que nos quieren sacar de aquí, a donde nos enviaron hace años, para quitarnos también esta riqueza? Enan Eduardo

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Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

ay en Oaxaca algunas buenas empresas silvícolas comunales como la de Macuiltianguis, la de Capulalpan y otras más. Y es que los frondosos bosques de la entidad federativa son en su mayor parte de los pueblos y es justo que ellos los aprovechen. Pero no siempre fue así, por muchos años los explotaron empresas privadas o paraestatales y fueron necesarias fuertes luchas para recuperarlos. Hoy, cundo los pueblos de todo el país defienden sus territorios y bienes comunes de los que quieren despojarlos las grandes corporaciones apoyadas por el gobierno, puede ser aleccionador contar la historia de los que entonces triunfaron y también de los que por un rato fueron engañados.

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A pesar de que los montes de Oaxaca son mayormente comunales, desde 1954 se formó ahí la empresa paraestatal Fábricas de Papel Tuxtepec (Fapatux), la primera que, desde 1958, produjo papel periódico en México. De inmediato el gobierno le concesionó por 25 años los bosques de la Sierra Juárez y de Miahuatlán. Política que se aplicó también en otras regiones silvícolas indígenas como la sierra Tarahumara. El argumento era que las comunidades sólo empleaban los bosques y selvas para cazar, recolectar frutos o plantas, sacar madera para leña o para hacer morillos, muebles rústicos o aperos de labranza, y que no tenían la capacidad técnica y económica necesarias para organizar en mayor escala la extracción e industrialización de la madera.

Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Sedigheh Zoghi

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Raúl Benet, coordinador de Política Pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC (CCMSS), fue coeditor en este número del suplemento.

El gobierno debió haber apoyado a las comunidades dueñas del bosque para que adquirieran las capacidades que no tenían, pero en vez de eso le abrió paso a los grandes empresarios para que lucraran y en muchos casos destruyeran una riqueza que era de la gente. Y para mayor seguridad les dio concesiones de exclusividad hasta por 25 años. De modo que no sólo se forzaba a las comunidades a vender su madera, también tenían que hacerlo a la empresa que tenía la concesión. Así ocurría con Fapatux, que siendo del Estado era tanto o más explotadora que las privadas. Y así siguió hasta 1966, cuando los comuneros de Macuiltianguis se inconfor-

maron con el precio que pagaba la paraestatal por la madera y por los bajos salarios que recibían los trabajadores que se empleaban en la tumba y el arrastre, y en protesta no dejaron que salieran más trozas de sus montes. Los de Macuil prendieron la mecha de modo que, para fines de los años 60’s, 14 comunidades serranas los siguieron, con lo que el corte quedó prácticamente suspendido en toda la Sierra Juárez y la empresa se quedó sin materia prima. Esa primera vez los comuneros no se pudieron sostener y Fapatux entró de nuevo a los montes. Pero para 1972 se reanudó la lucha, a la que se sumaron alrededor de 15 mil serranos de una docena de poblados que por varias semanas impidieron que saliera madera de los bosques. Las demandas eran modestas: que la madera se pagara a 60 pesos metro cúbico, y no a 35, que aumentaran los salarios de los cortadores y que se cumpliera el compromiso de conservar los caminos, poner escuelas y llevar médicos. Pero en el fondo lo que se buscaba es que los propios dueños del bosque pudieran aprovecharlo más integralmente que antes. El movimiento oaxaqueño fue exitoso y por los mismos años se desataron en otras regiones luchas de las comunidades en defensa de sus bosques. Tal es el caso de Milpa Alta, en el sur del Distrito Federal, y de San Pedro Nexapa, Estado de México, donde el movimiento fue reprimido con la intervención del ejército. Pero los esfuerzos de los pueblos no fueron en vano y desde entonces comenzaron a crearse empresas para el aprovechamiento colectivo de sus recursos silvícolas. En la Sierra Juárez los primeros aserraderos comunales se establecieron en 1973. No a todas las comunidades de la Sierra Juárez llegó el movimiento contra Fapatux y algunas apenas se enteraron. Es el caso de los pueblos ubicados en la transición en los valles costeros de Tehuantepec y la Sierra Mixe, entre ellos los zapotecos de Santiago Lachiguiri y Santa María Guienagati, a cuyos bosques había entrado una empresa privada. En 1965 el italiano Eugenio Grassetto fundó la empresa Silvícola Magdalena y comenzó a contratar bosques con particulares y con comunidades de los municipios de Yólox, Quiotepec, Tepeusila y San Pedro Sochiapam. Para fines de la década la maderera trató de entrar entre otras a Guevea de Humboldt, Santo Domingo Petapa y las ya mencionadas Santiago Lachiguiri y Santa María Guienagati, buscando controlar varios predios que le permitieran integrar una Unidad de Ordenación Forestal que alimentaría un gran aserradero: Industria Maderera del Istmo, que estableció en Lachivizá. A Lachiguiri la empresa llegó por medio del alcalde y a Guienagati por el Comisario de

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bienes comunales, pero sobre todo mediante las influencias del diputado por el PRI Roberto Nacif, miembro de una de las familias más poderosas de la región y socio del hombre fuerte local Ernesto Domínguez. Y llegó dividiendo: algunos comuneros temían que, de entrar, la Silvícola los esclavizaría peor que los caciques y que por la carretera que se haría ingresarían muchos males; otros, al contrario, pensaban que con el camino terminaría su aislamiento y que la producción maderera traería empleo y bonanza. Finalmente la compañía prometió que a cambio de la madera construiría el camino a Ixtepec, que les entregaría un autobús de pasajeros para servicio de las comunidades y daría empleo en el corte. Y después de mucho discutir, las asambleas aceptaron el ofrecimiento, porque realmente sufrían mucho por su aislamiento y porque su pobreza era grande. Pero pronto se desengañaron. Desde 1971, en que se inició la extracción, hubo problemas: los italianos no terminaban el camino prometido, en cambio abrían brechas en el monte para sacar madera de terrenos distintos de los convenidos. A pesar de lo inicuo del trato con las comunidades y del saqueo desmedido de los bosques, la empresa empezó a tener problemas económicos, entre otras cosas porque el gran aserrío rebasaba la capacidad de abastecimiento de madera de la región. De modo que en 1974 Grassetto vendió la empresa silvícola y el aserradero a Fapatux. Desde 1970 la paraestatal había emprendido un ambicioso proyecto de expansión,

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19 de noviembre de 2016 que posiblemente la rebelión serrana encabezada por Macuiltianguis dificultó, lo que explicaría que decidiera extenderse a territorios marginales, como los que explotaba la Magdalena. Sin embargo, para 1976, fecha en que terminaban los contratos que había firmado Grassetto con las comunidades y que ahora tenía Fapatux, la paraestatal ya no intentó renovarlos y se retiró. Y los comuneros de Guienagati y Lachiguiri hicieron cuentas. Primero la Magdalena y luego Fapatux tumbaban parejo. Porque, como la querían para celulosa, les servía cualquier clase de madera, sobre todo de pino. En cambio, nunca reforestaron debidamente, apenas sembraron algunos arbolitos por El Porvenir y El Mirador. Tampoco lo del empleo fue tan cierto, porque la empresa traía a sus propios cortadores familiarizados con las motosierras y a los comuneros locales les dejaban el acarreo que es un trabajo más duro, mal pagado y con turnos de casi 12 horas. El camino se hizo, claro está, porque lo necesitaban para sacar la madera. Pero se construyó mal y a cada rato tienen que hacer tequio para componerlo. Concluyo esto citando en extenso el balance que sobre su experiencia con las madereras hicieron en 2007 los comuneros de Guienagati y Lachiguiri, y que puede leerse en el libro Puerta del viento, que Rosario Cobo y yo, como integrantes del Instituto Maya, les ayudamos a redactar, y del que vienen estos apuntes. Cambiar nuestros bosques por el camino fue un mal negocio. Sin darnos cuenta de la grandísima importancia que el bosque tiene para la subsistencia de nosotros y de nuestros hijos, a principios de los años 70’s los comuneros de Guienagati, los de Lachiguiri, los de Gevea y de otros municipios serranos, descubrimos de pronto que los montes en que siempre habíamos vivido y que en apariencia sólo servían para sacar leña, morillos y algún venado, conejo o tlacuache, en realidad tenían mucho valor comercial y había grandes compañías interesadas en explotarlos. Y como por entonces casi no se usaba el dinero y más bien se acostumbraba el trueque, no pensamos en el precio al que íbamos a vender nuestra madera sino en las cosas que podíamos conseguir a cambio de permitir que se la llevaran. En el fondo lo que decidimos entonces fue un trueque: el bosque a cambio del camino. Hoy nos damos cuenta de que hicimos un mal cálculo y un mal negocio, pues la destrucción de la naturaleza no se paga con nada. Y en todo caso el valor comercial de la madera que se llevaron era mucho mayor que el de unos cuantos caminos de terracería mal hechos,

3 que de cualquier modo ellos necesitaban abrir para poder sacar las trozas, además de un triste autobús de pasajeros que nomás duro unos años. Pero lo peor de todo es que a algunos se les hizo maña ver al bosque como un patrimonio inagotable del que se podía obtener dinero fácil sin necesidad de trabajar ni de invertir. Así, cuando se fueron las silvícolas y dejaron los caminos que entraban a las zonas arboladas, no faltaron comuneros que sacaran madera ilegal, para venderla, o autoridades que recibieran dinero de talamontes para hacerse de la vista gorda y dejarlos cortar clandestinamente. “Si cortan las compañías, que no son de aquí –pensaban– por qué no vamos a cortar nosotros, que somos los meros dueños”. Y el bosque se fue acabando. Al principio pocos nos dábamos cuenta de la destrucción. Pero las familias que tenían que hacer casa sí veían que los pinos grandes había que traerlos cada vez de más lejos. Luego dejó de llover bien. Antes el temporal era seguro, mientras que ahora con frecuencia se retrasa y a veces ya establecidas las lluvias se vienen secas largas y se pierde la siembra. En otras épocas los ríos traían buen caudal casi todo el año y abundancia de peces, en cambio ahora para mayo o junio escasea el agua y ya no se ven truchas ni mojarras. El ganado se malpasa pues de por sí en secas lo sacamos del bajo, donde lo tenemos para la parición, para llevarlo a las partes altas y húmedas donde hay forraje todo el tiempo. Pero ahora cada vez hay que subir más la montaña para encontrar buen pasto. La sequedad fuerte se vino de 1986 en adelante y empezando el nuevo siglo se secaron los aguajes, lo que ocasionó mortandad en el ganado. El clima ha cambiado bastante. Ahora es más seco y caluroso porque el monte refresca y de a poquito nos lo hemos ido terminando. Por la sequía y la pérdida de fertilidad, las siembras de las zonas bajas, que llamamos de tierra caliente, son cada vez más inseguras y con menos cosecha, de modo que dependemos más de los trabajaderos de montaña, donde todavía hay buena humedad y donde la siembra nunca se pierde. Pero las tierras altas también son pobres y no se pueden cultivar año tras año pues hay que dejarlas descansar. Así que cada vez hacemos más desmonte. Cada vez hay más rastrojos y potreros. Y cada vez quedan menos árboles grandes y menos bosque natural.

¡TRUMP!

El mundo no era bonito pero después del martes 8 de noviembre es un poco más feo. Lo ocurrido en Estados Unidos hace pensar que la confrontación entre derecha e izquierda se da cada vez más en el marco de la oposición al neoliberalismo. De modo que si bien quizá Sanders no le hubiera ganado a Trump, de haber sido la elección entre ellos dos, la disyuntiva hubiera sido más clara. La buena noticia es que, en este dilema, la experiencia del Cono Sur Americano muestra que hay una alternativa viable de izquierda al capitalismo canalla, mientras que el populismo de derecha es un callejón sin salida. La mala es que, de momento, todos vamos a sufrir.

Lo mismo pasa con el ganado, que se extendió bastante en la región porque el Fondo regional del Instituto Nacional Indigenista daba créditos para eso. El problema es que por acá no hay tierras adecuadas para la ganadería y el sostenimiento de las reses depende mucho de los potreros de montaña.

Hace diez años los comuneros zapotecos de Lachiguiri y Guienagati se hicieron el propósito de romper el círculo vicioso, entre otras cosas protegiendo el Cerro de las Flores, que comparten. Pero el problema de la destrucción del medio ambiente no lo pueden resolver ellos solos. Es tarea de todos: de los urbanos y de los rurales.

Siempre hemos tenido trabajaderos en tierra caliente y en las tierras altas, pero en los últimos tiempos cada día jalamos más para el monte porque en tierra caliente hay sequía y el agua hay que ir a buscarla más arriba. Pero conforme más nos adentramos en la montaña más se acaba el bosque, menos llueve en la región y peor se pone la sequedad. Es como el que se rasca porque tiene comezón y solo consigue que le aumente el picor.

Atendamos a las palabras con que nos despide Enan Eduardo:

Y lo peor de todo es que el bosque se va a terminar. Ya se le empieza a ver el fin. Porque no sólo son los árboles que cortamos para meter milpas y potreros en el monte, son también los incendios incontrolados que ocasionamos cuando metemos fuego para sembrar la milpa y para que rebrote el pasto en los potreros. Y los incendios por descuido o espontáneos son más numerosos cuanto mayor es la sequedad. Y la sequedad empeora conforme se acaban lo árboles. O sea que es como un círculo vicioso. Y de algún modo lo tenemos que romper…

No se vale que el esfuerzo de los comuneros por cuidar el bosque solo beneficie a las grandes empresas del Istmo, que ensucian el aire y el agua que nosotros les enviamos limpios. Aquí, en el monte, trabajamos duro para cuidar los nacederos de agua y los ríos que van hasta Tehuantepec y hasta Coatzacoalcos. Trabajamos bastante para que sobre las montañas siempre haya nubes y el Cerro de las Flores siga siendo la puerta del viento. Y lo hacemos con gusto porque nos damos cuenta de que toda el agua fresca y el aire limpio que llegan a los valles vienen de acá. Nosotros lo sabemos. Ahora hace falta que también los que viven en las ciudades se den cuenta de lo que cuestan el aire y el agua. Para que también ellos pongan su parte.


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BOSQUES Y COMUNIDADES ANTE LA COP DE BIODIVERSIDAD DE CANCÚN Raúl Benet Coordinador de Política Pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC

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el 2 al 17 de diciembre se realizará en Cancún la decimotercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB).

Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores. La cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques por parte de las comunidades, y la gobernanza de los territorios forestales, para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la necesidad de priorizar –mediante políticas públicas y financiamiento– el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios. El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992. Busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética. Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. Una particularidad de México en términos de su biodiversidad es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asienta en regiones forestales ricas en biodiversidad. A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo,

las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca de 80 por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado En el ámbito forestal, la biodiversidad de México destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal. No sería posible de entender toda esta biodiversidad si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el papel que juegan actualmente en su manejo y conservación.

Organizaciones y redes de grupos indígenas, como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, exigen que se tome en cuenta el derecho de las comunidades indígenas a poseer de manera legal y plena su territorio, y que se respete su derecho a determinar de manera autónoma las decisiones relativas al manejo y conservación de dichos territorios. Sostienen que es equivocada la noción de que los gobiernos centrales pueden conservar la biodiversidad y los bienes ambientales por medio del establecimiento de esquemas que atenten contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y el establecimiento de pesadas obligaciones regulatorias, y plantean que la única forma de conservar la biodiversidad en esos territorios es reconociendo los derechos y los conocimientos de las comunidades indígenas y respaldándolas para que hagan un manejo sustentable de sus territorios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo segundo: “El derecho de los pueblos y las co-

munidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a la autonomía, para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan”. El Convenio de Diversidad Biológica establece en su artículo 8, fracción J, que cada país miembro ‘respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.’ En cuanto a los objetivos estratégicos, el Convenio destaca el Aumento de los beneficios de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para todos, y en sus metas, conoci-

das como Metas de Aichi, se establece que para el 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuacultura y silvicultura se manejarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica. Nuestro país ha firmado, ratificado y promulgado como instrumento vinculante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. El convenio establece en su artículo 7 que “Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”. A partir de las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, en nuestro país tanto este Convenio de la OIT como el de Diversidad Biológica son de observancia obligatoria para todos los niveles de gobierno. México también es miembro del Foro Mundial de las Naciones Unidas para los Bosques,


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Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido de manera integral 17 objetivos para lograr el desarrollo sustentable dentro de un horizonte de 15 años (hasta el 2030). Prácticamente todos estos objetivos se relacionan directamente con los bosques. Se propone terminar con la pobreza (objetivo 1) y el hambre (objetivo 2), y promover la salud y el bienestar (3) y la educación (4) en un contexto de igualdad de género (5). El manejo forestal comunitario promueve el manejo integrado del territorio (objetivo 15), en donde se producen alimentos, se generan empleos e ingresos y se desarrollan alternativas económicas que redundan en salud y educación. Una búsqueda continua en las estrategias de manejo forestal es el de inclusión de mujeres (5) y jóvenes en las actividades del bosque y el combate a la desigualdad (objetivo 10). El fortalecimiento de la gobernanza de los territorios forestales se nutre y depende de un buen manejo forestal, por lo que se puede afirmar que el manejo forestal y las comunidades sustentables en esos territorios son indisolubles (objetivo 11). Otra dimensión de los objetivos del milenio es que haya disponibilidad de agua para todos (6). Los bosques sanos son indispensables para la infiltración del agua y para su purificación, además de surtir a los ríos, lagos y mares de agua limpia y nutrientes saludables (14). Además los bosques proveen energía renovable en forma de biomasa y leña (7). La producción responsable en bosques bien manejados requiere de la reciprocidad de un consumo responsable (12). El manejo forestal incrementa los acervos de carbono y constituye una acción fundamental a favor del clima (13). El manejo integrado de los paisajes territoriales forestales es un asunto inter sectorial, en el que deben establecerse alianzas y estrategias conjuntas (objetivos 16 y 17). De esta manera los 17 objetivos de desarrollo de la ONU están estrechamente ligados a los bosques.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería extensiva, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación. Las comunidades que durante muchos años han tenido planes de manejo forestal y empresas forestales comunitarias, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques. En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal. Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen de manera sustentable productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad. Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques. Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS FORESTALES EN EL CAMINO DE LA DIVERSIFICACIÓN Lorena Paz Paredes Investigadora del Instituto Maya hellore@hotmail.com

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principios del 2016 el Instituto Maya animó varios talleres con agrupaciones campesinas sectoriales comprometidas con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en proyectos de manejo sustentable. Más de 20 colectivos rurales de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo reflexionaron sobre las estrategias familiares de sus socios y se propusieron aprender de ellas y hacer un esfuerzo por diversificar sus actividades. En esta ruta rescatamos algunas ideas.

quizá integrarse a la red existente. En esta línea, la SPFEQR también explora la venta de productos comestibles que cultivan las familias de sus socios ubicadas en la parte sur-centro de Quintana Roo, a restoranes de la zona turística de Cancún. En ese contexto están impulsando una integradora con importante participación de mujeres.

En el taller de Quintana Roo, los representantes forestales se percataron de que al especializarse sólo en la madera, subutilizan otros recursos del bosque que podrían aprovechar, como lo hacen muchas familias de la zona. Por ejemplo, los socios de La Unión Carbón Vegetal y Biodiversidad de Calakmul, SPR, que vende carbón, aprovechan también el ramerío y la madera muerta de los acahuales, con lo que previenen incendios. Esta buena práctica, dijeron, puede extenderse a otros colectivos forestales dedicados exclusivamente al corte y venta de madera. La Alianza Selva Maya de Quintana Roo, integrada por varios ejidos forestales, se propone agregar valor y extender sus cadenas productivas, sumando al corte, en el que por ahora se queda, el aserrío de las trozas y el secado de la madera en hornos, con lo que se podría emprender una fábrica de muebles. No sólo se desaprovechan los recursos forestales, coincidieron todos, sino también las capacidades de jóvenes y mujeres. Por esto la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) está entrenando a la juventud de la zona para que, con base en planes de desarrollo comunitario y de ordenamiento territorial, se identifiquen lagunas, vestigios arqueológicos, fauna silvestre y flora del territorio para crear mini empresas ecoturísticas y

que la flor de la pimienta es base de la apicultura pues alimenta a las abejas y las plantaciones son susceptibles de aprovechamiento pecuario. En lo tocante a la apicultura, es necesario mejorar y equipar los sistemas de acopio y obtener la certificación de miel orgánica para acceder a un sobreprecio, además de comercializar directamente y con marca propia tanto la miel como sus subproductos (propoleo y polen).

FOTO: Francia Gutiérrez

cuyo primer objetivo es revertir la pérdida de la cobertura forestal del mundo por medio del manejo forestal comunitario. El segundo objetivo de este acuerdo es fortalecer los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del manejo del bosque, mejorando los medios de vida de las personas que habitan los territorios forestales. Y se plantea en su tercer objetivo el incrementar significativamente la superficie de bosques manejados sustentablemente. Para lograr estos objetivos se señala la necesidad de que los estados inviertan y destinen recursos adicionales significativos, de diversas fuentes, para promover el manejo activo de los bosques.

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En cuanto al ecoturismo campesino, los asistentes en el taller se preguntaron cómo potenciar la diversidad que ya existe en las empresas ecoturísticas de tres municipios de Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum. Se trata de 14 cooperativas ejidales, grupales y familiares que trabajan en red, compartiendo información; visitantes; servicios, y experiencias de marca, de administración y de promoción, y que podrían mejorar el concepto de un turismo alternativo comunitario, en una zona de selva y rivera. Una diversificación productiva que además supone sinergias es la promovida por la Unión 20 de Junio “Malcolona” del municipio X’pujil. Para familias ubicadas en tierras sin vocación agrícola del Corredor Biológico de Campeche, CalakmulBala’an K’aax, la combinación de apicultura, producción de pimienta y actividades silvopastoriles es una buena opción económica y laboral pues la primera, que es la que más ingreso deja, tiene ventajas ambientales, ya que las abejas favorecen la polinización de la flora y resguardan el hábitat de la fauna silvestre en riesgo de extinción, como el tigre y el tapir, mientras

En cuanto al condimento, lo ideal, dijeron, es impulsar viveros familiares para reconvertir la pimienta bajo el sistema agroforestal, las siembras de maíz en tierras no aptas, certificar la producción como orgánica y sobre todo agregar valor a la pimienta mediante el beneficiado, lo que a su vez permitiría su venta con una marca propia.

Familia y organización. Los grupos participantes reconocieron que por requerimientos técnicos de mercado, las empresas económicas campesinas tienden a especializarse. Ser eficientes en lo que saben hacer les permite consolidarse financieramente, pero a costa de desatender otras necesidades de sus agremiados y de subutilizar recursos de sus territorios y oportunidades ambientales y sociales. Confirmaron también que aunque los socios se acuerpen en una organización forestal, o de pimienta o de miel, para solventar sus necesidades familiares emplean los recursos disponibles en su entorno, con estrategias muy diversificadas –en algunos casos de verdadera filigrana–, y que son estas estrategias, y no las especializadas, las que en verdad garantizan sustentabilidad ambiental, social y económica. Los representantes de las organizaciones dijeron que valoran este modelo multi-activo y que atender al entorno territorial y al punto de vista de las mujeres y los jóvenes es una buena forma de percatarse tanto de necesidades como de potencialidades no aprovechadas.


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AUMENTA PÉRDIDA DE BOSQUES EN ZONAS TROPICALES; NECESARIAS POLÍTICAS INTEGRALES AGRICULTURA/ALIMENTACIÓN/FORESTERÍA: FAO tercio en África, donde la agricultura a pequeña escala constituye un factor más significativo de la deforestación.

FOTO: FAO

El reporte muestra un mapa mundial con los países iluminados con diversos colores según el clima dominante. A México se le clasifica como país subtropical, mientras que Centro y Sudamérica, así como el Caribe, con excepción de Argentina y Chile, están clasificados con región tropical dominante, al igual que casi toda África y algunos países asiáticos. Y se presenta otro mapa que muestra las variaciones netas en superficie agrícola y forestal por país. Para el caso de México, se establece que no hay o son escasas tales variaciones, mientras que en la mayor parte de Sudamérica se registra un aumento neto de la superficie agrícola con pérdida neta de la superficie forestal. La excepción la hace Chile, que observa aumento neto tanto en la superficie forestal como en la agrícola. En Estados Unidos, Alaska, la mayoría de países de Europa y parte de Asia se registra aumento neto de la superficie forestal y pérdida de la agrícola.

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asta finales del siglo XIX, la mayor deforestación se registró en las regiones de clima templado, pero actualmente es más elevada en las zonas de clima tropical, y en especial en países de bajos ingresos, afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y precisa que entre 2000 y 2010 se registró una pérdida neta de bosques de siete millones de hectáreas anuales en los países tropicales y un aumento neto de los terrenos agrícolas de seis millones de hectáreas al año. “La mayor pérdida neta de bosques y el mayor incremento neto de terrenos agrícolas durante este período se produjeron en el grupo de países de ingresos bajos, donde las poblaciones rurales están aumentando”, afirma la FAO en su informe El estado de los bosques del mundo, 2016: Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra. Y precisa: La agricultura comercial a gran escala origina

aproximadamente el 40 por ciento de la deforestación en los trópicos y los subtrópicos; la agricultura de subsistencia local, el 33, la infraestructura, el diez; la expansión urbana, el diez, y la minería, el siete por ciento”. El documento que –dice– se inserta en los esfuerzos de la FAO “para desempeñar una función clave en la prestación de ayuda a los países para elaborar planes, políticas y programas nacionales con vistas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, señala también que en los años recientes la superficie forestal neta se ha incrementado en las regiones templadas y se han producido relativamente pocos cambios en la superficie forestal de las regiones de clima boreal y subtropical. En el caso de las zonas tropicales, precisa que existen variaciones significativas respecto de los motivos de la mayor deforestación según la región: por ejemplo, la agricultura comercial origina casi el 70 por ciento de la deforestación en América Latina, pero sólo un

El documento da relevancia a “los desafíos y las oportunidades que representa la compleja interrelación de los bosques, la agricultura y el desarrollo sostenible”. Dice: “[…] la gestión sostenible de los bosques y la agricultura y su integración en los planes de uso de la tierra resulta esencial para lograr los ODS, garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático”, y es que, argumenta: ”En la Agenda 2030 se reconoce que la alimentación, los medios de vida y la ordenación de los recursos naturales ya no se pueden considerar por separado. Es necesario un enfoque coherente e integrado de la sostenibilidad en todos los sectores agrícolas y en los sistemas alimentarios […] Los bosques y la agricultura desempeñan una función muy importante en el cumplimiento del compromiso histórico de la Agenda 2030 de librar el mundo de las lacras de la pobreza y el hambre”. Afirma: “Los bosques y los árboles favorecen la agricultura sostenible porque, entre otras cosas, estabilizan los suelos y el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat a los polinizadores y a los depredadores naturales de plagas agrícolas. Cuando se integran con sensatez en los territorios agrícolas, los bosques y los árboles permiten, por tanto, aumentar la

productividad de la agricultura. Los bosques y los árboles también ayudan a garantizar la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas, para quienes constituyen importantes fuentes de alimentos, energía e ingresos, sobre todo en momentos difíciles. “A pesar de todo, la agricultura sigue siendo el principal factor de la deforestación a nivel mundial y, a menudo, las políticas agrícolas, forestales y de tierras no están armonizadas”. El reporte destaca que factores que influyen en el mantenimiento o deforestación incluyen: el crecimiento de la población y los cambios en los hábitos de consumo de alimentos; la evolución del sector agrícola (por ejemplo, cambios en los mercados o mejoras de la tecnología e intervenciones activas en materia de políticas); la seguridad de la tenencia de la tierra, y la gobernanza del cambio del uso de la

tierra. “Las pérdidas de bosques en el período 2010-15 (la mayoría de las cuales se refieren a bosques naturales) se compensaron parcialmente por medio de una combinación de expansión natural, a menudo en terrenos agrícolas abandonados (2.2 millones de hectáreas anuales) y establecimiento de bosques plantados (3.1 millones de hectáreas anuales). Muestra que algunos países han sido capaces de conciliar los intereses de los diferentes sectores y han logrado incrementar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria de sus poblaciones deteniendo o incluso invirtiendo al mismo tiempo la deforestación. Presenta estudios de casos sobre siete de estos países (Chile, Costa Rica, Gambia, Georgia, Ghana, Túnez y Viet Nam), aunque, advierte, “existen otros que también han llevado a cabo transiciones similares. Actualmente, el desafío consiste en impulsar estas tendencias positivas

FACTORES DE ÉXITO EN CHILE En el caso del estudio de Chile, la FAO menciona los principales factores que han contribuido a las tendencias positivas en materia de seguridad alimentaria y cubierta forestal en este país. Entre ellas están: -El crecimiento económico en un entorno de mercado abierto y competitivo ha dado lugar al aumento de las exportaciones y a la reducción del desempleo y la pobreza. -Un marco de instituciones fiables ha respaldado el crecimiento económico y ha proporcionado protección social. -El sector agrícola se ha mostrado flexible al reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado, en particular al potencial de exportación, y ha respondido de manera positiva a las reducciones arancelarias mediante la sustitución de los cultivos tradicionales por alternativas más rentables. -Se han puesto fondos a disposición, procedentes principalmente de bancos comerciales. Los instrumentos financieros gubernamentales se han centrado en fomentar la inversión del sector privado, restaurar los suelos degradados y mejorar los sistemas de riego. -Se han llevado a cabo programas bien orientados con objetivos sociales y de producción para prestar apoyo a pequeñas y medianas empresas, en particular mediante el suministro de asistencia técnica, apoyo financiero y capacitación para mejorar la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones familiares. -Se han impulsado plantaciones forestales destinadas a la producción de madera para elaboración industrial y al suministro de beneficios ambientales como la protección de los suelos mediante subvenciones a la forestación, un requisito jurídico para replantar tras la explotación y una respuesta positiva a este tipo de oportunidades en el sector privado. -El reconocimiento en las políticas del potencial de la agricultura y la actividad forestal, sobre la base de la sostenibilidad de los diferentes usos de la tierra, ha dado lugar a un apoyo sólido y eficaz para ambos sectores. Fuente: El estado de los bosques del mundo, 2016, FAO.


19 de noviembre de 2016 en los países, especialmente en aquellos de ingresos bajos, donde la inseguridad alimentaria todavía es generalizada y donde se siguen perdiendo bosques”.

7 TENDENCIAS EN EL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA

E L E S T A D O D E L O S B O S Q U E S D E L M U N D O 210 6

FIGURA 2.8

VARIACIÓN NETA DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y FORESTAL POR PAÍS/ TERRITORIO, 2000-2010

En el documento se establecen varias recomendaciones sobre los enfoques que los países pueden adoptar, con la ayuda de la comunidad internacional, “a fin de integrar mejor los bosques y la agricultura al mismo tiempo que se incrementa la seguridad alimentaria y se reduce la pérdida de bosques. Inevitablemente, en algunos países los bosques seguirán transformándose en terrenos agrícolas. Sin embargo, el cambio desde un uso forestal de la tierra hacia un uso agrícola perjudicará menos el medio ambiente y producirá mejores resultados económicos y sociales si se realiza de forma planificada e integrada”.

AUMENTO NETO DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA, PÉRDIDA NETA DE SUPERFICIE FORESTAL AUMENTO NETO DE LA SUPERFICIE FORESTAL, PÉRDIDA NETA DE SUPERFICIE AGRÍCOLA PÉRDIDA NETA DE SUPERFICIE FORESTAL Y AGRÍCOLA AUMENTO NETO DE LA SUPERFICIE FORESTAL Y AGRÍCOLA

Dice que la planificación integrada del uso de la tierra proporciona un marco estratégico esencial para equilibrar los usos de la tierra. Pero es importante que estos procesos de planificación sean participativos, “ya que son los agricultores y los otros habitantes del medio rural quienes, en última instancia, deben poner en práctica los planes, y solo lo harán si estos satisfacen sus necesidades e intereses”.

la FAO señala que los siete países han experimentado un crecimiento económico favorable, que en algunos casos iba asociado a reformas económicas estructurales.

Respecto de los siete estudios de caso con experiencias positivas,

En la mayor parte de estos estudios se demostraron los vínculos

SUPERFICIE SIN VARIACIONES O CON PEQUEÑAS VARIACIONES EN UNO O AMBOS USOS DE LA TIERRA

DATOS NO DISPONIBLES

RECOMENDACIONES DE FAO PARA UNA POLÍTICA INTEGRAL AGRÍCOLA/FORESTAL 1. Para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos y otros productos procedentes de la tierra serán necesarios territorios altamente productivos gestionados de forma sostenible. 2. Los bosques desempeñan una función esencial en el ciclo del agua, la conservación de los suelos, la fijación de carbono y la protección de los hábitats, en particular los de los polinizadores. Su gestión sostenible es crucial para lograr una agricultura sostenible y alcanzar la seguridad alimentaria. 3. La agricultura sigue siendo el factor más importante de la deforestación en el mundo y es urgentemente necesario promover interacciones más positivas entre la agricultura y la actividad forestal. 4. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por los países en 2015 son “de carácter integrado e indivisible”. los progresos hacia la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la gestión forestal sostenible, elementos básicos de los ODS, deberían avanzar en paralelo. 5. Es necesaria una mayor coordinación entre las políticas sobre los bosques, la agricultura, la alimentación, el uso de la tierra y el desarrollo rural. Igualmente importante resulta disponer de marcos jurídicos claros que rijan el cambio del uso de la tierra, en particular, sistemas de tenencia de la tierra seguros que reconozcan los derechos consuetudinarios tradicionales a hacer uso de la tierra y de los productos forestales. 6. En las zonas donde la agricultura comercial a gran escala constituye el principal factor del cambio del uso de la tierra, será necesaria una regulación eficaz del cambio, con las salvaguardias sociales y medioambientales apropiadas. Las iniciativas de gobernanza privadas, como los sistemas de certifi-

SOURCE: FAO, 2015a, 2016a.

entre la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como la importancia de incluir la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad como objetivos clave de las políticas económicas nacionales. “Esos estudios sugieren que el desarrollo de economías agrícolas

abiertas y orientadas al mercado debería incluir salvaguardias sociales y medioambientales complementarias, por ejemplo, para proteger a los hogares vulnerables de las repercusiones de las fluctuaciones de los mercados mundiales y para evitar daños ambientales derivados de una

cación voluntarios y los compromisos para la eliminación total de la deforestación, también tienen un efecto positivo. 7. En los lugares en los que la agricultura de subsistencia local constituya el principal factor del cambio del uso de la tierra, se deberían aplicar medidas más amplias de mitigación de la pobreza y de desarrollo rural, así como iniciativas para mejorar la agricultura, la agroforestería y otras prácticas de uso de la tierra a nivel local. 8. El ordenamiento territorial integrado proporciona un marco estratégico para equilibrar los usos de la tierra a escala nacional, subnacional y territorial. Esto debería incluir una participación significativa de los interesados directos a fin de garantizar la legitimidad de los planes relativos al uso de la tierra y obtener la aceptación de los interesados para aplicar y realizar el seguimiento de dichos planes. 9 La seguridad alimentaria se puede lograr mediante la intensificación de la agricultura y otras medidas, como sistemas de protección social, en lugar de con la expansión de las zonas agrícolas a expensas de los bosques. 9. Aunque la mayoría de los países disponen de políticas oficiales para sus sectores forestal y agrícola, existe una necesidad cada vez mayor de políticas sobre el cambio del uso de la tierra de la actividad forestal a la agricultura y viceversa. Así lo exigen los acuerdos internacionales establecidos recientemente, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 10. La complejidad de la gobernanza del cambio del uso de la tierra se podría reducir mediante una mayor coordinación entre las políticas relativas a los bosques, la agricultura, la alimentación, el uso de la tierra, el desarrollo rural, el agua y el cambio climático. 11. Los marcos jurídicos para la conversión de los bosques en terrenos agrícolas suelen ser complejos y las prácticas locales informales pueden influir considerablemente en los ámbitos donde la aplicación y el cumplimiento de las

producción agrícola más intensiva. Los países estudiados han reconocido los grandes beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluida su contribución a programas más amplios de desarrollo sostenible, reducción de la pobreza y cambio climático”, dice.

leyes es deficiente. La función del derecho consuetudinario, basado en derechos tradicionales, resulta especialmente importante para los grupos vulnerables. 12. La pérdida de bosques es una característica de numerosos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos donde la inversión gubernamental en la agricultura y la actividad forestal es escasa. Los países que promueven la inversión y el valor añadido en la agricultura y que proporcionan una infraestructura adecuada han abordado el problema de la pérdida de bosques de forma más eficaz que aquellos cuyas inversiones son escasas. 13. La gobernanza y la gestión del cambio del uso de la tierra requieren un enfoque multidimensional que incluya una elaboración de políticas coordinada; seguridad de la tenencia de la tierra; una aplicación eficaz de las leyes; incentivos económicos específicos destinados a promover la intensificación sostenible de la agricultura, la gestión sostenible de los bosques y la inversión social en las zonas rurales; un compromiso sólido por parte de los interesados; asociaciones entre el sector público y el privado; una planificación integrada del uso de la tierra; y un seguimiento adecuado del cambio del uso de la tierra. 14. En los países que han garantizado la inversión en el sector forestal, la pérdida de bosques es menor en general. Algunos países están invirtiendo en bosques de forma que ayudan a lograr objetivos sociales y ambientales más amplios relacionados con el empleo, el cambio climático, la degradación de la tierra, la restauración del territorio y la resiliencia de la agricultura. 15. Una planificación integrada del uso de la tierra resulta importante para crear un marco estratégico que permita equilibrar los usos contrapuestos de la tierra entre las partes interesadas. Este marco debería incluir organismos gubernamentales, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil e intereses responsables por parte del sector privado. Fuente: El estado de los bosques del mundo, 2016, FAO.


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BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES Y EJIDOS FORESTALES PRESTAN MÚLTIPLES SERVICIOS AMBIENTALES Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC La biomasa acumulada en los árboles es una materia prima muy valiosa.

FOTOS: Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados

Al consumir productos de madera, evitamos fabricar productos que requieren más energía y generan contaminación, como el plástico.

E

n México, el 60.3 por ciento de nuestros bosques y selvas están en tierras de propiedad común. Los ejidos y comunidades resguardan 31 millones 959 mil hectáreas de bosques y selvas. Más de dos mil 600 ejidos y comunidades de nuestro país cuentan con un programa de manejo forestal autorizado. Esto quiere decir que realizan una serie de trabajos para conservar los bosques y al mismo tiempo producir madera y otra gran variedad de productos, propiciando así economías locales prósperas y sustentables. Gracias al buen manejo forestal que realizan estos núcleos agrarios, los bosques generan una serie de beneficios para toda la sociedad. Éstos se denominan servicios ambientales, y pueden clasificarse de la manera siguiente: 1.- Los bosques regulan los flujos del agua. Además, los bosques ubicados en las orillas de los ríos, protegen a estos cuerpos de agua de los deslaves y evitan que se contaminen con sedimentos, basura y agroquímicos. También son cruciales en la prevención y mitigación de desastres naturales como inundaciones, sequías y deslaves. Los bosques son como esponjas naturales: regulan el flujo de agua en la superficie de la tierra y debajo de ella, ayudando a conservar

mantos freáticos de calidad y en cantidad, manteniendo la humedad en el ambiente y recargando los manantiales que nos abastecen de agua limpia. 2.- Los bosques previenen la erosión de la tierra. Los bosques, con las copas de los árboles, los arbustos, las hierbas y la ojarasca, previenen que la tierra sea erosionada por la lluvia o el viento. Cuando la tierra se erosiona, es muy difícil la restauración de la capa vegetal; además, esta tierra es arrastrada hasta los arroyos, ríos, lagos, presas y el mar, afectando a las especies que viven en esos ecosistemas. El papel de los bosques en la protección del suelo es muy importante, sobre todo en zonas montañosas, donde las altas pendientes del terreno favorecen que se deslave la tierra. Los deslaves causan una serie de problemas a la infraestructura de provisión de agua potable a las ciudades, a los terrenos agrícolas y a los poblados próximos a los cuerpos de agua. 3.- Los bosques combaten el cambio climático. Los bosques son importantes almacenes de carbono que nos ayudan a regular el clima. Al crecer, los árboles absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera para incorporarlo a su biomasa y liberar oxígeno.

En México, al 2015, los bosques tienen almacenadas mil 993 millones de toneladas en su biomasa viva. El carbono no solamente se almacena en los árboles vivos. También se encuentra en el suelo y en la materia orgánica muerta. 4.- De los bosques obtenemos madera y productos forestales no maderables.

Además de la madera, de los bosques se obtiene una gran variedad de productos como: resinas, hongos, hierbas medicinales, moras silvestres, agua de manantial, tierra de monte, piedra y materiales de construcción y muchos más.

teriales para la construcción y elaboración de productos, alimentos, etcétera. Además del conocimiento sobre los usos de la riqueza biológica, las comunidades han desarrollado experiencia en su manejo, conservación y reproducción. Todo a esto ha hecho crecer lo que algunas personas llaman el patrimonio biocultural de México. 7.- Los bosques nos proveen belleza escénica.

5.- Los bosques constituyen un hábitat único.

Los bosques son espacio para el esparcimiento y la inspiración.

Los bosques son casa de miles de especies animales y vegetales.

Por la vía del aprovechamiento sustentable de los bosques, los ejidos y comunidades contribuyen a:

En México existen alrededor de 26 mil 495 especies de flora y 73mil de fauna. Entre ellas contamos con 19 mil 150 especies endémicas. Además, de las 138 especies de encinos que hay en el mundo, el 70 por ciento son endémicas de nuestro país. 6.- Los bosques tienen un valor cultural. Las comunidades indígenas en México han acumulado y desarrollado una serie de conocimientos sobre las distintas especies de flora y fauna de los bosques y selvas. Este conocimiento ha permitido obtener plantas medicinales, ma-

Conservar los bosques, la biodiversidad y los almacenes de carbono.

Dar un empleo digno y beneficios sociales a las personas que viven en el campo.

• Fortalecer las economías de las comunidades rurales. • Tener comunidades bien organizadas, capaces de proteger los bosques y generar bienestar. Para conservar los bosques, consume siempre madera de procedencia legal, producida por comunidades mexicanas.


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EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL TERRITORIO (PASMIT) Lucía Madrid Ramírez Coordinadora Regional del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC

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l pago por servicios ambientales para el manejo integrado del territorio es un mecanismo operado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, en la cuenca AmanalcoValle de Bravo, en el Estado de México. Se trata de un mecanismo que reconoce y promueve el manejo activo y ordenado de los territorios, que hacen los ejidos y las comunidades de manera colectiva e integrada. A diferencia de otros esquemas convencionales de Pago por Servicios Ambientales (PSA), el Pasmit no busca pagar por el costo de oportunidad de la tierra, porque no pretende ser un pago por mantener la tierra improductiva o por dejar de convertir un uso de suelo a otro. Al contrario, este PSA busca contribuir a solventar los costos adicionales de sí hacer, es decir, de manejar mejor la agricultura, manejar mejor los bosques, los suelos, el agua y la biodiversidad. Así, se promueve el mejoramiento de los sistemas productivos para desarrollar los medios de vida campesinos al tiempo que se conserva el capital natural. Dicho de otro modo, es un pago por generar paisajes rurales prósperos y sustentables, y así proveer mejores servicios ambientales tanto a la población local como a las poblaciones del centro del país. El Pasmit se desarrolla a partir de un enfoque de paisajes, es decir desde un entendimiento de las interrelaciones que existen entre los bosques, las tierras agrícolas, los pastizales y la diversidad de usos

de suelo que hay en un territorio. Desde este enfoque, se entiende que los servicios ambientales dependen de las estrategias de manejo de la diversidad de recursos naturales y sistemas productivos de un territorio. Por lo tanto, el Pasmit contribuye a financiar los costos de las acciones de manejo integrado y sustentable del territorio realizadas por los ejidos y las comunidades que mejoran efectivamente la provisión de servicios ambientales en la cuenca. La subcuenca Amanalco-Valle de Bravo y sus servicios ambientales. Los servicios ambientales, también conocidos como servicios ecosistémicos, son los beneficios provistos por los ecosistemas naturales (como los bosques, las selvas, los matorrales, etcétera), o por aquellos construidos por las personas (parques urbanos, agroecosistemas, presas, entre otros) que garantizan el bienestar de los seres humanos y cuya provisión depende de la funcionalidad de estos ecosistemas y del manejo que les den los seres humanos para conservar e incluso mejorar estas funciones. La cuenca Amanalco-Valle de Bravo es una subcuenca de la cuenca del Río Cutzamala, y se encuentra al poniente del Estado de México. Abarca una superficie total de 61 mil 593 hectáreas. La componen principalmente los municipios de Amanalco y Valle de Bravo, y superficies menores de los municipios de Donato Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria, Temascaltepec y Zinacantepec. Esta subcuenca es de especial importancia por los servicios ambien-

tales que brinda tanto a los habitantes del Estado de México como a la Ciudad de México. Entre ellos podemos mencionar: -

Provisión de agua de calidad. La cuenca provee casi la mitad del agua del Sistema Cutzamala, es decir aproximadamente el diez por ciento de toda el agua que llega a la Ciudad de México y su zona metropolitana.

-

Provisión de recursos forestales maderables y no maderables. La cuenca tiene más de 35 mil hectáreas de bosques que proveen materias primas como madera, leña, hongos y plantas.

- Captura de carbono. Los bosques de la cuenca capturan en promedio 208 mil 410 toneladas de CO2 por año, el equivalente a lo emitido por 83,364 autos, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. - Belleza escénica. Los paisajes de la cuenca convocan a más de 200 mil turistas al año, dejando una derrama económica de aproximadamente 250 millones de pesos anuales. -

Hábitat de la mariposa Monarca y otros cientos de especies de flora y fauna.

Desafortunadamente, en los años recientes, la cuenca AmanalcoValle de Bravo ha ido sufriendo un proceso de des-ruralización ligado a procesos de degradación

ambiental y degradación de los medios de vida campesinos y de la organización comunitaria. El alto valor de la tierra en el municipio de Valle de Bravo ha provocado que ejidos y comunidades vendan su patrimonio y que las parcelas agrícolas y los bosques se conviertan al uso urbano y turístico. Además, el crecimiento poblacional ha ido llevando a la fragmentación de la tierra y actualmente la mayor parte de las familias campesinas jóvenes no cuenta con tierra suficiente para poder sembrar y vivir del campo. Aunado a esto, los ejidos y las comunidades se han ido debilitando justamente ante la venta de sus

tierras y las pocas posibilidades de desarrollar actividades productivas en colectivo. Estos procesos de cambio de uso de suelo de agrícola a urbano y la transformación de las actividades económicas anteriormente rurales han incrementado la presión sobre los recursos naturales, especialmente sobre el agua. Además, las prácticas deficientes de manejo en los diversos sistemas productivos han abonado al deterioro de los recursos naturales. Esto ha provocado la degradación de los servicios ambientales de la cuenca, de los cuales dependen directamente las familias campesinas de la región y los cinco millones de personas que reciben agua del Sistema Cutzamala. Dicho deterioro se puede observar en los altos índices de erosión del suelo (22 por ciento de la cuenca con intervalos de erosión hídrica mayores a las 50 toneladas por hectárea al año, según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, 2004), la disminución de la calidad del agua (por causa de basura, aguas residuales, agroquímicos y sedimentos), el azolvamiento y eutrofización de la presa Valle de Bravo, los daños ocurridos a la infraestructura hidráulica de la cuenca a causa de arrastres de material orgánico y basura y la disminución de la productividad de los terrenos agrícolas con el consecuente abandono de múltiples parcelas. A pesar de la problemática anterior, existen ejidos y comunidades al igual que familias campesinas que han continuado hacien-


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10 do un esfuerzo por manejar de forma sustentable los bosques y las tierras, y es gracias a ellos que se conserva el capital natural de esta cuenca, que aún sigue generando beneficios a millones de mexicanos. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible se ha comprometido con la Unión de Ejidos Emiliano Zapata a desarrollar un instrumento que contribuya eficazmente a la gestión comunitaria del territorio por medio de un esquema que: •

Se financie a partir del pago de los usuarios de los servicios ambientales, y así promueva la corresponsabilidad para el manejo de los recursos naturales.

• Promueva el manejo activo y sustentable de los recursos naturales. •

Se conforme como un modelo de intervención territorial replicable que genere aprendizajes para el diseño de políticas públicas.

El objetivo del Pasmit es financiar e incentivar a los propietarios del territorio en la parte alta de la cuenca para la realización de acciones de gestión sustentable de los recursos naturales y los recursos colectivos, que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios ambientales de la cuenca. Las principales características de este mecanismo son: • Cuenta con un enfoque de manejo integrado de paisajes. • Fortalece la comunitaria.

gobernanza

Contribuye a alinear los programas públicos a los planes ejidales/comunales de manejo territorial.

• Impulsa la economía local y los sistemas productivos comunitarios. •

Es incluyente con los diversos grupos de las comunidades (mujeres, jóvenes, avecindados, ejidatarios/comuneros, etcétera).

Mejora efectivamente la base de recursos naturales y la provisión de servicios ambientales tanto para las poblaciones locales como para el centro del país.

Abre opciones para mantener las formas de vida y producción campesina de manera sostenible.

Genera aprendizajes que pueden replicarse para diseñar mejores políticas públicas.

El mecanismo financiero-institucional del Pasmit es el Fondo Agua y Paisajes Sustentables, un fideicomiso que recibe recursos tanto públicos como privados. Este fondo se gobierna por medio de un comité técnico plural que busca darle transparencia al uso de los recursos y contribuir a alinear las estrategias a los principios de manejo comunitario y sustentable de los recursos naturales para los que fue creado. El comité técnico a) revisa las propuestas técnicas y económicas que hacen los ejidos y las comunidades en sus planes operativos anuales y aprueba su financiamiento, b) encarga evaluaciones externas del Pasmit, c) genera directivas y recomenda-

ciones para la operación del Pasmit, d) contribuye a promover el mecanismo y enriquecerlo, e) apoya la realización de negociaciones, alianzas y consecución de fondos. Los Planes Operativos Ejidales/ Comunales (POE). El proceso de implementación del Pasmit tiene como base la elaboración de Planes Operativos Ejidales/Comunales (POE) de manera anual. Por medio de estos planes se programan las actividades a poner en marcha en cada ejido o comunidad con la asignación de recursos provenientes del Pasmit. Las actividades de los POE pueden ser de tres tipos: 1) manejo y protección de los recursos naturales, 2) fortalecimiento de la gobernanza y el capital social, 3) impulso a los sistemas productivos locales. Estos tipos de actividades están pensados para ser complementarios, ya que son tres pilares de la sustentabilidad de las iniciativas de manejo de la tierra. No pueden funcionar de forma aislada. Es decir, promover actividades de protección de los recursos naturales no es suficiente si no hay sistemas productivos rentables que le den sostenibilidad económica al esfuerzo, y tampoco esto es suficiente si no existen estructuras de gobernanza comunitaria que permitan la buena administración colectiva de los recursos. Por eso los POE balancean actividades de estos tres tipos. Los POE sirven para la canalización ordenada del recurso económico recibido del Pasmit, pero además, contribuyen a establecer líneas de trabajo reflexionadas y consensuadas para el manejo del territorio. Así, los POE adicionalmente son de utilidad para canalizar los recursos de los programas públicos que reciben los ejidos y

las comunidades de otras instituciones a acciones bien planeadas e integradas a una visión comunitaria clara de la sustentabilidad del territorio. Al planear participativamente cada ejido o comunidad las acciones y proyectos en que se invertirán sus esfuerzos y recursos por medio de un proceso construido en consenso, se busca fortalecer la gobernanza del territorio y la apropiación comunitaria del manejo de los recursos naturales. Resultados: El Pasmit se encuentra actualmente en el cuarto año de operación y ha tenido los siguientes resultados: •

Doce ejidos y seis comunidades participan en el Pasmit, elaborando anualmente planes operativos para la gestión comunitaria del territorio. Las actividades de estos planes han contribuido a: a) mejorar las prácticas de manejo de los bosques y la agricultura, b) disminuir la erosión de los suelos y el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua,

c) mejorar la calidad del agua de ríos y manantiales, d) proteger sitios de alto valor para la biodiversidad, e) potenciar iniciativas productivas comunitarias de: ecoturismo, producción sustentable de madera y carbón y producción de planta en viveros. • Los núcleos agrarios participantes han mejorado sustantivamente sus estrategias de gobernanza comunitaria por medio de: a) el uso de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, b) la implementación de políticas y procedimientos de buena administración de los recursos económicos, c) el mejoramiento de su espacios de toma de decisiones para hacerlos más participativos e incluyentes, d) la apropiación de los procesos de manejo territorial y el manejo forestal con la utilización de mejores prácticas. • La gestión integrada y ordenada de 17 mil 510 hectáreas de territorio. • La participación directa de dos mil 274 familias de ejidatarios/comuneros. • Un sistema local de evaluación y monitoreo operando, el cual cuenta con indicadores de impacto económico, social, ambiental y de manejo. • Un fideicomiso operando con una concurrencia de fondos, por medio del cual se hacen pagos por 3.6 millones pesos anuales a los ejidos y las comunidades participantes. • Tres ejidos participantes actualmente cuentan con certificado de buen manejo forestal otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC). • El proyecto recibió en 2013 el premio Land for Life de la Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD).


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Sierra norte de Veracruz

RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES AL DESPOJO: DEFENDER EL TERRITORIO ES CUIDARLO, CULTIVARLO Y MEDIRLO* Lorena Paz Paredes territorio

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Comunidades de la Huasteca

l escenario. Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz, de población otomí, tepehua y náhuatl, están defendiendo su territorio de viejos cacicazgos, y desde hace dos años, de empresas petroleras y mineras. Para resistir se han unido a otros pueblos y grupos afectados de la región Huasteca y la sierra del Totonacapan, apoyados por Radio Huayacocotla: La Voz Campesina’y el equipo de Fomento Cultural y Educativo. En el día a día, las familias y comunidades protegen sus territorios cultivando la tierra, reforestando, cuidando manantiales, montes y bosques, y año con año, haciendo el ritual de la bendición de la Semilla con curanderas y curanderos, en un esfuerzo de conservación e intercambio de granos nativos, que hoy congrega a gente de más de 20 comunidades de la zona y de lejanos pueblos de la Huasteca hidalguense. Otra manera de resistir es el ordenamiento territorial participativo que hace algunos años emprendieron autoridades y asambleas de comunidades como El Pericón, Benito Juárez, Ayoxuxtla o El Mirador, para identificar y delimitar espacios del fondo común, de áreas boscosas, terrenos de siembra, potreros, huertas y solares. “Conocer, medir, censar y tener mapas de los predios –dicen por allá– es la mejor defensa contra expropiaciones, invasiones y despojos de gente nuestra y de los fuereños”. Una ventaja es que varias comunidades están organizadas en el Comité de Defensa Campesina y la Unión Campesina Zapatista, (CDC-UCZ), conformadas hace 30 años por indígenas y mestizos en contra del cacicazgo, el acaparamiento y despojo de tierras, el maltrato, la discriminación y la represión, y que hoy exigen comunicaciones, servicios básicos, respeto a los derechos humanos y a la participación política en los municipios de Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán. La reforma energética abre puertas al capital trasnacional. En el país “la explotación de hidrocarburos afectará a más de cuatro mil núcleos agrarios en 18 zonas indígenas –dice un jesuita de Fomento Cultural y Educativo–, y es Veracruz uno de los nueve estados

que sufrirá mayores estragos con 900 mil hectáreas en riesgo”. La verdadera amenaza “es que con esta reforma energética entran en vigor concesiones mineras y petroleras con planes de expropiación o afectación de terrenos ejidales y comunales”.

tieron representantes de 17 comunidades de Ixhuatlán de Madero, de Chicontepec, de Benito Juárez, de Tlachichilco, de Texcatepec, se decidieron movilizaciones y difusión de las futuras afectaciones, y de momento, se logró detener el proyecto.

Esto quiere decir, explican en Huayacocotla, que la reforma energética y sus leyes secundarias “le abren las puertas al capital privado y trasnacional para la exploración y extracción de petróleo y gas, y que, igual que las empresas mineras de manganeso y otros minerales, está amenazando el territorio y la sobrevivencia de las comunidades de ésta y de otras regiones de Veracruz, la Huasteca hidalguense y Puebla.”

Aparte de esta dimensión de la resistencia, hay otra: las prácticas campesinas cotidianas del cuidado de las semillas, la tierra, el bosque, el agua y la vida.

Ya se han otorgado concesiones para la extracción y explotación petrolera a varias empresas en El Naranjal, Chintipan, La Soledad y Apetlaco, del municipio de Tlachichilco, y en municipios como Benito Juárez e Ixhuatlán. A futuro se afectará Texcatepec y ejidos como El Mirador, La Mina y La Jabonera. Además, como las empresas gaseras y petroleras pueden cruzar predios campesinos, afectan bosques, terrenos de labor y manantiales, lo que se agravará en los próximos años por la construcción de una extensa red de gasoductos que llevará gas a San Luis Potosí, Guadalajara, Jalisco y Guanajuato en un trayecto que va desde el Golfo hacia el occidente atravesando por norte de Veracruz. En Chicontepec, Benito Juárez, Atlapexco “se ven hoyos por toda la región […] Las empresas llegan a las comunidades, perforan y se van, y esto afecta la tierra y la vida de la gente, porque causan derrames contaminantes”. Además está la minería a cielo abierto. La más antigua es la de caolín en Huayacocotla que daña el paisaje, contamina y no deja beneficios a la población. Otro tipo de empresa extractiva de minerales ya está cerca y se suma a las amenazas históricas de deforestación y ganaderización que desde hace décadas han depredado la biodiversidad de la zona. La situación está obligando a los pueblos a organizarse, a comunicarse, a prepararse. Se han hecho reuniones, foros, encuentros, movilizaciones y una campaña informativa radiofónica desde la Radio de Huayacocotla, alertando, convocando y uniendo voces. En 2015, en un Foro de oposición al gasoducto Tuxpan-Tula al que asis-

Cuidar el bosque y el agua. Aunque las motivaciones por reforestar son distintas, para todas las comunidades de la zona sembrar árboles significa cuidar manantiales, delimitar linderos, tener cercos vivos, proteger áreas comunes y de uso doméstico. También, dicen, es una defensa contra el acaparamiento. “Quien siembra un árbol defiende el territorio”, entendiendo éste no sólo como tierra, bosque, agua,

sino idioma, rituales y costumbre. “Cuando se planta un árbol cerca del manantial, también se le hace su ritual, su oración”. O sea que reforestar es un modo de pedir, devolver el favor del agua y el frescor y de hablar con la naturaleza. Las reforestaciones que se deciden en asamblea para cuidar manantiales o áreas comunes o en riesgo de erosión se hacen en colectivo. En los viveros atendidos por Fomento Cultural y Educativo, donde se reproducen especies maderables y frutales, participa la gente, “que hoy tiene más conciencia de los beneficios ambientales y económicos del viverismo y la reforestación”. Y se nota en que se han multiplicado los viveros familiares, la siembra de barreras vivas y de huertas o los árboles en las orilladas de la milpa. En barrios de Papatlar con bienes comunales de Amaxac, ya se tie-

nen árboles aprovechables de las reforestaciones (tres hectáreas en El Zapotal, cinco en el Mirral, dos en El Plan). Ahora la gente delibera si la madera se vende o mejor se asegura el abasto de leña para el hogar. Decidan lo uno o lo otro, hay conciencia de que el corte no debe afectar la recarga de agua, y hay acuerdo en que por cada derribo de un árbol, se siembren tres nuevos. En el reglamento interno de El Pericón, municipio de Texcatepec, aprobado en asamblea a fines del 2015, la norma sobre aprovechamiento del bosque es muy clara en el artículo 11, sobre El cuidado del bosque: “En el fondo común, de bosques y astilleros, no se permite tirar árboles vivos, sólo se puede aprovechar la leña seca. La comunidad va a cuidar los bosques y astilleros para que no falte leña en las co-

FOTOS: Lorena Paz Paredes

Quien siembra un árbol defiende el


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12 cinas. Ni en terrenos comunes ni en asignaciones se pueden tirar árboles de madera o frutales sin permiso de la Asamblea. Los árboles se pueden vender o trabajar a medias, sólo con autorización escrita de la Asamblea, y sólo entre personas de la misma comunidad”.

de ejido o bienes comunales, las comunidades resultan vulnerables porque los campesinos pueden tener la intención de vender la tierra y no de defenderla, y “la privatización de la tierra es el primer paso para abrir puertas a empresas petroleras, gaseras o mineras”.

En cuanto al cuidado del agua y los manantiales, en el artículo 10 del mencionado Reglamento se aclara que:

“Los del FANAR presionan burdamente a la gente con el chantaje de que si no certifican sus predios, serán excluidos de programas gubernamentales. Y eso es falso”. Además, si se parcelan o certifican áreas comunes, dicen, la comunidad ya no podrá hacer uso de ellas ni para cazar, cortar leña, o acceder al manantial. Es decir, desaparecerían las ventajas de uso libre que hoy tienen.

“El agua no tiene dueño, cada manantial debe tener su solar con árboles suficientes para que no se seque. El terreno que abarca un manantial común lo determina la Asamblea y se respeta por toda la gente como área verde […] En esta reserva no se permite sembrar, ni tirar árboles, ni construir ni usarlo de alguna otra forma”. La reforestación por conciencia “es lo más noble y se va a apreciar en la presente temporada de lluvias –dicen– pues la vida de los manantiales y la recarga de acuíferos depende del arbolado”. En las secas del 2015 se dejó sentir la escasez de agua. En la cabecera municipal de Texcatepec “la gente hacía largas filas desde temprana hora con cubeta en mano para sacar agua de los pozos”. Por esto en 2016 se volvieron a reforestar áreas comunes, con trabajo y faenas comunitarias –como en el cerro del Zapotal, donde se arbolaron seis hectáreas–. Ahora se pretende que de cada diez árboles sembrados por lo menos uno reverdezca y se desarrolle. Las áreas protegidas de bienes comunales de Amaxac suman como 20 hectáreas y abastecen once manantiales. El equipo de Fomento piensa que la reforestación debe continuar con participación comunitaria, como hasta hoy, por ser una tarea noble y educativa, y en defensa del territorio vital. Conociendo y mapeando el territorio. El ordenamiento territorial es una necesidad histórica en esta zona, pues hay una regularización agraria incompleta, escasos mapas oficiales donde se sobreponen linderos de bienes comunales, enormes rezagos agrarios por el abandono y desinterés gubernamental, y a la vez una fuerte presión del Estado por medio del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), empeñado en certificar e individualizar bienes comunales de Texcatepec y Amaxac. Lugares donde la población y las autoridades comunitarias son más conscientes de la necesidad de defender los fondos comunes, la tenencia colectiva de áreas forestales y de siembra, están más protegidos frente al FANAR y a la eventual llegada de empresas extractivas. En cambio –dicen los promotores de Fomento–, donde hay poca cohesión social y las decisiones son más individuales aunque se trate

En 2014 y 2015 las familias de los bienes comunales de Texcatepec –que congrega a nueve comunidades– lograron detener la aplicación arbitraria del FANAR. En cambio, en Amaxac los bienes comunales están en riesgo, por el interés de acaparadores locales de tierras. Algunas comunidades están realizando censos comunitarios con independencia de las autoridades de la Procuraduría Agraria. En El Pericón se desató un intenso proceso de reordenamiento en 2014 y 2015 derivado del censo, consistente en la elaboración de un reglamento interno, la medición y el reconocimiento de solares para más de cien familias, la delimitación de siete hectáreas de bosque donde se ubica el manantial y ocho hectáreas de astilleros. En el reglamento interno aprobado en Asamblea, compuesto por 24 artículos y dos croquis, se consigna que: “Es para llevar un orden y un respeto en los terrenos, costumbres y trabajos que corresponden a nuestra comunidad de El Pericón, para que todos los habitantes sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos, para ayudar a nuestras autoridades a resolver problemas y guiar todo lo que es común […]”. Y entre otras cosas, reglamenta el cuidado de los terrenos de uso común, del agua y los manantiales, del bosque y los astilleros; sobre los solares, que no está permitido comprar o vender; sobre la herencia de predios, y el ingreso de jóvenes a los Bienes comunales; sobre las faenas y los cargos, acerca de la asignación de terrenos especiales dentro del fondo común, entre otros. El reglamento no contraviene las reglamentaciones de los terrenos de labor del Estatuto Comunal, sino que las complementa. Un efecto de este ejercicio de ordenamiento “es que ha aumentado la participación de los jóvenes que ya son mayoría en las asambleas y faenas de la comunidad –afirma un promotor– y se ha vuelto un foco de atención para comunida-

des vecinas que no han emprendido ningún ordenamiento, pero que ya se les antoja y se preguntan cómo empezar”. En cuanto a los censos, lo peculiar es que se van armando en Asamblea. Cada comunero, avecindado o recién llegado, dice cuántos predios tiene, cuánto miden, a quién le compró, vendió o heredó, y la asistencia completa, avala o corrige los datos declarados. Se trata de un ejercicio donde todos y todas aportan lo propio, lo comparten y rectifican en común. Un censo levantado de este modo habla de una práctica excepcional y resulta un documento de gran valía para la comunidad. “Se trata –dice un promotor– del censo más concienzudo”, refiriéndose al de El Pericón, y que supone mucha confianza entre vecinos, familiares y autoridades comunitarias, pues decir públicamente el terreno del que se dispone y su origen, es delicado y puede acarrear desavenencias o conflictos. Pero también fomenta la cohesión comunitaria y la solidaridad, hace que la relación de propiedad de un predio no sea un asunto individual, sino de conceso y aprobación colectiva, y, como es el caso, colabora a que algunos grupos de población como los jóvenes y las madres solteras o mujeres solas, tengan oportunida-

des de un solar, y que los chavos participen en cargos y faenas en condiciones de respeto. En Benito Juárez, comunidad censada desde 2014, la Asamblea está decidiendo redistribuir terrenos de labor (potreros y milpas) con acciones de deslinde y ocupación lo más equitativas posibles. Por ejemplo, para el beneficio de 13 jóvenes que no tienen tierra asignada ni son herederos se repartieron 35 hectáreas en La Abundancia, y 8.5 hectáreas para seis familias sin tierra asignada. En la Soledad y El Tomate del municipio de Tlachichilco, el reordenamiento consistió en la medición de solares para aclarar quién está en posesión del predio y cuánto miden las parcelas. Así, se hizo notar que a muchos campesinos les faltaba terreno y otros tenían de más; también se ubicaron áreas disponibles para los jóvenes sin tierra. En total, con participación de las y los comuneros y el equipo de Fomento, “se midieron y se delimitaron espacios comunes, como el de la Abundancia, los astilleros de El Pericón, la cancha de fútbol, dos manantiales y una reforestación común en Papatlar para defenderla de invasores o recuperar tierras tomadas por comuneros de Amaxac, sin mediar acuerdo con éstos”.

En cuanto al mapeo del territorio (cuya superficie es de cinco mil 700 hectáreas), con participación de comisariados, asambleas y vecinos, se logró hacer un mapa de las 400 hectáreas medidas de los bienes comunales de Amaxac, y otro del fundo legal y las reservas de bosque en El Pericón, además de un mapa de deslinde de colindancias entre tres comunidades. Todos los documentos resultado de la labor de ordenamiento territorial son internos, y se formularon con el debido protocolo: firmas, sellos, aval de autoridades comunitarias, y hasta se consiguió que un ingeniero civil titulado estampara su firma, pero no han sido inscritos o registrados en el Registro Agrario Nacional. Aunque no se duda de que se trata de documentos legitimados por asambleas y autoridades comunitarias, no se sabe qué valor le darán las instituciones de gobierno. Lo cierto es que estas prácticas, mapas, censos y reglamentos pueden ser inspiradores del ordenamiento territorial en otras comunidades, y un instrumento bien legitimado para evitar despojos y expropiaciones de tierras. *Este artículo es resultado de una investigación en la sierra norte de Puebla, realizada con Rosario Cobo para Fomento Cultural y Educativo, AC.


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Quintana Roo

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EN LA SELVA MAYA, EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD CON FUTURO INCIERTO Silvia E. Purata V. y Elsa A. Torres Z.

“Porque el monte no vale”. Más de 60 por ciento de los terrenos forestales de México son de propiedad social, es decir, pertenecen a ejidos y comunidades que dependen directamente de estos bosques para su subsistencia y, por tanto, si no obtienen beneficios económicos de ellos, los convierten en plantaciones o pastizales. Los bosques tienen un alto valor de uso (biológico, ecológico, social) por los productos y servicios que proveen, pero en la lógica económica, si esto no se traduce en valor monetario directo para sus dueños, los bosques tienen pocas posibilidades de ser conservados, por muy complejos y diversos que sean. Mientras los dueños de los bosques obtengan mayores beneficios económicos con otras actividades, las selvas y bosques seguirán siendo destruidos y transformados. El reto sería por tanto, encontrar formas de manejar los recursos de la selva de manera sostenible ecológica y económicamente, para convertir ese alto valor de uso en valor monetario. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Selva Maya de México y Centroamérica. Manejo forestal comunitario. Hace unos 30 años se inició en el sur del estado de Quintana Roo una experiencia de manejo sostenible de las selvas llamado Plan Piloto Forestal. La premisa básica de esta iniciativa era que la protección a largo plazo de los recursos forestales, se lograría involucrando a las comunidades locales en el manejo de sus bosques. De

esta forma, aplicando un enfoque participativo, los dueños de los bosques apreciarían que la extracción controlada de madera y otros productos forestales es una mejor opción económica que convertir las selvas en pastizales. La premisa resultó correcta. Después de unos pocos años las comunidades locales, compuestas por población indígena maya y repobladores de otros estados de la República, se transformaron de ser empleados mal pagados, a empresarios forestales. A partir de esta iniciativa, muchos ejidos de la región decidieron manejar sus bosques para la extracción de madera de forma regulada, decretando Áreas Forestales Permanentes sujetas a manejo forestal, y detuvieron así la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales y la tala clandestina. Los ingresos locales se incrementaron notablemente en un corto periodo y se hicieron nuevas inversiones que beneficiaron a las comunidades. Ofrecieron así un ejemplo de cómo la gente y los bosques pueden coexistir en el trópico. Sin embargo, este ejemplo exitoso de una forma ecológicamente responsable, económicamente viable y socialmente justa de manejo forestal, se encuentra hoydía en una situación crítica que pone en riesgo los medios de vida de las familias que viven en la región, así como la conservación de medio millón de hectáreas bajo aprovechamiento forestal, que representan cerca del diez por ciento de la superficie apta para realizar actividades silvícolas en la región. Los problemas que enfrentan las comunidades forestales en el manejo de sus bosques son de varios tipos. Aquí mencionaremos los que consideramos más importantes, que son las limitaciones técnicas, económicas y legales. Limitaciones técnicas. Durante las primeras fases del Plan Piloto Forestal, se contó con la asesoría técnica de varias instituciones, en particular de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ o actualmente GIZ) y la entonces denominada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Para iniciar las operaciones de manejo, a falta de datos locales precisos sobre las especies comerciales, se usó información de otras zonas tropicales, ninguna con las condiciones ambientales y de suelo tan particulares de la Península de Yucatán. Se pretendía que una vez que se llevaran a cabo investigaciones

Aunado al tema de los mercados se encuentra el de la competencia con los productos ilegales, que tienen muy bajos costos de producción en comparación con los de operaciones forestales que tienen que pagar servicios técnicos, permisos e impuestos. El comercio ilegal de madera se da en prácticamente todas las regiones del país y no se ve que las autoridades tomen medidas efectivas para evitarlo.

FOTO: Ejido Caoba

U

no de los retos más importantes que en materia ambiental tenemos en México es el de detener la deforestación, especialmente en los ecosistemas más diversos como las selvas o bosques tropicales. A pesar de los esfuerzos en pro de la conservación, en nuestro país cada año se pierde alrededor de medio millón de hectáreas de bosques y selvas, fundamentalmente por cambio de uso de suelo. Las selvas húmedas y semi-húmedas, los ecosistemas terrestres más diversos y complejos, cubrían originalmente cerca del diez por ciento de la superficie del país. En menos de un siglo se ha destruido el 95 por ciento de esa superficie, para transformarla en terrenos agrícolas o ganaderos. ¿Por qué se convierten los bosques y selvas en pastizales o cañaverales? La respuesta en palabras de un campesino veracruzano es:

sobre la ecología de las especies y los bosques, estos datos iniciales se reemplazarían con los datos generados localmente. Actualmente, varios de los ejidos que empezaron a manejar el bosque bajo este esquema han finalizado el primer ciclo de corta de 25 años y ya están regresando a los sitios que fueron intervenidos, es decir donde ya hubo un primer aprovechamiento. A los ejidos certificados por su buen manejo por el Consejo Mundial Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) se les ha requerido hacer el monitoreo del efecto del manejo sobre las masas forestales. Sin embargo, con algunas excepciones, en la mayoría de las operaciones de manejo se siguen utilizando los datos iniciales, ya que prácticamente no ha habido asistencia técnica especializada para analizar las respuestas de las selvas al manejo. Hay por tanto un gran vacío de información cuantitativa necesaria para tomar decisiones informadas con respecto al manejo forestal en el futuro. Entre las preguntas básicas por resolver para guiar el manejo sostenible, están las siguientes: • ¿Cuál es la tasa de crecimiento de las especies en las diferentes regiones de la Península, para calcular cuánto se puede extraer de cada una sin poner en riesgo su sobrevivencia y la productividad a largo plazo? • ¿Qué efectos o impactos ha tenido la cosecha sobre las especies manejadas y sobre el ecosistema en general? • ¿Qué tratamientos silvícolas se requieren para mejorar la productividad y a la vez conservar la biodiversidad?

La falta de información sobre la dinámica forestal no es sólo característica de las selvas. Con excepción de algunas especies, poco se sabe sobre los impactos del manejo forestal en México. Es fundamental llenar estos vacíos de información y es necesario que las instituciones de investigación y fomento lleven a cabo estos estudios en coordinación y estrecha colaboración con los dueños de los bosques y sus equipos técnicos, para que este sistema de manejo forestal, que hasta ahora ha dado excelentes resultados, pueda ver totalmente realizado su potencial. Limitaciones económicas y legales. En este rubro quizá los más grandes problemas ocurren en torno a los mercados. En las selvas de la Península de Yucatán se extraen alrededor de 20 especies con potencial comercial, sin embargo, la demanda recae en menos de una decena de ellas; es decir, hay escasez de nichos de mercado para especies poco conocidas. A esto se suma la falta de equipamiento para agregar valor a los productos primarios. Los productores comunitarios tienen altos costos de producción debido a las condiciones biofísicas de la región, la falta de una adecuada red de caminos y la carencia de maquinaria de extracción por parte de algunos ejidos. Además se carece de un sistema financiero que respalde las operaciones forestales, principalmente capital de trabajo que garantice la disponibilidad de productos –madera en rollo o aserrada– durante el ciclo productivo. Éstas, entre otras, son condiciones que colocan en desventaja a los productores forestales, pues se les complica acceder a mercados en donde se paguen precios justos por sus productos.

A este escenario se suma la sobrerregulación de la actividad forestal, pues para obtener las autorizaciones es necesario llevar a cabo una gran cantidad de trámites, lo que implica que la gente de las comunidades se desplace a las capitales de los estados para darles seguimiento, o para solventar observaciones técnicas. Dichas observaciones generalmente están sujetas a la libre interpretación de los servidores públicos, sin ningún procedimiento estandarizado. Otro problema es la duplicidad en las atribuciones de las autoridades para la aplicación de la normatividad en materia de transporte de productos forestales, lo que propicia actos de corrupción que afectan directamente a los ejidos forestales. Una consecuencia de todo lo anterior es el debilitamiento de las empresas comunitarias, situación que aprovechan los intermediarios madereros, quienes frecuentemente se apropian de todo el proceso de manejo, extracción, transporte y comercialización, generando esquemas de rentismo y resultando en algunos casos en el abandono de la actividad forestal por parte de los dueños de las selvas. Y en este escenario de abandono forestal algunos ejidatarios prefieren vender sus derechos ejidales o rentar sus tierras para actividades agropecuarias. Podemos afirmar que el manejo forestal cuando es sostenible, es además de una alternativa económica, una estrategia eficiente de conservación de la biodiversidad, pues al generarse ingresos a nivel local, se conserva el bosque prácticamente intacto, incluyendo los bienes y servicios que provee a nivel local y global. El manejo forestal comunitario se encuentra en un momento crítico y es necesario coadyuvar a resolver los problemas que enfrentan las comunidades, pues, por lo que podemos observar, parece que hay menos restricciones para la conversión de terrenos forestales a agrícolas o ganaderos, que para su conservación por medio del fomento de una actividad sostenible, con múltiples beneficios para los dueños de los bosques y para la humanidad entera.


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PRODUCTOS HECHOS CON EL CORAZÓN: FSC

Cuando compras un producto certificado por el FSC estás haciendo un bien, y con cada compra contribuyes a un futuro más brillante para todos. Eso pasa cuando los productos están hechos con el corazón. Janeth Pineda Forest Stewardship Council j.pineda@fsc.org “Comunidad” se refiere a zonas rurales habitadas por pueblos indígenas o comunidades tradicionales. Pero, ¿qué significa pequeño productor? Esta categoría incluye a aquellos que son limitados en términos de tamaño de área que manejan o en volumen de árboles que recolectan. Su elegibilidad depende de las pautas que la FSC califica.

E

l Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental internacional dedicada a promover la gestión responsable de los bosques del mundo. Ejecuta un sistema de certificación forestal mundial con dos componentes claves: Manejo Forestal y Cadena de Custodia.

Este sistema permite a los consumidores identificar, adquirir y utilizar la madera y productos forestales obtenidos de bosques bien manejados. El logotipo de “ árbol “ del FSC se utiliza en las etiquetas del producto para indicar si los productos están certificados bajo el sistema de esta organización.

El FSC certifica a pequeños productores y comunidades, incluyendo familias, cooperativas y pueblos indígenas. Ellos manejan bosques y producen bienes respetando los derechos humanos y protegiendo el medio ambiente. Generan un ciclo de prosperidad entre ambas cosas, acrecentando nuestros bosques y la bonanza en estas comunidades. La Small and Community Label Option (SCLO, por sus siglas en inglés) es una opción de certificado de la que se podrán beneficiar muchos de ellos. La etiqueta en sus productos dirá: “Proveniente de bosques bien manejados por pequeños productores o comunidades”.

Esta es una excelente opción para entidades como “Pueblos Mancomunados” que es un conjunto de comunidades que se dedican a la industria forestal. Ellos aprovechan la madera para hacer y entregar productos ya terminados, tales como antecomedores, salas, guardarropas, recámaras y comedores. Pueblos Mancomunados está amparada por resolución presidencial desde 1961 y lleva 39 años como empresa forestal comunal. Se reubicaron en San Mateo Macuilxochitl en 1996 para aprovechar las ventajas que ofrecía este lugar, como un clima más favorable, mayor abastecimiento de madera, la cercanía a ciudades y más. Uno de los objetivos principales que tiene Pueblos Mancomunados es que su fuerza laboral no migre a buscar oportunidades de trabajo en otra zona, estado o incluso país. Genera empleos no sólo para ellos sino también para mujeres y jóvenes (casi 120 hasta ahora). Con la tecnología de hoy en día resulta más fácil poder dedicarse a esto generando conciencia respecto de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente.

De conseguir el sello SCLO, además de gozar de muchísimas otras ventajas, estas comunidades podrán comunicarse más y mejor con los consumidores finales y con otras empresas que funjan como sus clientes. Esto, con una estrategia de mercadeo y comunicación que incluye etiquetas vistosas que indican cómo fue hecho el producto, y por qué deberías comprar más como el que tienes en las manos. HECHO CON AMOR El plan de mercadeo de este certificado tiene un mayor trasfondo de lo que se puede leer en el producto: significa generación de

empleos y ayuda al medio ambiente, lo que contribuye a que la gente y su entorno aprendan a coexistir y se beneficien de ello. Es por eso que en parte los esfuerzos de campaña implican contar la historia de estos productores para crear una conexión real con el consumidor, haciéndolo también más consciente del cambio que está generando mediante la compra de dicho producto. Esta campaña se llama “Hecho con el Corazón”. El objetivo es conectar historias de productores con los consumidores que tomen decisiones inteligentes en sus compras. El kit de mercadotecnia incluye la etiqueta con el lema, las historias, una infografía con el “Ciclo de prosperidad” que se genera, una lista de “bienes intangibles”, banners, e información extra en el sitio web, todo listo para bajarse e imprimirse. Estas etiquetas buscan: educar al consumidor respecto al trasfondo de comprar un producto de la FSC, pues es mucho más de lo que se percibe, indicar lo que se hizo en la cadena de suministro en pos del medio ambiente y de su sustentabilidad. También incluye los “ingredientes especiales” que se utilizaron para crear el producto que está en tus manos, como respeto, cuidado, protección, prosperidad y empoderamiento a las comunidades. El lector puede ponerse en contacto con la oficina nacional de FSC para bajar el kit para certificados con sus respectivas guías introductorias y rúbricas.


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COMUNIDADES CAMPESINAS Y APROVECHAMIENTO FORESTAL EN MANOS DE JÓVENES COMPROMETIDOS Gerardo Suárez Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC

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l aprovechamiento forestal sustentable es una actividad que permite a las comunidades y los ejidos propietarios de los bosques generar ingresos y mantener en buen estado los recursos forestales. Y eso no es todo, estas comunidades conforman empresas forestales comunitarias con sistemas administrativos cada vez más estructurados que les han permitido mejorar sus prácticas de aprovechamiento y lograr la certificación internacional cumpliendo con los más altos estándares de manejo forestal, que establece el Consejo Mundial de Gestión Forestal (Forest Stewardship Council, FSC). El ejido Nuevo Bécal, de Campeche, con sus 52 mil 800 hectáreas de selva, obtuvo en junio de 2016 su certificación en manejo forestal, luego de seis meses de trabajos preparatorios y recorridos de campo que permitieran comprobar, frente a los evaluadores externos, el cumplimiento a todos los principios y criterios que establece este esquema de certificación con reconocimiento mundial. Con la incorporación de estas 25 mil hectáreas, la superficie forestal certificada en México ya rebasa las 900 mil hectáreas, lo que representa cerca del 20 por ciento del total de la superficie forestal bajo manejo en nuestro país. Uno de los requisitos primordiales para aspirar a lograr la certificación es contar con un Programa de Manejo Forestal aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo cual implica que el ejido o comunidad cuenta con estudios rigurosos del estado del bosque, con inventarios forestales y planes de corta de largo plazo, así como con documentación que respalde la propiedad de la tierra, entre otros muchos requisitos. El nivel de organización interna y la estructuración de su iniciativa forestal le ha permitido a Nuevo Bécal hacer más eficientes sus actividades y llevar un control de los volúmenes de madera que se cosechan y se venden. Las tareas de monitoreo, seguimiento y administración requieren de una preparación y especialización por parte de los miembros del ejido y, en esto, un elemento clave son los jóvenes. Las nuevas generaciones: hijos y nietos de ejidatarios, se están preparando académicamente. Salen de la comunidad a estudiar el bachillerato, la universidad o alguna carrera técnica que les permita regresar al ejido, más tarde, a aplicar

sus conocimientos. “Muchos se van a estudiar a la escuela forestal”, destaca Tomás Amauri Jr., un joven de 21 años que desempeña las funciones de jefe de campo y promotor forestal en el ejido.

como la pérdida de mano de obra, la dependencia de los hogares a las remesas que envían los jóvenes, la sobrecarga de trabajo para los miembros de la familia que no migran, y la adopción de patrones de consumo insostenibles.

Entre sus responsabilidades están la definición y división de las áreas de corta en cada anualidad; “para este año se dividieron las 500 hectáreas aprovechables en cuatro fajas de acuerdo con la mejor distribución de los árboles para que cada grupo de ejidatarios pueda cubrir las cuotas que les correspondan de cada especie de árbol”, explica Tomás. Además, durante el proceso de corta, Tomás, acompañado del Consejo de Vigilancia, realiza recorridos de campo para supervisar que los trabajos se lleven a cabo conforme al Programa de Manejo y aplicando las mejores prácticas de aprovechamiento forestal: que no dejen basura, que no tiren árboles que no están marcados, que saquen todas las puntas y ramas, y que dejen en buen estado las áreas intervenidas para que éstas pronto se puedan recuperar. Tomás registra en bitácoras los hallazgos detectados y los reporta al comisariado ejidal. De esta forma, en la Asamblea General de ejidatarios se comentan y resuelven las controversias derivadas de malas prácticas identificadas durante los trabajos de aprovechamiento forestal. “Si no se hacen los trabajos como se debe, el bosque se deteriora y además el ejido puede ser sancionado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), o bien podemos perder la certificación de buen manejo forestal que tanto nos ha costado conseguir”. Sangre joven. El ejido Nuevo Bécal aprovecha sus recursos forestales con base en un Programa de Manejo Forestal desde el año 2009. “Antes sí se aprovechaba el bosque, pero sin orden ni control; la gente tiraba arbolado un tanto aquí otro tanto allá. Pero ahora las cosas han cambiado. El manejo planificado permite mantener en buen estado el recurso y garantizar la permanencia del bosque en el largo plazo. Por ejemplo, dice Tomás, “esta área que se aprovechó en el año 2011, ya se ha recuperado y hoy pareciera que nunca lo hubiéramos intervenido”. Subraya que “lo que hace falta es que el ejido se equipe con su propia maquinaria, para que ese dinero que ahora se gasta en la renta de equipo (grúas, motosierras, tractores Tree farmers, camiones)

Conciencia ambiental y conservación. Tomás es hijo del actual comisariado ejidal de Nuevo Bécal, y desde muy chico le gustó andar en todos los menesteres del ejido junto a su padre. Conoce perfectamente la operación del aprovechamiento forestal y la importancia de conservar los recursos naturales. Por ello fue designado como promotor forestal.

se quede en el ejido en beneficio de la gente”. “Se ha intentado convencer a los ejidatarios para que se cree un fondo que permita capitalizar al ejido y poder adquirir maquinaria con el dinero que se saca de la venta de la madera y carbón, pero algunos con poca visión se resisten pues quieren recibir pronto su reparto de utilidades, no ven más adelante; sin embargo, las cosas están cambiando y ahora las nuevas generaciones traemos nuevas ideas. Tomás decidió no seguir estudiando; al concluir la secundaria ingresó al bachillerato pero ya no le gustó, prefirió dedicarse de lleno a los trabajos de su ejido. No obstante, tiene claro que la formación académica es muy importante para alcanzar un mejor nivel de vida y fortalecer las capacidades del ejido, por ello, se esfuerza en trabajar y aprender haciendo, y de esa forma costear la educación de su hermano menor para que cuando concluya su carrera en la escuela forestal regrese al ejido a aplicar sus conocimientos. “Mi otra hermana también está estudiando, ella cursa la carrera de Derecho en una universidad de paga en Yucatán, y yo creo que cuando termine también podrá ayudar con cosas del ejido”, indica Tomás. Comenta que otros jóvenes y sus familias están haciendo lo mismo: juntan dinero, producto de su trabajo en el aprovechamiento forestal y otras actividades como la producción de miel y la crianza

de ganado; para que los “chavos se vayan a estudiar y luego vengan a trabajar al ejido”. El aprovechamiento forestal comunitario es un esquema que permite conservar los bosques y generar empleos e ingresos para las comunidades rurales. Los jóvenes pueden encontrar oportunidades de empleo en sus propios ejidos y comunidades cuando en éstos se emprenden proyectos de manejo forestal y así evitar la migración en busca de ingresos o mejores condiciones de vida. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de todos los emigrantes del mundo son jóvenes de entre 15 y 34 años, muchos de ellos del sector rural. Por ello, el 40 por ciento de las remesas que se generan en el mundo se envían a zonas rurales. Asimismo, la FAO indica que las principales causas de la migración de jóvenes rurales son la insuficiencia alimentaria y de ingresos y la degradación ambiental. La salida de los jóvenes es una pérdida sustantiva, los ejidos pierden el bono generacional, y no se aprovecha su fuerza y vitalidad para generar desarrollo local. Por ello resulta clave poner en marcha proyectos productivos bien estructurados de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permita la generación de empleos e ingresos en las propias comunidades. La migración de los jóvenes rurales genera impactos negativos

El hijo del ejidatario platica que hay contratistas que ofrecen comprar el arbolado en pie, a cambio de un pago por adelantado, haciendo a un lado a los ejidatarios de las actividades administrativas, productivas y comerciales del aprovechamiento forestal. Bajo ese esquema, el ejidatario sólo recibe su renta y del resto se encarga el contratista. “Pero cuando eso ocurre, perdemos el control de nuestros recursos, perdemos la oportunidad de aprender a manejar nuestro bosque y la oportunidad de generar oportunidades para la población local”, enfatiza. “A los compradores no les interesa cómo queda el bosque después las labores de extracción; ellos sólo sacan los mejores troncos y la madera con mayor diámetro y dejan todo lo demás tirado”. Abunda que por ello “estamos en favor de capitalizar la empresa ejidal y en capacitar a los jóvenes para que no se tenga que trabajar más con contratistas y solo sean los ejidatarios quienes realicen el manejo del bosque”. En Nuevo Bécal, refiere Tomás, “hemos tomado medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad del bosque, porque hay muchas especies de plantas y animales que debemos proteger pues están enlistadas en la Norma Oficial Mexicana que establece aquellas que están bajo riesgo o amenaza. La salud del bosque depende de la permanencia de la diversidad de las especies. “Las medidas de protección del bosque han sido acordadas en la Asamblea de ejidatarios y establecidas en el Programa de Manejo. Además hemos mandado a hacer letreros con información sobre las especies protegidas para colocarlas en donde haya presencia y así recordarles a los ejidatarios que tengan presente que están ahí y lo importantes que son”.


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INDISPENSABLE, LA CERTEZA JURÍDICA PARA CONSERVAR LOS BOSQUES porque no lo hacen por depredar sino por obtener recursos. “Toda la asistencia social que hemos brindado (a las comunidades forestales) se ha hecho con recursos propios, no hemos recibido recursos de fondos internacionales, aunque nos gustaría recibirlos en compensación al trabajo de conservación y reserva de carbono”, dijo. Por su parte, Cornelis M., gobernador de la provincia de West Kalimantan, Indonesia, pidió ovacionar a los líderes de las comunidades por su gran labor de conservación e los bosques.

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l fortalecimiento de las comunidades forestales e indígenas es prioritario para lograr las metas de reducción de la deforestación y conservación activa de los bosques. Los pueblos y las comunidades, muchos de ellos indígenas, son los dueños de los bosques. Y éstos son el espacio que aquéllos habitan y su principal fuente de ingresos. Sin embargo, según señalan alcaldes del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF), estos pueblos no tienen certeza jurídica en la propiedad de sus tierras y no pueden desarrollar proyectos de aprovechamiento sustentable de sus bosques que permitan su conservación al tiempo que les generen ingresos. En el Panel de gobernadores celebrado como parte de las actividades de la Reunión Anual del GCF y la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, el titular del gobierno de la provincia de Loreto, Perú, Fernando Meléndez, destacó que la falta de seguridad jurídica en los territorios de las comunidades indígenas es un problema que debe ser resuelto lo más pronto posible, porque en los territorios donde hay tala ilegal es donde los bosques están en riesgo. Las comunidades indígenas requieren de la titulación de sus tierras para aprovecharlas y conservarlas de forma sustentable; por ello, comentó, en los próximos cinco años trabajarán para tener todos los territorios indígenas titulados. Añadió que es una prioridad política dar a los pueblos indígenas se-

guridad jurídica en sus territorios. “Hemos encontrado que la titulación es un modelo exitoso desde la comunidad, porque los vigilantes de las riquezas forestales son las comunidades indígenas”. Durante este evento realizado en Guadalajara, Jalisco, Fernando Meléndez subrayó que “la amazonia del Perú concentra una de las más grandes reservas de carbono, casi seis millones de toneladas de carbono. Pero esa riqueza es contrastante con los niveles de pobreza que se registran en la región. Sobre todo en la provincia de Loreto, porque las comunidades no

tienen certeza jurídica en la propiedad de su bosque”. El gobernador del estado brasileño de Rondonia, Confúcio Aires Moura, indicó que en su país se logró reducir la deforestación en un 80 por ciento gracias a políticas y esfuerzos con enfoque comunitario y “son esas experiencias las que se deben compartir para apoyar a la conservación de los recursos forestales”. Detalló que el Estado tiene que estar cerca de las comunidades para llevarles asistencia social y ayudarlos a que no deforesten,

Explicó que los grupos indígenas son muy importantes en la protección de las áreas forestales, y lo que hemos visto en relación con el acuerdo de Rio Branco, cuyo objetivo es reducir la deforestación en un 80 por ciento para el año 2020; es que a los países industrializados, como Estados Unidos no les interesa y ni se comprometen del todo con este reto. “Si nos apoyaran los países desarrollados, que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, podríamos alcanzar más metas. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer a las comunidades para que sigan conservando los bosques”, resaltó el gobernador indonesio. El moderador del Panel de gobernadores Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, mencionó que si los gobiernos locales no participan comprometidamente se complica demasiado el cum-

plir con las metas de mitigación del calentamiento global. “El reto es encontrar mecanismos de financiamiento, de conservación y combate a la deforestación en beneficio de las comunidades”. Propiedad de la tierra en México. Alrededor de 70 por ciento de la superficie terrestre de México corresponde a bosques y selvas que son propiedad de los ejidos y las comunidades que las habitan. Si bien es cierto que cuentan con certeza jurídica en la propiedad de sus bosques, enfrentan obstáculos burocráticos que restan competitividad a sus empresas forestales comunitarias. Sin embargo, diversos estudios, como el de “Competitividad y acceso a mercados de empresas forestales comunitarias”, de Frederick Cubbage, han demostrado que los emprendimientos de aprovechamiento forestal sustentable de ejidos y comunidades son un modelo rentable que permite generar ingresos y conservar los bosques de manera activa. Más de 900 empresas forestales comunitarias operan en México y producen madera con márgenes de rentabilidad, aunque podrían ser más competitivas si se simplificasen los procedimientos para las autorizaciones del manejo y aprovechamiento sustentable del bosque, puesto que la carga que implican esos trámites con las distintas entidades de gobierno pueden ascender al 23 por ciento de las ganancias netas obtenidas por la venta de la madera.


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LOS JÓVENES EN EL CAMPO, NUEVOS ACTORES SOCIALES Hubert C. de Grammont IIS-UNAM

Esta situación se refleja en la transformación y diversificación de los hogares rurales. Tal vez el fenómeno más importante por sus consecuencias en la transformación de la sociedad rural es el aumento de los hogares que no trabajan en la agricultura, ni como productores ni como asalariados, pero que se quedan en su localidad de origen mientras sus miembros buscan ubicarse en los mercados de trabajo vía complejos procesos migratorios circulatorios. El crecimiento de la población rural se debe al impresionante incre-

ORGANIZACIONES CONTRA EL TPP; EXIGEN AL SENADO LA NO RATIFICACIÓN Los días 4 y 8 de noviembre la Convergencia de Organizaciones y Ciudadanos “México Mejor sin TPP” realizó diversas acciones de protesta en contra del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y exigió al Senado de la República no ratificar este acuerdo, que firmado por el gobierno mexicano el pasado 4 de febrero. En reunión con diversos senadores las organizaciones presentaron un documento donde argumentan por qué el Senado de la República debe rechazar el TPP. Estas son las demandas y exigencias planteadas:

sociedad agrarista patriarcal hacia una sociedad rural más diversificada en donde el empleo tiende a sustituir a la tierra como eje organizador de la vida de la población, y esto en dos niveles: en el hogar y en la comunidad.

Mientras el proceso de construcción del campesinado mexicano (la recampesinización por el reparto agrario) duró unos 70 años, su proceso de desconstrucción tomó menos de dos décadas. Se ha dado con una velocidad tal que no logramos vislumbrar aún sus verdaderas consecuencias, aunque ya podemos constatar el surgimiento de nuevos actores sociales, como las mujeres y los jóvenes. Como en el resto de la sociedad, hace tiempo que los jóvenes rurales se han apropiado de las diferentes tecnologías de internet (telefonía celular, Facebook, WhatsApp), y su uso se ha ampliado en la medida en que su costo ha disminuido. Eso les ha permitido complejizar sus relaciones sociales y crear nuevos espacios de coordinación social. Una consecuencia fundamental de las redes virtuales es que permiten a los migrantes tener una

FOTO: Aldo Falcón

mento de estos hogares rurales no campesinos (véase la aparición de los avecindados en los ejidos). Además, los hogares de los pequeños productores agropecuarios incrementan sus actividades fuera de la finca familiar (pluriactividad) como resultado de estrategias de sobrevivencia para enfrentar la crisis de la economía campesina. Ambos tipos de hogares rurales tienen perfiles sociodemográficos diferentes. Los primeros (no campesinos) tienen un perfil más urbano, con familias más pequeñas, jefes de hogar más jóvenes, niveles educativos sensiblemente más elevados, mayor participación en el empleo asalariado de los jóvenes y mujeres así como en los flujos migratorios.

información abundante, completa, actualizada y accesible, y cara a cara sobre los mercados de trabajo lejanos, incluso en otros países. Con ello pueden adaptarse mejor a las necesidades de la movilidad laboral. Aunque no puedan cambiar las condiciones de la precariedad del empleo, por lo menos esto les permite conseguir mayor cantidad de trabajo. Pertenecer a una red virtual es un ventaja comparativa importante para obtener trabajo. Un buen ejemplo de ello es el de cuatro jovencitas que viven en zonas rurales, unas en México y otras en Estados Unidos. Son Maritza, Vianey, Aurora y Mary Carmen están en el centro de una red de decenas de contactos (Fa-

cebook, Whatsapp, chat, Skype) y se comparten la información clave que les permite tener un amplio conocimiento sobre diferentes tópicos de gran utilidad para migrar y conseguir trabajo en ambos países (vida de los miembros de la red, condiciones de trabajo en muchas partes, posibilidades de apoyo, etcétera). La fuente de esta información es: Luna Hernández, Alfredo, 2014 “Redes migrantes y complejidad del vínculo: un estudio sobre mercados de trabajo rurales”, Tesis de Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México. Esta nueva situación es uno de los factores que inciden en la profunda transformación de la vieja

1. La No ratificación del TPP.

(LFCP) y den inicio a un petición de consulta popular para someter la ratificación o no del TPP a consulta con la ciudadanía en general.

2. La realización de una evaluación independiente de los impactos multidimensionales (soberanía nacional, constitucionalidad, congruencia con el sistema constitucional e internacional de derechos humanos, económicos, comerciales, financieros, tecnológicos, sociales, ambientales, derechos digitales, etcétera) del TPP. 3. La respuesta formal y jurídica a los cuestionamientos de los relatores y expertos de la ONU sobre derechos humanos respecto al carácter violatorio del TPP al marco internacional de derechos humanos. 4. La realización de consultas a los pueblos indígenas en los términos del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas respecto de la

En el primer nivel, además del padre de familia, los demás miembros que aportan ingresos propios al hogar tienen cada vez más la posibilidad de participar en la toma de decisión, o, en caso de incompatibilidad, de abandonar la familia para vivir su vida de manera autónoma. Existen entonces nuevos entramados de tensiones y conflictos dentro de la familia, por género y generaciones. En el segundo, la creciente presencia de una población rural no agrícola ha transformado la vida de la “comunidad campesina”. Esto se puede constatar con el surgimiento de nuevos conflictos en los pueblos, como son las nuevas contradicciones que existen entre los “avecindados” y los ejidatarios, así como entre migrantes y no migrantes, por el control de las autoridades municipales o de sus delegaciones cuando existen. Hoy en día los campesinos conviven con una población rural joven que no tiene tierra pero que reclama sus derechos de participación en la vida de sus pueblos. Sin embargo, todavía atenidos a las formas de gobierno de la vieja comunidad agraria patriarcal, basada en la posesión de la tierra, los campesinos no aceptan con facilidad compartir el poder local con los nuevos miembros de la actual sociedad rural. Esta nueva problemática está en el centro de muchos conflictos locales.

FOTO: Enrique Pérez S. / Anec

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on la mundialización, surgen dos nuevos fenómenos en el campo mexicano. Por un lado el impresionante crecimiento de las maquiladoras y del trabajo a domicilio cuyo modelo más conocido es el de la industria de la confección que penetra hasta en regiones indígenas marginadas. Por otro lado, el desarrollo de los transportes y de los medios electrónicos de comunicación, que han incrementado exponencialmente la movilidad de la población rural, aun de la población rural pobre, que le permite adaptarse a las nuevas condiciones de los mercados de trabajo precario y flexible, propios del actual proceso de industrialización posfordista. Estamos frente a un nuevo reparto espacial del empleo que provocó un importante incremento del Empleo Rural No Agrícola. Así, el empleo rural se ha modificado profundamente en los 30 años recientes. Ha pasado de ser un empleo esencialmente agrícola a un empleo asalariado predominantemente desempeñado en los sectores secundarios y terciarios.

conveniencia o no de la ratificación del TPP. 5. La apertura de un amplio espacio de diálogo y deliberación público sobre la conveniencia de ratificar o no el TPP con todos los sectores productivos y sociales, así como con representantes de los gobiernos estatales y de los

municipios del país, dejando de lado la simulación de foros de consulta a modo y de mero trámite. 6. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a los integrantes de la H. Cámara de Senadores hagan ejercicio de la facultad concedida por la fracción II del artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular

El artículo 4 de la LFCP señala que “la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. Asimismo, la norma en comento establece que serán considerados temas de “trascendencia nacional” aquellos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que impacten sobre una parte significativa de la población. Se puede consultar el documento aquí: http://anec.org.mx/tpp/porque-el-senado-no-debe-ratificarel-tpp-modificado


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FLORECE EL AMARANTO Martha García y Guillermo Bustamante Escritores y periodistas

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FOTOS: Roque Reyes

sistir al Día Nacional del Amaranto –celebrado en octubre en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México– reafirmó nuestra convicción de que para enfrentar la pérdida de seguridad y soberanía alimentarias, la desnutrición, los daños a la salud y al medio ambiente, el desequilibrio en los ecosistemas agrícolas y la disminución en la diversidad de especies comestibles, se requiere abordar la producción de alimentos desde una perspectiva multidisciplinaria. Estamos convencidos de la urgencia de mirar hacia adentro: volver la vista a los saberes que sustentaron la vida de las culturas originarias de nuestro país; enfocar la mirada en sus prácticas agrícolas –las cuales evidenciaron que la diversidad biológica abona a la coexistencia e interacción benéfica entre las especies y consolida la sustentabilidad–; reconocer y valorar el amaranto como uno de los alimentos que nutrieron a los antiguos pobladores, junto con el maíz, la chía y el frijol, fortaleciendo el tejido social de sus comunidades y reforzando su identidad individual y grupal. Reactivar el mercado interno de nuestros cultivos originarios nos permitirá volver a nuestras raíces culturales para retomar y enriquecer los hábitos alimenticios que conformaron la dieta tradicional de los mexicanos. En el caso del amaranto, su producción y el consumo han dado pie a que las comunidades rescaten sus saberes ancestrales y empiecen a construir un saber multidisciplinario y, por tanto, se apropien de conocimientos valiosos en diversos ámbitos. Son múltiples y variados los esfuerzos que se han realizado para impulsar la cadena productiva del amaranto en sus distintos eslabones mediante diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas. En términos generales, todos los entrevistados coinciden en que eventos como el Día Nacional del Amaranto no sólo posibilitan la difusión entre los consumidores acerca de sus beneficios nutritivos y en la salud, sino también el intercambio de experiencias y la consolidación de organizaciones como el Grupo de Enlace para la Producción del Amaranto en México, que desde finales de 2013 integra a escala nacional a productores, transformadores, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de posicionar al amaranto como cultivo estratégico. Mauricio del Villar, coordinador del Grupo Enlace, explicó

veces ha sido primer productor de amaranto a escala nacional. El investigador Adrián Argumedo Macías, del Colegio de Posgraduados campus Puebla, explica que a fin de incentivar el consumo del amaranto en la comunidad se han instrumentado dos estrategias: incorporarlo en la dieta común –así lo hizo “una nutrióloga al detectar que en Tochimilco son muy asiduos a comer torta de papa, a tomar licuado y agua fresca”–, e introducir equipos de portátiles para reventar la semilla en las poblaciones, a fin de que la gente pueda usarlos. “Incluso llevamos la reventadora a los kínderes, para que las mamás lleven su kilito de amaranto, les damos una plática, luego lo reventamos, lo prueban y hacemos que pasen los niños, y ahí están come y come”. Lo mismo hace el productor Hugo Esteban Rojas en Huamantla, Tlaxcala, cuando lleva a las escuelas una reventadora portátil. “Me planto ante 200 alumnos y les digo: esto es una experiencia de vida. Van a saber a qué huele el amaranto y a sentir su textura crujiente. Cuando está saliendo de la reventadora pido que lo coman. ¿Ven?, es un ataque a los sentidos, les garantizo que se van a acordar del amaranto el resto de sus vidas”.

que los ejes de la producción, transformación y el consumo del amaranto se orientan a la recuperación del valor histórico-cultural que tenía para los pueblos prehispánicos; al fortalecimiento de la actividad agrícola y la revaloración del trabajo de los campesinos mexicanos; a la alimentación nutritiva y a lograr nuestra soberanía alimentaria; a los beneficios en la salud; al mejoramiento de la economía familiar y comunitaria, y a la construcción de políticas públicas. Por casi tres años, productores y transformadores de siete entidades (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala) han abierto nuevos horizontes, por medio de congresos y encuentros nacionales, ferias y días del amaranto, labor que ha fructificado en el incremento de la producción, la diversificación de la transformación y un mayor consumo. Voces de alegría. Dejemos que sean los protagonistas del Día Nacional del Amaranto –organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema Producto Amaranto del DF y el Grupo En-

lace para la Producción del Amaranto en México– quienes nos cuenten sus vivencias en torno a esta semilla milenaria. Tulyehualco y Morelos son los únicos reductos de la época mesoamericana que, a pesar de las restricciones impuestas en la Colonia, se las ingeniaron para seguir cultivando la semilla. En Tulyehualco se cultiva Amaranthus hypochondriacus, semilla que ostenta una variedad de colores, desde verde pálido y café hasta rojo tenue, muy fuerte y magenta. Este año, a la alegría de Tulyehualco se le denominó Patrimonio Intangible de la Ciudad de México, un reconocimiento muy merecido para esta comunidad que sostiene gran parte de la producción agrícola en la capital. Jaime Morales Olivos, productor de esa población, refiere que ahí se realizó la primera feria de la alegría y el olivo hace 35 años, y Marco Antonio Molotla Jiménez, nativo del mismo lugar, añade que “desde que existía la Gran Tenochtitlán la producción del amaranto nunca se ha interrumpido en la zona, ha pasado por las familias de generación en generación. Hoy el amaranto está pro-

fundamente arraigado en nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra sangre”. Rafael Zavala Dorantes y Arturo Dimas González, de Huazulco, municipio de Temoac, estado de Morelos, revelan: “Tenemos semillas originarias. La más representativa del estado de Morelos y de nuestra población es una semilla que le decimos payasita, que es de varios colores. Ésa es la nativa de la comunidad”. A decir de los productores, ambas comunidades están en proceso de regresar a la forma natural de cultivo, evitando progresivamente los agrotóxicos. Los pobladores de Tulyehualco aprovechan la planta de manera integral: la comen tierna como cualquier otro quelite; usan las hojas para agua fresca, ensaladas, sopas, guisados y tortitas; con el grano tostado y reventado hacen dulces, cereales, harinas y sus derivados; los residuos de la planta seca los mezclan con salvado u otros granos para forraje, y la vara se emplea como abono. En cambio, el consumo de amaranto en la dieta diaria de los morelenses aún es mínimo. Lo mismo ocurre en el municipio de Tochimilco, Puebla, que varias

La experiencia de Huixcazdhá, en Huichapan, Hidalgo, es un ejemplo a seguir. Diego Manrique de Lara detalla que su hermano Benito combatió con suplementos alimenticios de amaranto la desnutrición infantil y en pocos años logró erradicarla. “En 2007, Huixcazdhá fue la primera comunidad en ser declarada libre de desnutrición infantil en el estado”. Otro ejemplo a seguir es el de los productores y transformadores de la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Mixe de Oaxaca, donde desde 2003 la Asociación Civil Puente a la Salud Comunitaria ha promovido en las comunidades su autoorganización con base en la producción del amaranto, a fin de generar un sistema alimentario sustentable, que abra nuevas oportunidades en la producción agrícola y apoye la economía familiar. Ocho años llevan los productores celebrando el Día del Amaranto en Oaxaca, como un modo de festejar su derecho a consumir alimentos sanos, y a decidir cómo producirlos. Finalmente, durante la celebración, se ventiló la propuesta al Congreso para que el amaranto se integre a la canasta básica como el cultivo 12, y que se declare el 15 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, como Día Mundial del Amaranto.


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MEZCALES TRADICIONALES Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Baja California

WAÁ PYI / AQUÍ ESTAMOS: LA LUCHA POR LA MEMORIA Y LA TIERRA DEL PUEBLO COCHIMI Blanca Alejandra Velasco Pegueros UAM-X

Cornelio Pérez (Tío Corne) Coordinador de la Logia de los Mezcólatras, grupo dedicado a saborear Mezcales Tradicionales (MT) desde 2005

Si se subordinan a la DOM y, por tanto, a la Norma Oficial (NOM), o a la Norma de Bebidas Alcohólicas si es que son elaborados en regiones no incluidas en la DOM –nueve estados–, en esas comunidades serán considerados productos adulterados, que responden a una elaboración industrial cuyo objetivo es su comercialización fuera de la región, no local, con lo que se pierde la tradición, la originalidad y la cultura regional que da sentido y cohesión a dichas comunidades. Desconcierta la incomprensión ante el hecho de que el tema del mezcal no tiene qué ver con la comercialización, sino que se refiere al respeto al derecho de las comunidades mezcaleras para preservar su cultura; o sea, el respeto a sus derechos humanos en la modalidad de derechos culturales (que son irrenunciables) a conservar y reproducir la cultura que les da identidad. Derechos establecidos en el artículo cuarto de la Constitución. Otro asunto ausente es el de las calidades del mezcal; comprensible cuando la preocupación central es la comercialización, no sólo de quienes defienden robotizadamente la DOM, la NOM y la Norma de bebidas alcohólicas, sino también de aquellos que han planteado que lo buscado por dichas normativas es desaparecer a los Maestros Mezcalilleros (MM), sin entender que lo que está en juego es la desarticulación cultural, social y territorial de las comunidades productoras y consumidoras de mezcal. Centrarse en la idea de

que el problema es la amenaza a los MM indica que aún no se comprende que el mezcal es un producto de elaboración y vigilancia colectiva, ya que los MM no trabajan aislados. Y menos se ha entendido que la memoria sensorial de los mezcales, su Gusto Histórico, es una creación colectiva, ardua y sistemática a lo largo del tiempo. En el fondo, esta incomprensión refleja que lo buscado, sencillamente, es comercializar el mezcal. Entender de qué se habla cuando nos referimos a la calidad del mezcal pasa por comprender qué son los Mezcales Tradicionales (MT). Los MT (que sí representan expresiones espirituales y culturales de poblaciones y regiones específicas) son aquellos que se han construido comunitariamente, con el paso de siglos, en muchas poblaciones y regiones de México, y que corresponden a Gustos Históricos específicos, los que podemos definir como construcciones comunitaria de las gastronomías regionales a través del tiempo y de las reglas para evaluarlas. Dicho lo anterior, es claro que cada día será más difícil que los MT sobrevivan, dada la brutal presión que la comercialización está ejerciendo sobre las poblaciones y comunidades que los elaboran y consumen. Esta presión está destruyendo los equilibrios ecológicos, culturales, gastronómicos, comunitarios, y los mercados locales dentro de los cuales se crearon y han reproducido los MT; si se rompen estos equilibrios, los MT desaparecerán, tal como le ocurrió a los mezcales de la región de Tequila, y como ya les está ocurriendo a los de muchas regiones productoras. Esto puede constatarse con el simple hecho de probarlos, y de corroborar que en las mismas poblaciones productoras ya hay desabasto del maguey y del mezcal que antes consumían. Los resultados de esta presión también podemos comprobarlos en la proliferación de mezcales que no reúnen los mínimos requisitos de calidad, ya no digamos para ser considerados MT, sino simplemente para poder llamarlos mezcales, y esto aplica tanto para los que provengan de poblaciones incluidas en la zona de DOM, como para los que no provengan de ésta, aunque ya estén “certificados” por algún “organismo regulador” u otra entidad similar.

FOTO: Montoya Moran Ordoñez Ortega

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as discusiones para modificar la Norma Oficial de bebidas alcohólicas (restricción de la palabra “agave” primero, la ocurrencia del “komil” después) y la Norma Oficial del Mezcal (nuevas categorías: mezcal, mezcal artesanal, mezcal ancestral), así como las últimas ampliaciones a la zona delimitada por el instrumento jurídico llamado Denominación de Origen Mezcal (DOM) a municipios de Michoacán, Guanajuato y Puebla, reflejan que, en muchos ámbitos, los mezcales sólo son concebidos como un producto a comercializar, cuando su sentido profundo en las comunidades y regiones donde los crearon, elaboran y consumen –18 estados del país– es contar con un producto de alta calidad gastronómica que implica no estar adulterado y que responda a sus usos y costumbres.

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urante muchos años los pueblos originarios de Baja California estuvieron en una especie de invisibilidad tanto en la conformación del proyecto de nación del Estado mexicano como en los estudios e investigaciones en las ciencias sociales.

Al consumarse la Independencia y sobre todo después del movimiento revolucionario de 1910, las políticas de integración de los pueblos indígenas generalmente se enfocaron en el centro y sur del país, ya que la configuración cultural de los pueblos originarios del norte era sustancialmente opuesta al discurso de la nueva nación mexicana, en la que se exaltó el pasado prehispánico “glorioso” del México central, del que se retomaron algunos elementos culturales que se consideraron relevantes para la conformación de una identidad nacional que pudiera brindar un sentido de pertenencia común como mexicanos, así como “orden y progreso” al incipiente Estado mexicano. Los cochimíes son uno de los pueblos originarios de la familia etnolinguistica yumana peninsular; habitan el territorio del desierto central de la península de Baja California desde el 2500 a. C., aunque debido a la alta mortandad, en el periodo misional este pueblo originario fue declarado extinto, pues se había perdido la lengua y la mayoría de los elementos culturales –materiales– de este grupo. Aunado a ello, la falta de servicios básicos como agua, energía eléctrica y educación en sus comunidades les obligó a migrar a lugares como Guerrero Negro, Mulegé y Loreto, en Baja California Sur, en busca de trabajo asalariado. Sin embargo, con todos los impactos del sistema misional, así como de la disminución y disgregación de la población a lo largo del territorio peninsular, las y los cochimíes de Santa Gertrudis, específicamente: “no hemos abandonado nuestra comunidad, ya que nos organizamos para que unos salgan a trabajar mientras otros se quedan en el lugar, cuidando y trabajando en los huertos y criando a pequeña escala su ganado” (María Villa Poblano, cochimí). En la actualidad, después de un largo proceso de cambio sociocultural, los y las cochimíes se encuentran en un momento de revitalización cultural interesante ya que con la finalidad de obtener el reconocimiento de su ascendencia indígena, en el 2008 crearon la asociación Milapá conformada por nativos de las comunidades de Santa Gertrudis de Kadacamán y San Francisco de Borja Adac.

Cabe decir que en lengua cochimí se conocía como milapá a una cactácea del desierto. A la llegada de los españoles, éstos figuraron el árbol como un cirio, como una vela, por lo que milapá lo tradujeron como cirio. La tenencia de la tierra en la comunidad de Santa Gertrudis fue un factor que propició la creación de esa asociación. Los cochimíes cuentan que en 1969 se creó el Ejido Independencia con alrededor de 128 mil hectáreas, de las cuales, por ley, se exentaron las cien que pertenecen a la comunidad de Santa Gertrudis, justo por ser una comunidad indígena y tener, en su espacio, la misión del mismo nombre: “El ejido se constituyó por decreto presidencial con 30 capacitados originarios, todos pertenecientes a la comunidad y/ o a rancherías aledañas” (María Villa Poblano, cochimi). Sin embargo, la intromisión de la Comisión Agraria Mixta en el ejido trastocó las relaciones dentro de éste, ya que en 1975 y en 1985 realizó un par de depuraciones sin notificar a las y los agraviados. Hasta entonces, y a pesar de que la mayoría de las familias fundadoras del ejido fueron depuradas, la comunidad de Santa Gertrudis seguía manteniéndose fuera de la jurisdicción de éste pero con la creación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y la reforma al artículo 27 constitucional, las cien hectáreas que conforman la comunidad pasaron como usufructo del ejido, sin el conocimiento de la comunidad indígena cochimi. Este hecho ha puesto en riesgo su territorio ya que las familias han comenzado a recibir amenazas de que se les despojará de sus huertos y casas en la comunidad de Santa Gertrudis. Es importante mencionar que la comunidad se conforma por cinco familias cochimíes que desde tiempos ancestrales han vivido y cuidado las casas y huertas que son herencia de sus padres y/ o madres y las atesoran debido a ello. Allí, las y los cochimíes continúan “conservando los usos y costumbres, las fiestas patronales tradicionales, así como la celebración de la Semana Santa más antigua de la Baja California”, cuenta con orgullo María Villa Poblano, Luchy, como le dicen de cariño. Es así que a pesar de todos los conflicctos que han enfrentado a lo largo del tiempo, continúan dignamente en su proceso de revitalización cultural y revalorización de lo que fueron, de lo que son y de su terruño, librando poco a poco pequeñas batallas como la de volver a ser reconocidos como uno de los pueblos originarios vivos de Baja California y decir: Waá pyi, penemu, cochimi/Aquí estamos, nosotros –los y las– cochimíes.


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RECHAZAN CIENTÍFICOS INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD

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cadémicos y científicos agrupados en la Red Temática del Patrimonio Biocultural (CONACYT), reclamaron la “omisión de derechos humanos de los pueblos indígenas y en general de los ciudadanos, en la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada” y exigieron que sea “suspendida de inmediato”. En una carta fechada el 15 de noviembre y entregada a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (particularmente a su presidenta, Ninfa Salinas Sada), de Cambio Climático, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores; a los miembros de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Diputados; a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, esta Red señala que tal Iniciativa de Ley, presentada el 24 de octubre, y que pretende su aprobación legislativa antes de que se celebre en Cancún (del 3 al 17 de diciembre) la reunión sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 13-CDB) implica desaciertos inaceptables además de contradecir instrumentos internacionales que México ha suscrito y carecer del consenso de la sociedad. Señala: “La megadiversidad, ligada a la diversidad cultural en un centro de origen, domesticación y diversificación genética de México, con una amplia población indígena y campesina guardiana de la diversidad biológica y la agrodiversidad, debe tener los más altos estándares legales que requiere uno de los diez países megadiversos del mundo que ha aportado el 15 por ciento de las especies y miles de variedades del sistema alimentario mundial. Por ello, una legislación de este carácter debe estar acorde a la normativa nacional e internacional del Estado mexicano, como lo establece el artículo primero constitucional, y debe también ser producto de un debate exhaustivo, público y nacional […]” La Red Temática del Patrimonio Biocultural (CONACYT) fue fundada en 2011 y actualmente agrupa a 174 académicos de 38 universidades. Las objeciones que presenta esta Red a la Iniciativa de Ninfa Salinas son: 1) Esta Iniciativa afectará vastos sectores de la sociedad rural y en

cias o conflictos entre los usuarios y posesionarios.

específico a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por lo que éstos deben ser consultados y exponer el consentimiento previo libre e informado y de buena fe, según los estándares internacionales. 2) La Iniciativa omite derechos humanos de los pueblos indígenas y en general de los ciudadanos enunciados en el artículo primero y segundo constitucionales, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 3) La Iniciativa fue elaborada sin cumplir con los mínimos cuidados que requeriría una legislación de tal envergadura. Adolece de definiciones centrales como la de sustentabilidad y da lugar a graves confusiones en términos de derechos. Tiene errores en las numeraciones de los artículos e incisos y es repetitiva en algunos de ellos. 4) La Iniciativa se presentó a un mes de la reunión de la COPs 13 del CDB, sin tener el respaldo de un debate nacional con sectores y organizaciones indígenas, campesinos, académicos y sectores ligados a la gestión socioambiental. La Red expone algunas observaciones respecto del contenido de la Iniciativa, “particularmente lo relacionado con los pueblos indígenas que resulta fundamental discutir, con la finalidad de precisar sus alcances en términos de los derechos humanos que se pretende reglamentar”. He aquí las observaciones: a) Tipo de Ley: El Artículo 2 de la Iniciativa señala como objeto de la ley “establecer las facultades de los distintos órdenes de gobierno

para garantizar el derecho a un medio ambiental sano, regular los elementos naturales de la biodiversidad, lograr la participación justa y equitativa de beneficios de recursos genético y conocimientos tradicionales asociados a éstos y eliminar la vulneración de invasiones biológicas”. Esta redacción de la Iniciativa da cuenta de que su principal tarea es la de establecer distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos. b) Propiedad de la biodiversidad. La Iniciativa es omisa respecto a quien es propietario de la biodiversidad. Del primer párrafo del Artículo 5 de la Iniciativa se puede inferir a contrario sensu, que la Nación es la propietaria originaria, sin embargo, al no contener una disposición expresa en este sentido, genera ambigüedad para la aplicación de otras disposiciones de la misma Iniciativa. c) Sujetos reconocidos en la ley. La iniciativa de Ley General de Biodiversidad, en diversos artículos, reconoce a propietarios y legítimos poseedores de las tierras donde se encuentra la biodiversidad. Sabemos que la posesión de la tierra puede obtenerse por contratos, por renta por lo que sociedades mercantiles pueden acaparar miles de hectáreas de zonas de alta biodiversidad. En la Iniciativa de ley aparecen también como posesionarios o propietarios los ejidatarios, comuneros, y/o pequeños propietarios, excluyendo a los pueblos y comunidades indígenas como ocupantes de sus territorios. Este hecho excluye automáticamente los derechos de los indígenas en tanto pueblo a su territorio como la totalidad del hábi-

tat (formula del Convenio 169 de la OIT, del cual México es signatario), así como al acceso preferente de los recursos naturales, tal como se establece en la Constitución que nos rige, y en el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es precisamente en estos territorios donde se encuentra, por lo menos, la mitad de toda la biodiversidad de México. A pesar que se enfatiza que de manera voluntaria las comunidades indígenas y campesinas pueden incorporarse al sistema de demarcaciones geográficas bioculturales, es el Presidente de la República quien las decreta y la Secretaría la instancia que las tutela, evalúa y sanciona. Con ello, los derechos indígenas a la autodeterminación en sus territorios quedan nulificados. No se analiza la naturaleza de estas demarcaciones geográficas bioculturales, en especial, cuando son parte de un patrimonio biocultural que se constituye en paisajes determinados y que a la vez son laboratorios indígenas y campesinos de domesticación y diversificación genética de cientos de especies y variedades tanto comestibles, medicinales y para uso cosméticos. Estas especies y variedades son precisamente el objeto de la discusión para acceso a los recursos genéticos por parte de terceros. En la iniciativa de ley no aparece ninguna protección de los sistemas indígenas agrícolas, forestales y agroforestales, como tampoco la riqueza genética de la agrodiversidad que son partes constitutivas de las llamadas demarcaciones geográficas bioculturales. La Iniciativa da por hecho que existirán “partes” entre las cuales el Estado mediaría por las posibles diferen-

d) Incorporación del Protocolo de Nagoya y del Protocolo de Cartagena. La iniciativa de Ley general de Biodiversidad, en su Título Segundo sobre Diversidad Genética, incorpora elementos del Protocolo de Nagoya y del Protocolo de Cartagena derivados del Convenio de la Diversidad Biológica, ya de por sí lesivos a los derechos reconocidos en el sistema internacional a los pueblos indígenas. La iniciativa incorpora parte de dichos instrumentos de forma restrictiva, limitando aún más el ejercicio de los derechos; se limita a algunos de los principios que establecen estos dos protocolos, tales como establecer la atribución a la Comisión para que coordinar el establecimiento de cláusulas contractuales. Se deja así el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas solo para el caso de las condiciones mutuamente acordadas, es decir, solo para los acuerdos de beneficios y no así en la negociación de los contratos (artículos 47 y 48 de la Ley General de Biodiversidad). e) La propiedad intelectual relacionada con el conocimiento tradicional de pueblos indígenas. En este punto la Iniciativa omite establecer un sistema de protección al conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos y naturales; cabe señalar que el Protocolo de Nagoya establece la obligación de reconocer la propiedad intelectual. Adicionalmente la Organización Internacional de Propiedad Intelectual a través del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore han señalado la necesidad de crear un sistema sui generis de protección relacionado a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, basado en un propiedad intelectual colectiva que reconozca al menos los siguientes elementos: 1.- Titularidad del conocimiento tradicional a los pueblos y comunidades indígenas, locales o rurales. Reconocimiento de derechos colectivos efectivos y accesibles. 2.- Reconocimiento del derecho a los territorios, biodiversidad, agrodiversidad y recursos naturales. Reparto equitativo de beneficios. 3.- Consulta y consentimiento previo libre , informado y de buena fe según los estándares internacionales así como la participación efectiva de las comunidades 4.- Respeto a los sistemas normativos indígenas, así como a sus formas de transmisión consuetudinaria.


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ABANDONADOS

FOTOS: Joseph Sorrentino ©

Incapaces de regresar a su país, incapaces de continuar su viaje, miles de centroamericanos se encuentran atrapados en México

Joseph Sorrentino Joso1444@usa.net

J

orge y Kevin, dos amigos, trabajaban en equipo en un autobús en La Ceiba, la tercera ciudad más grande de Honduras, conduciendo Jorge y Kevin recibiendo las monedas de los pasajeros. Al igual que prácticamente todos los conductores de autobuses y taxis en Honduras, tenían que pagar “derecho de piso”; en su caso fue a la Mara Salvatrucha, una de las bandas más brutales en las Américas. El dinero no les compraba ningún tipo de protección; era simple extorsión. La tarifa era de 500 lempiras (aproximadamente 20 dólares) a la semana; ellos cubrieron la cuota al principio, pero al final ya les resultó muy difícil pagar. Sabían que no pagar a la pandilla era una sentencia de muerte, por lo que huyeron a México, abriéndose camino en La 72, un lugar para refugiados e inmigrantes en Tenosique, Tabasco (La 72 es nombrado así en honor a los 72 centroamericanos asesinados en Tamaulipas en 2010). Según la legislación mexicana de inmigración, cualquier persona que huya de la “violencia generalizada” es candidata al asilo, por lo que Jorge y Kevin presentaron su solicitud. El proceso de revisión de tales solicitudes dura tres o cuatro meses pero, al cabo de un tiempo, Jorge decidió abandonar el refugio porque estaba desesperado por llegar a Estados Unidos (EU). Fue capturado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Monterrey.

Aunque estaba en proceso su solicitud de asilo, fue deportado. Sólo estuvo en Honduras unos días y, según Kevin, había conseguido suficiente dinero para regresar a México. Antes de salir nuevamente de su país, fue asesinado mientras descendía de un taxi. Tenía 18 años. Al menos indirectamente, Estados Unidos es responsable de ésta, entre otras muertes. Un número sin precedentes de centroamericanos –en su mayoría mujeres y niños– llegaron a la frontera entre EU y México durante la primavera y el verano de 2014. Muchos, si no la mayoría, huían de la violencia extrema perpetrada por pandillas como la Mara Salvatrucha y Mara 18 en los países del Triángulo del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Estados Unidos clasificó la llegada de tantos centroamericanos a su frontera sur como una “crisis humanitaria”. En junio de 2014, el presidente Barack Obama se reunió con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, específicamente para discutir formas en que México podría retener el flujo de migrantes y refugiados y, sobre todo, para evitar su arribo al cruce de México a Estados Unidos. La respuesta de México fue lanzar el Programa Frontera Sur (PFS) en agosto de 2014. Aunque Peña Nieto declaró que éste protegería a los refugiados y migrantes, su objetivo principal ha sido

impedir que se suban a los trenes de carga llamados colectivamente La Bestia. Después de que el programa entró en vigor, se redujo el número de aprehensiones hechas por la Patrulla Fronteriza de EU en la frontera con México y esto fue elogiado por los funcionarios estadounidenses. “Aprecio muchísimo los esfuerzos de México por prevenir la llegada de niños no acompañados, misma que tuvo un alza durante el verano”, dijo el presidente Obama en enero de 2015. “En parte debido a los fuer-

tes esfuerzos de México, incluyendo los realizados en su frontera sur, hemos visto que las cifras [de esos migrantes] se han reducido a niveles mucho más manejables”. Olvidó mencionar que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía federal mexicana usaron a menudo métodos brutales –incluyendo golpizas e inmovilizadores eléctricos–, que han sido señalados como la causa de varias muertes, o que las crecientes aprehensiones derivaron a menudo en deportaciones que terminaron en asesinatos de los migrantes en sus países de origen.

Además de ejercer presión, Estados Unidos otorga a México decenas de millones de dólares por medio de programas como Plan Mérida, una estrategia amplia cuyo objetivo principal es combatir el crimen organizado, en parte para asegurar su frontera sur. México ha recibido dos mil 300 millones de dólares en ayuda desde que comenzó el Plan Mérida en 2008, con una porción significativa de ese dinero destinada a equipos para ayudar a asegurar su frontera sur, para capacitar a agentes del INM y para establecer retenes móviles en las carreteras. En el


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año fiscal 2015, el Congreso de EU asignó hasta 79 millones de dólares adicionales para ayudar a México a reforzar tal frontera.

Comunicaciones de ACNUR en América Latina, piensa que ese número podría duplicarse, llegar a 800 mil, este año.

La presión y el dinero han hecho poco, si es que han hecho algo, para sellar la frontera sur de México. La gente y los productos cruzan todavía sin obstáculos el Río Suchiate, que separa a México de Guatemala. Dos visitas al río y entrevistas a 50 inmigrantes y solicitantes de asilo, casi todos los cuales cruzaron el río hacia México en balsas, confirmaron que la frontera sur de México es tan porosa como siempre. “Nunca he visto a un agente [del INM] en el río”, dice Perrine Leclerc, jefa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la oficina de Tapachula, Chiapas.

En lugar de asegurar su frontera sur, México ha establecido bastantes puntos de control al norte de la frontera y ha seguido aumentando detenciones y deportaciones.

Y la migración centroamericana a través de México continúa. De hecho, está aumentando. “El Programa Frontera Sur (PFS) ha logrado su objetivo de impedir que los migrantes suban al tren”, dice la hermana religiosa Lety Gutiérrez Valderrama, directora de Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, de la Ciudad de México, “pero no ha logrado su objetivo de detener la migración porque la violencia continúa en los países del Triángulo del Norte de América Central”. En general se reconoce que 400 mil centroamericanos entran a México “irregularmente” cada año, pero Francesca Fontanini, directora de

Entre julio de 2014, cuando se anunció el PFS, y junio de 2015, las aprehensiones mexicanas de centroamericanos aumentaron en 71 por ciento. Al mismo tiempo, las detenciones hechas por EU en su frontera sur disminuyeron alrededor de 40 por ciento, en gran medida como resultado de los esfuerzos de México. El presidente Obama, en una conferencia de prensa conjunta con Peña Nieto en julio de este año, una vez más elogió a México por sus esfuerzos para detener la migración a través de ese país. “Si no fuera por el duro trabajo de México al tratar de asegurar su frontera sur... tendríamos un problema mucho más importante”. Pero el verdadero problema es que la inmensa mayoría de los centroamericanos aprehendidos son deportados. Utilizando datos de la Secretaría de Gobernación de México, Univisión, el conglomerado de medios de comunicación inglés-español con sede en Nueva York, encontró que México deportó al 90 por ciento de todos los centroamericanos detenidos en los primeros

cuatro meses de 2016; 43 mil 506 de ellos de los países del Triángulo del Norte. Los defensores de migrantes no tienen duda del papel de EU en esto. “Estados Unidos pidió a México que aumentara las detenciones y las deportaciones de migrantes como una manera de evitar que llegaran a nuestra frontera, cosa que claramente hizo”, dice Maureen Meyer, asociada senior para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). “México no se aseguró de que estas personas estuvieran adecuadamente protegidas y deportó a muchos de regreso a las situaciones peligrosas de las que huían en Centroamérica”. México está ignorando el hecho de que, junto con varios países de Centro y Sudamérica, firmó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. En ese documento, un refugiado se define como cualquier persona que huye de la “violencia generalizada”, situación que ciertamente se aplica a los países del Triángulo del Norte. “Hay violencia casi generalizada en los países centroamericanos”, dice Perrine Leclerc, de ACNUR. “Sabemos que es una crisis de refugiados porque la mayoría de ellos están huyendo de la violencia [y] son refugiados”. Muchas personas que huyen de la violencia extrema de los países del Triángulo del Norte no saben que pueden pedir asilo y los agentes del INM –supuestamente

entrenados con dinero estadounidense– rara vez proporcionan esa información. (El INM rechazó que se le hiciera una entrevista y tampoco aceptó varias solicitudes para enviarle preguntas por correo electrónico). Óscar es un hombre de negocios de 33 años que huyó de Guatemala y se quedó en Hermanos en el Camino, un refugio en Ixtepec, Oaxaca. Es grande en tamaño y, a pesar de su situación, suelta fácilmente la risa. “Tengo un negocio de venta de ropa y (una pandilla) estaba pidiendo dinero... una renta”, dice. “Tenía tres negocios. Cerré uno y luego cerré uno más y no podía pagarles; empezaron a decir: ‘Te mataremos’”. Fue capturado dos veces por el INM y enviado de vuelta a Guatemala. “La primera vez que fui capturado, dice, le pregunté al oficial: ’¿Cómo puedo conseguir papeles aquí en México?’ Y me contestó que no había manera”. Fue deportado y juzgado nuevamente. Cuando fue capturado por segunda vez, “no volví a preguntar, porque ya me habían dicho que no podía arreglar ningún papel”, dijo. En entrevistas con 50 solicitantes de asilo en cinco refugios, ninguno dijo haber recibido información acerca de pedir asilo si eran detenidos por el INM; seis directores de refugio confirmaron esto. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que casi 70 por ciento de las personas detenidas en Siglo XXI, el mayor centro de detención

de México en Tapachula, Chiapas, no tenía conocimiento de su derecho a solicitar asilo. Leclerc, de ACNUR, expresó su frustración al respecto. “Trabajamos con las autoridades de migración para asegurarnos de que cuando haya contacto […] las personas tengan acceso a la información”, dice. Su personal visita Siglo XXI tres veces a la semana. “Vamos porque sabemos que […] no tienen conocimiento de su derecho a solicitar asilo”, añade. Esta falta de información ha dado como resultado que menos del uno por ciento de los centroamericanos soliciten asilo, aunque la mayoría de ellos calificaría. Por lo general, los agentes del INM están implicados en el abuso a refugiados y migrantes. Aunque las víctimas son a menudo reacias a denunciar tales abusos, el Centro Nacional de Derechos Humanos de México reportó mil 617 denuncias de violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes entre el uno de diciembre de 2012 y el 15 de junio de 2015. De esas, mil 220 fueron contra el INM. Sólo cuatro resultaron en una recomendación formal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero puede haber una manera segura de evitar el abuso y la detención si son capturados por las autoridades mexicanas: un soborno. Según el Servicio Jesuita a los Migrantes (SJM), el 37 por ciento de los centroamericanos encuestados que habían sido detenidos por la policía o el INM pagaron


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extorsión. “Son mil pesos para la Policía Federal”, dice Arturo González González, director de la organización. “Cien dólares para el INM”.

pueden verse “de vez en cuando pero no pueden estar juntas. Esta es una de las principales razones por las que la gente no quiere pedir asilo en el centro de detención“.

Aquellos centroamericanos que son detenidos por el INM y no son deportados son llevados a uno de los 32 centros de detención del país. Una investigación de nueve centros realizada por organizaciones mexicanas de derechos humanos encontró que, aunque los detenidos en algunos centros informaron haber sido tratados “bien”, hubo casos de abuso en otros. Esto incluía a los guardias que golpeaban y pateaban a los detenidos, gritaban y “abusaban del poder”. En general, ese informe y otros citaban “malas condiciones” en los centros. “En uno, porque hay tanta gente, cien o 200 mujeres y niños […] duermen de pie”, dice la hermana Lety. “Ellos […] no tienen agua […] no es que sólo carezcan de agua para beber, no hay agua para baños o inodoros o duchas […] o no reciben alimentos o la comida es mala”. Agregó que ha habido por lo menos tres suicidios. Ella prefiere denominar “prisiones” a los centros de detención.

Según la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), instancia mexicana encargada de determinar la condición de refugiado de una persona, casi 40 por ciento de todas las solicitudes de asilo en 2015 fueron retiradas o abandonadas. “[Es] una espera demasiado larga”, dice Fontanini de la ACNUR. “Ellos no tienen un trabajo, no tienen un techo, la mayoría vienen sin dinero”. La gente toma medidas drásticas cuando la espera se hace demasiado larga. “Lo que hacen”, dice Leclerc, “es firmar los papeles de deportación y, una vez que están en su país de origen, intentan volver a entrar […] evitan puntos de control e intentan llegar a la Comar”.

Leclerc dijo que en Siglo XXI las familias están separadas: mujeres y niños pequeños en un área, hombres adultos en otra y adolescentes en otra. Los solicitantes de asilo son detenidos por al menos tres meses. Durante ese tiempo, dice, la gente no tiene permiso a salir del centro y las familias sólo

A pesar de los peligros de regresar a sus países de origen, muchas personas toman esa decisión. Víctor, su esposa y sus cuatro hijos, refugiados de El Salvador, pasaron cinco meses en un centro de detención. “Estábamos en la misma estación”, dice, “pero estábamos separados. Mis hijos ya no querían comer. Era la misma comida cada día. Tuve que decidir: la salud de mis hijos o quedarme en México. Así que decidí regresar a El Salvador. “Esto era extremadamente peligroso para Víctor, un ex miembro de una pandilla que está tratando de cambiar su vida. “A los

miembros activos de pandillas no les gustan los ex miembros”, dice. “Ellos sacan un 187: cualquiera puede matarte”. El 187 es el código penal de California para el asesinato. Varios ex miembros de pandillas que entrevisté habían ocultado sus tatuajes de pandillas cubriéndolos con nuevos tatuajes. Víctor y otro ex pandillero trataron eliminarlos por su cuenta. Ambos tenían cicatrices que cubrían sus tatuajes; al parecer intentaron quitarlos con una pistola para soldar. Una persona que solicita asilo en México debe presentar una solicitud en una oficina de la Comar. Generar la decisión toma por lo menos 45 días hábiles; mientras, la persona puede estar en detención, en un refugio o vivir en algún otro lugar. Si vive fuera del centro de detención, debe reportarse todos los lunes a una oficina de la Comar o al INM para firmar un documento que demuestre que todavía está en el país. Sólo hay tres oficinas de la Comar y cuatro del INM en todo México, lo cual significa un largo viaje para muchas personas. Los que se alojan en Hermanos en el Camino, en Ixtepec, por ejemplo, deben ir a la oficina del INM en Salina Cruz, lo que implica viajar casi dos horas en cada trayecto. En Tapachula, la oficina de la Comar abre a las 9:00 horas pero la gente comienza a hacer fila desde las 3:00 o las 4:00. A las 8:00, unas 200 personas están ya formadas en las escaleras y en línea a un lado del edificio. La firma normalmente toma siete u ocho horas, debido principalmen-

te a que hay muy pocos funcionarios. Sólo hay 15 en todo el país. Si una persona deja de firmar en dos ocasiones, su solicitud se considera abandonada y, si es detectada, será deportada. Para los solicitantes de asilo que viven en un refugio o de forma independiente, un viaje a una oficina de la Comar –o a cualquier otro lugar– puede ser riesgoso. Según Leclerc, si los agentes del INM piden a los solicitantes de asilo que se identifiquen cuando se dirigen a la oficina de la Comar o, tal vez, sentados en un parque, los agentes pueden, legalmente, llevarlos a un centro de detención y con ello esas personas caen en riesgo de ser deportadas. “[Una] persona puede no traer consigo su certificado de asilo. O a veces tiene su documento, pero los funcionarios del centro desconocen qué tipo de documento es”, dice Leclerc. “Tuvimos un caso de una persona que no dijo que era refugiada; es difícil para ellos conocer sus derechos. Ella fue detenida y no dijo ‘soy refugiada’. Y fue deportada”. El último domingo de junio, Leclerc dijo que los agentes del INM pasaban por el parque principal de Tapachula revisando los documentos de alguien de quien se sospechaba que era de Centroamérica. “Tapachula está tratando de mostrar que es una buena ciudad para los negocios”, dice, “y debido a la alta afluencia de migrantes, los parques públicos eran utilizados para dormir. Había habido algunas quejas y peticiones para limpiarla y darle a la ciudad una mejor imagen“.

AISLADOS Al anochecer, muchas de las casi 200 personas que se alojan en Hermanos en el Camino sacan sus delgados colchones de espuma de los dormitorios y los depositan en la pasarela de hormigón. Ixtepec se encuentra en el Istmo mexicano, donde las temperaturas de verano superan los 40 grados centígrados con alta humedad. La noche trae algo de alivio, pero los dormitorios tienen poca ventilación, por lo que mucha gente prefiere dormir afuera. Las parejas, que se alojan en diferentes edificios, se reúnen y se acurrucan en los colchones. Los niños patean una pelota de fútbol hasta que es demasiado oscuro para ver. Por la mañana, la gente guarda sus colchones, se lavan en un baño común y comienzan su día. Unos cuantos hombres comienzan a cortar madera para la cocina. Un par de mujeres barren los pasillos. El resto aguarda para el desayuno. La mayoría de las personas que permanecen en este refugio –y en otros refugios en todo México– están esperando un visado humanitario o que se les concede asilo. Una visa humanitaria se da cuando una persona ha sido víctima de un crimen y está dispuesta a presentar un informe. Una vez concedida, permite a la persona viajar por México durante un año. Prácticamente todos en el refugio estaban pidiendo esta visa. Durante el tiempo en que las solicitudes son procesadas –y ambas toman de tres a cuatro meses–los viajes son restringidos y la


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de las familias que vemos, uno de sus miembros ha sido asesinado”, agregó Leclerc. También ha habido un gran aumento en el número de miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBTI) que huyen de los países del Triángulo del Norte.

Juchitán, una ciudad más grande, a unos 40 minutos en autobús. Me dijo que allí fue a “charolear”. Fue a mendigar. Después de restar los 40 pesos por la tarifa de ida y vuelta en autobús, obtuvo casi 100 pesos por hacer algo mucho más fácil que la descarga de camiones.

persona no puede trabajar. Vive en refugios que ofrecen, en el mejor de los casos, alojamiento rudimentario. “No hay privacidad”, dice Orlin, un refugiado hondureño de 32 años que permanece en Hermanos en el Camino y que está esperando una visa, “tenemos que dormir en el piso […] no tienen cobertores para que pueda uno cubrirse cuando hace frío. Tienes que acostumbrarte. No me siento feliz, pero así son las cosas. Sólo necesito un mes más […] y [luego] a despegar. “Como no puedes viajar”, es como si estuvieras encerrado“, dice Óscar, el refugiado guatemalteco. “Algunos días estoy estresado y quisiera volver a casa”, agrega. Sin embargo, comenta que el personal del refugio “nos trata bien”.

Aunque se supone que no deben trabajar hasta que sus solicitudes estén aprobadas, un número de personas que entrevisté laboraban. En Menores en el Camino, un refugio para jóvenes en Oaxaca, varios de los muchachos trabajaban en el enorme mercado de frutas y verduras de la ciudad, cargando y descargando camiones con cajas de mangos. Ganaban 150 pesos por 15 horas de trabajo. “A los mexicanos les pagan un poco más”, dice Freddie, uno de los jóvenes. “Todo el mundo maltrata a los centroamericanos”. Orlin y Óscar trabajaron un par de días a la semana en Ixtepec, también descargaron camiones de frutas y ganaron 200 pesos. Un día, cuando no había trabajo, Orlin fue a

Cuando visité Hermanos en el Camino en 2012, la gente todavía estaba montando en La Bestia. Se detenía en ese refugio, y en otros en todo México, por un corto tiempo, quizás sólo para tomar una comida o para descansar un día o dos cuando mucho antes de continuar su viaje al Norte. Ahora, los refugios diseñados para alojar a la gente por unos días son a menudo la vivienda de la gente durante meses (algunos refugios todavía restringen la duración de la estancia a algunos días y luego la gente tiene que encontrar otros alojamientos). En 2012, el grueso de los viajeros eran hombres solteros y la mayoría se dirigían a Estados Unidos para encontrar trabajo. La población es diferente ahora. “Hay una mayor presencia de mujeres y niños”, dice la hermana Lety; Otros directores de refugios y el ACNUR informaron también de un gran aumento en el número de familias. La mayoría de la gente está saliendo de los países del Triángulo del Norte debido a la violencia extrema. “En la mayoría

Los refugios están al tope y cada día llega más gente. Los refugios más grandes como Hermanos en el Camino, aunque generalmente llenos, encuentran una manera de absorber más gente. “Nunca cerraremos”, dice el director del refugio, Donis Rodríguez. “Podemos tener gente durmiendo afuera y siempre podemos darles comida”. Esto no siempre es posible en refugios más pequeños. En un par de ocasiones, cuando estuve en Menores en el Camino, no se sirvió una comida; o nadie la preparó o tal vez no había insumos para prepararla. Pero a los residentes no les importó. “Prefiero tener hambre aquí –dijo Marcos, un ex miembro de la Mara Salvatrucha– que allá, donde me matarán”. El ACNUR reconoce que se trata de una crisis humanitaria de rápido crecimiento y empeoramiento. “Nos estamos preparando para una enorme afluencia”, dice Leclerc. “Había tres mil 400 solicitantes de asilo en 2015 y estimamos que en 2016 la cifra pueda llegar a diez mil. Por eso en 2016 ha habido una respuesta enorme para aumentar la capacidad de refugio […] En Tapachula [...] hemos tenido más de cien camas nuevas para solicitantes de asilo [...] En Buen Pastor [otro refugio], nueve módulos para familias que pueden recibir hasta 55 personas, 48 camas para hombres solos“. El ACNUR también ofrece una modesta ayuda en efectivo para ayudar a los solicitantes de asilo para el aquiler cuando los refugios no pueden acomodar a más personas. Juan Alberto tiene una mirada cansada pero determinada en sus ojos. Vive en un apartamento de dos dormitorios con su esposa, dos hijos y dos nietos. Huyeron de Honduras después de que la Mara Salvatrucha le matara a otro hijo y a un nieto. Su apartamento está en las afueras de Tapachula, donde los caminos están llenos de tierra.

Un puente corto se extiende hacia un cuerpo de agua estancada a poca distancia de donde viven. El apartamento tiene una gran sala vacía al frente. A la derecha hay dos habitaciones pequeñas con colchones viejos o bolsas de dormir en el piso. La cocina está en la parte trasera; allí hay una pequeña mesa de plástico, otra más de madera y unas cuantas sillas de plástico como único mobiliario. Una placa eléctrica de dos quemadores eléctricos es todo lo que tienen para cocinar. No recuerdo haber visto ninguna lámpara. “La ACNUR está ayudando con el alquiler y un poco de comida”, dice Juan Alberto. “No a todos, pero sí a algunos. Si no tuviéramos su ayuda, no sé dónde estaríamos“. Para complementar sus ingresos, un hijo trabaja como albañil, aunque no legalmente, se supone, y gana 170 pesos al día con una jornada de diez horas. La vida en un país extraño es difícil. “Me siento triste porque no tengo nada aquí. Hay muchas diferencias: diferentes costumbres, diferentes alimentos. Pides algo por el nombre que usamos en mi país y no te entienden”. Cuando se le pregunta si extraña su casa, dice: “¡Oh, mucho! Si no hubiera Mara, estaríamos allí”. Me muestra algunas fotos de la familia en su teléfono móvil, incluyendo las del hijo que fue asesinado. Cuando le pregunté qué pasaría si la familia regresara a Honduras, lentamente pasó su dedo por su cuello. Él y Chara, su nieta de ocho años, caminan conmigo a donde puedo tomar un taxi de regreso a la ciudad. Tengo que insistir en que me dejen comprar algo para beber. Chara elige una botella grande de Sprite. Juan Alberto se la entrega y la envía a casa. “Vamos a beber eso esta noche”, dice. A pesar de políticas como el Programa Frontera Sur, el aumento de las deportaciones de México y la presión y el dinero de Estados Unidos, el número de centroamericanos que ingresan a México continúa aumentando y, como dijo el Fontanini del ACNUR, podría llegar a 800 mil este año. El ACNUR cree que México ya no es sólo un país de tránsito, sino un país de destino, pero no está claro que la gente esté eligiendo a México como un lugar para vivir. El ACNUR está convencido de que México puede absorber a muchos más refugiados de lo que hace actualmente. Señalan el hecho de que, aunque cada vez mayor, el número de solicitudes de asilo podría aproximarse a diez mil este año y México podría aceptarlas fácilmente. La mayoría de las personas que vienen de los países del Triángulo del Norte están huyendo de la “violencia generalizada”, podrían calificar para el asilo. Pero no está claro si México,


19 de noviembre de 2016 que está enfocando su política de inmigración en la deportación, cambiará ese enfoque. Y si lo hace, si está en condición manejar una gran afluencia de refugiados. Aunque es difícil determinar exactamente cuántas camas de refugio hay en México, está claro que en este momento no son suficientes. El ACNUR está financiando más y construyendo unidades familiares tan rápido como le es posible, pero están agregando, en el mejor de los casos, unos pocos cientos de espacios, mientras que el número de personas que califican para el asilo podría sumar decenas de miles si lo vemos en términos realistas. Cuando no hay espacio en los albergues, “la gente alquila habitaciones pequeñas o vive en parques y puentes”, dice González González. Alquilar una habitación, sin embargo, puede resultar imposible si una persona no puede trabajar, señala. Si se considera a México como un país de destino, generalmente no es por elección. México y otros países de América Latina son elegidos porque no hay opción. “Vemos un cambio radical”, dice Leclerc, “porque la mayoría de los que se quedan ahora [piensan] “no me importa“. No todos los defensores están de acuerdo en que México es un país de destino y muchas personas que entrevisté dijeron que todavía querían cruzar a Estados Unidos. Y, señala la hermana Lety: México tiene sus propios problemas migratorios. “Al ACNUR [y a otros] se les olvida el hecho de que los mexicanos también están tratando de alejarse de la violencia”, dice. “Están diciendo que México es un país de destino, pero no hablan acerca de los mexicanos que también están huyendo. Fontanini, la directora de Comunicaciones del ACNUR, señala que, además de México, otros países latinoamericanos, como Nicaragua, Panamá y Costa Rica están recibiendo cada vez más solicitudes de asilo. Pero, como dice Maureen Meyer, de WOLA, “no vas a Nicaragua a buscar un trabajo mejor pagado”. La gente va a México porque es al menos marginalmente más seguro que sus países de origen. No está claro si las personas que reciben el asilo en México pueden encontrar trabajo que los sostenga. “Hay trabajo”, dice la hermana Lety, “pero no una buena remuneración”. La mayoría de los defensores están de acuerdo con ella, pero Leclerc es más optimista. Señala que el ACNUR está explicando a los empresarios que es legal contratar refugiados que tienen estatus de residente. “Tomará algún tiempo para aumentar la conciencia”, dice. “Hay algunas soluciones productivas”. Pero incluso si los empresarios comienzan a contratar a refugiados, significa un puñado de empleos

25 cuando miles los necesitarán. Y además hay mexicanos que necesitan trabajo. Cada calle principal de cada gran ciudad mexicana está llena de gente –muchas de ellas que han sido desplazadas dentro del propio país –; venden todo lo que pueden para ganar algo de dinero. Pasé varios días hablando con vendedores ambulantes-y trabajadores que se contratan por jornada en la Ciudad de México. Marta estaba parada en una esquina de la avenida Insurgentes, tenía una pequeña cesta con productos horneados a sus pies. “Gano unos 100 o 150 pesos al día”, dice y agrega que su esposo gana aproximadamente lo mismo en otro lugar. “Necesitamos unos 300 pesos al día para vivir”. Les consulto cómo sobreviven y ella responde: “Vivimos de forma modesta, alimentos básicos y nada más”. La historia es la misma en otros ambulantes. Albañiles en el barrio San Ángel de la Ciudad de México ganan unos 300 pesos al día trabajando en la construcción. Todos los trabajadores dijeron que no había empleo mejor remunerado para ellos en México. Parece poco realista pensar que los refugiados podrían encontrar trabajo con mejores salarios, cuando los mexicanos están luchando por eso mismo. “La gente puede vivir [con salarios tan bajos]”, dice Ramón Verdugo, director de refugios en Tapachula, “pero vivirá como muchos mexicanos: en una cultura de pobreza”. Un rayo de esperanza es Arcoiris, en Tapachula, que ofrece capacitación laboral a solicitantes de asilo, garantizando la certificación en refrigeración, horneado y confección de ropa, entre otras cosas. Cada clase tiene alrededor de 50 estudiantes. Estados Unidos está reconociendo, tardíamente, la creciente crisis humanitaria en México. El Congreso ha asignado 750 millones de dólares en asistencia a siete países de Centroamérica, “principalmente enfocados a mejorar las condiciones económicas, sociales, de gobierno y seguridad en esos países”. Esto es algo que se necesita desesperadamente en esa

región, pero ayuda poco a las personas que hoy mismo están huyendo. El 26 de julio, el gobierno de EU anunció nuevos programas para ayudar a los solicitantes de asilo. Estados Unidos, en asociación con el ACNUR, establecerá un programa de remisión dentro del país para identificar a las personas que tienen una “demanda creíble de estatus de refugiado”. Además se anunció que Costa Rica, también trabajando con el ACNUR, comenzará un Acuerdo de Transferencia de Protección (PTA, por sus siglas en inglés), para aceptar temporalmente a los solicitantes de asilo, pero sólo a los que inicien su petición dentro de sus países de origen. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la emisión de estos programas se podrá tener “dentro de los próximos meses”. Nadie sabe cuándo. Estos programas son positivos, pero hay varias preocupaciones. Los nuevos programas requieren que las personas sean entrevistadas “en el país” y es difícil imaginar a alguien amenazado por la Mara Salvatrucha en espera de ver si califica para el asilo en otro país. Costa Rica, por medio del PTA, se ha comprometido a “acoger a 200 personas a la vez por un período de seis meses”, y eso es un número insignificante. Por último, sólo las

personas pre-seleccionadas en sus países de origen serán elegibles. Si no ingresan a Costa Rica por medio del PTA, no podrán obtener el asilo temporal. José Luis Loera, director de Casa Refugiados en la Ciudad de México, tiene una larga historia de trabajo con migrantes y refugiados, desde 1983 cuando trabajó en campamentos de refugiados a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, que albergaban a los guatemaltecos que huían de la guerra civil. Dijo que hay refugiados centroamericanos que están siendo repatriados y que el reasentamiento en otros países es cada vez más remoto. “Sólo queda la integración”, dice. “[Y] te diré en

general, soy muy pesimista sobre la integración en México. Todo indica que la situación empeorará [...] con mucha violencia, violencia económica [...] Esta combinación de violencia, impunidad y corrupción; podría haber cada vez más ataques o un ambiente de mayor hostilidad hacia los refugiados. Se requieren cambios económicos y políticos en México, [y] no hay voluntad política para implementar cambios“. Sacó un mapa para mostrarme los campamentos mexicanos establecidos para albergar refugiados guatemaltecos. “En la década de los 80’s, teníamos la esperanza de que finalmente habría un acuerdo de paz, que habría reconciliación. Debo decirte que ahora no tengo esperanza”.


19 de noviembre de 2016

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Libro: El TPP y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Autores: José Aylwin Oyarzún, Emmanuel Gómez Martínez, Luis Vittor Arzapalo. Editado por: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. http://www. iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0744_El_ TPP_y_los_Derechos_ de_los_Pueblos_completo.pdf

RODOLFO STAVENHAGEN: HASTA SIEMPRE, MAESTRO Milton Gabriel Hernández García Investigador titular del INAH kuxikan@yahoo.com.mx

E

l pasado 4 de noviembre se nos adelantó el profesor Rodolfo Stavenhagen, a los 84 años. Su vida y obra constituyen un referente paradigmático en la defensa de los derechos de los pueblos originarios de México y el mundo. Hace 67 años tuvo su primer gran encuentro etnográfico, entre los lacandondes. Desde ese momento, su vida se vinculó con una fuerza indeleble a las necesidades, problemáticas e injusticias que viven los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país, aun antes de formarse como etnólogo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de donde egresó en 1959. Escribió obras emblemáticas como Las clases sociales en las sociedades agrarias, Sociología del

Libro: Utopística agroecológica: Innovaciones campesinas y seguridad alimentaria en maíz. Autores: Miguel Ángel Damián Huato y Víctor M. Toledo. Editado: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Libro: Cherán K’eri: Conociendo y reconociendo, nuestro territorio. Coordinado por: Colectivo Angátapu. https://issuu. com/dianamanrique/docs/ cheran

subdesarrolllo, La cuestión étnica, Derecho indígena y derechos humanos en América Latina, Derechos humanos de los pueblos indígenas y Problemas étnicos y campesinos, así como las Siete tesis equivocadas sobre América Latina, inspirado por su experiencia de trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en Brasil. Etnólogo, sociólogo, profesor, investigador, defensor de los derechos humanos, pero sobre todo un hombre con capacidad para hacer unidad entre pensamiento y acción. En las ciencias sociales supo oscilar con destreza entre la casuística focalizada y las reflexiones más generales de escala nacional y subcontinental, pero en especial

fue capaz de trascender el trabajo puramente descriptivo e interpretativo para avanzar hacia la formulación y aplicación de respuestas y alternativas a las problemáticas sociales.

Fue relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Su labor al lado de estos pueblos fue desde el inicio respetuosa y congruente con su convicción de no hablar por ellos, sino partir de la escucha y el acompañamiento. Supo hacer eco mundial de sus demandas históricas. Denunció el colonialismo interno, la colonialidad, el racismo, la discriminación y la exclusión de diferentes “minorías sociales”. Fue defensor de la pluralidad, del reconocimiento de la diversidad cultural. Tuvo cuidado de no caer en la exaltación de un multiculturalismo ingenuo de tintes exotistas, que oscurece las desigualdades estructurales, la pobreza y la injusticia social. Creía firmemente que los antropólogos y en general los científicos sociales tienen que asumir su responsabilidad social frente a los grandes problemas nacionales. Al respecto, consideraba como una cuestión ética que los especialistas levanten la voz ante una realidad nacional en la que prevalece la desigualdad de género y los derechos humanos son ignorados. Señaló en repetidas ocasiones que las grandes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas tienen que ver con problemas territoriales y con políticas discriminatorias que a su vez son un correlato de prácticas sociales de carácter racista. Su obra será fuente de inspiración y consulta en el futuro y seguirá aportando elementos para fundamentar la defensa de los derechos humanos, así como la construcción de la justicia social en estos tiempos oscuridad, pero también para enfrentar la desesperanza con entereza y con una sonrisa entre dientes. Nuestro agradecimiento por una vida entregada al servicio humilde y generoso en defensa de los desposeídos del mundo.

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