DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2013 La Hora ECUADOR
B5
Remitido solicitado por: Valentina Urdaneta. voluntariosvenezuela14a@gmail.com
¿Por quién doblan las cacerolas? PROCESO. Coral se queja de la situación de su demanda.
La justicia no es igual para todos: Edgar Coral
Una demanda contra el Presidente de la República por reparación de daño moral no camina en la CNJ. Han transcurrido más de 710 días desde que el dirigente popular Edgar Coral presentara una demanda por reparación de daño moral en contra del presidente Rafael Correa, por supuestas injurias calumniosas, pero hasta la fecha la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no resuelve, totalmente opuesto a la celeridad demostrada en el caso del asambleísta Cléver Jiménez. “La manipulación del proceso es evidente para que se dilate, a diferencia de los procesos que presenta el Presidente de la República o altos funcionarios del Estado, en lo que sí hay celeridad y existen jueces diligentes”, dijo este abogado en libre ejercicio y exdirigente de la Cooperativa de Vivienda “Pisulí”, al que el Primer Mandatario, en su sabatina del 29 de enero de 2010 le atribuyó el “título” de traficante de tierras. Las acciones
Estas afirmaciones sirvieron para que Coral presentara dos acciones judiciales: la una en el área penal, que no prosperó porque la Asamblea Nacional, el 26 de julio de 2011, no autorizó dicho enjuiciamiento; y, la demanda por daño moral en la Sala Civil de la CNJ presentada el 2 de enero de 2011, a la que recién el 10 de octubre del mismo año se la califica como completa, clara y precisa, y se acepta su trámite. ‘Reconvención’
La citación con la demanda al
presidente Correa se realizó el 28 de febrero de 2012 y la audiencia de conciliación se efectuó el 24 de enero de 2013. El 9 de junio del 2012, el presidente Correa contesta la demanda propuesta por Coral, con una “reconvención” (contrademanda) y exige que sea Coral, quien le pague 10 millones de dólares, porque a decir del Mandatario, es a él a quien sus declaraciones le han causado "gran sufrimiento y angustia", cuando ha señalado en una radiodifusora que el Presidente ha "institucionalizado, la calumnia, la difamación, la persecución en los enlaces sabatinos". ‘Hay privilegios’
Este abogado cree que lo que está ocurriendo con su demanda y lo que ha pasado con el asambleísta Jiménez es una demostración palpable de que la justicia no es igual para todos, que hay privilegios y que a los ciudadanos comunes, en muchas ocasiones los jueces no les atienden como dispone la Constitución y las leyes. Edgar Coral lamenta que los derechos y garantías establecidos en la Constitución sean meros enunciados para los más altos funcionarios del Estado, y que se utilice la Función Judicial en los procesos persecutorios contra quienes disienten de las conductas y las prácticas de los principales del gobierno, entre ellos del Presidente.
De acusador a acusado Desde octubre del 2012 Edgar Coral enfrenta un proceso por el presunto °delito de abuso de confianza, pero hasta la fecha no se ha podido instalar
la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen fiscal, para conocer cuál es su futuro jurídico en este caso. El proceso está en el Juzgado Séptimo de Garantías Penales de Pichincha y en al menos seis ocasiones se ha declarado fallida la intención de instalar esta audiencia.
Según datos del Consejo Nacional Electoral, las elecciones presidenciales del domingo 14 de Abril las ganó el candidato oficialista Nicolás Maduro por un estrecho margen de 1,8 puntos, es decir, alrededor de 265.000 votos. Sin embargo, Henrique Capriles Radonski - el líder de una mitad que debería dejar de llamarse oposición - no reconoció los resultados de las elecciones e insistió, dada la corta brecha, en la necesidad de un recuento “voto por voto”. A pesar de haber aceptado el mismo 14 de abril la petición de Capriles a través de una declaración hecha a través de los medios de comunicación, Nicolás Maduro se negó a ésta tan sólo un día después y fue proclamado presidente electo de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral. Luego de tres días de intensa incertidumbre y de declaraciones contradictorias por parte de los diferentes representantes de los Poderes Públicos en Venezuela, el jueves 18 de abril la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la aceptación de dicho organismo para ampliar la auditoría al 46% de las cajas que no fueron auditadas. Ésta fue recibida por Capriles quien exigió, sin embargo, que la auditoría se realice obligatoriamente cotejando las actas de escrutinio que emiten las máquinas de votación, con el cuaderno de votación y las cajas en las cuales se colocan los comprobantes o papeletas de la votación. Más allá de la petición del líder opositor a un derecho que por ley corresponde a los venezolanos, están el clamor, la exigencia y la lucha no violenta de más de siete millones de venezolanos, héroes anónimos, sociedad civil organizada, que representan mucho más que una élite o un grupo de “oligarcas”, como suele catalogar peyorativamente el gobierno a sus detractores. Nosotros exigimos contrastar estos tres elementos cuya relevancia ha sido insistida por el CNE desde sus campañas, sobre todo tomando en cuenta el gran número de denuncias que se recibieron durante el proceso y que le restan transparencia. Las papeletas existen por una función y es el momento de cumplirla. ¿Quiénes conforman la oposición? Se trata de ciudadanos de todos los estratos sociales, gente de todos los sectores del país - a la que se suman nuestros hermanos en el extranjero - que hemos respaldado la petición de Capriles pues además de creer en el progreso y que el cambio es posible para nuestro país, fuimos y somos testigos de lo que ocurrió el 14 de abril y de lo que sigue sucediendo en estos días. Se trata de un pueblo que se manifiesta, cacerola en mano, que desde hace tres días con un repicar, exige justicia y verdad; muchos porque no pudieron expresarse en las urnas como quisieron pues fueron amedrentados y amenazados, obligados a recibir “asistencia” durante el voto. Un pueblo que clama por el derecho a un país donde cada persona pueda ir a votar y expresar su opinión sin sentir miedo a que lo despidan y pierda su trabajo, sin que la coaccionen, sin que la amenacen con armas, piedras, listas negras; de un país donde el gobierno respete el precepto constitucional del artículo segundo que constituye a Venezuela en un Estado, que en su actuar, da prioridad a valores supremos como: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y la supremacía de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En fin, un país donde los poderes y los recursos estén en virtud del ciudadano y no al contrario. El domingo 14 de abril, a lo largo del país, ciudadanos y organizaciones se organizaron en diferentes grupos con la intención de que el proceso electoral funcionara correctamente, procurando que hubiese testigos en todos los centros, que se atendiera cualquier irregularidad. Sin embargo, tal como destaca la organización Súmate, a pesar del comportamiento cívico, valiente y responsable de la mayoría del pueblo de Venezuela en el ejercicio de su derecho al voto, este proceso de votación estuvo marcado por irregularidades en todo el país, con mayor incidencia en los estados Carabobo, Lara, Zulia, Distrito Capital, Miranda y Bolívar. Nosotros, un grupo de ciudadanos venezolanos que por iniciativa propia trabajamos como voluntarios en este proceso electoral, en alianza con Impunidad Cero (servicio de la organización Súmate) y con voluntarios del Comando Simón Bolívar con la finalidad de registrar, documentar y canalizar irregularidades, nunca nos imaginamos la cantidad de denuncias que íbamos a recibir ese día, ni cómo se iban a incrementar a partir de las seis de la tarde del domingo. El Comando Venezuela presentó cerca de 3000 denuncias, clasificadas de este modo: Testigos opositores retirados “por la fuerza” e incluso “con armas de fuego” en 286 centros; más de “600.000 personas que están en el registro electoral y ya fallecieron”; violencia y amedrentamiento en los alrededores de 397 centros de votación; voto asistido, en el que se acompañaba hasta la máquina de votación a “empleados públicos” o personas favorecidas por un programa social para “obligarlos” a sufragar por el oficialismo, en 564 centros; proselitismo del partido de gobierno en 421 centros de votación y 535 máquinas dañadas, de las 39.000 repartidas por todo el territorio nacional. Nosotros podríamos hablar de casos específicos como los siguientes: el voto asistido de becados por parte de la Registradora Civil en la Escuela Estadal Santa Cruz de Tafallez (Mérida), o el acompañamiento irregular de votantes en la Escuela Jesús Granados Casares (Carabobo) y en la Unidad Educativa Concentrada (Lara). También podemos citar casos como el del Liceo Aplicación en Montalbán, Caracas, en donde un individuo se presentó con motorizados armados pretendiendo entregar cédulas de identidad a un grupo de personas identificadas con el oficialismo que minutos antes habían llegado en un autobús. De igual forma, se recibieron denuncias referidas a la prolongación injustificada del cierre de las mesas como en el Centro de Educación Inicial Bolivariano Cacique Guantar (Anzoátegui) y la Unidad Educativa Pampanito (Lara). Por último, un gran número de irregularidades se presentaron en el proceso de verificación ciudadana, como sucedió en la Unidad Educativa Nacional Luis Correa (Miranda), donde encapuchados ingresaron armados impidiendo el acceso y la salida de las personas de ese centro, o en la Unidad Educativa El Jabillo (Carabobo), donde hubo inconsistencias entre el escrutinio y la verificación ciudadana, o en la Unidad Educativa Colegio Parroquial Padre Seijas (Carabobo) donde no se estaba permitiendo la entrada al acto de verificación ciudadana y funcionaros del CNE pretendían llevarse las cajas antes de la auditoría. Hoy, las denuncias siguen. Hoy, a quienes manifiestan su descontento con cacerolas, los siguen amedrentando, ya a través de la violencia. A Isaura Pérez, en Maturín, una señora de la tercera edad, le lanzaron piedras por tocar una cacerola y la señora Irene Muñoz, del Municipio de San Francisco (estado Zulia) la secuestraron unos sujetos encapuchados y la trasladaron hasta la sede de Polisur en la Sierra Maestra por estar manifestando a favor de Capriles con una olla y una cuchara. Precisamente estos utensilios de uso doméstico se han convertido en el único instrumento de respuesta ante el acoso de la represión. Es así como el pueblo se defiende ante un Estado opresor que recientemente tras las elecciones vuelve a instigar a empleados públicos. El retumbe de las cacerolas de hoy refleja el sentir del pueblo, sin piedras, sin tiros, sin violencia. Un retumbe dirigido a expresar que aquí somos y fuimos muchos luchando por el progreso, que Venezuela somos todos. Un retumbe que busca rescatar la dignidad de una nación cansada de tanto atropello, de haber sido silenciada por tanto tiempo. Un retumbe de un país que ya no aguanta más engaño y que está pronta a desenmascarar un sistema que parece morir ante tantas incidencias. Por consiguiente, no preguntes por quién doblan las cacerolas: están doblando por ti, están doblando por la democracia. Francisco Cova Pérez, Alicia Egloff Weil, Clarisa Egloff Weil, Agustín Rodríguez, María Margarita Rodríguez, María Cristina Rodríguez, Leandro Rossi, José Luis Sanjuan, Graciela Urdaneta y Valentina Urdaneta.